CIUDAD DE MÉXICO: La Agencia Antidrogas de Estados Unidos relacionó con el narcotráfico a tres exdirectores de la Policía Nacional de Colombia, entre ellos al exasesor de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, Oscar Naranjo, a quien se le responsabilizó de acudir al paramilitarismo como parte de su estrategia para combatir al crimen organizado.
En su portal de internet, la cadena privada ‘Caracol Radio’ dio a conocer que obtuvo los reportes que desarrolló la DEA y que frenaron el ascenso del general Luis Eduardo Martínez, el único oficial activo al momento en que los papeles fueron enviados a la Comisión Segunda del Senado en Colombia, que en diciembre de 2015 estudiaba 39 ascensos.
En dichos informes se mencionan los nombres de tres exdirectores de la Policía Nacional de Colombia, Rosso José Serrano Cadena, Óscar Naranjo y José Roberto León Riaño, quienes habrían recibido presuntos sobornos provenientes del narcotráfico.
La cadena radial explicó que si bien el primero de los documentos es de 2008, “no tuvieron ninguna incidencia en Colombia. Para esa época el general Óscar Naranjo ya era director de la Policía, cargo que ocupó desde mayo de 2007 hasta junio de 2012″.
Por su parte, el general León Riaño fue director de Carabineros, inspector general, director de Seguridad Ciudadana y director de la Policía.
En los memorandos de la DEA “también mencionan al general Mauricio Santoyo, quien en 2012 fue condenado por una corte de Virginia, Estados Unidos, a 12 años de cárcel por su colaboración con grupos paramilitares”.
Los documentos destacan las “presuntas declaraciones de conocidos narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, como alias ‘Macaco’, ‘Percheron’ y un oficial retirado de la Policía, y detallan cómo lograban evadir a las autoridades a través de sobornos y pagos por información privilegiada”.
El primer informe de la DEA es de 2008. Se trata de “una entrevista a una fuente bautizada como SOI, y recuerda el episodio de los helicópteros de Francisco Iván Cifuentes Villa que utilizó la Policía en el departamento de Antioquia”.
En este documento se afirma que “sobornaron al entonces coronel Luis Martínez con una computadora, mientras que a un mayor y al general Mauricio Santoyo con más de 50 mil dólares”.
Para esa época Cifuentes Villa tenía “contratos incluso con la NAS (Narcotics Affairs Section), una sección de la embajada de Estados Unidos creada en 1985 y subordinada del Departamento de Estado. Sus facturas eran pagadas por la embajada en Bogotá”.
Para los años 90 se pudo establecer que “el piloto ‘Pacho’ Cifuentes Villa no solo fue socio de Pablo Escobar, sino que mantenía negocios con el cártel de Sinaloa. Fue asesinado en 2007 por sicarios que le dispararon en una finca de Antioquia.
El reporte más comprometedor, de marzo de 2011, destaca que el mayor de la Policía en retiro Byron Ernesto Ordoñez le contó a los agentes de la DEA que los sobornos incluyeron a generales como José Roberto León Riaño, Oscar Naranjo y Rosso José Serrano.
Igualmente implicó a Leonardo Gallego Castrillón, quien fuera director Antinarcóticos, así como a Dagoberto García Cáceres, César Augusto Pinzón, el ya fallecido coronel Danilo Gonzáles y el entonces coronel Luis Eduardo Martínez.
Anteriormente el general retirado Oscar Naranjo ya había sido señalado de tener nexos con cárteles del narcotráfico, acusaciones que rechazó en julio de 2012 al señalar que durante su gestión al frente de la Policía de Colombia fueron capturadas mil 400 personas relacionadas con el tráfico de drogas y quienes eran solicitadas en extradición.
“Si hubiéramos sido tan corruptos no habríamos capturado a uno solo. Por eso estamos tranquilos”, dijo en esa ocasión.
En este sentido, señaló que las acusaciones que hizo el diario ‘La Jornada’ eran “una especie de “persecución en su contra” y de la Institución, aclarando que los colombianos serían sus jueces en ese caso.
“He vivido en Colombia 36 años como policía. Si existe algún oficial que haya capturado más ‘narcos’ que yo que me lo digan. Mi vida está basada en resultados”, precisó el exdirector de la Policía antes de viajar a México para asesorar al entonces recién elegido presidente de México Enrique Peña Nieto en temas de seguridad.
El general en retiro presumió que durante sus cinco años de gestión la Policía Nacional le dio “certeros golpes” al narcotráfico.
“Cárteles y grupos narcotraficantes que antes eran muy poderosos hoy están recluidos y sus cabecillas están en las cárceles. Ellos no llegaron allá por invitación, llegaron capturados por autoridades colombianos en coordinación con autoridades norteamericanas”.
Y aseguró que desconocía por completo las revelaciones presentadas por ‘La Jornada’ que hizo el narcotraficante Juan Carlos Ramírez, ‘Chupeta’, en el que aparecían mencionados varios oficiales de la Policía de Colombia.
Dos años después, en enero de 2014, el entonces asesor del presidente Enrique Peña Nieto fue acusado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de favorecer la creación de grupos paramilitares en Michoacán.
Alejandro Sánchez Camacho, quien fungía como secretario general de esa fuerza política, solicitó una investigación contra Óscar Naranjo, pues sostuvo que en su cargo como asesor del Ejecutivo mexicano en temas de seguridad había estimulado el surgimiento de grupos que buscaban enfrentarse con los narcotraficantes.
Sánchez aseguró que sus acusaciones se basaban en que se trataba de la misma situación que se presentó en Colombia para combatir a Pablo Escobar, por lo que Naranjo –apuntó– estaría utilizando la misma estrategia en México.
Además de esos señalamientos, el PRD exigió la salida de Naranjo del país en caso de que se llegara a comprobar su supuesta relación con los grupos paramilitares mexicanos.
El general en retiro fue clave en los golpes del gobierno de Álvaro Uribe a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Uno de los más importantes fue el de la Operación Fénix en marzo de 2008, cuando la Fuerza Área Colombiana bombardeó un campamento guerrillero en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, a unos dos kilómetros de la frontera con Colombia.
En el ataque murió el segundo al mando de las FARC, Luis Edgar Devia Silva, ‘Raúl Reyes’, y cuatro estudiantes mexicanos de la UNAM. Otra más, Lucía Morett, sobrevivió al ataque.
Con ese antecedente, Naranjo fue contratado por Enrique Peña Nieto en junio de 2012. Cuando el mexiquense presentó al zar antidrogas colombiano como su asesor externo, aseguró que la invitación a colaborar se debió a sus logros en materia de seguridad en Colombia, entre ellos la reducción en la tasa de homicidios y el desmantelamiento del Cártel del Norte del Valle y la guerrilla de las FARC.
Pero el exjefe de la Policía Nacional de Colombia tiene una historia contradictoria. Según varios testimonios recogidos por la prensa del país sudamericano, Naranjo encabezó y ordenó acciones que vulneraron los derechos humanos en su país, y durante años se le ha vinculado con grupos paramilitares. No sólo eso, su propio hermano, Juan David Naranjo, fue detenido en 2006 en Alemania, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico.
“El mayor dolor personal y familiar que he tenido: mi hermano Juan David fue arrestado en Alemania, relacionado con mafiosos en Europa, y terminó en la cárcel”, declaró Naranjo a la revista colombiana ‘Semana’.
En su momento, la revista Proceso reportó que el hermano del general fue detenido por tráfico de cocaína, dentro de una investigación en la que participó el gobierno mexicano. Juan David habría intentado vender 35 kilogramos de coca a dos policías encubiertos.
El boletín de la fiscalía de Karlsruhe, ciudad ubicada al suroeste de Alemania, refirió que durante una larga investigación de las autoridades alemanas para desmantelar la red de tráfico de Colombia a Europa, la policía consiguió asegurar 99 kilos de cocaína y arrestar a nueve personas, entre ellas a Juan David Naranjo.
La noticia de la detención de Juan David conmocionó a la opinión pública colombiana en aquel año, toda vez que el general era considerado desde los años 90 “el mejor policía del mundo” por sus logros en la lucha contra capos del narcotráfico.
“En 30 años de servicio, nunca creí que la maldición del narcotráfico llegara a mi propia casa”, declaró entonces el general.
En un inicio la justicia del país europeo sentenció al hermano de Naranjo a siete años de prisión, pero al final le redujeron el castigo a cinco años y medio. El general aseguró después que el capo Diego Montoya planeó asesinar a su hermano, pero en lugar de ello prefirió “usar la estrategia de enlodarme”, declaró.
Por otra parte, en Colombia Oscar Naranjo ha sido acusado de haber ordenado detenciones masivas mientras se desempeñaba como comandante en Cali.
Según el diario ‘El Universal’ de ese país, Naranjo habría mandado retener hasta a 182 personas en un operativo, a las cuales incomunicó y no se les respetaron sus derechos fundamentales; algunos de ellos –reportó en su momento el diario– incluso pasaron hasta dos años sin recibir un proceso apegado a la ley.
Años atrás, Daniel Rendón Herrera, quien fuera un jefe paramilitar colombiano conocido como “Don Mario”, aseguró que en 2004 Óscar Naranjo se encontró con el narcotraficante y también paramilitar Miguel Arroyave justo antes de que asesinaran a este último.
Rendón Herrera sostuvo que el general contratado como asesor de seguridad por Peña Nieto se reunió con Arroyave para hablar del asesinato de un coronel de la policía colombiana.
“Por lo menos tenían una relación para discutir este tipo de temas”, dijo el exparamilitar; sin embargo, en enero de 2012 señaló que tales declaraciones las había hecho porque el general lo había comparado con Pablo Escobar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431373/la-dea-implica-a-exasesor-de-pena-nieto-con-el-narcotrafico
Parte 1: El Yorch, detenido por narcomenudeo; traía cocaína, psicotrópicos y mariguana: PGR
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) informó que Emilio Esquivel Muñoz, El Yorch fue detenido con 50 envoltorios de cocaína en piedra, 26 pastillas psicotrópicas de Rivotril y 300 gramos de mariguana en greña.
La captura de El Yorch, quien forma parte del grupo de activistas instalados en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, conocido como “Che Guevara”, provocó que esta mañana un grupo de encapuchados quemaran contenedores de basura en una barricada en Ciudad Universitaria.
La PGR dijo que la detención se dio por una denuncia ciudadana de vecinos de la colonia Ampliación Molino de las Rosas, en la delegación Álvaro Obregón, quienes aportaron datos de los lugares en que vendía droga.
“Luego de un operativo de vigilancia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), lograron ubicar al detenido en los alrededores de una tienda de autoservicio, ubicada en Avenida Universidad, cuando realizaba el intercambio de algo que sacaba de entre sus ropas con una mujer, quien se retiró del lugar. Al abordarlo e identificarse como policías, se realizó una revisión a la maleta que portaba, en la que se encontró el narcótico mencionado, así como 400 pesos en efectivo”.
Esquivel Muñoz fue trasladado de inmediato a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcóticos Destinados al Consumo Final (UEIDCNCF) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), en donde el agente del Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en su contra.
El 2 de octubre de 2013, El Yorch había sido ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, consignado por destrozos en la vía pública y en agravio de transeúntes.
PARTE 2: La UNAM presenta denuncia por hechos vandálicos; “El Yorch”, ajeno a la institución, dice:
CIUDAD DE MÉXICO: En respuesta a las acciones realizadas esta mañana por un grupo de encapuchados afuera del auditorio “Che Guevara” de la Facultad de Filosofía, donde fueron quemados contenedores de basura para denunciar el presunto “levantón” de Jorge Emilio Yorch Esquivel Muñoz, ‘El Yorch’, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), precisó que se trata de “un individuo ajeno” a la institución “y presuntamente vinculado a actividades de narcomenudeo”.
En un comunicado, la máxima casa de estudios dio a conocer que presentó la denuncia de hechos ante la autoridad competente contra quienes resulten responsables de la agresión cometida.
Detalló que los agresores “irrumpieron violentamente en las oficinas de la Base Uno de vigilancia (…), golpearon a los vigilantes que ahí se encontraban e incendiaron el recinto y una de las unidades de Auxilio UNAM”.
Y sostuvo que todas las actividades académicas en escuelas y facultades, tanto fuera como dentro de la Ciudad Universitaria, se desarrollan con absoluta normalidad.
Luego de destacar que La UNAM es una institución académica, concebida y diseñada para cumplir con sus tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura, detalló que no cuenta con la estructura ni con un cuerpo de seguridad que le permita repeler este tipo de provocaciones. “La gran fuerza de la Universidad Nacional está en su autoridad moral”, puntualizó.
Asimismo, exigió la desocupación del auditorio Justo Sierra “donde los provocadores se refugian”.
Integrantes del colectivo que mantiene el control de dicho auditorio denunciaron que ‘El Yorch’ fue “levantado” alrededor de las 21:45 de ayer, cuando se encontraba en una parada de autobús sobre el Eje 10, a la altura del Superama de Universidad.
Señalaron que aproximadamente 10 hombres con corte militar vestidos de civil lo amenazaron con pistola, lo derribaron y lo subieron a una camioneta blanca, sin ventanas y sin placas.
En respuesta, esta mañana un grupo de encapuchados quemó contenedores de basura en una barricada colocada a la altura del Auditorio Che Guevara, cuyo nombre oficial es Justo Sierra. Y en redes sociales se denunció el cierre del Circuito Escolar de la UNAM, a la altura de la avenida Insurgentes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK PARTE 1: http://www.proceso.com.mx/431391/el-yorch-detenido-por-narcomenudeo-traia-cocaina-psicotropicos-y-mariguana-pgr
LINK: PARTE 2: http://www.proceso.com.mx/431383/la-unam-presenta-denuncia-por-hechos-vandalicos-en-el-auditorio-che-guevara
La elección de José Antonio Estefan como candidato del PRD-PAN para buscar la gubernatura oaxaqueña, es un "suicidio político", aseguró por su parte Fernando Belaunzarán.
El diputado federal perredista Guadalupe Acosta Naranjo acusó al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y al ex secretario general del partido, Héctor Bautista, de pactar el regreso del PRI al gobierno de ese estado.
Luego de la elección de José Antonio Estefan como candidato de la coalición PRD-PAN-PT, que buscará retener el gobierno en Oaxaca, Acosta Naranjo criticó el hecho y lo definió como una “imposición” que en realidad busca beneficiar al PRI:
Por su parte, el senador Fernando Belaunzarán también se pronunció contra la candidatura de Estefan, quien compitió con el senador Benjamín Robles, y aseguró que la decisión tomada el miércoles por el Consejo Estatal del PRD es un “suicidio político”.
Este jueves, Benjamín Robles decidió renunciar al partido, pero dejó abierta la posibilidad de contender por la gubernatura de Oaxaca.
“No cumpliste tu palabra”, dijo en Twitter al dirigente perredista Agustín Basave; “soy el mejor posicionado, las encuestas me ponen por encima de cualquiera (…) el acto de ayer nos da pie para iniciar nuestra campaña”, añadió.
La noche del miércoles, con 164 votos a favor, José Antonio Estefan fue electo como candidato del PRD. El diputado se impuso al senador Robles, quien tuvo 75 sufragios en el consejo estatal del PRD.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2502/mexico/acordaron-regresarle-al-pri-el-gobierno-de-oaxaca-acosta-naranjo/
Roberto Campa Cifrián explicó que el Artículo 18 de la Constitución establece condiciones especiales para la reclusión de personas vinculadas con el crimen organizado, por lo que negó que se violen los derechos humanos del líder del Cártel de Sinaloa.
Las medidas especiales tomadas en el penal del Altiplano para vigilar a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera se justifican porque el líder del Cártel de Sinaloa se ha fugado en dos ocasiones de la prisión, señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.
Campa Cifrián explicó que el último párrafo del Artículo 18 de la Constitución establece condiciones especiales para la reclusión de personas vinculadas con el crimen organizado.
“¿Son justificables, en términos de este precepto constitucional, los cuidados especiales para alguien que se ha fugado dos veces de una prisión federal?, pues pareciera que sí”, dijo Campa, quien agregó: “Me parece que las condiciones están dadas por las características de este interno”.
Resaltó que el uso proporcional de la fuerza contra la delincuencia organizada es un asunto complejo, por lo que se debe buscar equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la exigencia de la ciudadanía de más seguridad.
Las declaraciones de Campa Cifrián sobre las medidas de seguridad implementadas para vigilar al ‘Chapo’ Guzmán ocurren luego de que uno de los abogados del líder del narco así como su esposa, Emma Coronel, denunciaron que Guzmán Loera es víctima de tratos crueles e inhumanos en el penal del Altiplano.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/trato-al-chapo-esta-justificado-en-la-constitucion-dice-subsecretario-de-derechos-humanos/
GUADALAJARA, Jal: La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó esta tarde la realización de un operativo en el penal de Puente Grande, donde se aseguraron cientos de objetos prohibidos como armas blancas, pantallas planas, antenas aéreas, al manos 15 teléfonos celulares, una pistola de utilería, tres envoltorios con droga y hasta una báscula gramera.
La revisión y el aseguramiento se dio entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. El saldo del operativo quedó asentado en el acta de hechos que abrió la Fiscalía sobre las irregularidades encontradas. En el mismo documento notificó que al menos seis personas, entre custodios y otros servidores públicos, quedaron sujetas a investigación.
El expediente es el número 1126/20016 quedó radicado en la Agencia A de Detenidos por el delito de robo a persona, casa habitación o comercio por el probable delito de intromisión –al penal– de armas y objetos prohibidos, según prevé el artículo 119 del Código Penal de Jalisco, así como por presuntos delitos en la administración de la justicia, según aclaró fiscal, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez.
El funcionario dio referencia del decomiso en dormitorios y áreas de servicio del núcleo penitenciario:
“Se aseguraron 48 mil 740 pesos divididos en denominación de 89 billetes de 500 pesos; seis de 200 pesos; 28 de 100 pesos; cuatro de cincuenta pesos y dos de 20 pesos, dinero del cual no se acreditó su legal procedencia”.
Además, se encontraron 196 objetos prohibidos en la zona conocida como “zorra”, donde se ubican dormitorios y áreas de servicio.
En el operativo participaron 578 elementos de la Fiscalía General y más de 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de personal que ayudó en el resguardo de las áreas externas del penal; es decir, cerca de 800 personas.
Entre las armas halladas entre los internos había cuchillos, dagas, tijeras, desarmadores y soleras trabajadas en forma artesanal para ser utilizadas como armas blancas, además de clavos, brocas, tornillos. En cuanto a sustancias, se encontraron 123 medicamentos prohibidos, junto con 105 pipetas para el consumo de droga.
La autoridad también resguardó dos memorias USB, 17 chips para teléfonos móviles, 30 cargadores de celulares, tres envoltorios –dos con polvo blanco y otro de vegetal verde– y 84 encendedores.
A los presos les aseguraron cinco pantallas planas de televisión de 19 y 22 pulgadas, cinco aparatos DVD, cinco radios transmisores, 10 decodificadores, varios reguladores, ocho bocinas, dos esteros de casa, ocho controles de aire acondicionado, DVD o televisión.
En el mismo operativo se incautaron 20 antenas aéreas de aluminio, varios discos para la recepción señales de televisión y 150 metros de cable para tv de paga.
De acuerdo con el fiscal, en el operativo se aseguraron 15 teléfonos celulares que presuntamente eran utilizados para realizar extorsiones en contra de la población. El funcionario agregó que el operativo fue realizado a iniciativa de autoridades estatales, ante el riesgo que se observaba de un posible brote de violencia en las instalaciones penitenciarias.
Almaguer Ramírez reconoció que luego de esa acción, al menos seis empleados, entre custodios y otros servidores, quedaron bajo investigación por su presunta participación en el ingreso de objetos prohibidos a la cárcel de Puente Grande.
Sin embargo, se reservó la información sobre si en el proceso de investigación se podría involucrar a más custodios o servidores públicos de distintos rangos. Tampoco precisó cuántos reos serán objeto de denuncia penal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 24 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431277/decomisan-armas-blancas-droga-y-hasta-pantallas-planas-en-puente-grande
CIUDAD DE MÉXICO: El Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco sentenció a 55 años de prisión y pago de 165 mil 726 pesos de multa a siete integrantes del Cártel del Golfo, tras encontrarlos culpables del delito de secuestro de dos agricultores en Fresnillo, Zacatecas.
El juez determinó que las personas vinculadas a proceso cometieron los delitos de secuestro y posesiones de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Durante un patrullaje realizado el 14 de junio de 2013 en las inmediaciones de la comunidad de Barrancas, municipio de Fresnillo, personal militar detuvo a los siete hombres, a quienes aseguraron 13 armas largas, siete vehículos, cargadores y cartuchos útiles.
En la misma acción se liberó a los dos agricultores que tenían privados de su libertad. Los ahora sentenciados se encuentran recluidos en el penal jalisciense de Puente Grande.
El mismo juzgado informó sobre la sentencia a 13 años y ocho meses de cárcel a una persona señalada como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y principal operador de drogas en la zona de Atotonilco El Alto.
Al sentenciado, abundó, se le acreditó su responsabilidad en la comisión de los delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina con la finalidad de comercio en su forma de venta; portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
El hoy sentenciado, que ya se encuentra recluido en el penal de Puente Grande, fue capturado en junio de 2012 por elementos de la XV Zona Militar, en la colonia Sagrado Corazón, en Atotonilco El Alto.
En el interior de una camioneta de lujo, el presunto capo llevaba bolsas con metanfetaminas, pistolas, cargadores y cartuchos útiles de diferente calibre.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431302/dan-55-anos-de-prision-a-siete-del-cartel-del-golfo
CHIHUAHUA, Chih: La defensa de Tania Concepción Mora Alvarado, mamá del niño Cristopher Raymundo Márquez Mora, impugnó hoy la sentencia dictada por el juez especializado en adolescentes, Francisco León Merino, a cuatro de los cinco responsables del asesinato del niño de 6 años, ocurrido el pasado 14 de mayo.
El abogado Víctor Alonso Tadeo Solano acudió ante el Tribunal Especializado en Adolescentes Infractores en esta ciudad, acompañado de Tania Mora, para presentar el recurso de casación, en contra de la sentencia de 9 años y seis meses de cárcel que le dieron a Jesús David de 15 años, y la de 3 años 6 meses que pasarán en albergues o libertad asistida los otros tres menores: Janeth Valeria y Alma Leticia de 13 años e Irving de 12.
Tania Mora entregó la apelación al tribunal y anunció que agotará todas las instancias jurídicas para que los responsables de haber torturado y asesinado a su hijo, reciban una condena justa.
Para la madre de Cristopher, sólo la sentencia que recibió el mayor, Jorge David, la dejó más satisfecha porque los pasará en prisión, en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai).
Jesús David tiene 15 años y es el único que de acuerdo con la legislación local, puede tener una medida condenatoria privativa de la libertad.
Jorge Eduardo también tiene 15 años, pero el 25 de noviembre del año pasado, el juez lo encontró inimputable porque tiene retraso mental moderado, pidió que lo sacaran del Cersari y lo trasladaron a un albergue en el municipio de Cuauhtémoc, donde ya estaba su hermana Valeria Janeth, así como Alma Leticia, ambas de 13 años y quienes también participaron en el homicidio.
A Irving, quien tiene 12 años y también es hermano de Jorge y de Valeria, lo trasladaron a Cuauhtémoc cuando recibió la sentencia.
Valeria, Leticia e Irving fueron sentenciados a permanecer tres años 6 meses bajo libertad asistida, permanecerán a disposición del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado y es precisamente ese fallo el que no le parece justo a Tania Mora.
La mamá de Cristopher contó que se enteró de la sentencia a través de Facebook, porque una persona conocida la etiquetó en una nota que daba a conocer el fallo.
El viernes pasado acudió con su abogado al Cereso número 1, donde se ubica el juzgado para adolescentes, y recibió el fallo porque decidió no estar en ninguna de las audiencias.
“Me fui al Cereso con la sentencia, no estuvo en la audiencia a ninguna ha ido por lo mismo, porque teme la reacción que pueda tener contra los adolescentes o sus familias: “Le pido tanto a mi padre Dios que no me los ponga enfrente.
“Me puse leerla (la sentencia) y vi. Venía con un coraje que no me calentaba ni el sol. Es muy poquito tiempo para lo que hicieron, ponle que los 9 años 6 meses está bien pero hubiera sido parejos y encerrado, porque todos participaron, no es una medida cautelar muy justa. No se me hace justo”. Anunció que su abogado impugnará.
Considera que la sentencia tuvo que ser igual para todos. “Lo que hicieron fue más profesional y conciencia creo que sí tuvieron (…) todos participaron”, insiste.
En entrevista en la ciudad de Chihuahua, recuerda que sus sobrinos (Jorge Eduardo, Valeria e Irving) tenían una relación cercana a ella y a Cristopher. Eran sobrinos del esposo de Tania, quien murió en el 2014 de un infarto.
Tania Márquez nunca imaginó que los niños tuvieran ese tipo de problemas. “Ellos convivían en mis casa, se quedaban en mi casa, se quedaban conmigo, era mucha la convivencia. Irving iba conmigo a la casa de mi mamá”.
Cristopher dejó dos hermanos más, Omar David de 5 años y Francisco Javier, de 3. El más pequeño tiene discapacidad motora y problemas con el corazón, tiene un marcapasos. Omar pregunta por Cristopher, pero su mamá ha preferido no decirle aún la verdad que la sobrepasa. “Le digo que está con su papá”.
A pesar de que ha recibido terapia psicológica, los nueve meses que han pasado, han sido difíciles para Tania porque le transformaron su vida. Los primeros meses se fue de la entidad y luego prefirió regresar. “No hay como la tierra de uno”.
Está dedicada a sus hijos, vive con su familia y gran parte de su tiempo lo ocupa en el caso de Cristopher, a quien le prometió que encontrará justicia por todo lo que le hicieron. “Hasta que acabe todo esto voy a estar tranquila”.
La casa de Tania en la calle Cañuela del fraccionamiento Laderas de San Guillermo, donde vivía el niño y de donde se lo llevaron a jugar al secuestro, está sola. Sólo está un pequeño altar en la esquina de su patio, que recuerda a Cristopher. Amigos del niño colocaron una cruz blanca con la fecha de su nacimiento y del crimen (2 de enero de 2009-14 de mayo de 2015), al centro está la fotografía del niño y su apodo: “Negrito”.
Arriba de la cruz colocaron la imagen de Guadalupana y a los costados colgaron un sombrero y una cachucha del hombre araña. Abajo, un balón de futbol verde con negro y sus zapatos negros.
“Ahora pues voy a esperar los resultados, a ver qué más se puede hacer”, comenta Tania Mora.
“Mis hijos han cambiado”
Claudia y Gregorio, padres de los tres primos de Cristopher, están conformes con la sentencia que recibieron sus hijos, aunque aún falta la audiencia especial que realizará el juez para Jorge Eduardo, considerado inimputable.
“Nos dice la licenciada que en uno o dos meses nos lo van a entregar”, dice Gregorio, un hombre flaco y de baja estatura que ahora se dedica a la construcción.
“Ahora los tres están en Cuauhtémoc, hablamos con ellos por teléfono y los podemos ver cada quince días, vamos los domingos (…) el papá de Lety va los jueves”, dice Claudia.
El único que está recluido en la ciudad de Chihuahua y en prisión, es Jorge David, reiteran los padres de los adolescentes. Jorge tiene una edad mental entre cinco y ocho años, indicaron los especialistas.
Ellos sí estuvieron en la audiencia el miércoles pasado, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero regresaron a conocer la sentencia hasta el viernes.
“Se nos hizo bien, salió en el periódico (la sentencia) y pues está bien, por seguridad de ellos”, dice Claudia, de quien los especialistas (psicóloga, neuróloga y otros) que han contribuido en el juicio, han referido que tiene cierto grado de retraso mental.
Dicen que han acudido a terapias en el centro de psicología del ayuntamiento y aseguran que sí les ha ayudado, que se sienten preparados para el día que les entreguen a sus hijos. “Ya andamos mejor”, dice Claudia.
Los nueve meses que han transcurrido desde el crimen que cometieron, ha ido difícil para los papás, dicen ambos. “Hay veces que no le dan ganas a uno ni de ir a trabajar”, dice Gregorio, quien ha preferido dedicarse a la construcción para tener tiempo de ir a ver a sus hijos.
“A mí sí se me hace muy feo todo lo que ha pasado. Con Lalo (Jorge Eduardo) ya vamos a estar en uno o dos meses, porque dijeron que él tiene que estar con nosotros porque tiene lagunas mentales”, externa Claudia.
Con la terapia, Claudia asegura que cambió mucho porque era muy intolerante con sus hijos y Gregorio indica que ya no sale mucho. “De mi jale a la casa, he cambiado mucho, por ejemplo yo estaba mal por las borracheras”, “y no lo niega”, le responde Claudia, quien acepta que ella tiene su genio.
Ambos dicen que ahora ven con más esperanza la vida. “Antes como que me hablaba él y luego me hablaban los niños, y me ponía de genio”, insiste Claudia.
Contentos, cuentan que Valeria, quien era la más agresiva y días antes de lo sucedido le gritó a su papá que “ojalá se muriera”, es más cariñosa.
“Hablan con nosotros, ahora son más cariñosos. Valeria estaba muy agresiva pero está muy cambiada, quiere quedarse más tiempo allá, dice que porque van pastores allá (al albergue) y todo. Hasta quiere estudiar para psicóloga. Se me hace bien raro porque ahora llevamos a Edwin (el gemelo de Irving) y lo abraza mucho y antes no era nada cariñosa”, detalla Claudia.
De Jorge, su mamá dice emocionada que “ahora no le para la boca”, luego de que por su retraso, casi no hablaba. “Ya se le oye muy bonita la voz, ahora no le para la boca. Se carcajea bien bonito”.
Según el diagnóstico que hicieron los especialistas, en el caso de Jorge y sus papás, es que Gregorio consume bebidas embriagantes y en el hogar tienen o tenían problemas de violencia recíproca en la relación de pareja. Los hijos pasaban la mayor parte del tiempo en la calle y Jorge Eduardo es analfabeta pero aun así, se graduó de primaria.
Jorge y Valeria tienen una relación estrecha, los dos consumían marihuana con frecuencia y en ocasiones, también alcohol. El adolescente sólo pronunciaba monosílabos, pero con su mamá platica de manera fluida, indicaron en el informe.
Los tres hermanos y Alma Leticia, perdieron un año de escuela y esperan que ya sentenciados, puedan continuar sus estudios.
Irving y su gemelo Edwin, quien vive con sus papás y también tiene retraso mental pero no lo han podido inscribir en un centro de atención de educación especial, concluyeron la primaria el año pasado. Claudia recibió el certificado de Irving y lo tiene guardado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431321/madre-de-christopher-impugna-la-sentencia-de-los-menores-que-lo-asesinaron
El presidente de México dijo en Iguala que ese municipio no puede quedar marcado por el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa; encabezó la ceremonia del 195 Aniversario del Día de la Bandera.
Un año y cinco meses después de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto dijo en Iguala, Guerrero, que la indagatoria sobre el caso ha sido “profunda, transparente y abierta”, incluso con la colaboración de instancias internacionales.
“El Estado mexicano ha desplegado un amplio esfuerzo institucional para procurar justicia”, expresó el mandatario en la conmemoración del 195 Aniversario del Día de la Bandera, en el estadio Ambrosio Figueroa.
En otro punto de su mensaje, Peña Nieto mencionó que los “lamentables hechos” del ataque contra los normalistas, ocurridos en Iguala, ponen en evidencia la necesidad de seguir avanzando por la ruta de la ley y las instituciones.
“Iguala es un municipio emblemático en nuestra historia nacional, no puede quedar marcado por estos trágicos acontecimientos. Su gente merece ser conocida por sus fortalezas”, expresó el mandatario.
En una intervención previa, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que mientras no se se esclarezcan los hechos del caso Ayotzinapa “a profundidad y se someta a la ley a todos los responsables, esta herida seguramente no habrá de sanar”.
El 26 de septiembre de 2014, policías de Cocula e Iguala, ligados con el grupo criminal Guerreros Unidos, atacaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y desde entonces los familiares de los jóvenes exigen que se haga justicia por su desaparición, y que haya una indagatoria que esclarezca lo ocurrido, y ubique a los estudiantes.
Mientras el presidente Peña Nieto habló de una investigación abierta y transparente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indaga el caso Ayotzinapa, acusó el 21 de febrero pasado que hay obstáculos para su labor.
Entre ellos, que la Procuraduría General de la República (PGR) les ha negado el acceso a nuevas evidencias relacionadas con el caso, y que no les han sido entregadas fotos, documentos y videos tomados por miembros del batallón 27 del Ejército, la noche de los hechos.
Tanto el GIEI como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) rechazaron la versión de la PGR, en el sentido de que los normalistas habían sido quemados en el basurero de Cocula, Guerrero.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/investigacion-sobre-el-caso-ayotzinapa-ha-sido-profunda-y-transparente-pena/
Tres de los cinco ministros de la Primera Sala concedieron un amparo a Bryan Reyes con lo que inicia el proceso para declarar inconstitucional el delito de ataques a la paz pública.
El delito de ataques a la paz pública será considerado por la Suprema Corte de Justicia como inconstitucional, lo anterior luego de que tres de cinco ministros se pronunciaron a favor de otorgar un amparo a Bryan Reyes Rodríguez, quien fue uno de los detenidos en los disturbios del 1 de diciembre de 2012.
Por dicho delito el código penal del DF consideraba una pena de 5 a 30 años de prisión, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.
Fueron los ministros José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández, quienes manifestaron que el artículo 362 del Código Penal del DF es inconstitucional. Al momento de votar la mayoría de ministros ordenó returnar el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez, quien se opuso, al igual que Jorge Mario Pardo, a conceder el amparo. El proyecto será elaborado por un nuevo ministro, pero con el criterio de la mayoría, con lo que se oficializará el fallo y anulará la aplicación de dicho ilícito.
De esta forma la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el trámite para declarar inconstitucional el delito de ataques a la paz pública en la Ciudad de México, luego de “desechar” los argumentos en favor de este ordenamiento legal, promovidos por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
La Suprema Corte decidió analizar la constitucionalidad de este delito –tipificado en el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal– en noviembre de 2013, luego de que dicho ordenamiento fuera usado para condenar a dos años y seis meses de cárcel al joven Bryan Reyes, quien fue detenido en el marco del operativo policial contra las protestas del 1 de diciembre de 2012, convocadas por la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto.
Luego de recibir esta sentencia, Bryan Reyes solicitó la intervención de la Suprema Corte, al considerar que el delito que se le imputó es ambiguo, impreciso y otorga al juzgador un “amplio margen de interpretación y arbitrariedad (…) lo que viola los derechos a la seguridad jurídica y a la exacta aplicación de la ley penal”.
Esta postura, además, fue respaldada en diciembre de 2015 por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que instó a la Asamblea Legislativa a derogar el delito de “ataques a la paz pública”, al considerar que es usado exclusivamente para criminalizar a personas que participan en protestas y movimientos sociales.
Luego de que la Corte atrajera el caso, éste le fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien elaboró un proyecto de resolución que, de principio, proponía que este máximo tribunal se pronunciara en favor de la constitucionalidad del delito de ataques a la paz pública, al considerar que su redacción es suficientemente clara.
Según la propuesta del magistrado, es claro que los ataques a la paz pública son aquellos actos que “no sólo se manifiestan en cuanto a los daños materiales o directos que llegaren a ocasionar, sino que, por su magnitud, trascienden a terceros, generando en éstos un estado de zozobra que indefectiblemente altera la tranquilidad y expectativa de seguridad de todo individuo”.
Sin embargo, al analizar ayer este proyecto, tres de los cinco ministros que conforman la Primera Sala de la SCJN votaron en contra de los argumentos del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, favoreciendo los argumentos esgrimidos por Bryan Reyes.
Los ministros que se manifestaron en favor de declarar la inconstitucionalidad del delito de ataques a la paz pública fueron Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Norma Lucía Piña Hernández y, al ser mayoritario su voto, la Primera Sala de la Suprema Corte ordenó que uno de estos tres ministros elabore un nuevo proyecto de resolución, que esta vez deberá rescatar los argumentos legales por los cuales la Corte declarará formalmente la inconstitucionalidad del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, para que sea aprobado en una fecha próxima a agendarse.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/el-delito-de-ataques-a-la-paz-publica-es-inconstitucional-coinciden-ministros-de-la-scjn/
CIUDAD DE MÉXICO: La PGR confirmó que Jorge Serrano Limón, dirigente de Provida detenido el miércoles 17 y luego liberado bajo caución, continúa sujeto a proceso penal por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado y por posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos asignados para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer (CAM).
Este miércoles, acotó, el juez primero de distrito en Procesos Penales de la Ciudad de México dictaminó la formal prisión a Serrano Limón por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por más de 25 millones de pesos. Sin embargo, debido a que el delito no está tipificado como grave, el indiciado enfrentará el proceso penal en libertad, tras pagar una fianza de 25 millones dos días después de su aprehensión.
Además, el dirigente de Provida solicitó la duplicidad del plazo constitucional y el beneficio de la libertad provisional bajo caución, de la cual goza actualmente, previa exhibición de las pólizas de fianza por 150 mil pesos para obligaciones procesales; 13 mil 573 pesos por concepto de posible multa, y 25 millones 764 mil 534 por reparación del daño.
En un comunicado, la PGR señala que de la investigación se desprende que el 17 de febrero pasado se dio cumplimiento al mandamiento de captura del indiciado por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes lo pusieron a disposición del juez de la causa.
También señala que un día después, el jueves 18, “el inculpado rindió su declaración preparatoria en la que negó haber cometido el delito que se le imputa y se reservó su derecho para declarar y a contestar preguntas de las partes”.
El miércoles la Procuraduría aprehendió a Serrano Limón por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de peculado por más de 25 millones de pesos.
De acuerdo con la PGR, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y faltas graves en el ejercicio de recursos que el gobierno federal asignó a Provida para el equipamiento de los CAM.
El desvío de recursos públicos detectado es por un total de 25 millones 764 mil 539.71 pesos, por lo que se inició la averiguación previa por el delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracción I del Código Penal Federal en contra del administrador y presidente del comité de la referida asociación civil.
En un comunicado, la PGR indicó que la indagatoria contra Serrano Limón la integró la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la cual el 21 de octubre pasado obtuvo la orden de aprehensión por parte del juez primero de distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, la cual fue ejecutada el 17 de febrero pasado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
En febrero de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a un litigio de 10 años que promovió el dirigente de Provida, Jorge Serrano Limón, quien durante ese tiempo pretendió evitar el pago de una multa de 13 millones 200 mil pesos.
En 2005, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso la sanción a Serrano Limón, debido a que utilizó recursos públicos que le entregaba el gobierno de Vicente Fox a Provida, dinero que usó para pagar servicios o comprar objetos suntuarios, como tangas.
La SFP ordenó al dirigente de Provida devolver el dinero cuya utilización no pudo justificar, motivo por el cual se le multó.
Serrano Limón promovió diversos recursos legales, pero la Segunda Sala de la Corte resolvió en definitiva negar el amparo, por lo que le ordenó pagar el monto, ya que de lo contrario se le embargarían sus bienes.
En abril de 2012, un juez federal condenó a Serrano Limón a cuatro años de prisión al hallarlo culpable de un desvío de 2 millones 496 mil pesos, los cuales le fueron entregados como donación federal para que equipara nueve Centros de Atención a la Mujer, que son administrados por Provida.
De acuerdo con la sentencia –del proceso 156/2010–, Serrano Limón no adquirió los aparatos de ultrasonido y ecosonido acordados, sino que usó el dinero para pagar una impresora térmica, un modular portátil, cables, galones de gel, rollos de papel, transporte, viáticos, teléfonos y luz.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431350/formal-prision-a-serrano-limon-encara-proceso-en-libertad
OAXACA, Oax: Con la presencia de policías federales y estatales, y en medio de una trifulca en la que se usaron gases lacrimógenos, esta mañana se instaló el Consejo Político del PRD para elegir a su candidato a gobernador. Los contendientes son: Benjamín Robles Montoya y José Antonio Estefan Garfias.
“Contra todas las turbulencias, quedó instalado el Consejo Estatal Electivo y nadie ha reventado nada. El PRD en estos casos esta procesando su candidatura”, apuntó horas después el presidente nacional del partido, Agustín Basave.
Por su parte, el precandidato Benjamín Robles Montoya advirtió que aun con todas las irregularidades que han observado en el Consejo Político del PRD, “no voy a bajar la guardia (y) vamos a impedir cualquier albazo porque tenemos el número de consejeros suficientes y porque existe un compromiso al más alto nivel de elegir al mejor posicionado”.
Luego de aclarar que acudió al hotel Misión Oaxaca –la sede donde se realiza el Consejo– para “darle ánimo a mis compañeros porque sufrieron un atentado de los que quieren seguir medrando con la pobreza de Oaxaca y se han enriquecido desde el gobierno”, subrayó: “Hoy me enfrento a esos que quieren regresar a Oaxaca para seguir abusando”.
Y lanzó una pregunta: ¿A quién le puede interesar manchar el proceso interno del PRD? ¿A quién le puede interesar que no llegue quien puede ganar? “A los que siempre han medrado con la pobreza, entonces no voy a bajar la guardia”.
Añadió: “Mi presencia tampoco significa que vamos a avalar todas las irregularidades, porque algunos consejeros fueron a registrarse y ya estaban registrados. No hay un listado, entonces eso se atenderá por la vía jurídica”.
Robles hizo hincapié en que no tiene un plan b “y voy a mantenerme aquí”.
Finalmente mandó un mensaje al gobernador Gabino Cué y dijo que espera que el mandatario oaxaqueño “siga siendo el mismo que respeta los procesos internos, aunque sí sé que funcionarios y exfuncionarios presionan, amenazan, cooptan con obras y recursos a los consejeros, pero eso tendrá su propia ruta jurídica”.
Por separado, el dirigente del PRD en Oaxaca, Carol Antonio Altamirano, acusado de favorecer al expriista José Antonio Estefan Garfias, sostuvo que “las fuerzas progresistas del estado permanecerán unidas al lado del aspirante que logre la candidatura a través de un proceso estatutario transparente, cuyo resultado será respetado y avalado por todos”.
Para hacerle frente a las acusaciones de fraude, Antonio Altamirano dijo que no habrá acuerdos en “lo oscurito”, ni decisiones por consigna. La elección se desarrollará siguiendo los estatutos del partido, de manera legítima y transparente, sostuvo.
El que resulte candidato del PRD, ya sea el diputado federal con licencia José Antonio Estefan Garfias o el senador Benjamín Robles Montoya, “sin duda superará al candidato que representa al viejo régimen autoritario priista”, destacó.
Por último, Carol Altamirano señaló que la coalición “Con Rumbo y Estabilidad para Oaxaca” tiene muy buenos aspirantes a los cargos de elección popular, así como una sólida oferta política para dar respuesta a los grandes desafíos de Oaxaca, pero sobre todo el aval de la fuerza y la confianza de cientos de miles de militantes y simpatizantes “para derrotar una vez más a los herederos de los cacicazgos que en el pasado se enriquecieron a costa de la pobreza de los oaxaqueños”.
Por la mañana Jesús Romero López, coordinador de campaña de Robles, denunció que a las 14 horas aún no había sido publicada la lista de consejeros que habrán de elegir al aspirante, “situación anómala que quedó certificada ante notario público, lo que significa que ya empezamos el registro en la lógica de la impugnación”.
A las 10:00 inició la instalación del Consejo Político en el hotel Misión Oaxaca, de donde los consejeros y militantes perredistas salieron en estampida alrededor de mediodía, cuando al interior del inmueble fueron lanzadas dos bombas de gas lacrimógeno.
Casi inmediatamente después de los hechos, alrededor de 150 policías estatales arribaron al hotel para “investigar” quiénes habían arrojado los artefactos, situación de la que se acusaron ambos grupos políticos, supuestamente con la finalidad de suspender el evento.
Basave lamentó los hechos y dijo que “podría haberlo hecho gente ajena al PRD. Se tiene que investigar y averiguar con qué intenciones se hizo. Estaban cerca los medios de comunicación, eso da cosas que pensar”, apuntó.
De acuerdo con Romero López, “ya se había anunciado el show para el fraude porque estallan las bombas para que no pasaran (los consejeros afines a Robles Montoya) y (que los simpatizantes de Estefan Garfias se) posesionaran del salón”.
Lo cuestionable, dijo, es que se abrió el registro sin haber una lista publicada y sancionada por el órgano electoral.
“Al rato van a decir que fue publicada a las 3 de la mañana y está certificada en página y en estrados de la comisión, pero no hay tal publicación”. Y lo peor es que “no nos dejaron pasar y la policía se metió a un consejo. Ojalá Agustín Basave (líder nacional del PRD) tenga pantalones para mostrar carácter y evite el fraude”.
Añadió: “Imagínate que el INE (Instituto Nacional Electoral) instale casillas y a las 12 del día mande la lista nominal y la gente vote. Aquí te registras y luego votas, pero este procedimiento es ilegal, por eso ya empezaos el registro en la lógica de la impugnación”.
Por su parte, Alejandro Truconni, secretario general del Comité Ejecutivo Municipal de Oaxaca de Juárez, dijo que “no se cancela el registro porque eso es lo que intentan para cometer el fraude”.
“Se me hace muy curioso que todos los consejeros que apoyan a Benjamín estaban en el salón Dainzú y lanzan las bombas y la policía les impide salir. Durante más de una hora estuvo resguardado por la policía, que impidió salir a los consejeros sin ser delincuentes, no pudieron salir para cumplir su derecho y obligación de emitir un sufragio democrático”.
Romero López afirmó que la lista de consejeros estatales es de 272, de los cuales 150 “son de vista”; 14 son consejeros nacionales; uno más es integrante del Comité Ejecutivo Nacional; 17, miembros del Comité Estatal; tres, expresidentes del partido; 42, presidentes municipales; tres, diputados locales, y 42 son presidentes de los comités municipales donde el PRD gobierna.
El ganador debe obtener las dos terceras partes, pero hasta ahora ninguno de los dos precandidatos ha logrado reunir esa cantidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431331/estallan-bombas-de-gas-lacrimogeno-en-consejo-del-prd-para-elegir-candidato-en-oaxaca
XALAPA, Ver: En redes sociales, y acudiendo hoy a la celebración del Día de la Bandera en el puerto de Veracruz, el aún gobernador priista Javier Duarte aseguró que completará su mandato que concluye el próximo 30 de noviembre.
Para el político que ha gobernado la entidad durante 62 meses en medio de señalamientos por desvío de recursos, insolvencia financiera para ministrar a los organismos autónomos y pagar a contratistas, así como una ola de violencia que ha derivado en casi 950 desapariciones en la entidad, las versiones sobre su renuncia sólo son parte del “folklor veracruzano” y “la rumorología” en estos tiempos de sucesión electoral.
Duarte de Ochoa negó que desde la Federación o desde el CEN del PRI lo “vayan a enfermar” para que dimita al cargo; incluso, presumió a reporteros del puerto que goza de “perfecto estado de salud”.
Ayer por la noche, en su cuenta de Twitter (Javier_Duarte), el priista se quejó de que ha sido víctima de una campaña de linchamiento:
“Ayer lo de la Parroquia, hoy lo de la licencia, a ver mañana con qué nuevo invento salen. #tiemposelectorales”, resumió el priista en su red social.
Duarte de Ochoa fue increpado sobre las declaraciones del líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, en alusión a que tendrá que rendir cuentas por los desvíos de recursos que le ha marcado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los cuales acumulan un daño patrimonial superior a los 35 mil millones de pesos en cuatro años de su gestión.
“La declaración de hoy creo que mata la declaración de ayer, y la declaración de hoy creo que deja muy claro la postura del presidente del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional”, reviró.
Sobre la solicitud de juicio político que inició el Senado a petición de la bancada panista, Duarte aseguró que no hay justificación alguna para llevarlo a esas instancias de desafuero, pues tiene pensando permanecer en el cargo hasta el 30 de noviembre de este año.
Hoy en la Ciudad de México, personal del gobierno federal filtró que el gobernador priista fue citado en la tarde de este miércoles en la Secretaría de Gobernación (Segob) para entrevistarse con el titular de dicha oficina, Miguel Ángel Osorio Chong, para tratar temas relacionados con su polémica gestión y señalamientos de políticos de oposición, de medios de comunicación nacionales y del malestar ciudadano.
Ayer, el Senado turnó el punto de acuerdo para llevar a Duarte a juicio político para que sea investigado por el presunto daño patrimonial, pero también para que la PGR investigue de inmediato la probable comisión de delitos por desvío de recursos públicos federales de la cuenta pública 2014 en Veracruz.
Los señalamientos alcanzarían a diversos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Veracruz, la mayoría de ellos hoy diputados federales, como Erick Lagos (Segob local), Jorge Carvallo (Sedesol), Alberto Silva (Sedesol y vocero de Duarte), Tareck Abdala (Sefiplan), entre otros, por su probable responsabilidad en el desvío de recursos público federales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431310/rumorologia-y-folklor-veracruzano-versiones-sobre-mi-renuncia-duarte
La justicia para adolescentes no es expedita, pues sólo 2% de los tribunales resuelve los casos de menores de edad, además algunos sufren maltratos.
En México, 42 mil adolescentes fueron acusados de cometer lesiones, robos, daños a la propiedad, narcomenudeo y violencia familiar, entre otros delitos, durante 2014. De ellos, 14% ha concluido su juicio, mientras que 31 mil menores aún esperan que sus casos sean investigados.
Uno de los factores que influyen en la impartición de justicia para adolescentes es que de los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país, sólo 2% resuelve los casos de menores de edad. En Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, por ejemplo, sólo hay uno. Mientras que de los 3 mil 821 Ministerios Públicos en México, únicamente 782 (2%) son especializados para este sector.
Éstos son hallazgos del informe “Justicia para adolescentes en México”, un estudio sobre los servicios brindados a adolescentes infractores realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), presentado este 25 de febrero.
El estudio, coordinado por Paulina Sánchez, advierte que la procuración de justicia para menores de edad es un “factor indispensable para el diseño y funcionamiento de un sistema integral, que logre reconciliar tanto los intereses de los menores, como la seguridad y la efectiva aplicación de la justicia”.
Los investigadores –Carlos de la Rosa, Mireya Moreno y Karen Silva– urgen un estricto respeto de los derechos procesales de los jóvenes porque “si se violan las garantías procesales de los menores infractores, no sólo se les estaría negando la atención diferenciada, sino que las mismas instituciones diseñadas para atender sus particularidades estarían vulnerándolos y victimizándolos”.
¿Cómo funciona el sistema de justicia para adolescentes?
En el Distrito Federal, mil 217 adolescentes fueron llevados a un Ministerio Público acusados de cometer lesiones, mil 566 de robo a transeúnte y dos mil 187 por violencia familiar, lo que representa la incidencia más alta con respecto al las 10 entidades con el mayor número de inculpados. Guanajuato el estado con más menores infractores acusados de narcomenudeo (867).
De los inculpados, la mayor proporción tiene de 17 a menos de 18 años (12 mil 272); de 16 años, 8 mil 739; de 15 años, 7 mil 626; Aunque también hubo 801 casos de niños de 12 años y mil 612 de 13 años, según datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2014.
Para juzgar estos casos, se decretó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes el 27 de diciembre de 2012 y entraría en vigor dos años después, según el primer artículo transitorio. Sin embargo, el 24 de diciembre de 2014, hubo una reforma para cambiar la fecha límite al 18 de junio de 2016.
Los investigadores advierten que la ley–que nunca logró entrar en vigor- “se convirtió en letra muerta”, porque el 2 de julio de 2015, la Federación publicó un decreto por el que se reformaron los artículos 18 y 73 de la Constitución Política que obliga al Congreso a expedir una ley nacional en materia de justicia para adolescentes, acorde al nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.
Pero a un año de que se cumpla el plazo establecido en la Constitución para la implementación total del sistema acusatorio a nivel nacional, únicamente el 24.26% de los casos ingresados se siguen conforme a este proceso y con apego a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, destaca el informe.
Una responsabilidad del estado es garantizar un sistema de justicia especializado en materia de adolescentes infractores y para ello es indispensable la creación de unidades administrativas específicas. Sin embargo, la realidad contrasta con el ideal. De las 3 mil 821 agencias del ministerio público local, sólo 3.8% se especializan en adolescentes. En Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas tienen 1% de especialización y Nuevo León es la entidad federativa con mayor grado, 9%.
Sobre el personal que atiende a adolescentes, sólo el 2% los más de 40 mil funcionarios de los órganos de procuración de justicia a nivel estatal se encuentra adscrito en agencias especializadas en menores de edad. Peor aún, ni siquiera hay información desagregada sobre sus funciones, aptitudes, preparación y capacidades.
En tanto, 2% de los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país son especializados en el tratamiento de menores de edad. Aunque “es imposible establecer un número de tribunales ideal o estándar –pues su cantidad y dimensiones dependen de la carga de trabajo y la geografía– la insuficiencia de órganos jurisdiccionales compromete el acceso a la justicia y la adecuada provisión de servicios”, advierte el estudio.
De los casos, 42 mil 545 procesos están abiertos y 6 mil 435, cerrados. Esta cifra, afirman los investigadores, supone que se aplican criterios de discriminación, basado en la gravedad y solidez de los casos. Uno de los criterios para continuar un proceso penal para un adolescente es la gravedad de la conducta que se persigue. En la incidencia de delitos, 56% está tipificadas como no graves.
De acuerdo con el INEGI, la entidad con la tasa más alta de adolescentes que enfrentan un proceso judicial es Chiapas, con 794 casos por cada 100 mil habitantes. En Nuevo León asciende a 672 y el Distrito Federal, 631, cifra por encima de la tasa nacional (97).
Al concluir los juicios, los menores infractores podrían ser ubicados en Centros de Tratamiento. En este caso están 10 mil 963 jóvenes. Los investigadores recomiendan que esto debe ser el último recurso y tener el menor efecto negativo posible en los menores. Por ello, resulta indispensable que existan suficientes instalaciones en las entidades federativas, pero también que cumplan con condiciones que favorezcan el desarrollo y la eventual reincorporación a la sociedad de los adolescentes.
Radiografía de menores infractores
El informe incluyó una encuesta realizada a 167 jóvenes recluidos en los Centros de Tratamiento de Baja California (Mexicali, Tijuana, Ensenada) y Durango (Gómez Palacio) para determinar las características de la población adolescente privada de la libertad e identificar factores de riesgo y conocer su percepción durante el proceso penal.
La mayor parte de los encuestados son reincidentes. En Baja California el 62% respondió que había sido detenido previamente y en Durango 41%. Además, 20% de los entrevistados señaló que ya había estado privado de la libertad en un centro de diagnóstico y 26% en un centro de ejecución de medidas.
Durante la detención, más de 60% de los menores de ambas entidades reportan que los insultaron o maltrataron físicamente. 6 de cada 10 detenidos en Baja California fue golpeado y 4 de cada 10 en Durango.
Otro dato preocupante es que 79% de los jóvenes en Baja California y 65% en Durango dijeron que en ningún momento durante su detención o en las horas posteriores, se le brindaran facilidades para comunicarse con algún familiar o conocido.
La gran mayoría de los jóvenes que recibieron sentencia, dicen que durante su proceso penal estuvieron privados de la libertad. De ellos, 65% estuvo en proceso entre 1 y 6 meses; sólo en menos de 10% de los casos el juico tuvo una duración menor a un mes.
Por otra parte, 73% de los jóvenes entrevistados que aún están en espera de sentencia en Baja California está en reclusión desde hacía uno o seis meses, mientras que en Durango 62% se encuentra en esa circunstancia.
El panorama de los jóvenes antes de ser recluidos era poco alentador. 63% había dejado la escuela sobre todo porque no les gustaba, los habían expulsado o habían desertado por motivos económicos. 52% de los menores trabajaba de forma permanente y el 40% ocasionalmente, mientras que del total de la muestra, 50% comenzó a trabajar entre los 14 y 15 años.
De los malos tratos que recibieron, 77% de los jóvenes recluidos en Baja California y 91% en Durango sufrieron abandono o descuido. Más de 80% de ambas entidades era golpeado. Entre 70 y 90% recibía castigos exagerados. Entre 69 y 71% era insultado o le hablaban con malas palabras. Mientras que 80% de los encuestados en Durango fueron abusados sexualmente y en Baja California no se registró ningún caso.
Los investigadores recomiendan reformar el sistema de justicia para adolescentes, conjugando los derechos de la infancia con un sistema penal de corte garantista, acusatorio y oral que permita observar el debido proceso y garantizar el bien superior del menor.
Entre las recomendaciones está: Mejorar la calidad de la información sobre los usuarios y el sistema de justicia para adolescentes; especialización integral de todos los operadores y en todos los niveles de gobierno y diseñar políticas públicas no punitivas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/justicia-para-adolescentes-lenta-con-poco-personal-y-malos-tratos-revela-estudio/
