CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno de Enrique Peña Nieto recurrió al hermano de un integrante del Consejo de la Judicatura (CJF) para ayudar a Humberto Moreira cuando estuvo preso en España acusado de lavado de dinero, según una investigación que publica este domingo el diario El País.
El exgobernador de Coahuila recibió apoyo no sólo de la embajada, sino también de la Agregaduría Legal de la PGR en el país europeo, precisó el periódico.
Abraham Pérez Daza, funcionario de la PGR y hermano del consejero de la Judicatura Federal Alfonso Pérez Daza, brindó atención personalizada al caso de Moreira e incluso acompañó al chofer de la embajada a recoger al abogado del exdirigente nacional del PRI.
Una investigación dada a conocer recientemente por ese mismo medio reveló que el gobierno de México volcó a los principales funcionarios de su embajada en Madrid en apoyo del exgobernador de Coahuila y que Arely Gómez González, procuradora general de la República y exsenadora del PRI, telefoneó a su homóloga española Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, para interesarse por el caso y conocer la posición de los fiscales españoles que acusan a Moreira. Esta última declinó facilitarle ningún detalle y se escudó en que el caso está bajo secreto sumarial.
Abraham Pérez Daza, de 39 años, es un funcionario en Madrid de la Agregaduría Legal para Europa de la Procuraduría General de la República y hermano de Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, un órgano similar al Consejo General del Poder Judicial en España, es decir el gobierno de los jueces de México.
Alfonso fue nombrado consejero por el Senado en septiembre de 2014 a propuesta del PRI. Es doctor en Derecho y trabajó en la Fiscalía Electoral del Estado de México. Ambos estudiaron Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Dicho funcionario de la PGR destinado en Madrid fue la persona que acompañó al chofer de la embajada de México al aeropuerto de Adolfo Suárez en Madrid para recoger y recibir a Ulricht Richter, el abogado de Moreira. Viajaron en la Vannette Mercedes plateada de la legación matrícula diplomática CD 52003 que se utiliza para trasladar a las personalidades que visitan Madrid.
Según El País, el agregado Abraham Pérez Daza acompañó al letrado mexicano durante toda su estancia en Madrid y se ocupó, también, de asistir a Vanessa Guerrero y a sus hijas a las que alojaron en el hotel Vincci Soho, en la calle Prado, a escasos 100 metros de la embajada en pleno centro de Madrid. Este hotel mantiene un convenio con la embajada de México y allí se conduce a las autoridades mexicanas que visitan el país. En su parking se estacionan los vehículos oficiales de la embajada.
Fuentes consultadas aseguran que la elección de Pérez Daza para esta y otras gestiones “sensibles” del caso Moreira no fue casual. El funcionario de la PGR no ha respondido a las llamadas del periódico para recoger su testimonio.
Además de buscar a prestigiosos abogados españoles para atender a Moreira, de intentar conseguir sin éxito información de la Policía sobre las pruebas que había contra el expresidente del PRI y de preguntar por escrito al juez Santiago Pedraz , instructor de la causa, cuanto duraría el secreto sumarial y otros aspectos de la investigación, los funcionarios de la embajada pidieron a la PGR de México que preparara con la mayor celeridad toda la documentación oficial sobre las causas que se abrieron y archivaron en México contra el exgobernador acusado de dejar en las cuentas públicas de Cohauila un enorme agujero de más de 4 mil millones de dólares. Se pidió a México desde la embajada que emitieran copias certificadas de toda la documentación.
“Cuando estalló el escándalo de Cohauila el mismo Gobierno que le investigó fue el que le exoneró con una hábil maniobra para evitar que se le pudiera juzgar de nuevo por la misma causa. No se pidieron diligencias de investigación. Todo fue una patraña”, afirma una fuente judicial mexicana que pidió el anonimato.
El País precisa que los abogados españoles y méxicanos de Moreira necesitaban en Madrid la documentación de la causa de México a la mayor brevedad, validada y sellada por la Justicia mexicana. La embajada se encargó de reclamarla y de obtenerla en el menor tiempo posible. Y lo lograron en un tiempo récord, según aseguran fuentes judiciales españolas. Los letrados querían demostrar al juez Pedraz que las causas contra Moreira en México no habían prosperado, que el político detenido y preso en la cárcel de Soto del Real estaba limpio.
El pasado 22 de enero cuando el juez Pedraz dejó en libertad provisional a Moreira, el funcionario Pérez Daza se reunió con él y con su esposa y les asistió en diversas gestiones; el 3 de febrero, tras sobreseerse el caso en la parte que afecta a Moreira, el político mexicano abandonó España con su mujer y regresó a México donde proclamó su inocencia.
A las 18.30 horas del pasado miércoles El País llamó a Abraham Pérez Daza a su despacho de la PGR en Madrid para pedirle su versión sin recibir respuesta. El jueves a las 13.05 horas el vuelo de Iberia a Ciudad de México despegó del aeropuerto de Adolfo Suárez con centenares de viajeros entre los que figuraba un pasajero con el mismo nombre y apellidos del funcionario de la embajada que más se involucró en la asistencia a Humberto Moreira.
La embajada, agrega el diario, no explica la causa por la que el funcionario de la PGR abandonó España horas después de la llamada del periódico.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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La violencia se extiende en Morelos: al asesinato de la alcaldesa de Temixco se suma la ampliación del llamado “corredor de la muerte” y la infiltración del crimen entre el personal de las máximas instituciones encargadas de la seguridad, incluidas la Fiscalía y el Mando Único. Por estas razones, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, asienta que la entidad es mucho más insegura de lo que admite el gobierno. Tres ejemplos: 11 de los alumnos de esta casa de estudios han sido levantados, 71 miembros del Consejo Universitario han recibido amenazas, además del propio rector, quien tiene una escolta militar con vehículos artillados.
CIUDAD DE MÉXICO: Más de la mitad de los jóvenes que viven en Cuernavaca y Cuautla decidieron dejar de salir los fines de semana y, si lo hacen, algunos portan armas por temor a que los secuestren, extorsionen, asesinen o desaparezcan, asevera el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez.
Además, el llamado “corredor de la violencia” o “de la muerte” se prolongó desde Acapulco hasta Huitzilac, a pocos kilómetros de la Ciudad de México. Por esa zona, Los Rojos y Guerreros Unidos transportan droga, según el Atlas de la Seguridad y la Violencia (ASV) realizado por la UAEM y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
El 19 de enero, el gobernador Graco Ramírez se desplazó hasta la Ciudad de México para lanzar, desde ahí, el mensaje de que Morelos está tranquilo. Por alrededor de 65 mil pesos rentó un salón en el lujoso hotel St. Regis y acarreó a un numeroso grupo de reporteros de su entidad sólo para que el fiscal Javier Pérez Durón leyera una presentación –en Power Point– acerca de la investigación sobre el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, y para que el mandatario hiciera una declaración sin permitir preguntas.
Vera Jiménez, en cambio, asienta que Morelos está muy lejos de la tranquilidad que Ramírez presume. De acuerdo con estudios realizados por la UAEM, indica, 30% de las familias morelenses desea mudarse a sitios más seguros.
Con base en un análisis de los datos y encuestas compendiados para el ASV, el académico señala que muchos de esos núcleos familiares reportan que la situación en Morelos ha empeorado durante la administración actual y que los delitos no se reportan por falta de confianza en las autoridades.
“La información que tenemos no coincide con lo que dice el señor gobernador”, zanja el rector.
Instituciones rebasadas
El doctor Vera Jiménez es el único rector de todo el país que –a su pesar, puntualiza– tiene una escolta de 10 militares que se desplazan en dos unidades artilladas. Las amenazas de muerte en su contra se han multiplicado en los últimos días, luego de que encabezara diversas protestas contra el gobierno de Graco Ramírez.
Vera Jiménez es un académico que ha denunciado la situación en Morelos. Es responsable del proyecto de investigación Diagnóstico estatal de la percepción ciudadana sobre la violencia, la delincuencia, la inseguridad y la dinámica social e institucional, financiado por los Fondos Mixtos del Conacyt.
En los últimos años ha asumido un papel importante en el movimiento ciudadano que pide un alto a la violencia y la inseguridad en Morelos. Él mismo, sus parientes y amigos han sido víctimas de múltiples ataques y amenazas de muerte.
Sólo el año pasado el académico sufrió dos atentados; una de sus hijas recibió amenazas de secuestro de gente relacionada con la Fiscalía General del Estado; María Elena Ávila Guerrero, esposa del rector, fue perseguida por un vehículo sin placas y con vidrios polarizados, que permaneció estacionado afuera de su casa, y un grupo de desconocidos irrumpió en su hogar, amedrentando a su familia, que en otras ocasiones ha sido agredida telefónicamente.
En septiembre, la procuradora general de la República, Arely Gómez, ordenó que se investigaran las agresiones contra Vera, luego de la denuncia pública que hiciera en una conferencia de prensa.
Los estudiantes y trabajadores de la universidad también han padecido la inseguridad. Se tienen registrados 11 levantones de alumnos, además del de Isaac Rivera, sobrino del secretario general del sindicato de la UAEM. Y ahí no acaba: han sido intimidados 71 miembros del Consejo Universitario.
Paralelamente, Vera Jiménez advierte que el crimen alcanzó a la fiscalía y al Mando Único, ya que elementos de ambas instituciones están involucrados en secuestros y asesinatos.
“Lo que veo es que la fiscalía ha sido la constante en todos los problemas y escándalos que se han suscitado en materia de seguridad. Por ejemplo, ya se está difundiendo la información de que un policía ministerial estuvo vinculado con el asesinato de la alcaldesa de Temixco. También comenzamos a ver cómo personal del Mando Único ha violado derechos humanos y perpetrado hechos delictivos, por ejemplo robo a cajeros de bancos y otros delitos”, sostiene en entrevista.
Explica que un ejemplo de “la fuerte descomposición en la fiscalía” se vivió en Tetelcingo, donde personal de esta institución enterró de manera irregular más de 100 cadáveres en una fosa común.
Este hecho dejó en claro los problemas en el proceder de esa institución, pues a la fecha no se sabe a cabalidad quiénes están inhumados ahí. La dependencia tampoco ha dejado que ingresen especialistas de la universidad para que ayuden en la identificación de todos los cuerpos. En una de esas fosas estaba el cuerpo del joven Oliver Navarrete, víctima de secuestro.
“Vemos una descomposición social muy fuerte, en la procuración de justicia y en los agentes policiacos. La estrategia puede ser buena con el Mando Único, pero sin que desaparezcan las policías de proximidad. El problema es que estas policías no son inmunes a las presiones, extorsiones y a las solicitudes que se hacen desde la delincuencia organizada para corromperlas y tener ciertos espacios y márgenes de maniobra.”
El rector destaca que hay un grave problema de corrupción e infiltración del crimen organizado entre los políticos locales: “Tenemos el caso del anterior presidente de la comisión de Educación (del Congreso local), Alfonso Miranda, a quien se le acusó pero no se le detuvo porque tenía fuero –y no se le quitó–. Ahora ya no lo es, pero tampoco lo han detenido y ni lo han llamado a rendir cuentas. Entonces parece ser que sólo se trata de un golpeteo político”.
Miranda ha sido investigado por presunto desvío de recursos públicos y nexos con el crimen organizado. Es primo de Santiago Mazari Miranda El Carrete, líder de Los Rojos.
–¿La gente cada vez recibe más los embates de la violencia y la inseguridad? –se le pregunta.
–Sí, hace poco vimos el caso de una persona que fue desmembrada en vida, algo que nos llena de indignación y horror. Es un acto de barbarie en donde se pierde todo lo que de humanidad tenemos, y eso circula en redes, en los medios. También está la ejecución de dos niños. Los ciudadanos nos sentimos aterrorizados.
–¿El gobierno de Graco Ramírez está rebasado?
–Yo creo que sí, era muy iluso esperar que con su llegada las cosas iban a cambiar, cuando los problemas tienen profundas raíces estructurales y se vinculan con un modelo político y económico fallido. Él puede hacer sus mejores esfuerzos, pero está claro que hoy el Estado sirve a los intereses del capital, venga de donde venga.
Y las instituciones de procuración de justicia no se salvan, expresa.
En el caso de la presidenta municipal de Temixco asesinada en su casa, el rector manifiesta su extrañeza porque no se le haya protegido pese a ser del mismo partido del gobernador, sobre todo por el antecedente de que 12 candidatos a munícipes habían sido amenazados en sus campañas.
“Por eso los ciudadanos cada vez nos sentimos más atemorizados y vulnerables. El Mando Único no tuvo la capacidad de hacer un trabajo de inteligencia para cuidar a los munícipes y dejó sola a una de las alcaldesas de una de las demarcaciones más violentas. Esto quiere decir que las instituciones encargadas de dar seguridad pública están rebasadas”, resume.
Al respecto, recuerda que fueron los familiares de Gisela quienes persiguieron a los delincuentes y los detuvieron con la ayuda de una patrulla municipal. Por esto, dice, los padres de la política están indignados, porque no es cierto que se haya puesto en acción un dispositivo de seguridad del Mando Único, sino que fueron ellos los que corretearon y agarraron a los asesinos.
El corredor de la muerte
Uno de los descubrimientos del estudio realizado por la UAEM y el Casede es el llamado “corredor de la muerte” que se inicia en Acapulco, pasa por Iguala y Cuautla y llega hasta la zona oriente de Morelos, próxima al Distrito Federal y el Estado de México. Se trata de una ruta que se disputan Los Rojos y Guerreros Unidos.
“Morelos es parte del trasiego, de las rutas de la criminalidad. Después de que cayeron los Beltrán Leyva el cártel se desmembró y las células empezaron a pelear por el control de la droga. Y también somos el paso obligado de otras bandas delictivas que vienen de otros estados”, detalla el rector.
Advierte que en ese corredor ocurrió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y antes de que sucediera esa tragedia, la UAEM y el Casede entregaron el ASV al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, porque Graco Ramírez se negó a recibirlo.
“Le dimos la información al gobierno del estado y lo único que hizo fue bloquearnos. El gran problema, entonces, es que se desestiman las cifras, los estudios serios, y se toma la palabra de las autoridades que dicen que todo está bien”, reitera.
Otro dato importante del ASV está relacionado con el cambio de hábitos de los jóvenes a raíz del crecimiento de la inseguridad en el estado.
“Tanto en Cuernavaca como en Cuautla, por ejemplo, 51% de los jóvenes encuestados dicen ‘evitar salir de noche’, un dato razonablemente más alto que el de la media nacional, que es de 38.3%. Además, casi 42% de los muchachos de Cuernavaca declaran que ahora saldrían con precaución, y 36.7% da esa respuesta en Cuautla. Es de llamar la atención que en Cuautla hay 2.7% de menores que, ahora, asegura ‘salir con armas’ para evitar ser víctima de la delincuencia”, se señala en el estudio.
–¿Hay mucha corrupción? –se le inquiere.
–Sí. Por ejemplo, Los Rojos y Guerreros Unidos se siguen peleando, y a pesar de que se han instalado espectaculares y dispositivos para agarrar al líder de Los Rojos, no lo hacen. La gente dice que El Carrete llegó a comer a cierto lugar o que lo vieron entrevistándose con otra gente, y lo siguen dejando libre.
–¿Hacia dónde cree que va Morelos?
–Mientras se sigan desestimando las cifras, no se le va a dar la importancia que tiene. El mensaje que dio el gobernador para difundir el Mando Único es la muestra de que la situación es grave; si no, no hubiera necesidad de sacar un decreto. La situación es delicada.
El plantón
El jueves 4 el rector inició un plantón permanente en el Zócalo de Cuernavaca en demanda de mayor presupuesto estatal para la universidad. Además, tras encabezar la Marcha de la Dignidad –a la cual asistieron miles de estudiantes, trabajadores, profesores e investigadores– lanzó una fuerte crítica a la creciente inseguridad en la entidad y calificó de fracaso la estrategia gubernamental de combate a la violencia.
Dos días después el gobierno federal le puso una escolta de 10 soldados de la 24 Zona Militar, que aceptó pues los escoltas que le había asignado el anterior gobernador (José Antonio Adame) fueron desarmados por órdenes de Graco Ramírez.
El rector explicó que aceptaba la seguridad militar –con la condición de que estuvieran lejos del plantón–, porque después del asesinato de la presidenta municipal de Temixco no puede menospreciar las amenazas de muerte que le han hecho desde hace tiempo.
Uno de estos amagos, según le confiaron al rector desde septiembre del año pasado, provino de agentes de la Fiscalía General del Estado. Ocurrió luego de que la UAEM empezó a dar asesorías a los pueblos que rechazan el Proyecto Integral Morelos, que incluye la construcción de un gasoducto, un acueducto y dos plantas termoeléctricas.
“Me hicieron saber que un escolta militar me iba a estar resguardando porque había un rumor de que algo podía sucederle a mi persona. El sábado llegó un teniente del Ejército a la reunión donde estaba, que ellos tenían un rumor y que no querían correr riesgos”, relata el único rector de todo el país que cuenta con resguardo militar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431651/dejar-en-borrador-lo-graco-se-niega-a-ver
Ramiro tenía 17 años cuando apeló por su libertad absoluta. Llevaba cuatro meses privado de su libertad por homicidio y solicitó audiencia a una magistrada para explicarle que no había cometido el delito del que se le acusaba.
—La neta vengo con mucho respeto a pedirle que me dé una oportunidad, porque pus, yo no fui —le dijo Ramiro a la magistrada—. No tengo nada que hacer aquí y la verdad no es justo que yo esté aquí.
La magistrada lo miró y le preguntó:
—¿Qué es justo?
—Lo justo es que estén pagando los que fueron —no tardó Ramiro en responder.
—¿Estás seguro que tú no fuiste? —cuestionó mientras no le quitaba la vista de encima para formularle una pregunta más— ¿Has viso la película Presunto culpable?
—No, la verdad no.
—A ti te pasa algo como eso, pero para no alegar tanto, te voy a dar tu libertad en absoluta.
Ramiro sintió bien chido hasta que la magistrada advirtió:
—Pero si no te encuentro culpable… porque si te encuentro culpable te vas a quedar a pagar lo que sentencié.
—Sí, sí, sí. —aceptó Ramiro y pensó que las cosas marcharían bien con conciencia de que él no era culpable del crimen del que se le acusaba y por tanto, nada podía salir mal.
—Te voy a mandar a hablar en 12 días —prometió la magistrada.
Ramiro pensó que nada podía fallar confiado en su inocencia. Esperó 12 días pensando que se iba a la calle. Pensó que recibiría la noticia de irse a casa tras la revisión de su caso, en su lugar, le notificaron que por dictamen del juez tendría que quedarse a cumplir su sentencia.
El joven se enojó, quería un juez y que le mostrara las pruebas de su culpabilidad: un cuchillo con sus huellas impresas. Pero eso no ocurrió.
Ramiro cumple con algunas de las características del perfil que establece la UNICEF como un patrón en los adolescentes mexicanos en conflicto con la ley: De sexo masculino, de 15 a 17 años, presentan un retraso escolar de más de cuatro años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales, y ayudan al sostenimiento de la familia. Además suelen vivir en entornos violentos.
Un presunto culpable
Sucedió un 15 de septiembre, Ramiro estaba en casa con los preparativos de la fiesta de independencia y el cumpleaños de su abuela. La policía irrumpió en casa de su abuela buscando a dos de sus tíos, acompañados de alguien que se presentó como un elemento judicial exhibiendo un arma, además de los familiares de Rubén, un joven de 24 años asesinado.
Exigieron presentar a Pedro y Enrique, tíos de Ramiro y presuntos homicidas de Rubén. La abuela de Ramiro los dejó revisar su casa para que comprobaran que no estaban aquellos a quienes buscaban.
“Esto no se va a quedar así” y se marcharon. Volvieron a los 15 minutos y señalaron a Ramiro como cómplice y responsable. Ramiro tenía a su primo en brazos y era el único varón entre niños y mujeres.
“¡Tú también estabas ahí con ellos!” gritaron y Ramiro lo negó. Lo subieron a la patrulla y pensó que nada habría de pasarle pues no tenía ninguna relación con el delito.
En la delegación no hubo declaración, sólo cuestionamientos sobre sus tíos y la amenaza de vincular a la madre como cómplice. Los judiciales le pidieron 35 mil pesos, pero eso sólo incluía no involucrar a la madre de Ramiro porque alguno de ellos debía quedarse a pagar.
Al día siguiente, Ramiro fue trasladado a la entonces Agencia 57 especializada para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, se le acusaba de haber asesinado con un cuchillo a Rubén de 24 años.
En las declaraciones se decía que Ramiro había sido detenido en el lugar del homicidio por un “judicial” que afirmaba haberlo aprehendido cuando trataba de escapar.
Tras un proceso de casi seis meses se le condenó a cuatro años de prisión por homicidio. Trató de tramitar un amparo y explicar a la magistrada su situación pero nada pasó.
Después de la ratificación fue trasladado a la Comunidad de Tratamiento en San Fernando. “Yo creo que aquí vine a malearme con las personas que ya vienen de afuera maleadas. Yo no conocía muchas cosas que ahorita ya conozco. En vez de aquí componerte, te descompones. Sales más descompuesto de aquí, la neta. Aquí no te vas a componer jamás”.
Pese a su sentir, la comunidad de tratamiento es también el lugar donde volvió a la escuela que había abandonado estando en libertad. Ha aprendido a tocar el violín en la clase de ópera y eso le gusta.
¿Qué es justo? “Justo es que estén pagando aquí los que fueron”, expresa Ramiro.
México cambia justicia para menores…a medias
Hasta el 2005, México contaba con el Sistema Tutelar de Justicia para Adolescentes, este se hacía cargo de los adolescentes en situación de abandono, calle y pobreza con aquellos que habían cometido conductas señaladas como delitos.
Pero una evaluación dio cuenta de que no se podía tratar igual a un menor en situación de calle que a uno que había cometido un delito, por lo que en 2005 se instauró el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, detalla la especialista Erika Bardales.
En 2012 se publicó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes norma que aplicable para los menores de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años que incurran en “conductas tipificadas como delito en las leyes federales”. Los menores estarán sujetos a rehabilitación y asistencia social, además de una medida socio-educativa para su reintegración social y familiar.
El decreto del 12 de diciembre de 2005 le dio a las entidades federativas tiempo de 180 días para adecuar su marco normativo, con lo que empezaron a existir 32 procesos estatales paralelos al federal sin margen de referencia.
La ley publicada en 2015 nunca logró entrar en vigor y “se convirtió en letra muerta”, pues el decreto obliga al Congreso a expedir una ley nacional en materia de justicia para adolescentes, acorde al nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.
Pero a un año de que se cumpla el plazo establecido en la Constitución para la implementación total del sistema acusatorio a nivel nacional, únicamente el 24.26% de los casos ingresados se siguen conforme a este proceso y con apego a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, destaca el informe “Justicia para adolescentes en México”, del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).
Como la ley federal no se reformó ahora los adolescentes participaban en actos tipificados como delitos de competencia federal, por ejemplo: los delitos contra la salud tales como posesión, venta o tráfico de droga.
Cuando un adolescente era detenido por delitos contra la salud era llevado ante un juez federal que no podía juzgarlo como un adulto, y en ausencia de una ley federal para adolescentes “se generó un montón de impunidad, porque no había ley qué aplicarles”, lamenta Bardales.
La ley establece que desde el inicio del proceso estarán a cargo de órganos especializados en materia de justicia para adolescente, que los procesos se realicen con la menor duración posible y que el sistema privilegie las medidas preventivas o alternativas.
Sin embargo, la justicia no es expedita ni especializada para los adolescentes. De los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país, sólo 2% resuelve los casos de menores de edad. En Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, por ejemplo, sólo hay uno. Mientras que de los 3 mil 821 Ministerios Públicos en México, únicamente 782 (2%) son especializados para este sector, según el informe.
“Lo triste de esto es que siendo el adolescente el punto más frágil, vulnerable de captación de la delincuencia, jurídicamente es el más desprotegido porque no tenemos un debido proceso, no lo existe, lo hemos intentado, las entidades lo están intentando, hay jueces de justicia para adolescentes que lo intentan”, dice Bardales.
10 mil pesos por la libertad
Damián pudo escuchar que sus amigos lo llamaban desde la calle, traían un auto robado y todavía no se deshacían del dueño.
Lo buscaron para ofrecerle un trato: 10 mil pesos para que se declarara culpable si la policía los detenía. Si los mayores de edad eran detenidos pasarían hasta 16 años en prisión por robo y secuestro exprés, mientras que Damián pasaría solo unos meses encarcelado.
Damián pensó que con esos 10 mil pesos podría comprar una moto chocada para arreglarla y aceptó.
Este no era el primer delito que cometía Damián: había robado autos y transeúntes, además portaba una pistola calibre 25.
Damián y sus amigos dejaron al dueño del auto en Avenida Central, amarrado y amordazado. Al ver que una patrulla los seguía, Damián – quien era el chófer – se puso nervioso y se pasó un alto, en la huida chocó contra un poste.
Fue trasladado a la delegación, sus amigos quedaron libres porque no intentaron huir. Los policías trataron de hacerlo confesar que pertenecía a alguna banda de robo de automóviles.
Durante cinco días, narra, recibió golpes en la cabeza – que no dejan marcas – además le sumergieron la cabeza en un tambo con agua, lo patearon y cachetearon.
Al quinto día y tras confesar que sí robó, lo trasladaron a la Agencia 57 especializada en adolescentes donde estuvo retenido tres días más en un cuarto, pasó 15 días más en el tutelar y luego lo trasladaron a la comunidad de tratamiento donde pasó dos meses y medio.
Durante el tiempo que estuvo en la comunidad de tratamiento regresó a la escuela y en el taller de electrodomésticos recibió el primer diploma en su vida.
Los 10 mil pesos del trato se fueron para sus gastos dentro de la comunidad de tratamiento y para el transporte de su madre.
Los pasos de la justicia para adolescentes
El sistema de justicia empieza desde el momento de la detención donde los agentes de la policía deberán operar con base a los principios, derechos y garantías de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, en la Constitución Federal y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de los instrumentos y convenios integracionales de los que México forma parte.
Los agentes de la policía tienen la obligación de presentar al adolescente inmediatamente y sin demora ante el Ministerio Público después de su detención e informarle de forma inmediata sobre sus derechos.
Si el primer contacto entre adolescentes y agentes policíacos es violado cualquier derecho o garantía esto “causa nulidad del acto en el que ocurra y se determinará la responsabilidad del o los servidores públicos federales” según la ley federal.
Por su parte, al Ministerio Público corresponde investigar las conductas tipificadas como delitos atribuidas al adolescente, desde la denuncia o querella para acreditar la probable responsabilidad.
En el caso de acreditar responsabilidad, el expediente será turnado al Juez de Distrito Especializado para Adolescentes 48 horas a partir de la detención aunque en algunos casos la conformación de los expedientes toma más tiempo.
El juez en función del nuevo sistema de justicia para adolescentes procurará que la medida otorgada al adolescente ayude a su reintegración social y familiar considerando el internamiento como último recurso.
En una encuesta realizada a 167 jóvenes recluidos en los Centros de Tratamiento de Baja California (Mexicali, Tijuana, Ensenada) y Durango (Gómez Palacio), más de 60% de los menores de ambas entidades reportan que los insultaron o maltrataron físicamente durante la detención.
6 de cada 10 detenidos en Baja California fue golpeado y 4 de cada 10 en Durango.
Otro dato preocupante es que 79% de los jóvenes en Baja California y 65% en Durango dijeron que en ningún momento durante su detención o en las horas posteriores, se le brindaran facilidades para comunicarse con algún familiar o conocido.
Los centros de tratamiento serán los encargados de dar seguimiento a las medidas otorgadas en internación o externación y así, diseñar un programa individualizado de ejecución que cubra diferentes áreas para el desarrollo del adolescente.
En el caso de recibir una medida en externación las medidas incluirán volver a la escuela o conseguir un empleo. Se harán revisiones de los expedientes cada seis meses y un supervisor designado vigilará el cumplimiento de las medidas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/CIDAC.
AUTOR: ALEJANDRA DEL CASTILLO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/culpables-o-inocentes-adolescentes-infractores-sufren-las-fallas-del-sistema-de-justicia/
El priista Ramiro Hernández habría permitido el cambio de uso de suelo para la construcción e instalación de centenares de comercios, edificios y gasolinerías irregulares.
Ramiro Hernández García, ex Alcalde priista de Guadalajara, conocía las irregularidades que se cometían en la entonces Secretaría de Obras Públicas y que derivaron en construcciones irregulares, acusó José Luis Valencia Abundis, ex director de la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur).
En entrevista con Reforma, dijo que cuando Hernández García era presidente municipal, toleró la emisión de centenares de dictámenes de cambio de uso de suelo para que fueran compatibles con comercios, edificios y gasolinerías prohibidas en los Planes Parciales de Desarrollo, bajo el argumento de que la ciudad debía continuar avanzando.
“En términos de la administración urbana, los actores que tenían que proteger jurídicamente, es decir, el Síndico y el propio Secretario de Obras Públicas (Carlos Felipe Arias), como ejecutor de los planes de desarrollo urbano, fueron laxos e incumplieron con las normas, los procesos y la Ley, y el alcalde estaba enterado de ello”, señaló.
“Mi función era asesorar al presidente en temas urbanos y presentar los proyectos de planes de desarrollo urbano. Mi salida obedece única y exclusivamente a un revanchismo político, porque se vieron afectados sus intereses cuando me opuse internamente a sus actos irregulares”.
Valencia Abundis fue removido de su cargo el 1 de febrero de 2014, junto con Arias García, quien fue acusado por ciudadanos y regidores del Partido Acción Nacional de haber otorgado unos mil 200 dictámenes irregulares de cambio de uso de suelo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2702/mexico/acusan-de-corrupcion-en-permisos-de-construccion-a-ex-alcalde-de-guadalajara/
Araceli Damián señala que entre las universidades con mayores desvíos reportados por la ASF se encuentran la del Estado de México y la de Morelos.
Los partidos y el gobierno guardan silencio ante la preocupante corrupción con presupuesto de la “Cruzada contra el Hambre” a través de convenios con universidades públicas, señaló la diputada federal Araceli Damián, de Morena.
Mientras que el PRI, PAN y PRD se desgarran las vestiduras y critican la creación de las universidades gratuitas financiadas con recursos donados por las y los diputados de Morena, nada dicen del millonario desvió de recursos públicos, otorgados a diversas universidades públicas, a través de convenios firmados con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para realizar diversas acciones relacionadas con el emblemático programa del gobierno de Enrique Peña Nieto, la “Cruzada Contra el Hambre”, señaló la legisladora.
Araceli Damián explicó que entre las universidades con mayores desvíos reportados por la Auditoría Superior de la Federación se encuentran las universidades autónomas del Estado de México y del Estado de Morelos.
No sólo es que exista evidencia de los malos manejos de los recursos públicos en el reporte de la ASF sobre los recursos ejercidos en 2014 -añadió-, sino que este problema se ha estado presentando desde 2012, sin que al parecer la Procuraduría General de la República realice las investigaciones correspondientes y se finquen responsabilidades.
Por ello,la diputada Damián presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal que haga público el manejo de los recursos destinados a la “Cruzada contra el Hambre”, que fueron entregados a dichas universidades.
Asimismo consideró fundamental que la PGR difunda el curso que se está dando a las investigaciones derivadas de las denuncias penales interpuestas en el mes de agosto del año pasado por la Auditoría Superior de la Federación respecto a malos manejos derivados del ejercicio presupuestal de los años 2012, 2013 y 2014 por parte de la UniversidadAutónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Popular de la Chontalpa y la Universidad Tecnológica de Tabasco. Los casos más graves están en las dos primeras universidades.
Aseveró que la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, prácticamente firmó un cheque en blanco a estas instituciones, y continuó haciéndolo a pesar de haberse detectado las anomalías en el pago a supuestos proveedores para que realizaran servicios que nunca se ejecutaron, o los recursos fueron triangulados a empresas privadas.
El modus operandi detectado por la ASF consiste en que dependencias federales, amparadas en el artículo 1º. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, canalizan recursos a las universidades al contratar servicios, y éstas subcontratan proveedores sin perfil requerido o empresas fantasmas.
Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Uaemor) firmó un convenio el 6 de mayo de 2013 con la Sedesol por 697 millones de pesos para abastecer de equipo a los promotores de la ruta “Sin hambre”, una red de servicios de asesoría y desarrollo de un sistema de administración y seguimiento de los programas sociales.
La Uaemor subcontrató a su vez a cinco empresas –a pesar de que el convenio lo prohibía expresamente y que los contratos resultaron fraudulentos–, y presentó posteriormente las facturas a la Sedesol por un servicio que nunca se realizó. Damián apuntó que este monto es superior al recorte que el gobierno aplicará este año al ISSSTE.
Derivado dela revisión realizada, la ASF interpuso ocho denuncias penales ante la PGR en agosto pasado. Y también se sabe, dijo la diputada, que están involucradas otras dependencias, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación , el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la Secretaría de Economía (SE).
La diputada señaló que para su partido, Morena, el tema de la educación y el alivio a la pobreza son prioritario, y ante la falta de compromiso del Estado -y ahora de algunas universidades-, se quiere contribuir a que en México se amplíen las oportunidades para que los jóvenes puedan tener una educación universitaria pública y gratuita. Por ello, aseguró que las y los diputados de su partido seguirán aportando la mitad de su sueldo para evitar que al menos algunos de los jóvenes rechazados de las universidades públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, se queden sin la posibilidad de continuar estudiando.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2702/mexico/via-universidades-desvian-recursos-de-cruzada-contra-el-hambre-diputada/
En el documental Exportaciones mortales, el cineasta alemán Daniel Harrich le sigue la pista a un fusil decomisado a un narcotraficante por la Policía Comunitaria de Petaquillas. También habla de tres G36 que la Policía Comunitaria de Tixtla le quitó a municipales en agosto de 2013.
Fusiles alemanes G36 exportados a México y distribuidos a policías de Guerrero, pese a la prohibición porque es un estado donde se violan los derechos humanos, han pasado a manos de la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico y a otros delitos.
En el documental Exportaciones mortales del cineasta alemán Daniel Harrich aparece el caso de una de estas armas que Policías Comunitarios de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, le quitaron al jefe de un grupo criminal que operaba en esa región. Con esa información se probó que, esa arma, que puede ser un caso entre muchos más, era usada por un grupo criminal, que no sólo trafica con drogas sino que comete delitos contra la población, como extorsiones, cobro de piso a cambio de permitir actividades comerciales, secuestros y asesinatos.
Los grupos criminales son responsables de que familias de comunidades enteras se hayan desplazado hacia otros pueblos y ciudades donde sus vidas corren menos peligro.
La investigación en que se basa el documental muestra que las armas pagadas con el erario público en Guerrero llegaron a manos de policías que las usaron para reprimir manifestaciones populares, y matar y desaparecer como en el caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y también que los fusiles Heckler & Koch son portados por integrantes de grupos de la delincuencia organizada en Guerrero.
En otras partes los ciudadanos se han constituido como policías comunitarias para autodefenderse de los embates de estos grupos criminales y en sus acciones contra la delincuencia han decomisado fusiles G36 de H&K.
Como ejemplo, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que surgió a finales de 2014 como una organización de autodefensa de los pueblos contra la delincuencia y ante la inactividad o complicidad de las policías del gobierno, decomisó armas al jefe del grupo criminal conocido como El Talibán, en la comunidad de Petaquillas que es la localidad más cercana a la ciudad capital de Guerrero, Chilpancingo, entre éstas un fusil G36 de H&K procedente de Oberndorf , Alemania.
También decomisaron otras armas, un Kalashnikov y una pistola 45 ACP.
El número de serie de la H&K permite seguir el rastro de su camino desde la fábrica hasta su llegada a manos de policías mexicanos.
En el arma se aprecia claramente el número de serie 85-012252, la cual quedó registrada en el séptimo envío parcial del año 2008. En esa ocasión llegaron a México 505 fusiles.
Según documentos de la empresa H&K la constancia de uso final son los estados de Aguas Calientes, Durango, Nuevo León, Sonora y Yucatán con previo permiso expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esa fue una de las irregularidades cometidas en Alemania, el cambio de los nombres de los estados destinatarios de las armas, pero una vez entregadas a la Sedena, ésta se encargaría de entregarlas a los estados que realmente las requirieron.
Sin importar la crisis por violaciones a los derechos humanos las armas que llegaron al país en el vuelo cargo LH 498/29 fueron entregadas a la policía de Chilpancingo vía la Sedena, pero no se tiene la precisión si se trata de la policía estatal o municipal.
El fusil alemán llegó a través de la policía de Guerrero a los grupos criminales, de ahí lo decomisó la policía comunitaria del FUSDEG, que depende de las asambleas del pueblo y es independiente de los gobiernos, pero se desconoce cuántas armas más están en manos de los grupos delincuenciales.
También, por lo menos tres armas alemanas están en poder de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Fortín, municipio de Tixtla, que mantienen resguardadas, y las obtuvieron en el desarme de policías municipales y han advertido que no las regresarán hasta que sea liberado su dirigente Gonzalo Molina González.
Después de los asesinatos de estudiantes en México, las violaciones a los derechos humanos y las armas en poder de criminales, en el documental Exportaciones Mortales el ex trabajador y desertor de la empresa alemana, se cuestiona sobre “desde el punto de vista moral y ético; ¿está bien lo que estoy haciendo?”.
Vendieron tecnología
Hay un entramado obscuro entre la empresa armamentista, el Ministerio de Economía, la dependencia federal para la exportación, y los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa para continuar el negocio de las armas.
Esta red desde hace décadas suministra armas y tecnología en todo el mundo. En el caso de México, para evitar problemas legales por la exportación de armas a zonas prohibidas, acordaron venderle tecnología.
El activista Jürgen Grässlin continúo haciendo denuncias: “yo quise decir que la exportación de armas de alto alcance es lo más grave que puede pasar. Es muy grave lo que pasa. Pero el hecho es que nosotros los alemanes apoyamos el asesinato masivo con la exportación de armaento y además con algo mucho más grave: “con la transferencia de tecnología”.
Desde hace décadas, las armas alemanas tienen el mismo estándar que las del Ejército mexicano. En un desfile militar de 2006 la Sedena presentó una nueva arma de asalto.
La nueva arma, era de producción propia, pero para las personas familiarizadas con las armas, fue claro que era notablemente similar al G36, sin embargo H&K afirmó que la FX05 sólo tiene un parecido con el G36, que la FX05 no es ninguna copia de la G36.
El informante ex trabajador de la empresa Markus B. recordó frente a las cámaras que hubo una visita de clientes mexicanos a la sede principal de H&K en Obendorf que duró cuatro días, en ese tiempo les enseñaron las líneas de producción.
“Los clientes” eran militares mexicanos de alto rango, ellos tomaron fotos y enviaron un reporte a la Sedena.
En la empresa asumieron que los mexicanos planeaban la producción de la G36 en México, la planeación de la licencia de producción contiene cinco fases y el acuerdo conlleva un costo de 63 millones de euros.
El acuerdo se aprobó, los pagos serían a favor de la compañía en Obendorf en cifras millonarias, pero poco después, la negociación aparentemente fue desechada.
En lugar de eso, aparece el proyecto de la FX05 en México con el soporte técnico de alemanes.
El especialista en armas Konrad M. Relató que en 2005 los mexicanos (militares) “acordaron conmigo, construir su propio fisil de asalto. Puede ser parecida en lo exterior a la G36, el programa se llamó FX05”.
Y confirmó que “en lo que concierne al exterior, al peso y el desempeño en funcionalidad de disparo, se parece al G36”.
Konrad M. y Markus B. trabajaron en conjunto con fabricantes mexicanos de armas en lo que presuntamente sería el fusil de asalto de mexicano.
“Se trataba de construir cien mil unidades en ese momento se otorgó un contrato a la Sedena”, explicó Konrad M. Fue precisamente a él a quien se encargó desarrollar, junto con la Sedena, la especificación de las partes materiales para las partes de seguridad.
Alemanes y mexicanos pudieron burlar la ley de Control de Armas, gracias a la compra del conocimiento de expertos, mecánicos e ingenieros del país europeo.
Fotografías expuestas en el documental Exportaciones Mortales muestran que por lo menos hasta 2010-2011 técnicos alemanes colaboraron en el desarrollo y producción del fusil de asalto mexicano FX05.
“Con el cambio a la producción propia, México ya no está sujeto a contratos-licencia y eso trajo ventaja para la empresa alemana, pues con esto el asunto quedó sólo bajo el control del gobierno mexicano.
Frecuentemente los expertos y técnicos en armas alemanas colaboraban con los mexicanos por semanas o meses, capacitando y ayudando a usar la maquinaria alemana, austriaca y francesa que sirve para producir armas.
FUENTE: EL SUR.
AUTOR: ROSALBA RAMÍREZ GARCÍA
LINK: http://suracapulco.mx/2/armas-alemanas-vendidas-ilegalmente-a-mexico-estan-en-guerrero-en-manos-de-la-delincuencia-organizada/
CIUDAD DE MÉXICO: El abogado José Antonio Ortega Sánchez llama “pillos”, “hato de rufianes”, “encubridores” y “verdaderos criminales” que deben ser expulsados de México a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigan el caso Ayotzinapa, pero éstos estiman que en la campaña “de descalificación personal e infamia” hay alguien detrás de este exaltado activista.
“El señor Ortega es el que está liderando esta campaña, pero habría que mirar quién está detrás”, aseguró al corresponsal de Proceso en Bogotá, Rafael Croda, la exfiscal de Colombia Ángela María Buitrago. “Su propósito es obstaculizar la investigación y la defensa de los derechos humanos, impedir que haya un esclarecimiento del caso y favorecer la impunidad” (Proceso 2049).
–¿Quién está detrás de usted? –le pregunta este reportero a Ortega Sánchez.
–¡Nadie, sólo mi conciencia! –responde.
–¿Es el Ejército?
–No. A todos nos interesa el esclarecimiento pleno del caso de Ayotzinapa. Todo lo que he hecho y hago es desde la organización que presido y con información que voy obteniendo.
Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, que impulsa una agenda de seguridad y política con un discurso conservador, Ortega Sánchez defiende su independencia y responde con preguntas:
“¿Quién está detrás de mí cuando presenté la denuncia penal contra el exgobernador Rogelio Ortega Martínez por secuestro? ¿Quién está detrás de mí cuando presenté la denuncia por peculado contra Graco Ramírez, actual gobernador de Morelos? ¿Quién está detrás de mí cuando presenté la denuncia por narcotráfico contra el exgobernador Andrés Granier y su procurador? ¿Quién está detrás de mí cuando defendí a Florence Cassez?”
En realidad, Ortega Sánchez no actúa solo. Lo hace, como en otras ocasiones, como punta de lanza de la extrema derecha de México y específicamente de El Yunque, la organización implantada en varios países de América y Europa, como España –donde también ha sido ya desenmascarada– y Colombia, donde tiene vínculos del más alto nivel político y militar.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2052, ya en circulación
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431698/contra-el-giei-la-sombra-del-yunque
LOS REYES DE SALGADO, Mich: Las extorsiones, un mal que duro años y causó muerte y dolor en la zona y que con la llegada de las autodefensas y Policía Comunitaria se había erradicado; ahora, con la desaparición de estos grupos, regresaron.
Maestros de una primaria, de una preparatoria y hasta de un jardín de niños, denunciaron ante la Policía Federal ser blanco de extorsiones y amenazas por parte del crimen organizado que opera en la zona, las cuales han llegado a la gravedad de amagar con atentar contra los alumnos y contra las familias de los educadores, así lo revelaron ellos mismos ante los representantes de la Ley, quienes prometieron dar con los responsables.
Los afectados asistieron con los federales y les narraron lo que viven, manifestaron que los delincuentes les han llamado por teléfono para citarlos a una reunión y ellos atribuyen el asunto a un grupo delictivo.
Explicaron que lo más preocupante es que los presuntos criminales han amenazado con dañarlos, al igual que a sus parientes y a sus estudiantes si no obedecen con asistir a una junta a un conocido hotel de esta población, de la cual fueron retirados los grupos de autodefensas y policías comunitarias el martes pasado por el Ejército.
Igualmente dijeron a la PF que los pesuntos maleantes conocen los nombres de los docentes, los de sus familiares y también saben sus horarios de entrada y salida a sus escuelas, situación que los mantiene en vilo tanto a ellos como a estudiantes y padres de familia, pues refirieron estar expuestos ante el crimen organizado.
De forma desesperada los maestros pidieron la intervención de la Federal, cuyos efectivos manifestaron que tomarían cartas en el asunto, además de que informaron del caso a los agentes del Mando Único que tomarán el mando del municipio próximamente.
Los uniformados exhortaron a los agraviados a denunciar cualquier ilícito y también les sugirieron no hacer depósitos bancarios a petición de estos tipos que hablan por teléfono y les solicitaron colgar ante llamadas de extorsión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431678/denuncian-profesores-en-michoacan-extorsiones-por-parte-del-crimen-organizado
Era chileno y radicaba en México desde hace varios años, incluso fue candidato a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli por Movimiento Ciudadano en 2012.
Venancio Queupumil Cabrera, activista chileno perseguido por el régimen de Augusto Pinochet, fue asesinado en la clínica médica de su propiedad de la colonia Santa Rosa de Lima, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde radicaba desde hace varios años.
El Universal informó que el pasado jueves dos hombres simularon ser pacientes e ingresaron a la clínica Santa Isabel, propiedad de Queupumil Cabrera, y dispararon contra el médico.
Fue militante del Partido Comunista de Chile y salió de su país con ayuda de Amnistía Internacional. También era integrante de la organización Rumbo Proletario.
El médico estuvo en Cuba y África, aunque finalmente llegó a México, país del que adoptó la nacionalidad y se estableció en Santa Rosa de Lima, comunidad de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde tenía una clínica médica.
El internacionalista fue candidato en el 2012 a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli por el partido Movimiento Ciudadano, comicios en los que se ubicó en el último de los cinco contendientes al cargo, con cuatro mil 982 votos, lo que representó 2.02% de la votación total.
La dirigencia municipal de Morena en Cuautitlán Izcalli emitió un comunicado en el que lamenta el homicidio de Queupumil Cabrera y exige a las autoridades investigar y sancionar a los responsables.
“Condenamos la violencia criminal. Estamos convencidos de que la solución de los problemas que enfrentamos como mexicanos, no sólo es cuestión de organización social, sino que se requiere también de una sólida formación en principios y valores que regenere el comportamiento y estructuras de la misma”, afirma el documento.
Añade: “Exigimos mecanismos oficiales de protección para los familiares del ex Candidato por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli en el 2012, y urgimos a las autoridades a esclarecer el crimen y deslindar responsabilidades para que no quede en la impunidad, con el objetivo de vivir en una sociedad más próspera pero también más justa, libre y humana para todos los izcallenses”.
El escrito de Morena destaca que al parecer no se trató de robo, pues los agresores no se llevaron pertenencias del médico.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2702/mexico/asesinan-en-edomex-a-perseguido-por-regimen-de-pinochet/
Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación detectó, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las zonas en las que hay una mayor desconfianza ciudadana hacia los policías.
Con base en esa información puso en marcha una estrategia de "proximidad" para que los uniformados tengan un mayor acercamiento con la población en cada barrio. El propósito es hacer trabajo conjunto - sociedad y policías- en las tareas de prevención de la violencia.
Las zonas en las que hay una mayor percepción negativa hacia los cuerpos policiales es información confidencial, aunque los funcionarios involucrados en este proyecto señalan que en algunos casos coinciden con los municipios más violentos del país.
Eunice Rendón, directora de Coordinación Intersecretarial de la SG, dijo que el propósito de este plan es aumentar la confianza en la policía, como parte esencial del combate a la delincuencia.
"El policía es uno de los actores más importantes en las tareas de prevención social", dijo. El modelo de proximidad tienen apoyo financiero de las embajadas de Reino Unido y de Estados Unidos, así como de la Unión Europea.
Lo anterior se delineó durante una reunión del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en la que participaron autoridades de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y del Inegi.
"De lo que se trata es que las policías se acerquen a la comunidad, conozcan los temas que más les preocupa a la gente y juntos les den solución”, señaló Rendón.
El Inegi levantará además una encuesta sobre desarrollo y cultura organizacional de las policías en México. El estudio se realizará primero al interior de la Policía Federal para describir el entorno laboral de sus elementos, los programas de profesionalización y su equipamiento.
"El resultado de esa encuesta permitirá establecer una estrategia de desarrollo y profesionalización policial con un enfoque humanista", dijo Gobernación.
Edgar Vielma, representante del Inegi, dio a conocer los resultados de las encuestas Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, y de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, a través de las cuales se identificaron las entidades y áreas metropolitanas donde se requiere reforzar la proximidad entre policías y ciudadanos.
El Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, indicó que mediante ese trabajo se reforzarán las acciones de la corporación en los territorios y las poblaciones que más lo requieran.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/27/sg-pone-en-marcha-estrategia-de-201cproximidad201d-policial-556.html
La maquinaria del gobierno de Enrique Peña Nieto fue puesta en movimiento para que Humberto Moreira saliera de prisión en España. Las principales palancas fueron la SRE y la PGR, que trataron de obtener información sobre el proceso ante las autoridades españolas. A la irregularidad de tales diligencias se sumó el hecho de que la familia de Moreira fue tratada extraordinariamente por la embajada. Y finalmente ha causado escozor el cambio de criterio del juez al poner en libertad al acusado tras haber sido consultado por la parte oficial mexicana. Actualmente, hay un recurso que puede conducir a que Moreira vuelva a ser puesto tras las rejas.
MADRID: La detención de Humberto Moreira, el 15 de enero en Madrid, tomó a la embajadora Roberta Lajous Vargas fuera de base. Se enteró del escándalo en México, adonde había viajado en diciembre, a pesar de que España vivía un convulso proceso político derivado de las elecciones generales celebradas ese mes, y aun cuando este país mantiene un nivel 4 de alerta antiterrorista, temas que demandan atención diplomática.
Algo similar les ocurrió a los funcionarios de la embajada, quienes supieron del arresto por la prensa española. Tal fue el caso de la agregada legal de la Procuraduría General de la República (PGR), Érica Cervantes; del representante del Centro de Información y Seguridad Nacional, Juan Manuel Sánchez; del representante de la Policía Federal, José Palma, y del cónsul Bernardo Córdova.
Entonces empezaron a recibir llamadas de México, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la PGR, reclamando la falta de información oficial.
Enseguida, el gobierno de Enrique Peña Nieto puso en marcha toda la maquinaria de su legación diplomática para favorecer al exgobernador de Coahuila. A la par del apoyo gubernamental, la defensa de Moreira –que encabeza el jurista español Manuel Ollé– contó con el respaldo jurídico de un amigo del acusado, Ulrich Richter.
En noviembre pasado, sólo dos meses antes del encarcelamiento, Moreira y su esposa Vanesa Guerrero habían participado en México en el festejo de 15 años de una hija de Richter. A dicha celebración se sumó el actual presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, según publicó la revista Quién.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2052, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTÍERREZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431699/para-moreira-toda-la-ayuda-gubernamental
Entre marzo de 1994 y el 1 de agosto de 1997, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue sentenciado en tres ocasiones. En todas resultó absuelto, según los registros judiciales. Las demás querellas en su contra, una veintena, han sido infructuosas, pues los abogados del capo sinaloense las han nulificado. Peor aún, las promesas de Jesús Murillo Karam –quien en julio de 2014 dijo que Guzmán Loera sería juzgado y sentenciado por narcotráfico para, después de cumplir su condena, extraditarlo a Estados Unidos– tampoco han prosperado.
CIUDAD DE MÉXICO: Pese a las acusaciones en su contra desde hace más de 20 años, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, no ha recibido hasta ahora ni una sola sentencia condenatoria por narcotráfico.
Es más, ha sido absuelto o amparado en una veintena de casos relacionados con homicidios, producción y tráfico de mariguana y cocaína, delitos contra la salud o portación de arma reservada a las fuerzas armadas.
Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la justicia federal lo han acreditado como uno de los principales jefes de la delincuencia organizada en México, pese a que durante años fue buscado como el narcotraficante más importante del mundo.
Su historia judicial es larga. Se inició a principios de los noventa. Y aun cuando ha sido señalado como jefe de una organización delictiva transnacional, sólo tiene tres sentencias condenatorias por asociación delictuosa, no por narcotráfico. Todas datan de sus inicios en el mando del Cártel de Sinaloa; la más firme fue la del 1 de agosto de 1997, hace 19 años.
Además de esas tres condenas, los registros judiciales de Guzmán, obtenidos por Proceso, refieren 20 acusaciones penales en las que ha sido absuelto y 12 más que enfrentaba al momento de ser capturado por primera vez en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en febrero de 2014. Consultado por esta revista, el abogado coordinador de su defensa, José Refugio Rodríguez Núñez, asegura que actualmente hay diez procesos penales abiertos contra El Chapo, además de los dos de extradición.
Desde el gobierno de Carlos Salinas, el capo sinaloense ha sido acusado por la PGR, pero desde entonces ha sorteado en los tribunales los principales cargos en su contra.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2052, ya en circulación
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/431703/justicia-burlada-por-el-chapo
Ni las sucesivas crisis económicas que mantienen empobrecida a la mayoría de los mexicanos, ni los inacabables casos de corrupción que han exhibido al gobierno en todo el mundo, ni las políticas de “austeridad” implantadas ante estos escenarios, se han traducido en una voluntad política dispuesta a acabar con los privilegios de los expresidentes de la república, la mayor parte de los cuales son, en dinero y en especie, de los más altos del mundo. En su libro Los parásitos del poder, que acaba de ser puesto en circulación por Ediciones Proceso, los investigadores Ernesto Villanueva e Hilda Nucci aportan los elementos nodales para comprender por qué buena parte de esos beneficios son ilegales, además de escandalosamente desproporcionados.
CIUDAD DE MÉXICO: Pensionados de por vida con cientos de miles de pesos mensuales por unos cuantos años de trabajo, agraciados para siempre con seguro social y seguro de gastos médicos mayores para ellos y sus familias, asistidos y protegidos por centenares de empleados públicos, favorecidos con subvenciones y apoyos de todo género, los expresidentes mexicanos forman una casta insólita, única en el mundo por sus privilegios casi monárquicos y los multimillonarios recursos que consumen del erario, muy superiores incluso a los de los países más ricos.
Si bien desde el periodismo, la academia y la arena política ha logrado documentarse una breve parte de esa condición parasitaria que se eterniza a costa del dinero de los ciudadanos, en México muy difícilmente puede encontrarse una investigación que, con datos duros y basada en rigurosas metodologías de las ciencias sociales, haya abarcado ese cúmulo de beneficios como lo hace Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes, libro de Ernesto Villanueva e Hilda Nucci que acaba ser puesto en circulación por Ediciones Proceso.
“En México, para que un ciudadano de a pie pueda ser sujeto de una pensión por cesantía en edad avanzada conforme a la Ley del Seguro Social de 1997, debe tener cumplidos 60 años al momento de causar baja en el IMSS, haber cotizado como mínimo mil 250 semanas –más o menos el equivalente a 25 años de trabajo–, estar de baja ante esta dependencia al momento de realizar la solicitud y encontrarse privado de actividad remunerada”, puntualizan los autores.
Por el contrario, advierten, “un presidente o su similar pueden tener una pensión privilegiada con una quinta parte del trabajo de una persona común”.
Los autores se dieron a la tarea de revisar los ordenamientos legales relativos a los beneficios de los exgobernantes en 21 naciones representativas de los cinco continentes y compararlos con la situación mexicana. Sus hallazgos fueron contundentes: “El caso que más llama la atención es el de México, pues es el único país donde un expresidente recibe aproximadamente 2 mil 379 salarios mínimos como ingreso global mensual.”
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2052, ya en circulación
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO PÉREZ UTERA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431701/expresidentes-parasitos-de-lujo
