Rubén Pérez Andrade fue detenido y consignado por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada, informaron representantes del gobierno federal; "perdimos a nuestros chamacos”, dice José Benítez, padre y tío de dos de las víctimas.
Rubén Pérez Andrade, el octavo policía estatal de Veracruz detenido por la desaparición de cinco jóvenes ocurrida el pasado 11 de enero en Tierra Blanca, confesó a las autoridades que todas las víctimas fueron torturadas y asesinadas, en complicidad con presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Perdimos a nuestros chamacos” dijo a Animal Político José Benítez, padre y tío de dos de las víctimas, tras revelar el contenido de la declaración que les comunicaron autoridades federales, en una reunión informativa que sostuvieron para conocer los avances del caso.
“Esta persona ya confesó y dijo como pasó todo de todo hasta que ya perdimos a nuestros chamacos… confesó que nos los mataron” señaló con la voz entrecortada el señor Benítez.
Fue una reunión que se extendió casi cuatro horas en la que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, les detallaron la declaración de Pérez Andrade. Se trata del primer agente de la policía que confirma no solo la detención ilegal de los jóvenes, sino su presunto homicidio.
El señor José Benítez reconoció que no pudo escuchar el relato completo debido a la crudeza del mismo y tuvo que salirse.
“No aguante la presión de lo que este señor declaró, de la tortura y cosas así. Mi hijo no merecía eso ni ninguno de los muchachos, pero aunque así hubiera sido, nadie tiene que haber pasado por eso” dijo.
De acuerdo con lo informado por las autoridades al señor Benítez, la detención y declaración de este elemento de la secretaría de Seguridad Pública estatal resulta clave, ya que además de dar una crónica detallada de los hechos, da soporte al trabajo pericial que se ha reunido hasta ahora.
Según lo dicho en la reunión a los padres, el agente Pérez Andrade dijo que los jóvenes fueron llevados “a unas galeras” y finalmente entregados a los criminales en El rancho el Limón, donde fueron asesinados.
Animal Político publicó que en dicho rancho, las autoridades encontraron cerca de tres mil fragmentos de restos humanos, la mayoría triturados y calcinados. Hasta ahora, los peritajes han permitido identificar a dos de los jóvenes con el material recolectado, aunque el Equipo Argentino de Antropología Forense está realizando un segundo análisis.
Cabe señalar que hasta ahora ya son ocho los elementos de la secretaría de Seguridad Pública Estatal detenidos por su presunta relación con la desaparición forzada de los jóvenes.
La policía estatal de Veracruz, según datos oficiales del secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública, es la que tiene el mayor número de mandos y agentes en activo que no son confiables.
Seguiremos hasta el final
José Benítez dijo que la presencia permanente que tienen los padres y familiares de las víctimas en las instalaciones de la Fiscalía General de Veracruz continuarán hasta que todos los aspectos del caso se resuelvan.
“La petición que tenemos con las autoridades es que se de con todos nuestros hijos para empezar, y después que ni uno de los responsables de este caso continúen en las calles, que el 100% de responsables estén en la cárcel” dijo.
En la reunión, explicó Benítez, el comisionado de la Policía federal se comprometió a ampliar los radios de búsqueda en torno al Rancho El Limón para dar con los restos de los jóvenes “estén como estén”.
“Unos son los que se llevaron a nuestros hijos y otros son los que los asesinaron y hasta que todos los implicados de esas dos partes no estén detenidos, no vamos a quitar el dedo en la llaga y no nos vamos a mover de aquí” dijo.
En cuanto a una nueva reunión con las autoridades que trabajan en el caos, no quedó una fecha establecida pero si el compromiso de que el encuentro se realizará en cuanto hay nuevos resultados.
El comisionado Enrique Galindo dijo en una entrevista con medios que la detención de un octavo agente de la policía estatal abre nuevas líneas de investigación en torno al caso, de las que no se puede dar detalles para no afectar el caso.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/consignan-a-otro-policia-estatal-ya-son-ocho-por-la-desaparicion-de-5-jovenes-en-tierra-blanca/
El presidente Enrique Peña Nieto designó a Ernesto Nemer Álvarez como nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
El presidente Enrique Peña Nieto designó a Ernesto Nemer Álvarez como nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Peña pidió a Nemer fortalecer la promoción y protección de los derechos de los consumidores, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre consumidores y proveedores de bienes y servicios, según un comunicado de la Presidencia.
En días pasados, Nemer fue criticado por presumir en redes sociales una fotografía con Angelito, un niño bolero de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entonces Nemer Álvarez se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social (Social).
“Lo que quise fue compartir con la gente, que tuve la satisfacción de platicar con el niño, de conocer su vida y conocer también sus condiciones, y sobre todo seguir trabajando por la gente que más lo necesita, que es el objetivo de la Sedesol”, dijo Nemer, tras la polémica y las críticas.
El funcionario anunció que daría una beca al menor.
Nemer es licenciado en Derecho, cuenta con diplomados en Gerencia Pública y Política Social por la Universidad Iberoamericana, así como uno en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
En el Gobierno de la República también ha sido secretario particular del procurador Federal del Consumidor, secretario particular del secretario de Gobernación y coordinador de Eventos Presidenciales.
En el gobierno del Estado de México fue secretario de Administración, secretario de Desarrollo Social y secretario General de Gobierno, mientras que en el ámbito legislativo, fue diputado local por el Distrito XXXV, y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/funcionario-que-presumio-foto-con-nino-bolero-deja-la-sedesol-y-es-el-nuevo-titular-de-la-profeco/
OAXACA, Oax: Una década después del conflicto sociopolítico que se vivió en esta entidad, el expresidente Vicente Fox Quesada reveló que su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa, le exigió el envío de fuerzas federales a Oaxaca para garantizar la asistencia del PRI a su toma de protesta como presidente de la República, el 1 de diciembre de 2006.
De acuerdo con el informe dado a conocer este lunes por la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), Fox actuó de esa manera en respuesta a la crisis poselectoral de 2006, cuando el candidato de la coalición “Por el bien de todos”, Andrés Manuel López Obrador, denunció un fraude. Su contrincante, el panista Felipe Calderón, necesitaba del PRI para legitimarse.
Como moneda de cambio, el Revolucionario Institucional pidió la protección para el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
En su testimonio a la Comisión de la Verdad, Fox también dijo que con aquella decisión rompió un paradigma en la institución presidencial después de la masacre de estudiantes perpetrada el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, que impedía a los mandatarios de la República ordenar la represión directa contra un movimiento social.
El guanajuatense consideró que el operativo instrumentado el 29 de octubre de 2006 en esta capital acabó con “el síndrome presidencial de Tlatelolco” (ningún presidente quería ser Gustavo Díaz Ordaz), y para continuar con eso, dijo, Felipe Calderón mantuvo y acrecentó las acciones represivas directas en contra de los movimientos sociales bajo el contexto del combate a las drogas.
“Esta caracterización hecha por el expresidente, sumada a otros testimonios y análisis recabados por la CVO, permiten considerar que el Estado mexicano ensayó en 2006 en Oaxaca un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo fortalecer la impunidad y cuya aplicación en los años siguientes, a nivel nacional, derivó en lo que ahora es denunciado y visibilizado como una crisis nacional de derechos humanos, la cual tiene como epicentro la ejecución y desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014”, señaló Diego Enrique Osorno, integrante de la CVO.
En su comparecencia ante esa Comisión, Fox reconoció que inicialmente la Secretaría de la Defensa Nacional se negó a participar en el operativo, pero finalmente envió a un grupo de militares vestidos de policías federales para reprimir a los participantes en el movimiento social de 2006.
Alejandro Solalinde Guerra, Marina Patricia Jiménez y Diego Enrique Osorno, integrantes de la CVO, reiteraron que el responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto sociopolítico de ese año, derivadas de la ingobernabilidad, es el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, por lo tanto hay una clara responsabilidad de Estado.
Adelantaron que en abril próximo acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar el informe realizado, pero antes (el 16 del mismo mes) lo darán a conocer a los oaxaqueños en un acto público en la Alameda Central de esta ciudad.
Solalinde, Jiménez y Osorno señalaron que a partir de este lunes se dan por concluidos los trabajos de la CVO, y en el transcurso del día harán entrega del informe a los tres poderes del Estado, además de que realizarán los trámites administrativos para el cierre de la gestión.
Destacaron que con la entrega del reporte iniciará un proceso de edición y publicación del mismo, a fin de que el pueblo de Oaxaca conozca la versión de los acontecimientos investigados por la CVO.
En el resumen ejecutivo, los participantes explicaron que la Comisión de la Verdad inició sus funciones en septiembre de 2014, de conformidad con el Decreto legislativo 2056, y ejerció un presupuesto total de 18 millones 173 mil pesos durante su periodo legal de existencia, entre septiembre de 2014 y febrero de 2016, cantidad que equivale al gasto que hizo el gobierno federal para publicitarse en medios de comunicación en tan sólo tres días.
Entre sus conclusiones menciona que a partir del 14 de junio de 2006, luego de que el gobierno estatal instrumentó un operativo con el fin de desalojar el zócalo de esta ciudad, el movimiento magisterial contó con el apoyo de personas y organizaciones que a la postre conformarían el movimiento social cuyo objetivo común fue la destitución de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador.
Y mientras el movimiento se dio a la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas la toma de instituciones, bloqueo de carreteras, instalación de barricadas, paros sindicales y manifestaciones, el gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales para contener la inconformidad generalizada.
Con el apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército, el gobierno oaxaqueño realizó los operativos denominados ‘14 de junio’, ‘Plan General de Operaciones Antibloqueo’ (20 de julio a 20 de agosto de 2006), ‘Limpieza de Vialidades’ (21 y 22 de agosto de 2006), ‘Plan Hierro’ (1 al 27 de octubre de 2006), ‘Plan Rector de Operaciones “Juárez”’ (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y ‘Guelaguetza’ (1 de julio al 1 de agosto de 2007).
Con ello, el Estado violó de manera masiva y sistemática el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso y garantías judiciales, además de que realizó detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves a los derechos humanos.
La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto se detectó una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esa práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.
A casi una década de esos hechos, la población oaxaqueña no ha tenido conocimiento de la cantidad de recursos públicos que se erogaron para publicitar al gobierno de Oaxaca en medio de la crisis social, y se desconoce el monto destinado a los distintos medios de comunicación que recibieron dinero bajo el concepto de publicidad oficial. Esta situación está directamente relacionada con temas de transparencia, acceso a la información y gasto público.
La CVO registró que al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de los medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos de ellos en más de una ocasión. Y precisó que fueron ejecutados al menos dos periodistas entre octubre y diciembre de 2006: Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez.
De igual manera, destacó la existencia de 373 víctimas, sin incluir a familiares, que por diversas razones no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.
Y con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la CVO solicitó formal y públicamente la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluido el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. El llamado sólo fue atendido por el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva.
En el apartado de anexos del informe se mencionan los nombres de 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que las víctimas entrevistadas por la CVO señalan de manera directa como perpetradores o participantes del conflicto.
Sobre los asesinatos de Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, la CVO concluyó que existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado.
Destacó que durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de actuación por parte del Estado. En primer lugar, apuntó, fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura, y en su gran mayoría las perpetraron grupos armados ilegales, los cuales llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos donde las torturaban.
El siguiente paso era entregarlos a alguna autoridad que volvía a torturarlas y luego ésta las ponía a disposición del Ministerio Público.
Después de la entrada de la PFP a Oaxaca, en esta cadena de custodia fueron incluidos elementos del Ejército bajo el formato de “personal comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública”, según información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por consiguiente –según la información recabada por la CVO–, tanto en documentación oficial como mediante la recolección de testimonios, existen elementos para señalar al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz; al procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez; al secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segrestre Ríos; al director de la Policía Ministerial estatal, Daniel Camarena Flores, y al coordinador de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez.
Todos ellos cometieron una serie de agravios contra Emeterio Marino Cruz, entre los que se incluye: tentativa de homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura, y trato cruel, inhumano y degradante.
Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, operado por las secretarías de Gobernación y Defensa Nacional, así como por la Presidencia de la República, se tienen documentadas 216 personas desaparecidas de 2005 a julio de 2015 en 35 de los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca.
De esa cifra, 97 desapariciones se registraron en el periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 desde el inicio de la administración de Gabino Cué Monteagudo hasta julio de 2015.
En total suman 216 desapariciones, de las cuales 18 pertenecen al fuero federal y se registraron de 2005 a julio de 2015, mientras que 198 son del fuero común y se perpetraron en el periodo que va de 2007 a 2015.
En ese grupo había 115 varones y 101 mujeres, y la media de edad es de 27 años.
También se estableció la responsabilidad del Senado de la República, ya que atendió la solicitud de desaparición de poderes en el estado, privilegiando los intereses políticos enmarcados en la sucesión presidencial de 2006, en lugar de procurar la estabilidad, seguridad y paz en Oaxaca, donde se cometieron una serie de violaciones graves a los derechos humanos luego de su negativa.
Sobre la reparación a las víctimas del conflicto, se realizaron dos procesos: uno a través del fideicomiso F/2001442 conseguido por la dirigencia de la Sección 22 mediante negociaciones con la Secretaría de Gobernación, en 2006, por la cantidad de 5 millones de pesos destinados a 16 deudos de personas que fueron víctimas de homicidio en los años 2006 y 2007 en Oaxaca.
El otro fondo fue gestionado por la Coordinación de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca a partir de una demanda civil, lo que derivó en un acuerdo con el gobierno estatal por 11 millones de pesos para 64 víctimas, quienes presuntamente recibieron 170 mil pesos cada una. Pero la realidad es esto que contribuyó a la división y confrontación entre víctimas.
Finalmente, la gran mayoría de las víctimas de violación a los derechos humanos que fueron entrevistadas por la CVO coincidieron en que el gobierno encabezado por Gabino Cué Monteagudo no les hizo justicia, debido a que los perpetradores no han sido sancionados hasta ahora, y a las víctimas no se les reparó el daño de manera integral.
Y, lo peor, dijeron sentirse engañadas porque los presuntos responsables de la crisis en aquellos años fueron premiados con puestos en el gobierno de la alternancia, y a últimas fechas algunos de ellos o ellas se han postulado como candidatos para ocupar puestos públicos en las siguientes elecciones.
En ese sentido, la CVO consideró que mantener a los perpetradores y encubridores del conflicto sociopolítico en cargos públicos es algo que fortalece la impunidad y daña el proceso de transición democrática.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431854/calderon-exigio-el-envio-de-fuerzas-federales-a-oaxaca-en-2006-revela-fox
CIUDAD DE MÉXICO: El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Fernando Puron Johnston, fue amenazado mediante un mensaje escrito en la pared del panteón municipal.
“Chingas a tu madre Purón, en dos años te vamos a mochar la cabeza” se lee en una fotografía publicada por el diario Vanguardia.
El mensaje apareció esta mañana en la barda del panteón ubicado en la colonia Buenavista y las autoridades locales ya investigan el hecho.
Según el diario, las amenazas están dirigidas para el alcalde y sui familia y advierten que le cortarán la cabeza cuando deje el cargo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431806/amenazan-de-muerte-a-alcalde-de-piedras-negras
CHILPANCINGO, Gro: La violencia e inseguridad ligada al narco que se vive en la entidad se generó hace 10 años por la “corrupción del sistema político”, acusa el Plan Estatal de Desarrollo (PED) elaborado por la administración del priista Héctor Astudillo Flores.
Durante este periodo, administrado por los gobernadores postulados por el PRD, Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre, la entidad “se convirtió” en una de las más inseguras para vivir, “despojando así a los guerrerenses de su tranquilidad y causando temor entre la sociedad y amenazando la gobernabilidad”, señala el documento al que tuvo acceso Apro.
El análisis afirma que al clima de inseguridad generado por el crimen organizado, la corrupción política, impunidad, la ineficacia del sistema judicial y las violaciones a los derechos humanos se suma la presencia de grupos de autodefensa y policías comunitarias que “actúan al margen de la ley y han sido cooptados por el narco”.
Igual indica que la existencia de grupos guerrilleros que se mantienen en estado latente, “se reactivan ante ciertos eventos”, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El texto de 172 cuartillas entregado por el gobernador Astudillo a diputados locales el pasado viernes plantea, en el apartado de Diagnóstico, que Guerrero es uno de los estados con mayor número de asesinatos de funcionarios públicos y políticos que “se sospecha fueron cometidos” por personas enquistadas en la esfera política.
También refiere que los elevados niveles de percepción ciudadana sobre la corrupción de autoridades de SSP, Ejército y Marina, aunados a “la ineficiencia e ineficacia” del sistema judicial, han provocado que 97% de los delitos no sean denunciados.
Esta cifra coloca a Guerrero en el primer lugar entre las entidades “con mayor cifra negra” en la materia.
Incluso, cerca de 70% de los ciudadanos califica como corruptos a policías estatales y federales; los jueces alcanzan 62% de percepción ciudadana sobre corrupción; mientras que el Ejército tiene 30 y la Marina 20% de desconfianza social en Guerrero, indica el PED.
El documento también refiere que 80% de los ciudadanos se sienten inseguros en la entidad y que más de 95% de los homicidios dolosos quedan impunes porque el sistema de procuración de justicia es desarticulado y formalista, debido a que antepone “la verdad formal sobre la verdad de los hechos”, aparte de que prevalecen altos índices de parcialidad, corrupción, impunidad y tráfico de influencias.
Desde 2012, Guerrero ocupa el primer lugar en homicidios a escala nacional. La tasa de homicidios dolosos es de 55 por cada cien mil habitantes, cifra que representa cuatro veces mayor a la media nacional.
En Guerrero se registraron 19 mil 934 homicidios dolosos entre 2005 y 2014, por los cuales la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 7 mil 965 averiguaciones previas que derivaron en mil 601 acusaciones formales y se obtuvieron 764 sentencias condenatorias.
Es decir, del total de homicidios denunciados durante nueve años en la entidad sólo hubo 3.83% sentencias condenatorias, alerta el PED.
Policías comunitarias y guerrilla
El reporte, denominado como el eje rector del gobierno de Astudillo, considera que al clima de inseguridad generado por el narco que actúa en contubernio con autoridades de los tres niveles y el Ejército, se suma la presencia de grupos de autodefensa ciudadanas y policías comunitarias.
Al respecto, el gobierno de Astudillo dice sin especificar que “algunos” de estos grupos armados tienen reconocimiento legal y apoyo del estado y otros los califica simplemente como “ilegales”.
También reconoce que, “en teoría”, las guardias comunitarias surgieron para realizar tareas de vigilancia ciudadana y evitar la infiltración de las organizaciones criminales.
No obstante, afirma que las policías comunitarias han sido “cooptadas con frecuencia por el narco” y que sus integrantes incurren en diversos delitos, como “detenciones arbitrarias, aplicación de justicia por mano propia, tortura y asesinatos”.
Luego hace referencia al caso de la guerrilla, al afirmar que las organizaciones políticas armadas se mantienen en estado latente la mayor parte del tiempo en la entidad, aunque “se reactivan en ciertos eventos”, como el caso Ayotzinapa.
Por ello, el PED señala que Guerrero enfrenta una crisis de inseguridad “sin precedente”, que se generó durante los últimos diez años, periodo donde el fenómeno de la violencia vinculada al crimen organizado ha ido en aumento.
La gobernabilidad en Guerrero, afirma el documento, “se ha visto amenazada” por la inseguridad, y por ello el gobernador Astudillo se ha comprometido “a devolver al estado la gobernabilidad democrática plena”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431853/corrupcion-del-sistema-politico-desato-narcoviolencia-10-anos-astudillo
Ciudad de México. El secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, afirmó que el proceso de evaluación de desempeño de maestros en servicio "requiere de mejoras", pues enfatizó que hay mucho que hacer para convertirlo en un mecanismo "mucho más ágil y eficaz", tras dar a conocer los resultados de la primera aplicación de este mecanismo al que se convocó a participar a 150 mil 86 profesores y directivos, pero a la que se presentaron 134 mil 140, es decir, 90 por ciento.
De los 15 mil 946 sustentantes que no acudieron para ser examinados, 3 mil 360 serán despedidos a partir de este martes, mientras que 12 mil 586 son maestros y directores de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, donde se convocará a un segunda oportunidad para ser evaluados durante el primer semestre de este año.
Ramiro Álvarez Retana, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, señaló que todos los profesores que serán cesados ya han sido notificados de la determinación de la SEP, por lo que serán sustituidos por maestros que concursaron para el ingreso a la carrera magisterial del ciclo escolar 2015-2016.
Por su parte, Nuño Mayer destacó que si bien 48.5 por ciento de todos los educadores que fueron evaluados se ubicaron en niveles de desempeño excelente, destacado y bueno, el 51.5 por ciento tiene un "amplio margen" para mejorar. Agregó que los 3 mil 360 docentes y directivos que serán dados de baja corresponden a las 28 entidades del país donde ya han concluido todos los procesos de examinación.
Por subsistema, Nuño Mayer informó que en educación básica 14 mil 545 obtuvieron resultados insuficientes, lo que corresponde al 14.1 por ciento de los sustentantes; quienes deberán presentar una nueva evaluación antes de un año, por lo que se sumarán al grupo que será convocado en noviembre próximo.
En el caso del nivel suficiente, 38 mil 824 docentes obtuvieron este resultado, es decir 37.6 por ciento; en el nivel bueno están 41 mil 791, lo que corresponde a 40.5 por ciento; 8 mil 153, es decir, 7.9 por ciento se ubicaron como destacados, por lo que recibirán un incremento de 35 por ciento en su salario a partir de la segunda quincena de mayo y retroactivo al 16 de febrero. El titular de la SEP, también indicó que podrán acceder a créditos personales y de vivienda de forma preferente con el ISSSTE.
Por lo que respecta a la educación media superior, 5 mil 134 profesores tuvieron un desempeño insuficientes, lo que corresponde a 18.5 por ciento del total que participaron en este subsistema educativo. En el nivel suficiente fueron clasificados 8 mil 721, es decir, 31.5 por ciento, como bueno el 41.4 por ciento, lo que representa 11 mil 450 profesores y en el nivel excelente se encuentran mil 544, lo que representa 7.4 por ciento, por lo que recibirán un incremento salarial de 24 por ciento.
De los directores evaluados 800, que corresponde a 25.4 por ciento, tienen un nivel insuficiente; mil 38 suficiente; mil 73 tienen un nivel bueno; y 2 mil 34 están como destacados.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/29/con-amplio-margen-para-mejorar-cinco-de-cada-diez-maestros-nuno-5930.html
Toluca, Mex. Ante los 32 gobernadores del país el presidente Enrique Peña Nieto solicitó al Congreso de la Unión acelerar el debate y la aprobación de la iniciativa que envió hace más de un año para crear el Mando Único Policial.
Sostuvo que esa propuesta no puede esperar, “no podemos estar pasivos y dejar que pase el tiempo” pues es fundamental para fortalecer las capacidades del Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado.
Poco después de reinaugurar el teatro Morelos en esta ciudad –donde se efectuó la 50 reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores-, Peña Nieto señaló que no se puede entender que más de mil 800 corporaciones policíacas sin el equipamiento adecuado y sin suficiente capacitación puedan hacer frente al crimen organizado que, por su parte, se ha venido fortaleciendo en sus capacidades financieras y mejoramiento de su equipo.
El presidente señaló que está claro que la iniciativa que turnó al Congreso deberá ser enriquecida por los legisladores. Reconoció la importancia que tuvo el reciente pronunciamiento que hizo la propia Conago, de forma unánime, para respaldar el esquema de construcción de un Mando Único Policial.
Con ello se contaría con 32 corporaciones mejor capacitadas y equipadas para hacer frente a la delincuencia organizada.
Para el presidente al aprobarse esta iniciativa se dará “mayor solidez y mayor robustez al Estado mexicano para hacerle frente a la inseguridad”. Asimismo le permitirá tener mayores elementos para brindar mayor tranquilidad a la población.
Durante la parte pública del encuentro entre el presidente y los gobernadores, el presidente también aludió a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal el cual, dijo, no tendrá ya prórroga y estará vigente a partir del 18 de junio próximo cuando todas las entidades deberán estar aplicándolo ya.
A la fecha, el 74 por ciento de la población -en 22 estados- este sistema opera ya de manera efectiva pero hace falta acelerar el paso para quienes todavía no lo han implementado.
Por otro lado el mandatario se refirió también a la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario pues si bien reconoció que en muchos casos no ha sido parte de las prioridades de los gobiernos es necesario tomar acciones para evitar que se repitan sucesos en los penales como los que se han registrado recientemente y en años anteriores.
Durante la reunión privada que sostuvieron, el secretario de Hacienda Luis Videgaray, presentó a los gobernadores un diagnostico sobre las expectativas que hay sobre la situación economía por la que atraviesa el país.
Peña Nieto estuvo acompañado también del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio, el secretario de Desarrollo José Antonio Meade, y el secretario de Salud José Narro.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA, ISRAEL DÁVILA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/29/pena-nieto-llama-a-acelerar-debate-sobre-mando-unico-1280.html
CIUDAD DE MÉXICO: Con el pretexto del recorte al presupuesto, el gobierno de Enrique Peña Nieto disminuyó en una tercera parte los recursos dirigidos a la igualdad de género en la Semarnat desde 2012, y despidió a las personas expertas en materia de género en las instancias encargadas de la protección al medio ambiente, denunció hoy la Red de Género y Medio Ambiente.
Las activistas de la red entregaron hoy una carta a la Presidencia de la República en la que exigieron la restitución de los programas de la Semarnat en materia de género y sustentabilidad, educación ambiental y aquellos dirigidos a los pueblos indígenas, así como la reinstalación de los funcionarios despedidos de la dependencia a pesar de su profundo conocimiento sobre estos temas.
Karla Priego Martínez, integrante de la organización, aseveró en entrevista con Apro que en los últimos dos años fueron despedidas 40 personas en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y señaló que hubo recortes similares en la Comisión Nacional de las Áreas Nacionales Protegidas (Conanp) y en la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
“Esta gente laboraba en áreas que tienen que ver con género, con pueblos indígenas y con capacitación ambiental; es decir, el trabajo social que tanto nos costó implementar”, lamentó la activista, al recordar que la Red de Género y Medio Ambiente impulsó en 1999 la perspectiva de género en la política ambiental de México.
“Desgraciadamente estamos viendo este desmantelamiento brutal que se traduce en correr a la gente que sabe del tema”, abundó Priego, al insistir en que los recortes afectan “las áreas que no les interesan porque ahí no se pueden hacer negocios”.
En materia de protección ambiental, precisó, “las mujeres tienen un lugar fundamental: son las que manejan la biodiversidad que tenemos, las que seleccionan las semillas, las que reforestan, que saben de medicina tradicional. Tienen un rol fundamental en la conservación de nuestros ecosistemas, y sus saberes y conocimientos están reconocidos por los convenios internacionales”.
Las activistas denunciaron el “doble discurso institucional” que maneja el gobierno federal, pues aseveraron que en las cumbres internacionales los representantes de la administración de Peña Nieto presumen los avances en materia de perspectiva de género y medio ambiente en México, mientras que “en casa” desmantelan las estructuras que se construyeron en los últimos 17 años.
También plantearon que la igualdad de género es un principio transversal del Plan Nacional de Desarrollo que adoptó la administración priista. “Vemos que todo parece ser un montaje”, subrayaron en su carta.
Asimismo, deploraron la actitud “inerte” que adoptó Lorena Cruz Sánchez, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quien no se pronunció ni tampoco actuó para impedir el desmantelamiento de los mecanismos que fomenten la perspectiva de género en la política ambiental del país.
“Vemos que ella está pasiva ante todo esto, cuando la propia ley dice que la responsabilidad del Inmujeres es la transversalidad de la perspectiva de género en todas las dependencias del gobierno. No ha dicho absolutamente nada, no ha pedido explicaciones, lo cual es su papel. Pareciera ser que a ella no le toca este tema”, lamentó Priego.
La activista recordó que la funcionaria “no tiene un historial que demuestre que sepa del tema, que esté comprometida con los derechos de las mujeres”.
La semana pasada, Proceso publicó un reportaje –con base en información obtenida a través de la plataforma Méxicoleaks–, donde documentó las irregularidades en la gestión del Inmujeres y los despidos masivos que avaló su presidenta.
En los próximos días, las integrantes de la Red de Género y Medio Ambiente entregarán una carta al Inmujeres en la que darán a conocer su repudio al “retroceso que estamos presenciando en las políticas de igualdad de género y del medio ambiente en el país”, y recordarán que México, como participante a la llamada Plataforma de Beijing, tiene la obligación de avanzar en la materia de mujeres y medio ambiente.
Las activistas acompañaron la entrega de la misiva con una actividad cultural en la salida del metro Constituyentes, a un costado de la caseta de seguridad que regula el acceso hacia la residencia presidencial de Los Pinos.
Esta actividad consistió en el “juicio ciudadano” de muñecos de cartón articulados que representaban a Peña Nieto, Rafael Pacciano Alemán, titular de Semarnat, y Lorena Cruz Sánchez.
En un pequeño teatro los políticos fueron cuestionados por su ineficiencia, su doble discurso y su visión de los recursos naturales como mercancías.
“Durante este sexenio observamos con gran preocupación que quienes están a cargo de las políticas ambientales actúan sin conocimiento y dejan en evidencia una gran ausencia de profesionalidad y ética, pues tal parece que la prioridad, antes de la conservación y la protección ambiental, es la de hacer negocios con los recursos naturales de nuestra nación”, sostuvieron las activistas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431827/denuncian-despidos-y-recorte-de-recursos-en-materia-de-genero-en-la-semarnat
Fue hasta que la alumna empezó a convulsionar que fue trasladada al centro de salud de la localidad, donde murió.
A juicio del titular de la CDHEC, se trata de un caso delicado porque involucra la vida de una menor que se encontraba estudiando cuando se puso mal de salud, por lo que después de una reunión con las áreas de visitaduría del organismo, el funcionario consideró “prudente y necesario” abrir una investigación de oficio para conocer a detalle qué fue lo que sucedió.
En entrevista, Flores Arias refirió que uno de los primeros pasos será solicitar un informe sobre los hechos a la directora de la secundaria y a la propia Secretaría de Educación del gobierno estatal, para darles la oportunidad de que aporten más datos y antecedentes en torno al suceso, como por ejemplo si la alumna ya había tenido problemas de salud previamente o si estaba tomando algún medicamento.
Además, dijo que pedirá información a la Secretaría de Salud y Bienestar Social (SSBS) y al IMSS, en su caso, con el fin de allegarse más elementos sobre las condiciones del fallecimiento de la menor y de su historial médico.
Esto hará posible confirmar o descartar la existencia de una violación a los derechos humanos y, en caso de que haya responsabilidad por parte de algún servidor público, realizar una recomendación para que no se presenten casos en los que por no cumplir con la atención debida, alguno de los estudiantes resulten afectados en sus derechos, concluyó el funcionario.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431831/alumna-se-sintio-mal-en-la-escuela-y-murio-directora-dijo-que-era-un-berrinche
MORELIA, Mich: El nuevo líder de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con sede en Michoacán, Víctor Manuel Zavala, cuenta con orden de aprehensión desde 2013 por delitos federales y locales como toma de carreteras, quema de vehículos y secuestro de camiones.
Otros líderes de la CNTE con órdenes de aprehensión pendientes son: los exsecretarios generales, Juan José Ortega Madrigal, Jorge Cázares Torres, Eugenio Rodríguez Cornejo, éste último exsecretario de organización; además de Víctor Manuel Quintanar Pérez, comisionado de pagos pendientes y conflictos álgidos de la Sección y Eligio Valdés Cervantes, director de primaria en la Región Morelia.
El gobernador michoacano Silvano Aureoles confirmó que las órdenes siguen vigentes para todos los representantes de la CNTE pero aún no se han cumplimentado.
Zavala Hurtado es profesor de Educación Física –con tres plazas registradas– en el Fondo de Aportaciones para la Nómina y el Gasto Educativo (FONE). Fue representante de la Coordinadora en Pátzcuaro y después contralor de la CNTE en Michoacán.
El líder fue elegido durante el VII Congreso de Bases de la CNTE, que se instaló el jueves pasado. La lista de posibles candidatos era de 22 profesores, pero el número se redujo el domingo.
En las asambleas locales se reportaron agresiones y delegados que fueron sacados del pleno, además de acusaciones de corrupción entre los representantes regionales.
Zavala Hurtado, fue electo luego de polémicas acusaciones contra 44 miembros del Comité Ejecutivo Seccional, los cuales fueron sancionados por presunta corrupción.
Víctor Zavala, superó 425 votos contra 305 a Gonzalo González, de la región Zamora.
La orden de aprehensión de Zavala Hurtado se hizo a la par de otros 27 líderes de la CNTE que participaron en las protestas en el estado contra la reforma educativa desde hace tres años.
Zavala Hurtado sustituirá a Juan José Ortega Madrigal y cubrirá el periodo 2016-2019.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431807/nuevo-lider-de-la-cnte-michoacan-tiene-orden-de-aprehension-pendiente
La UV denunció este día que el gobierno de Duarte no sólo adeuda a la institución 2 mil 700 millones de pesos, tampoco ha destinado los recursos presupuestados para este 2016. Cientos de alumnos salieron a las calles para reclamar al Gobernador Javier Duarte el pago a esa casa de estudios.
La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, denunció que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa no sólo adeuda a la institución más de 2 mil millones de pesos de recursos federales y estatales de años pasados, también debe los recursos presupuestados para este 2016.
“Estamos a punto de iniciar el tercer mes del año y aún no hemos recibido los recursos financieros que usted mismo señala en el anexo 1 de su oficio de referencia Calendario Subsidio Estatal Ordinario y Ajustado del Ejercicio 2016.
“En otras palabras, seguimos esperando los recursos presupuestados para enero y febrero, así como los programados para el mes de marzo”, remarcó en una carta dirigida al Gobernador.
El pasado 25 de febrero, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) exigieron al Gobernador de Veracruz que acate el Convenio de Apoyo Financiero para el sostenimiento de la Universidad Veracruzana, suscrito por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobierno estatal y la UV.
En un dictamen aprobado el pasado jueves, el Pleno también llamó al Órgano Fiscalizador Superior del Estado de Veracruz y a la Auditoría Superior de la Federación para que auditen “la administración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros estatales destinados a la Universidad Veracruzana”, informó el Senado en un comunicado.
En respuesta, Duarte ofreció aumentar el presupuesto de la UV, luego de haberle reducido 7 por ciento los recursos de 2016 con respecto a 2015, lo que significó 249 millones 844 mil pesos menos para la casa de estudios.
Ladrón de Guevara dijo en su carta que la universidad someterá al debate de su Consejo Universitario General, el viernes próximo, la propuesta de Duarte de garantizarle anualmente una partida del 3 por ciento del presupuesto general del Estado.
LO QUE LA UV RECLAMA
Los primeros días de febrero, la rectora de la Universidad Veracruzana denunció una “muerte lenta” de la institución, y sostuvo que el gobierno de Javier Duarte les sigue debiendo 2 mil 75 millones de pesos. Acusaron además que la administración estatal les está fabricando deudas a la universidad para no pagarles. La rectora alertó que si el gobierno del estado no paga el adeudo total, se corre el riesgo de que la educación universitaria ya no sea pública, y que los veracruzanos tengan que pagar por estudiar en la UV.
Además anunció que interpuso dos denuncias penales contra el gobierno del estado por el incumplimiento de pago completo y oportuno de los subsidios estatal y federal ordinarios. Y promovió un amparo ante el presupuesto asignado para éste 2016.
En conferencia de prensa, el 5 de febrero, la rectora junto a la secretaria de finanzas de la UV, Clementina Guerrero García, y al abogado general Alberto Islas Reyes, detallaron que al ver que el diálogo y negociación con el Gobierno estatal no dio resultados, decidieron emprender las acciones legales.
Las denuncias penales fueron interpuestas el pasado 2 de febrero contra quien resulte responsable y bajo los delitos que las fiscalías consideren. La primera denuncia fue puesta ante la Coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos.
El pasado 25 de febrero, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) exigieron al Gobernador de Veracruz que acate el Convenio de Apoyo Financiero para el sostenimiento de la Universidad Veracruzana, suscrito por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobierno estatal y la UV.
En un dictamen aprobado el pasado jueves, el Pleno también llamó al Órgano Fiscalizador Superior del Estado de Veracruz y a la Auditoría Superior de la Federación para que auditen “la administración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros estatales destinados a la Universidad Veracruzana”, informó el Senado en un comunicado.
MARCHA DE ESTUDIANTES
Cientos de estudiantes de distintas facultades de la Universidad Veracruzana marcharon contra el gobierno estatal por el adeudo de más de 2 mil millones de pesos que tiene con la institución educativa. También protestaron contra la reducción del presupuesto universitario.
“somos UV queremos fuera a Javier Duarte por ratero“, gritaron los manifestantes en su recorrido.
La petición es que el Gobernador del estado, Javier Duarte, pague a la universidad los 2 mil 700 millones de pesos que le adeuda desde el 2014 de presupuestos federales y estatales.
A la protesta se unieron profesores, investigadores, personal administrativo y sociedad civil de la universidad Veracruzana y pensionados.
En Boca del Río, un numeroso contingente de alumnos caminó de Rectoría, ubicada en Campus Mocambo, al Centro Histórico, donde terminó uniéndose a los pensionados que bloqueaban las calles de Juárez e Independencia.
“Estamos aquí presentes, vamos a apoyar a los pensionados, vamos a estar aquí hasta que nos devuelvan nuestros derechos universitarios y de pensionado. bDamos todo nuestro apoyo a la rectora Sara Ladrón de Guevara, es por el adeudo”, dijo un alumno de Medicina.
Este es el tercer día que los universitarios se manifiestan en Veracruz en contra del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El pasado jueves miles de personas se manifestaron en calles de Xalapa, Veracruz. El colectivo llegó hasta la Plaza Lerdo de Tejada, donde trabajadores de la Universidad Veracruzana, maestros, pensionados y ciudadanos en general exigieron al Gobierno de Javier Duarte de Ochoa el pago de un adeudo multimillonario que mantiene con la Universidad Veracruzana (UV). También protestaban contra la reforma a la ley de pensiones del estado que propuso en días pasados el mandatario.
Al día siguiente, las manifestaciones continuaron, esta vez los contingentes estaban encabezados por estudiantes. Transitaron por diversas calles de Veracruz. Las exigencias eran las mismas. Durante la marcha, que también desembocó en la Plaza Lerdo de Tejada, automovilistas mostraron su apoyo a las consignas de los estudiantes: “UV te queremos, por eso te defendemos”,“Duarte ratero devuélvenos el dinero“, corearon.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-02-2016/1630582
La Procuradora Arely Gómez aseguró que “es una costumbre habitual que entre fiscales o procuradores de los diferentes países, tengamos comunicación”. Por su parte, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó que la dependencia contribuyera para ayudar en España al ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, “lo hicieron las instancias que les corresponde, Relaciones Exteriores, la Procuraduría, y hay que seguir validando los apoyos a otros mexicanos que están en situaciones más difíciles”, dijo.
Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció que sí contactó a su homóloga española, Consuelo Madrigal, tras la detención del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, aunque negó haber hecho algo “más allá de lo que marca su actuar” para que el ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) saliera de prisión, como lo asegura una investigación publicada por El País.
El periodista que realizó la investigación sobre la operación de Estado para rescatar a Moreira de la prisión española en la que se encontraba por el presunto lavado de dinero público o de Los Zetas, dijo que la llamada de la Procuradora era inusual y que había sorpresa por parte del Gobierno de España.
Refirió que en los últimos años sólo Rusia había hecho un contacto similar porque estaba interesado en un caso que involucraba a un disidente. “La propia Embajada [mexicana] se dirige por escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores [de España], para que pidiera al Juez información sobre el caso Moreira, algo que la Audiencia Nacional, que es un tribunal Español donde se tratan estos delitos tan graves, no había pasado nunca. Nos han contado que en alguna ocasión Rusia, o Países de ese perfil, han hecho solicitudes similares que otras Naciones democráticos no se atreverían”, dijo.
“Bueno, eso quisiera aclararlo, es una costumbre habitual que entre fiscales o procuradores de los diferentes países, tengamos comunicación. Yo en el año que llevo como Procuradora General de la República, tengo constante comunicación con mis homólogos en otros países”, dijo Gómez González entrevistada al término de un evento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Procuradora aseguró que se trató “simple y sencillamente [de] una llamada para ver algunos asuntos que tenemos pendientes, de hecho hay organizaciones a las cuales pertenezco donde tenemos que platicar de algunos temas, entonces es un tema muy común el estar hablando”, dijo. Insistió que es “absolutamente común que si ellos tienen un caso acá y nosotros tenemos un caso allá, hablar y respetar la respuesta, no insistir, pero es parte de mi trabajo”.
De acuerdo con la primera parte de la investigación del periodista José María Irujo, la liberación en España de Humberto Moreira fue una gestión de mayor nivel que se gestó desde el pasado 21 de enero, a horas de que se llevara a cabo la audiencia del ex líder del PRI en la que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordó su puesta en libertad. El País publicó que en esa ocasión, la Procuradura Arely Gómez telefoneó a su homóloga Consuelo Madrigal, para conocer la posición de los fiscales españoles que tienen el caso del ex mandatario.
En una segunda parte de la investigación, publicada el día de ayer, El País refirió que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no solamente utilizó las herramientas a disposición del Poder Ejecutivo, como la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en Madrid, sino que también echó mano del hermano de un funcionario del Poder Judicial.
“El Gobierno mexicano movilizó al hermano de un miembro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para asistir a Humberto Moreira cuando estuvo en prisión en España, acusado de lavado de dinero proveniente del narcotráfico”, refiere la investigación del periodista José María Irujo. De acuerdo con el diario, Moreira recibió apoyo no sólo de la Embajada, también de la Agregaduría Legal de la PGR en el país europeo.
“El funcionario de la Embajada de México en Madrid Abraham Pérez Daza, hermano de un alto cargo de la Justicia de ese país, fue el encargado de protagonizar las misiones más delicadas en el apoyo y asistencia que el Gobierno de Enrique Peña Nieto dio a Humberto Moreira”, señala el texto.
Al respecto, la Procuradora Arely Gómez dijo este día que Abraham Pérez Daza ya es investigado por el Órgano Interno de Control, que depende de la Secretaría de la Función Publica (SFP).
“Se tiene que analizar cuál fue su actuación y si estuvo dentro de la norma o fuera de la norma, ese es un tema que no me compete a mí, en un mes aproximadamente se tendrá ya el resultado de la investigación. El Órgano Interno de Control será quien tendrá que determinar cual es su situación”, dijo a la prensa.
Cuestionada sobre si la PGR da el mismo apoyo que dio al ex dirigente del PRI, dijo:
“Con los mexicanos que tenemos noticias, lo he hecho por ejemplo en el caso de los tailandeses que tuvieron un problema, que fue un problema personal porque ellos iban a una camioneta. Con los temas que salen. Así también cuando ha habido casos en el aeropuerto de alguna chica o chico en algún otro país, en los casos que son notorios, o en los que se nos pide ayuda, lo hacemos”.
Por su parte, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó que la dependencia contribuyera para ayudar en España al ex Gobernador de Coahuila. “Lo hicieron las instancias que les corresponde, Relaciones Exteriores, la Procuraduría, y hay que seguir validando los apoyos a otros mexicanos que están en situaciones más difíciles”, dijo.
Humberto Moreira fue detenido el viernes 15 de enero en Madrid en el marco de una operación llevada a cabo por el juez Santiago Pedraz. La Policía Española dijo en su cuenta de Twitter: “MisiónCumplida”.
El equipo del ex líder nacional del PRI dijo a Grupo Fórmula que su arresto se debió a cuestiones migratorias, pero mintió. El priista fue arrestado por presunta actividad criminal.
El 22 de enero, de manera sorpresiva, Moreira dejó la prisión. Y el 3 de febrero ya estaba en México. Listo para lo que siguiera.
Una vez aquí, Moreira Valdés dijo en entrevista que si existiera la posibilidad de reelección en la gubernatura, él se presentaría a los comicios. “Si hubiera posibilidades de reelección para Gobernador, me presentaría”, expresó. De ser así, la familia Moreira cumpliría 18 años al frente de Coahuila. Después de Humberto, Rubén Moreira fue elegido Gobernador. Luego vendría otra vez Humberto. Tres periodos de 6 años cada uno.
En la entrevista, el ex Gobernador aseguró que volverá a la política de Coahuila, luego de casi cinco años de ausencia. En un principio lo haría con el Partido Joven, que es local. Sin embargo, también consideró a su actual partido, el PRI. “Recordemos que puede haber alianzas […]”, afirmó.
La detención de Moreira Valdés en España causó polémica por la falta de investigación previa de las autoridades mexicanas, pese a denuncias de políticos y grupos civiles sobre el presunto delito de peculado que el político priista habría cometido en contra del erario de Coahuila.
Pero en México no existe ninguna denuncia en contra del ex Gobernador de Coahuila, al menos así lo afirma la PGR. Jorge Vargas Espinosa, subdirector de información de la Procuraduría, confirmó que hasta el momento no hay una investigación abierta en la dependencia.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-02-2016/1630489
ZAMORA, Mich: En un solo día, ayer domingo, fueron ejecutadas 11 personas en diferentes puntos de la entidad, mientras el gobernador Silvano Aureoles y parte de su gabinete promocionan que la entidad es “un paraíso” para la inversión.
Al tiempo que el mandatario visitaba la ciudad de Chicago, los michoacanos padecieron un domingo sangriento en distintos puntos del estado, con saldo de 10 baleados y el hallazgo de un cuerpo en una fosa clandestina.
Este domingo perdieron la vida en ataques de esta categoría dos personas en Zamora; cuatros sujetos en dos hechos distintos en Villamar y, finalmente, uno en Morelia. Aparte de que una fuerte movilización de elementos de la policía estatal se generó tras el hallazgo de dos cuerpos ejecutados.
En Uruapan, tres jóvenes que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en una esquina de la colonia La Mora fueron acribillados a balazos por sujetos no identificados; dos de ellos perecieron en el lugar y otro más murió mientras recibía atención médica en una clínica de la colonia La Tamacua.
Los hechos tuvieron lugar poco después de las 19:00 horas, cuando en la esquina de las calles Tulipán y Galeana, de la populosa colonia La Mora, se encontraban los tres jóvenes, identificados como René “R” y los hermanos Santiago y Alejandro “T”, hasta donde arribaron varios sujetos a bordo de una camioneta azul marino.
Poco antes fueron hallados dos ejecutados dentro de una camioneta, sobre la brecha La Angostura, a la altura de la comunidad de 18 de Marzo.
Las víctimas, de entre 40 y 45 años, estaban uno en la parte de adelante del vehículo y otro en el asiento trasero con disparos en la cabeza provenientes de un arma de 9mm.
En Villamar, un ataque a balazos en un establecimiento de bebidas alcohólicas, ubicado en esta población, terminó con dos muertos y tres lesionados.
Los ahora occisos fueron identificados por sus familiares como Martín R., de 40 años, y Luis C., de 47; en tanto que los heridos dijeron llamarse Miguel Ángel T., El Pike, de 30 años; Raúl F., de 19, y Juan Manuel B., de 42 años.
En Sahuayo, un hombre fue ejecutado a balazos, crimen del que se desconoce la identidad del criminal o criminales.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas, y se desconoce si la víctima se encontraba sobre la banqueta o iba caminando por la calle La Cruz. Esto ocurrió entre las calles de Tepeyac y Victoria, en la colonia Cristo Rey, en esta ciudad. La víctima quedó sin vida sobre la banqueta.
Y finalmente se reportó el hallazgo de un hombre en una fosa clandestina
Los 11 hombres que fueron ultimados a balazos este domingo representan 40% del total que se registraron en el mes de enero en todo Michoacán.
Es precisó recalcar que el modus operandi de ataque fugaz, desde un vehículo en movimiento, se está haciendo común en todos los municipios.
Es decir, nueve de los 11 ejecutados este domingo murieron de este modo, lo que representa 75% del total. Los ilícitos fueron perpetrados en Sahuayo, Buenavista, Uruapan, Morelia, Ciudad Hidalgo, Villamar y Zamora.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431825/michoacan-11-ejecutados-mientras-aureoles-promociona-la-entidad-en-eu
XALAPA, Ver: Rubén Pérez Andrade, octavo policía estatal involucrado en la desaparición forzada de cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente, fue detenido en días pasados y con ello se ha fortalecido la línea de investigación que apunta a que los cuerpos de seguridad reciben órdenes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En cumplimiento a los compromisos adquiridos por los gobiernos estatal y federal, este lunes se reunieron el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; el comisionado federal de la Policía Federal (PF), Enrique Francisco Galindo Ceballos, y la fiscal de Investigaciones Ministeriales, Rosario Zamora González, con familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca.
Ahí se reveló a los familiares los avances de las investigaciones ministeriales coordinadas entre la Federación y la Fiscalía General del estado y que dieron como resultado la consignación ante el juez de primera instancia de un octavo policía estatal de esa región, por el delito de desaparición forzada.
“Entendemos que el octavo policía detenido era la mano derecha de Marcos Conde (el delegado estatal de la SSP en Tierra Blanca). Pérez Andrade funge como escolta personal de Conde, él ya relata todo el suceso, admite que es copartícipe, él señala a los demás policías”, expresó vía telefónica Bernardo Benítez, padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos y cuyos restos presuntamente fueron encontrados en el rancho El Limón en el municipio de Tlalixcoyan, donde fueron hallados más restos que continúan sin identificar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431858/cae-otro-policia-implicado-en-la-desaparicion-de-5-jovenes-en-tierra-blanca
