Señales del Gobierno federal y desde el PRI indican que Javier Duarte ya está por su cuenta

Estudiantes, académicos, sociedad civil, ciudadanos, periodistas y organizaciones internacionales tienen meses presionando para que el Gobierno federal acepte que Veracruz se ha salido de control. Violencia, criminalidad, deuda, negligencia e incapacidad para administrar socialmente al estado resumen el rol de Javier Duarte de Ochoa en estos pocos años. Ahora, parece, hay señales de que esa demanda será atendida. El PRI y la administración Peña parecen haber comprendido el costo de mantener a su Gobernador más tiempo.

El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, vive una presión inédita para que deje su cargo, de acuerdo con fuentes consultadas por SinEmbargo. Ya no es sólo una exigencia desde la sociedad civil, sino también desde su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), y desde el Gobierno federal. Y las señales enviadas en los últimos días parecen así confirmarlo.

Duarte de Ochoa no fue recibido la semana pasada por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El dato, que pudiera ser un simple tema de agenda, se hizo público. Para algunos observadores ésta es la última señal que el Gobierno federal envía a Duarte. Pero no es la única.

“Hay muchas señales. Por ejemplo –explicó una fuente a SinEmbargo–, el hecho de que la Policía Federal [su Comisionado, Enrique Francisco Galindo Ceballos] y una Subsecretaría de Gobernación [el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián] hayan dicho que el caso Tierra Blanca no se resuelve con las declaraciones de los policías detenidos, tiene un significado. Los policías dijeron que los jóvenes fueron entregados a criminales, quienes los mataron y los incineraron. El Gobierno federal dice que esas declaraciones no resuelven el caso. Eso significa que se le perdió la confianza al gobierno local, y no hay contactos de calidad, de primeros niveles. El Gobierno federal sospecha que, en su urgencia por resolver alguna de las crisis abiertas, hayan torturado a esos policías para que se declararan culpables”.

Cinco jóvenes fueron secuestrados en Tierra Blanca, Veracruz, hace 51 días. Esto abrió la última gran crisis a la administración estatal.

Javier Duarte de Ochoa, de 42 años, no puede renunciar a su cargo; si decide irse, por “invitación” o por decisión propia, es necesario que solicite licencia porque ocupa un puesto de elección popular. Los partidos opositores Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron ayer formalmente a la Cámara de Diputados un “juicio político”, figura contemplada en las leyes mexicanas pero con poca efectividad, en los hechos, porque se ha utilizado pocas veces. El Artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos indica que “es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Pero se requiere una votación mayoritaria en un órgano colegiado donde el PRI es mayoría.

Organizaciones civiles y miembros de la sociedad civil, activistas, académicos, periodistas, estudiantes y partidos de oposición han exigido que deje el puesto, desde hace al menos dos años. Pero la demanda se ha acentuado en las últimas semanas, con marchas y manifestaciones. Hay reclamos en el plano civil y en el político por la violencia en el estado, la participación de policías en la desaparición de hombres y mujeres, los asesinatos y secuestros de periodistas, el aumento de la deuda pública y un desorden en las finanzas reflejado en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El Gobierno de Veracruz tiene, ciertamente, un tiempo reglamentado para responder y solventar, es decir, explicar ante la ASF dónde están 14 mil 47 millones de pesos que se contabilizan como daño patrimonial.

Desde que Duarte de Ochoa llegó al poder, el 1 de diciembre de 2010, la ASF calcula daño patrimonial por 35 mil 421 millones de pesos en las finanzas estatales. La deuda pública ha crecido y se debe no sólo a proveedores, sino también a la Universidad Veracruzana, que reclama la entrega de al menos dos mil millones de pesos retenidos.

“No se ha empleado un solo peso fuera de las actividades propias de la gestión del gobierno. Tengo las manos limpias y vengo con la frente en alto a decirles a los veracruzanos lo que pasa”, dijo Duarte de Ochoa en una conferencia, hace dos días, en la explanada de Palacio de Gobierno. Apareció con su familia, con diputados locales y federales. Estuvo escoltado por policías estatales.

“No creo en la política del descrédito, de la confrontación estéril, ni de la condena oportunista. Tampoco obedezco a presiones electoreras”, agregó.

Para algunos observadores, esta conferencia fue la confirmación de que Duarte ha decidido confrontar a quienes le piden que se vaya.


Y esto es señal también de que va por su cuenta.

LA RUPTURA

Una fuente dijo a SinEmbargo que “hay una ruptura [de Duarte] con el primer círculo del Presidente”. Otra señaló ayer que incluso en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido hay malestar. “Se tomó distancia con él, primero, y ahora han empezado a soltar el descontento en ciertos círculos”.

En el periodo de Duarte de Ochoa, Veracruz se convirtió en la entidad más peligrosa de América Latina para ejercer el periodismo, y en una de las más mortales del mundo. Cuando empezaba su mandato, el 20 de septiembre de 2011, en Boca del Río, fueron arrojados 35 cuerpos de hombres y mujeres frente al edificio donde se realizaba el XI Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, y Procuradores y Fiscales Generales de Justicia. Allí estaba la Procuradora Marisela Morales Ibáñez.

El Gobernador sostiene en este momento un enfrentamiento con la Universidad Veracruzana, a la que le ha negado recursos por más de dos mil millones de pesos. Esto ha llevado a que miles salgan a las calles a protestar no sólo en la capital, Xalapa, sino en distintas ciudades.

Duarte ha dejado sin aclarar casos alarmantes, como el sucedido el viernes 28 de enero del 2012, cuando elementos de la Policía Federal de la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa detuvieron en el aeropuerto de Toluca a Said Zepeda y Miguel Morales con dos maletines de 25 millones de pesos en efectivo. Su entonces Secretario de Finanzas, Tomás Ruiz González, dijo que el dinero estaba destinado a “las festividades del Día de la Candelaria en Tlacotalpan”. Dos días después, Vicente Benítez González, el Tesorero estatal, dejó si cargo. Gustavo Madero, en ese momento dirigente nacional del PAN, dijo que ese dinero estaba destinado a financiar la campaña de Enrique Peña Nieto. “No me vengan con esas vaciladas de que eran para comprar tamales”, señaló.

Duarte de Ochoa dijo el 20 de noviembre de 2012 que tenía una invitación del entonces Presidente electo, Enrique Peña Nieto, para irse al Gobierno federal. “Se los digo puntualmente: yo recibí ya una invitación por parte del Presidente electo Enrique Peña Nieto para participar en su administración. Solamente que la invitación es para enero de 2017. A partir de ese día estaré yo integrado al Gobierno federal. Hasta ahora tendré que desarrollar con una gran emoción y un gran orgullo el cargo que tengo y que trato de honrar todos los días”, dijo a la prensa local.

Esas condiciones han cambiado, a juzgar por lo que dijo ayer Beatriz Pagés, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, al periódico Reforma. “El Gobernador debería renunciar. Ya debió haberlo hecho, no ayer ni antier, sino desde el año pasado. El Gobernador ha sido frívolo en su manera de operar y cada vez que se presenta una tragedia sale con una gracejada. La pregunta es: si el Gobernador es amigo o enemigo de los veracruzanos. Es enemigo de los estudiantes y también de los más pobres. ¡Eso no es un Gobierno!”.


Esa no es la única señal del PRI. El presidente nacional, Manlio Fabio Beltrones, viajó a Veracruz para apoyar la precampaña de Héctor Yunes Landa a la Gubernatura, y pidió no “enjuiciar el pasado” y considerar las propuestas para el presente. “Venimos a saludar a los veracruzanos de gran prosapia política para decirles que es el momento de reflexionar, de mejor manera, sobre el futuro de Veracruz. No se trata simplemente de hacer de esta elección un juicio del pasado, sino más bien proponer el futuro”, dijo en el café La Parroquia, corazón de la grilla veracruzana.

Pero antes, dijo:

“Javier Duarte deberá de estar presentando, obviamente, cuentas concretas y verdaderas a los veracruzanos. Al PRI nos ocupa mucho cualquier señalamiento que se pueda hacer de bueno o mal gobierno y actuamos en consecuencia. En lo bueno, insistimos, y en lo malo, lo sancionamos”.

–¿Ustedes van a seguir respaldando a Javier Duarte? –preguntó un reportero.

–Nosotros estamos respaldando a Héctor Yunes como candidato –dijo hace unos días.

Sus declaraciones aceleraron los rumores de que Duarte se iba. Beltrones agregó, en otra entrevista:

–Es un Gobernador postulado por el PRI, que contará siempre con la consideración y la exigencia de su partido de que deben hacerse las cosas bien, como en todo el país.

Pero el mensaje estaba enviado.


DE CONFLICTO EN CONFLICTO

TIERRA BLANCA: Cinco jóvenes, entre ellos una menor de 16 años, fueron detenidos y luego desaparecidos por policías municipales en Tierra Blanca cuando regresaban hacia su ciudad natal, Playa Vicente, el 11 de enero. De inmediato los padres se movilizaron y se plantaron frente a las oficinas de la Fiscalía de Veracruz en el municipio en el que sus hijos fueron vistos por última vez para exigir que las autoridades dieran con su paradero.

Por el caso, ocho policías han sido detenidos, entre ellos, el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, quien ha sido relacionado con más desapariciones en esa ciudad. Ayer, el subsecretario de de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer la declaración del último agente detenido. Quien aseveró que los jóvenes fueron “quemados, posteriormente fueron molidos, seguramente en un molino de caña, y fueron tirados a un pequeño río”.

Tierra Blanca, ahondó la herida abierta por el caso Iguala debido a la similitud entre ambos sucesos.

CONTRA LA UV: El pasado 29 de febrero, la recorta de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón Guevara, denunció que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, no sólo debe a la institución 2 mil 700 millones de pesos, tampoco ha otorgado los recursos presupuestados para 2016. Académicos han alertado que el Gobierno estatal está “asfixiando” y dando una “muerte lenta” a la casa de estudios.

Cientos de estudiantes han tomado las valles de diversos municipios, entre ellos Xalapa, Boca del Río y en Veracruz, en contra del Gobierno de Duarte de Ochoa, por la deuda que tiene con la Universidad, y en rechazo de la reducción del presupuesto universitario. A las protestas en defensa de UV, se han sumado profesores, investigadores, personas administrativos, pensionados y ciudadanos en general.

HOMICIDIOS: La cifra de homicidios dolosos se disparó durante el Gobierno de Javier Duarte, en comparación con el del también priista Fidel Herrera. Pues a cinco años y dos meses de Duarte en Veracruz, hasta enero de 2016, se acumulaban ya 3 mil 919 asesinatos, mientras durante el sexenio de Herrara se registraron unos 2 mil 755 homicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los asesinatos en Veracruz no han disminuido durante ningún año del Gobierno de Duarte frente a los de su antecesor. Por ejemplo, uno de los años en que la entidad registró un menor número de estos delitos durante los últimos once años, fue en 2009, con Fidel Herrera, cuando se contabilizaron 347. De ahí, sólo en 2014, Veracruz ha visto una disminución cuando hubo al menos 487 asesinatos. Durante enero de este año, ya se habían registrado 80.

DESAPARECIDOS: Colectivos de Veracruz dan cuenta de al menos 91 desaparecidos de 2010 a la fecha en esa entidad. Las características de las víctimas: mujeres de entre 14 y 24 años de edad, hombres entre los 14 y 35.  En ese ambiente, los colectivos alertaron también que el número de desaparecidos se incrementa cada día sin que las autoridades implementen una búsqueda efectiva de los ausentes. Además acusan al gobierno de Duarte de Ochoa de “criminalizar a las víctimas” al cuestionar las razones de su desaparición.

PERIODISTAS ASESINADOS: Durante la gestión de Duarte, al menos 19 periodistas de Veracruz han sido asesinados, de acuerdo con datos de la organización internacional Artículo 19. Anabel Flores Salazar, reportera de El Sol de Orizaba, fue la última asesinada. La periodista fue sustraída de su domicilio y días después su cuerpo hallado en Puebla, con signos de tortura.

Al menos dos comunicadores permanecen en calidad de desaparecidos: Sergio Landa, desde 2011y Gabriel Fonseca, 2013.

Además, tan sólo en 2015 cuatro periodistas se vieron obligados a dejar la entidad y se registraron 66 agresiones contra comunicadores, según información dada a conocer por la asociación protectora de a libertad de expresión.

DESVÍOS: En su revisión, la Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades en la cuenta pública de 2014 de Veracruz, en todos los rubros del gasto federalizado –educación, salud, infraestructura y seguridad pública. Fueron más de 50 las auditorías practicadas a la Cuenta de Pública 2014 del gobierno de Javier Duarte, cuyo resultado más relevante es el presunto daño patrimonial por 10 mil 518 millones de pesos sólo para las dependencias que acumulan los quebrantos más importantes.

En su tabulador que denomina “monto de las acciones con impacto económico” en las que ha incurrido cada estado, Veracruz aparece en primer lugar, con 14 mil millones de pesos pendientes de solventar en 2014 y, desde 2011, 35 mil 421. El ente fiscalizador incluso reclamó al Gobierno de Veracruz la devolución de al menos 721.9 millones de pesos producto de presuntas irregularidades en el manejo de fondos federales para obras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.

DEUDA: De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre de 2015, la deuda de Veracruz sumó 45 mil 879 millones de pesos, la tercera más alta del país, sólo por debajo de la de Ciudad de México y Nuevo León. Los pasivos de la entidad se incrementaron durante los primeros cinco años de Duarte en el Gobierno en 20 mil 703 millones de pesos.

Según los reportes dados a conocer por el Gobierno de Veracruz al cuarto trimestre de 2010, Javier Duarte recibió un adeudo de 21 mil 500 millones de pesos. Al cierre de 2015, la administración local reconoce que la deuda total se elevó a 42 mil 201,9 millones de pesos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-03-2016/1631243

Las 85 casas de seguridad del Cisen

Del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la institución encargada de los secretísimos servicios de inteligencia civil del Estado mexicano, sólo conocemos la dirección de sus oficinas centrales: Camino Real de Contreras, 35, La Concepción, La Magdalena Contreras, al Surponiente de la Ciudad de México, por el rumbo del monte de los Dinamos. También, el de su Unidad de Enlace: Bahía de Santa Bárbara, 193, en la colonia Verónica Anzures, de la misma capital de la República.

Pero el Cisen –órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación– ocupa, al menos, otros 85 inmuebles a lo largo del territorio nacional: casas de seguridad y oficinas, negocios y hogares fachada para cumplir con la rimbombante función de: “preservar la seguridad nacional, la gobernabilidad y el estado de derecho” (como reza su “misión” destacada en su página electrónica). Sin tanta solemnidad, se encarga de recopilar información, incluso mediante el espionaje y la infiltración de agentes, para prevenir y adelantarse a lo que considera amenazas al régimen. Y ello incluye a movimientos sociales y a personas inconformes con las “reformas estructurales” que los gobiernos panistas y priístas han impulsado en los últimos sexenios. Así es, sorprendido lector: aunque no lo sospeche siquiera, usted puede ser potencialmente un agente antagónico a la seguridad nacional de este país.

Por la auditoría financiera y de cumplimiento practicada al Cisen, sabemos de los 85 inmuebles diseminados en las 32 entidades federativas de la república. En el documento de la Auditoría Superior de la Federación se detalla que, en 2014, el organismo erogó 32 millones 176 mil 400 pesos por concepto de “arrendamiento de edificios y locales”. Para ello, y para otros asuntos, el organismo integró un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), integrado por siete servidores públicos del Centro (de los cuales no se anotaron ni los nombres ni los cargos: ¡son asuntos de seguridad nacional!).

El Cisen, encargado de los servicios de inteligencia civil de México, cuenta con 85 inmuebles a lo largo del territorio nacional”

A lo largo del año, el CAAS sesionó en ocho ocasiones ordinarias y en otras ocho extraordinarias; y en todas invitó a dos servidores públicos más con derecho a voz pero no a voto: a sendos representantes del Órgano Interno de Control y de la Coordinación Jurídica del Centro.

La celebración de los contratos implicó una erogación mensual fija para la dependencia. En 46 de los 85 contratos, el Cisen contó con el dictamen de justipreciación de rentas emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin); mientras que en los 39 contratos restantes no se consideró necesario porque se trató de inmuebles ocupados desde años anteriores.

La ASF tuvo acceso a los expedientes completos de las personas físicas y morales con las que el Cisen celebró los contratos de arrendamiento: la cédula de identificación fiscal del arrendador, su identificación oficial o de su representante legal, comprobante de domicilio, el testimonio de la escritura pública que acredita la propiedad del inmueble, el instrumento notarial que contiene el acta constitutiva de la empresa (en caso de las personas morales), el testimonio de la escritura pública que describe el poder y las facultades para obligarse y, entre otros, el acta circunstanciada de la recepción del inmueble.

Lo que habría que preguntarse es quién celebra a nombre del Cisen, pues con el ultrasecretismode nuestra oficina de inteligencia civil, seguramente no andan diciendo por ahí que es el Cisen el que renta los inmuebles.

Pero el Centro no sólo cuenta con oficinas en México. También mantiene “representantes” en el extranjero. Muy pocos detalles se ofrecen al respecto. El documento sólo da cuenta del pago de 254 mil 100 pesos “por concepto de arrendamiento y mantenimiento de vehículos, mantenimiento de inmuebles y servicio postal, entre otros, realizados por las Representaciones de México en el extranjero” (sic). Además, de la partida 33903 “servicios integrales” se erogaron otros 688 mil 200 pesos en la “representaciones” del Cisen fuera del país.

Las oficinas del Cisen en el extranjero vienen funcionando desde hace varios años. Incluso la dependencia cuenta con un Manual del Procedimiento para la Ministración, Comprobación, Glosa y Registro Contable de las Operaciones Financieras de las Representaciones del Centro en el Extranjero, el cual fue autorizado desde el 21 de junio de 2012 por la Dirección de Planeación y la Subdirección de Documentación Organizacional del propio Cisen.

Así que dentro y fuera del país, nuestros agentes de la inteligencia civil velan por la seguridad… del régimen.

Paga el Cisen más de 32 millones al año por 85 inmuebles en México; indeterminado, el monto de lo que paga por sus “representaciones” en el extranjero”

Fragmentos

Un nuevo reconocimiento a Abel Barrera y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y su Asamblea Consultiva decidieron entregar el Reconocimiento Nacional por la Igualdad y la No Discriminación al antropólogo director de la incansable organización no gubernamental. Muchos y merecidos reconocimientos, nacionales e internacionales, ha recibido antes Barrera. Éste es el primero que recibe de un organismo público y de gobierno. Llega en un momento en que ha padecido denostación por el acompañamiento y defensa a los padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente. Recordemos incluso que se realizó una campaña mediática con filtraciones a medios de fichas del Cisen en el que se le vincula sin ninguna prueba –a él y al abogado Vidulfo Rosales– con la subversión en Guerrero. En su discurso, Barrera agradeció a los pueblos indígenas del estado: Me’phaa, Na’savi, Nahuas y Ñomdaá, “que nos enseñaron a caminar en la Montaña y a beber del borbollón de su sabiduría milenaria. A los hombres y mujeres de la Lluvia, del Fuego y del Trueno que nos han dado cátedra de cómo se ejercitan los derechos humanos en las condiciones más adversas”. Dedicó el reconocimiento “a los padres y a las madres de Ayotzinapa, quienes luchan porque veamos un México donde lo único que desaparezca sea la injusticia y la discriminación. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Queda claro que lo que se necesita en la Montaña (y en la costa, en la selva y en las ciudades) son más organizaciones como Tlachinollan. Y menos oficinas de “representantes” del Cisen.

Fuente: Contralínea

Autor: Zósimo Camacho

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/02/28/las-85-casas-de-seguridad-del-cisen/

Reportan 375 homicidios en Guerrero en sólo dos meses

CHILPANCINGO, Gro: En los dos primeros meses de este año se cometieron 375 homicidios en la entidad, y el puerto de Acapulco continúa con el primer lugar en el registro de muertes violentas.

En el mismo periodo de 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 373 homicidios, lo que refleja que la incidencia delictiva en la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores prácticamente se mantiene igual a la que se registró el año pasado, durante el interinato de Rogelio Ortega.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en febrero de este año se registraron 147 homicidios en la entidad, de los cuales 68 ocurrieron en el puerto de Acapulco y 13 en esta capital.


Por su lado, el SESNSP reportó que en enero se perpetraron 228 asesinatos, 166 de ellos considerados como dolosos, según el concentrado estadístico difundido públicamente en el portal de Internet del organismo federal.

El cruce de la información oficial indica que en los primeros dos meses de este año se cometieron 375 homicidios en Guerrero, pese a los operativos federales que encabeza el Ejército para intentar revertir los efectos de la narcoviolencia.

Ayer, Apro dio a conocer que en el documento denominado Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el gobernador Astudillo criticó la estrategia del gobierno federal contra el crimen, a la que calificó como “desorganizada y no muy efectiva”.


Incluso, en el mismo reporte estratégico suscrito por el mandatario priista y entregado a diputados locales la semana pasada, se advierte que mientras no se afecte el poder económico de las organizaciones del crimen organizado, “las estrategias de gobierno probablemente seguirán siendo en gran medida ineficaces”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432081/en-dos-meses-se-cometieron-375-homicidios-en-guerrero

Policía Federal detuvo a los Avispones de Chilpancingo, antes de que los atacaran en Iguala

Las piezas del rompecabezas que armó la PGR se siguen derrumbando.

La PGR estableció como parte de su “verdad histórica” que el ataque a balazos contra el camión de Los Avispones de Chilpancingo, el 26 de septiembre 2014 en Iguala, Guerrero, había sido una “confusión”: jugadores de futbol “confundidos” con normalistas de Ayotzinapa, también atacados esa noche en la que desaparecieron a 43.

Sin embargo, a un año cinco meses de los hechos, familiares de las víctimas del equipo rompen el mutismo y revelan lo ocurrido en dicho ataque en el que calculan se hicieron más de 300 disparos por parte de policías municipales contra el autobús, por lo que murieron un joven jugador de Los Avispones, el chofer del mismo, así como una pasajera de un taxi que sólo pasaba por el lugar.

En un documento en poder de Aristegui Noticias -una carta entregada esta semana a María Guadalupe Murguía Gutiérrez, diputada del PAN que encabeza la comisión especial sobre el caso Iguala, firmada por “padres de jugadores y cuerpo técnico” del equipo-, se asienta una nueva versión sobre este ataque.


El testimonio documental revela que Policías Federales detuvieron a los Avispones, 20 minutos antes del ataque; y después, los mismos elementos policiacos no auxiliaron a los heridos por balas, entre ellos el joven futbolista David Josué García Evangelista, quien finalmente perdió la vida.

Los familiares exponen: “por lo ya sabido ocurrido (sic) con los normalistas, se montó un retén y desviación en el puente antes del Palacio de Justicia, donde nos pararon POLICÍAS FEDERALES (a padres asistentes que viajaron en sus autos y al mismo autobús de Avispones)”.

Frente al Palacio de Justicia en Iguala ocurrió uno de los principales ataques contra los normalistas de Ayotzinapa.

Después de unos 10 minutos, los federales “dejaron pasar indistintamente autos chicos y camiones”, pero no el del equipo de fútbol que había jugado en Iguala aquella noche.

Cuando dejaron pasar a los padres, fueron escoltados por federales hasta la caseta de la carretera Iguala-Cuernavaca. Una de las madres siguió “mensajeando” con su hijo, quien iba a bordo del camión parado kilómetros atrás, desde donde le decía que “seguían detenidos y que todos pasaban y sólo ellos seguían ahí”.

Las familias avanzaron y el autobús no. Los mensajes se cortaron cuando se perdió la señal de celular de los padres, pero después ésta regreso y con ello los mensajes siguieron.

Uno de los futbolistas le envió este mensaje a su padre: “Papá dónde estás, regrésate, nos balacearon y nadie nos ayuda, me dieron 5 balazos”.


Los padres regresaron de inmediato al lugar de los hechos, en un crucero a la salida de Iguala. Uno de ellos cuenta que vio a su hijo “como un perro en el pasto”. 

“Es evidente que los POLICÍAS FEDERALES los tenían detenidos, para que los policías Municipales se adelantaran y los esperaran apostados en el fatídico crucero (de Santa Teresa) y allá fuera el ataque”, consideran los padres.

Por ello, acusan a la PF de detener a sus hijos y de ser “omisos” cuando ocurrió el ataque, presuntamente por parte de policías municipales.

Los familiares aseguran que los federales “tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando. Y veinte minutos después de que los dejan pasar sucede el ataque”, que ocurrió entre las 11 y 12 de la noche del 26 de septiembre 2014, a la salida de la ciudad.

“Manifestamos que el ataque a nuestros hijos fue planeado, ya que fue el último en perpetrarse y 3 horas después del primero y el Ejército y Policía Federal tuvieron conocimiento y participación en los operativos y deambularon toda esa noche y no hicieron nada por parar a 22 policías (municipales)”, acusaron.

Los familiares de los Avispones revelan que los federales incluso intentaron impedir que se llevaran a sus hijos a un hospital.

“No te lo vas a llevar… Ni se atrevan”, les dijo uno de los elementos.

Uno de los testigos de los hechos recuerda que vio, dentro del autobús balaceado, a David Josué García Evangelista, quien después perdió la vida.

Calculan que fue una hora y media en la que no se le brindó auxilio.

“El cuerpo técnico y los mismos jóvenes les decían que los ayudaran, que había heridos de gravedad y se estaban desangrando y sólo se limitaban a pedirles sus nombres”, indica el texto.

En cuanto a la actuación del Ejército Mexicano la noche del ataque a los Avispones y en la que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, indican que los vieron “en sus camiones y con armas”, por lo que difieren de la “verdad histórica” que estableció que los soldados no intervinieron.

Además, cuando parte del equipo fue a pedir ayuda al batallón de Iguala “sólo recibieron mal trato y amenazas”, “diciéndoles que no tenían indicaciones para ayudarlos. CLARO, LA ORDEN ERA OTRA”.

Los familiares aseguran que el autobús en el que viajaban Los Avispones recibió “más de 300″ impactos de bala, pese a que en el expediente del Ministerio Público se dio una cifra menor: 170.

Además, denunciaron la desaparición de pruebas, la falta de resguardo de evidencias, así como el hecho de que el autobús atacado, de la empresa Castro Tours, ya no es resguardado por la PGR, por lo que “ya anda circulando nuevamente por las carreteras del país”, y “ya no tiene ningún orificio de las balas, ningún vidrio roto”.

Las familias también acusaron ineptitud por parte del gobierno estatal y federal, y refirieron que la Comisión de Atención a Víctimas sólo les brindó “apoyo psicológico exprés”.

Respecto a apoyos económicos, reconocieron las cantidades que han recibido hasta ahora, incluso un proyecto productivo del gobierno, el cual “se nos concedió sin presentar ningún proyecto”.

Ante ese escenario recordaron sus exigencias principales: “Justicia y castigo a los responsables; información del avance de las investigaciones; atención médica y psicológica (…)”.


Y la principal: “Verdad en la investigación, incluyendo a Ejército y Policía Federal, ya que sí tuvieron participación toda esa noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014”.

CasoAvispones.pdf by Aristegui Noticias:

  img258.pdf

“Ataque masivo e indiscriminado”: informe del GIEI

El informe del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detalló en septiembre parte del ataque contra Los Avispones:

A las 21:45 horas, en el estadio de Iguala que se encuentra en la salida de la ciudad hacia Chilpancingo, había terminado un partido de fútbol entre el equipo de Iguala y el equipo Los Avispones de Chilpancingo.

Tras ganar el partido y esperar el resultado ocial, el equipo de Los Avispones iba a quedarse a cenar en Iguala, pero recibió información de que en el centro de la ciudad había habido episodios de violencia. Según uno de los responsables del equipo: “nos dijeron que no fuéramos al centro porque estaba pasando algo malo y tomamos la decisión de irnos a Chilpancingo y cenar allá”.

El autobús, de la empresa Castro Tours, que había sido contratado por el equipo para el traslado, salió de Iguala a las 23 horas. Según la declaración del médico del equipo, que iba en el autobús “a la salida de la ciudad nos dijeron que la carretera estaba tomada por los ayotzinapos (sic) pero seguimos avanzando porque queríamos llegar a buena hora a aquella ciudad”.

Según otros testigos, el autobús no pudo salir normalmente, y estuvo esperando porque la policía no les dejaba seguir por la carretera hacia Chilpancingo.

Poco después el autobús pasó por la zona del puente frente al Palacio de Justicia. Más adelante, el autobús pasó por el retén de la policía municipal de Iguala, situado a la salida de la ciudad.

Durante el viaje, los miembros del equipo iban descansando y viendo una película. 12 kilómetros más adelante, en la misma carretera y en la zona conocida como el cruce de Santa Teresa, el autobús fue primero detenido por hombres armados y después atacado con armas de fuego que destruyeron los cristales, acabando con la vida del estudiante David Josué García Evangelista e hiriendo de extrema gravedad al conductor, Víctor Manuel Lugo Ortiz, quien murió poco después de llegar al hospital. El ataque dejó varios heridos, algunos muy graves.

Según un testigo, el primero en ser herido fue el chofer, por lo que perdió el control del vehículo, que se fue hacia la derecha, saliendo de la carretera y quedando varado con la puerta atorada. Según uno de los heridos graves:

“Al detenerse el autobús, los que nos estaban disparando del lado derecho, quedamos de frente nosotros a ellos y nos empezaron a disparar de frente, ahí fue donde me dieron a mi dos balazos, me atravesaron el abdomen, el hígado y le dieron a mi preparador físico, una bala le rozó el ojo y le atravesó el tabique nasal y otra le fracturó el brazo izquierdo”.

El ataque se dio desde ambos lados de la carretera y cuando el autobús estuvo detenido los atacantes dispararon de frente contra los ocupantes. Los disparos alcanzaron a uno de los futbolistas que murió en el acto, mientras otro recibía cinco disparos, y el entrenador dos disparos con perforación de órganos vitales, entre otros muchos heridos graves, lo que muestra el carácter masivo e indiscriminado del ataque que se dio a las 23:30 horas.

Los atacantes trataron de entrar en el autobús, rompiendo los vidrios de la puerta pero no pudieron hacerlo porque estaba atorada. Los reportes pidiendo ayuda al 066 y el C-4 se dieron entre las 22:53 y las 01:12 horas.

Al salir del lugar, los atacantes dispararon contra otros carros que pasaban por esa zona, entre ellos dos taxis fueron baleados.

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Aunque el informe del GIEI no se desmarca de la versión oficial a la hora de señalar que “la hipótesis más probable es que el autobús habría sido confundido con uno de los que transportaba a estudiantes normalistas”, recoge testimonios de testigos de lo ocurrido, que coinciden con la carta de los familiares de los Avispones:

Testimonio de FS: “Primero dos patrullas de federales, pero no querían ayudar. Un federal sacó su celular y preguntó: ¿Cuántos heridos hay? ¿Cuántos muertos? Lo que queremos es ayuda, no que nos entrevisten”, dijo FS. “Espérense, ahorita va a venir una ambulancia. Prés-tanos la patrulla, lo que urge es llevarlos al hospital. Los vamos a subir a la patrulla. ‘Atrévete a subirlo, atrévete’. Uno de los chavos dijo, pues, viene bien herido, ni modo que lo dejamos así, hay que llevarlo al hospital. No, a mi carro no lo suban. Ya viene la ambulancia. Yo lo estaba agarrando de las piernas y de la pompa, y el otro de los brazos. Lo tuvimos que bajar en el piso, a un lado de la patrulla. Pasó una media hora en que no pasó ni un solo carro.

El  primer carro que vino llevó a tres heridos. Fueron al Batallón, pero no los querían atender. Me acuerdo que la señora llegó, la mamá, y le dio pánico, quiso llorar, gritar. Le dijo si lo iban a llevar y la patrulla dijo que no, que ya venían las ambulancias. Se tardaron un momento y después dijeron, “Bueno, entonces aquí se va a quedar mi hijo a morir. Aquí se va a morir.  Mejor, deje que me lo lleve. La patrulla dice, está bien, lléveselo”.

Según otro testigo, CA: “se portaron mal, no tuvieron ni siquiera la atención de dirigirse con una manera amable. Sino todo lo contrario. Como si nosotros hubiéramos tenido la culpa. Como si nosotros fuéramos los delincuentes. Y hacen una declaración, en Loret de Mola de que llegaron a ayudarnos. Cosa que se enojan los padres por lo que le mandaron un escrito al Presidente de la República donde señalan que están diciendo mentiras, que no era cierto, no llegaron de ayudar”.

Los expertos de la CIDH siguen investigando el caso y se espera que en abril presenten un informe final. En septiembre pasado, calificaron el ataque a Los Avispones como “masivo e indiscriminado”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: GUSTAVO SÁNCHEZ.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0203/mexico/nuevo-vuelco-a-la-verdad-historica-historia-sobre-avispones-manipulada/

En México, “niveles críticos de impunidad”: informe de la CIDH

Sobre el caso Ayotzinapa, apuntó que es "un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este miércoles su informe sobre la “situación de derechos humanos” en México, en el que consideró que existen “niveles críticos de impunidad” en el país. 

El documento aborda las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos afectados por el contexto de violencia en el país.

Además, recomienda al Estado que fortalezca sus esfuerzos “por proteger y garantizar los derechos humanos”.

La CIDH establece que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años”. 

“Durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país. Como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales”, expone.

“Esta situación ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”, abunda.

En tanto, la CIDH “constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, en su acceso a la justicia, prevención del delito, y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación“.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia, apuntó la CIDH, no hubo “cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad y a los niveles de violencia”.

Hoy por hoy, señaló, “son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos. México es considerado, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquellos que están en guerra”.

Apuntó que en México “sólo se han emitido seis sentencias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada” y “las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples”. 

“México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la “Guerra Sucia” y que ha propiciado su repetición hasta hoy en día. Muchos casos de desaparición no se
denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor a sufrir represalias, y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias. En este contexto, en todos los lugares que la CIDH visitó durante su visita se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades”, indicó.

En cuanto al caso de la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, la CIDH consideró que “constituye una grave tragedia en México así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en México, y en particular en el estado de Guerrero”.

“Asimismo, es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes. Este caso es además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”, sentencia.

Por otra parte, la Comisión manifiesta que “coincide con otros organismos internacionales al señalar que en México la tortura es generalizada, y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención—que suele ser arbitraria—y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez. La CIDH observa que incluso en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, uno de los asuntos de mayor perfil en materia de derechos humanos en los últimos años, el 77% de las personas investigadas mostraban lesiones corporales, un indicio, por lo menos, de la existencia de apremios ilegales y posibles torturas perpetradas en su contra”.

La CIDH refiere que “ha constatado en terreno niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana”.


En este contexto, la CIDH hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano; aquí el informe que las incluye:

Mexico2016-es.pdf by Aristegui Noticias:

  Mexico2016-es.pdf

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0203/mexico/en-mexico-niveles-criticos-de-impunidad-informe-de-la-cidh/

Denuncia comunidad de Morelos extorsiones y acoso por parte de caciques

La comunidad de Paraíso de las Flores en el municipio de Yecapixtla, Morelos denuncian el acoso y las amenazas de caciques que durante varios meses los extorsionan, obligándolos a pagar costos excesivos por usar un pozo de agua, que fue construido por el anterior gobierno municipal de Refugio Amaro.

Luis Gómez, quién dice ser originario de Morelia, Michoacán, fue perseguido por la delincuencia organizada según comentan algunos pobladores de la zona, es el principal cacique responsable de estas amenazas y extorsiones, que junto con Juan Cruz Avelar Zuñiga, son quienes realizan el 'trabajo sucio' para enriquecerse y tener un puesto en la diputación del anterior presidente municipal de Yecapixtla José Refugio Amaro.

Luis Gómez

Casi la mayor parte del municipio es gente humilde y de escasos recursos, sin instrucción primaria, sobretodo en Paraíso de las Flores, que con trabajos obtuvieron su terreno para fincar las viviendas que actualmente viven. Sin embargo Luis Gómez se ha querido aprovechar de los pobladores, que ha dispuesto a cobrarles por un pozo que es de patrimonio público de hasta 4000 pesos por familia.

Muchas personas han tenido el temor de denunciarlo desde un principio por las amenazas de quitarles su vivienda, correrlos de la comunidad, así como de 'secuestrarlos', diciendo que él conoce a la 'Familia Michoacana' teniendo supuestamente el poder de desaparecerlos.

Juan Cruz Avelino Zuñiga

Mientras tanto en la actual administración municipal, desconocen el trabajo que realizan estas dos personas, sobretodo el de Juan Cruz Avelino Zuñiga quien supuestamente realiza la entrega de ayuda para personas de 60 años o más, también a madres solteras, becas, hasta vende pollos, borregos, animales de granja, tinacos, láminas para apoyo de la gente. Pero en lugar de hacer eso, se los da a sus familiares, amigos y vecinos a cambio de que voten por él y por el ex presidente municipal para una diputación tanto federal como local, sabiendo que son aportaciones que da el gobierno federal para apoyo de la gente de escasos recursos.


A través de este medio libre 'El Dragonario' nos han pedido algunos pobladores de esta zona que hagamos difusión de las atrocidades cometidas por estos individuos, para que se tomen acciones legales, se animen a denunciar, no sólo la comunidad sino también todo el pueblo de Yecapixtla.


Autor: Gabriel Kurosaki (CompaGabito2099).

La SCJN ordena que se abra el expediente San Fernando a las familias de los migrantes de CA

Con este fallo se obliga a las autoridades mexicanas a reconocer como víctimas directas a Bertilda Parada de Osorio y a Alma Yessenia Realegeño, originarias de El Salvador, y familiares de dos migrantes, cuyos restos fueron encontrados en 2011 en fosas clandestinas San Fernando, Tamaulipas, quienes ahora podrán tener acceso a la información y expedientes referentes al caso, además podrán acceder a mecanismos de reparación de daño. “Este amparo servirá para saber la verdad, para que se haga justicia. Que haya reparación para todos”, dijo Bertilda Parada.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto de dictamen el cual obliga a las instituciones mexicanas a que abran el expediente de la matanza de migrantes de Centro y Sudamérica en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011. El fallo de la Corte obliga a reconocer como víctimas directas a Bertilda Parada de Osorio y Alma Yessenia Realegeño, originarias de El Salvador, quienes ahora podrán tener acceso a la información y expedientes referentes a sus familiares y al caso, además podrán acceder a mecanismos de reparación de daño.

“Este amparo servirá para saber la verdad, para que se haga justicia. Que haya reparación para todos”, dijo Bertilda Parada, al salir de la Primera Sala de la SCJN.

El hijo de Bertilda Parada, Carlos Alberto, salió de San Salvador el 17 de marzo de 2011 con rumbo a Estados Unidos. El último contacto que tuvo con sus familiares fue el 26 del mismo mes cuando les dijo que se encontraba en Monterrey. La familia denunció el caso ante la Cancillería de El Salvador que, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense y demás integrantes del Banco de Información Forense de El Salvador, tomaron muestras de ADN que luego fueron entregadas a México.

En diciembre de 2012, Bertila Parada recibió un llamado por parte de la Fiscalía General de la República de El Salvador, le dijeron que habían sido identificados los restos de su hijo entre los localizados en las fosas clandestinas de San Fernando. Por esa razón pidió los documentos que acreditaran la identificación, pero no volvió a tener noticias. A la fecha sigue luchando, ahora desde la trinchera legal para saber dónde quedó su hijo.

Sergio Méndez, abogado del caso explicó que si bien, el veredicto del Máximo Tribunal fue unánime, habrá una ampliación y modificaciones a favor de la señora Bertilda; sin embargo, los ministros no informaron, hoy en la sesión pública, cuáles serían.

“Es un fallo favorable y se va a ampliar para el efecto del amparo”, detalló Méndez, quien es miembro de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático y de Derecho.

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación, aseguró que este fallo deja un precedente, pues el amparo reafirma que Bertila es víctima en cualquier jurisdicción, tanto en la de Tamaulipas como en la Procuraduría General de la República (PGR).

El 22 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cadáveres de 72 migrantes procedentes de diversos países de Centro y Sudamérica.

Meses después, en abril de 2011, el mismo municipio de San Fernando sería escenario del descubrimiento de la primera de varias fosas comunes en las que reposaban cerca de 200 cuerpos. Los cadáveres –tanto de mexicanos como de migrantes centro y sudamericanos– pertenecían en su mayoría a hombres y mujeres secuestrados mientras viajaban en autobuses rumbo a los Estados Unidos.

La versión oficial: los culpables habían sido de nuevo Los Zetas. Tiempo después las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 17 de los 25 policías municipales de San Fernando, acusados de “proteger” a este cártel.

La semana pasada, la Fundación para la Justicia informó que en el proyecto de dictamen se olvidó que las víctimas son migrantes y que los familiares están lejos, no se analizó el contexto de las masacres (secuestros, narcotráfico, violencia, entre otros), no clasificó los hechos como graves violaciones a los derechos humanos, o buscó dar a conocer la verdad sobre el intento de cremación de los cuerpos y la dificultad de una víctima migrante para probar actos donde la información la tiene exclusivamente el Estado, omite las fallas de servicios periciales, y no establece parámetros para que casos similares puedan ser investigados bajo estándares internacionalmente reconocidos, como el protocolo de Minnesota.

Sin embargo, en las próximas semanas se sabrá las modificaciones del amparo. En tanto la defensa espera que sean en favor de todas las víctimas de San Fernando.

Desde ayer, familias provenientes de Honduras, Guatemala, Brasil y El Salvador se manifestaron a las afueras de la SCJN para exigir su derecho a la verdad y justicia para las víctimas.


Al menos ocho familias de víctimas de la primera matanza de San Fernando denunciaron que en aquel 2010 sólo recibieron una caja de cenizas con un acta de defunción y credenciales, pero no el expediente o resultados de las pruebas genéticas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-03-2016/1631344

Nuevos testimonios involucran a la Policía Federal en caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO: A un año cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares de los jugadores del equipo Avispones de Chilpancingo, quienes según la Procuraduría General de la República (PGR) fueron “confundidos” en el ataque del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, revelaron lo ocurrido aquella noche y aseguran que antes de la agresión los futbolistas fueron detenidos por la Policía Federal (PF).

En el ataque murieron un jugador, el chofer del camión y la pasajera de un taxi que pasaba por el lugar.

Esta mañana el portal Aristegui Noticias dio a conocer parte de un documento –una carta entregada a la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien encabeza la comisión especial sobre el caso Ayotzinapa, firmada por “padres de jugadores y cuerpo técnico” del equipo– donde se asienta una nueva versión sobre los hechos.


El reporte revela que la PF detuvo a los Avispones 20 minutos antes del ataque, y después los mismos elementos policiacos se negaron a auxiliar a los heridos, entre ellos el joven futbolista David Josué García Evangelista, quien finalmente perdió la vida.

“Por lo ya sabido ocurrido (sic) con los normalistas, se montó un retén y desviación en el puente antes del Palacio de Justicia, donde nos pararon POLICÍAS FEDERALES (a padres asistentes que viajaron en sus autos y al mismo autobús de Avispones)”, exponen los familiares.

Frente al Palacio de Justicia en Iguala ocurrió uno de los principales ataques contra los normalistas de Ayotzinapa. Después de unos 10 minutos, los federales “dejaron pasar indistintamente autos chicos y camiones”, pero no el del equipo de futbol que había jugado en Iguala aquella noche.

Cuando dejaron pasar a los padres, fueron escoltados por federales hasta la caseta de la carretera Iguala-Cuernavaca. Una de las madres siguió “mensajeando” con su hijo, quien iba a bordo del camión parado kilómetros atrás, desde donde le decía que “seguían detenidos y que todos pasaban y sólo ellos seguían ahí”.

Las familias avanzaron, pero no el autobús. Los mensajes se cortaron cuando se perdió la señal de celular de los padres, después ésta regresó y los mensajes siguieron.

Uno de los futbolistas le envió este mensaje a su padre: “Papá dónde estás, regrésate, nos balacearon y nadie nos ayuda, me dieron 5 balazos”.

Los padres regresaron de inmediato al lugar de los hechos, en un crucero a la salida de Iguala. Uno de ellos cuenta que vio a su hijo “como un perro en el pasto”.

“Es evidente que los POLICÍAS FEDERALES los tenían detenidos, para que los policías municipales se adelantaran y los esperaran apostados en el fatídico crucero (de Santa Teresa) y allá afuera el ataque”, consideran los padres.

Por ello, acusan a la PF de detener a sus hijos y de ser “omisos” cuando ocurrió el ataque, presuntamente por parte de policías municipales.

Los familiares aseguran que los federales “tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando. Y veinte minutos después de que los dejan pasar sucede el ataque”, que ocurrió entre las 11 y 12 de la noche del 26 de septiembre 2014, a la salida de la ciudad.

“Manifestamos que el ataque a nuestros hijos fue planeado, ya que fue el último en perpetrarse y 3 horas después del primero, y el Ejército y Policía Federal tuvieron conocimiento y participación en los operativos y deambularon toda esa noche y no hicieron nada por parar a 22 policías (municipales)”, acusan.

Los familiares de los Avispones revelan que los federales incluso intentaron impedir que se llevaran a sus hijos a un hospital.

“No te lo vas a llevar… Ni se atrevan”, les dijo uno de los elementos.

Uno de los testigos de los hechos recuerda que vio, dentro del autobús balaceado, a David Josué García Evangelista, quien después perdió la vida. Calculan que fue una hora y media en la que no se le brindó auxilio.

“El cuerpo técnico y los mismos jóvenes les decían que los ayudaran, que había heridos de gravedad y se estaban desangrando y sólo se limitaban a pedirles sus nombres”, indica el texto.

En cuanto a la actuación del Ejército Mexicano la noche del ataque a los Avispones y en la que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, indican que los vieron “en sus camiones y con armas”, por lo que difieren de la “verdad histórica” que estableció que los soldados no intervinieron.

Además, cuando parte del equipo fue a pedir ayuda al batallón de Iguala “sólo recibieron maltrato y amenazas”, “diciéndoles que no tenían indicaciones para ayudarlos. CLARO, LA ORDEN ERA OTRA”.

Los familiares aseguran que el autobús en el que viajaban Los Avispones recibió “más de 300″ impactos de bala, pese a que en el expediente del Ministerio Público se dio una cifra menor: 170.

Además denunciaron la desaparición de pruebas, la falta de resguardo de evidencias, así como el hecho de que el autobús atacado, de la empresa Castro Tours, ya no es resguardado por la PGR, por lo que “ya anda circulando nuevamente por las carreteras del país”, y “ya no tiene ningún orificio de las balas, ningún vidrio roto”.

Las familias también acusan ineptitud por parte del gobierno estatal y federal, y refieren que la Comisión de Atención a Víctimas sólo les brindó “apoyo psicológico exprés”.

Respecto de los apoyos económicos, reconocen las cantidades que han recibido hasta ahora, incluso un proyecto productivo del gobierno, que “se nos concedió sin presentar ningún proyecto”.

Ante ese escenario recuerdan sus exigencias principales: “Justicia y castigo a los responsables; información del avance de las investigaciones; atención médica y psicológica (…)”.


Y la principal: “Verdad en la investigación, incluyendo a Ejército y Policía Federal, ya que sí tuvieron participación toda esa noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432063/del-ataque-en-iguala-la-pf-detuvo-a-avispones-chilpancingo-familiares

PAN pide destituir a embajadora de México en España por dar “atención preferencial” a Moreira

"Evidente complicidad del gobierno federal con los delitos cometidos por Moreira", señala el partido.

El grupo parlamentario del PAN en el Senado pidió al presidente de la República que destituya a Roberta Lajous Vargas como embajadora de México en España, “por el uso irregular de los recursos de dicha representación para brindar atención preferencial a Humberto Moreira, a sus familiares y abogados”. 

Además, el senador Luis Fernando Salazar Fernández exigió a la procuradora Arely Gómez González que cese de sus funciones a la titular de la Agregaduría Legal para Europa de la PGR con sede en Madrid, Érica Cervantes Albarrán, por el apoyo y la asesoría que funcionarios de esa dependencia brindaron al ex gobernador de Coahuila cuando estuvo en prisión en España.

“En el primer caso, el legislador panista explicó que movilizar al personal adscrito a la embajada para proteger a un individuo que está siendo procesado, fuera de sus actuaciones convencionales, es un acto de flagrante violación de sus funciones, pues responde a intereses de particulares y no a los del Estado mexicano“, indicó el grupo parlamentario en un comunicado.

“Afirmó que si la embajadora Lajous se volcó de esa manera para salvar a un político acusado de malversación de fondos, lavado de dinero y cohecho por autoridades de otros países, sólo hace más evidente la complicidad del gobierno federal con los delitos cometidos por Moreira, responsable de endeudar a Coahuila por más de 36 mil millones de pesos”, acusó. 

El PAN lamentó “que en el gobierno actual la impunidad es tal que usa los esfuerzos y recursos de sus representaciones diplomáticas para proteger a Moreira, cuando se trata del mayor representante de la corrupción en Coahuila”. 

Respecto a la exigencia de cesar a la titular de la Agregaduría Legal, Salazar Fernández aclaró que éste se daría en tanto la Contraloría Interna de la PGR realice una investigación que determine las consecuencias jurídicas del actuar de Cervantes Albarrán.

Señaló que las conductas que realizó la funcionaria están encuadradas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, como faltas a las obligaciones que deben guardar éstos.


“A saber –dijo— su actuar implicó el abuso de su cargo y el uso de recursos públicos, ya que desplegó al personal y a los bienes a su cargo con una finalidad partidista y parcial. El punto de acuerdo que contiene ambas peticiones fue turnado para dictamen a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, con opinión de la Comisión de Justicia”, finaliza el comunicado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0203/mexico/pan-pide-destituir-a-embajadora-de-mexico-en-espana-por-dar-atencion-preferencial-a-moreira/

Hacienda 'sangró' recursos de Pemex, CFE e Issste: ASF

No desglosó montos ni destino de los recursos, señala la Auditoría. El uso de patrimonio de la nación equivale a más deuda: Morena.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que en 2014 la Secretaría de Hacienda retiró del patrimonio (presupuesto previamente asignado) de Pemex, CFE e Issste 118 mil millones de pesos para el gasto público, sin desglosar montos ni destino.

El ente fiscalizador refiere que en las cifras del estado analítico de ingresos no fue posible conocer el origen del concepto otros de los aprovechamientos, por lo que la misma ASF solicitó a Hacienda –mediante el oficio DGAIE/096/2015, de fecha 12 de mayo de 2015– la información sobre conceptos y las cantidades que integraron ese rubro.

En 2014, la recaudación por aprovechamientos ascendió a 249 mil 264 millones de pesos, monto superior en 137 mil 183 millones probados. La información proporcionada por la dependencia federal –refiere la ASF– no permitió determinar el origen de 211 mil 800 millones de pesos, equivalentes a 85 por ciento de los recursos incluidos en el rubro aprovechamientos que corresponden a otros.

Tal situación fue confirmada por el diputado Vidal Llerenas (Morena), integrante de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, quien expuso que el uso del patrimonio de la nación (de ambas empresas) equivale a engrosar la deuda pública.


Incluso, para trasparentar el origen del concepto otros por 211 mil 800 millones de pesos, se consideró la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del 3 de marzo de 2015: aprovechamientos de Pemex, 70 mil 190 millones de pesos; derivados de la colocación de bonos de tasa fija, 49 mil 839 millones; aprovechamientos CFE, 31 mil 685 millones; derivados de la colocación de Udibonos, 21 mil 434; aprovechamientos Issste, 17 mil 951; Nacional Financiera, 15 mil 105 millones; Banco de México, 3 mil 40 millones; restitución por la conversión a valores gubernamentales, recursos bonos de pensión-Issste redimidos, 432 millones; premio cobrado a los bancos y casas de bolsa por préstamo de valores, 164, y otros, mil 527 millones.

En los casos de Pemex y CFE, el aprovechamiento de 70 mil 190 millones y 31 mil 518 millones, respectivamente, correspondió a un retiro de patrimonio de la nación invertido en esas entidades paraestatales con cargo a sus disponibilidades financieras.

En relación con el Issste, el aprovechamiento por 17 mil 951 millones provino de las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de la cuotas y aportaciones de los seguros de invalidez y vida y riesgo de trabajo.

Por su parte, Vidal Llerenas adujo que en la cuenta pública de 2014 y en el rubro de los ingresos por aprovechamientos analizado por la ASF, el Congreso no conoció la composición del gasto tanto en dicho año como en 2015.

“La ASF analizó 2014 y encontró que se tomaron del patrimonio de Pemex alrededor de 70 millones de pesos, poco más de 30 mil de la CFE y 18 mil del Issste. Entonces, los aprovechamientos que se clasifican en el rubro de otros, en realidad es tomar patrimonio de empresas e instituciones del Estado y usarlo para el gasto público general; esto es equivalente a endeudarse porque es perder activos.

No sabemos la composición de ese aprovechamiento para 2015. Sin embargo, si uno analiza el informe de la cuenta pública 2014 y el último informe trimestral de finanzas públicas, vemos un incremento de 175 mil millones a casi 400 mil millones de pesos. Cien mil millones de ellos es la cobertura petrolera, pero el resto la verdad es que no sabemos qué es.

–¿En la Ley de Ingresos no se encuentra la solución para Hacienda?


–Esto no fue aprobado por los diputados, porque no conocimos el desglose del mismo ni el de 2015 y 2016.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/02/politica/014n1pol

Desconfía de las elecciones el 69% de mexicanos y del INE el 58%

CIUDAD DE MÉXICO: Los procesos electorales son desconfiables para una gran mayoría de los mexicanos: el 695 desconfía en general de las elecciones y el 58% desconfía del Instituto Nacional Electoral (INE), según la encuesta nacional de El Financiero.

Sólo el 60% del electorado se dice convencido de que siempre va a votar pero de acuerdo con la misma medición sólo el 33% de los electores del país se confiesa leal a un partido político.

El 40% afirma que puede votar por uno u otro y el 20% se declara indeciso y reconoce que le resulta difícil elegir una opción política.

La lealtad a un partido político, según la medición, es mayor entre los electores de mayor edad, mientras los jóvenes se definen más como indiferentes o indecisos.

Y aunque el “voto duro” representa sólo el 33% de los electores, el 58% dice identificarse con algún partido: la mayoría, el 27% se identifica con el PRI, el 12% con el PAN, el 8% con el PRD, otro porcentaje igual con Morena, el 2% con el PVEM y el 1% con otro partido. El 39% se define como completamente apartidista.


El Financiero aplicó su encuesta a mil 400 ciudadanos, cara a cara, en las 32 entidades federativas y su margen de error es de +/- 2.6%.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432064/desconfia-las-elecciones-69-mexicanos-del-ine-58

Gobierno de Peña responde a la CIDH: su informe “parte de premisas y diagnósticos erróneos”

CIUDAD DE MÉXICO: Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que la situación de derechos humanos en México ha empeorado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal aseguró que ese informe no refleja la situación general del país y se quejó de que parte de premisas y diagnósticos erróneos.

En un claro reclamo a la CIDH, las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de Peña, subrayan que en el informe presentado por el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) se desestimaron y no valoraron acciones a favor de los derechos humanos, que enumera.

La posición del gobierno de México al informe de la CIDH, producto de la visita que el organismo realizó en septiembre-octubre, indica que si bien el informe “da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.

Añade: “Tanto en la visita, como al término de ésta, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares de la CIDH –que hoy se retoman en el informe– se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el gobierno de la República ha impulsado en los últimos años”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: ÁLVARO DELGADO, PATRICIA DÁVILA.

LINK: http://www.proceso.com.mx/432085/gobierno-pena-responde-a-la-cidh-informe-parte-premisas-diagnosticos-erroneos

La fuga de El Chapo: Gobernación se investiga a sí misma

CIUDAD DE MÉXICO: El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se convirtió en juez y parte en la investigación por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. A él se le escapó y los suyos investigaron. El resultado: sólo exfuncionarios de medio y bajo nivel fueron responsables administrativamente de esa evasión.

Excepto una alta exfuncionaria, Celina Oseguera Parra –entonces coordinadora general de penales federales–, quien estaba fuera de su círculo de confianza, sólo se culpó al director del penal, su encargada jurídica, dos supervisores penitenciarios y un oficial de prevención.

A decir del titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, fueron negligentes: los empleados menores, por no activar a tiempo las alertas, y los exfuncionarios, por darle a Guzmán beneficios que no le correspondían y dejar de revisar la seguridad en el Cefereso número 1, El Altiplano.


Algunas facultades de Oseguera eran proponer los beneficios a los presos, los lineamientos de seguridad de los penales federales y los cambios de los internos a centros de mediana o alta seguridad. Según confirmó el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Gobernación, ante otro requerimiento de información de este semanario, Oseguera jamás pidió cambio de penal o de dormitorio para El Chapo, quien siempre estuvo en la celda 20 del área de Tratamientos Especiales, donde desembocó el túnel por el cual escapó.

Sin embargo, el video de la fuga y recaptura de Guzmán que la PGR elaboró y difundió el pasado 27 de enero, señala a dos exfuncionarios que la SFP excluyó de toda responsabilidad administrativa.

Uno es el exmilitar Juan Carlos Ortiz Calderón, quien fue sargento entre 1992 y 1999 y se convirtió en guardia en el Cefereso 3, Noreste, en Matamoros, Tamaulipas. De ahí pasó al Altiplano.

El otro es el que fuera director de Desarrollo Tecnológico de los penales federales, Enrique Angulo Cervera, encargado del sistema Sicife, que concentra la información jurídica y técnica de todos los internos federales. Fue además responsable de contratar a la empresa que le colocó al Chapo un brazalete de localización que nunca funcionó…

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2052 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432050/432050

Bloquean autopista en Chiapas por desabasto de maíz

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Más de 200 campesinos de los municipios de Tapachula, Mazatán, Frontera Hidalgo, Metapa, Suchiate, Tuxtla Chico, Huixtla, entre otros, bloquearon este miércoles la autopista costera que comunica a México con Centro América, para exigir que sean abastecidas de maíz las tiendas Diconsa.

Representantes de los inconformes dijeron que también están demandando la destitución del Coordinador de Abastos de Diconsa, José del Villar, ya que hace más de quince días que las tiendas comunitarias no tienen el grano.

Los inconformes, que el lunes pasado tomaron las oficinas de la dependencia ubicadas en Tapachula, iniciaron el bloqueo esta mañana a la altura de Viva México, en las afueras de esa ciudad fronteriza.

Los campesinos afirmaron que además, ha aumento el precio del maíz, ya que el kilogramo pasó de cuatro a 4.50 pesos, lo que les afecta en su economía.


Aseguraron que el desabasto de maíz en las tiendas Diconsa se debe a que unas cinco mil toneladas fueron enviadas a Tabasco.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ELIO HENRÍQUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/02/bloquean-autopista-en-chiapas-por-desabasto-de-maiz-1366.html