Crisis en derechos humanos debe ser reconocida, no negada por el gobierno: ONG’s

Lamentan que se descalifique el informe de la CIDH y se nieguen los hechos.

Organizaciones no gubernamentales respaldaron el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la “grave crisis” en México y llamaron al gobierno a reconocerla, no a negarla.

Comunicado y los firmantes:

Las organizaciones firmantes lamentamos que, ante la publicación del informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”, la primera reacción del gobierno ¾a través de su Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República¾, haya sido la de descalificar al mensajero y la de negar los hechos. Este pronunciamiento forma parte de una serie de rechazos del Estado mexicano hacia las observaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

El pasado 28 de septiembre de 2015 integrantes de la CIDH realizaron una visita a México que terminó el 2 de octubre del mismo año. Tras su estadía en el país y previa documentación de la situación, el día de hoy se publicó su informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”. Dicho informe hace referencia no sólo a casos de extrema violencia vivida en México en tiempos recientes, sino que la ubica dentro de un contexto de impunidad imperante desde hace décadas.

Partiendo del establecimiento de un contexto de la violencia generalizada, la CIDH reconoce que las autoridades estatales fuente de esta violencia son la SEDENA, SEMAR, PGR, Procuradurías locales, personal penitenciario y el INM y aduce que “miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad”.

En este sentido la CIDH señala que las “fuerzas militares en actividades de seguridad ciudadana se había visto en la década de los años 60 y 70, y posteriormente en los 90 con el movimiento armado en Chiapas”, y que “durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país.” En ese sentido, la CIDH recomienda asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos, desde la Guerra Sucia hasta la actualidad.

El informe aborda una multiplicidad de problemas que van desde la alarmante situación de las personas desaparecidas; la práctica generalizada de la tortura; las ejecuciones extrajudiciales; los impactos de la violencia en grupos en especial situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes, los desplazados y las poblaciones indígenas afectadas por “megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado”; y las limitaciones al acceso a la información en casos de graves violaciones a los derechos humanos por razones de seguridad nacional. Sobre esto último, la CIDH constató un importante retroceso en materia de transparencia proactiva: “los organismos de defensa han dejado de informar periódicamente sobre muertes ocurridas en operativos”. Según el informe, el Ejército y Marina reconocieron “que ya no registran ni informan sobre los heridos y muertos en las acciones militares conducentes a combatir el crimen organizado”. Todos estas problemáticas tienen un denominador común: la falta de acceso a la justicia. En consideración de la Comisión, la falta de acceso a la justicia ha generado “una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.”

Así es como la CIDH coloca como principal desafío del Estado mexicano “romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”, dado que la violencia se alimenta “del miedo que generan los grupos del crimen organizado que actúan en nombre propio y en algunas ocasiones en colusión con las autoridades a lo largo del territorio mexicano así como por la consecuente impunidad –proveniente desde la llamada “Guerra Sucia”– que rodea estos hechos.

Así, las organizaciones firmantes, hacemos un llamado a una postura abierta y constructiva por parte del gobierno, que tenga sus cimientos en el reconocimiento de la crisis generalizada de derechos humanos que vive nuestro país, con la consecuente aceptación incondicional del diagnóstico de la situación y de todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la CIDH. Éstas son el fruto de un arduo trabajo de investigación de la propia Comisión, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, con base en los datos proporcionados por el propio Estado mexicano. Hacer caso omiso de estas recomendaciones significaría, una vez más, el desdén gubernamental hacia una política real que tienda a erradicar las violaciones a los derechos humanos de la sociedad mexicana.

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos

Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH)

Alianza Cívica

Alianza Mexicana contra el Fracking

Amnistía Internacional

ARTICLE 19

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A. C.

Asylum Access México, A.C.

Casa de los Derechos de Periodistas, A.C.

Casa del Migrante de Saltillo

Católicas por el Derecho a Decidir

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa)

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM)

Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC)

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Centro Heriberto Jara (CESEM)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barcadh)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Clóset de Sor Juana

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Coalición Pro Defensa Del Migrante

Colectivo CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede)

Colectivo Resonar

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac)

Comité Cerezo México

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CÒDIGO DH)

Comunicación Comunitaria

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)

Consejo Tiyat Tlali

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.

Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas

Corresponsalía en México de Reporteros sin Fronteras (RSF)

DECA Equipo Pueblo, A.C.

Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.

Disability Rights International (DRI)

Documenta: Análisis y acción para la justicia social

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)

Foro para el Desarrollo Sustentable

Freedom House

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)

Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Fundar: Centro de análisis e investigación

Gente Diversa de Baja California

Greenpeace México

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana

Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura de Diálogo

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

Iniciativa Sinaloa

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Universidad Iberoamericana Puebla

Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde)

JASS (Asociadas por lo Justo)

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)

Locallis: Especialistas en desarrollo local

Mujer y Medio Ambiente A.C.

Movimiento Migrante Mesoamericano

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)

Organización Tutunaku Nahua en Defensa de la Tierra y el Territorio de los pueblos

PEN México

Periodistas de a Pie

Plataforma de Vinculación de Periodistas (PVP)

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Red de Género y Medio Ambiente RGEMA

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Red Mexicana de Líderes y Organizaciones de Migrantes

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C.

Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)

Servicio Jesuita a Migrantes – México

Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)

Sin Fronteras

Sonora Ciudadana A.C.

Lic. Aleida Calleja

Mtra. Alejandra Gonza, Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Washington, Facultad de Derecho

Lic. Guillermo Noriega Esparza

Mtro. Jaime Netzáhuatl Jiménez

Dr. José Luis Caballero Ochoa, académico de la Univesidad Iberoamericana

Mtro. Miguel Sarre, Profesor numerario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Lic. Silvano Cantú

Colectivo de Defensores/as de Migrantes y Refugiados:

Colectivo Ustedes Somos Nosotros (Valle de México), Centro de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla (Puebla), Servicio Jesuita a Migrantes México (Ciudad de México), Casa CAFEMIN (Ciudad de México), Iniciativa KINO (Sonora), Albergue Hermanos en el Camino (Oaxaca) Casa del Migrante Taticj Samuel (Chiapas), Casa del Migrante El Samaritano Hermanas de los Sagrados Corazones (Hidalgo), Seminario Scalabriniano (Ciudad de México), Hmnas de San José de Lyón (en el albergue Decanal Guadalupano en Veracruz), Casa del Migrante Santa Martha (Nuevo León), Casa del Migrante Casa Nicolás (Nuevo León), Comité Monseñor Romero (Casa del Migrante Tochán, Ciudad de México), Casa del Migrante de Saltillo (Coahuila), Centro de Atención al Migrante Necesitado (Sonora), Global Workers (Ciudad de México), Casa del Migrante Santa Cruz (Chiapas), Las Patronas (Veracruz), Red Jesuita con Migrantes de Latino América, SMR Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (Ciudad de México), Misioneras Scalabrinianas (Ciudad de México), Defensores/as independientes: Lic. Axel García Carballar, Mtra. Irazú Gómez.

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria:

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro defensa del Migrante de Baja California; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; CMDPDH Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; NALACC Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; SJM México, Servicio Jesuita a Migrantes – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Sin Fronteras, IAP; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés, Consultora; Elba Coria, Consultora; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; Manuel Ángel Castillo, Investigador; Karina Arias, Consultora – (Secretaria Técnica).

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República:

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/crisis-en-derechos-humanos-debe-ser-reconocida-no-negada-por-el-gobierno-ongs/

Padres de los 43 emprenden jornada de búsqueda en Iguala

Iguala, Gro. Esta mañana inició la jornada de búsqueda y solicitud de información que encabezan los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

Los padres de familia y las organizaciones de Iguala conformaron 17 brigadas, entre ellos se encuentran: mineros de la sección 17, que permanecen en huelga desde hace 8 años; la policía comunitaria de Olinalá en representación de la comandanta Nestora Salgado y otros.

En la búsqueda que recorren en diversas colonias de la ciudad el acto se prolongará durante todo el día.


En el fraccionamiento San Ángel vive el alcalde priísta Esteban Albarrán Mendoza; el guardia impidió el acceso a las cuadrillas en lo que constituye el primer incidente que se presenta en esta jornada.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/04/padres-de-los-43-emprenden-jornada-de-busqueda-en-iguala-4631.html

El PT rompe alianza con PAN-PRD y postula al experredista Benjamín Robles a la gubernatura de Oaxaca

OAXACA, Oax: El Partido del Trabajo (PT) fracturó la alianza del PAN-PRD al abandonar la coalición “Con Rumbo y Estabilidad para Oaxaca” para postular como candidato a la gubernatura a Benjamín Robles Montoya, quien renunció al sol azteca por la imposición del expriista José Antonio Estefan Garfias.

“Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva Nacional erigida y constituida en Convención Electoral Nacional del Partido del Trabajo, por así convenir a nuestros intereses hacemos del su conocimiento nuestra separación total, inmediata e irrevocable de la coalición electoral ‘Con Rumbo y Estabilidad para Oaxaca’ –CREO- para las elecciones constitucionales a celebrarse el próximo 5 de junio”.

En un documento oficial firmado por todos los integrantes de la Coordinadora Nacional del PT y entregado al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) este instituto político pide separarse de la coalición con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) y decide no aliarse con esas fuerzas políticas para la elección de gobernador, diputados y alcaldes.

El documento con oficio PT-CEN-CCN-29/2016 fue entregado a las 20:00 horas del miércoles y está fechado al 2 de marzo, dirigido a las y los consejeros del IEEPCO.

Sin mayores explicaciones, el PT también notificó su decisión a los dirigentes estatales del PAN, Juan Mendoza Reyes, y del PRD, Carol Antonio Altamirano.

En respuesta, el dirigente estatal del PRD, Carol Antonio Altamirano, acusó al exgobernador José Nelson Murat Casab de orquestar esta “guerra sucia” al presionar al PT a romper con la Coalición con Rumbo y Estabilidad para Oaxaca y utilizar a Benjamín Robles Montoya para intentar dividir Oaxaca.

“Benjamín es una pieza de la guerra sucia de Murat contra nosotros. Esto no cambia las cosas, ahora tenemos más claro que Murat está detrás de la designación de Robles como candidato del PT (y) que el enemigo a vencer es Murat y Benjamín”, dijo el dirigente perredista.

El exdiputado federal advirtió que se ha operado una estrategia temeraria, de intimidación y presión política a la dirigencia nacional del PT para que abandonaran la coalición, toda vez que minutos después de un reunión privada entre José Antonio Estefan Garfias, candidato por CREO, y Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional del PT, éste último nombró a Robles Montoya como su candidato.

“Hoy comprobamos -una vez más- que buscan a como dé lugar la restauración autoritaria del viejo régimen que tanto daño le hizo en el pasado a Oaxaca. Su legado de corrupción y autoritarismo no lo podrán borrar nunca de la memoria de los oaxaqueños”, dijo Antonio Altamirano, quien fue fundador de la corriente Democracia 2000 dentro del PRI.

Insistió que “este acto orquestado con perversidad por el personaje más sinestro de la vida política de México demuestran el temor de perder Oaxaca, en donde tienen a un candidato que representa lo peor del PRI, un candidato que no levanta y que los mismos priistas rechazan y que en su apellido (Murat) lleva la penitencia”.

El ahora perredista subrayó que “como estas presiones vendrán más, pero vamos a salir adelante porque las y los oaxaqueños no quieren el regreso del viejo régimen autoritario priista y mucho menos que Oaxaca se convierta en una monarquía cuyo sello es la corrupción, el despilfarro, la arrogancia y la mentira”.

Apenas el pasado 24 de febrero, en un consejo “amañado”, el PRD impuso como candidato a la gubernatura al expriista José Antonio Estefan Garfias con 164 votos a favor, mientras que Benjamín Robles Montoya obtuvo únicamente 75 votos.

Sin embargo, el equipo del senador calificó esa elección como un fraude y amañada porque hubo amenazas, compra de votos y presiones.

Este jueves será la presentación oficial de Robles Montoya como candidato del PT a la gubernatura.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: PEDRO MATÍAS.

LINK: http://www.proceso.com.mx/432209/pt-rompe-alianza-pan-prd-postula-al-experredista-benjamin-robles-a-la-gubernatura-oaxaca

La crisis de derechos humanos en México “extremadamente grave”, insiste la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO: En México las violaciones “saltan a la vista”, reviró el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) James Cavallaro al gobierno mexicano, que aseguró que el informe presentado el miércoles por el organismo internacional no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos “erróneos”.


En entrevista con Carmen Aristegui en CNN, Cavallaro sostuvo que varias de las violaciones fueron documentadas y admitió que el informe es “muy duro”, pero llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a “reconocer que la situación de los derechos humanos que enfrenta hoy México es extremadamente grave. Se trata de una crisis”.

Explicó el presidente de la CIDH:


“Nosotros analizamos durante los últimos meses y años, en varias visitas de integrantes de la comisión, tanto comisionados, como el personal de la secretaría ejecutiva. Y la comisión entera fue a México la última semana de septiembre. Visitamos varios lugares en varios estados. Lo que documentamos son desapariciones forzadas, centenas, miles de casos.

“El Estado ha mantenido una cifra de personas no localizadas de 26 mil 798, hasta septiembre pasado. Cada caso es muy grave. Son casi 27 mil. No todos esos casos son necesariamente desapariciones forzadas, son personas no localizadas. Pero en centenas y miles de casos sí hay involucramiento de agentes del Estado. Como es el caso de Ayotzinapa, como es el caso de Tierra Blanca, de los cinco jóvenes (levantados por policías del estado)”, ejemplificó Cavallaro.

Incluso, dijo, en el caso de Tierra Blanca el propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) Roberto Campa Cifrián reconoció que se trata de un caso de infiltración de miembros del crimen organizado en el estado.

Mencionó también casos de ejecuciones extrajudiciales como el del caso Tlatlaya, en el que militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de una bodega ubicada en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

“El caso Tlatlaya es un caso ejemplar, pero hay miles de personas que en los últimos años en supuestos enfrentamientos con fuerzas militares han muerto, y cuando se indaga la versión oficial inicial no se comprueba”, afirmó Cavallaro.

Se refirió también a la situación de la tortura, que es una práctica “infelizmente”, generalizada en México. “Eso también ha dicho el relator especial de la ONU sobre tortura, el doctor Juan Méndez”, recordó.

Y no se olvidó de “otros grupos vulnerables expuestos a niveles altísimos de violencia”, como las mujeres con los feminicidios y los indígenas que están desprotegidos en su lucha contra las industrias extractivas y el despojo de sus tierras.

“En todos estos casos lo que une las diversas situaciones de abuso y violación, es la impunidad”, subrayó.

Cavallaro afirmó que la CIDH reconoce avances del gobierno, como las reformas en la Constitución de 2011, “algunas políticas como el mecanismo de protección a los defensores de derechos humanos y periodistas”. Sin embargo, lamentó, “lo que pasa es que el marco legal en México, dista mucho de la realidad.

“Los hechos son muy contundentes. No se trata de casos aislados, un caso, dos casos, cinco casos de desaparición forzada, ya sería una situación preocupante pero no necesariamente una situación general. Pero sí es el caso en México que la desaparición forzada acontece en muchos estados de la república”, sostuvo.

Por si fuera poco, señaló que la actuación de las fuerzas armadas en la seguridad, es inapropiado porque “ha producido centenas, miles de muertos”.

En el caso de la Tortura, Cavallaro comentó que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga dos mil 400 denuncias y en los últimos siete u ocho años sólo ha habido 15 condenas.

“¿Qué porcentaje es eso? Es menos de uno por ciento. Esas son las cifras en casi todos los temas donde hay índices altísimos de violencia, de muerte, de tortura y el proceso judicial no responde de forma adecuada”, cuestionó.

El presidente de la CIDH comentó que para realizar su informe, sus enviados hablaron con centenas de personas. En septiembre y octubre pasado recorrieron cinco estados y la Ciudad de México, y antes ya habían visitado otros lugares.

En todos esos lugares las víctimas les contaron que la sensación que tienen es que la justicia “es una simulación, un simulacro, que están fingiendo hacer justicia en vez de hacerlo.

“La crisis que nosotros documentamos también ha sido documentado por diversos órganos de la ONU, por las instituciones de la sociedad civil de más prestigio en México y también internacionalmente.

“Nosotros queremos trabajar conjuntamente con el Estado: el primer paso es reconocer la realidad”, acotó.
Para ello, reiteró, “no hace falta mucho esfuerzo para buscar las violaciones a los derechos humanos en México: saltan a la vista”.

Y puso ejemplos:

“Hablemos de la figura de desaparición forzada: si son casi 27 mil personas no localizadas, no es una forma, una metodología equivocada, recibir informaciones sobre las violaciones para ver si son frecuentes o no son, es una técnica de todas las instituciones que hacen monitoreo de los derechos humanos en el mundo.

“Lo que pasa es que en México al usar esa metodología se encuentran centenas y centenas y miles de violaciones y casi no se encuentra esclarecimiento, casi no se encuentran procesos exitosos”.

Cavallaro afirmó que la CIDH no está de acuerdo con la visión el Estado mexicano y que hicieron de todo para incluir sus observaciones, “pero los derechos humanos como tema busca ver qué pasa con las personas comunes, ¿qué pasa cuando alguien es detenido por la policía?, ¿sufre tortura?; ¿qué pasa cuando el hijo de la familia o una niña chica es desaparecida?, ¿hay investigación o no?, y en centenas, miles de casos la respuesta del Estado ha sido inefectiva y es eso que nos lleva a la conclusión”, dijo.

Lo que dice el informe, abundó, es que “se trata de una grave crisis” y aunque la CIDH reconoce la facultad e interés de diversas autoridades del Estado y las políticas que han sido desarrolladas, insistió, hay una grave crisis y “es algo que tiene que ser prioridad nacional, exige respuestas firmes y exige el reconocimiento del alcance del problema”.

Según el presidente de la CIDH el problema de México es que a la vez que tiene un marco legal “bueno”, una sociedad civil activa y autoridades dispuestas a colaborar con las instancias internacionales de derechos humanos, también hay elementos del Estado capturados por el crimen organizado, por la corrupción.

Ello, indicó, “permite índices alarmantes de violaciones a los derechos humanos”, lo que provoca a la vez “un índice de impunidad chocante”, y también facilita la repetición de las violaciones.


Es cierto que reconocemos los avances, hay páginas y páginas de lo que el Estado ha hecho, pero por ese reconocimiento no podemos dejar de reconocer la magnitud del desafío que México enfrenta”, finalizó Cavallaro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432216/las-violaciones-saltan-a-la-vista-revira-presidente-la-cidh

El de Malova, el sexenio más sangriento

En las postrimerías de su sexenio –el más violento en la historia de Sinaloa: 6 mil 741 homicidios dolosos–, Mario López Valdez (Malova) y el Gabinete de Seguridad Nacional federal pusieron en marcha el miércoles 24 una nueva estrategia de seguridad. De inmediato se desataron los enfrentamientos y las ejecuciones en el sur de la entidad, según documenta Ríodoce en su edición que comenzó a circular el domingo 28 y que comparte con Proceso.

MAZATLÁN, SIN.- Luego del anuncio del reforzamiento de la estrategia de seguridad pública prometido por el Gabinete de Seguridad, se recrudeció la violencia en el sur de Sinaloa.


En las calles Framboyanes y Orquídea, del fraccionamiento Jacarandas, apareció un cuerpo descuartizado en una hielera, quien al parecer murió durante la balacera de la noche del sábado 20 entre gatilleros de grupos rivales en el libramiento Luis Donaldo Colosio, frente al fraccionamiento Villas del Rey.

Uno de los grupos viajaba en un auto Nissan Versa gris con placas de Jalisco; el otro se desplazaba en una camioneta Chevrolet blanca. Los vehículos tomaron la carretera Internacional, hacia el sur, y la trifulca terminó en la colonia Urías.

El enfrentamiento causó tres bajas y una mujer que viajaba en un camión resultó herida por una bala perdida.

El cadáver tenía un narcomensaje con la siguiente leyenda: “por 51 bola de marranos, zetonez, aquí GDG”.


El priista Fernando Pucheta Sánchez, diputado local con licencia y aspirante a la alcaldía local quedó en medio de la balacera. Cuando volvió la calma declaró: “Para mí, como ciudadano no acostumbrado a la violencia, fue una impresión… No quiero pensar cómo la viviría (un visitante). Creo que jamás se volvería a parar aquí en Mazatlán un turista, es entendible”.

El mismo domingo 21, a las 2:30 horas de la madrugada se desató una balacera en el estacionamiento del bar La Trova, ubicado en avenida Gabriel, en Cruz de Elota, donde se celebraba una fiesta amenizada por el grupo Enigma Norteño. Hubo cinco muertos: Gerardo “N”, un policía federal asignado a la zona, Marco Antonio Zepeda, Pilar Ayón Sánchez, José Mercedes Aragón Ayón y Lorenzo Antonio “N”.

Zepeda vivía en la colonia Víctor Manuel Quintero, mientras los dos últimos eran oriundos de El Salado y de Las Granjas del Norte, respectivamente.


También hubo dos heridos: Julio y Jesús “N”, quienes fueron trasladados a un hospital local. Según los testigos, una discusión provocó el enfrentamiento, en el que se utilizaron armas AK-47, AR-15 y de .9 milímetros. Los peritos de la procuraduría estatal aseguraron una camioneta Land Rover blanca modelo 2016 y un Nissan Sentra blanco modelo 2012.

En la colonia Avelino Sánchez, de la Sindicatura de Cacalotán, situada aproximadamente a 10 kilómetros del municipio El Rosario, las AK-47 respondieron al anuncio del Gabinete de Seguridad sobre el reforzamiento de la estrategia de seguridad a partir del miércoles 24.

Alrededor de las 9:30 horas de ese día fueron tirados en el kilómetro 281 de la carretera México-Nogales 15, entre los ejidos de Caleritas y El Aguaje de Hidalgo, al sur de la Sindicatura de Villa Unión, los cuerpos de Gabino “N” y José Manuel “N”.

Al parecer están relacionados con el asesinato de Alejandra Vanesa, asesinada en su vivienda de la colonia Avelino Sánchez, en Cacalotán, la noche del martes 23. En ese homicidio resultaron heridos dos hombres, cuyas edades fluctúan entre 25 y 35 años, así como una adolescente de 17 y una menor de seis.


Las autoridades policiacas descartaron el ataque directo de un grupo armado y aseguraron que se trató de crímenes pasionales.

El miércoles 24, alrededor de las 16:00 horas, las autoridades recibieron una llamada anónima sobre un enfrentamiento a la altura del arroyo El Quelite, en el kilómetro 23 de la Autopista del Pacífico Mazat­­lán-Culiacán, en la comunidad El Recreo.


Al llegar al lugar, los agentes descubrieron el cadáver de un desconocido que portaba un fusil y vestía una pechera. Estaba al lado de una camioneta Chevrolet Silverado. Entre los campos agrícolas había un herido junto a una camioneta Nissan Frontier blanca. Cerca del lugar estaba otro herido. Los uniformados recogieron cuatro fusiles AK-47, un AR-15 y decenas de casquillos percutidos.

Magdalena, una indígena de seis años que vive con sus padres en una precaria vivienda en Cacalotán estaba jugando en el patio de su casa el martes 23 cuando una bala perdida le penetró por el abdomen y le salió por la pierna izquierda.

Al día siguiente se le preguntó al director de la Policía Municipal de El Rosario, Jorge Sajarópolus Corona, si la estrategia de seguridad había fallado. Categórico, respondió que no había daños colaterales.

“Quien no la conoce, no puede hablar de la zona serrana. Junto con otros elementos estamos incursionando en la zona serrana de El Rosario, que es inmensa, agreste y dificultosa; ahorita el clima nos da chance de trabajarla porque está un poco seco.”

–¿Sabe si hubo algún ataque en Cacalotán? –se le pregunta.

–No, descarté el ataque de algún grupo.

–¿Las dos personas ejecutadas, tiradas en la carretera, en el ejido de Caleritas, tienen conexión con lo ocurrido en Cacalotán?

–Ahí sí no sé. Eso es lo que se especulaba… No tenemos acceso a esa información.

–Los ciudadanos de a pie perciben una “estrategia fallida” respecto a la seguridad pública.

–En Rosario, los parques los veo llenos (de gente); la Laguna del Iguanero también; al Caimanero van a divertirse; en Agua Verde circulan libremente, hubo unas fiestas ahí por el evento del día del patrono; en Chametla hubo eventos muy concurridos. En la hacienda del Tamarindo también pasaron las fiestas muy bien; y en el malecón veo a la gente divirtiéndose.

–¿Desde el atentado contra el comandante Miguel España, a finales de octubre de 2015, no ha habido otros hechos similares?

–¿En Rosario? No. Simplemente se han encontrado por ahí algunos sepultados, pero cosas graves como las de la zona serrana alta, no. No ha habido y no queremos tenerlas.

–Pero en algunos lugares hay problemas de seguridad pública…

–Sí, hay lugares donde tenemos problemas. Es lógico, sí, pero no hablemos de que la seguridad pública no ha avanzado. Hemos avanzado, claro que hemos avanzado. La Policía Municipal de El Rosario llegó fortalecida, tenemos apoyo de la Ministerial, con muchos elementos adscritos a la permanencia aquí.

“La vigilancia es permanente. Recorremos el municipio, sacando datos, platicando con las personas, con los síndicos, con el comisario.”

La violencia se recrudece

La lucha entre el Cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva acentuó la violencia principalmente en la zona serrana del sur del estado en las últimas semanas.

El gobernador Mario López Valdez (Malova) convocó a una reunión urgente con el Gabinete de Seguridad, con el propósito de establecer las estrategias para enfrentar de manera conjunta la ola de homicidios.

Ante el recrudecimiento de la violencia, el mandatario estatal envió un mensaje, asegurando que no está dispuesto a ceder ante las acciones de la delincuencia organizada, pero su discurso sobre los cambios en las estrategias de seguridad no es nuevo.

Durante su mandato se han aplicado varias estrategias para atacar la violencia. Algunos colaboradores del gobernador aseguran que ésta ha disminuido, pero lo cierto es que el sexenio de López Valdez es el más violento en la historia de Sinaloa, con 6 mil 741 homicidios dolosos.

La semana pasada, durante una reunión del grupo de Coordinación Sinaloa en Mazatlán, Malova declaró: “Considerando que estamos en una situación de necesidades de estar juntos, de organizarnos, han sido convocados en una reunión de evaluación de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días en el estado de Sinaloa.

“No estaría dispuesto a ceder lo que hemos logrado con el esfuerzo de todos, con la inversión de recursos, con la muerte de compañeros de distintas corporaciones; lo logrado en cinco años, bajando la guardia o cediendo ante las acciones de la delincuencia, lo ganado no ha sido poco.”

Las líneas de acción que se anunciaron en esa ocasión para contrarrestar el repunte violento incluyen un reforzamiento de los límites del estado con Nayarit, así como fortalecer los operativos de la Marina y el Ejército, sobre todo con mayor permanencia en la sierra de Rosario y San Ignacio.

Asimismo, se anunciaron cambios de mandos policiacos en al menos siete municipios a pesar de que hace apenas cinco meses fueron removidos. Sin embargo, los altos mandos en la estructura estatal de seguridad no han sido reemplazados.

La actual ola de violencia evidencia la falta de policías. De ahí que una de las estrategias sea trabajar más en la capital del estado. Ahora laborarán 12 horas y descansarán otras tantas, “por lo menos hasta que baje el índice de homicidios”.

Las autoridades estatales y las municipales acordaron a partir de la tercera semana de febrero no autorizar eventos masivos, sobre todo los que sean amenizados por grupos musicales que hagan apología del narcotráfico, hasta después de los comicios del próximo 5 de junio.

El secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, declaró: “Se les pidió (apoyo a todos los presidentes municipales) y acordaron que no haya ningún evento masivo musical”.

Prueba y error

Las autoridades de los tres niveles acordaron implementar un operativo piloto en Culiacán contra la delincuencia. Si funciona, llevarán la estrategia a otros municipios, anunció la SSP estatal el jueves 25, dos días después de la reunión convocada por Malova con el gabinete de seguridad y los alcaldes sinaloenses.

En una segunda reunión, se acordó el modus operandi de las estrategias anunciadas por Malova los días previos. En ese encuentro participaron el titular de la SSP, Genaro García Castro; el coordinador general de Seguridad Pública, Moisés Melo García, y el comandante de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, así como los mandos municipales encargados de la seguridad que forman parte del mando unificado.

García Castro declaró que el propósito “es mejorar los resultados en las acciones de operaciones preventivas, para lo cual el Grupo de Coordinación Sinaloa diseñó una estrategia especial para ser ejecutada en el municipio de Culiacán, y que de acuerdo a los resultados se llevará al resto del estado”.

Hasta el cierre de edición ninguna autoridad ha señalado en qué consiste esta estrategia especial.

García Castro aclaró que los acuerdos del Grupo de Coordinación Sinaloa son: incrementar las acciones en la entidad con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la de la Marina-Armada de México, la Procuraduría General de la República, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.


Pero el “operativo especial”, comentó, se realizará sólo en Culiacán, con el fin de medir los resultados y evaluar las estrategias.

FUENTE: PROCESO/ RIODOCE.
AUTOR: CAYETANO OSUNA, CRISTIAN DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432211/432211

5 fallas que tiene el sistema de cárceles en México, según la CIDH

Sobrepoblación en 200 de 388 cárceles, prolongados regímenes de aislamiento y falta de atención diferenciada son algunas de las problemáticas identificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los problemas de que padece México, difundido el pasado miércoles 2 de marzo, se enumeran fallas del sistema de cárceles del país, como el hacinamiento, la corrupción y el autogobierno de los presos.

Esas carencias llevaron a que  el 10 de febrero murieran 49 personas en la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, tras desatarse una riña entre los internos. Y antes de ese caso, en años previos se han presentado tragedias similares en las prisiones.

A continuación puedes leer sobre una decena de problemas en las cárceles que identificó la Comisión Interamericana, tras la visita de sus especialistas a México el año pasado:

1.- Hacinamiento

En México, según los datos de las autoridades carcelarias que recabó la CIDH, hay 388 centros penales o cárceles: 17 centros federales; 12 en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); 285 dependientes de gobiernos estatales, y 74 de tipo municipal.

Hay una población penitenciaria total de 254,469 personas privadas de libertad, de las cuales 205,644 pertenecen al fuero común (80.81%) y 48,825 al fuero federal (19.19%).

“Aproximadamente el 42.22% de las personas privadas de su libertad se encuentra en prisión preventiva”, detalla la Comisión.

El dato de que hay 254, 469 personas presas, permita calcular que hay un déficit de 51,353 plazas.

“Es decir, hay un nivel de hacinamiento general del 25.5%, por encima de su capacidad de alojamiento. De los 388 centros penales del país, 200 se encuentran sobrepoblados”, indica la CIDH.

“El hacinamiento tendría como consecuencia el incremento del autogobierno descontrolado por la falta de supervisión por parte de la autoridad penitenciaria, corrupción y violencia en los últimos años”, agrega la Comisión en el reporte “Situación de Derechos Humanos en México”.

2.- Corrupción y autogobierno

El personal carcelario en México es insuficiente, labora en condiciones precarias y no cuenta con los elementos necesarios para desempeñar su función, y esos factores llevan a que se corrompa o que se permita a los internos hacerse del control absoluto de las prisiones, según la CIDH.

“Esta situación, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, se presentaría particularmente en los estados del Norte del país donde hay una fuerte presencia de delincuencia organizada”, indica el reporte.

“En particular, han destacado la complejidad de la situación en centros penales como Topo Chico, en el estado de Nuevo León, donde supuestamente los propios internos golpean, e incluso han llegado a privar de la vida a aquéllos que se han negado a cubrir los montos de las extorsiones”, agrega.

En cárceles como la de Topo Chico, según la CIDH, no se permitía que los familiares dieran artículos de primera necesidad a los internos, porque una empresa dentro de la cárcel los vendía a “precios exorbitantes”.

3.- Aislamiento

La CIDH señala que en las cárceles mexicanas hay prolongados regímenes de aislamiento, con sanciones disciplinarias que resultan desproporcionadas en relación con el acto que se sanciona.

A menudo, según la Comisión, los castigos responden a “criterios discrecionales por parte del personal penitenciario, además de que las personas a las que se les imponen este tipo de sanciones no cuentan con los mecanismos independientes y eficaces para cuestionarlas”.

El régimen de aislamiento, agrega el estudio, es uno de los castigos más comunes. Se lleva a los internos a “celdas pequeñas y en condiciones deplorables, por periodos excesivamente prolongados –hasta por meses– y con restricción de visitas y llamadas con sus familiares”.

En una visita de la CIDH al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, se observó “las condiciones deplorables de las celdas de castigo utilizadas”, y se constató el prolongado tiempo de aplicación de este tipo de sanciones.

“Al respecto, una de las internas refirió llevar encerrada tres meses en celdas de castigo por haber discutido con un jefe de seguridad; este periodo de tiempo fue también confirmado por las autoridades, quienes afirmaron que habría sido el resultado de algunas infracciones seguidas cometidas por la persona castigada”, indicó la Comisión.

En una celda donde se tenía a tres internas sometidas a régimen de aislamiento, se observaron “condiciones deplorables en cuanto a limpieza; en particular, el excusado estaba sucio, la celda estaba repleta de basura; se encontraba comida en mal estado, papeles, e incluso, una toalla femenina usada estaba a la vista”.

4.- Privatización de las cárceles

Sobre este punto, la CIDH indicó que, según los reportes que logró obtener, “desde 2006 se estarían celebrando diversos contratos de prestación de servicios para la administración y manejo de los centros de detención, a fin de disminuir la carga financiera del Estado”.

Es decir, se ha otorgado a empresas privadas el derecho a operar prisiones.

“De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, a fin de dar cumplimiento a los contratos con empresas privadas, cada centro debe mantener el número de personas privadas de libertad en razón de la capacidad instalada, lo que incentivaría la utilización de la prisión como el único medio para combatir el delito”, apuntó en el estudio.

Al respecto, la CIDH expresó su preocupación porque hay poca información oficial “sobre los contratos celebrados por el Estado y las empresas respectivas señaladas por organizaciones de la sociedad civil”.

De hecho, según su reporte, la Comisión solicitó la información sobre los contratos vía transparencia, pero la negó el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por ser considerada reservada.

Otro punto de preocupación, según la CIDH, es la de que se habría iniciado en 2008 un “proceso de importación de un modelo carcelario de Estados Unidos, a través de la certificación internacional por parte del American Correctional Association (“ACA” por sus siglas en inglés)”.

De acuerdo con el reporte, el comisionado del Órgano Desconcentrado Administrativo Desconcentrado —que administra las prisiones— informó que al conseguir la certificación, a través del apoyo de la Iniciativa Mérida, “se consiguen apoyos en especie, tales como equipos tecnológicos y médicos”.

“Esta Comisión manifiesta su preocupación por la información recibida respecto a que por lo menos en algunos casos, los regímenes de los centros privatizados y la búsqueda por certificación internacional, serían planteados y ejecutados a partir de estructura de máxima seguridad estadounidense; lo que habría derivado en la aplicación de regímenes incompatibles con los derechos humanos”, indicó el reporte de la CIDH.

“En este sentido, dichos regímenes han implicado en la práctica excesivas restricciones de visitas por parte de familiares y defensores de las personas privadas de libertad; limitadísimo acceso al aire libre y actividades de recreación; revisiones físicas excesivas, incluso en partes íntimas del cuerpo de los visitantes”, agregó.

5.- Falta de atención diferenciada

La CIDH indicó que las mujeres que están encarceladas “se enfrentan a serios abusos y a condiciones que no están adaptadas a su condición; lo anterior, debido a la ausencia de perspectiva de género en la normativa local y políticas públicas”.

Organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión que aproximadamente el 60 % de la población femenina se encuentra en centros de reclusión masculinos, “por lo que se encuentran en espacios que las colocan en un mayor riesgo de abusos por parte de otros internos y funcionarios”.

En cuanto a las personas con discapacidad que están en prisión, la CIDH apuntó que en su mayoría se encuentra en centros inadecuados para su condición o tratamiento, en sectores reducidos de las prisiones, con condiciones de insalubridad y hacinamiento.


El reporte completo:

Situación de Derechos Humanos en México CIDH:

  Situación de Derechos Humanos en México CIDH by http://www.animalpolitico.com

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/5-fallas-que-tiene-el-sistema-de-carceles-en-mexico-segun-la-cidh/

El 75% de la población mundial no tiene acceso a medicamentos para tratar el dolor

Las medidas altamente restrictivas de los países hacia sustancias controladas atentan contra el derecho a la salud de la población, que no tiene acceso a analgésicos opioides.

El 75% de la población global no tiene acceso a un medicamento para controlar el dolor en caso de enfermedad terminal.

En el mundo, los cuidados paliativos —las atenciones y tratamientos para controlar el dolor de enfermos terminales— son un lujo al que sólo acceden una minoría debido a que los países mantienen medidas altamente restrictivas para tener acceso a medicamentos que contienen estupefacientes como la morfina.

De hecho, el 92% de la morfina utilizada en el mundo para tratar enfermedades se consume en países con sólo el 17% de la población global: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y algunos países de Europa occidental, alertó este miércoles la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su Informe mundial 2015.

El acceso insuficiente a estos medicamentos atenta contra el derecho a la salud. Los analgésicos opioides son indispensables en tratamientos para enfermedades como el cáncer, el VIH/SIDA, enfermedades cardiovasculares, otras crónicas de las vías respiratorias, diabetes u otras heridas y afecciones.

Los tratados internacionales sobre la fiscalización de estupefacientes —todos ratificados por México— establecen el compromiso de la comunidad internacional para garantizar la disponibilidad de drogas que son indispensables para fines médicos y no restringir “indebidamente” su suministro.

“En los últimos decenios esa promesa no se ha cumplido plenamente. Todavía hay demasiadas personas que sufren o que mueren con dolor, o que no tienen acceso a la medicación que necesitan. El sufrimiento innecesario por falta de medicación adecuada debido a la inacción y al exceso de requisitos administrativos es una situación que nos avergüenza a todos”, cita el informe de la JIFE.

El caso de México

Se estima que en el país al menos 300 mil personas que mueren cada año padecieron dolores agudos y requirieron cuidados paliativos.

Estos mexicanos fueron víctimas de dolor, ansiedad y depresión y no contaron con acceso a un tratamiento adecuado “socavando su calidad de vida y la de sus familiares en sus últimos días de vida”.

Sin embargo, para revertir esa situación México estrenó en junio pasado un nuevo sistema que busca facilitar la prescripción y entrega de analgésicos opioides.

Este sistema disminuye los trámites para que un médico obtenga las recetas especiales requeridas para prescribir ese tipo de tratamientos. Ahora puede hacerlo por Internet, pues antes tenían que acudir a un punto específico en la capital de cada estado para tramitar el recetario.

El control de los fármacos también es electrónico para las farmacias. Antes lo llevaban en libros que llenaban a mano y tenían que convertir en reportes para presentarlos ante autoridades estatales.

Sólo 24 recetas con analgésicos opioides se habían entregado en México durante el primer semestre de 2015. Con el nuevo sistema electrónico, ya se surtieron 11 mil 200, según datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Fin a la política represiva

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) enfocó su informe 2015 en que los tratados sobre la fiscalización de drogas están hechos para proteger la salud y el bienestar públicos e individuales y dijo que éstos no dan pie a una “guerra contra las drogas”.

“El futuro de la política antidroga no radica en elegir entre la aplicación militarizada de las leyes sobre drogas y la legalización del uso de las drogas con fines no terapéuticos, sino en hacer de la salud y el bienestar la piedra angular de la política en materia de drogas y aplicar plenamente los objetivos y principios de los tratados y las declaraciones políticas”.

La Junta indica que se debe optar por medidas de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación y reinserción social en lugar de la condena y el castigo por el uso de drogas.

“Al asegurar la prestación de servicios de prevención y tratamiento, los gobiernos no solo promueven la salud de sus ciudadanos, también contribuyen a privar a los traficantes de su clientela”.

La misión de la JIFE es trabajar con los gobiernos para asegurar que haya suministro de las drogas adecuadas para fines médicos pero también revisa cuáles son las deficiencias de los sistemas de cada Estado que propician la fabricación, tráfico y uso ilícito de drogas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/el-75-de-la-poblacion-mundial-no-tiene-acceso-a-medicamentos-para-tratar-el-dolor/

Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua

Grupos del crimen organizado lograron infiltrar las listas de candidatos a alcaldes, principalmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque también las del Partido Acción Nacional (PAN), para las elecciones del 5 de junio en municipios serranos y en corredores de trasiego de droga, de acuerdo con la lista que dio a conocer el Comité Directivo Estatal deltricolor el pasado fin de semana.

Desde principios de febrero, antes de la emisión de la convocatoria del PRI, los aspirantes más fuertes a las presidencias municipales de Namiquipa, Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura recibieron mensajes intimidatorios, presuntamente del crimen organizado, ordenándoles no participar en los procesos internos porque sólo habría un candidato.

En Bachíniva, en el noroeste del estado, pistoleros identificados con Arturo Quintana, El 80, se encargaron de hacer llegar la advertencia. Para ese municipio sería postulada por el PRI Silvia Mariscal Estada, suegra del líder criminal que desde hace seis años tiene el control territorial en ese y otros municipios.

En Namiquipa, Arturo Quintana aplicó el mismo método para respaldar la candidatura de Ramón Alonso Enríquez Mendoza.

En Chínipas, municipio de la baja Tarahumara, el precandidato que registró el PRI es Juan Miguel Salazar Ochoa. Semanas antes, a cuatro varones que tenían intenciones de buscar la candidatura del PRI les advirtieron: “Más vale que se calmen; el presidente municipal va a serJuanito. Nadie más se apuntó, ni en el PRI ni en el PAN”, declararon a La Jornada habitantes de esa localidad, a condición del anonimato.

Abogado de profesión, Juanito es hijo de Joel Salazar Zamorano y sobrino de Crispín Salazar Zamorano, quien heredó el control del grupo criminal Los Salazares, tras la detención, en noviembre de 2012, de su hermano Adán Salazar Zamorano y su sobrino Jesús Alfredo Salazar Ramírez.

En 34 de los 67 municipios de la entidad, la Comisión Estatal para el Proceso Interno del PRI decidió que las candidaturas serían por designación directa; además entre 33 y 34 mujeres deberán ser abanderadas a las presidencias municipales. Ello ocasionó que esposas, hermanas, cuñadas y hasta suegras de ex alcaldes o de personajes identificados con los grupos criminales fuesen postuladas.


Así, la designación de Míriam Caballero Arras en Buenaventura estuvo antecedida de presiones hacia sus adversarias internas, desde que dicha comisión anunció que allí designaría directamente a una mujer en cumplimiento de la paridad de género, contemplada en la Ley Electoral. Ella es propietaria de huertas nogaleras, pero los pobladores la ubican como prestanombres de personajes ligados al crimen organizado.

Es también el caso Gran Morelos, Uruachi y Urique, tres municipios serranos, donde el PRI postulará a familiares de ex alcaldes presuntamente relacionados con grupos criminales. También es el caso de Adriana Campos, abanderada del PAN en Uruachi.

Guillermo Dowell, dirigente estatal del PRI, aseguró que los delegados designados especialmente para hacer consultas en las localidades y elaborar los perfiles de hombres y mujeres antes de ser postulados actuaron de buena fe.

Estamos en el proceso de revisión; en cada municipio se creó un órgano interno que está validando las propuestas, seguimos revisando los perfiles de los candidatos. No hemos detectado problemas en la gente que ha solicitado su registro; si hubiera algún dato que indique riesgo tomaremos medidas, hasta ahorita hemos validado gente que es querida en sus municipios, pero estamos en disposición de revisar todo, adelantó.

Mario Vázquez, presidente del Comité Estatal del PAN, indicó que se tienen identificados al menos seis municipios de riesgo, entre ellos Chínipas, Bachíniva, Namiquipa, Buenaventura, Rivapalacio, Balleza, por la injerencia directa de grupos criminales en el proceso electoral para renovar alcaldías.

Estamos conscientes de la interacción que existe en muchos municipios de Chihuahua con los grupos criminales; por eso estamos dispuestos a revisar cualquier situación que nos hagan saber sobre los candidatos que estamos eligiendo. Revisaremos con cuidado cada caso. No queremos competir con gente que tiene relaciones sospechosas, recalcó el presidente del PAN.



Fuente: La Jornada

Autora: Miroslava Breach Velducea

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/04/estados/028n1est

Ausentismo en escuelas por violencia en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamps. Por la violencia que se reactivó en las últimas semanas en esta capital, hay ausentismo en las escuelas de educación básica de la zonas urbanas y residenciales.

Desde anoche circulan en redes sociales alertas por supuestos ataques de civiles armados a dos colegios privados y una escuela primaria de educación pública.

Pero el gobierno estatal no ha emitido ninguna alerta por situaciones de riesgo. La Secretaría de Educación enmudeció y dejó a criterio de los padres de familia la permanencia de sus hijos en los planteles escolares.

Cerca de la media noche de ayer jueves, la Procuraduría tamaulipeca boletinó la ejecución de una pareja de jóvenes, hombre y mujer, ajusticiados en el 16 y 17 de Sonora, cerca de la zona residencial, con fusiles de asalto.

En el Colegio Lasallista José de Escandón, se suspendió la celebración del día de la familia, en la que participarían alumnos de familias de una decena de escuelas de esta ciudad.

Asimismo, en el Colegio Antonio Repiso, los padres de familia retiraron a sus hijos, porque el plantel que atienden las religiosas del Divino Pastor cerró la escuela desde el nivel de kinder hasta el de preparatoria.

La sicosis se extendió a otros planteles de educación básica, de donde también los padres de familia retiraron a sus hijos.

La población dejó de usar camiones de transporte, porque uno de los ataques de los civiles armados tuvo como blanco una unidad de transporte en el Fraccionamiento Luis Quintero, donde murió una de las víctimas y otro fue reportado grave.

Fuente: La Jornada

Autor: Martín Sánchez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/04/ausentismo-en-escuelas-por-violencia-en-tamaulipas-3462.html

Sí se violaron derechos de Nestora al ser detenida: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que autoridades del estado de Guerrero violaron los derechos de Nestora Salgado García y otros seis integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) durante su detención.

Además, señaló que otras ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad, detenidas en la Casa de Justicia de El Paraíso, también fueron objeto de abusos físicos y trato inhumano por policías comunitarios, quienes violentaron su derecho a la integridad personal, trato digno, libertad sexual y derecho a una vida sin violencia.

En la recomendación 9/2016, dirigida a diversas autoridades del gobierno de Guerrero, la CNDH señaló que a las irregularidadescometidas en las detenciones de los seis policías de la CRAC-PC se suma el hecho acreditado de que tres de ellos fueron víctimas de tortura y otros tres recibieron tratos crueles y degradantes.

La recomendación de 176 cuartillas, cuya integración duró más de dos años, advierte que la CNDHno tiene facultades para investigar delitos y para determinar la responsabilidad penal de V1 –como es identificada Nestora Salgado–, cuestión que atañe al Ministerio Público y a las autoridades judiciales a cargo de las causas penales que se le siguen, como en el resto de las acusaciones que enfrentan en diversas causas penales.

El segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama, explicó a La Jornada que la comisión recibió desde agosto de 2013 varias denuncias, tanto de policías comunitarios como de las personas que estuvieron internadas en los centros de reducación, y ambas fueron atendidas e investigadas.

Dichas denuncias se refieren a hechos que implicaban presuntas violaciones a derechos humanos, como detención arbitraria, ataques a la libertad e integridad personal, faltas al debido proceso, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la aplicación del sistema comunitario de justicia conforme a usos y costumbres, con base en lo dispuesto por instrumentos internacionales, así como en leyes y normas nacionales, estatales y locales.


En sus conclusiones, la CNDH señala que a nivel colectivo, las autoridades estatales vulneraron la autodeterminación y la autonomía de las comunidades indígenas que integran el Sistema Comunitario de Justicia. Pero también indica que las autoridades comunitarias incumplieron su obligación de conducirse con pleno respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas bajo su custodia.

La CNDH encontró que las violaciones, tanto de las autoridades comunitarias como de las personas sancionadas por el Sistema Comunitario de Justicia, fueron motivadas, en buena medida, porque los ámbitos de actuación, procedimientos y atribuciones de las autoridades estatales y de las comunitarias no están claramente delimitados, ya que la fuente normativa es deficiente, ambigua y omisa en muchos aspectos.

Por ello, una de las recomendaciones al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, es presentar iniciativas de ley y reformas para asegurar el pleno respeto a la autonomía y determinación de los pueblos y comunidades indígenas, y a la Fiscalía General del Estado,reparar el daño a integrantes de la CRAC-PC y que se investigue y sancione a los servidores públicos involucrados en las detenciones, tanto de las autoridades estatales como del Sistema de Justicia Comunitario.



Fuente: La Jornada

Autor: José Antonio Román

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/04/politica/007n1pol

Sube 4 número de muertos por desplome de catedral en Oaxaca

Oaxaca, Oax. La Fiscalía General del Estado reportó cuatro fallecidos por el desplome de la cúpula de la catedral "La Barca" de San Juan Bautista Tuxtepec ocurrida la tarde de este jueves.

De acuerdo con la FGE, los fallecidos son Roberto Joaquín Cabrera de 44 años, Gabriel Dionisio Esteva de 58, Randy Dionisio Roque de 29 años y Roberto Campos Lara, mismos que ya fueron entregados a sus dolientes.

Asimismo se informó que peritos expertos en distintas especialidades se mantienen en el lugar para determinar las causas del accidente.

Además continúan las labores de rescate en la zona del siniestro toda vez que aún se reportan un aproximado de 10 desaparecidos.

Fuente: La Jornada

Autor: Jorge A. Pérez Alfonso

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/04/reportan-4-muertos-por-desplome-de-catedral-en-oaxaca-2678.html

'El Chapo' financió a políticos mexicanos, dice su hija

Joaquín El Chapo Guzmán Loera apoyó económicamente varias campañas de jóvenes políticos mexicanos, y el año pasado viajó de forma clandestina a Estados Unidos para visitar familiares en un par de ocasiones, según aseguró su hija Rosa Isela Guzmán Ortiz en entrevista con el diario británico The Guardian.

El líder del cártel de Sinaloa había regalado una casa a su hija en California y "poco después vino a ver la casa, su casa, vino dos veces", aseguró Rosa Isela sin especificar la fecha de esas visitas ni cómo logró el escurridizo capo ingresar a Estados Unidos.

"Le pregunté lo mismo, créeme", bromeó su hija, una empresaria de 39 años afincada en California.

El Chapo Guzmán fue recapturado el pasado 8 de enero en Sinaloa y ahora se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, de donde se fugó de forma espectacular en julio pasado a través de un túnel kilométrico cavado debajo de su celda que dejó en ridículo al gobierno de Enrique Peña Nieto.

"La fuga de mi papá fue un acuerdo", afirmó Rosa Isela, quien en la entrevista dijo además que su padre ha financiado las campañas de importantes políticos que, a cambio, le protegían.

"Todo lo que sé es que mi padre le dijo a su abogado que diera algunos cheques para campañas (políticas) y pidió que a cambio se le respetara", manifestó la hija del narcotraficante adelantando que la familia está deliberando si hace públicos esos cheques con los nombres de los supuestos políticos que aceptaron su ayuda.

Antes de su captura en febrero de 2014, el capo había estado prófugo 13 años después de haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad de Jalisco (oeste) supuestamente escondido en un cubo de la ropa sucia.

"Desesperado" por no poder dormir ante las fuertes medidas de vigilancia en El Altiplano, Guzmán pidió esta semana a su defensa agilizar su extradición a Estados Unidos, algo que había tratado de evitar antes.

La defensa de Guzmán ha asegurado que el capo estaría dispuesto a declararse culpable en Estados Unidos a cambio de negociar una pena "relativamente razonable" y de ser llevado a una cárcel de mediana seguridad.

Fuente: La Jornada

Autor: AFP

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/04/el-chapo-financio-a-politicos-mexicanos-dice-su-hija-3336.html

El 60% del gasto destinado a Ciencia y Tecnología está en la opacidad, dicen diputados

Una de las promesas de Enrique Peña Nieto fue que el presupuesto de Ciencia y Tecnología tendría que ser del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, con las contingencias anunciadas que han llevado a un reajuste total de 132 mil millones de pesos en diferentes rubros, la meta parece más lejana, aseguraron los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

Alrededor del 60 por ciento del total del gasto destinado a Ciencia y Tecnología se maneja en la opacidad, de acuerdo con José Bernardo Quezada Salas, presidente de la Comisión encargada de llevar este rubro en la Cámara de Diputados.

“Del total del presupuesto para Ciencia y Tecnología el 40 por ciento es para el Conacyt, y el 60 por ciento es para otras dependencias para el Gobierno federal. Hasta Gobernación tiene 70 millones de pesos para este rubro, y que nadie sabe en qué lo gastan. Y que el propio Conacyt no verifica y no palomea. Nos hemos encontrado que algunas de esas, como el hecho de comprar computadoras para ellos, es acceder a Ciencia y tecnología”, dijo Quezada.

El gasto avalado para este rubro dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 fue de 34 mil 10 millones de pesos.

La situación económica del país ocasionó que el Gobierno tuviera que hacer ajustes a su presupuesto. El Diputado José Quezada, del Partido Nueva Alianza (Panal), se manifestó resignado a que se realicen recortes de 900 millones de pesos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La Diputada de oposición de dicha Comisión, Tania Victoria Arguijo Herrera, argumentó que la medida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) fue una violación a la autonomía del Poder Legislativo.

“Somos nosotros los que tendríamos que hacer reajustes y todavía le va quitar a ciencia. Va haber una comparecencia de Videgaray, porque lo hecho, hecho está. Él tuvo que haber venido a realizar ese reajuste en conjunto”, detalló.

Después de una serie de críticas, suscitadas tras el anunció de que 100 millones de pesos serían recortados a becas de estudio, las autoridades decidieron echarse para atrás. En una reunión del titular del Conacyt Enrique Cabrero Mendoza con la comisión de Ciencia y Tecnología se acordó que el rubro de las becas no sería reducido.

“Lo que argumentamos es que no puede haber una reducción en las becas porque esto es limitativo para los jóvenes. Porque les quita la posibilidad de incrustarse en otro medio, en otro país”, señaló Quezada.

Ahora el recorte de 100 millones de pesos irá a otros rubros. Antes de este anuncio, el ajuste de los 900 millones de pesos iba ser reducido en 350 millones de pesos a los apoyos de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, en 250 millones de pesos al programa denominado Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica, y en 200 millones de pesos al Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.

“Los rubros importantes son salud y educación, si en algo nos opusimos desde el principio fue que se hicieran recortes en ambos. Y de hecho el PEF no les pegó, y ahora el Gobierno quiere pasar la factura”, dijo Arguijo Herrera.

Una de las promesas de Enrique Peña Nieto fue que el presupuesto de Ciencia y Tecnología tendría que ser del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, con las contingencias anunciadas que han llevado a un reajuste total de 132 mil millones de pesos en diferentes rubros, la meta parece más lejana, aseguraron los miembros de la Comisión.

“Quienes lo han logrado, como Corea y Estados Unidos, tuvieron grandes avances. Sin embargo, en México sería hablar de irrealidades”, detalló Quezada.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-03-2016/1631714