viernes, 4 de marzo de 2016

El de Malova, el sexenio más sangriento

En las postrimerías de su sexenio –el más violento en la historia de Sinaloa: 6 mil 741 homicidios dolosos–, Mario López Valdez (Malova) y el Gabinete de Seguridad Nacional federal pusieron en marcha el miércoles 24 una nueva estrategia de seguridad. De inmediato se desataron los enfrentamientos y las ejecuciones en el sur de la entidad, según documenta Ríodoce en su edición que comenzó a circular el domingo 28 y que comparte con Proceso.

MAZATLÁN, SIN.- Luego del anuncio del reforzamiento de la estrategia de seguridad pública prometido por el Gabinete de Seguridad, se recrudeció la violencia en el sur de Sinaloa.


En las calles Framboyanes y Orquídea, del fraccionamiento Jacarandas, apareció un cuerpo descuartizado en una hielera, quien al parecer murió durante la balacera de la noche del sábado 20 entre gatilleros de grupos rivales en el libramiento Luis Donaldo Colosio, frente al fraccionamiento Villas del Rey.

Uno de los grupos viajaba en un auto Nissan Versa gris con placas de Jalisco; el otro se desplazaba en una camioneta Chevrolet blanca. Los vehículos tomaron la carretera Internacional, hacia el sur, y la trifulca terminó en la colonia Urías.

El enfrentamiento causó tres bajas y una mujer que viajaba en un camión resultó herida por una bala perdida.

El cadáver tenía un narcomensaje con la siguiente leyenda: “por 51 bola de marranos, zetonez, aquí GDG”.


El priista Fernando Pucheta Sánchez, diputado local con licencia y aspirante a la alcaldía local quedó en medio de la balacera. Cuando volvió la calma declaró: “Para mí, como ciudadano no acostumbrado a la violencia, fue una impresión… No quiero pensar cómo la viviría (un visitante). Creo que jamás se volvería a parar aquí en Mazatlán un turista, es entendible”.

El mismo domingo 21, a las 2:30 horas de la madrugada se desató una balacera en el estacionamiento del bar La Trova, ubicado en avenida Gabriel, en Cruz de Elota, donde se celebraba una fiesta amenizada por el grupo Enigma Norteño. Hubo cinco muertos: Gerardo “N”, un policía federal asignado a la zona, Marco Antonio Zepeda, Pilar Ayón Sánchez, José Mercedes Aragón Ayón y Lorenzo Antonio “N”.

Zepeda vivía en la colonia Víctor Manuel Quintero, mientras los dos últimos eran oriundos de El Salado y de Las Granjas del Norte, respectivamente.


También hubo dos heridos: Julio y Jesús “N”, quienes fueron trasladados a un hospital local. Según los testigos, una discusión provocó el enfrentamiento, en el que se utilizaron armas AK-47, AR-15 y de .9 milímetros. Los peritos de la procuraduría estatal aseguraron una camioneta Land Rover blanca modelo 2016 y un Nissan Sentra blanco modelo 2012.

En la colonia Avelino Sánchez, de la Sindicatura de Cacalotán, situada aproximadamente a 10 kilómetros del municipio El Rosario, las AK-47 respondieron al anuncio del Gabinete de Seguridad sobre el reforzamiento de la estrategia de seguridad a partir del miércoles 24.

Alrededor de las 9:30 horas de ese día fueron tirados en el kilómetro 281 de la carretera México-Nogales 15, entre los ejidos de Caleritas y El Aguaje de Hidalgo, al sur de la Sindicatura de Villa Unión, los cuerpos de Gabino “N” y José Manuel “N”.

Al parecer están relacionados con el asesinato de Alejandra Vanesa, asesinada en su vivienda de la colonia Avelino Sánchez, en Cacalotán, la noche del martes 23. En ese homicidio resultaron heridos dos hombres, cuyas edades fluctúan entre 25 y 35 años, así como una adolescente de 17 y una menor de seis.


Las autoridades policiacas descartaron el ataque directo de un grupo armado y aseguraron que se trató de crímenes pasionales.

El miércoles 24, alrededor de las 16:00 horas, las autoridades recibieron una llamada anónima sobre un enfrentamiento a la altura del arroyo El Quelite, en el kilómetro 23 de la Autopista del Pacífico Mazat­­lán-Culiacán, en la comunidad El Recreo.


Al llegar al lugar, los agentes descubrieron el cadáver de un desconocido que portaba un fusil y vestía una pechera. Estaba al lado de una camioneta Chevrolet Silverado. Entre los campos agrícolas había un herido junto a una camioneta Nissan Frontier blanca. Cerca del lugar estaba otro herido. Los uniformados recogieron cuatro fusiles AK-47, un AR-15 y decenas de casquillos percutidos.

Magdalena, una indígena de seis años que vive con sus padres en una precaria vivienda en Cacalotán estaba jugando en el patio de su casa el martes 23 cuando una bala perdida le penetró por el abdomen y le salió por la pierna izquierda.

Al día siguiente se le preguntó al director de la Policía Municipal de El Rosario, Jorge Sajarópolus Corona, si la estrategia de seguridad había fallado. Categórico, respondió que no había daños colaterales.

“Quien no la conoce, no puede hablar de la zona serrana. Junto con otros elementos estamos incursionando en la zona serrana de El Rosario, que es inmensa, agreste y dificultosa; ahorita el clima nos da chance de trabajarla porque está un poco seco.”

–¿Sabe si hubo algún ataque en Cacalotán? –se le pregunta.

–No, descarté el ataque de algún grupo.

–¿Las dos personas ejecutadas, tiradas en la carretera, en el ejido de Caleritas, tienen conexión con lo ocurrido en Cacalotán?

–Ahí sí no sé. Eso es lo que se especulaba… No tenemos acceso a esa información.

–Los ciudadanos de a pie perciben una “estrategia fallida” respecto a la seguridad pública.

–En Rosario, los parques los veo llenos (de gente); la Laguna del Iguanero también; al Caimanero van a divertirse; en Agua Verde circulan libremente, hubo unas fiestas ahí por el evento del día del patrono; en Chametla hubo eventos muy concurridos. En la hacienda del Tamarindo también pasaron las fiestas muy bien; y en el malecón veo a la gente divirtiéndose.

–¿Desde el atentado contra el comandante Miguel España, a finales de octubre de 2015, no ha habido otros hechos similares?

–¿En Rosario? No. Simplemente se han encontrado por ahí algunos sepultados, pero cosas graves como las de la zona serrana alta, no. No ha habido y no queremos tenerlas.

–Pero en algunos lugares hay problemas de seguridad pública…

–Sí, hay lugares donde tenemos problemas. Es lógico, sí, pero no hablemos de que la seguridad pública no ha avanzado. Hemos avanzado, claro que hemos avanzado. La Policía Municipal de El Rosario llegó fortalecida, tenemos apoyo de la Ministerial, con muchos elementos adscritos a la permanencia aquí.

“La vigilancia es permanente. Recorremos el municipio, sacando datos, platicando con las personas, con los síndicos, con el comisario.”

La violencia se recrudece

La lucha entre el Cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva acentuó la violencia principalmente en la zona serrana del sur del estado en las últimas semanas.

El gobernador Mario López Valdez (Malova) convocó a una reunión urgente con el Gabinete de Seguridad, con el propósito de establecer las estrategias para enfrentar de manera conjunta la ola de homicidios.

Ante el recrudecimiento de la violencia, el mandatario estatal envió un mensaje, asegurando que no está dispuesto a ceder ante las acciones de la delincuencia organizada, pero su discurso sobre los cambios en las estrategias de seguridad no es nuevo.

Durante su mandato se han aplicado varias estrategias para atacar la violencia. Algunos colaboradores del gobernador aseguran que ésta ha disminuido, pero lo cierto es que el sexenio de López Valdez es el más violento en la historia de Sinaloa, con 6 mil 741 homicidios dolosos.

La semana pasada, durante una reunión del grupo de Coordinación Sinaloa en Mazatlán, Malova declaró: “Considerando que estamos en una situación de necesidades de estar juntos, de organizarnos, han sido convocados en una reunión de evaluación de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días en el estado de Sinaloa.

“No estaría dispuesto a ceder lo que hemos logrado con el esfuerzo de todos, con la inversión de recursos, con la muerte de compañeros de distintas corporaciones; lo logrado en cinco años, bajando la guardia o cediendo ante las acciones de la delincuencia, lo ganado no ha sido poco.”

Las líneas de acción que se anunciaron en esa ocasión para contrarrestar el repunte violento incluyen un reforzamiento de los límites del estado con Nayarit, así como fortalecer los operativos de la Marina y el Ejército, sobre todo con mayor permanencia en la sierra de Rosario y San Ignacio.

Asimismo, se anunciaron cambios de mandos policiacos en al menos siete municipios a pesar de que hace apenas cinco meses fueron removidos. Sin embargo, los altos mandos en la estructura estatal de seguridad no han sido reemplazados.

La actual ola de violencia evidencia la falta de policías. De ahí que una de las estrategias sea trabajar más en la capital del estado. Ahora laborarán 12 horas y descansarán otras tantas, “por lo menos hasta que baje el índice de homicidios”.

Las autoridades estatales y las municipales acordaron a partir de la tercera semana de febrero no autorizar eventos masivos, sobre todo los que sean amenizados por grupos musicales que hagan apología del narcotráfico, hasta después de los comicios del próximo 5 de junio.

El secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, declaró: “Se les pidió (apoyo a todos los presidentes municipales) y acordaron que no haya ningún evento masivo musical”.

Prueba y error

Las autoridades de los tres niveles acordaron implementar un operativo piloto en Culiacán contra la delincuencia. Si funciona, llevarán la estrategia a otros municipios, anunció la SSP estatal el jueves 25, dos días después de la reunión convocada por Malova con el gabinete de seguridad y los alcaldes sinaloenses.

En una segunda reunión, se acordó el modus operandi de las estrategias anunciadas por Malova los días previos. En ese encuentro participaron el titular de la SSP, Genaro García Castro; el coordinador general de Seguridad Pública, Moisés Melo García, y el comandante de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, así como los mandos municipales encargados de la seguridad que forman parte del mando unificado.

García Castro declaró que el propósito “es mejorar los resultados en las acciones de operaciones preventivas, para lo cual el Grupo de Coordinación Sinaloa diseñó una estrategia especial para ser ejecutada en el municipio de Culiacán, y que de acuerdo a los resultados se llevará al resto del estado”.

Hasta el cierre de edición ninguna autoridad ha señalado en qué consiste esta estrategia especial.

García Castro aclaró que los acuerdos del Grupo de Coordinación Sinaloa son: incrementar las acciones en la entidad con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la de la Marina-Armada de México, la Procuraduría General de la República, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.


Pero el “operativo especial”, comentó, se realizará sólo en Culiacán, con el fin de medir los resultados y evaluar las estrategias.

FUENTE: PROCESO/ RIODOCE.
AUTOR: CAYETANO OSUNA, CRISTIAN DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432211/432211

5 fallas que tiene el sistema de cárceles en México, según la CIDH

Sobrepoblación en 200 de 388 cárceles, prolongados regímenes de aislamiento y falta de atención diferenciada son algunas de las problemáticas identificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los problemas de que padece México, difundido el pasado miércoles 2 de marzo, se enumeran fallas del sistema de cárceles del país, como el hacinamiento, la corrupción y el autogobierno de los presos.

Esas carencias llevaron a que  el 10 de febrero murieran 49 personas en la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, tras desatarse una riña entre los internos. Y antes de ese caso, en años previos se han presentado tragedias similares en las prisiones.

A continuación puedes leer sobre una decena de problemas en las cárceles que identificó la Comisión Interamericana, tras la visita de sus especialistas a México el año pasado:

1.- Hacinamiento

En México, según los datos de las autoridades carcelarias que recabó la CIDH, hay 388 centros penales o cárceles: 17 centros federales; 12 en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); 285 dependientes de gobiernos estatales, y 74 de tipo municipal.

Hay una población penitenciaria total de 254,469 personas privadas de libertad, de las cuales 205,644 pertenecen al fuero común (80.81%) y 48,825 al fuero federal (19.19%).

“Aproximadamente el 42.22% de las personas privadas de su libertad se encuentra en prisión preventiva”, detalla la Comisión.

El dato de que hay 254, 469 personas presas, permita calcular que hay un déficit de 51,353 plazas.

“Es decir, hay un nivel de hacinamiento general del 25.5%, por encima de su capacidad de alojamiento. De los 388 centros penales del país, 200 se encuentran sobrepoblados”, indica la CIDH.

“El hacinamiento tendría como consecuencia el incremento del autogobierno descontrolado por la falta de supervisión por parte de la autoridad penitenciaria, corrupción y violencia en los últimos años”, agrega la Comisión en el reporte “Situación de Derechos Humanos en México”.

2.- Corrupción y autogobierno

El personal carcelario en México es insuficiente, labora en condiciones precarias y no cuenta con los elementos necesarios para desempeñar su función, y esos factores llevan a que se corrompa o que se permita a los internos hacerse del control absoluto de las prisiones, según la CIDH.

“Esta situación, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, se presentaría particularmente en los estados del Norte del país donde hay una fuerte presencia de delincuencia organizada”, indica el reporte.

“En particular, han destacado la complejidad de la situación en centros penales como Topo Chico, en el estado de Nuevo León, donde supuestamente los propios internos golpean, e incluso han llegado a privar de la vida a aquéllos que se han negado a cubrir los montos de las extorsiones”, agrega.

En cárceles como la de Topo Chico, según la CIDH, no se permitía que los familiares dieran artículos de primera necesidad a los internos, porque una empresa dentro de la cárcel los vendía a “precios exorbitantes”.

3.- Aislamiento

La CIDH señala que en las cárceles mexicanas hay prolongados regímenes de aislamiento, con sanciones disciplinarias que resultan desproporcionadas en relación con el acto que se sanciona.

A menudo, según la Comisión, los castigos responden a “criterios discrecionales por parte del personal penitenciario, además de que las personas a las que se les imponen este tipo de sanciones no cuentan con los mecanismos independientes y eficaces para cuestionarlas”.

El régimen de aislamiento, agrega el estudio, es uno de los castigos más comunes. Se lleva a los internos a “celdas pequeñas y en condiciones deplorables, por periodos excesivamente prolongados –hasta por meses– y con restricción de visitas y llamadas con sus familiares”.

En una visita de la CIDH al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, se observó “las condiciones deplorables de las celdas de castigo utilizadas”, y se constató el prolongado tiempo de aplicación de este tipo de sanciones.

“Al respecto, una de las internas refirió llevar encerrada tres meses en celdas de castigo por haber discutido con un jefe de seguridad; este periodo de tiempo fue también confirmado por las autoridades, quienes afirmaron que habría sido el resultado de algunas infracciones seguidas cometidas por la persona castigada”, indicó la Comisión.

En una celda donde se tenía a tres internas sometidas a régimen de aislamiento, se observaron “condiciones deplorables en cuanto a limpieza; en particular, el excusado estaba sucio, la celda estaba repleta de basura; se encontraba comida en mal estado, papeles, e incluso, una toalla femenina usada estaba a la vista”.

4.- Privatización de las cárceles

Sobre este punto, la CIDH indicó que, según los reportes que logró obtener, “desde 2006 se estarían celebrando diversos contratos de prestación de servicios para la administración y manejo de los centros de detención, a fin de disminuir la carga financiera del Estado”.

Es decir, se ha otorgado a empresas privadas el derecho a operar prisiones.

“De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, a fin de dar cumplimiento a los contratos con empresas privadas, cada centro debe mantener el número de personas privadas de libertad en razón de la capacidad instalada, lo que incentivaría la utilización de la prisión como el único medio para combatir el delito”, apuntó en el estudio.

Al respecto, la CIDH expresó su preocupación porque hay poca información oficial “sobre los contratos celebrados por el Estado y las empresas respectivas señaladas por organizaciones de la sociedad civil”.

De hecho, según su reporte, la Comisión solicitó la información sobre los contratos vía transparencia, pero la negó el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por ser considerada reservada.

Otro punto de preocupación, según la CIDH, es la de que se habría iniciado en 2008 un “proceso de importación de un modelo carcelario de Estados Unidos, a través de la certificación internacional por parte del American Correctional Association (“ACA” por sus siglas en inglés)”.

De acuerdo con el reporte, el comisionado del Órgano Desconcentrado Administrativo Desconcentrado —que administra las prisiones— informó que al conseguir la certificación, a través del apoyo de la Iniciativa Mérida, “se consiguen apoyos en especie, tales como equipos tecnológicos y médicos”.

“Esta Comisión manifiesta su preocupación por la información recibida respecto a que por lo menos en algunos casos, los regímenes de los centros privatizados y la búsqueda por certificación internacional, serían planteados y ejecutados a partir de estructura de máxima seguridad estadounidense; lo que habría derivado en la aplicación de regímenes incompatibles con los derechos humanos”, indicó el reporte de la CIDH.

“En este sentido, dichos regímenes han implicado en la práctica excesivas restricciones de visitas por parte de familiares y defensores de las personas privadas de libertad; limitadísimo acceso al aire libre y actividades de recreación; revisiones físicas excesivas, incluso en partes íntimas del cuerpo de los visitantes”, agregó.

5.- Falta de atención diferenciada

La CIDH indicó que las mujeres que están encarceladas “se enfrentan a serios abusos y a condiciones que no están adaptadas a su condición; lo anterior, debido a la ausencia de perspectiva de género en la normativa local y políticas públicas”.

Organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión que aproximadamente el 60 % de la población femenina se encuentra en centros de reclusión masculinos, “por lo que se encuentran en espacios que las colocan en un mayor riesgo de abusos por parte de otros internos y funcionarios”.

En cuanto a las personas con discapacidad que están en prisión, la CIDH apuntó que en su mayoría se encuentra en centros inadecuados para su condición o tratamiento, en sectores reducidos de las prisiones, con condiciones de insalubridad y hacinamiento.


El reporte completo:

Situación de Derechos Humanos en México CIDH:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/5-fallas-que-tiene-el-sistema-de-carceles-en-mexico-segun-la-cidh/

El 75% de la población mundial no tiene acceso a medicamentos para tratar el dolor

Las medidas altamente restrictivas de los países hacia sustancias controladas atentan contra el derecho a la salud de la población, que no tiene acceso a analgésicos opioides.

El 75% de la población global no tiene acceso a un medicamento para controlar el dolor en caso de enfermedad terminal.

En el mundo, los cuidados paliativos —las atenciones y tratamientos para controlar el dolor de enfermos terminales— son un lujo al que sólo acceden una minoría debido a que los países mantienen medidas altamente restrictivas para tener acceso a medicamentos que contienen estupefacientes como la morfina.

De hecho, el 92% de la morfina utilizada en el mundo para tratar enfermedades se consume en países con sólo el 17% de la población global: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y algunos países de Europa occidental, alertó este miércoles la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su Informe mundial 2015.

El acceso insuficiente a estos medicamentos atenta contra el derecho a la salud. Los analgésicos opioides son indispensables en tratamientos para enfermedades como el cáncer, el VIH/SIDA, enfermedades cardiovasculares, otras crónicas de las vías respiratorias, diabetes u otras heridas y afecciones.

Los tratados internacionales sobre la fiscalización de estupefacientes —todos ratificados por México— establecen el compromiso de la comunidad internacional para garantizar la disponibilidad de drogas que son indispensables para fines médicos y no restringir “indebidamente” su suministro.

“En los últimos decenios esa promesa no se ha cumplido plenamente. Todavía hay demasiadas personas que sufren o que mueren con dolor, o que no tienen acceso a la medicación que necesitan. El sufrimiento innecesario por falta de medicación adecuada debido a la inacción y al exceso de requisitos administrativos es una situación que nos avergüenza a todos”, cita el informe de la JIFE.

El caso de México

Se estima que en el país al menos 300 mil personas que mueren cada año padecieron dolores agudos y requirieron cuidados paliativos.

Estos mexicanos fueron víctimas de dolor, ansiedad y depresión y no contaron con acceso a un tratamiento adecuado “socavando su calidad de vida y la de sus familiares en sus últimos días de vida”.

Sin embargo, para revertir esa situación México estrenó en junio pasado un nuevo sistema que busca facilitar la prescripción y entrega de analgésicos opioides.

Este sistema disminuye los trámites para que un médico obtenga las recetas especiales requeridas para prescribir ese tipo de tratamientos. Ahora puede hacerlo por Internet, pues antes tenían que acudir a un punto específico en la capital de cada estado para tramitar el recetario.

El control de los fármacos también es electrónico para las farmacias. Antes lo llevaban en libros que llenaban a mano y tenían que convertir en reportes para presentarlos ante autoridades estatales.

Sólo 24 recetas con analgésicos opioides se habían entregado en México durante el primer semestre de 2015. Con el nuevo sistema electrónico, ya se surtieron 11 mil 200, según datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Fin a la política represiva

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) enfocó su informe 2015 en que los tratados sobre la fiscalización de drogas están hechos para proteger la salud y el bienestar públicos e individuales y dijo que éstos no dan pie a una “guerra contra las drogas”.

“El futuro de la política antidroga no radica en elegir entre la aplicación militarizada de las leyes sobre drogas y la legalización del uso de las drogas con fines no terapéuticos, sino en hacer de la salud y el bienestar la piedra angular de la política en materia de drogas y aplicar plenamente los objetivos y principios de los tratados y las declaraciones políticas”.

La Junta indica que se debe optar por medidas de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación y reinserción social en lugar de la condena y el castigo por el uso de drogas.

“Al asegurar la prestación de servicios de prevención y tratamiento, los gobiernos no solo promueven la salud de sus ciudadanos, también contribuyen a privar a los traficantes de su clientela”.

La misión de la JIFE es trabajar con los gobiernos para asegurar que haya suministro de las drogas adecuadas para fines médicos pero también revisa cuáles son las deficiencias de los sistemas de cada Estado que propician la fabricación, tráfico y uso ilícito de drogas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/el-75-de-la-poblacion-mundial-no-tiene-acceso-a-medicamentos-para-tratar-el-dolor/

Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua

Grupos del crimen organizado lograron infiltrar las listas de candidatos a alcaldes, principalmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque también las del Partido Acción Nacional (PAN), para las elecciones del 5 de junio en municipios serranos y en corredores de trasiego de droga, de acuerdo con la lista que dio a conocer el Comité Directivo Estatal deltricolor el pasado fin de semana.

Desde principios de febrero, antes de la emisión de la convocatoria del PRI, los aspirantes más fuertes a las presidencias municipales de Namiquipa, Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura recibieron mensajes intimidatorios, presuntamente del crimen organizado, ordenándoles no participar en los procesos internos porque sólo habría un candidato.

En Bachíniva, en el noroeste del estado, pistoleros identificados con Arturo Quintana, El 80, se encargaron de hacer llegar la advertencia. Para ese municipio sería postulada por el PRI Silvia Mariscal Estada, suegra del líder criminal que desde hace seis años tiene el control territorial en ese y otros municipios.

En Namiquipa, Arturo Quintana aplicó el mismo método para respaldar la candidatura de Ramón Alonso Enríquez Mendoza.

En Chínipas, municipio de la baja Tarahumara, el precandidato que registró el PRI es Juan Miguel Salazar Ochoa. Semanas antes, a cuatro varones que tenían intenciones de buscar la candidatura del PRI les advirtieron: “Más vale que se calmen; el presidente municipal va a serJuanito. Nadie más se apuntó, ni en el PRI ni en el PAN”, declararon a La Jornada habitantes de esa localidad, a condición del anonimato.

Abogado de profesión, Juanito es hijo de Joel Salazar Zamorano y sobrino de Crispín Salazar Zamorano, quien heredó el control del grupo criminal Los Salazares, tras la detención, en noviembre de 2012, de su hermano Adán Salazar Zamorano y su sobrino Jesús Alfredo Salazar Ramírez.

En 34 de los 67 municipios de la entidad, la Comisión Estatal para el Proceso Interno del PRI decidió que las candidaturas serían por designación directa; además entre 33 y 34 mujeres deberán ser abanderadas a las presidencias municipales. Ello ocasionó que esposas, hermanas, cuñadas y hasta suegras de ex alcaldes o de personajes identificados con los grupos criminales fuesen postuladas.


Así, la designación de Míriam Caballero Arras en Buenaventura estuvo antecedida de presiones hacia sus adversarias internas, desde que dicha comisión anunció que allí designaría directamente a una mujer en cumplimiento de la paridad de género, contemplada en la Ley Electoral. Ella es propietaria de huertas nogaleras, pero los pobladores la ubican como prestanombres de personajes ligados al crimen organizado.

Es también el caso Gran Morelos, Uruachi y Urique, tres municipios serranos, donde el PRI postulará a familiares de ex alcaldes presuntamente relacionados con grupos criminales. También es el caso de Adriana Campos, abanderada del PAN en Uruachi.

Guillermo Dowell, dirigente estatal del PRI, aseguró que los delegados designados especialmente para hacer consultas en las localidades y elaborar los perfiles de hombres y mujeres antes de ser postulados actuaron de buena fe.

Estamos en el proceso de revisión; en cada municipio se creó un órgano interno que está validando las propuestas, seguimos revisando los perfiles de los candidatos. No hemos detectado problemas en la gente que ha solicitado su registro; si hubiera algún dato que indique riesgo tomaremos medidas, hasta ahorita hemos validado gente que es querida en sus municipios, pero estamos en disposición de revisar todo, adelantó.

Mario Vázquez, presidente del Comité Estatal del PAN, indicó que se tienen identificados al menos seis municipios de riesgo, entre ellos Chínipas, Bachíniva, Namiquipa, Buenaventura, Rivapalacio, Balleza, por la injerencia directa de grupos criminales en el proceso electoral para renovar alcaldías.

Estamos conscientes de la interacción que existe en muchos municipios de Chihuahua con los grupos criminales; por eso estamos dispuestos a revisar cualquier situación que nos hagan saber sobre los candidatos que estamos eligiendo. Revisaremos con cuidado cada caso. No queremos competir con gente que tiene relaciones sospechosas, recalcó el presidente del PAN.



Fuente: La Jornada
Autora: Miroslava Breach Velducea
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/04/estados/028n1est

Ausentismo en escuelas por violencia en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamps. Por la violencia que se reactivó en las últimas semanas en esta capital, hay ausentismo en las escuelas de educación básica de la zonas urbanas y residenciales.
Desde anoche circulan en redes sociales alertas por supuestos ataques de civiles armados a dos colegios privados y una escuela primaria de educación pública.
Pero el gobierno estatal no ha emitido ninguna alerta por situaciones de riesgo. La Secretaría de Educación enmudeció y dejó a criterio de los padres de familia la permanencia de sus hijos en los planteles escolares.
Cerca de la media noche de ayer jueves, la Procuraduría tamaulipeca boletinó la ejecución de una pareja de jóvenes, hombre y mujer, ajusticiados en el 16 y 17 de Sonora, cerca de la zona residencial, con fusiles de asalto.
En el Colegio Lasallista José de Escandón, se suspendió la celebración del día de la familia, en la que participarían alumnos de familias de una decena de escuelas de esta ciudad.
Asimismo, en el Colegio Antonio Repiso, los padres de familia retiraron a sus hijos, porque el plantel que atienden las religiosas del Divino Pastor cerró la escuela desde el nivel de kinder hasta el de preparatoria.
La sicosis se extendió a otros planteles de educación básica, de donde también los padres de familia retiraron a sus hijos.
La población dejó de usar camiones de transporte, porque uno de los ataques de los civiles armados tuvo como blanco una unidad de transporte en el Fraccionamiento Luis Quintero, donde murió una de las víctimas y otro fue reportado grave.

Fuente: La Jornada
Autor: Martín Sánchez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/04/ausentismo-en-escuelas-por-violencia-en-tamaulipas-3462.html

Sí se violaron derechos de Nestora al ser detenida: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que autoridades del estado de Guerrero violaron los derechos de Nestora Salgado García y otros seis integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) durante su detención.

Además, señaló que otras ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad, detenidas en la Casa de Justicia de El Paraíso, también fueron objeto de abusos físicos y trato inhumano por policías comunitarios, quienes violentaron su derecho a la integridad personal, trato digno, libertad sexual y derecho a una vida sin violencia.

En la recomendación 9/2016, dirigida a diversas autoridades del gobierno de Guerrero, la CNDH señaló que a las irregularidadescometidas en las detenciones de los seis policías de la CRAC-PC se suma el hecho acreditado de que tres de ellos fueron víctimas de tortura y otros tres recibieron tratos crueles y degradantes.

La recomendación de 176 cuartillas, cuya integración duró más de dos años, advierte que la CNDHno tiene facultades para investigar delitos y para determinar la responsabilidad penal de V1 –como es identificada Nestora Salgado–, cuestión que atañe al Ministerio Público y a las autoridades judiciales a cargo de las causas penales que se le siguen, como en el resto de las acusaciones que enfrentan en diversas causas penales.

El segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama, explicó a La Jornada que la comisión recibió desde agosto de 2013 varias denuncias, tanto de policías comunitarios como de las personas que estuvieron internadas en los centros de reducación, y ambas fueron atendidas e investigadas.

Dichas denuncias se refieren a hechos que implicaban presuntas violaciones a derechos humanos, como detención arbitraria, ataques a la libertad e integridad personal, faltas al debido proceso, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la aplicación del sistema comunitario de justicia conforme a usos y costumbres, con base en lo dispuesto por instrumentos internacionales, así como en leyes y normas nacionales, estatales y locales.


En sus conclusiones, la CNDH señala que a nivel colectivo, las autoridades estatales vulneraron la autodeterminación y la autonomía de las comunidades indígenas que integran el Sistema Comunitario de Justicia. Pero también indica que las autoridades comunitarias incumplieron su obligación de conducirse con pleno respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas bajo su custodia.

La CNDH encontró que las violaciones, tanto de las autoridades comunitarias como de las personas sancionadas por el Sistema Comunitario de Justicia, fueron motivadas, en buena medida, porque los ámbitos de actuación, procedimientos y atribuciones de las autoridades estatales y de las comunitarias no están claramente delimitados, ya que la fuente normativa es deficiente, ambigua y omisa en muchos aspectos.

Por ello, una de las recomendaciones al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, es presentar iniciativas de ley y reformas para asegurar el pleno respeto a la autonomía y determinación de los pueblos y comunidades indígenas, y a la Fiscalía General del Estado,reparar el daño a integrantes de la CRAC-PC y que se investigue y sancione a los servidores públicos involucrados en las detenciones, tanto de las autoridades estatales como del Sistema de Justicia Comunitario.



Fuente: La Jornada
Autor: José Antonio Román
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/04/politica/007n1pol

Sube 4 número de muertos por desplome de catedral en Oaxaca

Oaxaca, Oax. La Fiscalía General del Estado reportó cuatro fallecidos por el desplome de la cúpula de la catedral "La Barca" de San Juan Bautista Tuxtepec ocurrida la tarde de este jueves.
De acuerdo con la FGE, los fallecidos son Roberto Joaquín Cabrera de 44 años, Gabriel Dionisio Esteva de 58, Randy Dionisio Roque de 29 años y Roberto Campos Lara, mismos que ya fueron entregados a sus dolientes.
Asimismo se informó que peritos expertos en distintas especialidades se mantienen en el lugar para determinar las causas del accidente.
Además continúan las labores de rescate en la zona del siniestro toda vez que aún se reportan un aproximado de 10 desaparecidos.

Fuente: La Jornada
Autor: Jorge A. Pérez Alfonso
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/04/reportan-4-muertos-por-desplome-de-catedral-en-oaxaca-2678.html

'El Chapo' financió a políticos mexicanos, dice su hija

Joaquín El Chapo Guzmán Loera apoyó económicamente varias campañas de jóvenes políticos mexicanos, y el año pasado viajó de forma clandestina a Estados Unidos para visitar familiares en un par de ocasiones, según aseguró su hija Rosa Isela Guzmán Ortiz en entrevista con el diario británico The Guardian.
El líder del cártel de Sinaloa había regalado una casa a su hija en California y "poco después vino a ver la casa, su casa, vino dos veces", aseguró Rosa Isela sin especificar la fecha de esas visitas ni cómo logró el escurridizo capo ingresar a Estados Unidos.

"Le pregunté lo mismo, créeme", bromeó su hija, una empresaria de 39 años afincada en California.

El Chapo Guzmán fue recapturado el pasado 8 de enero en Sinaloa y ahora se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, de donde se fugó de forma espectacular en julio pasado a través de un túnel kilométrico cavado debajo de su celda que dejó en ridículo al gobierno de Enrique Peña Nieto.

"La fuga de mi papá fue un acuerdo", afirmó Rosa Isela, quien en la entrevista dijo además que su padre ha financiado las campañas de importantes políticos que, a cambio, le protegían.

"Todo lo que sé es que mi padre le dijo a su abogado que diera algunos cheques para campañas (políticas) y pidió que a cambio se le respetara", manifestó la hija del narcotraficante adelantando que la familia está deliberando si hace públicos esos cheques con los nombres de los supuestos políticos que aceptaron su ayuda.

Antes de su captura en febrero de 2014, el capo había estado prófugo 13 años después de haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad de Jalisco (oeste) supuestamente escondido en un cubo de la ropa sucia.

"Desesperado" por no poder dormir ante las fuertes medidas de vigilancia en El Altiplano, Guzmán pidió esta semana a su defensa agilizar su extradición a Estados Unidos, algo que había tratado de evitar antes.

La defensa de Guzmán ha asegurado que el capo estaría dispuesto a declararse culpable en Estados Unidos a cambio de negociar una pena "relativamente razonable" y de ser llevado a una cárcel de mediana seguridad.

Fuente: La Jornada
Autor: AFP
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/04/el-chapo-financio-a-politicos-mexicanos-dice-su-hija-3336.html

jueves, 3 de marzo de 2016

El 60% del gasto destinado a Ciencia y Tecnología está en la opacidad, dicen diputados

Una de las promesas de Enrique Peña Nieto fue que el presupuesto de Ciencia y Tecnología tendría que ser del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, con las contingencias anunciadas que han llevado a un reajuste total de 132 mil millones de pesos en diferentes rubros, la meta parece más lejana, aseguraron los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

Alrededor del 60 por ciento del total del gasto destinado a Ciencia y Tecnología se maneja en la opacidad, de acuerdo con José Bernardo Quezada Salas, presidente de la Comisión encargada de llevar este rubro en la Cámara de Diputados.

“Del total del presupuesto para Ciencia y Tecnología el 40 por ciento es para el Conacyt, y el 60 por ciento es para otras dependencias para el Gobierno federal. Hasta Gobernación tiene 70 millones de pesos para este rubro, y que nadie sabe en qué lo gastan. Y que el propio Conacyt no verifica y no palomea. Nos hemos encontrado que algunas de esas, como el hecho de comprar computadoras para ellos, es acceder a Ciencia y tecnología”, dijo Quezada.

El gasto avalado para este rubro dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 fue de 34 mil 10 millones de pesos.

La situación económica del país ocasionó que el Gobierno tuviera que hacer ajustes a su presupuesto. El Diputado José Quezada, del Partido Nueva Alianza (Panal), se manifestó resignado a que se realicen recortes de 900 millones de pesos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La Diputada de oposición de dicha Comisión, Tania Victoria Arguijo Herrera, argumentó que la medida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) fue una violación a la autonomía del Poder Legislativo.
“Somos nosotros los que tendríamos que hacer reajustes y todavía le va quitar a ciencia. Va haber una comparecencia de Videgaray, porque lo hecho, hecho está. Él tuvo que haber venido a realizar ese reajuste en conjunto”, detalló.

Después de una serie de críticas, suscitadas tras el anunció de que 100 millones de pesos serían recortados a becas de estudio, las autoridades decidieron echarse para atrás. En una reunión del titular del Conacyt Enrique Cabrero Mendoza con la comisión de Ciencia y Tecnología se acordó que el rubro de las becas no sería reducido.

“Lo que argumentamos es que no puede haber una reducción en las becas porque esto es limitativo para los jóvenes. Porque les quita la posibilidad de incrustarse en otro medio, en otro país”, señaló Quezada.

Ahora el recorte de 100 millones de pesos irá a otros rubros. Antes de este anuncio, el ajuste de los 900 millones de pesos iba ser reducido en 350 millones de pesos a los apoyos de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, en 250 millones de pesos al programa denominado Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica, y en 200 millones de pesos al Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación.

“Los rubros importantes son salud y educación, si en algo nos opusimos desde el principio fue que se hicieran recortes en ambos. Y de hecho el PEF no les pegó, y ahora el Gobierno quiere pasar la factura”, dijo Arguijo Herrera.

Una de las promesas de Enrique Peña Nieto fue que el presupuesto de Ciencia y Tecnología tendría que ser del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, con las contingencias anunciadas que han llevado a un reajuste total de 132 mil millones de pesos en diferentes rubros, la meta parece más lejana, aseguraron los miembros de la Comisión.

“Quienes lo han logrado, como Corea y Estados Unidos, tuvieron grandes avances. Sin embargo, en México sería hablar de irrealidades”, detalló Quezada.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-03-2016/1631714

Habrá menos crecimiento, repunte de inflación y dólar caro: expertos

CIUDAD DE MÉXICO: Los expertos no creen más en el discurso triunfalista, en materia económica, del gobierno federal:


Para 2016 y 2017 habrá menos crecimiento, la inflación repuntará y el dólar seguirá al alza. Además, los créditos serán más caros, pues las tasas de interés serán más altas; llegará menos inversión extranjera y, lo peor, se ve ensombrecido el clima para hacer negocios.

Eso es lo que pronosticaron a fines de febrero los analistas que cada mes consulta el Banco de México. Se trata de una encuesta que cada fin de mes aplica el instituto central entre 37 grupos de análisis y consultoría, todos del sector privado, nacional y extranjero.


Este martes, el Banco de México (Banxico) dio a conocer los resultados de la encuesta que aplicó entre el 19 y 29 de febrero. Y no hay nada halagüeño.

La percepción de los analistas respecto del entorno económico actual empeoró claramente.

Por ejemplo, ante la pregunta de si creen que la economía está ahora mejor que hace un año, sólo hubo 41 respuestas afirmativas, cuando en la encuesta de enero fueron 55 los que así lo afirmaron.

Una pregunta clave es acerca de cómo ven el clima de negocios en los próximos seis meses. En enero, 31 respondieron que mejorará, y en febrero bajó a 24 el número de respuestas en ese sentido.

Para la opción “permanecerá igual” el clima de negocios, en enero hubo 56 respuestas y en febrero 54.

Quienes consideraron que el clima de negocios “empeorará”, fueron 13 en enero, pero 22 en la última encuesta.

Acerca de cómo ven la coyuntura actual para realizar inversiones, en enero 38 contestaron que es “buen momento”, pero para febrero bajó a 33 el número de respuestas en ese sentido.

En enero hubo 21 respuestas en el sentido de que es “mal momento” para realizar inversiones; en febrero subió a 22.

Finalmente, en enero hubo 41 respuestas de analistas que dijeron no estar seguros de que el actual sea un buen momento para realizar inversiones; en febrero, los inseguros aumentaron a 44.

Se desprende de la encuesta una gran desconfianza e incredulidad de que las autoridades económicas estén haciendo bien las cosas, o que puedan enfrentar con solvencia los problemas que le genera al país el entorno externo.

En efecto, entre los principales factores que ellos consideran que pueden obstaculizar el crecimiento económico del país, pusieron en los primeros lugares “la debilidad del mercado externo y la economía mundial”, “la inestabilidad financiera internacional”, “el precio de exportación del petróleo” y la “incertidumbre cambiaria”.

Es decir, todo lo que han hecho las autoridades –recortes al gasto, alzas en la tasa de interés de referencia, entre otras cosas– no ha sido suficiente para salir adelante en medio de un entorno externo complicado.

Y esa desconfianza, para los especialistas, se traduce en expectativas peores para cada uno de los principales indicadores macroeconómicos.

Así, mientras que en enero estimaron un crecimiento económico de 2.69% y 3.18% para 2016 y 2017, respectivamente; para febrero bajaron esos estimados a 2.4% para este año y a 2.98% para el próximo.

La inflación de plano se saldrá de la meta oficial de 3%, +/- un punto porcentual, pues si en enero consideraron que la inflación acabaría este año en 3.10%, ahora piensan que lo hará en 3.34%. Y para 2017, en enero pronosticaron una inflación de 3.31%, pero en febrero la subieron a 3.38%.

El tipo de cambio, que tan nerviosos ha tenido a los mercados en los últimos meses, también hizo cambiar las expectativas de los analistas consultados por Banxico.

En enero dijeron que este año iba a cerrar en 17.60 pesos por dólar; ahora, que será en 17.89 pesos por dólar. Para 2017, que terminaría en 17.17 pesos por dólar y ahora que en 17.43 pesos.

Por otra parte, los especialistas tampoco creen que vaya a ceder la tasa de desempleo, que seguirá en aumento. Para 2016 estimaron en enero que esa tasa sería de 3.92%; la subieron a 3.99%. En 2017 las cosas estarán peor: en enero estimaban una tasa de desocupación de 3.9% para todo ese año, y ahora creen que será de 4%.


En cifras, pues, el pesimismo de los expertos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432175/avizoran-expertos-menos-crecimiento-repunte-inflacion-dolar-caro

La SRE niega trato preferente a Moreira, y dice que sí dio ayuda a mexicano preso en España

La Canciller de México Claudia Ruiz Massieu Salinas aseguró que en el caso de Gonzalo Contreras, mexicano preso en Madrid desde hace cuatro años, la representación de México en España “activó sus protocolos de protección”. Y en efecto, hubo comunicación, pero no como la SRE quiere ahora hacer ver, de acuerdo con la versión de Contreras, quien ha comparado su caso con el del ex Gobernador Humberto Moreira Valdés, a quien de acuerdo con el diario El País, el Gobierno de México ayudó a salir de prisión.

Un día después de que Gonzalo Contreras, preso en Madrid, reiterara a SinEmbargo la desigualdad con la que los cuerpos diplomáticos mexicanos atendieron su caso a diferencia del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) presumió un acompañamiento a Contreras, que no coincide con la indiferencia hacia su caso.
“En el tema de Gonzalo, la Cancillería una vez que tuvo noticia de que estaba recluido activó sus protocolos de protección como lo hacemos siempre que tenemos conocimiento de un connacional, al que esté en alguna situación en el exterior”, dijo la Canciller Claudia Ruiz Massieu Salinas, tras una reunión con el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.
Y en efecto, hubo comunicación, pero no como la SRE quiere ahora hacer ver, de acuerdo con la versión de Contreras, quien aseguró ayer que cuando recibió en la prisión de Aranjuez, en Madrid, a Bernardo Córdova Tello, encargado de la Sección Consular de la Embajada de España en México, pensó que si el Consulado lo ayudaba a enfrentarse a la justicia española, su caso se convertiría en una invasión a la soberanía de ese país, debido a que las autoridades consulares no le informaron si podían hacer algo por él.
“¿Cómo es posible que a una persona que está en el mismo país que yo, más o menos en las mismas circunstancias que yo, que es paisano mío, con autoridades mías como suyas que se muevan a ese nivel y con esa agilidad, cuando por mí no… Si yo no hubiera sabido que eran capaces de hacer eso con alguien como él [Humberto Moreira], yo no estaría pidiendo que hicieran algo por mí, porque al final de cuentas, ¿dónde está la diferencia?, ¿qué he hecho mal para que a él sí lo ayuden y a mí no?”, dijo Gonzalo en entrevista con SinEmbargo vía Skype.

Pero hoy, Massieu rechazó que haya un trato preferencial para los más de 24 mil mexicanos presos en el extranjero.

“Nuestra directora general de protección se ha reunido ya con la familia de Gonzalo para darle certidumbre de las acciones que estamos realizando y que podemos darle acompañamiento en su situación, y lo mismo hemos hecho en España a través del personal consular”, dijo.

“En función del conocimiento que teníamos de la situación de Gonzalo, ahí ha estado nuestro personal de manera profesional y comprometida, que sienta tanto la familia como el propio Gonzalo este acompañamiento del Gobierno de México”, agregó.


Sin embargo, hace menos de 24 horas, Gonzalo Contreras contó a este medio que será hasta hoy, después de cuatro años cumplidos de prisión y gracias a la presión mediática por el trato preferencial que el Gobierno le dio al ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, que la Embajada de México en el país ibérico recibirá al joven y a su abogado, en medio de cuatro días libres con los que el joven cuenta.

SENTENCIADO POR UNA VERSIÓN “INCREÍBLE”

La sentencia número 706/13 emitida el 14 de noviembre de 2013 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, España, en contra de Gonzalo Contreras Rincón y de Francisco Martín Rivera Báez, originarios, el primero de Querétaro y el segundo de Jalisco, es clara: no había pruebas directas de la culpabilidad de los acusados, pero su versión de los hechos era simplemente “increíble”.

Gonzalo Contreras recibió una condena de nueve años de prisión y dos multas de casi 4 millones euros cada una, mientras que Rivera Báez fue sentenciado a seis años y dos multas de 3 millones de euros.

El caso de Gonzalo ha causado revuelo, luego de que el periódico El País revelará que todo el aparato diplomático en España se movió inmediatamente para liberar al Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, detenido en enero pasado en ese país por presunto lavado de dinero y liberado en menos de 15 días.

A Contreras Rincón, la diplomacia lo ayudó enviándole un libro.

El 13 de septiembre de 2012 la Aduana Marítima de Valencia interceptó dos contenedores con un cargamento de cocaína y metanfetaminas escondido entre un pedido de mármol que tenía como remitente la empresa Profumi S. A de C. V ubicada en Jalisco, México, y con destinatario a Developements Opportunities S. L. cuyo único administrados era Gonzalo Contreras.

En un primer contenedor había 60 mil 999.7 gramos de cocaína con una pureza de 72 por ciento y un valor por kilogramo de 34 mil 777 euros. En una segunda partida había 16 mil 354 gramos de cocaína con una pureza de 69 por ciento. Se encontró también 61 mil 001 gramos de metanfetaminas con distintos grados de pureza. El valor total de la droga decomisada fue de 3 millones 949 mil 125. 321 euros.

Cuando la mercancía fue interceptada se decomisó la droga y se pidió la intervención telefónica del número de Gonzalo. Los contenedores sin la droga fueron llevados a la SEUR Alicante [almacén de la compañía de paquetería], a dónde el 28 de septiembre acudió la entonces esposa de Contreras Rincón a preguntar por el envío.

Al percatarse de que los contenedores estaban abiertos y de que había mármol roto, la mujer tomó fotografías y avisó a Gonzalo. El joven se presentó el 3 de octubre de 2012 a verificar el estado del envío e indicó a la SEUR que una persona de México se presentaría en las instalaciones para revisar la mercancía.

El 8 de octubre llegó Francisco Martín Rivera en un taxi –quien de acuerdo a la sentencia viajó desde México con ese único objetivo– y no se bajó en la puerta del almacén. Antes dio varias vueltas, para comprobar el número de vigilantes. La actitud de Rivera levantó sospechas y fue utilizada en su contra.

Cuando ingresó a las instalaciones revisó los contenedores durante tres horas. La sentencia indica que cuando se dio cuenta de que la droga no estaba, intentó escapar y fue detenido.

“Revisó la mercancía por espacio de tres horas, hasta que al iniciar una carrera hacia el teléfono que sonaba, la fuerza actuante decidió detenerlo e interrumpir la entrega, al ser evidente que había detectado la extracción de la droga, por lo que se detuvo también en Madrid al otro procesado”, según el documento de sentencia.

La sentencia aclara que ambos procesados no tenían antecedentes penales ni en España ni en México y que la prueba en contra de ambos, venció el principio institucional de inocencia.

Gonzalo fue condenado por delito consumado y Martín Rivera por tentativa. El primero, tuvo en su contra el ser el destinatario de la carga y haber realizado varias llamadas con su socio en Jalisco, México, con quien siempre se refirió al mármol y no a las drogas.

Contreras Rincón aseguró en entrevista que no conocía a Rivera. Había hablado por teléfono con él en alguna ocasión y hasta ahí. El trato que recibió Rivera fue distinto: el Tribunal Español le redujo la condena a unos dos años y medio de prisión. Posiblemente, dijo Gonzalo, hoy esté libre en México.

“Es claro que nunca vamos a obtener una prueba directa que nos lleve a la afirmación de que Contreras sabía, y estaba concertado con los cárteles mexicanos de la droga, en la importación de tan importante partida de cocaína y metanfentamina y, es sabido además que no suele tenerse un reconocimiento de hechos cuando la penalidad es tan elevada y no se pueden llegar a acuerdos beneficiosos. Por ello hay que recurrir a la prueba de indicios, prueba hábil para vencer la presunción de inocencia como es sabido, que se lleve a afirmar, que a partir de lo que son datos fácticos, absolutamente acreditados, que sabía lo que estaba haciendo”, dice la sentencia.

Los jueces argumentan que la versión inverosímil de los acusados, fue tomada en cuenta como un indicio en su contra.

“Pensar que todo el mundo es bueno y se presta, por bondad de ánimo, a servir de cabeza a una operación de importación de drogas sin saber, pues lo que cree que está importando es mármol”. Es increíble la actuación y no se entiende sino es, desde la base del conocimiento de lo que estaba haciendo, en que colaboraba de manera activa y qué estaba introduciendo a España, de lo que este Tribunal no tiene duda alguna y entiende que la prueba ha vencido el principio constitucional de inocencia que venía amparando al acusado, por lo que procede dictar en su contra sentencia condenatoria”, agrega el documento.

Uno de los argumentos principales de la sentencia es que Gonzalo es culpable, porque cuando se remite la droga por correo, o cualquier otro sistema de transporte y el acusado participó en la solicitud y operación de la importación o es el destinatario, las leyes españolas lo consideran como un delito consumado, por tener posesión inmediata de la droga remitida.

“El tráfico existe desde que el remitente pone en marcha el mecanismo de transporte previamente convenido con el receptor, por entenderse que la droga quedó sujeta a la voluntad de los destinatarios en virtud del acuerdo alcanzado”, dice la sentencia.

Gonzalo Contreras sostuvo su versión en entrevista: es inocente y fue utilizado por su socio – a quien conocía desde hace 10 años– en México, a quien  no pidió perseguir ni llamar a declarar por miedo a que su familia corriera algún peligro en México.

Pero sabe que lo utilizó, porque después de que fue apresado, el socio jamás se comunicó ni con sus papás, su ex esposa o con él. Simplemente desapareció.

“Viviendo mi familia en México, nunca estuve dispuesto que a esta persona se le buscara, no tenía sentido poner en riesgo a mi familia. Yo desconozco si es de un grupo peligroso, o si quieran tomar represalias en contra mía y de mi familia, no lo sé. La duda es suficiente razón para no buscar la lucha por ese lado. La seguridad de mi familia es  mucho más importante que el tiempo que pueda yo estar esperando aquí”, explicó.

Contreras Rincón dijo que el socio mexicano le enviaba el mármol y le había dicho que un cliente, lo reclamaría. Pero ese cliente nunca apareció.

Aún así, Gonzalo no tocó esa mercancía. Los contenedores de mármol se fueron directamente a un almacén de logística que él había contratado.

“No es que yo tuviera la llave y entro y tenga acceso a esa mercancía, es una bodega grande, dividida en parcelas o bloques, donde distintos negocios guardan mercancía. Yo podía tener acceso a alguien que guarda zapatos, como alguien a mi mármol. No tiene mucho sentido que alguien que va a pasar droga, cocaína, la deje en un lugar al alcance de cualquiera. ¿Qué sentido tiene? Además una bodega que está en Alicante, a 400 kilómetros de Madrid”, dijo.


Ese, añadió, es un cabo suelto que los jueces y magistrados españoles dejaron.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ/ SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-03-2016/1631781

Adultos mayores marchan para exigir les cumplan adeudo

Ciudad de México. Alrededor de 200 adultos mayores tomaron la calle para exigir a las autoridades capitalinas cumpla con la entrega de casi mil millones de pesos que les adeuda por la retención de recursos para la compra de concesiones de taxis y autobuses, así como de los vehículos correspondientes; la venta de terrenos y la creación de cooperativas.

En una marcha sobre Bucareli hacia la Secretaria de Gobernación, a cuyo titular, Miguel Ángel Osorio Chong, solicitaron su intervención para que se instale mesas de negociación y "se resuelva de una vez por todas nuestras demandas, antes de que nos vayámonos a la tumba".

A 14 años de "negociaciones políticas" sólo existen compromisos de palabra, pese a tres exhortos del Senado de la República y dos de la Asamblea Legislativa, incluso ésta planteó al Gobierno de la Ciudad de México presupuestar los recursos que se nos adeuda para liquidarnos, lo cual no sucedió, afirmó su representante Jorge Cuéllar.

De 12 mil 4 trabajadores, alrededor de mil ya fallecieron, aunque sus familiares realizaron los procesos jurídico administrativos para contar con el derecho de reclamar la liquidación que les corresponde, tras la desaparición de la ex ruta 100.

Los avances registrados por el Sindicato Mexicano de Electricistas "nos hizo voltear hacia Gobernación, para solicitar su intermediación y acabar con este conflicto, que tres administraciones no han podido resolver. Ya hasta estamos dispuestos a aceptar la mitad de lo que nos corresponde, pues estamos agobiados de deudas y apenas sobrevivimos", señaló.

Advirtió que continuarán con la toma de calles hasta que "nuestra voz sea escuchada", aún con los problemas viales que se generen, pero la gente se está "dando cuenta de que mal gobernante tiene la ciudad con nuestros gritos, lonas y pancartas".


Pese a que los manifestantes solo tomaron dos de cuatro carriles, se registraron filas de vehículos y molestias de los usuarios del Metrobús, debido a que tuvieron que esperar a que la gente pasara para incorporarse de Donato Guerra a Bucareli.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA GÓMEZ FLORES.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/03/adultos-mayores-marchan-para-exigir-les-cumplan-adeudo-8678.html