Édgar Elías Azar se reeligió como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo que desató una lluvia de amparos en su contra. Sin embargo, el debate rebasó la arena jurídica y tres de las magistradas inconformes denuncian una guerra sucia en su contra. Están en juego, afirman, el respeto a la Constitución, el estado de derecho y la credibilidad del tribunal.
CIUDAD DE MÉXICO: Amenazas vía telefónica, “maniobras dilatorias” en los juzgados que analizan los amparos promovidos desde diciembre pasado en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), “guerra sucia” en medios impresos a través de columnistas, auditorías fiscales en sus domicilios y a sus ingresos privados, así como presiones a sus familiares para que se desistan de las acciones jurídicas constituyen algunas de las prácticas denunciadas por las tres magistradas que impugnan la segunda reelección consecutiva de Édgar Elías Azar.
En dos cartas que circularon este mes en el pleno del TSJDF, cuyas copias posee Proceso, las magistradas María de Jesús Medel Díaz, Concepción Ornelas Clemente y Petra Quezada Guzmán denuncian lo que consideran una persecución y claro hostigamiento en su contra por haber interpuesto amparos contra la reelección de Elías Azar.
“El 23 de enero pasado, la que esto suscribe fue víctima de amenazas vía telefónica; situación que, en pleno siglo XXI, resulta inconcebible, no obstante, tal parece que, en la actualidad, por no convalidar la opinión de la mayoría del Pleno de Magistrados del Tribunal más grande de la República Mexicana y por haber actuado con la convicción de una postura cien por ciento jurídica y pensando que aun siendo minoría mi investidura sería respetada, ahora sea sujeto de intimidaciones en mi número telefónico, de uso particular, a través de la más sofisticada tecnología que impidió conocer a su artífice y que no dejó rastro alguno para evitar su identificación”, asienta la magistrada Medel Díaz en la carta que entregó a los otros 69 integrantes del pleno del TSJDF a principios de este mes.
“No cabe duda que la vileza no tiene límites; en 36 años de carrera judicial, y pese a lo delicado de la materia en la que me desempeño, jamás había recibido amenazas de ‘tal naturaleza’, es decir, con tintes de cobardía, propios de las personas que no tienen el valor de dar la cara. Motivo por el cual, la mañana del lunes 25 de enero, comuniqué lo ocurrido al magistrado Édgar Elías Azar, en presencia de los magistrados José Guadalupe Carrera y Concepción Ornelas Clemente”, relata Medel, quien entre otros casos delicados juzgó a Arturo El Negro Durazo, jefe de la policía capitalina en el sexenio de José López Portillo.
La carta de cuatro cuartillas también describe las “maniobras dilatorias” que se han generado en los juzgados federales que han dirimido los amparos. Se queja por una nota informativa aparecida en el periódico Excélsior en la que se adelantó la noticia de la “concentración de los amparos” que ordenó el Consejo de la Judicatura Federal el pasado lunes 8, “circunstancia que, dicho sea de paso, hasta el momento era desconocida para mí, ya que fue hasta el día 9 de febrero que la autoridad federal notificó formalmente a las partes de esa determinación”.
La magistrada aclara que “es totalmente falso que la que escribe y la magistrada Concepción Ornelas Clemente hubiésemos abandonado conjuntamente el pleno, lanzando amenazas al magistrado Édgar Elías Azar, referente a que esa decisión no se quedaría así y que utilizaríamos los medios para informarlo, puesto que la suscrita salió del salón de plenos sola y sin emitir pronunciamiento alguno, menos aún, amenazas. Mi causa es jurídica.
“Ojalá la suscrita pudiera tener a su alcance las herramientas necesarias para informar a la sociedad, a nuestra comunidad jurídica y a los medios de comunicación de todas y cada una de las ‘artimañas jurídicas y no jurídicas’ que se han empleado para evitar que los amparos se resuelvan de fondo”, manifiesta Medel.
Entre esas “artimañas jurídicas y no jurídicas”, Medel recuerda que en diciembre de 2015, antes de una de las audiencias incidentales de su amparo, se cerró la Oficialía de Partes del pleno para evitar que la Comisión de Ética fuera notificada.
Otra artimaña fue involucrar “de manera infame” en una columna periodística a la ministra Margarita Luna Ramos, al señalarla como amiga del magistrado Luis Pérez de la Fuente, esposo de la magistrada Medel Díaz. “Usted sabe que ni siquiera tienen el gusto de conocerse”, le reprochó a Elías.
La juzgadora también cuestionó que los abogados defensores de Elías Azar hayan contratado a un notario público para dar fe de la actuación del juez de distrito que analizaba el amparo. “Tal proceder es una maniobra intimidatoria”.
Otro caso alude a la encargada del amparo de la magistrada Ornelas Clemente. “Repentinamente” la juez federal se excusó para conocer del asunto “debido a la existencia de una estrecha e íntima amistad, desde hace más de 30 años, con uno de los terceros interesados”, afirmó en su misiva.
“Ante este panorama, ¿qué más puedo esperar, así como la sociedad, de un presidente del tribunal del Fuero Común más importante de la República mexicana, del magistrado Édgar Elías Azar, que no tiene el mínimo respeto por los magistrados que no convalidan su forma de pensar?, ¿cuál es el mensaje para nosotros, sus pares, y para la comunidad?, ¿en dónde queda el Estado de derecho?”, se pregunta la inconforme.
Consultada por Proceso, Medel reitera sus afirmaciones y la autenticidad de la carta. Subraya que no se trata de una “lucha personal”, sino del ejercicio de un derecho. “Al protestar nuestros cargos como magistrados de este tribunal juramos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, apunta.
Otra voz
El martes 23, otra carta dirigida a todos los magistrados fue difundida por la magistrada Petra Quezada Guzmán. Ahí subraya que el clima de persecución contra ella y sus dos compañeras “ha llegado a límites que no se pueden tolerar”.
Revela que ocurrió “una serie de acercamientos para convencerme de desistirme de los amparos promovidos, todos del dominio de este H. pleno, los cuales, lejos de constituir aproximaciones con el fin de exponerme argumentos de diverso orden, terminaron por trastornar la integridad de miembros de mi familia, prefiero no ahondar en detalles; de cualquier manera, el propio magistrado Édgar Elías Azar sabe muy bien a qué me refiero.
“¿Acaso no habrá límites para perseguir y hostigar a quienes no convalidan una determinada forma de pensar? ¿Se tratará de hacer valer errores para lograr un determinado fin?”, se pregunta.
“Públicamente, Elías Azar ha dicho que ‘a mí me quitan del camino consignándome’. ¿Así resuelve las contiendas judiciales el magistrado? Tristemente, eso me gané por no convalidar su forma de pensar, después de haber entregado 38 años de mi vida a este H. Tribunal.
“Finalmente, concluyo estas líneas con una pregunta: ¿estaría usted de acuerdo en que su par se vuelva su verdugo por ejercer un derecho legítimo?”
Por parte de Elías Azar no hay respuesta a esos escritos.
La reelección inédita
El trasfondo de estas cartas es un caso inédito en la historia del máximo poder judicial capitalino y mexicano: Elías Azar se reeligió por segunda vez consecutiva, valiéndose de una reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal y de un transitorio de la misma, que le permitió asumir tres años más la presidencia, a pesar de haber cumplido ocho años ya al frente (Proceso 2034).
Desde diciembre del año pasado, siete magistrados impugnaron el procedimiento e interpusieron el amparo 1939/2015, que fue desechado por el juez 14 federal en diciembre, pero se mantuvieron vivos los otros tres amparos interpuestos por las magistradas Medel, Ornelas y Quezada.
En estas solicitudes se argumenta que “es evidente que (Elías Azar) ya agotó su derecho a ser reelecto como presidente, por una sola vez, para el periodo siguiente y, por ende, jurídicamente, no debió aspirar a ser reelecto”.
Los defensores del jurista y el propio presidente del tribunal se defienden señalando que la reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica constituye “una nueva regla” y, por lo tanto, el cambio de la regla equivale a que después de ocho años al frente del Poder Judicial capitalino, el magistrado presidente tiene derecho a reelegirse otros tres años más y con una posibilidad más de reelección.
De tal manera que Elías Azar, quien asumió el cargo en 2008, podría completar un periodo de 14 años al frente del TSJDF, lo que constituye un hecho insólito para la mayoría de los observadores de dentro y fuera del Poder Judicial.
El abogado Ignacio Herrerías Cuevas, quien lleva los tres amparos junto con el abogado Vicente Fernández Fernández, asienta en entrevista que las peticiones sí proceden porque “la sociedad está interesada en saber si quienes ocupan los cargos públicos cumplen con lo establecido en la Constitución”.
“La reelección de Édgar Elías ya se agotó. Era en una única ocasión”, sentencia. “La intención de los magistrados que promovieron los amparos no es otra que la de respetar, al interior del propio tribunal, los principios democráticos y éticos de dicha institución, evitando que una persona se eternice en el cargo. Debemos recordar que ellos mismos, al protestar el cargo, juraron guardar y hacer guardar la Constitución”, argumentó Herrerías Cuevas.
Las presiones y maniobras para frenar los amparos también son relatadas por Herrerías. Desde la admisión de los amparos, a finales de noviembre de 2015, “un sinnúmero de gente empezó a interesarse por las demandas”. Estas personas fueron identificadas como abogados de los terceros interesados y magistrados integrantes del pleno del TSJDF. “¿Qué hacen 10 magistrados del pleno buscando hablar con los jueces y magistrados que conocen de los amparos y los recursos? ¿Acaso no deberían estar sentenciando en días y horas hábiles en sus respectivas salas? ¿Obedecen a alguna orden o fue por iniciativa propia?”, se pregunta el abogado.
El rostro optimista
La última vez que Elías Azar se refirió públicamente a los amparos en su contra fue en la presentación del libro Derecho anticoncursal mexicano, el lunes 8, cuando señaló que “no existe” la inelegibilidad de su cargo.
“Lo están litigando ellos, por un lado, yo lo estoy litigando por el otro lado, ya lo concentraron en un solo juzgado, ese juez va a resolver ya pronto y pues se verá que la tal inelegibilidad no existe”, expresó en rueda de prensa.
Un análisis de los años en que fueron nombrados y ratificados los actuales magistrados que integran el pleno del TSJDF revela que 43 de los 70 fueron nombrados desde 2009 hasta la fecha, periodo en el que Édgar Elías Azar ha sido presidente.
También se valió de otras maniobras para eliminar a posibles contendientes. El magistrado Eduardo Guerrero, feroz crítico del intento de reelección y quien amenazó, incluso, con una huelga de hambre, se retiró de la contienda interna ante el ofrecimiento del consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, de formar parte de la terna presidencial para ocupar la silla de ministro en la Suprema Corte de Justicia.
Elías cuenta con el respaldo público del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y presume constantemente sus relaciones con el gobierno federal y con la cúpula priista. Elías Azar fue secretario de Finanzas durante el gobierno de Francisco Ruiz Massieu (Guerrero), asesinado en septiembre de 1994.
También ha presumido ante el pleno de magistrados de la asesoría que recibe por parte del secretario de Hacienda durante el salinismo, Pedro Aspe, quien el 28 de mayo de 2015 presentó un plan para discutir la enajenación inmobiliaria de cinco edificios del TSJDF en la calle Río de la Plata de la colonia Cuauhtémoc, en el Distrito Federal.
Y es conocida su amistad con el magnate inmobiliario y de las telecomunicaciones Carlos Slim. El tribunal enajenó los cinco edificios de su sede a Inmuebles Carso, a cambio de que construyera una nueva “Ciudad Judicial” en la colonia Doctores.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432368/guerra-sucia-en-tsjdf
viernes, 4 de marzo de 2016
Peña, víctima de su éxito con El Chapo
CIUDAD DE MÉXICO: Joaquín El Chapo Guzmán se ha convertido en una pesadilla para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Una vez más, la agenda y los tiempos los está decidiendo el jefe del Cártel de Sinaloa.
Porque se le fugó y lo exhibió ante el mundo o porque le está ganando la partida, o por ambas razones, el gobierno de Peña ha decidido tratarlo como enemigo público y, literalmente, ha soltado los perros carceleros para devolverle la humillación.
Embarcado ahora en una campaña de prensa de la mano de sus abogados defensores, Guzmán Loera descolocó al gobierno mexicano cuando decidió entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, luego de que Peña anunciara en enero, en Davos, Suiza que lo extraditaría en cuanto pudiera.
En respuesta, el coordinador de la defensa legal de Guzmán le dijo al semanario Proceso (edición 2047, del 24 de enero) que Guzmán había considerado la entrega voluntaria desde su primera recaptura en febrero del año pasado y que ya estaba en contacto con un abogado estadunidense para trabajar sobre ese escenario.
El trato que le ha dado el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) ha acelerado la pretensión de Guzmán Loera para negociar con los estadunidenses su extradición voluntaria, sobre todo porque en México no hay ni una sentencia contra él como narcotraficante.
En su historia judicial, publicada también por el semanario, sólo tiene tres condenas a principios de los años noventa. Fue sentenciado por asociación delictuosa, no por narcotráfico. Tiene además 20 sentencias absolutorias en acusaciones de delincuencia organizada, tráfico de mariguana y cocaína, homicidios, entre otros.
Actualmente, además de dos procesos de extradición, tiene 10 procesos penales abiertos. Pero hasta ahora en ninguno se le puede considerar, en definitiva, como narcotraficante. Desde hace más de 20 años la PGR no lo ha podido demostrar.
Con la entrega voluntaria, está latente la amenaza de que a cambio de mejores condiciones carcelarias, menores penas y un pago millonario se convierta en un testigo protegido del gobierno estadunidense y cuente todo lo que sabe sobre la protección que por años le dieron las autoridades civiles y militares no sólo a su organización delictiva.
El Chapo se le está yendo de las manos a Peña porque su gobierno fue incapaz de iniciar lo que en otros países se ha conocido como maxiprocesos. La titular de la PGR, Arely Gómez, estuvo a la altura de una telenovela, como la que armó en torno a la actriz y productora mexicano-estadunidense Kate del Catillo.
Por lo que se ha visto hasta ahora, Arely Gómez ha sido incapaz de armar una investigación comprehensiva, que abarque a todo el entorno del Cártel de Sinaloa. Por el contrario, se ha limitado en engrosar las acusaciones contra El Chapo, dejando de lado a los otros liderazgos de la organización, su estructura económica y su red de protección, tanto en el gobierno como en la sociedad.
La procuradora está absolutamente rebasada porque la PGR tampoco está preparada para emprender un maxiproceso. Tampoco lo hizo en el caso de Iguala y los 43 normalistas desaparecidos.
México, sencillamente, no puede contra el narcotráfico. Y sus gobernantes tampoco lo quieren. De otra manera, ya habrían pedido asistencia internacional.
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432346/pena-victima-exito-chapo
Porque se le fugó y lo exhibió ante el mundo o porque le está ganando la partida, o por ambas razones, el gobierno de Peña ha decidido tratarlo como enemigo público y, literalmente, ha soltado los perros carceleros para devolverle la humillación.
Embarcado ahora en una campaña de prensa de la mano de sus abogados defensores, Guzmán Loera descolocó al gobierno mexicano cuando decidió entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, luego de que Peña anunciara en enero, en Davos, Suiza que lo extraditaría en cuanto pudiera.
En respuesta, el coordinador de la defensa legal de Guzmán le dijo al semanario Proceso (edición 2047, del 24 de enero) que Guzmán había considerado la entrega voluntaria desde su primera recaptura en febrero del año pasado y que ya estaba en contacto con un abogado estadunidense para trabajar sobre ese escenario.
El trato que le ha dado el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) ha acelerado la pretensión de Guzmán Loera para negociar con los estadunidenses su extradición voluntaria, sobre todo porque en México no hay ni una sentencia contra él como narcotraficante.
En su historia judicial, publicada también por el semanario, sólo tiene tres condenas a principios de los años noventa. Fue sentenciado por asociación delictuosa, no por narcotráfico. Tiene además 20 sentencias absolutorias en acusaciones de delincuencia organizada, tráfico de mariguana y cocaína, homicidios, entre otros.
Actualmente, además de dos procesos de extradición, tiene 10 procesos penales abiertos. Pero hasta ahora en ninguno se le puede considerar, en definitiva, como narcotraficante. Desde hace más de 20 años la PGR no lo ha podido demostrar.
Con la entrega voluntaria, está latente la amenaza de que a cambio de mejores condiciones carcelarias, menores penas y un pago millonario se convierta en un testigo protegido del gobierno estadunidense y cuente todo lo que sabe sobre la protección que por años le dieron las autoridades civiles y militares no sólo a su organización delictiva.
El Chapo se le está yendo de las manos a Peña porque su gobierno fue incapaz de iniciar lo que en otros países se ha conocido como maxiprocesos. La titular de la PGR, Arely Gómez, estuvo a la altura de una telenovela, como la que armó en torno a la actriz y productora mexicano-estadunidense Kate del Catillo.
Por lo que se ha visto hasta ahora, Arely Gómez ha sido incapaz de armar una investigación comprehensiva, que abarque a todo el entorno del Cártel de Sinaloa. Por el contrario, se ha limitado en engrosar las acusaciones contra El Chapo, dejando de lado a los otros liderazgos de la organización, su estructura económica y su red de protección, tanto en el gobierno como en la sociedad.
La procuradora está absolutamente rebasada porque la PGR tampoco está preparada para emprender un maxiproceso. Tampoco lo hizo en el caso de Iguala y los 43 normalistas desaparecidos.
México, sencillamente, no puede contra el narcotráfico. Y sus gobernantes tampoco lo quieren. De otra manera, ya habrían pedido asistencia internacional.
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432346/pena-victima-exito-chapo
Policía secuestraba, levantaba y desaparecía personas en Veracruz: padres
"Estamos en la lucha, queremos justicia, queremos que den con el paradero de nuestros hijos, haya sido cual haya sido, queremos saber qué pasó con ellos y el por qué, y que los responsables paguen", dijo la madre Carmen Garibo Maciel.
El delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Veracruz, Marcos Conde Hernández, tiene un historial de delitos pero fue detenido hasta enero pasado, por el caso de los 5 jóvenes levantados por policías estatales en Tierra Blanca.
En entrevista para Aristegui CNN, Bernardo Benítez, padre de Bernardo, señaló que el delegado de la policía del estado tiene un historial de “secuestrar, levantar y desaparecer” gente.
“La presidenta municipal de Juan Rodríguez Clara (un municipio en el que Conde estuvo antes) me platicó que le levantó y le desapareció un sobrino, Marcos Conde a la presidenta municipal. Si se lo hace a un presidente municipal en funciones, imagínese a una persona común y corriente ¿qué no nos pueden hacer?, ¿qué no le pueden hacer a nuestros hijos?”, preguntó.
El ex funcionario está bajo investigación y es uno de los 8 policías detenidos.
Don Bernardo dijo que espera que haya una “investigación exhaustiva” y que al final “caiga quien caiga”.
El testigo
Para comprobar la participación de la policía del estado, el padre reveló que hubo un testigo de los hechos -cuyo nombre se reserva-, que observó cómo los elementos se llevaron a los cinco jóvenes, tras una aparente revisión “de rutina”.
Refirió que el testigo es “amigo” de tiempo atrás, quien vio cuando la policía inspeccionaba el automóvil en el que viajaban y, al parecerle algo extraño, decidió llamarle a uno.
Los cinco jóvenes salieron el viernes 8 de enero de Playa Vicente rumbo a Veracruz, donde pasaron todo el fin de semana, celebrando el cumpleaños de Mario Arturo; a su regreso, el lunes 11, pasaron por Tierra Blanca.
“Mi hijo es fanático de una taquería a la orilla de la carretera (en Tierra Blanca), se paran a comer, terminan de comer, salen de ahí y en el video se ve claramente cuando la camioneta de la policía del estado se va tras de ellos, más adelante los detienen. Y les empiezan a hacer una revisión, aparentemente”, narró Bernardo.
“Pasa una amistad de los muchachos, le llama a mi sobrino José (Benítez)… creían que era una revisión de rutina”, expuso.
“A Mario Arturo y José los sacan del coche, los suben a la camioneta, y dos policías se suben al coche”, apuntó.
“Pasando las vías del tren, la camioneta rebasa al coche y dobla a mano derecha, a una calle que ya es de terracería. Este muchacho ve para dónde va, pero el teléfono ya está apagado, ya no le contesta. Nos avisaron que el coche estaba en una desviación en Medellín de Bravo, dejaron el carro abandonado… el carro ya estaba en el corralón”, abundó.
Un subordinado del delegado Marcos Conde le habló y le dijo “que nosotros sabemos que secuestraron a nuestros hijos”, recordó.
“Le dijimos: tu gente secuestró a nuestros hijos”, mencionó el padre. Y hay más: “tenemos un testigo”.
Conde les recomendó interponer una demanda, además de que pidió llevar al testigo hasta él, para que señalara “a uno por uno” de los responsables.
Hasta ahora, las investigaciones son apuntaladas por la declaración de uno de los policías, quien afirma que los cinco jóvenes fueron asesinados e incinerados.
Pero “esto lo debemos ver como un rompecabezas, los policías se contradicen mucho en las declaraciones, creemos que debemos llegar hasta el final, hasta que encontremos al resto de los autores tanto materiales como intelectuales, a partir de ahí podemos armar bien el rompecabezas y saber realmente qué fue lo que sucedió”, indicó Bernardo.
“A pesar de que dicen que hay unos restos de mi hijo, que están siendo analizados por los forenses argentinos, la esperanza no se me acaba”, confesó. Y es que “no sé si haya algo más grande para un ser humano que no sea un hijo”.
“Mientras no esté al mil por ciento seguro, no voy a aceptar nada”, dijo en referencia a la presunta muerte de su hijo.
Por lo pronto, “queremos a todos los materiales e intelectuales que perpetuaron (los crímenes), si es que al final se logra esclarecer que así fue”, urgió.
“Esperamos que seamos los últimos a los que nos suceda esta situación tan desagradable y que creo que la gente de bien que somos nosotros no debería ocurrirnos, hay tanta delincuencia en nuestro estado que ya no podemos salir a la calle sin el temor en la boca”, mencionó.
Por su parte, Carmen Garibo Maciel, madre de Susana, detalló que el octavo policía detenido “narró paso a paso desde el momento en que los agarraron… comentó que los mataron y los quemaron, eso fue lo que él narró, pero aún tenemos un poquito de esperanza que haya mentido”.
La madre expuso cómo hay diferencias marcadas entre los policías detenidos: unos niegan haber participado, otros dicen que nada más los revisaron, otros que los habían agarrado y los entregaron al crimen organizado.
“No sabemos realmente qué fue lo que pasó”, reconoció.
“Esperemos que tengamos resultados certeros… confiamos en que ellos esclarezcan este caso”, expresó sobre el gobierno federal, pues en el del estado no confían.
En cuanto a la participación criminal directa de agentes del Estado, sostuvo que “ya eso lo tenemos en todo el estado, no nada más aquí en Veracruz… La policía ya tiene que ver casi en todos ese tipo de delitos, la policía está involucrada. ¿Ahora en quién confías?, ¿qué se puede esperar?”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/policia-secuestraba-levantaba-y-desaparecia-personas-en-veracruz-padres-en-cnn/
El delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Veracruz, Marcos Conde Hernández, tiene un historial de delitos pero fue detenido hasta enero pasado, por el caso de los 5 jóvenes levantados por policías estatales en Tierra Blanca.
En entrevista para Aristegui CNN, Bernardo Benítez, padre de Bernardo, señaló que el delegado de la policía del estado tiene un historial de “secuestrar, levantar y desaparecer” gente.
“La presidenta municipal de Juan Rodríguez Clara (un municipio en el que Conde estuvo antes) me platicó que le levantó y le desapareció un sobrino, Marcos Conde a la presidenta municipal. Si se lo hace a un presidente municipal en funciones, imagínese a una persona común y corriente ¿qué no nos pueden hacer?, ¿qué no le pueden hacer a nuestros hijos?”, preguntó.
El ex funcionario está bajo investigación y es uno de los 8 policías detenidos.
Don Bernardo dijo que espera que haya una “investigación exhaustiva” y que al final “caiga quien caiga”.
El testigo
Para comprobar la participación de la policía del estado, el padre reveló que hubo un testigo de los hechos -cuyo nombre se reserva-, que observó cómo los elementos se llevaron a los cinco jóvenes, tras una aparente revisión “de rutina”.
Refirió que el testigo es “amigo” de tiempo atrás, quien vio cuando la policía inspeccionaba el automóvil en el que viajaban y, al parecerle algo extraño, decidió llamarle a uno.
Los cinco jóvenes salieron el viernes 8 de enero de Playa Vicente rumbo a Veracruz, donde pasaron todo el fin de semana, celebrando el cumpleaños de Mario Arturo; a su regreso, el lunes 11, pasaron por Tierra Blanca.
“Mi hijo es fanático de una taquería a la orilla de la carretera (en Tierra Blanca), se paran a comer, terminan de comer, salen de ahí y en el video se ve claramente cuando la camioneta de la policía del estado se va tras de ellos, más adelante los detienen. Y les empiezan a hacer una revisión, aparentemente”, narró Bernardo.
“Pasa una amistad de los muchachos, le llama a mi sobrino José (Benítez)… creían que era una revisión de rutina”, expuso.
“A Mario Arturo y José los sacan del coche, los suben a la camioneta, y dos policías se suben al coche”, apuntó.
“Pasando las vías del tren, la camioneta rebasa al coche y dobla a mano derecha, a una calle que ya es de terracería. Este muchacho ve para dónde va, pero el teléfono ya está apagado, ya no le contesta. Nos avisaron que el coche estaba en una desviación en Medellín de Bravo, dejaron el carro abandonado… el carro ya estaba en el corralón”, abundó.
Un subordinado del delegado Marcos Conde le habló y le dijo “que nosotros sabemos que secuestraron a nuestros hijos”, recordó.
“Le dijimos: tu gente secuestró a nuestros hijos”, mencionó el padre. Y hay más: “tenemos un testigo”.
Conde les recomendó interponer una demanda, además de que pidió llevar al testigo hasta él, para que señalara “a uno por uno” de los responsables.
Hasta ahora, las investigaciones son apuntaladas por la declaración de uno de los policías, quien afirma que los cinco jóvenes fueron asesinados e incinerados.
Pero “esto lo debemos ver como un rompecabezas, los policías se contradicen mucho en las declaraciones, creemos que debemos llegar hasta el final, hasta que encontremos al resto de los autores tanto materiales como intelectuales, a partir de ahí podemos armar bien el rompecabezas y saber realmente qué fue lo que sucedió”, indicó Bernardo.
“A pesar de que dicen que hay unos restos de mi hijo, que están siendo analizados por los forenses argentinos, la esperanza no se me acaba”, confesó. Y es que “no sé si haya algo más grande para un ser humano que no sea un hijo”.
“Mientras no esté al mil por ciento seguro, no voy a aceptar nada”, dijo en referencia a la presunta muerte de su hijo.
Por lo pronto, “queremos a todos los materiales e intelectuales que perpetuaron (los crímenes), si es que al final se logra esclarecer que así fue”, urgió.
“Esperamos que seamos los últimos a los que nos suceda esta situación tan desagradable y que creo que la gente de bien que somos nosotros no debería ocurrirnos, hay tanta delincuencia en nuestro estado que ya no podemos salir a la calle sin el temor en la boca”, mencionó.
Por su parte, Carmen Garibo Maciel, madre de Susana, detalló que el octavo policía detenido “narró paso a paso desde el momento en que los agarraron… comentó que los mataron y los quemaron, eso fue lo que él narró, pero aún tenemos un poquito de esperanza que haya mentido”.
La madre expuso cómo hay diferencias marcadas entre los policías detenidos: unos niegan haber participado, otros dicen que nada más los revisaron, otros que los habían agarrado y los entregaron al crimen organizado.
“No sabemos realmente qué fue lo que pasó”, reconoció.
“Esperemos que tengamos resultados certeros… confiamos en que ellos esclarezcan este caso”, expresó sobre el gobierno federal, pues en el del estado no confían.
En cuanto a la participación criminal directa de agentes del Estado, sostuvo que “ya eso lo tenemos en todo el estado, no nada más aquí en Veracruz… La policía ya tiene que ver casi en todos ese tipo de delitos, la policía está involucrada. ¿Ahora en quién confías?, ¿qué se puede esperar?”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/policia-secuestraba-levantaba-y-desaparecia-personas-en-veracruz-padres-en-cnn/
NSArchive revela expediente de ejecuciones en Tlatlaya
Hay discrepancias en testimonios y el número de personas que pudieron ser ejecutadas extrajudicialmente. 4 de 7 militares quedaron libres después de que el juez no encontró elementos contra ellos.
La organización no gubernamental National Security Archive (NSArchive) obtuvo copia del Auto de Formal Prisión contra 7 militares, acusados en tribunales civiles por los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, donde soldados ejecutaron a personas presuntamente relacionadas con el cártel de la Familia Michoacana, el 30 de junio de 2014.
La Procuraduría General de la República (PGR) entregó este documento de 268 páginas al NSArchive después de que se lo ordenó el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).
El contenido de este auto de formal prisión ya fue usado para la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso y por el sitio de noticias SinEmbargo, pero es la primera vez que el documento íntegro está disponible para su consulta pública.
La revelación de este expediente pone de manifiesto que hubo discrepancias en los testimonios que presentó la PGR y en el número de personas que pudieron ser ejecutadas, justo días después que un tribunal confirmó la libertad de 4 de los 7 militares señalados como responsables. Este proceso en tribunales civiles es paralelo al del fuero militar, que sigue en curso.
¿Cuántas personas pudieron ser ejecutadas?
La Procuraduría del Estado de México y la PGR habían dicho que cinco de los 22 cadáveres tenían heridas que indicaban maniobras instintivas de defensa; es decir, que antes de morir las personas intentaron proteger zonas vitales con sus brazos, lo cual apunta a que muy probablemente fueron privadas de su vida ilegalmente, según la CNDH.
Y la propia CNDH dijo en su recomendación sobre el caso que al menos 6 cadáveres tenían rastros de maniobras de defensa:
“V1, V2, V5, V11, V12 y V16, presumiblemente, realizaron maniobras instintivas de defensa, lo cual se determina por la presencia de heridas en los miembros superiores, producidas por proyectil único disparado por arma de fuego”, publicó el organismo nacional en octubre de 2014.
No obstante, el Auto de Formal Prisión revelado por el NSArchive incluye los primeros estudios realizados por la procuraduría del Estado de México, que aunque concluyó que había sido un enfrentamiento, documentó que 9 personas intentaron defenderse antes de caer abatidas por las balas.
Los cadáveres 1, 2, 5, 11, 12, 16, 17, 18 y 21, tenían huellas de “maniobras instintivas de defensa”, según el dictamen en criminalística de campo del 30 de junio de 2014, realizado por peritos del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría del Estado de México.
Ese dictamen forma parte del auto de formal prisión que otorgó, en un primer momento, un juez penal del DF. Pero los militares se inconformaron con esa decisión y un tribunal ordenó reponer el proceso.
La reposición recayó en otro juez, quien determinó que no había pruebas suficientes para procesar a los siete militares y dejó en libertad a cuatro. Entonces la PGR se inconformó, pero fue inútil; el tribunal confirmó la liberación de cuatro militares acusados de ejercicio indebido del servicio público y mantuvo en prisión a tres de ellos por homicidio calificado y alteración ilícita del lugar.
El defensor de los militares en la jurisdicción civil es el abogado Juan Velázquez, quien ha sostenido ante la prensa que sólo tres de los militares entraron a la bodega donde ocurrieron los hechos.
¿Cuántos entraron a la bodega?
La CNDH dijo que cinco soldados entraron a la bodega después de un primer choque con los presuntos sujetos relacionados con el cártel de La Familia Michoacana:
“Los cinco elementos militares que ingresaron a la bodega posterior al enfrentamiento, esto es, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, son quienes muy probablemente privaron ilegalmente de su vida a las personas que se encontraban al interior de la misma, o por lo menos, que hubieron algunos de ellos que lo hicieron, y otros que lo presenciaron y por tanto, hasta la fecha, lo han encubierto”, dice la Comisión en su informe.
Los cuatro militares que ahora están libres hicieron una ampliación de sus declaraciones el 28 de septiembre de 2014, en la cual aseguraban que “después de haber cesado los disparos entre ellos y un grupo de personas armadas, tres de sus compañeros se introdujeron a la bodega y que en seguida escucharon más disparos”.
Quienes declararon esto fueron el responsable de la escolta, Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez; el soldado de transmisiones, Julio César Guerrero; el cabo que conducía esa noche Samuel Torres; y el soldado de infantería Alan Fuentes.
Pero esa declaración contradice la que habían dado cuatro días antes y la del mismo día en que ocurrieron los hechos, aquel 30 de junio de 2014, que forman parte del Auto de Formal Prisión revelado por el NSArchive.
El 30 de junio, el Teniente Ezequiel dijo que ordenó a Samuel Torres que apoyara “al sargento Acevedo (Roberto Acevedo López) para que hiciera un reconocimiento en el interior de la bodega”. Esa versión cambió después que la agencia AP y la revista Esquire cuestionaron que se hubiera tratado de un enfrentamiento con criminales.
El 24 de septiembre, el mismo teniente Ezequiel dijo que “ordenó al sargento segundo Roberto Acevedo López y dos elementos Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides para que realizaran un reconocimiento en el interior de la bodega donde tardaron entre 3 y 5 minutos”. El soldado Samuel Torres desapareció de la narración del encargado del grupo.
El propio cabo Samuel Torres también cambió su versión. En su declaración del día de los hechos, dijo que no supo qué pasó dentro de la bodega. Pero el 28 de septiembre agregó que “él y su compañero Alan Fuentes Guadarrama ingresan juntos a la bodega por la parte del centro, y el comandante Acevedo con un compañero más entraron por la izquierda de la bodega”.
La versión de la defensa
Al ser cuestionado por la diferencia en el número de militares que ingresaron a la bodega, el abogado defensor, Juan Velázquez, dijo a Aristegui Noticias que la discrepancia puede deberse a que los soldados hablan de “momentos distintos de entrada a la bodega”.
Además, Velázquez sostiene que la PGR no pudo aportar “una sola prueba de su probable responsabilidad en los delitos de los que se les acusó”. Según él, “todas las armas de los abatidos habían sido accionadas”; no obstante, no pudo aclarar si la PGR levantó huellas dactilares para descartar que hubiesen sido accionadas por los soldados.
Así, los tres militares que siguen procesados por homicidio y alteración ilícita del lugar son el sargento Roberto Acevedo López y los soldados de infantería Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides. La PGR tampoco pudo sostener la acusación en contra del teniente Ezequiel, de encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.
El Auto de Formal Prisión obtenido por el NSArchive tiene varias líneas de texto testadas y, aunque en las líneas visibles no hay mención a un estudio de huellas dactilares, es imposible descartar si la PGR lo hizo o no. Además, falta transparentar varios momentos del proceso judicial civil, lo cual podría suceder si hay más solicitudes de transparencia con el mismo argumento que usó la organización estadunidense, que hay sospechas de que en Tlatlaya hubo violaciones graves a los derechos humanos.
Este 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe “Situación de derechos humanos en México”, en el que afirma que “la impunidad masiva es la causa de la crisis de derechos humanos en México”. “La Comisión recuerda al Estado mexicano que es de la más alta importancia que los órganos judiciales realicen sus investigaciones y concluyan los procesos penales de manera independiente y sin injerencias externas”, dice el informe sobre el caso Tlatlaya.
PGR – Tlatlaya – Auto formal de prision.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: IRVING HUERTA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/nsarchive-revela-expediente-de-ejecuciones-en-tlatlaya/
La organización no gubernamental National Security Archive (NSArchive) obtuvo copia del Auto de Formal Prisión contra 7 militares, acusados en tribunales civiles por los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, donde soldados ejecutaron a personas presuntamente relacionadas con el cártel de la Familia Michoacana, el 30 de junio de 2014.
La Procuraduría General de la República (PGR) entregó este documento de 268 páginas al NSArchive después de que se lo ordenó el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).
El contenido de este auto de formal prisión ya fue usado para la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso y por el sitio de noticias SinEmbargo, pero es la primera vez que el documento íntegro está disponible para su consulta pública.
La revelación de este expediente pone de manifiesto que hubo discrepancias en los testimonios que presentó la PGR y en el número de personas que pudieron ser ejecutadas, justo días después que un tribunal confirmó la libertad de 4 de los 7 militares señalados como responsables. Este proceso en tribunales civiles es paralelo al del fuero militar, que sigue en curso.
¿Cuántas personas pudieron ser ejecutadas?
La Procuraduría del Estado de México y la PGR habían dicho que cinco de los 22 cadáveres tenían heridas que indicaban maniobras instintivas de defensa; es decir, que antes de morir las personas intentaron proteger zonas vitales con sus brazos, lo cual apunta a que muy probablemente fueron privadas de su vida ilegalmente, según la CNDH.
Y la propia CNDH dijo en su recomendación sobre el caso que al menos 6 cadáveres tenían rastros de maniobras de defensa:
“V1, V2, V5, V11, V12 y V16, presumiblemente, realizaron maniobras instintivas de defensa, lo cual se determina por la presencia de heridas en los miembros superiores, producidas por proyectil único disparado por arma de fuego”, publicó el organismo nacional en octubre de 2014.
No obstante, el Auto de Formal Prisión revelado por el NSArchive incluye los primeros estudios realizados por la procuraduría del Estado de México, que aunque concluyó que había sido un enfrentamiento, documentó que 9 personas intentaron defenderse antes de caer abatidas por las balas.
Los cadáveres 1, 2, 5, 11, 12, 16, 17, 18 y 21, tenían huellas de “maniobras instintivas de defensa”, según el dictamen en criminalística de campo del 30 de junio de 2014, realizado por peritos del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría del Estado de México.
Ese dictamen forma parte del auto de formal prisión que otorgó, en un primer momento, un juez penal del DF. Pero los militares se inconformaron con esa decisión y un tribunal ordenó reponer el proceso.
La reposición recayó en otro juez, quien determinó que no había pruebas suficientes para procesar a los siete militares y dejó en libertad a cuatro. Entonces la PGR se inconformó, pero fue inútil; el tribunal confirmó la liberación de cuatro militares acusados de ejercicio indebido del servicio público y mantuvo en prisión a tres de ellos por homicidio calificado y alteración ilícita del lugar.
El defensor de los militares en la jurisdicción civil es el abogado Juan Velázquez, quien ha sostenido ante la prensa que sólo tres de los militares entraron a la bodega donde ocurrieron los hechos.
¿Cuántos entraron a la bodega?
La CNDH dijo que cinco soldados entraron a la bodega después de un primer choque con los presuntos sujetos relacionados con el cártel de La Familia Michoacana:
“Los cinco elementos militares que ingresaron a la bodega posterior al enfrentamiento, esto es, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, son quienes muy probablemente privaron ilegalmente de su vida a las personas que se encontraban al interior de la misma, o por lo menos, que hubieron algunos de ellos que lo hicieron, y otros que lo presenciaron y por tanto, hasta la fecha, lo han encubierto”, dice la Comisión en su informe.
Los cuatro militares que ahora están libres hicieron una ampliación de sus declaraciones el 28 de septiembre de 2014, en la cual aseguraban que “después de haber cesado los disparos entre ellos y un grupo de personas armadas, tres de sus compañeros se introdujeron a la bodega y que en seguida escucharon más disparos”.
Quienes declararon esto fueron el responsable de la escolta, Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez; el soldado de transmisiones, Julio César Guerrero; el cabo que conducía esa noche Samuel Torres; y el soldado de infantería Alan Fuentes.
Pero esa declaración contradice la que habían dado cuatro días antes y la del mismo día en que ocurrieron los hechos, aquel 30 de junio de 2014, que forman parte del Auto de Formal Prisión revelado por el NSArchive.
El 30 de junio, el Teniente Ezequiel dijo que ordenó a Samuel Torres que apoyara “al sargento Acevedo (Roberto Acevedo López) para que hiciera un reconocimiento en el interior de la bodega”. Esa versión cambió después que la agencia AP y la revista Esquire cuestionaron que se hubiera tratado de un enfrentamiento con criminales.
El 24 de septiembre, el mismo teniente Ezequiel dijo que “ordenó al sargento segundo Roberto Acevedo López y dos elementos Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides para que realizaran un reconocimiento en el interior de la bodega donde tardaron entre 3 y 5 minutos”. El soldado Samuel Torres desapareció de la narración del encargado del grupo.
El propio cabo Samuel Torres también cambió su versión. En su declaración del día de los hechos, dijo que no supo qué pasó dentro de la bodega. Pero el 28 de septiembre agregó que “él y su compañero Alan Fuentes Guadarrama ingresan juntos a la bodega por la parte del centro, y el comandante Acevedo con un compañero más entraron por la izquierda de la bodega”.
La versión de la defensa
Al ser cuestionado por la diferencia en el número de militares que ingresaron a la bodega, el abogado defensor, Juan Velázquez, dijo a Aristegui Noticias que la discrepancia puede deberse a que los soldados hablan de “momentos distintos de entrada a la bodega”.
Además, Velázquez sostiene que la PGR no pudo aportar “una sola prueba de su probable responsabilidad en los delitos de los que se les acusó”. Según él, “todas las armas de los abatidos habían sido accionadas”; no obstante, no pudo aclarar si la PGR levantó huellas dactilares para descartar que hubiesen sido accionadas por los soldados.
Así, los tres militares que siguen procesados por homicidio y alteración ilícita del lugar son el sargento Roberto Acevedo López y los soldados de infantería Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides. La PGR tampoco pudo sostener la acusación en contra del teniente Ezequiel, de encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.
El Auto de Formal Prisión obtenido por el NSArchive tiene varias líneas de texto testadas y, aunque en las líneas visibles no hay mención a un estudio de huellas dactilares, es imposible descartar si la PGR lo hizo o no. Además, falta transparentar varios momentos del proceso judicial civil, lo cual podría suceder si hay más solicitudes de transparencia con el mismo argumento que usó la organización estadunidense, que hay sospechas de que en Tlatlaya hubo violaciones graves a los derechos humanos.
Este 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe “Situación de derechos humanos en México”, en el que afirma que “la impunidad masiva es la causa de la crisis de derechos humanos en México”. “La Comisión recuerda al Estado mexicano que es de la más alta importancia que los órganos judiciales realicen sus investigaciones y concluyan los procesos penales de manera independiente y sin injerencias externas”, dice el informe sobre el caso Tlatlaya.
PGR – Tlatlaya – Auto formal de prision.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: IRVING HUERTA.
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La violencia en Puebla viene de estados vecinos: Moreno Valle; confirman cuerpos en tambos
Ayer se dio a conocer el hallazgo de al menos 10 tambos con restos humanos mezclados con ácido. En el lugar se halló también ropa y credenciales. Hoy, la Fiscalía informó que finalizaron las diligencias en la zona, sin embargo aún no dio detalles de cuántos cuerpos fueron recuperados, ni tampoco del número exacto de tambos encontrados.
La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó hoy el hallazgo de tambos con restos humanos en el municipio San Andrés Calpan, Puebla. Y detalló que el hallazgo podría estar relacionado con los hechos violentos ocurridos en un teatro de Cuautlancingo la madrugada del martes, donde presuntamente dos personas fueron ejecutadas y varias desaparecidas.
Ayer se dio a conocer el hallazgo de al menos 10 tambos con restos humanos mezclados con ácido. Se halló también ropa y credenciales. Hoy, la Fiscalía informó que finalizaron las diligencias en la zona, sin embargo aún no dio detalles de cuántos cuerpos fueron recuperados, ni tampoco del número exacto de tambos encontrados.
Por su parte, el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, consideró que los recientes hechos de violencia registrados en la entidad son resultados de conflictos entre grupos delictivos de otras entidades como Veracruz, Guerrero y Morelos.
La Fiscalía detalló en un comunicado: “Se confirma la ubicación de tambos en la zona y de algunos restos humanos que han sido enviados al laboratorio de genética del Instituto de Ciencias Forenses perteneciente a la Fiscalía de Puebla”.
La dependencia también informó que “por falsedad de declaraciones” fueron puestas a disposición seis franeleros detenidos el martes en el palenque clandestino.
La madrugada del pasado martes, un comando armado ingresó a un teatro del municipio de Cuautlancingo y abrió fuego en el lugar donde se llevaba a cabo una pelea clandestina de gallos. De acuerdo con datos extraoficiales, al menos dos personas habrían sido ejecutadas mientras otro número indeterminado fue secuestrado.
Diversas versiones, detallan que un grupo ligado a Los Zetas fueron los responsables del ataque en el palenque.
Por su parte, la Fiscalía de Puebla dio a conocer el mismo martes: “las primeras indagatorias señalan que la madrugada de este martes 1 de marzo, presuntamente durante una pelea de gallos clandestina en el Teatro del Pueblo, personas ingresaron al lugar y realizaron detonaciones de arma de fuego”.
Precisó que el sitio fue asegurado y que en el lugar las autoridades tomaron posesión de 13 vehículos, dos de ellos ubicados al interior del teatro, y los restantes fuera.
En un segundo comunicado, emitido ese mismo día, abundó en que durante la pelea de gallos había reunidas personas proveniente incluso de otras entidades.
Dijo que hasta ese momento se habían tomado diversas declaraciones en torno a los hechos de diversas personas, entre ellas familiares de tres hombres reportados como no localizados, quienes fueron identificados como: José Domingo Nava de 23 años de edad, originario de Chilpancingo, Guerrero; Santiago Jorge Medina Guevara de 45 años, originario de Chignahuapan, Puebla; y José Marco Antonio Alvarado Alcázar de 45 años, originario de Michoacán.
Aunque la Fiscalía sólo reportó a esas tres personas, diversos medios de comunicación hablan de que los secuestrados durante la pelea de gallos habrían sido hasta 20. Hasta ese momento, la dependencia dijo que no se tenían reportes de personas lesionadas o fallecidas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-03-2016/1632384
La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó hoy el hallazgo de tambos con restos humanos en el municipio San Andrés Calpan, Puebla. Y detalló que el hallazgo podría estar relacionado con los hechos violentos ocurridos en un teatro de Cuautlancingo la madrugada del martes, donde presuntamente dos personas fueron ejecutadas y varias desaparecidas.
Ayer se dio a conocer el hallazgo de al menos 10 tambos con restos humanos mezclados con ácido. Se halló también ropa y credenciales. Hoy, la Fiscalía informó que finalizaron las diligencias en la zona, sin embargo aún no dio detalles de cuántos cuerpos fueron recuperados, ni tampoco del número exacto de tambos encontrados.
Por su parte, el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, consideró que los recientes hechos de violencia registrados en la entidad son resultados de conflictos entre grupos delictivos de otras entidades como Veracruz, Guerrero y Morelos.
“Evidentemente se ha trabajado y creo que se han dado resultados, obviamente sabemos que la vecindad que tenemos con Veracruz, con Guerrero, con Morelos, pues genera una presión brutal porque vienen grupos delictivos de otras entidades a Puebla, a veces llevan a cabo actividades como las de esta semana, de manera clandestina, y hay situaciones y conflictos entre ellos”, declaró hoy el mandatario, entrevistado por diversos medios en el municipio de Coronango.Sostuvo que lo sucedido esta semana “es un resultado similar al que se presentó en una ocasión en Atóxico hace algunos años, en donde viene gente de fuera, tienen conflictos entre grupos delictivos que operan en otras entidades federativas, aquí desafortunadamente no estaba operando”.
La Fiscalía detalló en un comunicado: “Se confirma la ubicación de tambos en la zona y de algunos restos humanos que han sido enviados al laboratorio de genética del Instituto de Ciencias Forenses perteneciente a la Fiscalía de Puebla”.
Abundó en que “existen indicios que plantean que el hallazgo está relacionado con la investigación que se inició sobre hechos registrados en el Teatro del Pueblo del municipio de Cuautlancingo, sitio en el que como se informó previamente, se llevaron a cabo diligencias y el aseguramiento de varias unidades, recibiendo posteriormente el reporte de personas no localizadas”.
La dependencia también informó que “por falsedad de declaraciones” fueron puestas a disposición seis franeleros detenidos el martes en el palenque clandestino.
La madrugada del pasado martes, un comando armado ingresó a un teatro del municipio de Cuautlancingo y abrió fuego en el lugar donde se llevaba a cabo una pelea clandestina de gallos. De acuerdo con datos extraoficiales, al menos dos personas habrían sido ejecutadas mientras otro número indeterminado fue secuestrado.
Diversas versiones, detallan que un grupo ligado a Los Zetas fueron los responsables del ataque en el palenque.
Por su parte, la Fiscalía de Puebla dio a conocer el mismo martes: “las primeras indagatorias señalan que la madrugada de este martes 1 de marzo, presuntamente durante una pelea de gallos clandestina en el Teatro del Pueblo, personas ingresaron al lugar y realizaron detonaciones de arma de fuego”.
Precisó que el sitio fue asegurado y que en el lugar las autoridades tomaron posesión de 13 vehículos, dos de ellos ubicados al interior del teatro, y los restantes fuera.
En un segundo comunicado, emitido ese mismo día, abundó en que durante la pelea de gallos había reunidas personas proveniente incluso de otras entidades.
Dijo que hasta ese momento se habían tomado diversas declaraciones en torno a los hechos de diversas personas, entre ellas familiares de tres hombres reportados como no localizados, quienes fueron identificados como: José Domingo Nava de 23 años de edad, originario de Chilpancingo, Guerrero; Santiago Jorge Medina Guevara de 45 años, originario de Chignahuapan, Puebla; y José Marco Antonio Alvarado Alcázar de 45 años, originario de Michoacán.
Aunque la Fiscalía sólo reportó a esas tres personas, diversos medios de comunicación hablan de que los secuestrados durante la pelea de gallos habrían sido hasta 20. Hasta ese momento, la dependencia dijo que no se tenían reportes de personas lesionadas o fallecidas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-03-2016/1632384
Mineros de Arcelor Mittal estallan huelga en Lázaro Cárdenas
Morelia, Mich. Unos tres mil 500 agremiados a la sección 271 del Sindicato Nacional Minero estallaron hoy la huelga en la empresa acerera Arcelor Mittal, ubicada en Ciudad Lázaro Cárdenas, argumentando despidos injustificados y violaciones al contrato colectivo de trabajo. Por la mañana marcharon del monumento al Minero hacia la siderúrgica, donde colocaron banderas rojinegras este mediodía.
A decir de los trabajadores, si bien es cierto que Arcelor pasó por momentos difíciles a mediados de 2015, por competencia desleal de empresas acereras chinas, afines de ese año la situación mejoró y la siderúrgica, que alguna vez fue Sicartsa, se ha vuelto a colocar como empresa líder.
A las 10 horas aproximadamente, después de que la mayoría de los integrantes de la asamblea votó a favor del paro de labores, los huelguistas marcharon por la avenida principal de la ciudad portuaria y luego se dirigieron a la zona industrial donde se ubica la empresa productora de acero.
Los mineros exigen también se reinstalen a unos 300 trabajadores que fueron despedidos a finales de 2015 y que laboraban en el área conocida como coquizadora. Además, exigen se vuelva a activar el área de planos donde se produce planchón donde más de mil trabajadores fueron despedidos hace un año por la crisis económica.
En julio pasado, los trabajadores de Arcelor estuvieron a punto de estallar la huelga, sin embargo cedieron a la solicitud de la empresa en el sentido de que los productos del acero habían bajado y que la situación era extremadamente crítica sobre todo porque China había invadido el mercado con productos de acero de escasa calidad. Sin contar que estaba produciendo poco porque el deterioro del horno Eréndira.
Fuente: La Jornada
Autor: Ernesto Martínez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/04/mineros-de-michoacan-estallan-huelga-en-lazaro-cardenas-5034.html
Critica el rector de la UNAM el “insuficiente” presupuesto para educación superior
CIUDAD DE MÉXICO: El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, criticó una vez más el “insuficiente” presupuesto que el gobierno destina tanto a la educación superior pública como a la investigación científica.
Y advirtió: “la educación pública y gratuita es la única forma de cambiar las grandes diferencias sociales”, dijo desde el campus Juriquilla de la Universidad Nacional, en el estado de Querétaro, donde inauguró el Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada y firmó un convenio con seis universidades tecnológicas y politécnicas del estado.
En un breve discurso, acompañado de las autoridades educativas del estado y los rectores firmantes, Graue apuntó:
“El presupuesto para educación superior siempre será y es insuficiente. Y ese presupuesto tenemos que compartirlo con la gente. Lo es para educación y lo es para la ciencia”, dijo el rector, quien recordó que en México se destina apenas el 0.6 por ciento del PIB en ciencia y tecnología, y no el uno por ciento mínimo estipulado en la constitución.
Continuó: “Por eso necesitamos colaborar entre nosotros. Necesitamos hacer eficiente ese presupuesto en beneficio de la educación y de la investigación.
“Estos convenios de amplia colaboración son de gran importancia. Y este laboratorio es un buen ejemplo y lo son estos convenios de colaboración amplia que no tienen límites, que van desde el intercambio estudiantil inicial al intercambio docente, a la información compartida, a complementarnos mutuamente, a generar mayores vínculos entre la investigación, la docencia y la innovación”, dijo el rector.
Antes de terminar su discurso, lamentó que en el país sea una minoría la que consigue cursar la educación superior. E hizo un último llamado: “Las universidades necesitamos responder con estas actividades sustantivas a la sociedad para con ello lograr la modernización de la planta productiva del país; necesitamos difundirnos más y difundir la cultura”, concluyó Graue.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTUA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432342/presupuesto-educacion-superior-insuficiente-graue
Y advirtió: “la educación pública y gratuita es la única forma de cambiar las grandes diferencias sociales”, dijo desde el campus Juriquilla de la Universidad Nacional, en el estado de Querétaro, donde inauguró el Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada y firmó un convenio con seis universidades tecnológicas y politécnicas del estado.
En un breve discurso, acompañado de las autoridades educativas del estado y los rectores firmantes, Graue apuntó:
“El presupuesto para educación superior siempre será y es insuficiente. Y ese presupuesto tenemos que compartirlo con la gente. Lo es para educación y lo es para la ciencia”, dijo el rector, quien recordó que en México se destina apenas el 0.6 por ciento del PIB en ciencia y tecnología, y no el uno por ciento mínimo estipulado en la constitución.
Continuó: “Por eso necesitamos colaborar entre nosotros. Necesitamos hacer eficiente ese presupuesto en beneficio de la educación y de la investigación.
“Estos convenios de amplia colaboración son de gran importancia. Y este laboratorio es un buen ejemplo y lo son estos convenios de colaboración amplia que no tienen límites, que van desde el intercambio estudiantil inicial al intercambio docente, a la información compartida, a complementarnos mutuamente, a generar mayores vínculos entre la investigación, la docencia y la innovación”, dijo el rector.
Antes de terminar su discurso, lamentó que en el país sea una minoría la que consigue cursar la educación superior. E hizo un último llamado: “Las universidades necesitamos responder con estas actividades sustantivas a la sociedad para con ello lograr la modernización de la planta productiva del país; necesitamos difundirnos más y difundir la cultura”, concluyó Graue.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTUA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432342/presupuesto-educacion-superior-insuficiente-graue
Aristegui y equipo cesados de MVS, después de publicación de ¨La Casa Blanca de EPN¨: CIDH
La terminación del programa radiofónico de Carmen Aristegui ocurrió, hace ya casi un año, después de la publicación del reportaje "La casa blanca de EPN".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó en su informe sobre la “situación de derechos humanos” en México, un apartado del Relator Especial para la Libertad de Expresión,Edison Lanza, que expone “ataques contra la libertad de expresión”, como asesinatos, agresiones y detenciones de periodistas.
Pero apunta que hay más que eso, como el caso Aristegui-MVS:
“En el 2015, se presentaron otro tipo de afectaciones a la prensa que permiten observar la existencia de un contexto complejo para el ejercicio periodístico, no solo por el riesgo de agresiones y amenazas sino también por episodios como el ocurrido con la periodista Carmen Aristegui, quien puso en descubierto un caso de presunta corrupción que involucraba a altas autoridades en la compra de una lujosa casa utilizada por el Presidente de la República. Luego de esa y otras investigaciones, la periodista y su equipo fueron cesados por la empresa concesionaria de la emisora con la que mantenían un contrato, incluso cuando las mediciones indicaban que su programa tenía una alta audiencia. La empresa MVS alegó que Aristegui y su equipo habían utilizado la imagen y la marca de la empresa para fines no autorizados, en ocasión de adherir a la plataforma Mexicoleaks, destinada a conseguir información de fuentes confidenciales”.
En su informe, la CIDH indica que “en el contexto de impunidad generalizada que existe, los crímenes contra periodistas no son la excepción”.
“En un contexto de constantes agresiones a la prensa transmiten el erróneo mensaje de la inexistencia de sanciones para quien agrede a la prensa, dejando desprotegidos a periodistas y comunicadores”, sentencia.
Y establece que “los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, constituye el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión en México”.
Refiere que en muchos casos los periodistas optan por la autocensura.
Y subraya: “La Comisión ha señalado que la violencia contra periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación que se comete a causa del ejercicio de su profesión, no solo afecta la voz de estas personas, en particular al violar su derecho a la libertad de expresión, sino que vulnera el derecho de las sociedades en general a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera pacífica y libre”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0203/mexico/cidh-sobre-el-caso-aristegui-mvs-en-mexico-es-complejo-el-ejercicio-periodistico/
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó en su informe sobre la “situación de derechos humanos” en México, un apartado del Relator Especial para la Libertad de Expresión,Edison Lanza, que expone “ataques contra la libertad de expresión”, como asesinatos, agresiones y detenciones de periodistas.
Pero apunta que hay más que eso, como el caso Aristegui-MVS:
“En el 2015, se presentaron otro tipo de afectaciones a la prensa que permiten observar la existencia de un contexto complejo para el ejercicio periodístico, no solo por el riesgo de agresiones y amenazas sino también por episodios como el ocurrido con la periodista Carmen Aristegui, quien puso en descubierto un caso de presunta corrupción que involucraba a altas autoridades en la compra de una lujosa casa utilizada por el Presidente de la República. Luego de esa y otras investigaciones, la periodista y su equipo fueron cesados por la empresa concesionaria de la emisora con la que mantenían un contrato, incluso cuando las mediciones indicaban que su programa tenía una alta audiencia. La empresa MVS alegó que Aristegui y su equipo habían utilizado la imagen y la marca de la empresa para fines no autorizados, en ocasión de adherir a la plataforma Mexicoleaks, destinada a conseguir información de fuentes confidenciales”.
En su informe, la CIDH indica que “en el contexto de impunidad generalizada que existe, los crímenes contra periodistas no son la excepción”.
“En un contexto de constantes agresiones a la prensa transmiten el erróneo mensaje de la inexistencia de sanciones para quien agrede a la prensa, dejando desprotegidos a periodistas y comunicadores”, sentencia.
Y establece que “los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, constituye el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión en México”.
Refiere que en muchos casos los periodistas optan por la autocensura.
Y subraya: “La Comisión ha señalado que la violencia contra periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación que se comete a causa del ejercicio de su profesión, no solo afecta la voz de estas personas, en particular al violar su derecho a la libertad de expresión, sino que vulnera el derecho de las sociedades en general a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera pacífica y libre”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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“Caso Narvarte: se ensañaron con Rubén y Nadia, no con las demás”
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal echó por la borda la oportunidad de demostrar que, si en el estado de Veracruz se dejan impunes los crímenes contra periodistas, en Ciudad de México sí se investigan honesta y rigurosamente.
La entrevista que la señora Indira Alfaro, madre de la joven Yesenia Quiroz, acaba de darle a Yuli García, de El Universal TV (ver parte uno y dos), no sólo pone en cuestión la honestidad de la PGJDF, sino que derriba un mito clave de los que ha propagado la dependencia del procurador Rodolfo Ríos Garza: la de que la violencia más brutal se dirigió contra la misma Yesenia y la chica colombiana Milé Virginia Martín, como una forma de hacer creer que el motivo del crimen sólo tuvo que ver con ellas, y que el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista social Nadia Vera y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete habrían tenido la mala suerte de estar en el lugar y momento equivocados.
Ya se habían corrido algunos rumores de que esto era al revés: que Rubén y Nadia habrían padecido más. Pero hasta ahora, no se conocían declaraciones de testigos directos que lo afirmaran.
A Yesenia, dijo la señora Alfaro, no la torturaron ni la violaron. Precisó: “Nomás a Milé la lastimaron, a Nadia y a Rubén. Yo a Rubén sí lo vi muy golpeadito de su cara, porque ahí estaban todos los cuerpos cuando yo fui por mi Yesi. Su carita. Como que (a Rubén) lo golpearon de su cara. Hinchado. Nadia sí tenía su boquita abierta. Como que ella sí estaba viva cuando la estaban estrangulando. Sí se le veía su carita de que sí sufrió”.
El teatro se les cae solo
Contra la ley, los procedimientos legales y la ética profesional, de la PGJDF manó un arroyo de filtraciones, que fueron reproducidas como auténticas, sin crítica ni comentario, por el periódico La Razón y columnistas de otros diarios que sí venden ejemplares.
Así se quiso imponer una versión: Yesenia y Milé eran prostitutas y/o vendían drogas, y los asesinos fueron clientes sexuales y traficantes que tuvieron relaciones con ellas antes de matar a todos para robar un paquete de narcóticos. El que esas dos chicas hubieran sido torturadas y acaso violadas, en contraste con los daños relativamente menores que les habrían infligido a Alejandra, Rubén y Nadia, demostraría esta hipótesis.
Se descartaría, además, la que para muchos era la línea de investigación obvia: la de que el trabajo de Rubén, como fotógrafo especializado en movimientos sociales, y el activismo político de Nadia en contra del gobernador veracruzano Javier Duarte, podrían ser la causa del ataque.
Era público que los dos habían salido de Veracruz a raíz de que recibieron amenazas y agresiones por parte de lo que ambos identificaban como empleados del gobierno estatal.
Rubén había participado en las manifestaciones que denunciaban la imparable serie de asesinatos de periodistas. Tanto él como Nadia habían expresado sus temores ante quien los quiso escuchar, en privado e incluso en entrevistas por televisión, y habían señalado que si algo malo les pasaba, el responsable sería Javier Duarte.
Al respecto, la PGJDF actuó como quien tiene prisa por descartar una sospecha incómoda.
Cuando el desdén hacia esa línea de investigación hizo subir la presión, Rodolfo Ríos envió a un secretario a Xalapa para que le hiciera algunas preguntas generales al gobernador, que Duarte contestó con rapidez antes de salir a tomarse fotos sonriente porque, según él, había probado que no tenía nada qué ocultar.
Mientras tanto, las filtraciones continuaban, difundidas por los repetidores mediáticos del procurador.
Eventualmente, el teatro se les cayó solo. Los detenidos se desdijeron de las declaraciones que les había atribuido la PGJDF, asegurando que se las arrancaron bajo tortura. Las piezas no encajaban, faltaban pruebas; los argumentos eran incongruentes.
La calumnia de rigor
La señora Alfaro asegura que, al contrario de lo filtrado por la PGJDF, los perpetradores no destruyeron el cuarto de Yesenia en busca de lo que querían quitarle:
“¿Un robo? Para mí no fue un robo. Yo fui al departamento. Yo fui a su habitación. Yo lo vi normal. No como me lo habían platicado, que todo revuelto. Su clóset, todo estaba acomodado. Ropa, zapatos, todo. Los burós… todo, acomodadito. Tocador. Lo único que yo miré que sí estaba así fueron los tres cajones del tocador que era la ropa interior. Estaban muchos estuches… la mayoría, y eran más de 10 estuches, sin los lentes. O se los llevaron los que entraron dizque a revisar la escena del crimen o fue un modo de decir vamos a llevarlos para que se vea un robo”.
En cambio, “por las fotos que vi del cuarto de Nadia, ahí sí se ve que ahí sí hurgaron. A como vi el cuarto de Yesenia y de Nicole, algo bien diferente”.
La entristecida mujer denuncia que ha recibido maltratos de los agentes investigadores, que no le han preguntado cuestiones fundamentales, como detalles sobre la última conversación telefónica que tuvo con su hija, que estaba tranquila justo cuando –según la versión filtrada- debería haber estado haciendo el amor con uno de sus clientes-asesinos, o peor, cuando la deberían haber estado matando. También revela que quisieron evitar que viera el cuerpo, mostrándoselo sólo en foto, y que le han negado una copia del expediente judicial.
Con sus afirmaciones, Indira Alfaro destruye toda pretensión de honestidad en la actuación de la PGJDF, que además de desviar la atención con falsedades, no ha dudado en manchar la reputación de las víctimas.
Al estilo del Veracruz de Duarte: si de Fernanda Rubí Jiménez Salcedo, desaparecida en 2012, y de la periodista Anabel Flores, asesinada en febrero, las difamaron allá asegurando que su tragedia se debía a que tenían novios criminales, sin ninguna prueba, en Ciudad de México, la institución de Ríos Garza filtró que Yesenia y Milé eran prostitutas traficantes de drogas.
Chicas que se acuestan con los hombres equivocados: parece que, aquí como allá, es la calumnia de rigor para desacreditar a mujeres jóvenes que no se pueden defender.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: TEMORIS GRECKO (OPINIÓN).
LINK: http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/caso-narvarte-se-ensanaron-con-ruben-y-nadia-no-con-las-demas-articulo-de-temoris-grecko/
La entrevista que la señora Indira Alfaro, madre de la joven Yesenia Quiroz, acaba de darle a Yuli García, de El Universal TV (ver parte uno y dos), no sólo pone en cuestión la honestidad de la PGJDF, sino que derriba un mito clave de los que ha propagado la dependencia del procurador Rodolfo Ríos Garza: la de que la violencia más brutal se dirigió contra la misma Yesenia y la chica colombiana Milé Virginia Martín, como una forma de hacer creer que el motivo del crimen sólo tuvo que ver con ellas, y que el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista social Nadia Vera y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete habrían tenido la mala suerte de estar en el lugar y momento equivocados.
Ya se habían corrido algunos rumores de que esto era al revés: que Rubén y Nadia habrían padecido más. Pero hasta ahora, no se conocían declaraciones de testigos directos que lo afirmaran.
A Yesenia, dijo la señora Alfaro, no la torturaron ni la violaron. Precisó: “Nomás a Milé la lastimaron, a Nadia y a Rubén. Yo a Rubén sí lo vi muy golpeadito de su cara, porque ahí estaban todos los cuerpos cuando yo fui por mi Yesi. Su carita. Como que (a Rubén) lo golpearon de su cara. Hinchado. Nadia sí tenía su boquita abierta. Como que ella sí estaba viva cuando la estaban estrangulando. Sí se le veía su carita de que sí sufrió”.
El teatro se les cae solo
Contra la ley, los procedimientos legales y la ética profesional, de la PGJDF manó un arroyo de filtraciones, que fueron reproducidas como auténticas, sin crítica ni comentario, por el periódico La Razón y columnistas de otros diarios que sí venden ejemplares.
Así se quiso imponer una versión: Yesenia y Milé eran prostitutas y/o vendían drogas, y los asesinos fueron clientes sexuales y traficantes que tuvieron relaciones con ellas antes de matar a todos para robar un paquete de narcóticos. El que esas dos chicas hubieran sido torturadas y acaso violadas, en contraste con los daños relativamente menores que les habrían infligido a Alejandra, Rubén y Nadia, demostraría esta hipótesis.
Se descartaría, además, la que para muchos era la línea de investigación obvia: la de que el trabajo de Rubén, como fotógrafo especializado en movimientos sociales, y el activismo político de Nadia en contra del gobernador veracruzano Javier Duarte, podrían ser la causa del ataque.
Era público que los dos habían salido de Veracruz a raíz de que recibieron amenazas y agresiones por parte de lo que ambos identificaban como empleados del gobierno estatal.
Rubén había participado en las manifestaciones que denunciaban la imparable serie de asesinatos de periodistas. Tanto él como Nadia habían expresado sus temores ante quien los quiso escuchar, en privado e incluso en entrevistas por televisión, y habían señalado que si algo malo les pasaba, el responsable sería Javier Duarte.
Al respecto, la PGJDF actuó como quien tiene prisa por descartar una sospecha incómoda.
Cuando el desdén hacia esa línea de investigación hizo subir la presión, Rodolfo Ríos envió a un secretario a Xalapa para que le hiciera algunas preguntas generales al gobernador, que Duarte contestó con rapidez antes de salir a tomarse fotos sonriente porque, según él, había probado que no tenía nada qué ocultar.
Mientras tanto, las filtraciones continuaban, difundidas por los repetidores mediáticos del procurador.
Eventualmente, el teatro se les cayó solo. Los detenidos se desdijeron de las declaraciones que les había atribuido la PGJDF, asegurando que se las arrancaron bajo tortura. Las piezas no encajaban, faltaban pruebas; los argumentos eran incongruentes.
La calumnia de rigor
La señora Alfaro asegura que, al contrario de lo filtrado por la PGJDF, los perpetradores no destruyeron el cuarto de Yesenia en busca de lo que querían quitarle:
“¿Un robo? Para mí no fue un robo. Yo fui al departamento. Yo fui a su habitación. Yo lo vi normal. No como me lo habían platicado, que todo revuelto. Su clóset, todo estaba acomodado. Ropa, zapatos, todo. Los burós… todo, acomodadito. Tocador. Lo único que yo miré que sí estaba así fueron los tres cajones del tocador que era la ropa interior. Estaban muchos estuches… la mayoría, y eran más de 10 estuches, sin los lentes. O se los llevaron los que entraron dizque a revisar la escena del crimen o fue un modo de decir vamos a llevarlos para que se vea un robo”.
En cambio, “por las fotos que vi del cuarto de Nadia, ahí sí se ve que ahí sí hurgaron. A como vi el cuarto de Yesenia y de Nicole, algo bien diferente”.
La entristecida mujer denuncia que ha recibido maltratos de los agentes investigadores, que no le han preguntado cuestiones fundamentales, como detalles sobre la última conversación telefónica que tuvo con su hija, que estaba tranquila justo cuando –según la versión filtrada- debería haber estado haciendo el amor con uno de sus clientes-asesinos, o peor, cuando la deberían haber estado matando. También revela que quisieron evitar que viera el cuerpo, mostrándoselo sólo en foto, y que le han negado una copia del expediente judicial.
Con sus afirmaciones, Indira Alfaro destruye toda pretensión de honestidad en la actuación de la PGJDF, que además de desviar la atención con falsedades, no ha dudado en manchar la reputación de las víctimas.
Al estilo del Veracruz de Duarte: si de Fernanda Rubí Jiménez Salcedo, desaparecida en 2012, y de la periodista Anabel Flores, asesinada en febrero, las difamaron allá asegurando que su tragedia se debía a que tenían novios criminales, sin ninguna prueba, en Ciudad de México, la institución de Ríos Garza filtró que Yesenia y Milé eran prostitutas traficantes de drogas.
Chicas que se acuestan con los hombres equivocados: parece que, aquí como allá, es la calumnia de rigor para desacreditar a mujeres jóvenes que no se pueden defender.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: TEMORIS GRECKO (OPINIÓN).
LINK: http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/caso-narvarte-se-ensanaron-con-ruben-y-nadia-no-con-las-demas-articulo-de-temoris-grecko/
Restos hallados en 10 tambos podrían ser de desaparecidos en Puebla
PUEBLA, Pue: En campos de cultivo del municipio de San Andrés Calpan fueron localizados este jueves una decena de tambos con restos humanos que se presume podrían estar relacionados con la balacera registrada el martes 1 en una pelea de gallos en el municipio de Cuautlancingo.
Aunque hasta el momento la Fiscalía General no ha proporcionado información, fuentes policiacas señalaron que estos tambos fueron encontrados luego de una denuncia anónima y que, además de contener restos de ácido y de cuerpos humanos, se encontraron prendas de vestir, cinturones y sombreros.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército y de la Policía Ministerial del Estado que negaron el acceso a los medios de comunicación, por lo que se desconoce el número de cuerpos que presuntamente se encuentran en los tambos.
La Fiscalía General del Estado asegura que hasta ahora sólo se tiene confirmada la desaparición de tres personas presuntamente ocurrida luego de que un comando de unos 30 encapuchados irrumpió la madrugada del martes en un palenque que operaba a unos metros de la presidencia municipal de Cuautlancingo.
Sin embargo, este día se conoció por las redes sociales de la existencia de otra persona, identificada como Lauro Luna, empresario gallero y dueño del rancho El Carmen, que también habría sido plagiado en esos hechos. A través de Twitter sus familiares pidieron colaboración de los usuarios para localizarlo.
De acuerdo con los testimonios que han dado vecinos y testigos, los pistoleros buscaban a un sujeto de apodo El Apache, y en ese lugar habrían ejecutado a dos varones, cuyos cadáveres se llevaron para no dejar evidencia.
Al retirarse, este comando se habría llevado a varias personas.
Algunos familiares de los desaparecidos han asegurado a los medios que fueron al menos 20 los secuestrados. En el lugar, de acuerdo con la Fiscalía del Estado, quedaron abandonados 13 vehículos que se presume eran propiedad de las personas privadas de su libertad.
Hasta ahora la Fiscalía General sólo ha reconocido la desaparición de tres hombres identificados como José Domingo Nava, de 23 años y originario de Chilpancingo, Guerrero; Santiago Jorge Medina Guevara, de 45 y originario de Chignahuapan, Puebla, y José Marco Antonio Alvarado Alcázar, de 45 años y originario de Michoacán.
Esta mañana, el fiscal general Víctor Carrancá Bourget informó que seis personas fueron detenidas acusadas por falsedad en las declaraciones, ya que estaban presentes durante estos hechos, sin embargo, omitieron información que podría ayudar a esclarecer lo ocurrido.
Los detenidos son José Manuel Guillén Camacho y Lázaro Martínez Espinosa, de 58 años; José Raúl Núñez Cornejo, Rafael Fernando Martínez Colín y Pedro Vivanco Cruz, de 52, y Esteban Ramírez Guevara, de 42 años. Se presume que estas personas son apostadores y galleros que estaban ese día en el palenque de Cuautlancingo.
A pregunta de los reporteros, el fiscal rechazó confirmar o descartar lo que han manejado algunos medios locales sobre que este ataque fue ejecutado por sicarios de Los Zetas.
“No podemos anticipar nada, tenemos la obligación de reservar los datos de la investigación. Se resuelve la situación jurídica de los detenidos por falsedad de declaración, sin embargo, tenemos declaraciones que permiten una línea de investigación. Cuando tengamos hechos concretos, lo informaremos”, declaró.
Hace una semana, en un programa televisivo, el fiscal Carrancá admitió que Los Zetas operan en Puebla en el triángulo Tepeaca, Palmar de Bravo y Acatzingo, donde prolifera el robo de combustibles a Pemex.
Este día, el fiscal dijo que igual se investiga si la ejecución de dos hombres ocurrida ayer en la carretera federal México-Puebla, a la altura de la comunidad de San Matías Tlalancaleca, tiene alguna vinculación con lo ocurrido en Cuautlancingo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432308/detienen-a-6-personas-tras-ataque-supuestos-zetas-en-pelea-gallos
Aunque hasta el momento la Fiscalía General no ha proporcionado información, fuentes policiacas señalaron que estos tambos fueron encontrados luego de una denuncia anónima y que, además de contener restos de ácido y de cuerpos humanos, se encontraron prendas de vestir, cinturones y sombreros.
La zona fue acordonada por elementos del Ejército y de la Policía Ministerial del Estado que negaron el acceso a los medios de comunicación, por lo que se desconoce el número de cuerpos que presuntamente se encuentran en los tambos.
La Fiscalía General del Estado asegura que hasta ahora sólo se tiene confirmada la desaparición de tres personas presuntamente ocurrida luego de que un comando de unos 30 encapuchados irrumpió la madrugada del martes en un palenque que operaba a unos metros de la presidencia municipal de Cuautlancingo.
Sin embargo, este día se conoció por las redes sociales de la existencia de otra persona, identificada como Lauro Luna, empresario gallero y dueño del rancho El Carmen, que también habría sido plagiado en esos hechos. A través de Twitter sus familiares pidieron colaboración de los usuarios para localizarlo.
De acuerdo con los testimonios que han dado vecinos y testigos, los pistoleros buscaban a un sujeto de apodo El Apache, y en ese lugar habrían ejecutado a dos varones, cuyos cadáveres se llevaron para no dejar evidencia.
Al retirarse, este comando se habría llevado a varias personas.
Algunos familiares de los desaparecidos han asegurado a los medios que fueron al menos 20 los secuestrados. En el lugar, de acuerdo con la Fiscalía del Estado, quedaron abandonados 13 vehículos que se presume eran propiedad de las personas privadas de su libertad.
Hasta ahora la Fiscalía General sólo ha reconocido la desaparición de tres hombres identificados como José Domingo Nava, de 23 años y originario de Chilpancingo, Guerrero; Santiago Jorge Medina Guevara, de 45 y originario de Chignahuapan, Puebla, y José Marco Antonio Alvarado Alcázar, de 45 años y originario de Michoacán.
Esta mañana, el fiscal general Víctor Carrancá Bourget informó que seis personas fueron detenidas acusadas por falsedad en las declaraciones, ya que estaban presentes durante estos hechos, sin embargo, omitieron información que podría ayudar a esclarecer lo ocurrido.
Los detenidos son José Manuel Guillén Camacho y Lázaro Martínez Espinosa, de 58 años; José Raúl Núñez Cornejo, Rafael Fernando Martínez Colín y Pedro Vivanco Cruz, de 52, y Esteban Ramírez Guevara, de 42 años. Se presume que estas personas son apostadores y galleros que estaban ese día en el palenque de Cuautlancingo.
A pregunta de los reporteros, el fiscal rechazó confirmar o descartar lo que han manejado algunos medios locales sobre que este ataque fue ejecutado por sicarios de Los Zetas.
“No podemos anticipar nada, tenemos la obligación de reservar los datos de la investigación. Se resuelve la situación jurídica de los detenidos por falsedad de declaración, sin embargo, tenemos declaraciones que permiten una línea de investigación. Cuando tengamos hechos concretos, lo informaremos”, declaró.
Hace una semana, en un programa televisivo, el fiscal Carrancá admitió que Los Zetas operan en Puebla en el triángulo Tepeaca, Palmar de Bravo y Acatzingo, donde prolifera el robo de combustibles a Pemex.
Este día, el fiscal dijo que igual se investiga si la ejecución de dos hombres ocurrida ayer en la carretera federal México-Puebla, a la altura de la comunidad de San Matías Tlalancaleca, tiene alguna vinculación con lo ocurrido en Cuautlancingo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432308/detienen-a-6-personas-tras-ataque-supuestos-zetas-en-pelea-gallos
Gobierno de Peña rechaza informe de la CIDH: “no compartimos la metodología”
CIUDAD DE MÉXICO: La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, reafirmó hoy el repudio del gobierno federal al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos y de la violencia en México, pues reiteró que “no compartimos la metodología que dio origen” al documento de 236 páginas que publicó ayer el organismo regional.
En el reporte “Situación de los derechos humanos en México 2015”, la CIDH subrayó que las políticas de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto agravaron las violaciones a los derechos humanos “hasta alcanzar niveles alarmantes”; además, condenó la “falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”.
Asimismo, planteó que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes federales del Estado e integrantes del crimen organizado”, aparte de que “es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en que suelen quedar estos graves crímenes”.
En reacción al informe, la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) emitieron un boletín para plantear, una vez más, que el reporte de la CIDH “no refleja la situación general del país” e “ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México”.
También reviraron que “el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos”, y que la CIDH “desestimó los avances” que el gobierno de Peña Nieto impulsó en los últimos años.
Con estas definiciones, persistieron las descalificaciones al informe. El gobierno, incluso, aseveró que la metodología tenía un “sesgo inicial”, calificó de “sin fundamento” las conclusiones, y acusó a la CIDH de utilizar la información recabada durante su visita “de manera parcial”.
También resaltó las leyes y medidas que adoptó el Estado mexicano para buscar a las personas desaparecidas, proteger a las víctimas y los periodistas, así como para promover los derechos humanos de las personas más vulnerables.
Pese al embate de la administración de Peña contra sus conclusiones, James Cavallaro, presidente de la CIDH, admitió hoy que el informe es “muy duro”, pero llamó al gobierno a reconocer que la crisis de derechos humanos que vive México es “extremadamente grave”, pues recordó casos sintomáticos como los 27 mil desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales o la práctica generalizada de la tortura.
En octubre pasado, la CIDH había dado a conocer sus conclusiones preliminares sobre su visita a México, como adelanto al informe que se publicó ayer. Ya en ese entonces, el gobierno mexicano descalificó las observaciones de la CIDH, al aseverar que “no (reflejaban) la realidad del país”, lo cual generó una reacción indignada de organizaciones de la sociedad civil.
Crisis de reflexión
El gobierno de Peña Nieto cuenta con un amplio historial de negación ante los señalamientos de organismos internacionales sobre la crisis de derechos humanos en México.
En febrero de 2015, por ejemplo, la SRE descalificó las conclusiones del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, con el mismo argumento de que “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.
En el siguiente mes de marzo, el gobierno mexicano criticó a Juan Méndez, relator de la ONU sobre tortura, cuyo informe señaló que en México el uso de la tortura era “generalizado”.
Luego, el representante de México en Ginebra, Jorge Lomónaco, planteó que las observaciones del relator “no reflejan los enormes esfuerzos que ha desplegado” México en la materia y criticó las aseveraciones “sin congruencia” del experto.
En enero pasado, el gobierno envió una carta al New York Times en reacción al editorial que denunció la falta de rendición de cuentas del gobierno mexicano. En la misiva, aseveró que el texto “fracasa en reflejar las acciones concretas que adoptó el gobierno mexicano en los últimos tres años”.
Y, el pasado 14 de enero, la SRE difundió una tarjeta informativa en la que aseveró que el informe anual de Amnistía Internacional (AI)… “no refleja los esfuerzos sin precedentes” que el gobierno emprendió para enfrentar el fenómeno de desaparición forzada.
Por otra parte, el gobierno no podría sostener que las observaciones del relator especial de Derechos Humanos de la ONU Michel Frost “no reflejan” la realidad del país, pues el pasado 25 de febrero la Cancillería canceló la visita del funcionario, prevista para el próximo mes de abril.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432297/gobierno-de-pena-rechaza-informe-de-la-cidh-no-compartimos-la-metodologia-dice
En el reporte “Situación de los derechos humanos en México 2015”, la CIDH subrayó que las políticas de seguridad de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto agravaron las violaciones a los derechos humanos “hasta alcanzar niveles alarmantes”; además, condenó la “falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”.
Asimismo, planteó que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa es “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes federales del Estado e integrantes del crimen organizado”, aparte de que “es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en que suelen quedar estos graves crímenes”.
En reacción al informe, la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) emitieron un boletín para plantear, una vez más, que el reporte de la CIDH “no refleja la situación general del país” e “ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México”.
También reviraron que “el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en nuestro país no se vive una crisis de derechos humanos”, y que la CIDH “desestimó los avances” que el gobierno de Peña Nieto impulsó en los últimos años.
Con estas definiciones, persistieron las descalificaciones al informe. El gobierno, incluso, aseveró que la metodología tenía un “sesgo inicial”, calificó de “sin fundamento” las conclusiones, y acusó a la CIDH de utilizar la información recabada durante su visita “de manera parcial”.
También resaltó las leyes y medidas que adoptó el Estado mexicano para buscar a las personas desaparecidas, proteger a las víctimas y los periodistas, así como para promover los derechos humanos de las personas más vulnerables.
Pese al embate de la administración de Peña contra sus conclusiones, James Cavallaro, presidente de la CIDH, admitió hoy que el informe es “muy duro”, pero llamó al gobierno a reconocer que la crisis de derechos humanos que vive México es “extremadamente grave”, pues recordó casos sintomáticos como los 27 mil desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales o la práctica generalizada de la tortura.
En octubre pasado, la CIDH había dado a conocer sus conclusiones preliminares sobre su visita a México, como adelanto al informe que se publicó ayer. Ya en ese entonces, el gobierno mexicano descalificó las observaciones de la CIDH, al aseverar que “no (reflejaban) la realidad del país”, lo cual generó una reacción indignada de organizaciones de la sociedad civil.
Crisis de reflexión
El gobierno de Peña Nieto cuenta con un amplio historial de negación ante los señalamientos de organismos internacionales sobre la crisis de derechos humanos en México.
En febrero de 2015, por ejemplo, la SRE descalificó las conclusiones del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, con el mismo argumento de que “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.
En el siguiente mes de marzo, el gobierno mexicano criticó a Juan Méndez, relator de la ONU sobre tortura, cuyo informe señaló que en México el uso de la tortura era “generalizado”.
Luego, el representante de México en Ginebra, Jorge Lomónaco, planteó que las observaciones del relator “no reflejan los enormes esfuerzos que ha desplegado” México en la materia y criticó las aseveraciones “sin congruencia” del experto.
En enero pasado, el gobierno envió una carta al New York Times en reacción al editorial que denunció la falta de rendición de cuentas del gobierno mexicano. En la misiva, aseveró que el texto “fracasa en reflejar las acciones concretas que adoptó el gobierno mexicano en los últimos tres años”.
Y, el pasado 14 de enero, la SRE difundió una tarjeta informativa en la que aseveró que el informe anual de Amnistía Internacional (AI)… “no refleja los esfuerzos sin precedentes” que el gobierno emprendió para enfrentar el fenómeno de desaparición forzada.
Por otra parte, el gobierno no podría sostener que las observaciones del relator especial de Derechos Humanos de la ONU Michel Frost “no reflejan” la realidad del país, pues el pasado 25 de febrero la Cancillería canceló la visita del funcionario, prevista para el próximo mes de abril.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432297/gobierno-de-pena-rechaza-informe-de-la-cidh-no-compartimos-la-metodologia-dice
Identifican a 39 víctimas de la masacre en el penal de Piedras Negras
CIUDAD DE MÉXICO: Juan José Yáñez Arreola, exsubprocurador para la Búsqueda e Investigación de Personas no Localizadas en Coahuila, informó que han identificado a 39 víctimas de la masacre ocurrida en el penal de Piedras Negras, donde presuntamente se cometieron 150 homicidios.
De acuerdo con una investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Coahuila, entre 2009 y 2011 el grupo criminal “Los Zetas” usó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Piedras Negras como un “campo de exterminio” en el que improvisó hornos para desaparecer a más de 150 personas entre hombres y mujeres.
La masacre del penal de Piedras Negras ocurrió cuando Omar Treviño Morales “Comandante 42” era el jefe regional de “Los Zetas” para el Noreste de México y Humberto Moreira gobernaba la entidad.
En entrevista radiofónica, Yáñez Arreola precisó que diez personas fueron consignadas ante el juzgado por este caso.
Adelantó que en los próximos días la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila presentará un informe detallado sobre la indagación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432369/identifican-a-39-victimas-la-masacre-en-penal-piedras-negras
De acuerdo con una investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Coahuila, entre 2009 y 2011 el grupo criminal “Los Zetas” usó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Piedras Negras como un “campo de exterminio” en el que improvisó hornos para desaparecer a más de 150 personas entre hombres y mujeres.
La masacre del penal de Piedras Negras ocurrió cuando Omar Treviño Morales “Comandante 42” era el jefe regional de “Los Zetas” para el Noreste de México y Humberto Moreira gobernaba la entidad.
En entrevista radiofónica, Yáñez Arreola precisó que diez personas fueron consignadas ante el juzgado por este caso.
Adelantó que en los próximos días la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila presentará un informe detallado sobre la indagación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432369/identifican-a-39-victimas-la-masacre-en-penal-piedras-negras
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