viernes, 4 de marzo de 2016

“Leyenda urbana”, corrupción de Deschamps, Duarte y Moreira: Camacho Quiroz

VILLAHERMOSA, Tab: El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Unión, César Camacho Quiroz, aseguró que la iniciativa de mando único policial avanzará pronto.

Dijo que el presidente Enrique Peña Nieto sugirió mando único por entidad federativa, pero se flexibilizó esa posición y ahora se habla de un esquema mixto para que cada estado de la República “tenga un traje a la medida”.

También manifestó que la idea es que algunos municipios que tengan la capacidad puedan seguir dando el servicio policial y que con esta medida los alcaldes y sus corporaciones se fortalecen.


“Creo que los alcaldes se fortalecen y cuando demuestren que sus corporaciones pueden mantenerse con sus mandos, serán bienvenidos”, sostuvo.

César Camacho Quiroz visita Tabasco en apoyo de la candidata Liliana Madrigal Méndez para la alcaldía de Centro. Foto: Hipólito García César Camacho Quiroz visita Tabasco en apoyo de la candidata Liliana Madrigal Méndez para la alcaldía de Centro. Foto: Hipólito García
“Leyenda urbana”, corrupción de Deschamps, Duarte y Moreira: Camacho Quiroz
POR ARMANDO GUZMÁN , 4 MARZO, 2016 NACIONAL
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VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Unión, César Camacho Quiroz, aseguró que la iniciativa de mando único policial avanzará pronto.

Dijo que el presidente Enrique Peña Nieto sugirió mando único por entidad federativa, pero se flexibilizó esa posición y ahora se habla de un esquema mixto para que cada estado de la República “tenga un traje a la medida”.

También manifestó que la idea es que algunos municipios que tengan la capacidad puedan seguir dando el servicio policial y que con esta medida los alcaldes y sus corporaciones se fortalecen.

“Creo que los alcaldes se fortalecen y cuando demuestren que sus corporaciones pueden mantenerse con sus mandos, serán bienvenidos”, sostuvo.

“Puedo decir que vamos avanzar pronto. Hemos propuesto trabajo en conferencia, nos sentamos diputados y senadores de todos los partidos y lo sacamos pronto”, añadió el exdirigente nacional de PRI.

Camacho Quiroz tachó de “demasiado severo” afirmar que México es un país corrupto, pero reconoció que la impunidad es un factor que afecta a la economía y la seguridad.

Luego aseguró que la prioridad del PRI es la transparencia, como el hecho de que ahora hasta los partidos políticos y sindicatos son sujetos obligados a rendir cuentas sobre el destino de los recursos públicos que reciben.

“Yo creo que es una expresión muy severa que sería triste suscribirla, yo creo que debemos tener remedio”, valoró y calificó de “leyendas urbanas” las denuncias de corrupción en contra del líder petrolero y senador Carlos Romero Deschamps, del gobernador Javier Duarte y del exmandatario de Coahuila, Humberto Moreira.

“En esto hay muchas verdades a medias, yo creo que el PRI no quiere que nadie aproveche y abuse del poder”, señaló.

En visita a Tabasco en apoyo de la candidata Liliana Madrigal Méndez para la alcaldía de Centro, el político mexiquense aprovechó para sumarse a los ataques en contra del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por el pleito que sostiene con su hermano Arturo, por apoyar éste al candidato del PRI al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa.

“Andrés Manuel es la misma encarnación de la incongruencia, creo que poca gente lo puede conocer mejor que su familia, hay que leer lo que acaba de decir su hermano de él”, citó en referencia a la entrevista que Arturo López Obrador ofreció a un medio nacional en que tildó de “tirano y malagradecido” al líder nacional de Morena.

“Incluso ese partido (Morena) es la expresión mexicana y tabasqueña de Luis XIV, aquel que decía ‘el Estado soy yo’. El partido es él y cada vez que lo conocemos más, advertimos que detrás de sus intenciones hay más una obsesión que una legítima aspiración”, arremetió Camacho Quiroz.

Sobre la candidata común del PRI-PVEM-Panal, Liliana Madrigal, aseguró que va subiendo en la preferencia electoral y seguramente será la próxima alcaldesa del municipio de Centro, cabecera de Villahermosa.

Sin embargo, encuestas ubican en tercer lugar a la abanderada priista y todo apunta que la disputa real será entre los candidatos del PRD-PT y Morena, Gerardo Gaudiano Rovirosa y Octavio Romero Oropeza, respectivamente.


La elección extraordinaria se celebrará el domingo 13 de marzo y el cierre de campañas el miércoles 9.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432415/leyenda-urbana-la-corrupcion-deschamps-duarte-moreira-camacho-quiroz

Osorio pide a Duarte transformar la policía estatal; haré un “análisis exhaustivo”, dice el gobernador

El gobernador de Veracruz revisó los avances en la investigación sobre el caso Tierra Blanca con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien le pidió garantizar que la policía estatal es confiable.

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se reunió este jueves 3 de marzo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien se comprometió a realizar un “análisis exhaustivo” de la Policía Estatal.

El objetivo, dijo el gobernador, es llevar a cabo una depuración efectiva y fortalecer los esquemas de capacitación para los policías estatales.

En la reunión se revisaron los avances en la investigación sobre la desaparición de cinco jóvenes, ocurrida el pasado 11 de enero, en el municipio de Tierra Blanca, por lo que Osorio Chong le insistió al gobernador en la necesidad de transformar a las policías estatales y realizar cambios que garanticen corporaciones confiables y profesionales en todo el territorio nacional.

“En el encuentro, el Secretario Osorio Chong y el Gobernador Duarte de Ochoa también evaluaron las acciones de prevención social de la violencia que de manera coordinada han desplegado ambos gobiernos en Veracruz.

Lee aquí Caso “Tierra Blanca: Hallan casi tres mil fragmentos de restos humanos en un rancho de Veracruz”


“En ese sentido, acordaron intensificar estos ejercicios, particularmente en las comunidades más vulnerables de la entidad”, indicó la Secretaría de Gobernación en un comunicado.





El gobernador de Veracruz se comprometió a realizar el análisis exhaustivo luego de que ocho policías estatales fueron detenidos por su presunta participación en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca.


Este jueves, Animal Político publicó que el nivel de agentes de las policías estales no confiables se ha incrementado y que Veracruz es la entidad con la mayor proporción de policías estatales en esa situación.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/osorio-pide-a-duarte-transformar-la-policia-estatal-hare-un-analisis-exhaustivo-dice-el-gobernador/

De vendedor de celulares a El Señor de la droga en Jalisco: así fabricó la policía el caso de Martín

En septiembre de 2014, elementos de la policía estatal de Jalisco detuvieron a Martín González al que acusó, entre otros delitos, de ser el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, en la investigación de su caso se cometieron graves irregularidades, a pesar de las cuales Martín sigue preso un año y cinco meses después.

Al otro lado del hilo telefónico, una voz enlatada anuncia una llamada desde el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Guadalajara, estado de Jalisco.

-¿Acepta hablar con José Martín González Moreno? –inquiere la teleoperadora con un tono de voz monótono, plomizo.

Segundos después, alguien contesta en mitad de una tempestad de interferencias.

-Sólo tengo diez minutos para platicar. Así que mejor dígame por dónde quiere que empiece –se presenta José Martín González, quien sin esperar la respuesta comienza a narrar con un ritmo vertiginoso la historia de cómo, en una misma noche, pasó de ser un vendedor de carros a estar preso en una celda acusado de ser el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación.

“Ya sabes a qué venimos”

Para Martín, el jueves 18 de septiembre de 2014 comenzó “como cualquier otro día”. Se levantó temprano, subió a su camioneta blanca BMW modelo 2006, y salió del municipio de Tala para completar los 35 kilómetros que lo llevaron hasta Guadalajara, la capital jalisciense. Allí surtió de productos a su negocio de telefonía celular y a las ocho de la tarde regresó al domicilio en el que vive con su esposa, y donde también despacha otro negocio de venta de carros usados.

Poco después de guardar el último coche que tenía en exhibición en la orilla de la carretera, dos patrullas de la Fuerza Única Metropolitana, la PMJ020 y la PMJ017, se aproximan al domicilio.

Siete agentes -seis hombres y una mujer- vestidos de uniforme negro y con los rostros encapuchados, bajan de las camionetas.

Martín, que aún trae las llaves de los carros en la mano, sale de su casa y les pregunta en qué puede ayudarles. A lo que, según su testimonio, uno de los policías le contesta con una pregunta:

-¿Ya sabes a qué venimos, verdad?

Desconcertado, el empresario de 43 años balbucea que no sabe a qué se refiere, que no entiende nada.

-No te hagas pendejo –le espeta el uniformado, quien lo agarra con violencia del hombro y lo mete al interior de la casa-. Porque ahorita mismo me vas a decir dónde tienes guardada la droga.

“En ese momento sólo pensé que todo era un error”, asegura Martín, todavía incrédulo a pesar de que lleva preso casi un año y medio desde entonces.

Pero nunca imaginó, dice, que su calvario acababa de comenzar.

“Dinos dónde guardas la droga”

Martín narra que, a continuación, los siete policías entran al domicilio sin una orden de cateo y comienzan a registrarlo todo: la cocina, la sala, las habitaciones y los armarios. Así pasan varios minutos, hasta que cansados de buscar uno de ellos da la orden de que bajen de la camioneta a otro sujeto que traen esposado.

“Bajaron a una persona que yo en mi vida había visto –asegura Martín-. Pero entonces el policía le preguntó varias veces que si me conocía y él al final dijo que sí”.

De inmediato, los agentes los esposan y lo suben a la patrulla PMJ020. Aunque no todos van en la camioneta, ya que, según denuncia Martín, varios policías se quedaron en su casa. Además, otro elemento sacó de la cochera la camioneta blanca BMW y comenzó a seguir a las patrullas.

En el trayecto, Martín guarda silencio.

Sigue convencido de que todo “es un terrible error” que pronto quedará subsanado.

“Yo creía que se habían equivocado de persona –insiste-, que me iban a llevar a Guadalajara y que en cuanto se dieran cuenta del malentendido me regresarían a mi casa”.

La primera parada de la patrulla es en unas oficinas de la Fuerza Única Metropolitana, en la calle López Portillo de Guadalajara.

Allí, lejos de enmendarse el malentendido, el comerciante narra que empieza a recibir las primeras agresiones de los agentes: “Pasaba un policía y me golpeaba. Luego pasaba otro, me daba una patada, y me decía: ‘¡no te hagas pendejo. Ya dinos dónde guardas la droga!’ Yo les repetía que mi nombre era tal y que mis negocios eran legales, que lo checaran, que tenía las facturas de las ventas y de las compras de todos los carros que vendo. Pero no sirvió de nada”.

A continuación, otras cinco personas detenidas entran a las instalaciones de la policía y se unen a Martín y al otro aprehendido que venía con él en la patrulla. Momentos después, los siete son trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la calle 14, en la ciudad de Guadalajara.

Allí, Martín narra cómo lo torturaron.

“Yo puedo hacer contigo lo que quiera”

“Cuando llegué a ‘la 14’, me quitaron la ropa para ver que no trajera ningún arma. Me vendaron los ojos. Me ataron las manos. Me pusieron una franela en la boca, y entonces empezaron a golpearme por todo el cuerpo”, relata Martín.

“Luego se subió un tipo encima de mi pecho y me empezaron a echar agua en la nariz para que me asfixiara. Fue muy desesperante –en este punto hace una breve pausa en su narración para tomar aire y tragar saliva-. Después, agarraron unos cables de la luz y me los pusieron en los testículos durante mucho tiempo para electrocutarme. Así estuve desde la una de la mañana hasta las cuatro o cinco de la madrugada”.

A esa hora los policías se fueron y lo dejaron en la celda, desnudo y con los ojos vendados. Hasta que unas tres horas más tarde, “como a las ocho de la mañana” del viernes 19 de septiembre, llegaron otros agentes.

“Me levantaban la venda y me enseñaban fotos. Yo les decía que no conocía a nadie, y entonces comenzaron a golpearme otra vez”, suspira Martín, quien admite que llegó a rogar para que le señalaran qué nombres querían que dijera y así ponerle fin a la tortura.

Pero los policías no lo escuchaban. El empresario relata que sólo uno de ellos, entre paliza y paliza, se le acercó al oído y le susurró con sorna: “Mira pendejo, yo puedo hacer contigo lo que quiera. Yo soy aquí la autoridad. Te puedo matar ahorita mismo y mañana cuando te encuentren decimos que estabas ahí tirado. ¿Lo entiendes?”.

“Te vamos a meter los pies en aceite hirviendo si no hablas”

Al fin, a las dos de la tarde del viernes, Martín dice que un doctor lo examina y que da la orden de que le den algo de alimento.

Durante un rato le dan un respiro, aunque no le quitan la venda de los ojos para mantenerlo en pánico y desorientado.

“De allí me llevaron a otra oficina donde estaban los detenidos por cosas leves, como por borracheras y cosas así –explica-. Ahí fue cuando pensé que por fin me iban a soltar, que ya habrían checado que no era la persona que estaban buscando”.

Pero Martín se equivocaba.

Para su sorpresa, de aquella oficina lo llevaron al aeropuerto de Guadalajara para trasladarlo en helicóptero, “con los ojos vendados y esposado”, a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ubicadas en la Ciudad de México. Allí le informan que está acusado de seis delitos federales: delincuencia organizada, robo de combustible, posesión de metanfetaminas (cristal) con fines de venta, portación de armas de uso exclusivo del Ejército mexicano, portación de cartuchos, y homicidio.

“En la SEIDO no hubo tortura física, pero sí psicológica –puntualiza el empresario-. Me decían que ya me estaban calentando el aceite y que me iban a meter los pies en un cazo. Y todo para que firmara una declaración donde ellos inventaban todo”.

Finalmente, Martín se niega en reiteradas ocasiones a firmar la declaración, y lo trasladan al penal de máxima seguridad de Perote, en Veracruz, donde denuncia que compartía celda con siete reos en un espacio diseñado para dos. Y tras ocho meses, lo cambian a Puente Grande, Jalisco, donde se encuentra en la actualidad.

“Esto es muy duro. Porque imagínate, de estar tranquilo en mi casa un jueves esperando a que llegara mi esposa, pasé a dormir el martes en un penal de máxima seguridad, como si fuera el peor de los criminales”, dice lacónico Martín, quien apresuradamente se despide porque alguien le acaba de avisar que su tiempo para la llamada ya se terminó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANUEL URESTE (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/de-vendedor-de-celulares-a-el-senor-de-la-droga-en-jalisco-asi-fabrico-la-policia-el-caso-de-martin-parte-1/

Jornada violenta en Tamaulipas: tres descuartizados y dos mujeres entre las víctimas

NUEVO LAREDO, Tamps: Una serie de hechos violentos ocurridos el jueves pasado dejó un saldo de seis personas muertas en la capital de Tamaulipas, entre ellas tres hombres descuartizados, una menor de edad ejecutada y una mujer inocente que cayó en un ataque con armas de fuego a un microbús de trasporte urbano, según reportes de las autoridades.


En el primer evento, efectivos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas acudieron al estacionamiento de la sucursal las Palmas de Soriana donde localizaron una hielera con tres cabezas en su interior y un narcomensaje mediante el que una fracción de “Los Zetas” amenazaba al “Grupo Bravo”, otra banda del crimen organizado.

Posteriormente, al filo de las 13:00 horas se registró una agresión con armas de grueso calibre contra un microbús de la Ruta 26, el cual fue alcanzado en el cruce de las calles Luis Quintero y Guadalupe Puga por una camioneta al parecer Jeep Cherokee blanca, desde la cual dispararon hasta en siete ocasiones contra el chofer.


El conductor del microbús, que recibió tres impactos de bala, declaró que horas antes de la agresión, tuvo un altercado con un sujeto cuyas características coinciden con las del individuo que disparó contra la unidad con los resultados ya descritos.

Como resultado de ese atentado una mujer inocente murió y otra quedó mal herida, además del conductor.
Horas más tarde, al filo de las 17:00 horas, fue localizado un vehículo con placas de Estados Unidos en cuyo interior se encontraron los cuerpos de un joven y una menor de edad, ambos victimados por impactos de bala.

El vehículo en cuestión, un Honda de modelo no reciente color verde, fue descubierto entre las calles Sonora y 16 y 17. En el asiento del conductor estaba el cuerpo de un joven no mayor de 20 años de edad, mientras que en el asiento del copiloto estaba el cuerpo de una jovencita menor de edad, vestida con un uniforme de una Secundaria local.

A 50 metros del Honda, fue localizado un automóvil Toyota Corolla de modelo reciente, color gris y placas de la Ciudad de México, el cual tiene reporte de robo. En esta unidad se desplazaban los responsables del ataque, quienes lo abandonaron para escapar en otro vehículo.


Además, durante las primeras horas de este viernes se registró una intensa balacera en céntricas calles de la capital, pero hasta el momento las autoridades no han dado información sobre el saldo del enfrentamiento que duró cerca de media hora.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432379/jornada-violenta-en-tamaulipas-3-descuartizados-2-mujeres-las-victimas

La deuda de Pemex es del gobierno

CIUDAD DE MÉXICO: Hace muchos años que Pemex carece de déficit. Aun ahora, con los precios del crudo tan bajos, la petrolera estatal obtiene recursos suficientes para cubrir sus gastos corrientes y de inversión. Lo que ocurre es que el gobierno le quita dinero a Pemex y le obliga a contratar adeudos. Todo el pasivo de la paraestatal mexicana del petróleo es culpa del gobierno, incluyendo el relativo al fondo de pensión.

Además, al arrebatar todos sus ingresos a Pemex, el gobierno hace un fraude a la Constitución. Como se sabe, la Carta Magna establece que los empréstitos no podrán contratarse más que para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo aquellos de regulación monetaria, operaciones de reconversión de deuda o los necesarios para encarar una situación de emergencia aprobada por el Congreso en términos del artículo 29 constitucional.

Los sucesivos gobiernos –del PRI al PAN y de regreso– han contratado créditos para cubrir sus gastos corrientes, lo cual está prohibido. Se le quita el dinero a Pemex y se le obliga a recurrir al financiamiento para cubrir sus inversiones. Así que la artificial quiebra de Pemex no es más que una maniobra gubernamental. Pemex no está en quiebra. Los privatizadores que hicieron la llamada reforma energética adujeron que Pemex no servía, que ya no sirve aquel capitalismo de Estado que tantos subsidios innecesarios les otorgó para acumular grandes capitales a costa de la nación y, por tanto, se hizo “necesario” abrir a las trasnacionales la exploración y la explotación de hidrocarburos. Lo que en realidad siempre se ha buscado es hacer negocio privado con el petróleo de la nación, por un lado, y cobrar con comodidad, por el otro, los derechos de extracción.

El precio del crudo ha bajado en dos tercios por lo cual Pemex tiene ahora mayores dificultades ya que la carga tributaria sigue siendo muy pesada. Pero desde la llegada de Peña al gobierno en diciembre de 2012 la deuda financiera de largo plazo de la paraestatal ha aumentado en 93 por ciento. Además, la colocación de bonos de Pemex en los mercados extranjeros contiene una prima de riesgo demasiado alta: entre 5.5 y 6.9 por ciento de interés anual cuando el rédito en Estados Unidos ha estado notablemente bajo.

No obstante esta difícil situación, el gobierno de Peña-Videgaray ha reducido el gasto de inversión de Pemex en 100 mil millones de pesos para el presente año, lo que representa casi un tercio del recorte total del gobierno mientras que el endeudamiento neto interno será de 110 mil millones de pesos y el externo de 8 mil 500 millones de dólares. Es decir,Pemex sigue sosteniendo parte de la operación corriente del gobierno federal, convirtiendo así a los hidrocarburos en gasto improductivo lo que viene a ser la peor forma de usar el excedente petrolero.

La asociación de Pemex con empresarios privados en viejos y nuevos proyectos, así como la entrega de campos petroleros a compañías extranjeras asociadas con negociantes nacionales no significa ninguna salida para Pemex sino mayores complicaciones. La carga tributaria de la paraestatal no se va a modificar por estos hechos. Los inversionistas privados pagarán tasas fiscales diferentes pero Pemex seguirá más o menos igual. La conversión del organismo público descentralizado en “empresa productiva del Estado” no significó más que una disminución de sus operaciones propias y el inicio de un proceso de reducción industrial en todas sus actividades. En paralelo, empresarios que antes aplaudieron la privatización de la industria petrolera y la entrega de campos a las trasnacionales, ahora se quejan de que Pemex no cubre a tiempo los adeudos a proveedores. Sigan aplaudiendo.

Mientras tanto, la corrupción en Pemex no da muestras de amainar. La dirección sindical sigue en manos de las mismas personas que fueron perdonadas por haber sido el conducto delictivo del financiamiento al PRI por mil millones en el año 2006, de tal manera que, al final, ese chiste le costó al Estado mexicano 2 mil millones pues a la directiva sindical se le entregó la misma cantidad dos veces: una para la campaña electoral del PRI y otra para que la pagara a través de un convenio de largo plazo con la consabida compensación fraudulenta. Esas cosas sólo ocurren en México.

La dirección sindical de Pemex es la mejor pagada del mundo pues la paraestatal la compra anualmente a través de dinero contante y sonante como si no se tratara de la organización de los trabajadores sino de una oficina burocrática más. Sí, lo es. A esto se le agrega el tráfico de influencias de los líderes y ejecutivos para colocar contratos con su respectivo diezmo: otra rebanada del pastel.

No es tan sólo una ironía decir que la industria petrolera mexicana debe ser expropiada… por segunda vez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PABLO GÓMEZ.

Imparable la violencia en Sinaloa; hallan dos hombres asesinados

CIUDAD DE MÉXICO: La ola de asesinatos que azota a Sinaloa no cesa. Los cuerpos baleados, atados con cita y colocados uno sobre otro, fueron hallados la mañana de este viernes en el sector residencial de Colinas de San Miguel.

El hallazgo se registró alrededor de las 7:00 horas en la calle Pirul casi esquina con Montecristo, en el mencionado sector. Personas que pasaban por el lugar vieron los cuerpos abandonados sobre una banqueta y dieron aviso a la policía.

Ambos hombres eran de tez blanca, complexión regular, y solo vestían pantalones de mezclilla y tenis. Una de las víctimas de unos 25 años de edad tenía un tatuaje en el hombro izquierdo, el otro lucía un corte de cabello a rape.

Junto a los cuerpos fueron hallados 10 casquillos percutidos de bala calibre .40 que fueron recogidos por las autoridades como evidencia del doble homicidio.

El hallazgo se registró cerca de las 7:00 horas sobre la calle Pirul casi esquina con Montecristo en el mencionado sector.

La actual administración en Sinaloa, a cargo de Mario López Valdez, Malova ha sido la más violenta en la historia del estado al registrarse seis mil 741 homicidios dolosos.

Según documentó Ríodoce en su reciente edición publicada también en el semanario Proceso, aún en circulación, la lucha entre el Cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva acentuó la violencia principalmente en la zona serrana del sur del estado en las últimas semanas.

Ante la situación, el pasado 24 de febrero el gobernador y el gabinete de Seguridad Nacional pusieron una nueva estrategia de seguridad, pero de inmediato se desataron los enfrentamientos y ejecuciones en el Sur de la entidad.

Además no es la primera vez que se implementa una acción de ese tipo, durante el gobierno de Malova se han aplicado varias estrategias para atacar la violencia y aunque funcionarios de estatales afirman que la violencia va a la baja, la administración actual se ha convertido en las más sangrienta de la historia del estado, con casi siete mil homicidios dolosos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aviadores y excesivas prestaciones, las irregularidades en las universidades estatales: Auditoría

Las universidades de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guadalajara, Sonora, Michoacán, Veracruz, Coahuila, Guerrero y Zacatecas realizaron pagos irregulares que suman mil 479 millones de pesos. Éstos deben ser aclarados o regresados a la Tesorería de la Federación, advierte la Auditoría.

El pago a comisionados, aviadores, prestaciones excedentes y contratación de trabajadores que no cumplen con el perfil, son irregularidades que no solo cometen las escuelas de nivel básico, sino también una decena de universidades, según revela la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de la Cuenta Pública de 2014.

Las universidades de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guadalajara, Sonora, Michoacán, Veracruz, Coahuila, Guerrero y Zacatecas realizaron pagos irregulares que suman mil 479 millones de pesos. Éstos deben ser aclarados o regresados a la Tesorería de la Federación, advierte la Auditoría.

Las irregularidades corresponden a los recursos que el gobierno federal etiqueta a la partida “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior” y que las universidades destinan principalmente para sanear sus finanzas en los rubros de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, subsidios y otras ayudas.

La Universidad Autónoma de Coahuila, sin embargo, utilizó 14 millones de pesos de este subsidio para pagar el salario de 54 trabajadores que “no se encontraban en su lugar de adscripción”, según constataron los auditores. La institución tampoco presentó documentación para explicar la ausencia, por lo que debe justificar la erogación de recursos o regresarlos.

Utilizó 18 millones de pesos para pagar multas y recargos que no corresponden a las reglas del Fondo. Además, realizó pagos improcedentes a 24 trabajadores por un monto de cinco millones 518 mil pesos.


Seis de las 10 universidades contrataron a personal que no cumple con el perfil académico para el puesto, lo que significa un daño a las finanzas públicas. Se trata de la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad de Guadalajara, Universidad de Sonora, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Guerrero.

El pago a comisionados, aviadores, prestaciones excedentes y contratación de trabajadores que no cumplen con el perfil, son irregularidades que no solo cometen las escuelas de nivel básico, sino también una decena de universidades, según revela la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de la Cuenta Pública de 2014.
Las universidades de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guadalajara, Sonora, Michoacán, Veracruz, Coahuila, Guerrero y Zacatecas realizaron pagos irregulares que suman mil 479 millones de pesos. Éstos deben ser aclarados o regresados a la Tesorería de la Federación, advierte la Auditoría.

Las irregularidades corresponden a los recursos que el gobierno federal etiqueta a la partida “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Superior” y que las universidades destinan principalmente para sanear sus finanzas en los rubros de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, subsidios y otras ayudas.

La Universidad Autónoma de Coahuila, sin embargo, utilizó 14 millones de pesos de este subsidio para pagar el salario de 54 trabajadores que “no se encontraban en su lugar de adscripción”, según constataron los auditores. La institución tampoco presentó documentación para explicar la ausencia, por lo que debe justificar la erogación de recursos o regresarlos.

Utilizó 18 millones de pesos para pagar multas y recargos que no corresponden a las reglas del Fondo. Además, realizó pagos improcedentes a 24 trabajadores por un monto de cinco millones 518 mil pesos.


Seis de las 10 universidades contrataron a personal que no cumple con el perfil académico para el puesto, lo que significa un daño a las finanzas públicas. Se trata de la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad de Guadalajara, Universidad de Sonora, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Guerrero.

Entre las irregularidades detectadas por la Auditoría está que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Zacatecas erogó 526 millones 540 mil pesos para el pago de prestaciones no ligadas al salario y superiores al contrato colectivo de trabajo. Mientras que la Universidad Autónoma de Baja California, destinó 459 mil 485 mil pesos por dicho concepto. Además, la Universidad de Sonora, gastó 324 mil pesos en “gastos de ceremonia y orden social y cultural”, que no tiene qué ver con el subsidio.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/aviadores-y-excesivas-prestaciones-las-irregularidades-en-las-universidades-estatales-auditoria/

Sección 22 de CNTE protesta frente al Ieepo

Oaxaca, Oax. Profesores de la sección 22 perteneciente a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), encabezados por integrantes de la comisión política protestaron en las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), donde se celebraría una reunión de supervisores las zonas escolares.

Los mentores jalonearon las rejas de acceso y demandaron la instalación de una mesa de diálogo con el director, Moisés Robles Cruz a quien acusaron junto con el gobernador, Gabino Cué por negarse a dialogar pese a que ante los medios de comunicación aseguran apertura.


Asimismo, señalaron que mediante una serie de oficios girados a los jefes de zona y de sector les pretenden cambiar su régimen y orden de comisión, lo cual aseguraron no lo van a permitir.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JORGE A. PÉREZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/04/seccion-22-de-cnte-protestan-frente-al-ieepo-8223.html

Tras revisión hallan 142 mil pesos en efectivo en Topo Chico

MONTERREY, NL: Una revisión sorpresa efectuada los días miércoles y jueves al interior del penal de Topo Chico arrojó el hallazgo de 142 mil pesos en efectivo, así como puntas hechizas y un teléfono celular, dio a conocer el gobierno estatal.


En el cateo efectuado a las 23:30 de ayer, como parte de las incursiones programadas, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Agencia de Administración Penitenciaria, revisaron los locutorios del Centro de Prevención y Reinserción Social (Cepreso).

En una primera inspección fueron encontrados 19 mil pesos en efectivo en un envoltorio, así como cuatro puntas metálicas y un teléfono celular.


En el siguiente operativo, efectuado esta mañana, custodios reportaron el hallazgo, en el interior de la capilla del penal, de otras dos bolsas de plástico que contenían billetes de distintas denominaciones que sumaban 123 mil 608 pesos.

La dirección del penal notificó de los hallazgos al Ministerio Público para que efectuara las investigaciones correspondientes.

“Estas revisiones aleatorias se llevarán a cabo de forma permanente y son posibles debido a las medidas de control que la Secretaría de Seguridad Pública ha realizado al interior de los penales. Esta dependencia, a través de la Agencia de Administración Penitenciaria, reitera el compromiso por avanzar hacia un apropiado proceso de reinserción social en Nuevo León”, informó el gobierno estatal en un comunicado.

Luego del incidente del 10 de febrero en el interior de este centro penitenciario, donde fueron asesinados 49 reclusos, la SSPE emprendió acciones para erradicar de manera permanente los sistemas de autogobierno en este y las otras dos cárceles en el estado.


Las autoridades señalaron que en la época en que los criminales controlaban el penal Topo Chico, eran obtenidos hasta 20 millones de pesos mensuales por el cobro de venta de droga, extorsiones y privilegios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432341/tras-revision-hallan-142-mil-pesos-en-efectivo-en-topo-chico

Guerra sucia en el TSJDF

Édgar Elías Azar se reeligió como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo que desató una lluvia de amparos en su contra. Sin embargo, el debate rebasó la arena jurídica y tres de las magistradas inconformes denuncian una guerra sucia en su contra. Están en juego, afirman, el respeto a la Constitución, el estado de derecho y la credibilidad del tribunal.

CIUDAD DE MÉXICO: Amenazas vía telefónica, “maniobras dilatorias” en los juzgados que analizan los amparos promovidos desde diciembre pasado en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), “guerra sucia” en medios impresos a través de columnistas, auditorías fiscales en sus domicilios y a sus ingresos privados, así como presiones a sus familiares para que se desistan de las acciones jurídicas constituyen algunas de las prácticas denunciadas por las tres magistradas que impugnan la segunda reelección consecutiva de Édgar Elías Azar.


En dos cartas que circularon este mes en el pleno del TSJDF, cuyas copias posee Proceso, las magistradas María de Jesús Medel Díaz, Concepción Ornelas Clemente y Petra Quezada Guzmán denuncian lo que consideran una persecución y claro hostigamiento en su contra por haber interpuesto amparos contra la reelección de Elías Azar.

“El 23 de enero pasado, la que esto suscribe fue víctima de amenazas vía telefónica; situación que, en pleno siglo XXI, resulta inconcebible, no obstante, tal parece que, en la actualidad, por no convalidar la opinión de la mayoría del Pleno de Magistrados del Tribunal más grande de la República Mexicana y por haber actuado con la convicción de una postura cien por ciento jurídica y pensando que aun siendo minoría mi investidura sería respetada, ahora sea sujeto de intimidaciones en mi número telefónico, de uso particular, a través de la más sofisticada tecnología que impidió conocer a su artífice y que no dejó rastro alguno para evitar su identificación”, asienta la magistrada Medel Díaz en la carta que entregó a los otros 69 integrantes del pleno del TSJDF a principios de este mes.

“No cabe duda que la vileza no tiene límites; en 36 años de carrera judicial, y pese a lo delicado de la materia en la que me ­desempeño, jamás había recibido amenazas de ‘tal naturaleza’, es decir, con tintes de cobardía, propios de las personas que no tienen el valor de dar la cara. Motivo por el cual, la mañana del lunes 25 de enero, comuniqué lo ocurrido al magistrado Édgar Elías Azar, en presencia de los magistrados José Guadalupe Carrera y Concepción Ornelas Clemente”, relata Medel, quien entre otros casos delicados juzgó a Arturo El Negro Durazo, jefe de la policía capitalina en el sexenio de José López Portillo.

La carta de cuatro cuartillas también describe las “maniobras dilatorias” que se han generado en los juzgados federales que han dirimido los amparos. Se queja por una nota informativa aparecida en el periódico Excélsior en la que se adelantó la noticia de la “concentración de los amparos” que ordenó el Consejo de la Judicatura Federal el pasado lunes 8, “circunstancia que, dicho sea de paso, hasta el momento era desconocida para mí, ya que fue hasta el día 9 de febrero que la autoridad federal notificó formalmente a las partes de esa determinación”.

La magistrada aclara que “es totalmente falso que la que escribe y la magistrada Concepción Ornelas Clemente hubiésemos abandonado conjuntamente el pleno, lanzando amenazas al magistrado Édgar Elías Azar, referente a que esa decisión no se quedaría así y que utilizaríamos los medios para informarlo, puesto que la suscrita salió del salón de plenos sola y sin emitir pronunciamiento alguno, menos aún, amenazas. Mi causa es jurídica.

“Ojalá la suscrita pudiera tener a su alcance las herramientas necesarias para informar a la sociedad, a nuestra comunidad jurídica y a los medios de comunicación de todas y cada una de las ‘artimañas jurídicas y no jurídicas’ que se han empleado para evitar que los amparos se resuelvan de fondo”, manifiesta Medel.

Entre esas “artimañas jurídicas y no jurídicas”, Medel recuerda que en diciembre de 2015, antes de una de las audiencias incidentales de su amparo, se cerró la Oficialía de Partes del pleno para evitar que la Comisión de Ética fuera notificada.

Otra artimaña fue involucrar “de manera infame” en una columna periodística a la ministra Margarita Luna Ramos, al señalarla como amiga del magistrado Luis Pérez de la Fuente, esposo de la magistrada Medel Díaz. “Usted sabe que ni siquiera tienen el gusto de conocerse”, le reprochó a Elías.

La juzgadora también cuestionó que los abogados defensores de Elías Azar hayan contratado a un notario público para dar fe de la actuación del juez de distrito que analizaba el amparo. “Tal proceder es una maniobra intimidatoria”.

Otro caso alude a la encargada del amparo de la magistrada Ornelas Clemente. “Repentinamente” la juez federal se excusó para conocer del asunto “debido a la existencia de una estrecha e íntima amistad, desde hace más de 30 años, con uno de los terceros interesados”, afirmó en su misiva.

“Ante este panorama, ¿qué más puedo esperar, así como la sociedad, de un presidente del tribunal del Fuero Común más importante de la República mexicana, del magistrado Édgar Elías Azar, que no tiene el mínimo respeto por los magistrados que no convalidan su forma de pensar?, ¿cuál es el mensaje para nosotros, sus pares, y para la comunidad?, ¿en dónde queda el Estado de derecho?”, se pregunta la inconforme.

Consultada por Proceso, Medel reitera sus afirmaciones y la autenticidad de la carta. Subraya que no se trata de una “lucha personal”, sino del ejercicio de un derecho. “Al protestar nuestros cargos como magistrados de este tribunal juramos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, apunta.

Otra voz

El martes 23, otra carta dirigida a todos los magistrados fue difundida por la magistrada Petra Quezada Guzmán. Ahí subraya que el clima de persecución contra ella y sus dos compañeras “ha llegado a límites que no se pueden tolerar”.

Revela que ocurrió “una serie de acercamientos para convencerme de desistirme de los amparos promovidos, todos del dominio de este H. pleno, los cuales, lejos de constituir aproximaciones con el fin de exponerme argumentos de diverso orden, terminaron por trastornar la integridad de miembros de mi familia, prefiero no ahondar en detalles; de cualquier manera, el propio magistrado Édgar Elías Azar sabe muy bien a qué me refiero.

“¿Acaso no habrá límites para perseguir y hostigar a quienes no convalidan una determinada forma de pensar? ¿Se tratará de hacer valer errores para lograr un determinado fin?”, se pregunta.

“Públicamente, Elías Azar ha dicho que ‘a mí me quitan del camino consignándome’. ¿Así resuelve las contiendas judiciales el magistrado? Tristemente, eso me gané por no convalidar su forma de pensar, después de haber entregado 38 años de mi vida a este H. Tribunal.

“Finalmente, concluyo estas líneas con una pregunta: ¿estaría usted de acuerdo en que su par se vuelva su verdugo por ejercer un derecho legítimo?”

Por parte de Elías Azar no hay respuesta a esos escritos.

La reelección inédita

El trasfondo de estas cartas es un caso inédito en la historia del máximo poder judicial capitalino y mexicano: Elías Azar se reeligió por segunda vez consecutiva, valiéndose de una reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal y de un transitorio de la misma, que le permitió asumir tres años más la presidencia, a pesar de haber cumplido ocho años ya al frente (Proceso 2034).

Desde diciembre del año pasado, siete magistrados impugnaron el procedimiento e interpusieron el amparo 1939/2015, que fue desechado por el juez 14 federal en diciembre, pero se mantuvieron vivos los otros tres amparos interpuestos por las magistradas Medel, Ornelas y Quezada.

En estas solicitudes se argumenta que “es evidente que (Elías Azar) ya agotó su derecho a ser reelecto como presidente, por una sola vez, para el periodo siguiente y, por ende, jurídicamente, no debió aspirar a ser reelecto”.

Los defensores del jurista y el propio presidente del tribunal se defienden señalando que la reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica constituye “una nueva regla” y, por lo tanto, el cambio de la regla equivale a que después de ocho años al frente del Poder Judicial capitalino, el magistrado presidente tiene derecho a reelegirse otros tres años más y con una posibilidad más de reelección.

De tal manera que Elías Azar, quien asumió el cargo en 2008, podría completar un periodo de 14 años al frente del TSJDF, lo que constituye un hecho insólito para la mayoría de los observadores de dentro y fuera del Poder Judicial.

El abogado Ignacio Herrerías Cuevas, quien lleva los tres amparos junto con el abogado Vicente Fernández Fernández, asienta en entrevista que las peticiones sí proceden porque “la sociedad está interesada en saber si quienes ocupan los cargos públicos cumplen con lo establecido en la Constitución”.

“La reelección de Édgar Elías ya se agotó. Era en una única ocasión”, sentencia. “La intención de los magistrados que promovieron los amparos no es otra que la de respetar, al interior del propio tribunal, los principios democráticos y éticos de dicha institución, evitando que una persona se eternice en el cargo. Debemos recordar que ellos mismos, al protestar el cargo, juraron guardar y hacer guardar la Constitución”, argumentó Herrerías Cuevas.

Las presiones y maniobras para frenar los amparos también son relatadas por Herrerías. Desde la admisión de los amparos, a finales de noviembre de 2015, “un sinnúmero de gente empezó a interesarse por las demandas”. Estas personas fueron identificadas como abogados de los terceros interesados y magistrados integrantes del pleno del TSJDF. “¿Qué hacen 10 magistrados del pleno buscando hablar con los jueces y magistrados que conocen de los amparos y los recursos? ¿Acaso no deberían estar sentenciando en días y horas hábiles en sus respectivas salas? ¿Obedecen a alguna orden o fue por iniciativa propia?”, se pregunta el abogado.

El rostro optimista

La última vez que Elías Azar se refirió públicamente a los amparos en su contra fue en la presentación del libro Derecho anticoncursal mexicano, el lunes 8, cuando señaló que “no existe” la inelegibilidad de su cargo.

“Lo están litigando ellos, por un lado, yo lo estoy litigando por el otro lado, ya lo concentraron en un solo juzgado, ese juez va a resolver ya pronto y pues se verá que la tal inelegibilidad no existe”, expresó en rueda de prensa.

Un análisis de los años en que fueron nombrados y ratificados los actuales magistrados que integran el pleno del TSJDF revela que 43 de los 70 fueron nombrados desde 2009 hasta la fecha, periodo en el que Édgar Elías Azar ha sido presidente.

También se valió de otras maniobras para eliminar a posibles contendientes. El magistrado Eduardo Guerrero, feroz crítico del intento de reelección y quien amenazó, incluso, con una huelga de hambre, se retiró de la contienda interna ante el ofrecimiento del consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, de formar parte de la terna presidencial para ocupar la silla de ministro en la Suprema Corte de Justicia.

Elías cuenta con el respaldo público del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y presume constantemente sus relaciones con el gobierno federal y con la cúpula priista. Elías Azar fue secretario de Finanzas durante el gobierno de Francisco Ruiz Massieu (Guerrero), asesinado en septiembre de 1994.

También ha presumido ante el pleno de magistrados de la asesoría que recibe por parte del secretario de Hacienda durante el salinismo, Pedro Aspe, quien el 28 de mayo de 2015 presentó un plan para discutir la enajenación inmobiliaria de cinco edificios del TSJDF en la calle Río de la Plata de la colonia Cuauhtémoc, en el Distrito Federal.


Y es conocida su amistad con el magnate inmobiliario y de las telecomunicaciones Carlos Slim. El tribunal enajenó los cinco edificios de su sede a Inmuebles Carso, a cambio de que construyera una nueva “Ciudad Judicial” en la colonia Doctores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432368/guerra-sucia-en-tsjdf

Peña, víctima de su éxito con El Chapo

CIUDAD DE MÉXICO: Joaquín El Chapo Guzmán se ha convertido en una pesadilla para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Una vez más, la agenda y los tiempos los está decidiendo el jefe del Cártel de Sinaloa.

Porque se le fugó y lo exhibió ante el mundo o porque le está ganando la partida, o por ambas razones, el gobierno de Peña ha decidido tratarlo como enemigo público y, literalmente, ha soltado los perros carceleros para devolverle la humillación.

Embarcado ahora en una campaña de prensa de la mano de sus abogados defensores, Guzmán Loera descolocó al gobierno mexicano cuando decidió entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, luego de que Peña anunciara en enero, en Davos, Suiza que lo extraditaría en cuanto pudiera.


En respuesta, el coordinador de la defensa legal de Guzmán le dijo al semanario Proceso (edición 2047, del 24 de enero) que Guzmán había considerado la entrega voluntaria desde su primera recaptura en febrero del año pasado y que ya estaba en contacto con un abogado estadunidense para trabajar sobre ese escenario.

El trato que le ha dado el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) ha acelerado la pretensión de Guzmán Loera para negociar con los estadunidenses su extradición voluntaria, sobre todo porque en México no hay ni una sentencia contra él como narcotraficante.

En su historia judicial, publicada también por el semanario, sólo tiene tres condenas a principios de los años noventa. Fue sentenciado por asociación delictuosa, no por narcotráfico. Tiene además 20 sentencias absolutorias en acusaciones de delincuencia organizada, tráfico de mariguana y cocaína, homicidios, entre otros.

Actualmente, además de dos procesos de extradición, tiene 10 procesos penales abiertos. Pero hasta ahora en ninguno se le puede considerar, en definitiva, como narcotraficante. Desde hace más de 20 años la PGR no lo ha podido demostrar.

Con la entrega voluntaria, está latente la amenaza de que a cambio de mejores condiciones carcelarias, menores penas y un pago millonario se convierta en un testigo protegido del gobierno estadunidense y cuente todo lo que sabe sobre la protección que por años le dieron las autoridades civiles y militares no sólo a su organización delictiva.

El Chapo se le está yendo de las manos a Peña porque su gobierno fue incapaz de iniciar lo que en otros países se ha conocido como maxiprocesos. La titular de la PGR, Arely Gómez, estuvo a la altura de una telenovela, como la que armó en torno a la actriz y productora mexicano-estadunidense Kate del Catillo.

Por lo que se ha visto hasta ahora, Arely Gómez ha sido incapaz de armar una investigación comprehensiva, que abarque a todo el entorno del Cártel de Sinaloa. Por el contrario, se ha limitado en engrosar las acusaciones contra El Chapo, dejando de lado a los otros liderazgos de la organización, su estructura económica y su red de protección, tanto en el gobierno como en la sociedad.

La procuradora está absolutamente rebasada porque la PGR tampoco está preparada para emprender un maxiproceso. Tampoco lo hizo en el caso de Iguala y los 43 normalistas desaparecidos.


México, sencillamente, no puede contra el narcotráfico. Y sus gobernantes tampoco lo quieren. De otra manera, ya habrían pedido asistencia internacional.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432346/pena-victima-exito-chapo

Policía secuestraba, levantaba y desaparecía personas en Veracruz: padres

"Estamos en la lucha, queremos justicia, queremos que den con el paradero de nuestros hijos, haya sido cual haya sido, queremos saber qué pasó con ellos y el por qué, y que los responsables paguen", dijo la madre Carmen Garibo Maciel.

El delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Veracruz, Marcos Conde Hernández, tiene un historial de delitos pero fue detenido hasta enero pasado, por el caso de los 5 jóvenes levantados por policías estatales en Tierra Blanca. 

En entrevista para Aristegui CNN, Bernardo Benítez, padre de Bernardo, señaló que el delegado de la policía del estado tiene un historial de “secuestrar, levantar y desaparecer” gente. 

“La presidenta municipal de Juan Rodríguez Clara (un municipio en el que Conde estuvo antes) me platicó que le levantó y le desapareció un sobrino, Marcos Conde a la presidenta municipal. Si se lo hace a un presidente municipal en funciones, imagínese a una persona común y corriente ¿qué no nos pueden hacer?, ¿qué no le pueden hacer a nuestros hijos?”, preguntó.

El ex funcionario está bajo investigación y es uno de los 8 policías detenidos.

Don Bernardo dijo que espera que haya una “investigación exhaustiva” y que al final “caiga quien caiga”.

El testigo

Para comprobar la participación de la policía del estado, el padre reveló que hubo un testigo de los hechos -cuyo nombre se reserva-, que observó cómo los elementos se llevaron a los cinco jóvenes, tras una aparente revisión “de rutina”.

Refirió que el testigo es “amigo” de tiempo atrás, quien vio cuando la policía inspeccionaba el automóvil en el que viajaban y, al parecerle algo extraño, decidió llamarle a uno.

Los cinco jóvenes salieron el viernes 8 de enero de Playa Vicente rumbo a Veracruz, donde pasaron todo el fin de semana, celebrando el cumpleaños de Mario Arturo; a su regreso, el lunes 11, pasaron por Tierra Blanca.

“Mi hijo es fanático de una taquería a la orilla de la carretera (en Tierra Blanca), se paran a comer, terminan de comer, salen de ahí y en el video se ve claramente cuando la camioneta de la policía del estado se va tras de ellos, más adelante los detienen. Y les empiezan a hacer una revisión, aparentemente”, narró Bernardo. 

“Pasa una amistad de los muchachos, le llama a mi sobrino José (Benítez)… creían que era una revisión de rutina”, expuso.

“A Mario Arturo y José los sacan del coche, los suben a la camioneta, y dos policías se suben al coche”, apuntó.

“Pasando las vías del tren, la camioneta rebasa al coche y dobla a mano derecha, a una calle que ya es de terracería. Este muchacho ve para dónde va, pero el teléfono ya está apagado, ya no le contesta. Nos avisaron que el coche estaba en una desviación en Medellín de Bravo, dejaron el carro abandonado… el carro ya estaba en el corralón”, abundó.

Un subordinado del delegado Marcos Conde le habló y le dijo “que nosotros sabemos que secuestraron a nuestros hijos”, recordó.

“Le dijimos: tu gente secuestró a nuestros hijos”, mencionó el padre. Y hay más: “tenemos un testigo”.

Conde les recomendó interponer una demanda, además de que pidió llevar al testigo hasta él, para que señalara “a uno por uno” de los responsables.

Hasta ahora, las investigaciones son apuntaladas por la declaración de uno de los policías, quien afirma que los cinco jóvenes fueron asesinados e incinerados.

Pero “esto lo debemos ver como un rompecabezas, los policías se contradicen mucho en las declaraciones, creemos que debemos llegar hasta el final, hasta que encontremos al resto de los autores tanto materiales como intelectuales, a partir de ahí podemos armar bien el rompecabezas y saber realmente qué fue lo que sucedió”, indicó Bernardo.

“A pesar de que dicen que hay unos restos de mi hijo, que están siendo analizados por los forenses argentinos, la esperanza no se me acaba”, confesó. Y es que “no sé si haya algo más grande para un ser humano que no sea un hijo”.

“Mientras no esté al mil por ciento seguro, no voy a aceptar nada”, dijo en referencia a la presunta muerte de su hijo.

Por lo pronto, “queremos a todos los materiales e intelectuales que perpetuaron (los crímenes), si es que al final se logra esclarecer que así fue”, urgió.

“Esperamos que seamos los últimos a los que nos suceda esta situación tan desagradable y que creo que la gente de bien que somos nosotros no debería ocurrirnos, hay tanta delincuencia en nuestro estado que ya no podemos salir a la calle sin el temor en la boca”, mencionó.

Por su parte, Carmen Garibo Maciel, madre de Susana, detalló que el octavo policía detenido “narró paso a paso desde el momento en que los agarraron… comentó que los mataron y los quemaron, eso fue lo que él narró, pero aún tenemos un poquito de esperanza que haya mentido”. 

La madre expuso cómo hay diferencias marcadas entre los policías detenidos: unos niegan haber participado, otros dicen que nada más los revisaron, otros que los habían agarrado y los entregaron al crimen organizado.

“No sabemos realmente qué fue lo que pasó”, reconoció.

“Esperemos que tengamos resultados certeros… confiamos en que ellos esclarezcan este caso”, expresó sobre el gobierno federal, pues en el del estado no confían.


En cuanto a la participación criminal directa de agentes del Estado, sostuvo que “ya eso lo tenemos en todo el estado, no nada más aquí en Veracruz… La policía ya tiene que ver casi en todos ese tipo de delitos, la policía está involucrada. ¿Ahora en quién confías?, ¿qué se puede esperar?”.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/policia-secuestraba-levantaba-y-desaparecia-personas-en-veracruz-padres-en-cnn/

NSArchive revela expediente de ejecuciones en Tlatlaya

Hay discrepancias en testimonios y el número de personas que pudieron ser ejecutadas extrajudicialmente. 4 de 7 militares quedaron libres después de que el juez no encontró elementos contra ellos.

La organización no gubernamental National Security Archive (NSArchive) obtuvo copia del Auto de Formal Prisión contra 7 militares, acusados en tribunales civiles por los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, donde soldados ejecutaron a personas presuntamente relacionadas con el cártel de la Familia Michoacana, el 30 de junio de 2014.

La Procuraduría General de la República (PGR) entregó este documento de 268 páginas al NSArchive después de que se lo ordenó el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).

El contenido de este auto de formal prisión ya fue usado para la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso y por el sitio de noticias SinEmbargo, pero es la primera vez que el documento íntegro está disponible para su consulta pública.

La revelación de este expediente pone de manifiesto que hubo discrepancias en los testimonios que presentó la PGR y en el número de personas que pudieron ser ejecutadas, justo días después que un tribunal confirmó la libertad de 4 de los 7 militares señalados como responsables. Este proceso en tribunales civiles es paralelo al del fuero militar, que sigue en curso.

¿Cuántas personas pudieron ser ejecutadas? 

La Procuraduría del Estado de México y la PGR habían dicho que cinco de los 22 cadáveres tenían heridas que indicaban maniobras instintivas de defensa; es decir, que antes de morir las personas intentaron proteger zonas vitales con sus brazos, lo cual apunta a que muy probablemente fueron privadas de su vida ilegalmente, según la CNDH.

Y la propia CNDH dijo en su recomendación sobre el caso que al menos 6 cadáveres tenían rastros de maniobras de defensa:

“V1, V2, V5, V11, V12 y V16, presumiblemente, realizaron maniobras instintivas de defensa, lo cual se determina por la presencia de heridas en los miembros superiores, producidas por proyectil único disparado por arma de fuego”, publicó el organismo nacional en octubre de 2014.

No obstante, el Auto de Formal Prisión revelado por el NSArchive incluye los primeros estudios realizados por la procuraduría del Estado de México, que aunque concluyó que había sido un enfrentamiento, documentó que 9 personas intentaron defenderse antes de caer abatidas por las balas.


Los cadáveres 1, 2, 5, 11, 12, 16, 17, 18 y 21, tenían huellas de “maniobras instintivas de defensa”, según el dictamen en criminalística de campo del 30 de junio de 2014, realizado por peritos del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría del Estado de México.

Ese dictamen forma parte del auto de formal prisión que otorgó, en un primer momento, un juez penal del DF. Pero los militares se inconformaron con esa decisión y un tribunal ordenó reponer el proceso.

La reposición recayó en otro juez, quien determinó que no había pruebas suficientes para procesar a los siete militares y dejó en libertad a cuatro. Entonces la PGR se inconformó, pero fue inútil; el tribunal confirmó la liberación de cuatro militares acusados de ejercicio indebido del servicio público y mantuvo en prisión a tres de ellos por homicidio calificado y alteración ilícita del lugar.

El defensor de los militares en la jurisdicción civil es el abogado Juan Velázquez, quien ha sostenido ante la prensa que sólo tres de los militares entraron a la bodega donde ocurrieron los hechos.

¿Cuántos entraron a la bodega?

La CNDH dijo que cinco soldados entraron a la bodega después de un primer choque con los presuntos sujetos relacionados con el cártel de La Familia Michoacana:


“Los cinco elementos militares que ingresaron a la bodega posterior al enfrentamiento, esto es, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, son quienes muy probablemente privaron ilegalmente de su vida a las personas que se encontraban al interior de la misma, o por lo menos, que hubieron algunos de ellos que lo hicieron, y otros que lo presenciaron y por tanto, hasta la fecha, lo han encubierto”, dice la Comisión en su informe.

Los cuatro militares que ahora están libres hicieron una ampliación de sus declaraciones el 28 de septiembre de 2014, en la cual aseguraban que “después de haber cesado los disparos entre ellos y un grupo de personas armadas, tres de sus compañeros se introdujeron a la bodega y que en seguida escucharon más disparos”.

Quienes declararon esto fueron el responsable de la escolta, Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez; el soldado de transmisiones, Julio César Guerrero; el cabo que conducía esa noche Samuel Torres; y el soldado de infantería Alan Fuentes.


Pero esa declaración contradice la que habían dado cuatro días antes y la del mismo día en que ocurrieron los hechos, aquel 30 de junio de 2014, que forman parte del Auto de Formal Prisión revelado por el NSArchive.

El 30 de junio, el Teniente Ezequiel dijo que ordenó a Samuel Torres que apoyara “al sargento Acevedo (Roberto Acevedo López) para que hiciera un reconocimiento en el interior de la bodega”. Esa versión cambió después que la agencia AP y la revista Esquire cuestionaron que se hubiera tratado de un enfrentamiento con criminales.

El 24 de septiembre, el mismo teniente Ezequiel dijo que “ordenó al sargento segundo Roberto Acevedo López y dos elementos Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides para que realizaran un reconocimiento en el interior de la bodega donde tardaron entre 3 y 5 minutos”. El soldado Samuel Torres desapareció de la narración del encargado del grupo.

El propio cabo Samuel Torres también cambió su versión. En su declaración del día de los hechos, dijo que no supo qué pasó dentro de la bodega. Pero el 28 de septiembre agregó que “él y su compañero Alan Fuentes Guadarrama ingresan juntos a la bodega por la parte del centro, y el comandante Acevedo con un compañero más entraron por la izquierda de la bodega”.

La versión de la defensa

Al ser cuestionado por la diferencia en el número de militares que ingresaron a la bodega, el abogado defensor, Juan Velázquez, dijo a Aristegui Noticias que la discrepancia puede deberse a que los soldados hablan de “momentos distintos de entrada a la bodega”.

Además, Velázquez sostiene que la PGR no pudo aportar “una sola prueba de su probable responsabilidad en los delitos de los que se les acusó”. Según él, “todas las armas de los abatidos habían sido accionadas”; no obstante, no pudo aclarar si la PGR levantó huellas dactilares para descartar que hubiesen sido accionadas por los soldados.

Así, los tres militares que siguen procesados por homicidio y alteración ilícita del lugar son el sargento Roberto Acevedo López y los soldados de infantería Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides. La PGR tampoco pudo sostener la acusación en contra del teniente Ezequiel, de encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.


El Auto de Formal Prisión obtenido por el NSArchive tiene varias líneas de texto testadas y, aunque en las líneas visibles no hay mención a un estudio de huellas dactilares, es imposible descartar si la PGR lo hizo o no. Además, falta transparentar varios momentos del proceso judicial civil, lo cual podría suceder si hay más solicitudes de transparencia con el mismo argumento que usó la organización estadunidense, que hay sospechas de que en Tlatlaya hubo violaciones graves a los derechos humanos.

Este 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe “Situación de derechos humanos en México”, en el que afirma que “la impunidad masiva es la causa de la crisis de derechos humanos en México”. “La Comisión recuerda al Estado mexicano que es de la más alta importancia que los órganos judiciales realicen sus investigaciones y concluyan los procesos penales de manera independiente y sin injerencias externas”, dice el informe sobre el caso Tlatlaya.

PGR – Tlatlaya – Auto formal de prision.pdf by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: IRVING HUERTA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0403/mexico/nsarchive-revela-expediente-de-ejecuciones-en-tlatlaya/