Roberto Flores, del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León, aceptó que hace años quedó a deber dinero en Las Vegas, y luego pagó; rechazó los reportes de que lo ficharon por haber girado cheques sin fondos, aunque la revista Proceso publicó imágenes del registro ante autoridades en Estados Unidos.
El procurador de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, aceptó que antes de ser funcionario tuvo problemas para pagar deudas de juego en Las Vegas, aunque rechazó haber girado cheques sin fondos, como indicó un reporte de Proceso. La revista publicó el lunes 7 de marzo pasado que Flores había sido fichado y procesado en el estado de Nevada, Estados Unidos, por haber girado cheques sin fondos en tres ocasiones en Las Vegas, en 1999, 2006 y 2011.
Incluso publicó imágenes del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, en las que se observa a Flores, supuestamente en fichas signaléticas.
Sin embargo, de acuerdo con el diario Reforma, Flores rechazó haber sido fichado. Según él, en realidad era un “registro fotográfico de control preventivo”. Además, el ahora funcionario de Nuevo León apuntó que su problema en Las Vegas fue de depósitos bancarios, y que no hubo ninguna acusación de carácter penal. Flores relató que obtuvo un crédito en Las Vegas, en 1995, por ser un cliente frecuente en los casinos. “En esa ocasión me acuerdo que yo había jugado la cantidad de dinero que traía y se me acabó, entonces me ofreció el casino un crédito y lo acepté. En los casinos cuando te otorgan un crédito, firmas un Promissory Note, que viene siendo el esqueleto de un pagaré, no es un cheque, es un pagaré”, dijo Flores, según Reforma. “Pudiera ser técnicamente o científicamente, forensemente considerado también como un cheque, pero es más bien un Promissory Note o pagaré”, agregó. Tras pagar los adeudos que tenía en Las Vegas, se desecharon las acusaciones en contra de Flores en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con Proceso, el Congreso de Nuevo León lo llamó a comparecer, para que explique por qué no relató antes que había tenido problemas con la justicia en Las Vegas, ya que iba a ocupar el cargo de procurador estatal. En su cuenta de Facebook, con un par de videos, Flores aceptó que tuvo deudas en Las Vegas, aunque rechazó haber girado cheques sin fondos, y dijo que todo era parte de un golpeteo político en su contra.
“Debí, no niego….Pagué, paso a paso des-pa-ci-to!!!”, tituló una de las publicaciones en Facebook, donde aparece un video grabado en la cocina de su casa, durante la madrugada, según contó.
Debí, no niego....Pagué, paso a paso des-pa-ci-to!!!
Posted by Lic. Roberto Flores Treviño on martes, 8 de marzo de 2016
En las grabaciones, Flores dijo que todo mundo ha debido dinero, y que eso le pasó en Las Vegas, pero que pagó todo. “Todos los que hemos ido a Las Vegas sabemos perfectamente que allá en los casinos te dan crédito. Entonces, pues efectivamente, les debía yo una lanita, una lanita que me tardé 10 años en pagar, a lo mejor un poquito más”, dijo el procurador. “La verdad de las cosas, debía dinero. Quién en este mundo no ha debido dinero, el que me diga que no debe dinero, se lo aplaudo, porque debe ganar mucha lana. Todos debemos”, agregó. Flores Treviño forma parte del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quien al competir en las elecciones del año pasado en Nuevo León se convirtió en el primer candidato independiente en ganar una elección de gobernador en el país.
Ya como mandatario, Rodríguez Calderón alertó sobre el nivel de deuda en la entidad, y dijo que aplicaría medidas de austeridad.
Según la ASF, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia no creó los planes de mantenimiento y conservación para el 90% de las zonas arqueológicas del país.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha fallado en su obligación de proteger el patrimonio histórico. En los informes de 2009 y 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que el organismo no desarrolló un modelo de protección y preservación de zonas arqueológicas, ni implementó medidas de salvamento y ni siquiera tenía registro de los monumentos y sitios restaurados. Según la Auditoría, el INAH incumplió con uno de sus principales objetivos, pese a que cada año recibe presupuesto para el programa Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la nación.
Animal Político publicó este martes que el INAH avaló la construcción de un centro comercial sobre vestigios arqueológicos en Valle de Bravo, Estado de México. Pero se trata sólo del caso más reciente. En los últimos 30 se ha perdido “irremediablemente” patrimonio histórico debido a los permisos de construcción “irregulares” concedidos por el instituto y su inacción para frenar la devastación arqueológica.
Los análisis de la Auditoría confirman la indolencia del organismo encabezado actualmente por Teresa Franco para cumplir con su principal objetivo: investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico para fortalecer la identidad y memoria de la sociedad. El Informe de la Cuenta Pública de 2012, señaló que el instituto ejerció 2 mil 635 millones de pesos sobre todo para catalogar monumentos y zonas del patrimonio arqueológico, impulsar las declaratorias de patrimonio, entre otras actividades, pero detectó “deficiencias en la protección del patrimonio arqueológico”. Las principales observaciones en la auditoría de desempeño refieren que el INAH no conocía las zonas arqueológicas e históricas en “áreas de crecimiento urbano” y, por lo tanto, “no diseñó y ejecutó un programa nacional para su protección”. El caso de Valle de Bravo es una muestra de la falta proyecto de protección, toda vez que los arqueólogos que han intervenido en la zona, denunciaron el crecimiento de la mancha urbana sobre los vestigios de la cultura Matlatzinca desde la década de los 90.
La Auditoría de 2012 detectó más fallas en la operación del INAH:
No realizó actividades para reforzar las acciones de vigilancia, resguardo, seguridad y ordenamiento de los sitios patrimoniales.
No desarrolló un modelo de conservación integral del patrimonio arqueológico e histórico.
No realizó actividades para mejorar las medidas de rescate y salvamento arqueológico.
No realizó actividades para multiplicar los convenios con los tres ámbitos de gobierno y la sociedad civil, en materia de preservación de patrimonio arqueológico e histórico.
No realizó acciones para organizar y autorizar órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación.
No contó con las bases de datos de los 673 monumentos conservados, ni con el número de monumentos y zonas arqueológicos e históricos que requerían acciones de conservación.
No incorporó en su marco normativo la definición de preservación del patrimonio arqueológico e histórico.
Estas omisiones, sin embargo, ya habían sido señaladas por la Auditoría desde 2009. Además, se vislumbraba uno de los problemas para los siguientes años: el INAH olvidó diseñar indicadores y metas anuales para evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales vinculados con la conservación, protección y restauración del patrimonio arqueológico e histórico, establecidos en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012. En 2009 el dictamen de la auditoría también concluyó que el INAH “no cumplió” con sus obligaciones y advirtió que “careció de los conceptos legales” sobre la protección, conservación y restauración de los muebles, inmuebles y zonas que constituyen el patrimonio arqueológico e histórico. La consecuencia de este error fue que los distintos niveles del instituto pudieron interpretar “equivocadamente” las políticas, procedimientos, mecanismos y acciones que realizan en la materia. Por lo tanto, “hubo riesgo de incumplimiento de los objetivos institucionales”. Aunque la principal actividad del INAH es la protección, conservación y restauración, en 2009 ni siquiera tenía un sistema de costos para evaluar los gastos que ello conllevaba. La Auditoría señaló que 152 zonas arqueológicas abiertas al público (90% del total) no tenían planes de manejo en operación, tampoco 168 zonas arqueológicas a cargo del INAH y en 2 de las 8 zonas arqueológicas declaradas por la UNESCO como patrimonio mundial; por lo tanto, “no se garantizó su conservación integral”.
Los alimentos del programa pueden tener un efecto negativo en la salud debido a su alto contenido de sodio, azúcares o grasas. Incluso se alerta sobre efectos como obesidad y diabetes.
El programa de Comedores Comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) permite que mexicanos en pobreza extrema tengan algo para comer pero “la calidad y el balance de los alimentos es deficiente” y eso atenta contra su derecho a la alimentación. “Se observó que los platillos no logran cumplir con los atributos deseables. Destaca por ejemplo que los platillos notoriamente rebasan una proporción equilibrada y recomendable, resultando en dietas con alto contenido de sodio, azúcares, carbohidratos y grasas”, concluyó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Tras un estudio de este programa, el Coneval dijo que consumir alimentos en los comedores comunitarios “puede tener un efecto negativo en la salud de la población (como) sobrepeso y obesidad, diabetes e hipertensión arterial”. La Secretaría de Desarrollo Social entregó vía transparencia una guía con 30 desayunos y 30 comidas que son la base de las cocinas en los comedores comunitarios. Un día puede ser así: –Desayuno. Huevos con salsa acompañados con frijoles, tortillas, galletas y café. Se prepara con huevo en polvo, pasta de tomate, harina, frijol, galletas, sal, café y azúcar. –Comida. Guisado de carne con sopa, arroz, chícharos, frijoles, tortillas y agua de sabor. Se prepara con pasta para sopa, pasta de tomate, carne enlatada, harina, concentrado para agua, aceite, sal, chícharos enlatados, frijoles, arroz y agua. Los menús entre días varían sólo un poco: en lugar de carne enlatada se sustituye por sardinas o el huevo en polvo cambia por chilorio u otro tipo de proteína enlatada. En ese sentido, los comedores comunitarios no garantizan el derecho a la alimentación pues no cumplen con el requisito de que ésta sea nutritiva, suficiente y de calidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica que el derecho a la alimentación se ejerce cuando se tiene acceso físico y económico a alimentos adecuados, lo que incluye que sean nutritivos y de calidad. “Las dietas son poco equilibradas y no necesariamente resultan saludables. La base de la dieta diaria la constituyen los alimentos procesados proporcionados por el Programa, que por estar enlatados pueden contener alto contenido de sodio y, en algunos casos, azúcares y conservadores; se proporciona a los niños café o jugos industrializados con alto contenido de azúcar y se utiliza una gran cantidad de aceite para cocinar”, señala el informe “El programa de comedores comunitarios: análisis de su diseño e instrumentación” hecho por investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) que fungieron como consultores externos del Coneval. El secretario técnico de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Omar Garfias, dijo que la Secretaría de Desarrollo Social está en la mejor disposición de evaluar si hay fallas en los menús y corregirlos. “Es un tema que hay que resolver, dar información y capacitar a las cocineras para que ellas vayan asumiendo los cambios necesarios en su comportamiento alimentario”. Garfias explicó en entrevista que todo es una “cuestión cultural”, pues las cocineras están acostumbradas a cocinar con demasiada grasa y sal.
El funcionario agregó que Sedesol “asume” las recomendaciones de Coneval para mejorar los menús, pues se espera que para mayo haya un relanzamiento de los comedores comunitarios.
Se proporciona a los niños café o jugos industrializados con alto contenido de azúcar y se utiliza una gran cantidad de aceite para cocinar.
“Todas las observaciones de Coneval, la subsecretaria (de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional) Vanessa Rubio ya las está analizando para ir revisando las modificaciones que se tienen que desarrollar”, dijo.
Sobre la dieta, Animal Político realizó esta entrevista en la Montaña de Guerrero a una beneficiaria de los comedores comunitarios.
Otras fallas La evaluación del programa de Comedores Comunitarios que realizó el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México encontró otras fallas: -El programa presenta vacíos importantes sobre perspectiva de género. Se ha desarrollado bajo el entendido de que la atención de los Comedores es un “asunto de mujeres”. “Lo que ha favorecido que se perpetúen estereotipos de género que imponen cargas adicionales de trabajo comunitario casi de manera exclusiva para las mujeres”, sin el involucramiento de hombres en la operación. -El manejo de la basura que generan los comedores se hace de forma inadecuada y puede traducirse fácilmente en problemas ambientales y en riesgos para la salud de las comunidades. “Los desechos de plástico PET, las latas y el papel son incinerados o enterrados en lugares inapropiados cercanos al comedor”. Se recomienda propiciar y capacitar en un programa de reciclaje que, además, generaría recursos adicionales para la comunidad. ¿Y el hambre? Según el Coneval, los comedores comunitarios son una “solución inmediata a la necesidad de acceso a la alimentación”, pero el programa no combate el problema del hambre “desde la raíz y de manera efectiva”. El organismo encargado de evaluar la política social indicó que este programa sólo resuelve el problema del hambre de manera temporal, pues entrega alimentos pero no impulsa soluciones —como incrementar la capacidad productiva de productores o dinamizar los mercados laborales de las comunidades— para garantizar que las familias puedan adquirirlos. Y aunque los comedores operan en función de la “Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013 Para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo” fallan en cumplirla, pues no cuentan con el requisito de temporalidad para limitar la entrega de apoyos y con ello evitar la dependencia hacia éstos. Sobre esas conclusiones, Omar Garfias dijo que los comedores son sólo un programa más de una estrategia que combate la pobreza alimentaria. “El comedor no es la única herramienta para abatir la carencia alimentaria. No podemos asumir que los comedores van a ser los responsables de hacerlo. En el comedor sólo atiendes a determinado sector con carencia alimentaria. En abatir el hambre intervienen también otros programas y son varios componentes. El comedor no está pensando para resolver todos los tipos de inseguridad alimentaria que existen en el país”, dijo.
SAN CRISTÓBAL, Gto: El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha extraditado a Joaquín El Chapo Guzmán “por miedo a que sople o suelte la sopa allá” en Estados Unidos, aseguró el expresidente Vicente Fox Quesada.
En entrevista para la agencia France Press (AFP) efectuada en su rancho ubicado en esta localidad, el exmandatario afirmó: “Yo si estuviera de presidente, lo extraditaba de inmediato”. Y dijo no tener miedo ni preocupación sobre lo que el líder del Cártel de Sinaloa pueda decir o informar en los juzgados estadunidenses.
De acuerdo con declaraciones de Rosa Isela Guzmán Ortiz, la primera hija del capo, su padre pagó contribuciones y campañas a diversos políticos, y su última fuga del penal del Altiplano, apuntó, fue pactada con funcionarios del gobierno federal. Al respecto, el expresidente Vicente Fox aseguró no dudar “ni tantito” de estos vínculos que, subrayó, atañen a personajes de todos los partidos. “Han salido muchos trapitos, por aquí y por allá… A los del PAN, a los del PRI, a los del PRD. El que no tenga culpa que tire la primera piedra”, apuntó. La filtración del dinero del narcotráfico a la política, agregó, es “un riesgo constante”, no sólo para lavar dinero, sino para obtener privilegios o canonjías, tal como habría ocurrido con la planeación y la ejecución de la fuga del Altiplano en julio del año pasado, “por corrupción a cañonazos (de dinero)”, insistió. Luego soltó: “Yo como no tengo preocupaciones de ese estilo y quiero un país limpio y honesto, vamos para allá. Que lo encierren lo más profundo que se pueda”.
CIUDAD DE MEXICO: Colocado en recientes encuestas como el más fuerte prospecto presidencial priista, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, condenó esta noche el “alto precio” en violencia que pagó México por la “guerra contra las drogas” declarada por Felipe Calderón cuya esposa, Margarita Zavala, se perfila también como candidata en 2018. “Conocemos el alto precio que trajo consigo la mal llamada guerra contra las drogas. Hay que decirlo, y decirlo claro: se partió de un diagnóstico equivocado y de una estrategia mal diseñada que generó una escalada de violencia sin precedente. Resulta necesario distinguir entre los daños que causan las drogas y las políticas de drogas equivocadas”. Sin mencionar a Calderón por su nombre, Osorio Chong hizo este señalamiento contra esa política en el sexenio pasado, que hasta ahora no había atacado, y propuso una regulación equilibrada de las drogas que no se quede en lo estrictamente punitivo.
Al clausurar el tercer foro del Debate Nacional sobre el Uso de la Mariguana, en Saltillo, Coahuila, el secretario de Gobernación definió así su propuesta: “Que garantice libertades y derechos, pero que también proteja la salud y la seguridad de la población, una regulación que no se quede en lo estrictamente punitivo, sino que permita abordar el fenómeno desde todas, absolutamente todas sus implicaciones”. Las declaraciones de Osorio Chong se producen el mismo día en que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, identificado también como presidenciable, descalificó al confeso aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por aliarse con los maestros de Oaxaca contra la reforma educativa. Los posicionamientos de ambos políticos priistas se producen, también, un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto declaró al diario Excélsior que será el desempeño de cada prospecto lo que se tome en cuenta para ser candidato presidencial.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes falló en su promesa de no construir el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en terrenos de ejidales, de acuerdo con la demanda de cinco ejidatarios. Quince años después de los intentos de expropiar tierras en San Salvador Atenco, un peritaje descubrió que el Gobierno se apropió de terrenos de los comunitarios.
El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) estará construido sobre el ejido de San Salvador Atenco. Un peritaje incluido dentro de una demanda de disputa por los terrenos en los que se edificará la megaobra determinó que alrededor de 200 hectáreas pertenecen a los ejidatarios, aseguró uno de los representantes legales de los afectados. En un juicio de amparo, los demandantes exponen información contraria a la que el Gobierno federal difundió sobre el NAICM. “No hay ni habrá ningún decreto expropiatorio porque el aeropuerto no requiere un solo metro de tierra para poder construirse”, dijo ante medios de comunicación el Secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gerardo Ruíz Esparza, el 5 septiembre del 2014. Hace 15 años, el Presidente Vicente Fox Quesada anunció que expropiaría terrenos de los comunitarios de San Salvador Atenco para construir un nuevo aeropuerto. El intento fracasó debido a las manifestaciones de rechazo de parte de sus habitantes. Bajo el argumento de evitar una nueva disputa, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció en septiembre de 2014 la obra de infraestructura más ambiciosa del sexenio se realizaría dentro de los límites de terrenos federales. Pero una demanda interpuesta por cinco ejidatarios en el Juzgado Quinto de Distrito de Nezahualcóyotl niega que los terrenos sean completamente federales. Ya que usurpan parte del ejido de San Salvador Atenco, de acuerdo con el peritaje hecho por el ingeniero Arturo Cerino Nava. El Gobierno habría basado el uso de estos terrenos en los decretos presidenciales de 1971 y 1982, que los declaran parte del fuero federal.
“Estos dos decretos se empalman con los terrenos ejidales de las distintas comunidades aledañas, entre ellas San Salvador Atenco. Siendo que los ejidatarios no tenían información de la expropiación de estos terrenos, no se había interpuesto demanda. Ahora salen a la luz porque el Gobierno tenía que justificar la supuesta propiedad esas tierras”, explicó el abogado de los quejosos, Ricardo Lagunes.
Lagunes detalló que los terrenos fueron propiedad de la Comisión Nacional del Agua, hasta que en septiembre del 2014 fueron asignados a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para la construcción del NAICM, que cubrirá un área de 4 mil 431 hectáreas.
“Si el Juez nos concede estos terrenos, el Gobierno se queda legalmente sin ellos. Con la demanda se van a controvertir la constitucionalidad de estas tierras”, advirtió Lagunes.
El amparo 514 fue interpuesto en mayo del 2014. En ese momento la demanda se centraba la suspensión del Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT). Sin embargo, conforme el anuncio de la construcción del NAICM tres meses después, los ejidatarios decidieron realizar una ampliación de la demanda para evitar el uso de los terrenos que consideran que les pertenecen. Ahora la demanda incluye a la Presidencia de la República, la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México. Y aunque en principio la ampliación fue rechazada por el Juez Agustín Archundia Ortíz, el jueves de la semana pasada el Primer Tribunal Colegiado en Nezahualcóyotl aceptó un recurso de queja y ordenó admitir la ampliación. “En no más de 15 días el Juez quinto de Distrito tendría que estar solicitando informes a Presidencia de la República. Y se viene discutir el tema de la suspensión de los efectos que tienen estos decretos”, dijo Lagunes.
¿AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS?
El amparo se basa en que los pueblos indígenas tienen el libre derecho de decidir sobre el uso de sus tierras, de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pese a que México carece de una legislación secundaria sobre este tema, sí es signatario de diversos acuerdos con entes internacionales. Uno de éstos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuyos fallos ha acatado en casos de diversa índole.
Una consulta que no se hizo en el 2001, cuando Fox intentó forzar la expropiación de las tierras. Las protestas de parte de los ejidatarios no se hicieron esperar, pese a que el Gobierno les ofreció compensaciones. Finalmente, la organización de campesinos, ahora conocida como Frente Popular por la Defensa de la Tierra (FPDT), ganó la disputa por los terrenos. Pero, el conflicto dejó una zona de tensión social, en donde la violencia terminó por desatarse en el 2006, cuando el FPDT se opuso al desalojo de los vendedores de flores del mercado de Texcoco. Un evento en el cual dos miembros campesinos fueron asesinados y al menos 26 mujeres sufrieron de violencia sexual. En ese entonces, el Presidente Enrique Peña Nieto era el Gobernador del Estado de México. Este precedente podría estar latente en la mente de otras comunidades que también se alzaron en el 2001. Si bien, los ejidatarios amparados son de San Salvador Atenco, también hay otros ejidos que serán afectados,de acuerdo con el trabajo de Cerino Nava, entre ellos: San Bernardino, Texcoco; Tocuila, Texcoco y sus barrios San Felipe y Santa Cruz; así como el ejido Francisco I. Madero en el municipio de Atenco.
AMPARO CONTRA EL NAICM El amparo 514/2014 se centra en la disputa de los terrenos, el avance de este juicio podría empezar a entrelazarse con otro, con número 14/2015, en el Juzgado Noveno de Distrito de Nezahualcóyotl, en el que 70 comunitarios de ocho comunidades se ampararon en contra del NAICM desde enero del año pasado. Entre ellas se encuentran los poblados de San Salvador Atenco y San Cristóbal Nexquipayac, en el municipio de Atenco, y San Miguel Tocuila, y de Texcoco. La demanda de amparo se interpuso en contra de 23 actos de autoridad, entre ellos la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto del NAICM, concedida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Lagunes explicó que la SCJN rechazó atraer el amparo en contra de la MIA del NAICM. Sin embargo, recientemente el Juzgado Noveno decidió que se realizara un peritaje por parte de un antropólogo de la judicatura para determinar si los ejidatarios pueden ampararse en el convenio 169 de la OIT antes mencionado, y así hacer una consulta.
“Estamos esperando que el perito antropólogo rinda su dictamen en un plazo de 10 días hábiles. Tiene que determinar el derecho que tienen de haber sido consultados, durante el diseño del proyecto y todas las licitaciones que se han lanzado para construir el proyecto”, detalló. FUENTE: SIN EMBAARGO. AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/08-03-2016/1633213
CIUDAD DE MÉXICO: El proceso de extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos iniciará en cuanto esté lista la resolución de un juzgado federal sobre la solicitud realizada, señaló este martes la procuradora general de la República (PGR), Arely Gómez.
“La opinión del juez la estamos trabajando en dos juzgados, en el 13 y en el octavo, y la primera que salga, ahí valoraremos si esperamos a la segunda o esperamos a la primera”, dijo Gómez al llegar al Senado, donde participó en la entrega de la presea “Elvia Carillo Puerto” a Rosario Marín, extesorera del gobierno de Estados Unidos. El fallo que se obtenga, agregó, será enviado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que emita el dictamen respecto de la extradición del líder del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la procuradora, se han seguido todos los plazos que la ley marca y están en el término para que cualquiera de los dos jueces resuelva sobre el tema, aunque aclaró que dicha decisión es sólo una opinión y no un dictamen, por lo que será la Cancillería la que emita el dictamen final. El pasado 11 de enero, tres días después de la recaptura de El Chapo, la titular de la PGR dijo que personalmente estaba a favor de la extradición del narcotraficante. “Estoy a favor en determinados casos, hay casos en los que se debe extraditar porque hay personas que ya están detenidas y ya no aportan a la investigación de la PGR, y en cambio en otro país puede aportar otros elementos”, señaló en una entrevista con Radio Fórmula. En esa ocasión apuntó que Guzmán Loera puede emitir amparos contra los tratados de extradición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual, en suma, puede llevar de uno a cinco años. Una semana después la procuradora manifestó que Joaquín Guzmán sería extraditado a Estados Unidos porque el presidente Enrique Peña Nieto así lo acordó con ese país antes de que se fugara por segunda vez de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano.
Posteriormente, a principios de febrero, señaló que el proceso para extraditar al líder del Cártel de Sinaloa seguía firme, pese a los amparos que interpusieron sus abogados. No pueden frenarlo porque ya existe una orden formal para ello, subrayó entonces. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/432846/pgr-espera-resolucion-juzgado-extraditar-a-chapo-gomez
CUERNAVACA, Mor: El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo reapareció en la capital de Morelos, un día después de que manifestantes lanzaron huevos y jitomates contra el palacio municipal y 68 horas después de su partido de despedida con el equipo de Televisa, el América; y afirmó que no ha pensado renunciar a la alcaldía y que no tiene miedo, “porque los tiene bien puestos”. En conferencia de prensa, Blanco Bravo dijo que “no me espantan” quienes se manifiestan y que en la víspera lanzaran huevos y jitomates contra la presidencia, a los que acusó de “cobrar” para hacer marchas y los desafió a acudir de nueva cuenta a “agredir” el edificio municipal antiguo hotel Papagayo, sede del ayuntamiento de Cuernavaca. El edil dijo que, efectivamente, estuvo ausente de la capital de Morelos desde el jueves pasado, cuando fue a realizar un entrenamiento para su juego del sábado. Respecto de ayer lunes, aseguró que tenía una cita en la Secretaría de Gobernación para “bajar recursos” que se utilizarán en el rescate financiero de la ciudad. “El Cuau” se lanzó contra Gabriel Rivas, exdiputado local opositor en tiempos de Jorge Carrillo Olea, uno de los dirigentes más visibles de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado, cuyos integrantes lanzaron huevos y jitomates contra el ayuntamiento este lunes. Dijo que “es una persona que le encanta hacer manifestaciones y cobra por las manifestaciones, y yo no me voy a espantar porque el señor venga y aviente huevo. El señor cobra un porcentaje a las personas de la tercera edad, a mí el señor Gabriel Rivas no me va a espantar, quiere venir que venga otra vez. Aquí lo espero”. Asimismo, sostuvo que no permitirá la corrupción en el ayuntamiento, “y puede venir el señor Gabriel Rivas y aventar huevos y no me va a espantar porque yo lo dije, cero tolerancia, cero corrupción”, y voy a cumplir mis compromisos, por eso, “no me espantan las manifestaciones, son normales”, aseguró. Respecto de la reunión que tuvo la semana pasada con el gobernador Graco Ramírez, la segunda en 68 días de gobierno, dijo que “es por el bien de todos, por el bien de Cuernavaca”, porque es importante mantener la comunicación. “Los acuerdos que hemos logrado con el gobernador, son importantes para Cuernavaca, para cambiarla”, sostuvo sin entrar en detalle respecto de los acuerdos. Mujeres y transparencia A pregunta expresa, respecto a que Cuernavaca es uno de los ocho municipios dentro de la alerta de violencia de género, y sobre las medidas que se han tomado, Cuauhtémoc Blanco evadió la pregunta, no dijo nada al respecto. Al insistírsele sobre que no hay mujeres en su gabinete, violando la equidad de género, Blanco Bravo señaló: “No mira, yo he dicho que la mujer es muy importante. He dicho que la mujer es una persona trabajadora y luchona, siempre he dicho que aquí no se le cierran las puertas a ninguna mujer. Al contrario, yo vengo de una madre, nací de mi mamá. Estoy orgulloso de tener una madre como la que tengo. Aquí no se le niega el trabajo a nadie, menos a las mujeres. Serán bienvenidas”. Sobre el tema de la transparencia, Cuauhtémoc Blanco Bravo se comprometió a cumplir en esta semana con la Ley de Información Pública y Protección de Datos Personales, dado que hasta el momento no se han hecho públicas ni las nóminas ni las declaraciones patrimoniales: “Si quieres investígame (le dice al reportero). Yo he trabajado muchísimo. El que nada debe nada teme. Esta semana subiremos las cosas de transparencia”, mencionó en referencia a que todavía no se han hecho públicas las declaraciones patrimoniales ni del alcalde ni de los miembros del cabildo y sus funcionarios”. Dijo que no permitirá la corrupción ni el nepotismo. “Si encuentran que aquí en el ayuntamiento está trabajando mi hermano o mi primo, entonces me avisan y lo arreglamos. Yo voy con cero tolerancia a la corrupción. Al término de la conferencia, ya de pie, le pregunta el reportero: – Alcalde, está en su agenda pedir licencia al cargo. Molesto voltea y pregunta: -“¿Qué?”. – ¿Que si está en sus planes dejar la presidencia municipal de Cuernavaca?, se le insiste. – No. ¿Por qué?, responde desafiante. – Es pregunta. – ¿Ya quieres que me vaya o qué?, se ríe y recompone el semblante. La tensión baja. Rodeado de Roberto Yáñez y el equipo de comunicación que se compone del cronista deportivo y entrenador de futbol americano Alexander Piza, así como del reportero Jaime Rosas, el exfutbolista responde:
“No mira, ya les he dicho 20 veces que no voy a dejar la alcaldía. Yo estoy aquí porque los ciudadanos, las personas de Cuernavaca me votaron. Y aquí voy a seguir firme hasta el final de mi administración. Pase lo que pase. Tengo palabra y los tengo bien puestos”, concluyó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JAIME LUIS BRITO. LINK: http://www.proceso.com.mx/432806/me-espantan-las-manifestaciones-voy-a-renunciar-dice-cuauhtemoc-blanco
XALAPA, Ver: Marcelo Odebrecht, presidente del gigante brasileño Odebrecht, fue condenado este martes 8 a 19 años de prisión por actos de corrupción en la trasnacional Petrobas en esa nación sudamericana.
Sin embargo, en México y en Veracruz la empresa Odebrecht ha gozado de favoritismo para agenciarse importantes obras en el nuevo Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAMS), organismo hidráulico encargado de dotar de agua a más de 700 mil habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín. Aún más, la empresa brasileña Odebrecht ha tenido importantes contratos para desarrollar el proyecto Etileno XXI e invertir en el proyecto terciario del Golfo de México en Chicontepec, al norte de Veracruz, y está a la espera de poder reactivar el proyecto de construir una hidroeléctrica en la zona ecoturística de Jalcomulco, ello pese a que comuneros de varios municipios en esta cuenca de agua se oponen al proyecto.
En la entidad diversos medios locales han retomado la condena a la que fue sentenciado Marcelo Odebrecht con los títulos “Sentencian a empresario favorito de Duarte”. Este martes el juez brasileño Sergio Moro dictaminó que Odebrecht es culpable de crímenes de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal, ello por conseguir licitaciones fraudulentas con Petrobras. “Los contratistas acordaban previamente quiénes se llevarían los contratos, manipulando los precios durante la licitación”, rubrica el documento que ya fue boletinado en la nación brasileña. Mientras tanto en Veracruz, en julio del 2015, el Congreso local avaló la desincorporación del SASM, y la licitación le fue privilegiada al gigante brasileño Odebrecht, que anunció una inversión de 11 mil millones de pesos a 30 años Sin embargo, ya con el contrato otorgado y en presencia de diputados locales priistas, rebajó su inversión a sólo 8 mil millones. El SASM a principios de año había sido declarado en quiebra técnica y aunque se creyó que el gobierno de Duarte lo rescataría, decidió “venderse” en bajo la figura de una “sociedad mercantil mixta”; así, la desincorporación de la paraestatal la están padeciendo los veracruzanos con el aumento en las tarifas de agua. En planes petroleros en México, Odebrecth también mantiene inversiones en el proyecto Etileno XXI en el sur de Veracruz y en el proyecto terciario del Golfo de México en Chicontepec, en el norte de la entidad.
Odebrecht es un emporio brasileño presente en más de 20 países y con intereses en infinidad de sectores: energía, infraestructura, finanzas, bienes raíces, espectáculos… Uno de sus proyectos que ha sido detenido es la construcción de una presa en Veracruz, lo anterior gracias a la resistencia civil organizada que se impuso a través de un campamento para que flora y fauna no fueran destruidas en la región. Ese campamento contó con la vigilancia permanente de 250 habitantes de siete municipios veracruzanos y activistas de organizaciones civiles que bloquearon el paso de la maquinaria pesada hacia la parte baja del río Los Pescados. Su propósito es impedir la construcción de una central hidroeléctrica que, aseguran los inconformes, secará dicha cuenca; arruinará a pescadores, agricultores y prestadores de servicios ecoturísticos, y en época de lluvias provocará inundaciones en decenas de localidades de varios municipios, entre ellos Jalcomulco, Apazapan y Coatepec. El grupo Odebrecht Participacoes e Investimentos SA, y el gobierno de Duarte –representado por la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV)– firmaron en 2011 documentos para establecer “una sociedad empresarial de proyecto específico” y contratar la prestación de servicios “a largo plazo” para captar y almacenar agua proveniente del río La Antigua, una de cuyas ramificaciones es el río Los Pescados. A través de esa sociedad de propósito específico el gobierno estatal autorizó una partida de 335 millones 795 mil 600 pesos para financiar 30% de la inversión total del proyecto. Según ese contrato –parte del cual Apro tiene copia–, el proyecto hidroeléctrico se propone surtir de agua a la ciudad de Xalapa, misma que tiene un déficit de suministro de 500 litros por segundo; generar energía eléctrica, la cual permitirá bombear a bajo costo la reserva del embalse hacia la capital estatal; vender electricidad a consumidores industriales e irrigar tierras agrícolas.
El proyecto, hoy frenado por la resistencia civil, prevé la construcción de una presa de 86 metros de altura y 700 metros de longitud con capacidad para embalsar 130 millones de metros cúbicos de agua en una superficie de 413 hectáreas; un sistema de bombeo, conducción y entrega en bloque a la CAEV para el abastecimiento de Xalapa, y una central hidroeléctrica con cuatro turbinas y una carga hidráulica de 94 metros, así como infraestructura para conducir 115 kilovatios de energía a lo largo de 13.3 kilómetros, necesarios para establecer una conexión con la línea de alta tensión Tamarindos-Las Trancas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA. LINK: http://www.proceso.com.mx/432778/empresario-condenado-en-brasil-favorecido-obras-en-gobierno-duarte
Los "problemas de liquidez", causados principalmente por la caída en los precios del crudo: José Antonio González Anaya.
Para el Partido Acción Nacional, Pemex se encuentra en “terapia intensiva”; pero según el director de la empresa, José Antonio González Anaya, sólo enfrenta “problemas de liquidez”, acentuados por la caída en los precios del petróleo. Durante la comparecencia de González Anaya este martes en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el legislador panista Armando Rivera Castillejos afirmó que el escenario actual es negativo para Pemex, pues los estados financieros consolidados lo muestran así. “La empresa se encuentra en terapia intensiva. Hay una disminución de activos de cerca de 200 mil millones de pesos y los pasivos a proveedores se encuentran en 142 mil millones”, detalló. En ese sentido, cuestionó que el contrato colectivo de trabajo garantiza a los trabajadores de Pemex una jubilación superior a cualquier otra del mercado laboral, sin haber ahorrado un peso por parte del empleado para un fondo de retiro, “el cual ha generado un pasivo gigantesco, que será imposible de sostener para la empresa”. Al respecto, el director general de Petróleos Mexicanos señaló que enfrenta un problema de liquidez, más no de solvencia, y con el recorte de 100 mil millones de pesos a su gasto se replantea y redimensiona su nuevo papel como empresa productiva del Estado. Apuntó que Pemex enfrenta un mercado petrolero adverso, en el cual los precios del crudo en un periodo relativamente corto de tiempo, en menos de dos años, se han caído de casi 100 dólares el barril a alrededor de 25 dólares. González Anaya reconoció que el recorte presupuestario de la empresa reducirá casi 35 mil millones de pesos a la inversión destinada a la modernización y reconfiguración de las tres refinerías del país. “Las refinerías se van a modernizar, pero Pemex no lo va a hacer sola, sino con aliados que traigan su tecnología”, indicó el funcionario federal al comparecer ante diputados de la Comisión de Energía. Pese al recorte al gasto, que afectará a Pemex Transformación, las refinerías de Salamanca, Salina Cruz y Tula se modernizarán mediante asociaciones con la iniciativa privada, sostuvo. “La modernización y reconfiguración de las tres refinerías se va a llevar a cabo, pero tomando las oportunidades que ofrece la reforma energética, que es a través de asociaciones y de todo tipo de figuras que permiten reducir los requisitos de financiamiento de Pemex”, enfatizó. González Anaya agregó que las inversiones en la modernización de Pemex, a través de asociaciones con la iniciativa privada, hacen posible que haya un ajuste a la baja en Pemex Transformación. “(Las asociaciones) nos van a permitir que el ajuste se pueda realizar y que a la vez podamos seguir teniendo la capacidad de procesamiento de crudo en el mediano y largo plazo”, afirmó. Petróleos Mexicanos pagará en los próximos días hasta 90 por ciento de los compromisos que tiene del año pasado con sus proveedores, afirmó su director general. Dijo que ese adeudo se cubrirá con una línea de crédito que Pemex obtuvo de la banca de desarrollo. José Antonio González Anaya también afirmó que defenderá a la empresa a su cargo y que está dispuesto a trabajar con la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para cambiar su carga fiscal. Sobre el recorte a Pemex, el diputado Julio Saldaña Moran (PRD) afirmó que “desde el gobierno federal se cansaron de decirnos que la reforma energética fortalecería a Pemex y paradójicamente ha sucedido lo contrario. Ya la quebraron”. Cómo “pretender ayudar a Pemex, recortándole el presupuesto, achicándola y privatizándola”. El gobierno federal “con su política hacendaria ha quebrado a Pemex y está poniendo en riesgo la seguridad energética nacional”, agregó el legislador perredista.
A su vez, la diputada Rocío Nahle García (Morena) dijo que su partido rechaza tajantemente el despido masivo de trabajadores en los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, pues ahí está la clase más productiva; además, la reforma energética promocionó cero despidos. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/0803/mexico/pemex-en-terapia-intensiva-pan-solo-son-problemas-de-liquidez-director/
Ya no tiene caso seguir discutiendo con el gobierno federal. Negará uno y otro de los diagnósticos que se realizan al país. La estrategia es muy variada, descalificar a quienes ponen en duda la narrativa oficial (miembros del GIEI o Juan Méndez), criticar la metodología utilizada (CIDH, Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, Relator de la ONU contra la tortura), guardar silencio ante la evidencia mostrada (Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Freedom House, Artículo 19, Centro Pro), sacar de los medios a las voces críticas (Aristegui y muchísimos otros), utilizar a columnistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil a modo para desacreditar o negar la realidad (sobran ejemplos, el más reciente es el ataque a la CMDPDH y varios de sus miembros), propaganda burda (ya chole con sus quejas) y la oposición en un silencio cómplice. Sin embargo, la realidad está a la vista, las víctimas se acumulan, el dolor crece. Los informes seguirán llegando, ¿la discusión debe seguir centrándose en la negativa del gobierno federal? Hay mucho que hacer para abordar los temas de fondo y no seguir en el desgaste de argumentos. Los medios responsables deben seguir en la denuncia y el periodismo de investigación, las organizaciones de la sociedad civil continuar documentando y representando casos en instancias nacionales e internacionales, la academia debe asumir su responsabilidad y las instituciones autónomas del Estado cumplir su mandato. Solo le lanzaría un reto al gobierno federal. Si todos los diagnósticos están equivocados que ofrezca narrativas reales a los casos de violencia, que garantice la no repetición, que acabe con la impunidad y que repare integralmente a las víctimas. La ciudadanía lo exige, quedamos a la espera. No hay costos jurídicos ni políticos, no los habrá mientras no haya una oposición responsable, una ciudadanía enterada y medios de comunicación libres y plurales. En tanto esto se construye hay mucho que hacer. Se ha hablado sobre iniciar procesos de justicia transicional, en las condiciones actuales solo es posible realizar parte de ellas. En palabras de Theodor Adorno “Solo se puede abordar el pasado cuando las causas que lo provocaron han sido removidas”. ¿Cómo ofrecer justicia sin aceptar la realidad? ¿Cómo transitar sin lograr el fin de la violencia y sin la posibilidad de ofrecer garantías de no repetición? Es como querer cambiar la llanta con el coche en movimiento. Lo que se puede iniciar es la búsqueda de la verdad y la reparación integral de las víctimas. En la mayoría de las experiencias internacionales (Guatemala, Colombia, Argentina, Perú, etc.) la justicia llegó años después que la verdad, la reparación y los procesos de memoria. En esta materia es central el papel que pueden jugar la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión ejecutiva de atención a víctimas (CEAV) como instituciones autónomas o descentralizadas del Estado mexicano. Habrá que seguir de cerca el proyecto anunciado por la CEAV y El Colegio de México para iniciar investigaciones que buscan esclarecer hechos violentos del pasado reciente (San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila) y ofrecer información que abone al derecho de las víctimas a la verdad, la reparación integral, los procesos de memoria y las garantías de no repetición. Estas investigaciones estarán coordinadas por Sergio Aguayo y recibirán las sugerencias de Mariclaire Acosta, Javier Sicilia, Juan Villoro y Rubén Aguilar. Sobre este proyecto sugiero consultar la explicación que da Sergio Aguayo.
CIUDAD DE MÉXICO: Jorge Emilio Esquivel Muñoz, El Yorch, preso en un penal de Hermosillo, Sonora, podrá quedar libre tras pagar la fianza de 8 mil 725 pesos que le impuso el juzgado 11 de distrito en materia de procesos penales, luego de reclasificar el delito y determinar que las acusaciones en su contra no son graves. La determinación judicial indignó al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, quien dijo que la presentación de cargos no es algo que la Universidad haga. Añadió: “Estoy indignado de que con lo que cargaba encima (El Yorch) sea considerado como un delito menor, pero esto es realmente un problema de la Procuraduría General de la República (PGR). Y sí, estamos sentidos por eso”.
Añadió: “No me parece razonable que 50 grapas (de cocaína) y 300 gramos de mariguana sean para uso personal”, enfatizó Graue Wiechers en entrevista, luego de entregar el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a más de 80 destacadas académicas de la casa de estudios. Esquivel Muñoz, integrante del colectivo que ocupa el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue detenido el pasado 24 de febrero en posesión de 50 envoltorios de cocaína en piedra, 26 pastillas psicotrópicas Rivotril y una bolsa con mariguana, con un peso aproximado de 300 gramos. El delito fue considerado como grave por la Procuraduría General de la República, pero hoy el juzgado 11 de distrito con sede en la Ciudad de México lo reclasificó. De acuerdo con funcionarios del Poder Judicial, El Yorch no podrá abandonar el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) que se localiza en Hermosillo, Sonora, mientras no se resuelva la apelación que ya promovió el Ministerio Público Federal en contra de dicha reclasificación. Un día después de la captura del presunto narcomenudista, un grupo de encapuchados se concentró afuera del auditorio “Che Guevara” y quemó contenedores de basura para denunciar el presunto “levantón” de su compañero. En respuesta, la UNAM precisó que se trataba de “un individuo ajeno” a la institución “y presuntamente vinculado a actividades de narcomenudeo”. En un comunicado, la institución académica dio a conocer que había presentado la denuncia de hechos ante la autoridad competente contra quienes resulten responsables de la agresión cometida. Detalló que los agresores “irrumpieron violentamente en las oficinas de la Base Uno de vigilancia (…), golpearon a los vigilantes que ahí se encontraban e incendiaron el recinto y una de las unidades de Auxilio UNAM”. Asimismo, exigió la desocupación del auditorio Justo Sierra “donde los provocadores se refugian”.
XALAPA, Ver: A dos días de que se lleve a cabo otra megamarcha para exigir al gobierno de Javier Duarte que modifique una iniciativa de ley para dar 5% de la Ley de Ingresos, en lugar de 3%, el mandatario estatal aseguró que no cederá a las presiones y esa iniciativa con rango institucional se quedará como está.
Entrevistado en Palacio de Gobierno, Duarte de Ochoa reviró a la autoridad universitaria al asegurar que ya pagó 190 millones de pesos correspondientes a las ministraciones de enero y febrero en dicho ejercicio fiscal, y que en cuanto a los pendientes de 2015 hay toda la disposición para establecer un calendario de pagos, al cual la Universidad Veracruzana (UV) se ha negado. “La ley es clara, que la universidad tenga cuando menos 3% del presupuesto estatal, nunca en su historia han tenido más allá de 2.5%, habría que recordarle que por cada punto porcentual estamos hablando de mil millones de pesos. El 3% equivaldría a tres mil millones, aparte la iniciativa establece que el presupuesto será creciente”, expuso Duarte.
El priista señaló que recientemente se reunió con la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, para establecer un calendario de pagos, el cual la propio académica lo había autorizado, sin embargo, después el Consejo General Universitario (CGU) se negó a aprobarlo. “Hay una diferencia entre lo que se debe, lo que se puede y lo que se debe. Sería –insistió– demagógico que aceptara el 5%, sería una medida irresponsable, porque estaría dejándole a la siguiente administración una medida que no va a poder cumplir”, justificó. Duarte conminó a los reporteros a preguntarle a las autoridades académicas el por qué se han negado a aceptar un calendario de pagos cuando hace unos días ya existía un acuerdo tácito. “Algo pasó. No sé lo que pasó, pero ya nos habíamos puesto de acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a darle a la universidad un ingreso justo, elevándolo a rango institucional. Nosotros no estamos generando una disyuntiva, si quieren manifestarse y marchar están en todo su derecho, hemos venido negociando”. Apenas el viernes pasado, el CUG acordó convocar a una nueva megamarcha para este jueves para exigir al gobierno de Javier Duarte que pague “los pendientes financieros” a la UV, que ascienden a más de 2 mil millones de pesos, tomando en cuenta retrasos que datan desde inicios del sexenio. El CUG también rechazó la iniciativa donde se plantea que sólo 3% de la Ley de Ingresos sea asignado a la UV, ya que la exigencia, dijo, será de 5%. En un comunicado, la UV destacó que con las marchas multitudinarias de la semana anterior dejó en claro que defenderá su autonomía, y de paso dio su voto de confianza a la administración que encabeza la rectora Sara Ladrón de Guevara. En su momento, la exdirectora del Museo de Antropología tuvo una posición tibia frente al regateo de recursos del gobierno de Duarte, pero luego interpuso una denuncia penal en ámbito el local y federal, y dejó constancia de su queja en otras universidades públicas del país. En la última sesión con carácter de extraordinario se aprobó que la rectoría envíe al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, una petición formal para que intervenga ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el fin de que la UV reciba la totalidad de los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie), reducidos en 67%, de un total de 55 millones 423 mil 69 pesos.
También dio luz verde a la conformación de una comisión de juristas encabezados por José Luis Cuevas Gayosso, director de la Facultad de Derecho, para discutir con los diputados locales la reforma al artículo 98 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), la reducción presupuestal y la autonomía financiera de la UV. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA. LINK: http://www.proceso.com.mx/432797/advierte-duarte-cedera-a-exigencia-la-uv-alistan-megamarcha
