CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.44% en febrero pasado, con lo que su tasa anual se ubicó en 2.87%, la más alta desde junio de 2015. En ese mes del año pasado la inflación anual también se colocó en 2.87%, aunque en mayo la tasa fue de 2.88%. No obstante, la cifra de febrero de este año es mayor al 2.61% de enero y superior al 2.13% con el que cerró la inflación en 2015, con lo que se ubica dentro del objetivo del Banco de México, es decir, 3% más/menos un punto porcentual.
De acuerdo con el Inegi, los productos que tuvieron la mayor alza en su precio son: chile serrano (41.03%), chayote (37.52%) y otros chiles frescos (20.44%). En contraste, el tomate verde (-19.63%), jitomate (-18.13%) y pepino (13.97%) fueron los productos con el precio más bajó durante febrero. Sobre el índice de precios subyacente, presentó un aumento mensual de 0.36% y una tasa anual de 2.66%, y el índice de precios no subyacente avanzó 0.68% mensual y 3.49% anual. El pasado jueves 3, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, reconoció que la volatilidad del tipo de cambio sigue siendo un factor de riesgo para el aumento generalizado en los precios de bienes y servicios. Destacó que en enero de este año la inflación general anual tuvo un repunte asociado, principalmente, “a efectos aritméticos previstos derivados de las bajas en los precios de los servicios de telefonía que tuvieron lugar en enero de 2015 y a un aumento transitorio en los precios de algunas hortalizas”.
CIUDAD DE MÉXICO: El secretario de Desarrollo Económico capitalino, Salomón Chertorivski difirió con el gobierno federal respecto de qui9én debe decidir el destino de los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) una vez que deje de operar. Señaló que no hay duda de que los terrenos son propiedad federal pero una vez que el aeropuerto deje de operar, la administración local debe “llevar mano” respecto del plan urbanístico que se realizará. “No tenemos duda que la propiedad es federal. Sin embargo, una vez que deja el uso aeroportuario en ese momento se decida que se quiere hacer cualquier cambio, ese tiene que pasar por la reglamentación urbanística de la ciudad y es ahí, en el planteamiento urbano, en lo que debe suceder en toda esa zona, en donde la Ciudad de México lleva mano”, afirmó en entrevista con Radio Fórmula.
La preeminencia sobre lo que se puede hacer o no en esos terrenos, recalcó, la lleva la Ciudad de México. “Y no tenemos duda, pero no solo no tenemos duda y no lo decimos nada más, presentamos un estudio con toda la seriedad y con toda la profundidad en donde esta postura jurídica está respaldada, si existiera una visión encontrada por supuesto que estaremos a la espera de recibirla con la misma seriedad que nosotros presentamos la nuestra”, reviró el funcionario ante las declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. El martes pasado, el funcionario aseguró que será el gobierno federal el que determine el destino del espacio que actualmente ocupa el AICM cuando opere la nueva terminal en Texcoco. La decisión, matizó el funcionario, “será tomada en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y se buscará que sea en beneficio de la sociedad”, afirmó. Sin embargo, Chertorivski, insistió en que el gobierno capitalino debe “llevar mano” en la decisión y criticó que se diga que hay mucho tiempo para decidir el destino de los terrenos. En su opinión, sí hay prisa para saber qué proyecto se pondrá en marcha y aunque falta tiempo para que deje de operar el AICM es necesario trabajar desde hoy para que no haya consecuencias para los capitalinos. “¿Cuánto es mucho tiempo para poder planear bien? creo que muchas veces nuestros errores vienen de que intentamos planear al cuarto para las doce, cuando ya no es planeación, sino tratar de reaccionar a la coyuntura. (…)
“De entrada, 2020 que está a cuatro años y medio, tenemos que pensar qué va a pasar con el agua, con las inundaciones, con la gente que hoy vive, de alguna manera, o mal vive, pero subsiste de la economía que genera el aeropuerto en las colonias de alrededor, esa es una visión que tenemos que ir trabajando desde hoy”, subrayó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/432903/cdmx-debe-llevar-mano-en-destino-del-aicm-revira-chertorivski
CIUDAD DE MÉXICO: La exalcaldesa priista de Huetamo, Michoacán, Dalia Santana Pineda, fue sentenciada a 22 años de prisión por homicidio calificado de Antonio Granados Gómez.
María Elena Carrillo, titular del Juzgado Quinto de lo Penal en Morelia, determinó la plena responsabilidad jurídico-penal de Santana Pineda al resolver el expediente 336/2014 por el delito de homicidio calificado. En el punto tercero de la sentencia, se establece la pena de 22 años de cárcel a la exalcaldesa priista y el pago de la reparación del daño, sin derecho a libertad bajo fianza.
Santana Pineda, quien fue detenida en el 2014, acusada de haber participado en el asesinato de su compadre Antonio Granados Gómez, el 9 de abril de 2009, tiene un plazo de cinco días para apelar la resolución de la juez. De acuerdo con la investigación, Granados Gómez fue citado con engaños en un restaurante y se sentó a desayunar con un hombre, quien minutos después le disparó. A Santana también se le acusó del delito de extorsión y de tener vínculos con Servando Gómez, La Tuta, exlíder de Los Caballeros Templarios. La exedil extorsionaba a sus empleados y una parte de los recursos iban a parar a manos de La Tuta, según denunció en agosto pasado José Martín Godoy Castro, titular de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad (PGJ).
Según el funcionario la exalcaldesa pedía a sus subordinados 20% de su sueldo y también realizaba cobros a comerciantes de Huetamo para dárselos al líder templario actualmente preso en el penal del Altiplano. Santana Pineda fue electa por el periodo 2012-2015 en ese municipio pero fue detenida el 14 de agosto de 2014. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/432892/dan-22-anos-prision-a-exalcaldesa-huetamo-homicidio
CIUDAD DE MÉXICO: Cada día, siete mujeres y niñas son asesinadas en México, sin embargo, todos esos crímenes podrían ser evitables si los gobiernos federal y estatales aceptaran activar la Alerta de Violencia de Género (AVG), un mecanismo de emergencia creado hace nueve años para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, pero que se ha vuelto inoperante por el estire y afloja de los políticos.
Y es que el laberíntico y tortuoso camino para lograr que la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) activen la AVG, deriva en el recrudecimiento de la violencia feminicida, que según datos oficiales pasó de cuatro a siete mujeres asesinadas cada día en tan sólo una década. Concebida desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (promulgada en 2007) como un conjunto de acciones gubernamentales de urgencia para salvar la vida de las mujeres, la alerta prevé que una vez activada, los gobiernos estatales implementen acciones preventivas, de seguridad y justicia, y asignen los recursos necesarios.
Para salvar la vida de las mexicanas, desde 2010 en 15 estados del país, activistas solicitaron la activación de la AVG, pero hasta ahora –seis años después– sólo se ha logrado en tres entidades y en algunos municipios. En 2009, el Centro Las Libres de Guanajuato hizo una petición de AVG pero no por feminicidio, sino por “agravio comparado” (cuando una legislación atenta contra los Derechos Humanos de las mujeres), luego de que en esa entidad se aprobó una reforma a la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, lo que –a decir de la organización– agraviaba los derechos reproductivos de las guanajuatenses. Los primeros intentos para implementar la AVG sacaron a flote las trabas burocráticas. En su momento, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador jurídico del Inmujeres, reconoció que el trámite para decretar la alerta –por medio de la votación de 32 instancias estatales de la Mujer y nueve secretarías de Estado, entre otras instancias federales– era “burocrático, partidista y con la intervención de los gobiernos”. La justificación oficial sobre la falta de reglas claras para aplicar la AVG desató un cabildeo que duró dos años para reformar el Reglamento de la Ley General, y modificar el procedimiento, así como los plazos de la declaratoria, supuestamente con el fin de hacerla efectiva. La realidad es que hoy sólo se ha implementado en 27 municipios de tres estados: en 11 de un de un total de 125 municipios mexiquenses; en ocho de 33 en Morelos, y en ocho de 125 municipios de Jalisco, bajo el argumento de la “focalización del feminicidio”. Obstáculos Lograr la declaración de la AVG no ha sido un proceso fácil. Desde la primera petición de Las Libres en 2009, la tarea titánica ha sido derribar obstáculos. Antes de las reformas de 2013 al Reglamento de la Ley General, el primer procedimiento exigía que cada petición se sometiera a votación. Así, con la negativa de las instancias de gobierno no se declaró la alerta en ninguna entidad. Con la modificación de ese año, ahora las reglas dicen que los grupos civiles que pidan la AVG deben señalar la presunción de violencia, o una ley o norma que provoque desigualdad o discriminación hacia las mujeres, y es tarea de las instituciones crear grupos de personas de la Academia y funcionarias que verifiquen la denuncia, y determinar si procede la petición. Pese a contar con estudios nacionales e internacionales –retomados y divulgados por las organizaciones ciudadanas–, las autoridades insisten en comprobar los datos aun cuando ellas mismas han documentado la violencia feminicida. Un ejemplo es el estudio “Feminicidio en México, aproximación, tendencias y cambios 1985-2009”, realizado por el Inmujeres, ONU-Mujeres y la Cámara de Diputados, el cual reveló que entre 1985 y 2009 fueron asesinadas 34 mil 176 mujeres en todo el país. Ese dato, obtenido de información oficial, arroja que en 24 años, cada día –en promedio– fueron asesinadas cinco mujeres, la mayoría de manera brutal y sin que los crímenes fueran castigados. Una evidencia más del incremento de asesinatos se documentó en 2006 cuando la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados publicó el estudio “Violencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana”, que determinó que en 2004 fueron asesinadas mil 205 mujeres. La conclusión fue contundente: “En México hay feminicidio. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia”. Y la violencia extrema contra las mujeres va en aumento: si bien para 2004 se asesinaba a cuatro mujeres al día; para 2014 la cifra llegó a siete casos de feminicidio cada 24 horas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Al transcurrir de los años, ese conjunto de acciones diseñadas para actuar de inmediato ante una contingencia feminicida sólo se ha aplicado en tres entidades. En todas, la AVG se activó por presiones ciudadanas y políticas, más que por el interés de los gobernantes para salvar la vida de mujeres y niñas, señalaron las organizaciones civiles. Así, la declaratoria de alerta en el Estado de México se dio tras un largo proceso judicial de cinco años, tiempo en el que pasó a último término la protección de la vida de las mexiquenses con tal de no afectar al entonces gobernador Enrique Peña Nieto, quien ya aspiraba a la Presidencia de la República. En el caso de Morelos, la activación respondió al desinterés del propio gobierno local y de su Instituto de las Mujeres, que incluso aseguraron que ya habían realizado acciones a favor de las morelenses cuando en realidad no tenían avances, lo que orilló a que la Segob, Conavim y el Inmujeres dieran paso a la AVG. Jalisco, por otra parte, fue un caso singular, pues antes de que el movimiento feminista denunciara el feminicidio en la entidad ante las instancias federales, fue el propio Ejecutivo estatal el que optó por mostrar (aunque aún sin resultados) “un compromiso” por los derechos de las mujeres. Estado de México En cinco años, de 2005 a 2010 –con Peña Nieto en la gubernatura–, los homicidios dolosos de mujeres sumaron 922 en la entidad. Las agrupaciones civiles contaron entonces que los cuerpos eran abandonados en la vía pública, que las mujeres eran apuñaladas, asfixiadas, quemadas o que presentaban huellas de golpes y hasta de torturas. Estas historias –como sigue ocurriendo hoy– no llegaron a los tribunales de justicia. Con ese panorama, en 2010 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) demandaron la AVG en la entidad. Pero la solicitud fue negada y funcionarios estatales, como la ahora presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, y el entonces procurador Alfredo Castillo Cervantes, dieron todo tipo de argumentos, desde que “era un golpe político” para Peña Nieto, que “no eran tantos crímenes” si se tomaba en cuenta el total de la población mexiquense, hasta que allí no mataban a las mujeres, “sólo arrojaban sus cadáveres”. Las activistas recurrieron a un amparo para insistir en la activación de la AVG, y lograron que un juzgado federal ordenara la investigación solicitada. La orden judicial fue impugnada por las autoridades, pero el 28 de abril de 2014 se admitió la solicitud y se anunció el inicio de una indagación por parte de un grupo conformado sólo por funcionarios y sin la presencia de académicas. En julio de ese año, el gobernador Eruviel Ávila Villegas decidió solicitar la declaratoria para mostrar el “compromiso” de su gestión con la vida de las mujeres, pero fue hasta un año después –el 28 de julio de 2015– cuando la AVG se decretó oficialmente en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco. Entre las obligaciones del gobierno local están definir una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública; garantizar las órdenes de protección, la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas; elaborar protocolos de búsqueda e investigación; y recuperar espacios públicos. Las recomendaciones son similares a las propuestas presentadas por los grupos de trabajo en el resto de las entidades donde aún no hay alerta. En todos los estados, personal académico y funcionarios coinciden en recomendar acciones que ya deberían ser realidad, pues están estipuladas desde 2007 en la Ley General, como crear o alimentar un banco de datos sobre violencia de género. Morelos Entre el año 2000 y junio de 2013, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) registró 530 casos de feminicidio en esa entidad, e incluso informó que las víctimas estuvieron en cautiverio, quedaron aisladas y desprotegidas, fueron agredidas y violentadas hasta la muerte, y que algunos de sus cuerpos fueron maltratados aun después de haber sido ultimadas. Ante la evidencia, con los números, gráficas y nombres de algunas de las víctimas, el 27 de mayo de 2014 la CIDHM presentó ante el Inmujeres la solicitud para declarar una alerta. En junio de ese año se conformó el Grupo de Trabajo y aunque las 4 personas de la Academia se eligen por convocatoria, a nivel local nadie se postuló y la Conavim designó a dos investigadores del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El 28 de agosto de 2014, el grupo entregó su análisis y recomendaciones, similares a las del Edomex, mismas que fueron aceptadas por el gobernador Graco Ramírez. Meses después, el 23 de marzo de 2015, en el plazo para responder sobre el cumplimiento, el mandatario estatal entregó un informe en el que aseguraba que había realizado todas las recomendaciones. Pero de la valoración del informe del gobierno de Morelos, tanto la Academia como personas funcionarias federales consideraron que no se habían tomado en cuenta todas las recomendaciones, así que el 10 de agosto de 2015 la Conavim decretó la AVG en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Yautepec y Puente de Ixtla. En este caso, donde el gobernador presumió que había cumplido, las autoridades federales decretaron la alerta y pidieron que la divulgara, lo cual no ha hecho; además de implementar una estrategia para la recuperación de espacios públicos; tramitar órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; así como integrar un banco de datos de violencia, entre otras que por ley ya deberían existir. Al cumplirse seis meses de la AVG para los ocho municipios, Juliana Quintanilla, coordinadora de la CIDHM, afirmó que faltan medidas de emergencia, como acciones de coordinación entre las secretarías y las investigaciones para encontrar y castigar a los culpables de feminicidio. Jalisco La entidad fue un caso particular porque antes de que el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) solicitara la activación de la AVG, en agosto de 2015 el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz decidió pedirla al Instituto Jalisciense de las Mujeres. En ese estado el gobernador puede solicitar la activación porque la ley local lo faculta para ello. Una vez que dio la indicación al instituto, al igual que a nivel federal, se formó un grupo de trabajo para investigar la situación e integrar recomendaciones que le serían entregadas. Una vez con las recomendaciones, el pasado 7 de febrero fue el mismo Sandoval Díaz quien anunció que se activaba el mecanismo en ocho municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca. El mandatario local declaró que las acciones deberían permear en el resto del territorio estatal. En opinión de Alejandra Cartagena López, integrante de Cladem, si bien el Ejecutivo jalisciense se adelantó, en realidad los grupos civiles ya llevaban tiempo tratando de visibilizar esta problemática, y por tanto la activación de la AVG no fue un “regalo”, sino una acción necesaria que no se podía postergar. Por ahora, el gobierno estatal está en la ruta de implementar las acciones. Recomendaciones En las tres entidades donde se ha decretado la alerta, así como en las otras 12, los grupos de trabajo han realizado recomendaciones similares que incluso deberían de ser parte de la política para erradicar la violencia de género, ya que están en las leyes federales y son parte de señalamientos de mecanismos internacionales. Por ejemplo una de las recomendaciones es integrar un banco de información, cuando la Ley General desde 2007 establece la obligación de publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia de género, para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Otra recomendación es garantizar que se otorguen órdenes de protección a las víctimas de violencia, tema que también está en la Ley General, que dice que éstas son medidas de protección y de urgente aplicación, que pueden ser desde entregarle a una mujer sus documentos de identidad hasta sacarla de su domicilio para evitar violencia de su agresor. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en su sentencia de 2009 contra el Estado mexicano que México fue responsable por no proteger la vida de ocho mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, ni garantizarles justicia. En este fallo el organismo hizo recomendaciones que las autoridades ya debieron haber implementado. Entre estas medidas de reparación están: un plan de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas; actualizar bases de datos de estas personas; estandarizar protocolos de investigación, ministeriales y periciales para combatir la violencia de género; y capacitar con visión de género a funcionarios, recomendaciones que también ahora se hacen en las entidades con solicitud de AVG. Mientras en tres entidades se activó la alerta y en otras 12 se investiga la presunción de violencia feminicida, continúa el letargo de las instituciones, y a las mujeres y niñas las siguen asesinando.
En Puebla, por ejemplo, se registraron cuatros crímenes del 15 al 21 de febrero de este año, y en Oaxaca ya van 20 casos de feminicidio en 2016, por lo que organizaciones civiles plantean solicitar la AVG en estos estados. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ. LINK: http://www.proceso.com.mx/432796/alerta-genero-en-pais-salvaria-a-siete-mujeres-ninas-dia
El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no sólo acabaría con la flora y la fauna de Atenco, Estado de México, sino con los sueños, negocios y arraigo de sus habitantes. Por otra parte, a pesar de tener un cronograma oficial, que arrancó en 2014, en el sitio de la megaobra no se observan los avances pactados.
Miguel Núñez nunca pensó que llegaría a ser exportador. Tampoco imaginó que aprendería a cultivar espárragos. De hecho, entre risas comenta que no había probado antes esa “planta”, la cual “dicen que es buena para el cáncer”. Sin embargo, en la actualidad su producto ha llegado a cocinas de Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. “Desde San Salvador Atenco, Estado de México, para el mundo”, es su siguiente meta, dice el hombre orgulloso. Y está seguro de ello, pues afirma que los principales exportadores de espárragos están en Chile, “pero [en ese país] ya no se está dando como antes”, por eso ve una ventana de oportunidad en este negocio. La historia de Miguel es una historia de emprendimiento y de resistencia. Lo primero porque quiere tener una empresa que no dependa de exportadoras “que quedan mal” y lo segundo porque no quiere vender su terreno para el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). En entrevista para SinEmbargo, el hombre cuenta que hace unos años tuvo la inquietud por conocer nuevas técnicas de cultivo, y así fue como llegó a una empresa que se dedicaba a la exportación y le vendió sus primeras plantas de espárragos. “En ese entonces le invertí como 100 mil pesos. Sí fue bastante dinero, pero en la primera cosecha se pudo cubrir con todos los gastos y el mantenimiento, y aunque no tuve dinero de más, al menos me quedé con las plantas. De hecho, el espárrago es muy noble, se adapta a cualquier clima”, narra Núñez. A pesar que Núñez inicia su nuevo proyecto, no deja de trabajar en campos ajenos como peón, o en el pueblo, para poder salir con los gastos. Sabe que si el negocio del espárrago da frutos, podrá cobrar la caja de su producto hasta en 250 dólares -casi 4 mil 500 pesos. Pero está consciente que el camino es largo y que el éxito se consigue a base de trabajo duro y diario, con la ayuda de los demás y defendiendo la tierra que su papá le dejó, y que a la vez fue herencia de su abuelo que la ganó peleando en la Revolución Mexicana. –¿Qué piensa del Nuevo Aeropuerto que quieren construir?
–La verdad estamos en contra. No estamos de acuerdo. El dinero se ve bien, pero luego se va. En cambio la tierra está aquí y yo puedo enseñarle a mis hijos a trabajarla.
–¿Le han ofrecido comprarlo? –Hasta ahorita no. Tengo a varios conocidos, hasta familiares, que sí. Unos aceptaron, otros no, y a unos ni siquiera les interesa el tema o lo ignoran para no meterse en problemas. Pero cada quién. Debemos ser respetuosos de lo que decida cada quien. –¿Sabe en cuánto han vendido la tierra?
–Sé de un familiar. Le dieron 2 millones de pesos por 10 hectáreas. Y parece mucho dinero, yo jamás he visto tanto, y quizá nunca lo vea. Pero, ¿qué pasa? Pues que ese hombre no tiene casa, sus hijos andan de borrachos y puros problemas. El dinero se va rápido; bueno, puede que sirva cuando se invierte bien, pero está difícil.
Miguel Núñez, quien además rescata patos mal heridos y los atiende en un espejo de agua cercano a su terreno, refiere que el discurso del Gobierno federal es “engañoso”, pues incluso han asegurado que las tierras de Atenco son infértiles. Pero asevera que no, que muchas personas siembran y de eso se mantienen, que en esos terrenos se dan espárragos, duraznos, lechugas y otras hortalizas y plantas originarias.
‘AVANCE’ DEL PROYECTO El “camino de los ahuehuetes” fue el preferido del poeta y Tlatoani [monarca] Nezahualcóyotl para llegar a su sitio de recreación en Atenco, según registros del historiador de la Nueva España, Fernando de Alva. Sin embargo, en la actualidad muchos de aquellos árboles yacen inertes en el suelo, como si se tratasen de cadáveres de gigantes, regados a las orillas de lo que hoy se conoce como la calle Parque Nacional. La tala fue producto del arribo de maquinaria pesada y del inicio del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero el avance demuestra que dicha megaobra está en un aparente estado de abandono. A pesar de ello, la presencia de las autoridades permanece por medio del bloqueo de pozos, funcionarios que ofrecen programas sociales y que luego intentan convencer a los campesinos de vender sus terrenos, de acuerdo con denuncias de los propios habitantes.
El sitio Web del proyecto indica que desde el 2015 debió iniciarse la construcción para que en 2016 sigan las pruebas y certificaciones, pero nada de eso es visible. De hecho en el mapa interactivo se proyectan algunos avances, pero en el terreno no existen.
El 8 de julio de 2015, Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, anunció la estrategia de los 21 paquetes en que será dividido el proyecto del NAICM. Hasta la fecha, de acuerdo con dicho plan, se debió cumplir con las licitaciones de: nivelación de terreno, drenajes pluviales y sanitarios, cimentación de la terminal, sistema eléctrico, tres pistas, torre de control y un centro de control. No obstante, en campo sólo se puede apreciar la construcción de una caseta que no rebasa los tres metros cuadrados.
Al norte del pueblo de San Salvador Atenco, perteneciente al Municipio de Atenco, se encuentra la zona donde se pretende construir esta nueva terminal aérea. Justo en ese campo abierto existen espejos de agua y diversas especies de patos. A unos kilómetros de la línea limítrofe se ubica el cerro Huatepec [cerro en el agua, en náhuatl], en el cual existen vestigios de asentamientos humanos prehispánicos y piedras con grabados.
Ignacio del Valle Medina del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) informó que la maquinaria la están ubicando en la periferia y que existen algunas obras indirectas al proyecto, pero las están realizando con el pretexto de progreso, Como fue el caso de la pavimentación de la calle Parque Nacional y el cerco en el Parque del “Contador” o de “Los Ahuehuetes”.
“Ellos quieren acabar con todo esto. Y no me refiero a los políticos, porque ellos son las marionetas de los empresarios. No sólo terminarán con nuestra forma de subsistir, sino que quieren terminar con nuestros orígenes que tienen raíces muy profundas”, dijo Ignacio.
José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, explicó que la razón que la maquinaria no entre de lleno, es porque desataría un conflicto entre los pobladores de Atenco. Y es que Atenco está conformado por varios pueblos. Muchas de sus comunidades se dedican a diferentes actividades económicas, relacionadas con la tierra o con productos de la naturaleza.
Ignacio del Valle aseguró que no sólo la lucha de muchos habitantes de estos pueblos tiene que ver con la actividad agrícola, sino con garantizar el futuro de sus hijos o nietos y con las personas que viven en colindancia, pues Atenco sigue siendo un pulmón para la Ciudad de México.
Roberto Flores, del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León, aceptó que hace años quedó a deber dinero en Las Vegas, y luego pagó; rechazó los reportes de que lo ficharon por haber girado cheques sin fondos, aunque la revista Proceso publicó imágenes del registro ante autoridades en Estados Unidos.
El procurador de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, aceptó que antes de ser funcionario tuvo problemas para pagar deudas de juego en Las Vegas, aunque rechazó haber girado cheques sin fondos, como indicó un reporte de Proceso. La revista publicó el lunes 7 de marzo pasado que Flores había sido fichado y procesado en el estado de Nevada, Estados Unidos, por haber girado cheques sin fondos en tres ocasiones en Las Vegas, en 1999, 2006 y 2011.
Incluso publicó imágenes del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, en las que se observa a Flores, supuestamente en fichas signaléticas.
Sin embargo, de acuerdo con el diario Reforma, Flores rechazó haber sido fichado. Según él, en realidad era un “registro fotográfico de control preventivo”. Además, el ahora funcionario de Nuevo León apuntó que su problema en Las Vegas fue de depósitos bancarios, y que no hubo ninguna acusación de carácter penal. Flores relató que obtuvo un crédito en Las Vegas, en 1995, por ser un cliente frecuente en los casinos. “En esa ocasión me acuerdo que yo había jugado la cantidad de dinero que traía y se me acabó, entonces me ofreció el casino un crédito y lo acepté. En los casinos cuando te otorgan un crédito, firmas un Promissory Note, que viene siendo el esqueleto de un pagaré, no es un cheque, es un pagaré”, dijo Flores, según Reforma. “Pudiera ser técnicamente o científicamente, forensemente considerado también como un cheque, pero es más bien un Promissory Note o pagaré”, agregó. Tras pagar los adeudos que tenía en Las Vegas, se desecharon las acusaciones en contra de Flores en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con Proceso, el Congreso de Nuevo León lo llamó a comparecer, para que explique por qué no relató antes que había tenido problemas con la justicia en Las Vegas, ya que iba a ocupar el cargo de procurador estatal. En su cuenta de Facebook, con un par de videos, Flores aceptó que tuvo deudas en Las Vegas, aunque rechazó haber girado cheques sin fondos, y dijo que todo era parte de un golpeteo político en su contra.
“Debí, no niego….Pagué, paso a paso des-pa-ci-to!!!”, tituló una de las publicaciones en Facebook, donde aparece un video grabado en la cocina de su casa, durante la madrugada, según contó.
Debí, no niego....Pagué, paso a paso des-pa-ci-to!!!
Posted by Lic. Roberto Flores Treviño on martes, 8 de marzo de 2016
En las grabaciones, Flores dijo que todo mundo ha debido dinero, y que eso le pasó en Las Vegas, pero que pagó todo. “Todos los que hemos ido a Las Vegas sabemos perfectamente que allá en los casinos te dan crédito. Entonces, pues efectivamente, les debía yo una lanita, una lanita que me tardé 10 años en pagar, a lo mejor un poquito más”, dijo el procurador. “La verdad de las cosas, debía dinero. Quién en este mundo no ha debido dinero, el que me diga que no debe dinero, se lo aplaudo, porque debe ganar mucha lana. Todos debemos”, agregó. Flores Treviño forma parte del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quien al competir en las elecciones del año pasado en Nuevo León se convirtió en el primer candidato independiente en ganar una elección de gobernador en el país.
Ya como mandatario, Rodríguez Calderón alertó sobre el nivel de deuda en la entidad, y dijo que aplicaría medidas de austeridad.
Según la ASF, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia no creó los planes de mantenimiento y conservación para el 90% de las zonas arqueológicas del país.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha fallado en su obligación de proteger el patrimonio histórico. En los informes de 2009 y 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que el organismo no desarrolló un modelo de protección y preservación de zonas arqueológicas, ni implementó medidas de salvamento y ni siquiera tenía registro de los monumentos y sitios restaurados. Según la Auditoría, el INAH incumplió con uno de sus principales objetivos, pese a que cada año recibe presupuesto para el programa Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la nación.
Animal Político publicó este martes que el INAH avaló la construcción de un centro comercial sobre vestigios arqueológicos en Valle de Bravo, Estado de México. Pero se trata sólo del caso más reciente. En los últimos 30 se ha perdido “irremediablemente” patrimonio histórico debido a los permisos de construcción “irregulares” concedidos por el instituto y su inacción para frenar la devastación arqueológica.
Los análisis de la Auditoría confirman la indolencia del organismo encabezado actualmente por Teresa Franco para cumplir con su principal objetivo: investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico para fortalecer la identidad y memoria de la sociedad. El Informe de la Cuenta Pública de 2012, señaló que el instituto ejerció 2 mil 635 millones de pesos sobre todo para catalogar monumentos y zonas del patrimonio arqueológico, impulsar las declaratorias de patrimonio, entre otras actividades, pero detectó “deficiencias en la protección del patrimonio arqueológico”. Las principales observaciones en la auditoría de desempeño refieren que el INAH no conocía las zonas arqueológicas e históricas en “áreas de crecimiento urbano” y, por lo tanto, “no diseñó y ejecutó un programa nacional para su protección”. El caso de Valle de Bravo es una muestra de la falta proyecto de protección, toda vez que los arqueólogos que han intervenido en la zona, denunciaron el crecimiento de la mancha urbana sobre los vestigios de la cultura Matlatzinca desde la década de los 90.
La Auditoría de 2012 detectó más fallas en la operación del INAH:
No realizó actividades para reforzar las acciones de vigilancia, resguardo, seguridad y ordenamiento de los sitios patrimoniales.
No desarrolló un modelo de conservación integral del patrimonio arqueológico e histórico.
No realizó actividades para mejorar las medidas de rescate y salvamento arqueológico.
No realizó actividades para multiplicar los convenios con los tres ámbitos de gobierno y la sociedad civil, en materia de preservación de patrimonio arqueológico e histórico.
No realizó acciones para organizar y autorizar órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación.
No contó con las bases de datos de los 673 monumentos conservados, ni con el número de monumentos y zonas arqueológicos e históricos que requerían acciones de conservación.
No incorporó en su marco normativo la definición de preservación del patrimonio arqueológico e histórico.
Estas omisiones, sin embargo, ya habían sido señaladas por la Auditoría desde 2009. Además, se vislumbraba uno de los problemas para los siguientes años: el INAH olvidó diseñar indicadores y metas anuales para evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales vinculados con la conservación, protección y restauración del patrimonio arqueológico e histórico, establecidos en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012. En 2009 el dictamen de la auditoría también concluyó que el INAH “no cumplió” con sus obligaciones y advirtió que “careció de los conceptos legales” sobre la protección, conservación y restauración de los muebles, inmuebles y zonas que constituyen el patrimonio arqueológico e histórico. La consecuencia de este error fue que los distintos niveles del instituto pudieron interpretar “equivocadamente” las políticas, procedimientos, mecanismos y acciones que realizan en la materia. Por lo tanto, “hubo riesgo de incumplimiento de los objetivos institucionales”. Aunque la principal actividad del INAH es la protección, conservación y restauración, en 2009 ni siquiera tenía un sistema de costos para evaluar los gastos que ello conllevaba. La Auditoría señaló que 152 zonas arqueológicas abiertas al público (90% del total) no tenían planes de manejo en operación, tampoco 168 zonas arqueológicas a cargo del INAH y en 2 de las 8 zonas arqueológicas declaradas por la UNESCO como patrimonio mundial; por lo tanto, “no se garantizó su conservación integral”.
Los alimentos del programa pueden tener un efecto negativo en la salud debido a su alto contenido de sodio, azúcares o grasas. Incluso se alerta sobre efectos como obesidad y diabetes.
El programa de Comedores Comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) permite que mexicanos en pobreza extrema tengan algo para comer pero “la calidad y el balance de los alimentos es deficiente” y eso atenta contra su derecho a la alimentación. “Se observó que los platillos no logran cumplir con los atributos deseables. Destaca por ejemplo que los platillos notoriamente rebasan una proporción equilibrada y recomendable, resultando en dietas con alto contenido de sodio, azúcares, carbohidratos y grasas”, concluyó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Tras un estudio de este programa, el Coneval dijo que consumir alimentos en los comedores comunitarios “puede tener un efecto negativo en la salud de la población (como) sobrepeso y obesidad, diabetes e hipertensión arterial”. La Secretaría de Desarrollo Social entregó vía transparencia una guía con 30 desayunos y 30 comidas que son la base de las cocinas en los comedores comunitarios. Un día puede ser así: –Desayuno. Huevos con salsa acompañados con frijoles, tortillas, galletas y café. Se prepara con huevo en polvo, pasta de tomate, harina, frijol, galletas, sal, café y azúcar. –Comida. Guisado de carne con sopa, arroz, chícharos, frijoles, tortillas y agua de sabor. Se prepara con pasta para sopa, pasta de tomate, carne enlatada, harina, concentrado para agua, aceite, sal, chícharos enlatados, frijoles, arroz y agua. Los menús entre días varían sólo un poco: en lugar de carne enlatada se sustituye por sardinas o el huevo en polvo cambia por chilorio u otro tipo de proteína enlatada. En ese sentido, los comedores comunitarios no garantizan el derecho a la alimentación pues no cumplen con el requisito de que ésta sea nutritiva, suficiente y de calidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica que el derecho a la alimentación se ejerce cuando se tiene acceso físico y económico a alimentos adecuados, lo que incluye que sean nutritivos y de calidad. “Las dietas son poco equilibradas y no necesariamente resultan saludables. La base de la dieta diaria la constituyen los alimentos procesados proporcionados por el Programa, que por estar enlatados pueden contener alto contenido de sodio y, en algunos casos, azúcares y conservadores; se proporciona a los niños café o jugos industrializados con alto contenido de azúcar y se utiliza una gran cantidad de aceite para cocinar”, señala el informe “El programa de comedores comunitarios: análisis de su diseño e instrumentación” hecho por investigadores del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) que fungieron como consultores externos del Coneval. El secretario técnico de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Omar Garfias, dijo que la Secretaría de Desarrollo Social está en la mejor disposición de evaluar si hay fallas en los menús y corregirlos. “Es un tema que hay que resolver, dar información y capacitar a las cocineras para que ellas vayan asumiendo los cambios necesarios en su comportamiento alimentario”. Garfias explicó en entrevista que todo es una “cuestión cultural”, pues las cocineras están acostumbradas a cocinar con demasiada grasa y sal.
El funcionario agregó que Sedesol “asume” las recomendaciones de Coneval para mejorar los menús, pues se espera que para mayo haya un relanzamiento de los comedores comunitarios.
Se proporciona a los niños café o jugos industrializados con alto contenido de azúcar y se utiliza una gran cantidad de aceite para cocinar.
“Todas las observaciones de Coneval, la subsecretaria (de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional) Vanessa Rubio ya las está analizando para ir revisando las modificaciones que se tienen que desarrollar”, dijo.
Sobre la dieta, Animal Político realizó esta entrevista en la Montaña de Guerrero a una beneficiaria de los comedores comunitarios.
Otras fallas La evaluación del programa de Comedores Comunitarios que realizó el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México encontró otras fallas: -El programa presenta vacíos importantes sobre perspectiva de género. Se ha desarrollado bajo el entendido de que la atención de los Comedores es un “asunto de mujeres”. “Lo que ha favorecido que se perpetúen estereotipos de género que imponen cargas adicionales de trabajo comunitario casi de manera exclusiva para las mujeres”, sin el involucramiento de hombres en la operación. -El manejo de la basura que generan los comedores se hace de forma inadecuada y puede traducirse fácilmente en problemas ambientales y en riesgos para la salud de las comunidades. “Los desechos de plástico PET, las latas y el papel son incinerados o enterrados en lugares inapropiados cercanos al comedor”. Se recomienda propiciar y capacitar en un programa de reciclaje que, además, generaría recursos adicionales para la comunidad. ¿Y el hambre? Según el Coneval, los comedores comunitarios son una “solución inmediata a la necesidad de acceso a la alimentación”, pero el programa no combate el problema del hambre “desde la raíz y de manera efectiva”. El organismo encargado de evaluar la política social indicó que este programa sólo resuelve el problema del hambre de manera temporal, pues entrega alimentos pero no impulsa soluciones —como incrementar la capacidad productiva de productores o dinamizar los mercados laborales de las comunidades— para garantizar que las familias puedan adquirirlos. Y aunque los comedores operan en función de la “Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013 Para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo” fallan en cumplirla, pues no cuentan con el requisito de temporalidad para limitar la entrega de apoyos y con ello evitar la dependencia hacia éstos. Sobre esas conclusiones, Omar Garfias dijo que los comedores son sólo un programa más de una estrategia que combate la pobreza alimentaria. “El comedor no es la única herramienta para abatir la carencia alimentaria. No podemos asumir que los comedores van a ser los responsables de hacerlo. En el comedor sólo atiendes a determinado sector con carencia alimentaria. En abatir el hambre intervienen también otros programas y son varios componentes. El comedor no está pensando para resolver todos los tipos de inseguridad alimentaria que existen en el país”, dijo.
SAN CRISTÓBAL, Gto: El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha extraditado a Joaquín El Chapo Guzmán “por miedo a que sople o suelte la sopa allá” en Estados Unidos, aseguró el expresidente Vicente Fox Quesada.
En entrevista para la agencia France Press (AFP) efectuada en su rancho ubicado en esta localidad, el exmandatario afirmó: “Yo si estuviera de presidente, lo extraditaba de inmediato”. Y dijo no tener miedo ni preocupación sobre lo que el líder del Cártel de Sinaloa pueda decir o informar en los juzgados estadunidenses.
De acuerdo con declaraciones de Rosa Isela Guzmán Ortiz, la primera hija del capo, su padre pagó contribuciones y campañas a diversos políticos, y su última fuga del penal del Altiplano, apuntó, fue pactada con funcionarios del gobierno federal. Al respecto, el expresidente Vicente Fox aseguró no dudar “ni tantito” de estos vínculos que, subrayó, atañen a personajes de todos los partidos. “Han salido muchos trapitos, por aquí y por allá… A los del PAN, a los del PRI, a los del PRD. El que no tenga culpa que tire la primera piedra”, apuntó. La filtración del dinero del narcotráfico a la política, agregó, es “un riesgo constante”, no sólo para lavar dinero, sino para obtener privilegios o canonjías, tal como habría ocurrido con la planeación y la ejecución de la fuga del Altiplano en julio del año pasado, “por corrupción a cañonazos (de dinero)”, insistió. Luego soltó: “Yo como no tengo preocupaciones de ese estilo y quiero un país limpio y honesto, vamos para allá. Que lo encierren lo más profundo que se pueda”.
CIUDAD DE MEXICO: Colocado en recientes encuestas como el más fuerte prospecto presidencial priista, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, condenó esta noche el “alto precio” en violencia que pagó México por la “guerra contra las drogas” declarada por Felipe Calderón cuya esposa, Margarita Zavala, se perfila también como candidata en 2018. “Conocemos el alto precio que trajo consigo la mal llamada guerra contra las drogas. Hay que decirlo, y decirlo claro: se partió de un diagnóstico equivocado y de una estrategia mal diseñada que generó una escalada de violencia sin precedente. Resulta necesario distinguir entre los daños que causan las drogas y las políticas de drogas equivocadas”. Sin mencionar a Calderón por su nombre, Osorio Chong hizo este señalamiento contra esa política en el sexenio pasado, que hasta ahora no había atacado, y propuso una regulación equilibrada de las drogas que no se quede en lo estrictamente punitivo.
Al clausurar el tercer foro del Debate Nacional sobre el Uso de la Mariguana, en Saltillo, Coahuila, el secretario de Gobernación definió así su propuesta: “Que garantice libertades y derechos, pero que también proteja la salud y la seguridad de la población, una regulación que no se quede en lo estrictamente punitivo, sino que permita abordar el fenómeno desde todas, absolutamente todas sus implicaciones”. Las declaraciones de Osorio Chong se producen el mismo día en que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, identificado también como presidenciable, descalificó al confeso aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por aliarse con los maestros de Oaxaca contra la reforma educativa. Los posicionamientos de ambos políticos priistas se producen, también, un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto declaró al diario Excélsior que será el desempeño de cada prospecto lo que se tome en cuenta para ser candidato presidencial.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes falló en su promesa de no construir el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en terrenos de ejidales, de acuerdo con la demanda de cinco ejidatarios. Quince años después de los intentos de expropiar tierras en San Salvador Atenco, un peritaje descubrió que el Gobierno se apropió de terrenos de los comunitarios.
El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) estará construido sobre el ejido de San Salvador Atenco. Un peritaje incluido dentro de una demanda de disputa por los terrenos en los que se edificará la megaobra determinó que alrededor de 200 hectáreas pertenecen a los ejidatarios, aseguró uno de los representantes legales de los afectados. En un juicio de amparo, los demandantes exponen información contraria a la que el Gobierno federal difundió sobre el NAICM. “No hay ni habrá ningún decreto expropiatorio porque el aeropuerto no requiere un solo metro de tierra para poder construirse”, dijo ante medios de comunicación el Secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gerardo Ruíz Esparza, el 5 septiembre del 2014. Hace 15 años, el Presidente Vicente Fox Quesada anunció que expropiaría terrenos de los comunitarios de San Salvador Atenco para construir un nuevo aeropuerto. El intento fracasó debido a las manifestaciones de rechazo de parte de sus habitantes. Bajo el argumento de evitar una nueva disputa, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció en septiembre de 2014 la obra de infraestructura más ambiciosa del sexenio se realizaría dentro de los límites de terrenos federales. Pero una demanda interpuesta por cinco ejidatarios en el Juzgado Quinto de Distrito de Nezahualcóyotl niega que los terrenos sean completamente federales. Ya que usurpan parte del ejido de San Salvador Atenco, de acuerdo con el peritaje hecho por el ingeniero Arturo Cerino Nava. El Gobierno habría basado el uso de estos terrenos en los decretos presidenciales de 1971 y 1982, que los declaran parte del fuero federal.
“Estos dos decretos se empalman con los terrenos ejidales de las distintas comunidades aledañas, entre ellas San Salvador Atenco. Siendo que los ejidatarios no tenían información de la expropiación de estos terrenos, no se había interpuesto demanda. Ahora salen a la luz porque el Gobierno tenía que justificar la supuesta propiedad esas tierras”, explicó el abogado de los quejosos, Ricardo Lagunes.
Lagunes detalló que los terrenos fueron propiedad de la Comisión Nacional del Agua, hasta que en septiembre del 2014 fueron asignados a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para la construcción del NAICM, que cubrirá un área de 4 mil 431 hectáreas.
“Si el Juez nos concede estos terrenos, el Gobierno se queda legalmente sin ellos. Con la demanda se van a controvertir la constitucionalidad de estas tierras”, advirtió Lagunes.
El amparo 514 fue interpuesto en mayo del 2014. En ese momento la demanda se centraba la suspensión del Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT). Sin embargo, conforme el anuncio de la construcción del NAICM tres meses después, los ejidatarios decidieron realizar una ampliación de la demanda para evitar el uso de los terrenos que consideran que les pertenecen. Ahora la demanda incluye a la Presidencia de la República, la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México. Y aunque en principio la ampliación fue rechazada por el Juez Agustín Archundia Ortíz, el jueves de la semana pasada el Primer Tribunal Colegiado en Nezahualcóyotl aceptó un recurso de queja y ordenó admitir la ampliación. “En no más de 15 días el Juez quinto de Distrito tendría que estar solicitando informes a Presidencia de la República. Y se viene discutir el tema de la suspensión de los efectos que tienen estos decretos”, dijo Lagunes.
¿AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS?
El amparo se basa en que los pueblos indígenas tienen el libre derecho de decidir sobre el uso de sus tierras, de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pese a que México carece de una legislación secundaria sobre este tema, sí es signatario de diversos acuerdos con entes internacionales. Uno de éstos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuyos fallos ha acatado en casos de diversa índole.
Una consulta que no se hizo en el 2001, cuando Fox intentó forzar la expropiación de las tierras. Las protestas de parte de los ejidatarios no se hicieron esperar, pese a que el Gobierno les ofreció compensaciones. Finalmente, la organización de campesinos, ahora conocida como Frente Popular por la Defensa de la Tierra (FPDT), ganó la disputa por los terrenos. Pero, el conflicto dejó una zona de tensión social, en donde la violencia terminó por desatarse en el 2006, cuando el FPDT se opuso al desalojo de los vendedores de flores del mercado de Texcoco. Un evento en el cual dos miembros campesinos fueron asesinados y al menos 26 mujeres sufrieron de violencia sexual. En ese entonces, el Presidente Enrique Peña Nieto era el Gobernador del Estado de México. Este precedente podría estar latente en la mente de otras comunidades que también se alzaron en el 2001. Si bien, los ejidatarios amparados son de San Salvador Atenco, también hay otros ejidos que serán afectados,de acuerdo con el trabajo de Cerino Nava, entre ellos: San Bernardino, Texcoco; Tocuila, Texcoco y sus barrios San Felipe y Santa Cruz; así como el ejido Francisco I. Madero en el municipio de Atenco.
AMPARO CONTRA EL NAICM El amparo 514/2014 se centra en la disputa de los terrenos, el avance de este juicio podría empezar a entrelazarse con otro, con número 14/2015, en el Juzgado Noveno de Distrito de Nezahualcóyotl, en el que 70 comunitarios de ocho comunidades se ampararon en contra del NAICM desde enero del año pasado. Entre ellas se encuentran los poblados de San Salvador Atenco y San Cristóbal Nexquipayac, en el municipio de Atenco, y San Miguel Tocuila, y de Texcoco. La demanda de amparo se interpuso en contra de 23 actos de autoridad, entre ellos la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto del NAICM, concedida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Lagunes explicó que la SCJN rechazó atraer el amparo en contra de la MIA del NAICM. Sin embargo, recientemente el Juzgado Noveno decidió que se realizara un peritaje por parte de un antropólogo de la judicatura para determinar si los ejidatarios pueden ampararse en el convenio 169 de la OIT antes mencionado, y así hacer una consulta.
“Estamos esperando que el perito antropólogo rinda su dictamen en un plazo de 10 días hábiles. Tiene que determinar el derecho que tienen de haber sido consultados, durante el diseño del proyecto y todas las licitaciones que se han lanzado para construir el proyecto”, detalló. FUENTE: SIN EMBAARGO. AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/08-03-2016/1633213
