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En la impunidad, mil 214 feminicidios en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro-cimacnoticias-AVCNoticias).- El asesinato de Pilar es uno de los mil 214 casos de feminicidio que siguen impunes en el estado de Veracruz.

Alejandro, su entonces pareja, confesó haberla asesinado, violentado y abandonado en un sembradío. Contó a las autoridades ministeriales que había bebido y que cuando Pilar se negó a sostener un encuentro sexual, él la tomó del cuello, la tiró y la asfixió para después golpearla con una piedra y violarla.

Alejandro, de 16 años, fue consignado en septiembre de 2012 ante la autoridad, pero dos meses después se desdijo de su declaración; el juez consideró que no hubo elementos suficientes y lo liberó sin tomar en cuenta las pruebas periciales.

Su caso ha quedado impune al igual que muchos otros en los que a pesar de que el agresor es una persona cercana y conocida, la autoridad ministerial no castiga al homicida.



Danza de cifras

Las cifras de feminicidio en Veracruz, tipo penal aprobado en 2011, no son precisas, aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) ha reconocido mil 214 casos en los últimos 15 años, pero grupos civiles revelan que la cifra real puede ser el doble.

Las estadísticas de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana (UV) señalan que al menos 100 mujeres son asesinadas cada año.

Además del creciente aumento del feminicidio en la entidad, la preocupación de las activistas es la impunidad. La propia FGE advierte que de 2000 a 2010 se cometieron 728 homicidios dolosos contra mujeres, de los que en 601 casos “no hay responsables”.

Según el diagnóstico del Grupo de Trabajo que analizó la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Veracruz, muchos de los casos tienen dilación en la investigación y otros están en reserva o archivados.

Otro dato es que de 2012 a 2015 se iniciaron 161 procesos por feminicidio, de los que 88 están en trámite y 73 están “determinados”, sin embargo, el Poder Judicial estatal sólo reportó siete sentencias condenatorias en un año.

El mismo estudio expone testimonios de familiares de víctimas de feminicidio, según los cuales había casos (en los municipios de Coscomatepec y Nanchital) en los que el agresor confesó pero fue liberado, y además vivía en la misma localidad.

En el municipio de Maltrata, en el caso del asesinato de una mujer a manos de su esposo, los familiares reportaron nulos avances en la investigación. “Además el agente del Ministerio Público (MP) pidió a la familia que buscara a otras autoridades, para solicitar antecedentes de violencia del agresor, y cuando acudieron al DIF municipal, les pidieron cuota para ser atendidos”, señala el diagnóstico.

Protocolos deficientes

A unos meses de la solicitud de AVG para Veracruz, firmada por 12 grupos civiles, la violencia va en aumento. De enero a febrero de este año se contabilizan 28 asesinatos de mujeres, de los que 24 encuadran en el tipo penal de feminicidio.

Adriana Fuentes, abogada de Equifonía, criticó que el Protocolo de Diligencias Básicas a seguir por el MP para delitos de violencia de género, publicado en 2012, tiene “serias deficiencias”, debido a la falta de profesionalización de peritos y agentes ministeriales.

Aunque el protocolo señala que todas las muertes de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, aunque luego se descarte el tipo penal, el mal cuidado de la cadena de custodia y la falta de capacitación de peritos traen como consecuencia que los asesinatos no sean tipificados como tal.

“Muchas veces no hay una buena cadena de custodia, se sigue pensando que la prueba de testimonio es la que arrojará datos, cuando debe ser la prueba científica la que dé luz sobre el asesinato”, observó Fuentes.

La ley establece que el periodo de investigación debe ser de 180 días, sin embargo, si no se asegura la escena ni se hacen las valoraciones de estudio social, “si esas primeras líneas no se hacen, estás dejando que haya fuga de información, que el agresor huya y el delito no tenga castigo”, alertó la abogada.

Mensaje de impunidad

Alejandra Jiménez, de la Red Unidos por los Derechos Humanos, consideró que la impunidad en los casos envía un grave mensaje a la sociedad que permite la violencia hacia las mujeres.

“De nada sirve tener uno de los marcos más avanzados legalmente si éste no se ejerce ni se llevan a cabo las leyes que protegen a las mujeres, y lamentablemente somos el estado con mayor rezago de justicia”, explicó.

Jiménez apuntó que apenas 20% de los casos de feminicidio tienen un culpable o están consignados, lo que evidencia un esquema de impunidad grave.

Estela Casados, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), alertó que 2016 ha sido un año de “mucha violencia contra las mujeres”. Como ejemplo señaló que en enero de 2014 hubo ocho casos de feminicidio, y para enero de 2016 suman 15.

“Podemos tener una serie de declaraciones que apunten por el derecho de las mujeres y a garantizar sus vidas, pero no lo estamos viendo en los hechos; por ellos exigimos que se haga el trabajo”, advirtió.

Casados agregó que las veracruzanas están arropadas legal y constitucionalmente con varias leyes de protección, pero las autoridades “les quitan la cobija”.


Fuente: Proceso
Autor: Flavia Morales
http://www.proceso.com.mx/432963/en-la-impunidad-mil-214-feminicidios-en-veracruz

Aparecen mantas con amenazas contra candidato independiente en Chihuahua


CHIHUAHUA, Chih: En Ciudad Juárez amanecieron dos mantas con mensajes dirigidos al periodista y aspirante a candidato independiente por la alcaldía el municipio, Héctor Armando Cabada Alvídrez.

De acuerdo con El Diario de Juárez, las mantas fueron colocadas alrededor de las 2:20 horas, una en la calle Camino Viejo a San José y Montebello y la otra en la calle Calzada del Río en el fraccionamiento Jardines de Coyoacán.

Las mantas tenían el mensaje: “Cabada tú y tu esposa ‘La China’ robaron al cártel. Ahora viene la nuestra. Atte. socios de Farfán”.

Cabada entregó más de más 88 mil firmas el martes a las 00:01 horas, de las 29 mil 322 que requería, de acuerdo con la legislación electoral.

El lunes pasado, el partido Movimiento Ciudadano hizo público su apoyo con la recolección de firmas para Cabada Alvídrez.

El periodista fue denunciado ante el Instituto Estatal Electoral por el PRI porque no integró los de toda la planilla en la asociación civil que registró y el Tribunal Estatal Electoral ordenó al IEE que le diera un plazo de 48 horas para presentar el nuevo registro y en 24 horas, el aspirante acató la orden.

También fue denunciado por presuntos actos anticipados de campaña por otra aspirante independiente, la experredista Edna Lorena Fuerte, pero sólo se ordenó una amonestación pública, resolución que fue impugnada por Cabada el martes pasado, ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

Indaga Sedena a militares por “levantón” y muerte de un mecánico en Tierra Blanca

XALAPA, Ver. (apro).- La VI región militar de la Secretaría de la Defensa Nacional con sede en Boca del Río abrió una averiguación previa para determinar la probable existencia “de la comisión de delitos” en contra de la disciplina militar, en el “levantón” del mecánico, Víctor García ocurrida el pasado martes y cuyo cuerpo sin vida fue hallado dos días después en el municipio de Tierra Blanca, en una zona de cañales y de gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La dependencia señala que un Agente del Ministerio Público Militar busca determinar las responsabilidades del caso y proceder conforme a derecho en la desaparición y posterior muerte de Víctor García, cuya desaparición fue documentada por las quejas de los familiares con el periódico digital Blog Expediente y por el diario El País.

Un testigo del “levantón” asegura que vio como dos militares tenían a García sometido, en un tramo carretero de terracería conocido como “La Condusa”, pero asegura que no paró “por miedo” y presupone que Víctor García pudo haber sido confundido con un “guachicolero” (ladrón de combustibles) por el tipo de herramienta que traía para arreglar tractores y maquinaria pesada de la industria cañera.

En un comunicado, la Sedena destaca que en cumplimiento a la norma constitucional y de resultar procedente (la responsabilidad de efectivos militares en el levantón y posterior muerte de una persona en Tierra Blanca), se dará vista del asunto a la autoridad civil competente.


“Se brindará el apoyo necesario para el esclarecimiento de los hechos. Esta comandancia de región militar mantendrá informada a la sociedad de los resultados que se obtengan, ratificando así el compromiso de transparentar la legítima actuación del personal militar”.

La Sedena tardó siete días en reaccionar luego de que el homicidio del mecánico fue dado a conocer por las quejas de sus hermanos y padres a los medios de comunicación.

Por la desaparición de Víctor García, desde el mismo martes pasado fue puesta una denuncia penal en la Fiscalía Regional de Tierra Blanca, de esta situación el gobierno del priista, Javier Duarte, ha guardado total silencio.

El pasado miércoles, una treintena de familiares y amigos de Víctor se apersonaron en las instalaciones del destacamento del 80 batallón de infantería para protestar por los hechos.

Vecinos se oponen a proyectos de infraestructura capitalinos: Morena

Ciudad de México. El grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal informó que tiene un registro de más de 60 proyectos de desarrollo e infraestructura en la ciudad que enfrentan oposición vecinal por ser violatorios a la normatividad o por los impactos negativos que conllevan.

Los diputados César Cravioto, coordinador de la fracción, y el diputado David Cervantes, adelantaron que convocarán al Gobierno capitalino, a los demás grupos parlamentarios en el órgano legislativo, a los empresarios y desarrolladores inmobiliarios y a las organizaciones sociales a iniciar un debate público sobre estos y otros problemas del desarrollo urbano de la ciudad.

Advirtieron sobre todos los abusos con la norma 26 y otras disposiciones que permiten los cambios de uso de suelo sobre los planes delegacionales de desarrollo establecidos y su mala aplicación como en los casos de Guty Cárdenas 113 en la delegación Álvaro Obregón, la Parisina en Azcapotzalco y las torres en el pueblo de Xoco y la colonia Santa Cruz Atoyac de Benito Juárez.

Otros son la falta de estudios adecuados del subsuelo y daños a viviendas vecinas como en el fraccionamiento Coyuya en Iztacalco; la “tala indiscriminada” de árboles para desarrollos comerciales y proyectos de infraestructura; un excesivo concesionamiento del espacio público y el abuso en la extracción de agua del subsuelo.


Sobre la determinación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de prorrogar hasta el 30 de junio el plazo de los trabajo para la formulación del proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano, Cervantes Peredo dijo que antes de un nuevo programa, que además no se ha actualizado en varios año, se requiere de una nueva ley de desarrollo urbano que contemple “recuperar el papel de la Asamblea Legislativa y los instrumentos de participación ciudadana” en el desarrollo de la ciudad.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/08/cdmx-mas-de-60-proyectos-de-morena-enfrentan-oposicion-vecinal-1059.html

Campo Militar No. 1: el trasfondo del soldado asesinado

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El asesinato de un soldado procesado por tortura sexual en la prisión del Campo Militar Número Uno el pasado 17 de enero truncó la posibilidad de que un juez civil emitiera una sentencia condenatoria contra un efectivo castrense por violaciones a los derechos humanos, en apego a una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cinco días después, el 22, durante una revisión habitual de la causa penal 56/2013 en el Juzgado Segundo de Distrito en Acapulco, relacionado con la tortura sexual en agravio de Inés Fernández Ortega, abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advirtieron que al expediente se le agregó un telegrama firmado por el director de la prisión militar, general de brigada Cruz Heracleo Medina Ávila.

Proceso consultó el documento emitido por el general Medina Ávila el 19 de enero en el cual notifica al juez de la causa, José Artemio Navarrete Sánchez, que “con motivo de una riña suscitada entre Salvador Aguilar Otañez y otro interno de nombre José Javier Acosta Piñones, el primero de los dos nombrados perdió la vida como consecuencia de heridas penetrantes en tórax por objeto punzocortante”.

Según el director del penal militar, la legista mayor Ayari Natielly Onofre López, adscrita al Laboratorio Científico de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar, fue quien determinó la causa de la muerte de Aguilar. Y aunque Medina debió adjuntar copia del certificado de defunción en su documento para integrarlo al expediente, no lo hizo.

El día 20, el juez Navarrete Sánchez determinó que “por no haber sido transmitido (el informe del fallecimiento) por un órgano del Poder Judicial de la federación considero que no es confiable”, por lo que una vez que sea recibido vía postal “se acordará lo que a derecho corresponda”.

El fallecido –un cabo de transmisiones– y el soldado Hugo Humberto García de León, preso también en el Campo Militar Número Uno, fueron identificados por la indígena mep’haa Inés Fernández Ortega como quienes la agredieron sexualmente en 2002. Aquel día, los soldados irrumpieron en la vivienda de Inés, en la Montaña de Guerrero, y frente a sus hijos abusaron de ella, además de someterla a un interrogatorio sobre el paradero de su esposo.

Ambos soldados estaban siendo procesados por un juez civil, después de que tras un litigio de ocho años, abogados de Tlachinollan y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional lograron que la Corte Interamericana determinara la responsabilidad del Estado mexicano en los abusos cometidos por los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra la indígena mep’haa.

En el caso de Inés, como en el de Valentina Rosendo Cantú, otra indígena mep’haa que fue también ultrajada por militares en Guerrero el mismo 2002, la Corte Interamericana determinó que “(ambas) sufrieron una agresión como parte de una estrategia del Ejército que emprendió en la región de la Montaña, bajo el pretexto de la destrucción de siembra de enervantes”, según comenta a Proceso Isidoro Vicario Aguilar, abogado de Tlachinollan.

La pelea legal de Inés y Valentina se inició en la justicia ordinaria, pues ambas denunciaron los agravios en agencias del Ministerio Público del fuero común, pero sus casos fueron llevados al fuero militar, donde se les dio carpetazo.

“Es en cumplimiento de ambas sentencias de la Comisión Interamericana en 2010, que al inicio de 2013 se libraron órdenes de aprehensión contra dos personas en agravio de Inés y dos en agravio de Valentina. En el caso del soldado asesinado, su proceso se va a cerrar una vez que el juez reciba el certificado de defunción y notifique formalmente de esta situación a doña Inés”, apunta Vicario Aguilar.

La versión no oficial

Al señalar que Tlachinollan notificó a la Corte sobre el fallecimiento del inculpado, el abogado explica que esta situación le restó oportunidad al juez civil para “dictar una sentencia condenatoria contra un elemento de la Sedena por violaciones graves a derechos humanos”.

Agrega que la expectativa es que los tribunales mexicanos “dejen precedente” y condenen a los responsables de la tortura sexual –uno en el caso de Inés y dos en el de Valentina–, uno de ellos internado en el penal de Chilpancingo, pues se había dado de baja en el Ejército.

“No tenemos hasta ahora noticia de que algún elemento castrense haya sido condenado por violaciones graves a los derechos humanos y menos en agravio de poblaciones indígenas”, dice Vicario Aguilar.

Si el juez civil resuelve dar sentencias condenatorias por los abusos sufridos por Valentina e Inés, “serían las primeras contra la Sedena emitidas por tribunales mexicanos”.

Isidoro Vicario advierte que la muerte de Aguilar Otañez reaviva una discusión que fue cerrada por la Sedena durante los debates de la reforma al Código de Justicia Militar, decretada en agosto de 2014, que admite que militares que hayan violado derechos humanos de civiles, sean procesados en juzgados ordinarios.

“La reforma dejó fuera de la discusión que si hay un proceso contra los militares por la vía civil lógicamente tendrían que ser recluidos en una cárcel civil. El argumento de las autoridades federales es que por cuestiones de seguridad los elementos castrenses iban a estar recluidos en las cárceles militares”, recuerda Vicario Aguilar.

Sin embargo, la muerte del soldado en el penal del Campo Militar, en un día de visita familiar –el 17 de enero era domingo–, derrumba el argumento de la Sedena, pues “por lo que se ve no hay garantías de seguridad en ningún penal”, apunta el abogado de Tlachinollan.

De acuerdo con la información recabada por la reportera entre familiares de militares recluidos en el Campo Militar, Aguilar Otañez no murió en una riña, como afirma el director de la prisión militar en el telegrama enviado al juez Navarrete Sánchez.

Algunos de ellos comentan, a condición de que se omitan sus nombres, que Aguilar Otañez “fue degollado con una punta” por Acosta Piñones, quien se acercó a la mesa del comedor donde el primero departía con otros reos y lo atacó.

La noche del 17 de enero las celdas y los militares procesados fueron revisados de manera escrupulosa y las autoridades militares prohibieron a los reos hablar de lo ocurrido o comentar que se trató de una riña.

El 25 de enero, en el portal Estado Mayor, especializado en información militar y de seguridad nacional, el periodista Juan Veledíaz escribió: “José Javier Acosta Piñones realizaba hace unos meses un curso básico de fuerzas especiales, cuando con un arma punzocortante privó de la vida al sargento que estaba al mando de su pelotón. El cabo de infantería Acosta Piñones quedó detenido y fue consignado a la prisión militar de la Mojonera, en las instalaciones de la 15 Zona Militar en Guadalajara, Jalisco”.

Según el sitio de internet, Acosta Piñones fue transferido a la prisión del Campo Militar Número Uno, donde semanas después atacó a Aguilar Otañez. El caso presuntamente está siendo procesado por el Juzgado Segundo Militar.

Para el abogado de Tlachinollan, la muerte de Aguilar Otañez debería motivar una revisión a la reforma al Código de Justicia Militar, misma que se derivó de cuatro sentencias de la Corte Interamericana contra México por abusos cometidos por elementos castrenses en Guerrero, las dos sentencias por tortura sexual de Valentina e Inés; la referente a la desaparición forzada de Rosendo Radilla durante la llamada Guerra Sucia de los setenta, y los tratos crueles y degradantes contra los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Si bien el argumento de la Sedena para impedir que personal implicado en abusos contra civiles fuera recluido en cárceles ordinarias era para proteger a sus tropas, en este litigio quienes están perdiendo son precisamente los militares, resalta Vicario Aguilar.

Y agrega: “Lo que hemos visto en los procesos penales de Valentina e Inés es que mientras que los agraviados no tienen complicaciones para seguir su juicio, quienes tienen obstáculos son los defensores castrenses, precisamente porque sus defendidos se encuentran en una cárcel militar y el litigio se lleva en instancias civiles”.

Vicario Aguilar concluye que la muerte de Aguilar Otañez pone en evidencia que “tampoco hay seguridad en las cárceles militares, de ahí la necesidad de una reforma integral para que los elementos de la Sedena que sean juzgados en tribunales del fuero civil sean recluidos en cárceles civiles”.



Fuente: Proceso
Autora: Gloria Leticia Díaz
http://www.proceso.com.mx/432893/campo-militar-1-trasfondo-del-soldado-asesinado

Investigan en Bélgica a tres farmacéuticas ligadas a capo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un portavoz del Ministerio Público de Bélgica informó que la Fiscalía de ese país investiga a tres empresas farmacéuticas por haber suministrado medicamentos con efedrina al capo mexicano Ezio Figueroa Vásquez, de 63 años de edad.

La fuente no aportó mayor información respecto de las compañías o personas investigadas, pero sobre el supuesto narcotraficante aseguró que se encuentra recluido en una prisión de Estados Unidos, de acuerdo con un despacho informativo de la agencia EFE.

No obstante, los diarios De Standaard, Het Niewsblad y Het Belang van Limburgo precisaron que son siete las personas ligadas a as farmacéuticas que suministraron los medicamentos al narcotraficante mexicano, quien los habría utilizado para fabricar metanfetamina de cristal o hielo de metanfetamina.

Esas personas, detallaron, habrían suministrado a Figueroa Vásquez cuatro toneladas de efedrina, lo que genera más de 66 millones de pastillas de metanfetamina con un valor de mercado de 360 millones de euros.



Según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Figueroa Vásquez tenía contacto con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, preso en el penal de máxima seguridad Altiplano, Estado de México.

De Standaard sostuvo que en México la importación de efedrina está prohibida, por lo que Figueroa Vázquez viajó a Europa, Asia y África en busca de países donde la efedrina está permitida para procesarla y convertirla en droga.

Su plan, según el diario, era convencer a fabricantes o comerciantes de medicamentos para que le vendiesen el precursor en grandes cantidades y luego tratarlo en México.

En Bélgica habría mantenido contactos con las farmacéuticas Sterop, en Bruselas, y Andacon, en Dadizele, indicó De Standaard.

La misma fuente señaló que el capo habría ordenado más de 200 millones de comprimidos al año y planeaba mantener ese “contrato” durante al menos dos años.

La policía y los agentes de aduana detectaron la trama y rastrearon el tráfico de los medicamentos.

Los diarios belgas señalaron que las empresas afectadas han afirmado que desconocían el destino de los medicamentos, pero el Ministerio Público, que revisó correos electrónicos y escuchó conversaciones telefónicas relacionadas con el envío de pastillas, cree que aquellas actuaban con conocimiento de causa.

Los suministradores belgas afirman que actuaron “de buena fe” y que tenían “los permisos necesarios para fabricarlos, venderlos y exportarlos”, destacó el Standaard.

“No nos informaron de su destino final”, aseguraron las farmacéuticas ante el juez instructor, que el próximo 5 de abril tomará una decisión en el caso, según los medios belgas.


Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/432898/investigan-en-belgica-a-tres-farmaceuticas-suministraron-medicamentos-efedrina-a-capo-mexicano

Desmantelan en Jalisco empresa fachada que reclutaba sicarios para el CJNG

Los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Foto: Youtube.com


GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Fiscalía General del estado (FGE) confirmó la detención de 13 sujetos acusados de operar una empresa fantasma supuestamente dedicada a la contratación de personas para labores de seguridad privada, pero en realidad las enganchaba para trabajar como sicarios o distribuidores de droga al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta mañana el fiscal Jesús Eduardo Almaguer Ramírez informó que luego de realizar varios operativos en Lagos de Moreno y San Juan de Los Lagos, la policía aprehendió a las 13 personas que presuntamente manejaban la empresa denominada SEGMEX, que operaba en Tlaquepaque, Puerto Vallarta y otras localidades, y era usada como fachada de una firma criminal para la contratación de hombres a los que ofrecía 3 mil pesos mensuales, con la posibilidad de aumentarles ese ingreso.

En esa misma acción, dijo, se logró el rescate de una persona que cayó en las redes de la “compañía” y se negó a realizar las tareas encomendadas. Al pedirle que atendiera asuntos de distribución y venta de droga, el hombre se resistió, por lo que sus “jefes” lo secuestraron y exigieron a sus familiares un millón de pesos por su liberación.

Almaguer aclaró que SEGMEX se anunciaba a través de mensajes publicitarios que se distribuían en la calle. Según los testimonios obtenidos por la FGE, a los interesados los llevaban a un predio localizado en el interior del estado para entrenarlos en el uso de armas de fuego hasta por un periodo de 10 días, antes de ser integrados a alguna de las células del CJNG.


Entre los detenidos se encuentran: Héctor Domínguez, Lorenzo Gaytán, José Gómez, Orlando Núñez, Alonso Hernández, Miguel Robles, Leonardo Domínguez, Yesica Rivera y Maura Moreno, así como Johana Mary Hernández, una mujer de origen estadunidense que radicaba en Puerto Vallarta y a quien se señaló como la responsable de llevar a cabo las acciones de reclutamiento del personal “contratado” por SEGMEX.

En el anuncio que servía de gancho para enrolar a nuevos integrantes del CJNG, SEGMEX se promocionaba como una empresa líder en seguridad privada y ofrecía empleo de custodios para personas interesadas en el puesto, “con o sin experiencia”.

De acuerdo con el fiscal, los detenidos quedaron a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, (SEIDO) para deslindar responsabilidades.



Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/432921/desmantela-fiscalia-jalisco-empresa-fantasma-reclutaba-a-sicarios-al-servicio-del-cjng

Un muerto en choque entre marinos y pistoleros en Cd. Victoria

Ciudad Victoria, Tamps. Un enfrentamiento entre civiles armados y marinos con saldo de un pistolero muerto en las inmediaciones del aeropuerto internacional "General Francisco Javier Mina" de esta ciudad activó el protocolo de seguridad de la central aérea. Algunos delincuentes huyeron entre los matorrales del aeródromo.
Personal de la Secretaría de Marina Armada de México que participó en la refriega, confirmó que la mañana de este miércoles antes de las 10 horas, se suscitó una persecución a civiles armados en las avenidas Camino Viejo al Arenal, la Avenida Yucatán y la calle G. Díaz del sector Asunción Ávalos de Ciudad Madero, a unos metros del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 12 (Cbta 12) y el área poniente de la base aérea.
"Dando seguimiento a lo acontecido a la altura de la avenida Monterrey, tuvimos unos dos heridos", informó personal del Grupo de Coordinación Tamaulipas en la zona costa.
En redes sociales y algunos vecinos, reportaron detonaciones de arma de fuego, feligreses que participaron en la ceremonia matutina de la iglesia Nuestra Señora de la Paz tuvieron que resguardarse.
Mientras el helicóptero de la Semar, sobrevoló la zona de la batalla y del mismo aeropuerto; en las calles de la colonia  se pudieron apreciar entrechocadas algunas unidades que participaron como Chevrolet Cruze color azul, una camioneta Ranger roja, una Jeep Liberty azul, un Chysler PT Cruiser guinda, un Volkswagen Clásico negro.
Por la avenida Yucatán permanecía con las puertas abiertas un auto compacto tipo Aveo color rojo con una persona en su interior.
Los marinos situaron al menos un perímetro de 600 metros a la redonda mientras gendarmes, soldados de la Defensa Nacional y marinos, ingresaron a los terrenos del aeropuerto para buscar a los forajidos y personal de seguridad privada a cargo de la central aérea reforzó el protocolo.
Extraoficialmente trascendió que al interior del aeropuerto internacional de Tampico, capturaron a cuatro presuntos delincuentes.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas no emitió de inmediato información oficial.

Fuente: La Jornada
Autor: Redacción
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/09/alertan-en-aeropuerto-de-tamaulipas-por-tiroteo-5407.html

Detienen en Ecatepec a presunto líder de banda de secuestradores

Ciudad de MéxicoElementos de la Policía Federal detuvieron en el municipio de Ecatepec, a un hombre identificado como presunto líder de una banda de secuestradores que operaba en el Estados de México y la Ciudad de México, y que está relacionado con más de cuatro plagios.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) dio a conocer que esta detención está relacionada con la aprehensión de seis presuntos secuestradores detenidos en febrero pasado.
“Mediante trabajos de inteligencia, policías federales habían identificado el modo de operar del grupo delincuencial, que consistía en hacerse pasar por policías para interceptar a las víctimas cerca de su domicilio o centro de trabajo.
“Posteriormente las mantenían en cautiverio y exigían a sus familiares fuertes cantidades de dinero a cambio de su liberación. Ello condujo, en febrero de este año, a la captura de los primeros seis presuntos integrantes de la banda de secuestradores, en dos operativos realizados en las delegaciones Álvaro Obregón y Venustiano Carranza de la Ciudad de México.
“Con la información obtenida durante las pesquisas derivadas de esa detención, los policías federales consolidaron los primeros datos sobre el presunto jefe, lo que permitió establecer su ubicación en el Estado de México”.
El detenido, del cual no se dio a conocer su identidad, fue “identificado en las indagatorias como el presunto encargado de coordinar la logística de los secuestros, así como de realizar las llamadas de negociación con los familiares de las víctimas”, indicó la CNS.
Al momento de su detención le fueron asegurados 100 envoltorios con cocaína, una bolsa de plástico con mariguana, dos prendas de equipo táctico policial, un vehículo y siete equipos de telefonía móvil.

Fuente: La Jornada
Autor: Gustavo Castillo
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/09/detienen-en-ecatepec-a-presunto-lider-de-banda-de-secuestradores-2069.html

Descarrilan dos vagones del Metro en estación Politécnico

Ciudad de México. Una falla en el aparato de cambio de vía provocó que se descarrilaran los dos últimos vagones de un tren del Metro que llegaba a la estación Politécnico, de la línea 5, informó el Sistema de Transporte Colectivo.
De inmediato el conductor accionó la apertura de puertas para que salieran los usuarios sin peligro, mientras se daba aviso al personal técnico, indicó la empresa.
Policías asignados a la estación evacuaron el tren y se suspendió el servicio desde las 13:45 horas, a la espera de una grúa para colocar nuevamente los vagones en la vía y llevarlo a talleres para su revisión.
Tal situación generó molestia entre los usuarios, quienes tuvieron que abordar el servicio en la estación Instituto del Petróleo.
“En Politécnico se tuvo falla en aparato de cambio de vía, vagones 8 y 9 de tren quedaron entre vías, no hay daños ni lesionados”, informó el Metro en su cuenta de Twitter @MetroCDMX.
Se informó que los trabajos para retirar los vagones tardarían alrededor de dos horas más.
Desde el momento del incidente la estación Politécnico fue cerrada.




Fuente: La Jornada
Autora: Laura Gómez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/09/descarrilan-dos-vagones-del-metro-en-estacion-politecnico-183.html

Pemex coloca bonos por 2 mil 250 mde

Pemex colocó el miércoles bonos en dos tramos por un total de 2 mil 250 millones de euros, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Pemex vendió deuda a tres años por mil 350 millones de euros con un rendimiento de 3.808 por ciento, o tasa midsawp más 395 puntos básicos. El retorno fue menor a la guía inicial del área de midswap más 415 puntos básicos, según IFR.

La compañía además colocó 900 millones de euros en deuda a siete años con un retorno de un 5.213 por ciento, o tasa midswap más 495 puntos básicos, lo que resultó también menor a la guía inicial del área de midswap más 515 puntos básicos.


Las calificaciones de crédito de la compañía son Baa1/BBB+/BBB+.

FUENTE: LA JORNADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/09/pemex-coloca-bonos-por-2-mil-250-mde-3638.html

Reportan la peor caída de fondos de pensiones en 14 meses

Ciudad de México. En febrero pasado los recursos acumulados en los fondos de pensiones para los trabajadores mexicanos registraron una pérdida de 14 mil 917 millones de pesos, la segunda más alta de los últimos 14 meses.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dio a conocer su Actualización Mensual de Recursos y Rendimientos del SAR al cierre de febrero de 2016, donde informó que el saldo acumulado se ubicó en 2 billones 556 mil 486 millones de pesos, cifra que contrasta con los 2 billones 571 mil 403 millones que había registrados en enero de este mismo año.

Las llamadas minusvalías de los fondos de pensiones de México derivan, particularmente, de la volatilidad de los mercados financieros, tanto en el país como en el extranjero. Apenas esta semana expertos del grupo financiero Santander México advirtieron: “...este año va a estar caracterizado por una elevada volatilidad debido al gran número de factores de riesgo que seguirán presentes durante los próximos meses. Debido a lo anterior seguimos pensando que es recomendable aprovechar el reciente fortalecimiento del mercado accionario mexicano para reducir la exposición en renta variable”.

Debido precisamente a la volatilidad financiera, en 2015 los fondos de pensiones registraron cinco bajas con las que se acumularon pérdidas por 56 mil 388 millones de pesos, aunque fueron compensadas con una mayor acumulación derivada de las aportaciones de los trabajadores mexicanos. De considerarse la pérdida registrada en febrero pasado, las minusvalías suman 71 mil 305 millones de pesos desde la registrada en marzo del año pasado.


Este miércoles la Consar informó: “al cierre de febrero de 2016, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) acumula recursos por 2 billones 556 mil 486 millones de pesos. Esta cifra ya descuenta los flujos de retiros correspondientes al mismo mes, que ascendieron a 4 mil 894.67 millones de pesos. El rendimiento del sistema durante el periodo 1997-2016 (febrero) fue de 11.83 por ciento nominal anual promedio y 5.75 por ciento real anual (una vez descontado el impacto de la inflación) promedio”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/09/reportan-la-peor-caida-de-fondos-de-pensiones-en-14-meses-5469.html

Costará más de 400 millones de pesos la elección de Asamblea Constituyente en CM

El INE y Hacienda estudian la manera de canalizar los más de 400 millones de pesos para la organización de la elección, pues en el presupuesto de este año no estaban contemplados.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, manifestó que hasta ahora se calcula que los gastos para la elección de integrantes de la Asamblea Constituyente podrían rebasar los 400 millones de pesos.

Asimismo informó que los partidos políticos o candidatos independientes que rebasen los topes de gastos de campaña podrían ser objeto de la cancelación de su eventual triunfo.

Abordado en la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), luego de participar en el Foro “Proceso electoral del 5 de junio, Asamblea Constituyente”, explicó que el dinero necesario para dichos comicios no estaba presupuestado.

Córdova Vianello recordó que la reforma constitucional que dio origen a la Ciudad de México y a la necesidad de tener un constituyente, apenas se consolidó a principios de este año.

Por ello, están en pláticas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recibir las partidas correspondientes, aunque como el proceso para elegir a los constituyentes ya está en marcha, el instituto a su cargo está usando otras partidas que tenía contempladas para el siguiente semestre del año.

Ahora están a la espera de que Hacienda otorgue la partida presupuestal para esta elección, toda vez que el INE tendrá que reponer los gastos extraordinarios provenientes de otras partidas, que ya estaban aprobadas por el Congreso de la Unión.

“Las partidas que estaban aprobadas por la Cámara de Diputados corresponden a proyectos y programas específicos ya determinados, pero como no se pueden detener hasta que tengan la ampliación presupuestaria, se están haciendo adecuaciones que en su momento tendrán que reponerse”, recalcó.

La estimación de los montos todavía no están totalmente afinados, pues la colaboración que sostienen con el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) generaría algunos ahorros, aunque el monto de prerrogativas de los partidos políticos es de 115 millones de pesos.

Insistió que de cualquier manera buscarán hacer un ajuste a la baja para que estos comicios extraordinarios sean lo más austeros posibles, sin menoscabo de su calidad.

En cuanto a los gastos de campaña, el consejero presidente subrayó que estos topes no solo son un referente de gastos, sino montos cuyo rebase debe ser castigado.

De tratarse de un candidato independiente, se le sancionaría con la cancelación de su triunfo, y en el caso de las listas plurinominales de los 60 candidatos de los partidos políticos, la pena sería proporcional al rebase de gastos que se incurra.

Lorenzo Córdova aclaró que esto todavía está a revisión y espera que sea aprobado por el Consejo General del INE en próximos días, ya que por la premura de la convocatoria no se contempló esta situación.


El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral comentó que los topes de gastos de campaña son de aproximadamente 21 millones de pesos para los partidos y tres millones para los independientes.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0903/mexico/costara-mas-de-400-millones-de-pesos-la-eleccion-de-asamblea-constituyente-en-cm/

Inflación en México alcanza 2.87% anual en febrero: Inegi

CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.44% en febrero pasado, con lo que su tasa anual se ubicó en 2.87%, la más alta desde junio de 2015.

En ese mes del año pasado la inflación anual también se colocó en 2.87%, aunque en mayo la tasa fue de 2.88%.

No obstante, la cifra de febrero de este año es mayor al 2.61% de enero y superior al 2.13% con el que cerró la inflación en 2015, con lo que se ubica dentro del objetivo del Banco de México, es decir, 3% más/menos un punto porcentual.


De acuerdo con el Inegi, los productos que tuvieron la mayor alza en su precio son: chile serrano (41.03%), chayote (37.52%) y otros chiles frescos (20.44%). En contraste, el tomate verde (-19.63%), jitomate (-18.13%) y pepino (13.97%) fueron los productos con el precio más bajó durante febrero.

Sobre el índice de precios subyacente, presentó un aumento mensual de 0.36% y una tasa anual de 2.66%, y el índice de precios no subyacente avanzó 0.68% mensual y 3.49% anual.

El pasado jueves 3, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, reconoció que la volatilidad del tipo de cambio sigue siendo un factor de riesgo para el aumento generalizado en los precios de bienes y servicios.

Destacó que en enero de este año la inflación general anual tuvo un repunte asociado, principalmente, “a efectos aritméticos previstos derivados de las bajas en los precios de los servicios de telefonía que tuvieron lugar en enero de 2015 y a un aumento transitorio en los precios de algunas hortalizas”.


En la primera quincena de febrero, explicó, la tasa de inflación se situó en 2.94% anual, “debido al aumento adicional que mostró la inflación no subyacente, en particular el subíndice de frutas y verduras”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432902/inflacion-en-mexico-alcanza-2-87-anual-en-febrero-inegi

CDMX debe “llevar mano” en destino del AICM, revira Chertorivski

CIUDAD DE MÉXICO: El secretario de Desarrollo Económico capitalino, Salomón Chertorivski difirió con el gobierno federal respecto de qui9én debe decidir el destino de los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) una vez que deje de operar.

Señaló que no hay duda de que los terrenos son propiedad federal pero una vez que el aeropuerto deje de operar, la administración local debe “llevar mano” respecto del plan urbanístico que se realizará.

“No tenemos duda que la propiedad es federal. Sin embargo, una vez que deja el uso aeroportuario en ese momento se decida que se quiere hacer cualquier cambio, ese tiene que pasar por la reglamentación urbanística de la ciudad y es ahí, en el planteamiento urbano, en lo que debe suceder en toda esa zona, en donde la Ciudad de México lleva mano”, afirmó en entrevista con Radio Fórmula.


La preeminencia sobre lo que se puede hacer o no en esos terrenos, recalcó, la lleva la Ciudad de México.

“Y no tenemos duda, pero no solo no tenemos duda y no lo decimos nada más, presentamos un estudio con toda la seriedad y con toda la profundidad en donde esta postura jurídica está respaldada, si existiera una visión encontrada por supuesto que estaremos a la espera de recibirla con la misma seriedad que nosotros presentamos la nuestra”, reviró el funcionario ante las declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

El martes pasado, el funcionario aseguró que será el gobierno federal el que determine el destino del espacio que actualmente ocupa el AICM cuando opere la nueva terminal en Texcoco.

La decisión, matizó el funcionario, “será tomada en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y se buscará que sea en beneficio de la sociedad”, afirmó.

Sin embargo, Chertorivski, insistió en que el gobierno capitalino debe “llevar mano” en la decisión y criticó que se diga que hay mucho tiempo para decidir el destino de los terrenos.

En su opinión, sí hay prisa para saber qué proyecto se pondrá en marcha y aunque falta tiempo para que deje de operar el AICM es necesario trabajar desde hoy para que no haya consecuencias para los capitalinos.

“¿Cuánto es mucho tiempo para poder planear bien? creo que muchas veces nuestros errores vienen de que intentamos planear al cuarto para las doce, cuando ya no es planeación, sino tratar de reaccionar a la coyuntura. (…)


“De entrada, 2020 que está a cuatro años y medio, tenemos que pensar qué va a pasar con el agua, con las inundaciones, con la gente que hoy vive, de alguna manera, o mal vive, pero subsiste de la economía que genera el aeropuerto en las colonias de alrededor, esa es una visión que tenemos que ir trabajando desde hoy”, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432903/cdmx-debe-llevar-mano-en-destino-del-aicm-revira-chertorivski

Dan 22 años de prisión a exalcaldesa de Huetamo por homicidio

CIUDAD DE MÉXICO: La exalcaldesa priista de Huetamo, Michoacán, Dalia Santana Pineda, fue sentenciada a 22 años de prisión por homicidio calificado de Antonio Granados Gómez.


María Elena Carrillo, titular del Juzgado Quinto de lo Penal en Morelia, determinó la plena responsabilidad jurídico-penal de Santana Pineda al resolver el expediente 336/2014 por el delito de homicidio calificado.

En el punto tercero de la sentencia, se establece la pena de 22 años de cárcel a la exalcaldesa priista y el pago de la reparación del daño, sin derecho a libertad bajo fianza.


Santana Pineda, quien fue detenida en el 2014, acusada de haber participado en el asesinato de su compadre Antonio Granados Gómez, el 9 de abril de 2009, tiene un plazo de cinco días para apelar la resolución de la juez.

De acuerdo con la investigación, Granados Gómez fue citado con engaños en un restaurante y se sentó a desayunar con un hombre, quien minutos después le disparó.

A Santana también se le acusó del delito de extorsión y de tener vínculos con Servando Gómez, La Tuta, exlíder de Los Caballeros Templarios.

La exedil extorsionaba a sus empleados y una parte de los recursos iban a parar a manos de La Tuta, según denunció en agosto pasado José Martín Godoy Castro, titular de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad (PGJ).


Según el funcionario la exalcaldesa pedía a sus subordinados 20% de su sueldo y también realizaba cobros a comerciantes de Huetamo para dárselos al líder templario actualmente preso en el penal del Altiplano. Santana Pineda fue electa por el periodo 2012-2015 en ese municipio pero fue detenida el 14 de agosto de 2014.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432892/dan-22-anos-prision-a-exalcaldesa-huetamo-homicidio

Alerta de género en el país salvaría a siete mujeres y niñas cada día

CIUDAD DE MÉXICO: Cada día, siete mujeres y niñas son asesinadas en México, sin embargo, todos esos crímenes podrían ser evitables si los gobiernos federal y estatales aceptaran activar la Alerta de Violencia de Género (AVG), un mecanismo de emergencia creado hace nueve años para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, pero que se ha vuelto inoperante por el estire y afloja de los políticos.


Y es que el laberíntico y tortuoso camino para lograr que la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) activen la AVG, deriva en el recrudecimiento de la violencia feminicida, que según datos oficiales pasó de cuatro a siete mujeres asesinadas cada día en tan sólo una década.

Concebida desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (promulgada en 2007) como un conjunto de acciones gubernamentales de urgencia para salvar la vida de las mujeres, la alerta prevé que una vez activada, los gobiernos estatales implementen acciones preventivas, de seguridad y justicia, y asignen los recursos necesarios.


Para salvar la vida de las mexicanas, desde 2010 en 15 estados del país, activistas solicitaron la activación de la AVG, pero hasta ahora –seis años después– sólo se ha logrado en tres entidades y en algunos municipios.

En 2009, el Centro Las Libres de Guanajuato hizo una petición de AVG pero no por feminicidio, sino por “agravio comparado” (cuando una legislación atenta contra los Derechos Humanos de las mujeres), luego de que en esa entidad se aprobó una reforma a la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, lo que –a decir de la organización– agraviaba los derechos reproductivos de las guanajuatenses.

Los primeros intentos para implementar la AVG sacaron a flote las trabas burocráticas. En su momento, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador jurídico del Inmujeres, reconoció que el trámite para decretar la alerta –por medio de la votación de 32 instancias estatales de la Mujer y nueve secretarías de Estado, entre otras instancias federales– era “burocrático, partidista y con la intervención de los gobiernos”.

La justificación oficial sobre la falta de reglas claras para aplicar la AVG desató un cabildeo que duró dos años para reformar el Reglamento de la Ley General, y modificar el procedimiento, así como los plazos de la declaratoria, supuestamente con el fin de hacerla efectiva.

La realidad es que hoy sólo se ha implementado en 27 municipios de tres estados: en 11 de un de un total de 125 municipios mexiquenses; en ocho de 33 en Morelos, y en ocho de 125 municipios de Jalisco, bajo el argumento de la “focalización del feminicidio”.

Obstáculos

Lograr la declaración de la AVG no ha sido un proceso fácil. Desde la primera petición de Las Libres en 2009, la tarea titánica ha sido derribar obstáculos.

Antes de las reformas de 2013 al Reglamento de la Ley General, el primer procedimiento exigía que cada petición se sometiera a votación. Así, con la negativa de las instancias de gobierno no se declaró la alerta en ninguna entidad.

Con la modificación de ese año, ahora las reglas dicen que los grupos civiles que pidan la AVG deben señalar la presunción de violencia, o una ley o norma que provoque desigualdad o discriminación hacia las mujeres, y es tarea de las instituciones crear grupos de personas de la Academia y funcionarias que verifiquen la denuncia, y determinar si procede la petición.

Pese a contar con estudios nacionales e internacionales –retomados y divulgados por las organizaciones ciudadanas–, las autoridades insisten en comprobar los datos aun cuando ellas mismas han documentado la violencia feminicida.

Un ejemplo es el estudio “Feminicidio en México, aproximación, tendencias y cambios 1985-2009”, realizado por el Inmujeres, ONU-Mujeres y la Cámara de Diputados, el cual reveló que entre 1985 y 2009 fueron asesinadas 34 mil 176 mujeres en todo el país.

Ese dato, obtenido de información oficial, arroja que en 24 años, cada día –en promedio– fueron asesinadas cinco mujeres, la mayoría de manera brutal y sin que los crímenes fueran castigados.

Una evidencia más del incremento de asesinatos se documentó en 2006 cuando la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados publicó el estudio “Violencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana”, que determinó que en 2004 fueron asesinadas mil 205 mujeres.

La conclusión fue contundente: “En México hay feminicidio. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia”.

Y la violencia extrema contra las mujeres va en aumento: si bien para 2004 se asesinaba a cuatro mujeres al día; para 2014 la cifra llegó a siete casos de feminicidio cada 24 horas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Al transcurrir de los años, ese conjunto de acciones diseñadas para actuar de inmediato ante una contingencia feminicida sólo se ha aplicado en tres entidades. En todas, la AVG se activó por presiones ciudadanas y políticas, más que por el interés de los gobernantes para salvar la vida de mujeres y niñas, señalaron las organizaciones civiles.

Así, la declaratoria de alerta en el Estado de México se dio tras un largo proceso judicial de cinco años, tiempo en el que pasó a último término la protección de la vida de las mexiquenses con tal de no afectar al entonces gobernador Enrique Peña Nieto, quien ya aspiraba a la Presidencia de la República.

En el caso de Morelos, la activación respondió al desinterés del propio gobierno local y de su Instituto de las Mujeres, que incluso aseguraron que ya habían realizado acciones a favor de las morelenses cuando en realidad no tenían avances, lo que orilló a que la Segob, Conavim y el Inmujeres dieran paso a la AVG.

Jalisco, por otra parte, fue un caso singular, pues antes de que el movimiento feminista denunciara el feminicidio en la entidad ante las instancias federales, fue el propio Ejecutivo estatal el que optó por mostrar (aunque aún sin resultados) “un compromiso” por los derechos de las mujeres.

Estado de México

En cinco años, de 2005 a 2010 –con Peña Nieto en la gubernatura–, los homicidios dolosos de mujeres sumaron 922 en la entidad. Las agrupaciones civiles contaron entonces que los cuerpos eran abandonados en la vía pública, que las mujeres eran apuñaladas, asfixiadas, quemadas o que presentaban huellas de golpes y hasta de torturas. Estas historias –como sigue ocurriendo hoy– no llegaron a los tribunales de justicia.

Con ese panorama, en 2010 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) demandaron la AVG en la entidad.

Pero la solicitud fue negada y funcionarios estatales, como la ahora presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, y el entonces procurador Alfredo Castillo Cervantes, dieron todo tipo de argumentos, desde que “era un golpe político” para Peña Nieto, que “no eran tantos crímenes” si se tomaba en cuenta el total de la población mexiquense, hasta que allí no mataban a las mujeres, “sólo arrojaban sus cadáveres”.

Las activistas recurrieron a un amparo para insistir en la activación de la AVG, y lograron que un juzgado federal ordenara la investigación solicitada. La orden judicial fue impugnada por las autoridades, pero el 28 de abril de 2014 se admitió la solicitud y se anunció el inicio de una indagación por parte de un grupo conformado sólo por funcionarios y sin la presencia de académicas.

En julio de ese año, el gobernador Eruviel Ávila Villegas decidió solicitar la declaratoria para mostrar el “compromiso” de su gestión con la vida de las mujeres, pero fue hasta un año después –el 28 de julio de 2015– cuando la AVG se decretó oficialmente en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

Entre las obligaciones del gobierno local están definir una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública; garantizar las órdenes de protección, la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas; elaborar protocolos de búsqueda e investigación; y recuperar espacios públicos.

Las recomendaciones son similares a las propuestas presentadas por los grupos de trabajo en el resto de las entidades donde aún no hay alerta. En todos los estados, personal académico y funcionarios coinciden en recomendar acciones que ya deberían ser realidad, pues están estipuladas desde 2007 en la Ley General, como crear o alimentar un banco de datos sobre violencia de género.

Morelos

Entre el año 2000 y junio de 2013, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) registró 530 casos de feminicidio en esa entidad, e incluso informó que las víctimas estuvieron en cautiverio, quedaron aisladas y desprotegidas, fueron agredidas y violentadas hasta la muerte, y que algunos de sus cuerpos fueron maltratados aun después de haber sido ultimadas.

Ante la evidencia, con los números, gráficas y nombres de algunas de las víctimas, el 27 de mayo de 2014 la CIDHM presentó ante el Inmujeres la solicitud para declarar una alerta.

En junio de ese año se conformó el Grupo de Trabajo y aunque las 4 personas de la Academia se eligen por convocatoria, a nivel local nadie se postuló y la Conavim designó a dos investigadores del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El 28 de agosto de 2014, el grupo entregó su análisis y recomendaciones, similares a las del Edomex, mismas que fueron aceptadas por el gobernador Graco Ramírez.

Meses después, el 23 de marzo de 2015, en el plazo para responder sobre el cumplimiento, el mandatario estatal entregó un informe en el que aseguraba que había realizado todas las recomendaciones.

Pero de la valoración del informe del gobierno de Morelos, tanto la Academia como personas funcionarias federales consideraron que no se habían tomado en cuenta todas las recomendaciones, así que el 10 de agosto de 2015 la Conavim decretó la AVG en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Yautepec y Puente de Ixtla.

En este caso, donde el gobernador presumió que había cumplido, las autoridades federales decretaron la alerta y pidieron que la divulgara, lo cual no ha hecho; además de implementar una estrategia para la recuperación de espacios públicos; tramitar órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; así como integrar un banco de datos de violencia, entre otras que por ley ya deberían existir.

Al cumplirse seis meses de la AVG para los ocho municipios, Juliana Quintanilla, coordinadora de la CIDHM, afirmó que faltan medidas de emergencia, como acciones de coordinación entre las secretarías y las investigaciones para encontrar y castigar a los culpables de feminicidio.

Jalisco

La entidad fue un caso particular porque antes de que el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) solicitara la activación de la AVG, en agosto de 2015 el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz decidió pedirla al Instituto Jalisciense de las Mujeres.

En ese estado el gobernador puede solicitar la activación porque la ley local lo faculta para ello. Una vez que dio la indicación al instituto, al igual que a nivel federal, se formó un grupo de trabajo para investigar la situación e integrar recomendaciones que le serían entregadas.

Una vez con las recomendaciones, el pasado 7 de febrero fue el mismo Sandoval Díaz quien anunció que se activaba el mecanismo en ocho municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca. El mandatario local declaró que las acciones deberían permear en el resto del territorio estatal.

En opinión de Alejandra Cartagena López, integrante de Cladem, si bien el Ejecutivo jalisciense se adelantó, en realidad los grupos civiles ya llevaban tiempo tratando de visibilizar esta problemática, y por tanto la activación de la AVG no fue un “regalo”, sino una acción necesaria que no se podía postergar. Por ahora, el gobierno estatal está en la ruta de implementar las acciones.

Recomendaciones

En las tres entidades donde se ha decretado la alerta, así como en las otras 12, los grupos de trabajo han realizado recomendaciones similares que incluso deberían de ser parte de la política para erradicar la violencia de género, ya que están en las leyes federales y son parte de señalamientos de mecanismos internacionales.

Por ejemplo una de las recomendaciones es integrar un banco de información, cuando la Ley General desde 2007 establece la obligación de publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia de género, para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Otra recomendación es garantizar que se otorguen órdenes de protección a las víctimas de violencia, tema que también está en la Ley General, que dice que éstas son medidas de protección y de urgente aplicación, que pueden ser desde entregarle a una mujer sus documentos de identidad hasta sacarla de su domicilio para evitar violencia de su agresor.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en su sentencia de 2009 contra el Estado mexicano que México fue responsable por no proteger la vida de ocho mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, ni garantizarles justicia. En este fallo el organismo hizo recomendaciones que las autoridades ya debieron haber implementado.

Entre estas medidas de reparación están: un plan de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas; actualizar bases de datos de estas personas; estandarizar protocolos de investigación, ministeriales y periciales para combatir la violencia de género; y capacitar con visión de género a funcionarios, recomendaciones que también ahora se hacen en las entidades con solicitud de AVG.

Mientras en tres entidades se activó la alerta y en otras 12 se investiga la presunción de violencia feminicida, continúa el letargo de las instituciones, y a las mujeres y niñas las siguen asesinando.


En Puebla, por ejemplo, se registraron cuatros crímenes del 15 al 21 de febrero de este año, y en Oaxaca ya van 20 casos de feminicidio en 2016, por lo que organizaciones civiles plantean solicitar la AVG en estos estados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432796/alerta-genero-en-pais-salvaria-a-siete-mujeres-ninas-dia