Contrata el Gobierno federal a operador del Cártel de Juárez

Cuatro cajas repletas con 37 mil billetes de 20 dólares fueron depositadas en una camioneta Ford Ecosport negra estacionada cerca del cruce de avenida Universidad y el Eje 5 Sur.

Los fajos de billetes, que pesaban más de 30 kilos, sumaban una fortuna: 740 mil 40 dólares, pero eran apenas una porción de las millonarias transacciones que el tripulante de la camioneta Ecosport supuestamente manejaba a través de sus casas de cambio, como parte de una sofisticada red de lavado de dinero del Cártel de Juárez.

Una a una, las cajas de cartón fueron bajadas de un auto Seat Ibiza, color gris, propiedad deJuan Ignacio Izquierdo Sánchez, identificado por las autoridades de justicia como el responsable de la logística de recepción y traslado de dólares entre México y Colombia.

Según la versión oficial, una vez que todas las cajas con los fajos de dólares fueron colocadas en la camioneta, aparecieron en escena policías federales que rastreaban la transacción, realizada en plena vía pública, sobre la transitada avenida Eugenia (el Eje 5 Sur) de la colonia Narvarte, en la ciudad de México.

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que el conductor de la camioneta,Rodolfo David Dávila Córdova, confesó que el dinero que llevaba pertenecía a la organización de los hermanos Carrillo Fuentes, y que se dedicaba a lavar los dólares a través de transferencias electrónicas que realizaba a distintos países, por medio de sus casas de cambio.

La Fiscalía identificó al detenido como el contacto con los proveedores de droga de Colombia, y responsable de las negociaciones comerciales y financieras del Cártel de Juárez.

Los dos supuestos operadores del Cártel fueron encarcelados en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en donde fueron sentenciados por el juez Cuarto de Distrito por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta detención ocurrió hace una década, el miércoles 26 de octubre de 2005, pero cobra actualidad, porque uno de los señalados por la PGR como operador del narcotráfico se ha convertido en contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto, en su programa social estelar: la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Los recursos por más de 396 millones de pesos (unos 25 millones de dólares, al tipo de cambio de 2013) se entregaron a empresas inexistentes y por servicios que nunca se realizaron. La trama incluyó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y un ex dirigente del partido Nueva Alianza que ahora es funcionario de ese centro académico.

Junto con las cajas repletas de dólares, los agentes investigadores reportaron el hallazgo en la camioneta Ecosport de documentos que permitieron identificar la estructura de mando y zonas de operación del Cártel de Juárez.

La documentación sirvió, además, para localizar 16 días después a Ricardo García Urquiza, “El Doctor”, quien había asumido el mando de la organización delictiva, tras la ejecución, en 2004, de Rodolfo Carrillo Fuentes, en Culiacán. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la captura del capo se realizó cerca del centro comercial Perisur, cuando acudió a una cita con un contacto que le enviaría un cargamento de cocaína desde Colombia.

Cuando fue capturado, El Doctor llevaba consigo una pistola con cacha dorada con incrustaciones de diamantes y con el símbolo característico del Yin Yang de la medicina china. Pero el más importante hallazgo, derivado de su detención, fue la documentación que evidenciaba la estructura empresarial que había logrado crear para la operación del Cártel de Juárez.

Un ejemplo: las autoridades reportaron la localización de 51 cuentas en Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC a través de las cuales se pagaba la nómina de trabajadores y traficantes.

En su domicilio, ubicado en la colonia Insurgentes Cuicuilco, al capo le decomisaron una hoja con las claves que utilizaba para ocultar sus operaciones ilícitas. Usaba nombres de hombre y de mujer para indicar el día del mes y la hora de la entrega de las drogas. “Vamos a ver a Teresa en la casa de Pedro” significaba que el desembarco sería el día cinco a las ocho de la noche.

A una de sus cómplices, a quien apodaban ‘La contadora’, le encontraron dos millones 886 mil dólares en fajos de billetes de 20, forrados en plástico, que se presume estaban listos para ser enviados a Colombia para pagar cargamentos de droga. Pero además, hallaron en su casa los registros contables que revelaban los gastos, costos de droga y comisiones que pagaban a traficantes y a autoridades ligadas a esta organización criminal.

La documentación decomisada revelaba el tamaño de las operaciones del capo: compraba al mes cinco toneladas de cocaína, lo que lo convertía –según la PGR- en el principal mayorista de droga que operaba en aquellos días en México, y responsable de entre el 15% y el 20% de los envíos de cocaína a Estados Unidos. Las operaciones las estimaba el gobierno entre 660 millones y mil millones de dólares al año.

Rodolfo David Dávila Córdova tenía un apodo que lo describía a la perfección: ‘El Cónsul’. Lo llamaban así, porque el presunto intermediario del Cártel de Juárez tenía contactos con autoridades federales.

De 1988 a 1990, El Cónsul había trabajado para el Banco de México como Subgerente de Cambios Nacionales. Entre sus tareas estaba el fijar la política de compra-venta de divisas, además de vigilar las transacciones realizadas en los mercados cambiarios. Luego trabajó como Subdirector de inmuebles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).Permaneció en el gobierno federal hasta 2003.

Según el proceso que se siguió en su contra, Dávila Córdova fue reclutado por el Cártel de Juárez para ejecutar operaciones de lavado de dinero, a través del centro cambiario ‘Envíos del Ahorro’, en el que era socio con el 32% de las acciones.

De acuerdo con la acusación de las autoridades, las sucursales instaladas en Illinois y en Texas, servían para enviar las ganancias que se obtenían del tráfico de drogas a la casa matriz de ‘Envíos del Ahorro’ ubicada en Michoacán. Las transacciones aparentaban ser remesas de paisanos residentes en Chicago o en McAllen.

“Este señor (Rodolfo David Dávila Córdova) era el que manejaba físicamente los pagos, los cobros de dinero y traficaba con los fondos por medio de las casas de cambio”, aseguró ennoviembre de 2005 el entonces titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca.

Además de Envíos del Ahorro, el ex directivo del Banco de México fue ligado por las autoridades de justicia con la Casa de Cambio Intercontinental (que luego cambió su nombre a Ribadeo), que también estuvo involucrada con el blanqueo de capitales.

Ocho años después de haber sido encarcelado, acusado de ser el intermediario financiero de cárteles de la droga de México y Colombia, El Cónsul se incorporó como contratista de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

En dos transacciones realizadas entre octubre y diciembre de 2013, dos empresas en las que Rodolfo David Dávila Córdova aparece como socio y apoderado legal recibieron más de 396 millones de pesos (equivalentes a 25 millones de dólares, conforme al tipo de cambio de ese momento) del programa federal.

Las empresas se denominan Grupo Comercializador Cónclave SA de CV y Prodasa SA de CV.

En una licitación por 207 millones 779 mil pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, aparece la firma del presunto operador del narcotráfico como representante legal de Cónclave.

Su hermano firmó como apoderado de Prodasa SA de CV, en un segundo contrato también con fondos federales por 188 millones 662 mil pesos.

En el acta constitutiva de Prodasa, El Cónsul aparece como socio mayoritario, con el 70% de las acciones.

En conjunto, los dos contratos otorgados a empresas ligadas a David Dávila Córdova sumaron 396 millones de pesos. Gran parte de esos fondos fueron transferidos a una red de empresas vinculadas, en operaciones simuladas.

Tanto Cónclave como Prodasa son empresas ‘fantasma’, que cobraron por servicios que nunca realizaron. Los domicilios fiscales que aparecen en las facturas corresponden en realidad a consultorios médicos y a despachos de abogados.

Durante la investigación se buscó a Rodolfo David Dávila Córdova en los domicilios que aportó en las facturas, pero nunca fue localizado.

El pasado 15 de abril de 2015, un agente del SAT llegó al penal de Almoloya de Juárez, en busca de El Cónsul. Iba con un requerimiento para hacer efectivo el cobro de una multa impuesta cinco años antes por el juzgado de distrito que lo encontró culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de “custodia dentro del territorio nacional”. Sin embargo, el reo ya no estaba en su celda. Se había ido.

El agente fiscal dejó constancia de su visita de inspección a la cárcel de alta seguridad, en el siguiente acuerdo de notificación que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pegó en sus oficinas:

“Me constituí legalmente en el Centro Federal de Readaptación Social número uno ‘Altiplano’, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde me cercioré de ser el domicilio correcto, cuyas características externas son bardeado perimetral blanco y azul, con varias cabinas de seguridad a la entrada, malla ciclónica alrededor, de unos 15 mil metros cuadrados aproximadamente todo el inmueble, donde ingresé con el propósito de llevar a cabo la diligencia de mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y/o embargo emitido por la Administración Local de Recaudación de Toluca, referente al crédito 608278 de la determinante 3535/10 de fecha 22 de julio de 2010, emitida por el juzgado de distrito”.

Al enviado del SAT lo atendió un empleado del penal, quien tras realizar una búsqueda en las bases de datos de los internos sentenciados, encontró que Rodolfo David Dávila Córdova había salido de la cárcel desde el 26 de octubre de 2010.

Apenas ocho meses antes de ser liberado, la PGR anunció en un comunicado que un juez federal había dictado sentencia contra el presunto operador financiero del Cártel de Juárez.

Días antes de su liberación, Dávila Córdova trabajaba en otro plan B: promovió un amparo junto con Gilberto García Mena, ‘El June’, ante el Juzgado primero de distrito, del segundo circuito del Estado de México, por supuesta tortura y negativa de atención médica, de acuerdo con el expediente 1188/2010.

‘El June’ estaba encarcelado en Alomoloya desde 2001 y enfrentaba una sentencia de 43 años de prisión, por narcotráfico y acopio de armas. La PGR lo señalaba como uno de los principales lugartenientes del Cártel del Golfo.

El 21 de octubre de 2010, Dávila Córdova fue notificado por la actuaría adscrita al juzgado que se había autorizado el abogado solicitado por él y por El June, además de nombrarse a éste último como “representante común” en el juicio de amparo. Sin embargo, ya no fue necesaria la defensa, pues cinco días después El Cónsul dejó la cárcel al cumplir una condena de sólo cinco años de prisión.

El jueves 26 de septiembre de 2013, a las tres de la tarde, el supuesto operador financiero del Cártel de Juárez acudió con Wistano Luis Orozco García, ex dirigente del Partido Nueva Alianza en el Distrito Federal, a quien le entregó un sobre cerrado que contenía su propuesta para integrarse como proveedor de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Así quedó consignado en un acta.

Wistano era una especie de intermediario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Morelos, estado donde reside Rodolfo David Dávila Córdova, El Cónsul.

Tras renunciar a principios de 2013 a la Presidencia de Nueva Alianza en la capital de México, Wistano se incorporó como coordinador de proyectos especiales de la Universidad Autónoma de Morelos. Entre sus tareas estaba buscar proveedores para equipar a los brigadistas de la ruta ‘Sin Hambre’, del programa estelar del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Sedesol comisionó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que se encargara de equipar a los brigadistas de la Cruzada contra el Hambre; el centro de estudios, a su vez, subcontrató a las empresas fantasmas de El Cónsul.

Y uno de los aspirantes que se anotó para convertirse en proveedor de la Sedesol era precisamente El Cónsul, quien aquel 26 de septiembre de 2013 se presentó en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, para formalizar su petición.

Al encuentro, realizado en Avenida Universidad 1001, en Cuernavaca, llegaron los representantes de otras tres empresas, que también buscaban obtener el contrato. De un plumazo, dos de los postulantes fueron eliminados. Sólo quedaron como candidatos Grupo Comercializadora Cónclave (representado por David Dávila Córdova) y su contendiente Bombasa SA de CV.

Al día siguiente, a las dos de la tarde, Wistano Luis Orozco firmó en el sexto piso de torre de rectoría el documento mediante el cual se asignó un contrato por 207 millones 779 mil 715 pesos a Grupo Cónclave. Fue una asignación exprés.

Dos meses después, la historia se repitió con Prodasa SA de CV, empresa en la que ‘El Cónsul’ es socio. El 29 de noviembre de 2013 su hermano acudió a una reunión realizada junto a la Sala de Rectores de la Universidad morelense, y en sobre cerrado entregó su propuesta. A los once días le asignaron un contrato por 188 millones 662 mil 900 pesos.

En suma, las empresas ligadas al hombre acusado por la PGR de lavado de dinero recibieron en dos contratos 396 millones 442 mil 615 pesos de fondos federales de Sedesol, triangulados a través de la Universidad Autónoma de Morelos.

En el transcurso de esta investigación se contactó a Wistano Luis Orozco, quien se abstuvo de declarar.

-¿Hablará algo al respecto de este tema? –se le planteó.

-No, no en absoluto –respondió.

Muchos indicios apuntan a que las licitaciones que favorecieron a las empresas del presunto operador del Cártel de Juárez estuvieron amañadas.

En la licitación LP12/2013 –que se asignó a Grupo Cónclave- se dio sólo un día para adquirir las bases de la convocatoria, lo que provocó que apenas alcanzaran a inscribirse cuatro postores, dos de ellos descalificados casi de inmediato.

Mientras que en la licitación LP20/2013 –que se otorgó a Prodasa- el plazo para inscribirse en este caso fue de 3 días.

Una auditoría del órgano fiscalizador del Congreso de la Unión encontró más irregularidades:

El Grupo Comercializador Cónclave SA de CV es un proveedor ‘fantasma’.

El domicilio fiscal anotado en la factura que emitió a Sedesol, en Avenida Ejército Nacional 475, segundo piso, en la ciudad de México, en realidad corresponde a consultorios médicos.

Mientras que un segundo domicilio que aparece en la cuenta bancaria en la que se hizo el depósito de Sedesol, es un despacho de abogados, no una empresa.

Los auditores del órgano de fiscalización del Congreso visitaron ambos domicilios y levantaron actas en las que quedó constancia que la empresa es inexistente o por lo menos no localizable.

Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que la empresa Cónclave no había declarado para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los 207 millones de pesos que había recibido de Sedesol.

El SAT informó que Prodasa SA de CV –la otra empresa ligada al operador del Cártel de Juárez- tampoco presentó su declaración de impuestos.

Además, la Auditoría Superior de la Federación verificó que el domicilio fiscal de Prodasa es diferente al consignado en la factura y en el estado de cuenta bancario en el que se le depositaron 188 millones de pesos de fondos federales de la cruzada contra el hambre.

Al 25 de marzo de 2014, Prodasa presentaba en el padrón de contribuyentes el estatus de “Cancelado por liquidación total del activo”. Pese a ello, los auditores descubrieron que en esa fecha la empresa participó en otro procedimiento de licitación por invitación, realizado por la Universidad Autónoma de Morelos.

Aquel día, Wistano Luis Orozco García, director de proyectos especiales de la universidad y ex directivo del Partido Nueva Alianza, encabezó la sesión en la que las dos empresas ligadas al presunto operador financiero del Cártel de Juárez (Cónclave y Prodasa) fueron invitadas a presentar propuestas para dar el servicio de “asesoría en planeación de programas de capacitación”.

Wistano invitó a las dos empresas, pese a que habían incumplido meses antes con la cruzada contra el hambre.

Grupo Comercializador Cónclave está identificado por el SAT como presunto evasor fiscal. En 2011 y 2012 la empresa no presentó su declaración de impuestos, pese a que en esos años tuvo contratos con el PRI nacional para la elaboración de miles de “reportes especiales” del instituto político, y actuó como intermediario en operaciones de comercio exterior.

En su declaración anual de 2013 declaró al SAT ingresos acumulables de 25 millones 661 mil 574 pesos, aunque tan sólo en el contrato que obtuvo en la Universidad de Morelos cobró más de 207 millones.

Además, el SAT no tiene registro de pagos realizados por concepto de impuestos federales o estatales (ISR, IVA, IETU, nómina o cedular) desde 2012. Cónclave tampoco ha declarado sueldos y salarios.

El más reciente domicilio fiscal reportado fue Bosque de Duraznos 75, en Bosques de las Lomas, en la ciudad de México. Esa dirección corresponde en realidad a oficinas corporativas de otras empresas.

En 2013, que fue cuando cobró 188 millones de pesos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, declaró sus ingresos en ceros y por lo tanto no pagó impuestos.

Hace dos años, el 25 de marzo de 2014, reportó a las autoridades hacendarias su liquidación total de activos, y por lo tanto su cancelación de operaciones. Su domicilio fiscal estaba registrado en la calle Ojocaliente, de la colonia Pensadores Mexicanos, en Aguascalientes. La dirección corresponde a un baldío en la periferia de la capital hidrocálida.

Grupo Comercializador Cónclave es una empresa ‘multiusos’ que fue constituida el 22 de enero de 2009, en la ciudad de México, con dos socios: Saúl Elías Álvarez Mercado, con el 92% de las acciones, y César González Rodríguez, con el 2%.

Desde su nacimiento, ha ofrecido todo tipo de servicios: en diciembre de 2010, por ejemplo, obtuvo un contrato en la Dirección de Caminos y Puentes Federales, para organizar una fiesta navideña, que incluía llevar a una persona disfrazada de Santa Claus, decorar un salón con regalos ficticios, campanitas, botas, gorros y tiritas forradas con heno; surtir 20 piñatas, 600 sillas y colocar 24 puestos de tacos, tortas, tostadas, tamales, ponche, aguas frescas y dulces; seis inflables y montar una obra de teatro infantil con tema de Navidad.

Meses antes, en junio de 2010, la misma dependencia federal contrató a Cónclave para organizar una “taquiza todo incluido” para celebrar el día del padre, con 450 invitados.

Además de organizar fiestas, Cónclave ofrecía servicios de comercio exterior, como la importación de cargamentos de bloques de ónix de Italia, o el envío de formulaciones químicas a Venezuela, como Glicero Fosfato de Calcio y Alcohol Cetílico, realizados en 2013.

Ese mismo año, Grupo Comercializador Cónclave apareció en transacciones de futbol internacional y se incorporó como proveedor de la cruzada contra el hambre.

En esta última actividad no cumplió los contratos que se le otorgaron para repartir millones de utensilios a brigadistas de 400 municipios de todo el País. Tampoco cumplió la empresa Prodasa, propiedad de Rodolfo David Dávila Córdova.

Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación detalló los presuntos ilícitos en que incurrieron ambas empresas, en detrimento de la Hacienda Pública Federal:

“Se concluye que el pedido a Grupo Comercializador Cónclave, SA de CV, así como el contrato con Prodasa, SA de CV, para la adquisición de los 31 millones 199 mil 505 bienes, constituyen esquemas de facturación a través de la presumible simulación de operaciones; lo que evidencia, por un lado, a una empresa que factura una presunta prestación de bienes o servicios, y en contraparte, a la dependencia contratante, la cual, supuestamente, los recibe de conformidad. Las empresas resultan inexistentes, no localizadas o vinculadas, como este caso”.

Estas irregularidades fueron denunciadas al Servicio de Administración Tributaria y a las autoridades de justicia, quienes ya investigan el fraude multimillonario con fondos de la Cruzada contra el Hambre.

Saúl Elías Álvarez Mercado, el socio mayoritario de Cónclave, aparece en contratos firmados con el Partido Nueva Alianza como apoderado o representante de Diseños y Servicios Publicitarios HPW, que tiene su domicilio en Lago Rodolfo 25, Colonia Granada, en la ciudad de México.

Ese mismo domicilio lo comparten las empresas Asesorías Profesionales Milbank, Comercializadora y Distribuidora Kardiel; Publicidad y Servicios Kirman y Textiles Unidos Kayutt.

En conjunto, esa red de empresas son algunas de las principales prestadoras de servicios de Nueva Alianza; por ejemplo, entre 2010 y 2012 -cuando dicho partido político todavía era controlado por gente cercana a Elba Esther Gordillo- recibieron contratos por 82 millones de pesos.

Además de compartir domicilio, esta red de compañías tiene como representante o apoderada legal a Claudia Elizabeth Gómez Sabanero, quien a su vez está ligada a Servicios y Desarrollos Akrópolis, una de las empresas que estuvo involucrada en 2012 en el Monexgate.

Gómez Sabanero aparece como comisaria en el acta constitutiva de Akrópolis, una de las múltiples empresas que transfirió dinero para la compra de tarjetas de prepago que repartió el PRI en la elección que llevó a la Presidencia a Enrique Peña Nieto.

César González Rodríguez, uno de los socios de Akrópolis, también es accionista fundador de Grupo Comercializador Cónclave, la empresa vinculada con el fraude millonario a la Cruzada contra el Hambre.

Pero los negocios de El Cónsul no se han limitado al gobierno de Peña Nieto, sus redes también se han extendido hasta el futbol europeo…

(Continuará mañana la segunda parte)

Fuente: Aristegui Noticias

Autores: Redacción

http://aristeguinoticias.com/1403/mexico/contrata-el-gobierno-federal-a-operador-del-cartel-de-juarez/?platform=hootsuite

Refutan defensores a Miranda de Wallace por acusaciones contra relator de la ONU

CIUDAD DE MÉXICO: Defensores de derechos humanos refutaron las declaraciones realizadas por Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, al acusar a Juan Méndez, relator especial sobre tortura de la ONU, de no defender a las víctimas y de tener una red de complicidades.


En días pasados, la activista afirmó que en esa red de corrupción estarían incluidas personas que en México han destacado por realizar trabajo en materia de derechos humanos.

Miranda de Wallace indicó que a Méndez se le olvidó que ella es una víctima indirecta del secuestro y asesinato de su hijo, “y me parece que él está faltando a mi dignidad de persona, al insultarme y faltarme al respeto, por discrepar de algo que es a todas luces cierto”.


Acusó que en su informe el funcionario de la ONU establece que no usó ninguna metodología para determinar si hubo tortura o no en nuestro país, siendo que sólo visitó cuatro estados en los cuales no acudió a todas las cárceles, pero además no usó una metodología para determinar si los reos habían sido torturados o no.

“El señor Juan Méndez no puede determinar a capricho. Ellos, y lo afirmo y lo pruebo, tienen una red de complicidad, para hacer tan laxo el tema de tortura”, destacó Miranda de Wallace.

Al respecto, en un comunicado emitido este domingo, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron su respaldo al relator de la ONU,

En el documento indicaron que “las aseveraciones gratuitas y ya escuchadas a lo largo de los años de la señora María Isabel Miranda de Wallace distraen la atención sobre la discusión esencial en México, un país con importantes e impostergables retos en materia de derechos humanos para todas las personas, especialmente para las víctimas”.

Agregaron que lo dicho por la señora Wallace “denuestan el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento al trabajo serio, profesional, ético y metódico del actual relator especial Juan Méndez quien es un abogado y catedrático que luchó contra la dictadura argentina y que fue apresado por ello, ha sido director de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y ha integrado diversas instancias de protección de derechos humanos. Por todo ello Juan Méndez goza de prestigio y reconocimiento internacionales.

Señalaron que en virtud de que las acusaciones de Wallace incluyen a otras defensoras y defensores, de quienes muestra sus fotografías, “es preciso recordar que existen obligaciones específicas de los Estados de garantizar el trabajo de abogados y abogadas, así como de personas defensoras de derechos humanos, como se desprende de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”.

Las organizaciones consideraron preciso que el mismo Estado mexicano en su conjunto lleve a cabo campañas de dignificación de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos, como lo han señalado diversos órganos de protección de derechos humanos. Eso es lo que toca frente a la campaña que ha desarrollado la señora Wallace a lo largo de los años contra defensoras y defensores de derechos humanos.

“Hoy más que nunca es fundamental que las discusiones y propuestas se centren en políticas, leyes y medidas que hagan que nuestro país finalmente sea un lugar en el que los derechos humanos sean una realidad: que se respeten, protejan y promuevan en el espíritu previsto en el artículo 1º Constitucional y los más altos estándares de derechos humanos.

“Lamentamos las declaraciones realizadas por la Sra. María Isabel Miranda de Wallace y exigimos a las autoridades del Estado mexicano cumplan con su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos contra persecuciones y restricciones o injerencias indebidas y que tome las medidas necesarias para garantizar esta labor”.


El comunicado fue firmado por las organizaciones Abogadas Demócratas; Afrodescendencias en México, A.C.; Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC); Católicas por el derecho a decidir Cauce Ciudadano A.C.;  Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.;  Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C; Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A.C; Centro Nacional de Comunicación Social, A. C. (Cencos); Círculo Cultural Morelos A. C.; Círculo de Estudios de Género, A.C.; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. CADHAC; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC); Comité de Derechos Humanos del Ajusco: Comunicación Comunitaria A.C.; Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC); ControlaTuGobierno, A.C.; Ecos de Mirabal; El Barzón Chihuahua; El Barzón Nacional; Fatima, I.B.P; Fundación Don Sergio A.C;  Fundar Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C; Grupo de Mujeres de San Cristóbal, A. C.; Grupo Feminista 8 de Marzo; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C; Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A.C.; Iskra Casa de Cultura; Justicia para Nuestras Hijas; Kakúm Colectiva; Mujeres Barzonistas; Mujeres por México en Chihuahua, A.C; Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A.C. (UCD Chihuahua); Organización Popular Independiente, A. C. de Ciudad Juárez, Chih.; Red Hispanoamericana Contra el Abuso Sexual Infantil; Red por la Participación Ciudadana Red Retoño; Ririki Intervención Social. Personas: Aleida Calleja, Clara Jusidman, Claudia Cruz, Consuelo Morales E., David Peña, Enrique González Ruiz, Gabriel González J., Homero D. Vázquez Carmona, Irma Rosa Martínez A., Jesús Robles Maloof, Juan Machín,  Karla Micheel Salas, Lucila Servitje, Luis Yáñez Trujillo, Luz Estela Castro Rodríguez, Ma. Enriqueta Cepeda Ruiz, María de los Ángeles Fuentes Vera, María Elena Azaola, Martha D. González, Martha Guadalupe Figueroa Mier, Martín Faz Mora, Maylí Sepúlveda Toledo, Miguel Adame Vázquez, Miguel Concha Malo, Sergio Aguayo, Sergio Ramírez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433360/refutan-defensores-a-miranda-wallace-acusaciones-contra-relator-la-onu

Procesan a cinco marinos acusados de desaparición forzada

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Secretaría de Marina (Semar) informó que cinco elementos navales fueron puestos a disposición de un juez federal por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada en perjuicio de Armando Humberto del Bosque Villarreal el 3 de agosto de 2013 en Nuevo León.

Dos meses después de su detención por parte de elementos de la Semar, Armando Humberto fue hallado muerto por un grupo de cazadores que transitaba cerca del campamento de los marinos en la comunidad de Colombia, municipio de Anáhuac, Nuevo León.

El 3 de agosto de 2013, efectivos de la Semar bajaron por la fuerza de su vehículo a Del Bosque Villarreal y posteriormente lo llevaron a su campamento, en la comunidad de Colombia, luego de que el joven acudió a la comandancia de policía para interponer una queja contra un vecino por una trifulca previa. La detención fue negada por los marinos.

No obstante, el padre de la víctima, Humberto del Bosque Gutiérrez, testificó el hecho, y los policías municipales también emitieron un parte para notificar al secretario de Seguridad Pública de Anáhuac, Alfredo Grande Barrera, que el joven y su automóvil, un Ford Mustang modelo 2000, quedó a disposición de los marinos.

El pasado viernes 11 un juez de distrito dictó auto de formal prisión contra cinco integrantes de la Semar, entre ellos un capitán, por el delito de desaparición forzada en perjuicio de Armando Humberto del Bosque Villarreal.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Tamaulipas informó que el mando de la marina arrestado es el capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada, quien es procesado bajo la causa penal número 09/2016-VIII.

En un comunicado emitido este domingo, la Semar precisó que entre el 3 y 4 de marzo pasados dicha institución puso a disposición del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León a los elementos involucrados en el caso, a quienes les fue dictado auto de formal prisión entre el 8 y 9 del actual por el delito de desaparición forzada.

En este contexto, se recalca que la institución colaboró estrechamente con la Procuraduría General de la República desde el inicio de la investigación que ésta llevó a cabo para conocer de los hechos que se imputan al personal de la Armada de México.

“De acuerdo con el principio de presunción de inocencia que rige en materia penal, se presume la inocencia del personal naval involucrado en tanto el juez de la causa no declare su responsabilidad mediante sentencia condenatoria”.

Asimismo, corresponderá al Ministerio Público demostrar plenamente la culpabilidad en los hechos que les imputa. Los acusados se encuentran internos en una Prisión Militar sujetos al régimen establecido, aplicable a cualquier interno.

Hasta en tanto no exista una resolución judicial definitiva que determine su culpabilidad, de acuerdo a las leyes y reglamentos militares, reitera la Semar, los acusados continuarán percibiendo únicamente un porcentaje de sus haberes.

“En este contexto, la Secretaría de Marina-Armada de México se reitera como una institución respetuosa de las determinaciones que emitan las autoridades encargadas de la procuración y administración de la justicia en nuestro país y que estará atenta a la resolución que se emita”, indica la institución.

Fuente: Proceso

Autora: Gloria Leticia Díaz

http://www.proceso.com.mx/433368/quedan-a-disposicion-juez-marinos-acusados-desaparicion-forzada

Inversión millonaria en territorios del narco en Guerrero

En el diagnóstico del gobierno de Guerrero, que encabeza el priista Héctor Astudillo, la culpa de la incesante violencia que padece el estado es de administraciones anteriores y de la ineficaz estrategia federal. Incompetente para atacar ese problema, Astudillo se concentra en magnos proyectos de desarrollo industrial, sobre todo minero y portuario, cuyo principal problema es que se enfocan en zonas controladas por el narco.

CHILPANCINGO, GRO. (Proceso).- Los proyectos de desarrollo de la industria minera y portuaria que contempla el gobernador Héctor Astudillo Flores están enfocados en zonas controladas por el narcotráfico, donde la sociedad padece la extrema inseguridad y violencia, el desplazamiento masivo de personas y el colapso de la economía local.

De las cinco iniciativas incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) del gobierno estatal, destaca la construcción del puerto La Unión, obra anunciada desde 2007 por el entonces presidente panista Felipe Calderón en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, donde está la polémica termoeléctrica Plutarco Elías Calles que fue concebida como “una extensión” del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Igualmente, se planea establecer un eje minero que abarca municipios de las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande Montaña, Centro y zona Norte, entre ellos Coyuca de Catalán, Zirándaro, Cutzamala, San Miguel Totolapan, Arcelia, Teloloapan, Buena Vista de Cuéllar, La Unión, Eduardo Neri, Mochitlán y Quechultenango, indica el documento, cuya copia obtuvo Proceso.

Esta franja, donde Astudillo pretende impulsar dos de sus más importantes proyectos, es controlada por la delincuencia organizada. Ahí la confrontación entre bandas criminales ha exhibido también los nexos de políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército con el narcotráfico.

El pasado 25 de febrero, el gobernador Astudillo presentó el PED 2016-2021 en la sede del Congreso local. El documento de 172 cuartillas, elaborado por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, se considera el eje estratégico de esta administración e incluye un diagnóstico de la inseguridad y la violencia en la entidad.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2054, ya en circulación

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Flores Contreras

http://www.proceso.com.mx/433308/inversion-millonaria-en-territorios-del-narco-en-guerrero

Inhabilitan a 10 exfuncionarios de la delegación Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Diez exservidores públicos de la delegación Cuauhtémoc fueron inhabilitados de manera temporal por la Contraloría General de la ciudad para desempeñar cargos en los próximos tres años, al incurrir en actos indebidos en el ejercicio público y el abuso de poder, entre otras imputaciones.

Pedro Pablo de Antuñano, director general Jurídico y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc, informó esta tarde la resolución que hizo llegar la Contraloría General al jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila.

Entre las personas a quienes se inhabilitó para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público están José Luis Juárez Martínez, exdirector de Equidad Social; María Elena Lara Zetina, exjefa de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios; Jenny Zuluaga Aguilar, exenlace “A” y Rosa Ema Campos Lara, exsubdirectora Administrativa de la Dirección General Jurídica y de Gobierno”, precisó De Antuñano.

En tanto que a Omar Jaime Rosas Hernández, exlíder coordinador de proyectos “A”, se le atribuye dirigir la red de corrupción en el manejo del reloj checador en coordinación con Gerardo Mendoza Aguilar, exauxiliar operativo de Oficina; José Alberto Torres García, exauxiliar de Servicios de la Oficina Administrativa; y Luis García Peña, excontrolador de Asistencia.

A Alejandro Jiménez Zavala, exsubdirector de Obras Públicas; e Ignacio Ogando Mouriño, exjefe de Unidad Departamental de Supervisión Interna de Obras por Contrato, se les sancionó con una suspensión de 90 días.

Acompañado por la fiscal interna Anticorrupción, Zuleyma Huidobro González y Salvador Loyo Arechandieta, director general de Administración, De Antuñano dijo que tan sólo en el proceso de entrega-recepción se interpusieron 94 denuncias en la Contraloría por recursos derivados de irregularidades, sobre todo en materia de faltantes.

Además se han interpuesto hasta ahora, 15 denuncias en el Ministerio Público en la Fiscalía para Servidores Públicos, de igual manera, se han presentado 11 recursos por corrupción ante la PGJDF y se presentó una denuncia ante la PGR, también, por desvío de recursos federales.

En total son 121 denuncias ante diversas instancias, donde se señalan irregularidades concretadas y fundamentas de exservidores públicos, indicó De Antuñano.

Dijo que no se dará un paso atrás en la cruzada contra la corrupción y las medidas que se tomen estarán apegadas a estricto derecho. Aseguró que las inhabilitaciones no serán bien recibidas entre los grupos de interés, los que intentarán acciones de desestabilización. Asimismo adelantó que se darán a conocer más nombres de exfuncionarios sancionados y vinculados con actos de corrupción.

Sobre las amenazas de paro laboral por parte de un grupo de trabajadores sindicalizados, inconformes con la migración del pago a través del banco, el director General Jurídico y de Gobierno responsabilizó al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) por cualquier acto fuera de la ley e informó que se levantarán actas administrativas a quienes no estén en sus lugares de trabajo durante la jornada laboral.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/433366/inhabilitan-a-10-exfuncionarios-la-delegacion-cuauhtemoc

Se hunde credibilidad de Morena en Quintana Roo con la designación de Mara Lezama

Cancún, Q. Roo.- La designación de candidatos a presidentes municipales profundizó la crisis de credibilidad que desde hace algunos meses ha tocado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo, el partido de Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que como candidato a gobernador, Morena designara a José Luis Pech Várguez, un priista afiliado y ex funcionario de primer nivel de los últimos tres gobiernos estatales del PRI, este fin de semana el partido sufrió un nuevo golpe a su credibilidad con la postulación de la María Elena Hermelinda Lezama, mejor conocida como Mara Lezama, una comunicadora del grupo Televisa y que en el pasado se ha mostrado afín a los gobiernos y candidatos del PRI.

La postulación de Mara Lezama fue ratificada este sábado en una asamblea en Cancún donde también se eligieron a los integrantes de su planilla.

La designación profundizó las inconformidad en las filas de Morena en Quintana Roo, partido que en las pasadas elecciones federal se convirtió en la segunda fuerza electoral en el estado.

El activista y ex vocero municipal de Morena, Gerardo García, anunció su renuencia por la designación de Mara Lezama.

Además, la CNE designó como candidato a sindico al notario público e Mario Ramírez Canul, dos veces secretario del ayuntamiento con el priista Carlos Cardín y el ex perredista Gregorio “Greg” Sánchez.

Por otra parte, en asambleas municipales este sábado también fueron electos los candidatos a regidores.

En Chetumal, hubo protestas por la imposición de Laurentino Estrecha Chan, que de última hora desplazó a Luis Gamero Castillo, que era del Promotor de la Soberanía Nacional (PSN) en el municipio del capital del estado.

En Felipe Carrillo Puerto, militantes protestaron por la designación de Guadalupe Ponce Moreno como única precandidata a presidenta municipal, a quien acusan de un fraude con apoyos para vivienda.

Este domingo, serán electos los 150 precandidatos para la lista de 10 candidatos a diputados de representación proporcional, los cuales serán definidos mediante sorteo el próximo viernes.

El pasado 26 de febrero, el ex secretario estatal de Gobierno, José Luis Pech Várguez, se convirtió formalmente en candidato de Morena a gobernador de la entidad.

Como rector de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), en el sexenio de González Canto, el ahora candidato de Morena estuvo implicado en la venta de un terreno de 36 hectáreas de esa universidad en Tulum, que después se convirtió en el exclusivo desarrollo hotelero, comercial y habitacional Aldeas Zamá.

La escritora y periodista Lydia Cacho cuestionó en las redes sociales la nominación de Pech Várguez como candidato de Morena.

“Y duro con Morena que no entiende que nominar al priista José Luis Pech es un error garrafal. El #PRi#QuintanaRoo quiere destruir a Morena”, divulgó la también activista.

Fuente: Noticaribe/Proceso

Autor: Redacción

http://noticaribe.com.mx/2016/03/13/se-hunde-credibilidad-de-morena-en-qr-designacion-de-mara-lezama-y-otros-personajes-cuestionados-provoca-nueva-crisis-en-el-partido-de-amlo/

Cuerpos desmembrados en Morelos

Asesinan a pareja en Yautepec, uno decapitado:

YAUTEPEC, Mor: Un hombre y una mujer fueron asesinados; el masculino fue decapitado y su cuerpo dejado en la entrada de un domicilio particular de la colonia Estrada Cajigal.

Un mensaje fue hallado bajo el cuerpo del hombre con amenazas directas atribuidas a grupos delincuenciales.

A espaldas del Centro Deportivo de Yautepec (CDY) sobre la avenida Solidaridad fue encontrada la cabeza humana con otro mensaje que pudiera corresponder al cuerpo ya mencionado.

Sobre  la calle Diego Ruiz esquina con Insurgentes de la misma fue encontrado el cuerpo maniatado de la mujer.

El área fue acordonada y los servicios periciales acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos.

http://seispuntocero.com.mx/asesinan-a-pareja-en-yautepec-uno-decapitado/

Encuentran cuerpo desmembrado en Yautepec:

YAUTEPEC, Mor.-  El cuerpo de una persona del sexo masculino envuelto en una bolsa de plástico transparente fue encontrado en la entrada de un domicilio particular de la colonia Estrada Cajigal.

Un mensaje fue hallado bajo el cuerpo con amenazas directas atribuidas a grupos delincuenciales.

A espaldas del Centro Deportivo de Yautepec (CDY) sobre la avenida Solidaridad fue encontrada la cabeza humana con otro mensaje que pudiera corresponder al cuerpo ya mencionado.

Por otro lado, trasciende que dos cuerpos más, entre ellos el de una mujer, fueron encontrados sobre la vía pública en este mismo municipio.

http://seispuntocero.com.mx/encuentran-cuerpo-desmembrado-en-yautepec/

Dejan cabeza humana con mensaje frente al ayuntamiento de Yecapixtla

YECAPIXTLA, Mor.-  Cerca de las 7 de la mañana de este domingo fue encontrado una cabeza humana sobre una cartulina blanca donde amenazan al alcalde, Francisco Sánchez Zavala por la aprehensión de tres sujetos.

Elementos de Seguridad Pública ubicaron el mensaje frente al Ayuntamiento que quedo bajo el resguardo de las autoridades, al lugar acudió personal de la Fiscalía para levantar el acta correspondiente.

Mientras tanto, en camino hacia la carretera conocida como La Cartonera fue encontrado un cuerpo envuelto en bolsas negras que, al parecer, corresponde a la cabeza hallada con el narco mensaje firmado con el mismo nombre de las lonas encontradas en Yautepec esta semana.

http://seispuntocero.com.mx/dejan-cabeza-humana-en-mensaje-frente-al-ayuntamiento-de-yecapixtla/

FUENTE: NOTICIAS SEIS PUNTO CERO

AUTOR: REDACCIÓN.

Las premisas del cambio social

Para dominar más fácilmente a los trabajadores y frenar las rebeliones, el capitalismo promueve el individualismo; el egoísmo; las diferencias sexuales, raciales, étnicas, nacionales; la división según el origen de los explotados y oprimidos; la discriminación de grupos enteros de ellos. Controla además la vida de los productores, imponiendo los ritmos y las condiciones de trabajo y rebajando mediante la inflación los salarios reales para obligar a más trabajo forzoso, y también controla el tiempo libre de los trabajadores en su casa o en sus diversiones, envenenándolos con un flujo de informaciones destinadas a sembrar resignación, conservadurismo, egoísmo y explosiones violentas individuales en el deporte que ha pervertido y convertido en negocio de las grandes empresas, pero que todavía es percibido por los aficionados como pequeña revancha y desahogo semanal.

Lo que queda de los sentimientos comunitarios y solidarios fue relegado a las fiestas pueblerinas de los santos patronos o a los desastres, cuando se apela a la acción popular para suplir la terrible incapacidad e indiferencia del Estado capitalista. El ser humano, convertido en mercancía en el trabajo y consumidor adicto de mercancías muchas veces inútiles, se deshumaniza cada vez más.

Sin embargo, como demuestran las bases del EZLN, es posible combatir contra esta imposición capitalista desarrollando experiencias autonómicas, impidiendo la difusión de las drogas, el alcohol, la prostitución e impulsando la ayuda mutua, el tequio y todas las formas de solidaridad y de control colectivo de la vida social.

La autonomía de un municipio no puede ser completa sin relaciones solidarias y planificación del comercio, el transporte, el uso del agua, la incineración de residuos y la sanidad elemental con los municipios cercanos de la misma cuenca o situados sobre la misma carretera; y el interés común debe imponerse sobre los problemas añejos que a veces existen para crear y ampliar una acción comunitaria que beneficie a todos.

El desarrollo de todas los gérmenes de poder popular –autodefensas frente al narcotráfico o los taladores y ladrones de madera; policías comunitarias, asambleas para elegir las autoridades locales; cooperativas de producción o de consumo; ligas deportivas auto organizadas; conjuntos musicales locales o regionales– no sólo es fundamental para evitar que los jóvenes forzados a la emigración vuelvan deformados socialmente por su inserción en Estados Unidos y para combatir el individualismo y el egoísmo, sino también crea la acción y los pensamientos colectivos, que son los elementos primarios para construir una alternativa socialista al capitalismo.

El triunfo de ésta se prepara a partir de dos factores fundamentales. Por un lado, el desarrollo de las luchas de las que surge solidaridad y conciencia, frena la tendencia del capital a roer los salarios reales con depreciaciones, inflación o, directamente, con leyes liberticidas y se defiende u obtiene así un nivel de cultura y las condiciones materiales básicas para poder ser un ciudadano. Por otro lado, con el desarrollo moral mediante la creación de relaciones de compañerismo y de fraternidad que permitan arrancar a las nuevas generaciones de la influencia nefasta de la ideología que propaga el capitalismo por todos los medios. En este campo es también fundamental la defensa de los maestros, que son superexplotados y de quienes depende la formación de los niños.


En México el territorio nacional está lleno de conflictos sociales, desde la justa lucha de la tribu yaqui hasta, en Chiapas, la resistencia de las bases zapatistas en sus territorios siempre cercados y amenazados. Pero, con excepción de la muy joven y aún débil Nueva Central obrera y de la Organización Política de los Trabajadores (OPT), también en fase de consolidación, así como de algunos intentos de indígenas, las luchas se dan en orden disperso y sobre bases sólo regionales, mientras la ofensiva capitalista está centralizada a escala nacional y mundial. México, a diferencia de todos los otros países latinoamericanos, jamás tuvo una huelga general nacional solidaria. Es esencial por eso desarrollar la solidaridad con las luchas obreras y democráticas hasta llegar a la preparación de una huelga general obrera y nacional para imponer el cese de la represión estatal y de los asesinatos, la derogación de las leyes represivas o antinacionales, un plan nacional de creación de trabajo elaborado democráticamente región por región y la nacionalización de los bancos con control de sus trabajadores para evitar la fuga de capitales.

Al mismo tiempo, hay que defender la auto organización obrera y popular en la solución de los principales problemas del país. Es aberrante la sustitución del conocimiento y de la voluntad de los trabajadores por un puñado de supuestos especialistas en constitucionalismo, de cualquier signo político. Son los trabajadores de la Ciudad de México mismos quienes deben darse su Constitución, con la ayuda de juristas y expertos, previa amplia discusión en las colonias y en todo lugar de trabajo, y el paternalismo aparatista y sustitucionista de los que creen tener el monopolio del saber es un insulto al pueblo mexicano y una agresión la democracia peor incluso de las que todos los días cometen los diputados y senadores. Los intelectuales honestos, que por soberbia pero en buena fe aceptaron ser nombrados a dedo constituyentes, deberían pedir disculpas a los ciudadanos y renunciar a sus cargos, poniéndose a disposición de la organización democrática de una Constituyente por la población capitalina. No puede salir nada sano y bueno de una maniobra antidemocrática desde el vértice del establishment criollo.



Fuente: La Jornada

Autor: Guillermo Almeyra

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/13/opinion/015a1pol

Realizarán elecciones extraordinarias en Chiautla

Toluca, Méx. El Congreso del estado de México convocó este jueves a la celebración de elecciones extraordinarias en el municipio de Chiautla, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló los comicios celebrados en este municipio el año pasado.

Las elecciones se realizarán el próximo 13 de marzo y corresponderá al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la organización de este proceso en que podrán participar 19 mil 155 ciudadanos que se encuentran inscritos en la lista nominal de ese municipio.

De acuerdo con la iniciativa aprobada hoy por el pleno de la Legislatura mexiquense, la planilla que resulte electa en estos comicios entrará en funciones el próximo uno de abril, fecha en que ya debe estar calificada la elección.

El IEEM ahora tendrá que definir las fechas para el registro de coaliciones, de la plataforma electoral y de los candidatos que vayan a participar, así como el periodo para la campaña electoral.

Fuente: La Jornada

Autor: Israel Dávila

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/01/14/realizaran-elecciones-extraordinarias-en-chiautla-7644.html

Barrios de los Pedregales fijan postura de rechazo ante consulta ciudadana en Coyoacán

Desde que Miguel Ángel Mancera anunció la cancelación de la “Ciudad del Futuro” en la delegación Coyoacán, se han abierto algunas redes gubernamentales para decidir sobre el futuro de la Planta de Asfalto, espacio prominente que pretendía ser usado para la iniciativa privada y que ahora, será destinado para algún proyecto paraestatal o popular, según indiquen los resultados de una consulta ciudadana propuesta por el IEDF y las autoridades de la ciudad.

El Colectivo de Mujeres en Defensa de los Pedregales (adherido al Movimiento de Barrios en Defensa de los Pedregales) fijó su postura en una conferencia de prensa en el Club de Periodistas de México A.C. en la que dice que “no aceptará ninguna consulta ciudadana a menos de que la planta de asfalto vuelva a la comunidad, que se convierta en un espacio público”. Se dieron presencia también integrantes del Centro Vitoria de Derechos Humanos, que respaldan la posición disidente de los barrios de Coyoacán.

Se espera que la consulta ciudadana se aplique en estas semanas, a lo que la organización popular pretende ser una herramienta para derrotar esta iniciativa del Estado mexicano, tal como sucedió el pasado 6 de diciembre con el Corredor Cultural Chapultepec.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=YuYisAi1Xiw

Fuente: Ruptura Colectiva

Autor: RC

http://rupturacolectiva.com/barrios-de-los-pedregales-fijan-postura-ante-consulta-ciudadana-en-coyoacan/

Mayoría de los ataques a periodistas y activistas, de funcionarios

En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las fuerzas armadas, entre otros).

En segundo término están losparticulares y los agresores no identificados, de acuerdo con un documento de la Secretaría de Gobernación (SG), en el cual se detalla la operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

De octubre de 2012 a febrero pasado, la Junta de Gobierno de este mecanismo, en el cual participan funcionarios y grupos civiles, había aceptado 299 de 369 solicitudes de comunicadores y activistas, después de comprobarse que se hallaban en situación de riesgo o eran blanco de ataques debido a su actividad.

En cuanto al tipo de agresiones, 12 beneficiarios del mecanismo sufrieron secuestro (siete periodistas y cinco defensores); 92 agresión física (aquí se cuenta a 60 periodistas), mientras el registro documentado de 236 amenazas, la mayoría recae en el gremio de comunicadores.

Por entidad, según donde radica la persona que requiere apoyo, sobresale, por número, la Ciudad de México, Veracruz y Guerrero, con 61, 43 y 24 casos, respectivamente.

Respecto de los probables agresores, las cifras de la SG revelan la prevalencia de los servidores públicos como los principales agresores, al acumular 147 casos de 2012 a la fecha; siguen losparticulares, con 121, y autores no identificados, con 115 casos.

Debido a la situación de riesgo para estos dos grupos, de 2012 a febrero de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al gobierno la aplicación de medidas cautelares en 11 casos, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió nueve medidas de este tipo.

Secuestro, maltrato físico y amenazas, las agresiones documentadas contra periodistas y defensores de derechos humanosFoto Roberto García Ortiz

Las cifras del mecanismo pueden variar debido a que también atiende las alertas emitidas por colectivos; bajo esa perspectiva la SG ha apoyado en total a 497 peticionarios.

Entre las medidas de protecciónextraordinarias, por su nivel de riesgo, destaca la canalización de protección personal (escolta) para 31 personas y a 78 se les dio un artefacto (botón de pánico) para reportar riesgos en el momento en que la amenaza o la agresión ocurre.

Igualmente, en 10 casos se brindó o se brinda seguridad de inmuebles; en una cifra igual se otorgó protección a bienes físicos y se dotó de equipo especial de telecomunicaciones. Hay además acciones de otro tipo como patrullajes, gestiones, difusión de directorios, manuales de autoprotección y apoyo para presentación de denuncias. En el ámbito ordinario, en todo el desarrollo del mecanismo se ha autorizado escolta para 97 personas y se han distribuido 475 botones de pánico.

Según los registros de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SG, coordinadora del mecanismo, durante 2015 se recibió el mayor número de solicitudes de periodistas (desde el principio de este plan, en octubre de 2012), al registrarse 122 alertas. En el primer bimestre de 2016, fueron recibidas 16 peticiones, de las cuales se admitieron 11.

En cuanto a defensores de derechos humanos, el año pasado igualmente se recibió el mayor número (80), y durante enero y febrero pasados, ocho, de las cuales fueron admitidas seis.

En toda la historia del mecanismo, el momento más delicado ha sido el año pasado, en Veracruz. El mecanismo admitió 24 solicitudes de protección, mientras en 2013, en la Ciudad de México se recibieron 26.

Fuente: La Jornada

Autora: Fabiola Martínez

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/13/politica/003n1pol

La lucha del pueblo de Xochicuautla

Han sido 10 años de lucha en contra de una carretera que atravesará sus territorios, los despojará de sus tierras de cultivo, de sus lugares sagrados y de su flora y fauna. El pueblo de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México, ha sabido resistir de múltiples formas: sus pobladores han puesto el cuerpo frente a la maquinaria; han recorrido la vía jurídica; se han movilizado en las calles y frente a organismos de derechos humanos. Un decreto de expropiación de sus tierras no los desanimó y se ampararon contra el atropello. Finalmente, el juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de México concedió la suspensión del decreto. Pero falta.

El proyecto de autopista fue puesto en marcha por el entonces gobernador del estado y ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto, nada menos que por la constructora Autopistas de Vanguardia, perteneciente al Grupo Higa, y no sólo afecta a Xochicuautla sino al menos a otras 12 comunidades, entre ellas San Lorenzo Huitizizilapan y Santa Cruz Ayotuzco, que también la han rechazado.

El manual del despojo operó aquí como en el resto del país. Vino la división de los pueblos, la compra de voluntades, el engaño para apoderarse de las tierras. Luego la represión. Primero fueron detenidos 14 opositores, y el 3 de noviembre de 2014 otros ocho. Después, el decreto expropiatorio de 37 hectáreas, 93 áreas y 86 centiáreas de uso común. Este es el decreto que lograron echar para atrás.


Pero el pueblo de Xochicuautla no se confía, y tiene razones para ello. Y si no, que le pregunten a la tribu yaqui, que ganó todas las instancias posibles contra un acueducto que casi está terminado. Las suspensiones concedidas por el Poder Judicial de la Federación tienen el objetivo de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a la autodeterminación, al agua, la cultura, a la libertad de culto, y a los recursos naturales, entre otros, mientras dure el juicio. Lo anterior implica que la comunidad tiene la posesión legal del territorio expropiado y, en consecuencia, ni la empresa ni las autoridades del Estado involucradas cuentan con fundamento legal alguno para continuar las obras de construcción de la autopista por dicho periodo, explicaron en un comunicado.

La defensa continúa y las movilizaciones no cesarán hasta quela autopista sea cancelada de manera definitiva y se respeten plenamente los derechos de las comunidades como pueblo indígena otomí, por lo que desde el estado de México demandan estar alertas por posibles represalias que estas suspensiones generen en contra de los defensores del bosque sagrado.

Fuente: Los de Abajo/La Jornada

Autora: Gloria Muñoz Ramirez

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/12/opinion/012o1pol

¿Qué está pasando en filos de la UNAM: El fin y los medios?

Una serie importante de hechos sociales, de carácter contrastante y acumulativo, se han registrado en nuestra facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en estos últimos días, reflejo de procesos nacionales en la construcción de guerra, aterrorizamiento y “encierro social”.

Un grupo de estudiantes y maestros pertenecientes a un colectivo llamado Nos hacen falta, preocupados por los estudiantes de la UNAM desaparecidos o asesinados en los últimos años de la muy mal llamada “guerra al narco”, hizo pública en una conferencia de prensa una lista de 12 de éstos y presentó detalladamente, en una Campaña de Videos, cuatro casos emblemáticos documentados, que ocurrieron en la ciudad de México: de la FES-Iztacala, de Psicología, de Arquitectura y de Filosofía y Letras. Piden a las autoridades de la universidad, que son parte fundamental de esa reserva moral que no se ha activado de manera suficiente en México, que colaboren con firmeza y apoyo claro en la búsqueda de esos desaparecidos y en la justicia para los muertos, asumiendo que son parte de la comunidad; también exhortan a miembros de otras universidades en el país a hacer sus propias “listas de víctimas” de estos años y exigir que sus instituciones “busquen a sus desaparecidos” junto a los familiares. Se trata de una acción central en el terreno de la no-cooperación ante la “normalización del silencio institucional” ante los desaparecidos y muertos por la violencia social, que viene de bandas constituidas por funcionarios de gobierno, gente del delito organizado y empresarios del país.

Sobre el mismo tema, considero también muy importante cómo los jóvenes nos educan a los adultos y ojalá también al Papa, quien vino a un país con 32 mil desaparecidos, 103 mil muertos y cientos de miles de desplazados por la violencia, y no se reunió públicamente -como señal de apoyo y para “dar voz” a esas familias- en forma especial con ninguna de esas familias de víctimas, y su vocero se atrevió a tratar el caso de Ayotzinapa como “uno más entre 27 mil”, ignorando lo que el Vaticano debería saber muy bien: nunca una “acción genocida” como fue la de Iguala, puede ser un caso más. Así, puede que la visita del Papa haya aportado a la cultura y educación para la paz en el país, pero a la construcción de paz en un país en guerra no hizo ningún aporte, al contrario legitimó al victimario al ‘desaparecer’ de sus discursos a las víctimas. Nos dio esperanza que visitara la tumba de “Don Samuel” en Sancris, pero sólo fue un acto simbólico pues Tatic ofreció su vida para dar “voz a los sin voz” de más abajo.

Por otro lado, la rectoría de la UNAM hizo una serie de declaraciones y comunicados acerca del grupo que ocupa el auditorio Che Guevara o Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras. Nos parece que hay que tener mucho cuidado en esta situación para no polarizar y aumentar la espiral de guerra. Por supuesto que nos preocupa la toma del auditorio desde el año 2000, su recuperación es una demanda legítima de sectores amplios de la comunidad ante una situación que partió de tomar ese espacio como una forma de romper la exclusión social que había, y que ahora acabó siendo otra forma de exclusión. Es necesario recuperarlo con alguna forma de “mediación social” noviolenta amplia de la comunidad, para que pueda volver a servir a la construcción colectiva de conocimiento, al debate abierto de ideas, y al crecimiento de la reflexión conjunta en toda la comunidad.

Sin embargo, como decía Gandhi: “No hay camino para la paz, la paz es el camino”, y no se puede lograr un fin positivo, como es recuperar ese espacio para la colectividad amplia y total, a partir de la guerra sucia, de la represión, de denuncias sin pruebas de la PGR contra el joven Jorge Esquivel diciendo que llevaba droga y fue apresado como narcomenudista. ¿Cuántos decenas de miles de narcomenudistas hay en el país, en cada secundaria, prepa, uni, esquina de barrio…? ¿Cuántos cientos y cientos hay en CU? ¿Cómo puede ser posible que se mande a una persona en pocas horas, sin mostrar pruebas claras a la sociedad, por un delito así, al penal de máxima seguridad de Hermosillo? ¡De locos la impunidad e injusticia! Es evidente que es muy difícil creer la versión de la PGR, y aunque fuera así, el “castigo totalmente desproporcionado”, y la “criminalización social” dan a pensar que se trató de una vil y burda trampa más del poder, para aumentar la espiral de guerra, despojo y represión en el país.

Rectoría en su comunicado inmediato al hecho, criminalizó con prejuicios, estigmas y apodos al tratar de vándalos, ajenos, delincuentes y narcomenudistas a Jorge y sus compañeros del OkupaChe, olvidando que su tarea principal es la construcción de paz y no aumentar la espiral de la guerra, aún con un fin legítimo como reabrir el auditorio a la comunidad amplia. Algo fundamental en la pedagogía de la paz es “escuchar todas las voces” en conflicto, y no se escuchó a los del Okupa y, en cambio, se “obedeció ciegamente” a otra autoridad: PGR. Según los Okupa, se trató de una “siembra de droga”, Jorge no vendía nada ahí, y fue incluso arrestado por policías de civil en coches sin placas. Sabemos cómo han sido “sembrados” por el poder Mireles, Nestora Salgado, la gente de la CRAC, Semehí Verdia…

Los medios y las autoridades tomaron, haciendo uso del típico “pensamiento periférico”, el momento final de la violencia cuando los del Okupa bloquearon las calles del circuito de CU y realizaron agresiones, ignorando por completo el origen de ese proceso: su desesperación al tener un compañero desaparecido-preso sin ninguna justificación y con lujo de violencia. Podemos diferir en sus métodos de lucha, y creo que lo que hicieron no ayudó a su compañero sino que justificó mediáticamente más la represión brutal y en eso fueron ‘penetrados’ y provocados, pero no hay que olvidar que estaban dignamente siguiendo el ejemplo del colectivo Nos hacen falta al “hacerse cargo” de su compañero desaparecido.
Pero esta acción represiva se da dentro de un proceso nacional de guerra, disciplinamiento y aterrorizamiento social, en nombre de la “seguridad”, concepto de la militarización que nada tiene que ver con la paz, la cual va asociada a la justicia y la interculturalidad. Y entonces surgen otros hechos que llaman la atención y alertan sobre los ataques a la cultura humanista y de humanización de la especie que tanto ha difundido la facultad. Grupos de maestros y estudiantes, están circulando una carta y un documento de algunos Consejeros diciendo que “para conservar las condiciones materiales de seguridad y convivencia” hay que tomar medidas frente a “ese par de problemas interconectados: seguridad y comercio interno”. Así, “la invasión de vendedores ambulantes (de comida y dulces)” que hay dentro de la facultad atentan contra la seguridad y la convivencia, y contribuyen a “los niveles de deterioro creciente de nuestro espacio académico”; “…nuestra facultad se encuentra en un estado de vulnerabilidad general”. Y agregando, con total falsedad, que esta ‘limpieza social’ del espacio se trata de “una demanda unánime”. ¿A quién consultaron? ¿Nos dirán luego que esos vendedores son narcomenudistas?

Nos preguntamos: ¿con base en qué DATOS objetivos y reales se pueden hacer semejantes afirmaciones de aterrorizamiento, para crear condiciones al desalojo y la represión? Porque si no hay esos datos, se trata del puro pre-juicio, del estigma, del “empirismo lógico” que “afirma sin pruebas”; y cuando hablamos de “datos” lo hacemos con rigor científico donde un dato no es la generalización de una excepción. Esta cultura del “encierro” y el terror por la inseguridad, propia de todo el país y gran negocio para el poder, se vio en la misma facultad hace pocas semanas cuando se impuso una “huella digital” para entrar a la sala de maestros, espacio que se supone es símbolo de libertad y diálogo. ¿Aterra que un/a alumno/a entre sin permiso a esa sala exclusiva? ¿Cuántas agresiones y de qué tipo de ‘gravedad’ a maestros/as ha habido en los últimos meses por parte de alumnos/as o vendedores dentro de la facultad? Si la respuesta es cero, o casi, se trata de medidas irracionales, prejuiciadas, o de otro tipo.

Ante todo este avance de la polarización y el encierro (ideológico y físico), son una gran oportunidad de reflexión colectiva amplia en la facultad las Jornadas de “Refléctere”, acción académica de no-cooperación (evitar la inhumana normalización de “dar clases como si no pasara nada”), donde durante toda esta semana se reflexionará en varias clases lo que está sucediendo con la situación de violencia en el país, la justicia, las víctimas, la facultad, el auditorio…en un intento de construir un conocimiento que permita enfrentar desde el diálogo, la construcción de paz y noviolencia a estas situaciones, y así romper con la siembra de la inseguridad y el terror, la polarización y la confrontación prejuiciosa, que son lo que menos necesitan México y la UNAM.

Que el Auditorio Che Guevara o Justo Sierra regrese a su uso ampliado para la totalidad de la comunidad universitaria, pero desde una mediación de cultura de paz y no desde el incremento de la espiral de la guerra. Para ello, la mirada central debe estar en los medios, y no sobre el fin ‘a toda costa’.

Fuente: Desinformémonos

Autor: Pietro Ameglio

http://desinformemonos.org.mx/que-esta-pasando-en-filos-de-la-unam-el-fin-y-los-medios/

Banxico y Hacienda erran de nuevo y cancelan posibilidad de crecimiento

A la par de la depreciación del peso y la baja del precio del petróleo, la incapacidad gubernamental nubla cualquier perspectiva de crecimiento: el plan de las tres medidas de la SHCP y Banxico detona ola recesiva.

Para muchos capitalistas, la economía global comenzó con el pie izquierdo este 2016: el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció un nuevo recorte de 2 décimas a su estimación de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de la economía mundial, que pasó de 3.6 a 3.4 por ciento. De acuerdo con el FMI, los riesgos se han inclinado a la baja como consecuencia de los ajustes globales actualmente en curso: las perspectivas de un aumento progresivo de las tasas de interés en Estados Unidos, el reequilibramiento de la economía china, y la caída de los precios de las materias primas (commodities). “En definitiva, hay mucha incertidumbre en el ambiente, y creo que eso contribuye a la volatilidad”, sentenció Maurice Obstfeld, consejero económico y director de Estudios del FMI.

Lo cierto es que a más de 8 años de distancia de la quiebra de Lehman Brothers, los países industrializados todavía no consiguen que la inversión productiva y el empleo alcancen los niveles anteriores a la crisis. Si bien instituciones como el FMI, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) insisten en que las perspectivas de recuperación no son totalmente negativas para la economía global, hay quienes sostienen que, por el contrario, la situación se ha vuelto más caótica: la euforia bursátil está agotándose, mientras que el desplome de los precios de las materias primas (commodities) se profundiza, por una parte, la caída de la rentabilidad de las empresas vinculadas con la energía y, por otra parte, incrementa la probabilidad de que la baja inflación de los países industrializados se convierta en deflación (caída de precios).


“La recuperación económica iniciada en 2009, no ha podido sostenerse. El cuadro general de la economía global está caracterizado por el semi-estancamiento productivo, la formación de nuevas burbujas financieras y el fortalecimiento de las tendencias deflacionarias”, explica Arturo Guillén, profesor e investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa (UAM-I).

Las tendencias recesivas no pesan igual sobre cada región del mundo. El ciclo económico a la baja no tiene la misma fuerza en los países industrializados (Estados Unidos, la Zona Euro, el Reino Unido, Japón) que en los emergentes (América Latina y el Caribe, África, el Oriente Medio, Asia-Pacífico). En cuanto a los primeros, es evidente que los gobiernos de las naciones industrializadas están muy temerosos de volver a caer en recesión.

Y es que a pesar de haber lanzado una gran variedad de estímulos fiscales y monetarios en los últimos años, no han logrado que la tasa de crecimiento de su PIB se expanda más allá de 3 por ciento, y tampoco han podido ahuyentar el fantasma de la deflación (caída de precios). Ahora el panorama se ha vuelto incluso más sombrío. Es que durante los últimos días las acciones de los grandes bancos de inversiones (Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, etcétera) se han desplomado, desatando el pánico de los inversionistas que operan en los mercados bursátiles y, con ello, sembrando el miedo de que estalle una nueva crisis mundial de proporciones colosales.

Por otro lado, tras darse a conocer que la economía estadunidense presenta otra vez signos de debilidad (desaceleración de la actividad manufacturera y caídas sucesivas de la bolsa de valores de Nueva York), el Sistema de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos no únicamente dejó intacta la tasa de interés de los fondos federales (federal funds rate) el pasado enero, sino que su presidenta, Janet Yellen, declaró recién que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) está explorando incluso la posibilidad de llevar la tasa de interés de referencia a terreno negativo (siguiendo el ejemplo del Banco Central Europeo, el banco central de Suecia y el Banco de Japón), esto es, castigar a los bancos que insistan en mantener el dinero atesorado a través del cobro de una tasa de interés, medida que buscaría obligarlos a destrabar el otorgamiento de crédito a la actividad productiva.

Los países emergentes, por su parte, han sido de los más golpeados a lo largo de los últimos 2 años y medio por las políticas de restricción monetaria del Fed, en especial la región de América Latina y el Caribe. Mientras que el año pasado el PIB de la región latinoamericana se contrajo 0.4 por ciento, para este año se espera que registre una expansión de apenas 0.2 por ciento, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Asimismo, las bolsas de valores de la región han perdido todo impulso, mientras que las monedas también han retrocedido con fuerza ante el dólar. Es que a partir de 2009 los bancos centrales de los países industrializados comenzaron a inundar el mundo de crédito barato.

El Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, entre otros, inyectaron unos 15 billones de dólares de liquidez monetaria (según las estimaciones del fondo de inversiones Elliot Management, dirigido por Paul Singer), y con ello produjeron graves distorsiones en los precios de los activos financieros de renta variable (acciones, bienes raíces, commodities, etcétera). Este proceso hizo posible el auge de los precios de las materias primas (commodities), la apreciación de los tipos de cambio, así como la euforia bursátil en el grueso de los países de América Latina y el Caribe.

Sin embargo, la política monetaria “no convencional” (compras simultáneas de bonos del Tesoro de Estados Unidos y activos hipotecarios respaldados en hipotecas) aplicada por el expresidente de el Fed, Ben Bernanke, llegó a su fin. Y entonces el dinero comenzó a regresar a casa, a las manos de sus verdaderos dueños. “Desde que el Fed anunció en mayo de 2014 el fin de su programa de flexibilización cuantitativa y, con ello, la normalización de su política monetaria, se registró una reorientación de los flujos externos de capital: éstos comenzaron a retirarse de los países emergentes para trasladarse hacia mercados más seguros, sobre todo hacia Estados Unidos”, sostiene Arturo Guillén, autor de La crisis global en su laberinto, libro que acaba de ser lanzado en coedición por la UAM-I y Biblioteca Nueva, de Madrid. Sucede que las salidas de capitales de los países emergentes resultaron mucho más graves de lo previsto. Según las estimaciones del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés), durante 2015 las fugas netas de capitales de las economías emergentes alcanzaron un récord de 735 mil millones de dólares, muy por encima de la primera estimación de octubre, de 540 mil millones de dólares. Es la salida más dramática desde la crisis asiática de finales de la década de 1990. “Éste es un evento realmente sin precedentes, que estemos observando salidas de los mercados emergentes en esta escala”, señaló Charles Collyns, director gerente y economista jefe del IIF.

La mayor salida de capitales entre los países emergentes tuvo lugar en China, donde alcanzó un monto de casi 60 mil millones de dólares. Lo cierto es que una gran cantidad de operadores se está desprendiendo de sus inversiones denominadas en yuanes. Asimismo, algunos magnates de las finanzas, como George Soros, sospechan que el aterrizaje de la economía de China va a ser violento, luego de publicarse el dato de que el año pasado el PIB se había expandido apenas 6.9 por ciento, la tasa de crecimiento más baja de los últimos 25 años.

La guerra de los inversionistas de Wall Street contra el yuan parece no encontrar límites: solamente durante enero el Banco Popular de China utilizó más de 100 mil millones de dólares de sus reservas internacionales para estabilizar el tipo de cambio de los ataques de los especuladores. El comportamiento de la economía china convertido en el blanco favorito del gobierno de Estados Unidos para evadir su propia responsabilidad en la gestión de la crisis, y también en la causa principal de la turbulencia financiera mundial, según la opinión de varios integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto…
El Banco de México advierte de una nueva guerra de divisas

La postura asumida por el gobierno mexicano frente a la depreciación del tipo de cambio ha resultado por demás contradictoria. En un primer momento, argumentó que la caída de la moneda sería beneficiosa para la economía del país. El 15 de agosto de 2015, luego de participar en la V Carrera Molino del Rey, el presidente Peña Nieto no solamente subestimó los efectos negativos de la depreciación cambiaria, sino que señaló que ésta tenía su lado positivo, puesto que incrementaba la competitividad de las exportaciones (por ejemplo, de automóviles y productos manufacturados) en el mercado mundial, a la vez que permitía atraer a más turistas (ante el aumento del poder adquisitivo del dólar).

Sin embargo, ya en un segundo momento, justo cuando la depreciación del tipo de cambio se acentuó a principios de este año, el tono del discurso gubernamental cambió. Luis Videgaray, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), alertó la primera semana de enero que las turbulencias en los mercados financieros y el desplome de la moneda china (renminbi) podrían precipitar una nueva guerra de divisas.

“Hay una preocupación real de que, ante la desaceleración de la economía china, la respuesta de política pública sea iniciar una ronda de devaluaciones competitivas”, sentenció Videgaray tras su participación en la XXVII Reunión de Embajadores y Cónsules realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En ese mismo sentido, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, declaró que no se descartaba que hubiera una corrección violenta en los mercados financieros internacionales, situación que golpearía todavía más la moneda nacional, con lo cual, la estabilidad de precios podría verse cuestionada. Para una mejor manera de enfrentar la volatilidad, consideró Carstens, los países emergentes podrían estudiar la viabilidad de poner en marcha un plan de política monetaria “no convencional” que incluyera la compra de bonos de deuda de parte de los bancos centrales. La verdad es que hasta el momento el gobierno mexicano no ha conseguido detener la depreciación del peso.

Como el aparato productivo mexicano está demasiado integrado a la economía de Estados Unidos, el tipo de cambio es dependiente en buena medida de la política monetaria seguida por el Fed. Asimismo, la producción de mercancías en México requiere una proporción significativa de insumos importados. Ante el encarecimiento del dólar, persiste la angustia entre la población de que tarde o temprano los efectos de la depreciación del tipo de cambio se trasladen a los precios de los productos de primera necesidad, principalmente los alimentos. Con todo, a pesar de la caída del peso mexicano en un 14 por ciento frente a la divisa estadunidense durante 2015, uno de los peores desempeños entre las monedas latinoamericanas. Con todo, el gobierno mexicano insiste en que, por lo menos hasta ahora, la situación está bajo control: no hay indicios de un aumento generalizado de precios en el corto plazo.
Las subidas de precios se siguen con lupa

La depreciación del peso implica el encarecimiento de los bienes denominados en dólares. Si la moneda nacional pierde valor frente al dólar, los empresarios mexicanos se ven obligados a subir los precios de sus mercancías. Sin embargo, una de las grandes paradojas es que hasta el momento la drástica depreciación del peso no se ha visto reflejada en incrementos sustantivos en el nivel de precios estimado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No obstante, tanto en el Programa de Política Monetaria para 2016, como en el Anuncio de política monetaria, publicado el 4 de febrero, el Banco de México salió a defender que por lo menos hasta el momento la caída de la moneda no ha alimentado las expectativas inflacionarias, en parte por la “holgura” de la economía mexicana; si bien reconoció que sí existía el riesgo de que la inflación se disparara en caso de que la depreciación de la moneda nacional llegara a acentuarse.

“La baja inflación que ha experimentado México en los últimos meses no es síntoma de fortaleza financiera, ni de ‘fundamentales sanos’, sino que es, sobre todo, el reflejo de la agudización de las tendencias deflacionarias en la economía mundial. De proseguir la depreciación del peso, tarde o temprano se trasladará el costo de las importaciones a los precios internos, como ya está sucediendo en el caso de varios productos”, sentencia Arturo Guillén.

El dato de inflación del Inegi ha despertado suspicacias entre amplios sectores de la población mexicana, pues semana tras semana se observa cómo los precios aumentan sobremanera en un amplio abanico de productos de la canasta básica. En opinión de Arturo Ortiz Wadgymar, coordinador de la Unidad de Economía Mundial del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Iiec-UNAM), “a partir de enero empieza el nivel de precios a repuntar especialmente en rubros importados de demanda inelástica, como medicinas, alimentos y electrónicos, lo que quiere decir que la inflación está por venir por mucho que la quieran enmascarar; durante 2016 cabe la posibilidad de tener una inflación superior a 4 por ciento”.
La respuesta del gobierno: restricción crediticia y ajuste presupuestal

Desde mediados de 2014, los precios de referencia internacional del petróleo se han desplomado en más de 50 por ciento. En el caso de la mezcla mexicana, el precio del barril se encuentra muy cerca del piso de los 20 dólares, la cotización más baja desde que se contrajo el crédito en escala internacional, en la primavera en 2009. Es indudable, las exportaciones de petróleo de México seguirán apuntando a la baja los meses siguientes, y es muy poco probable que el volumen de las exportaciones no petroleras aumente si se toma en cuenta la debilidad de la demanda externa.

En la actualidad, a pesar de las “reformas estructurales” que se aprobaron en el ámbito fiscal durante la administración de Peña Nieto, el presupuesto público aún depende en una buena medida de los ingresos derivados de las ventas de hidrocarburos. “Las exportaciones tuvieron porcentajes de variación negativos durante casi todo 2015. En agosto se registró la peor caída del año, -6.73 por ciento, en términos interanuales. Cabe destacar que las exportaciones petroleras muestran caídas más significativas (-47.8 por ciento, agosto 215), y de éstas la caída de exportación de petróleo tuvo variaciones que superan el -40 por ciento a lo largo de todo el año, en tanto las exportaciones no petroleras aunque también presentaron valores negativos, fueron más pequeños, con una caída de -1.63 por ciento (agosto, 2015)”, apunta Alicia Girón, catedrática e investigadora de la Unidad de Economía Financiera del IIEc-UNAM.

¿Hasta cuándo será posible evitar una debacle fiscal? El gobierno mexicano ha conseguido salir más o menos avante del temporal deflacionario gracias a las coberturas del petróleo, que son contratos negociados con diversos bancos de inversión que funcionan como un seguro por el que se paga una primada determinada una vez que se adquieren, y en caso de que el precio de la mezcla mexicana observado durante el año se ubique por debajo del precio pactado, se otorga un pago al gobierno de la República que compensa una parte de la disminución de los ingresos presupuestarios.

¿Qué otras medidas podía poner en marcha el gobierno para evitar la debacle? Las opciones a la vista eran tres. Por una parte, se podía recurrir a un mayor endeudamiento. Por otra, cabía optar por el incremento de algunos impuestos. Sin embargo, dados los altos niveles de desaprobación de Enrique Peña Nieto entre la población, su administración apostó por reducir el gasto público. El 8 de febrero, la SHCP comunicó que, producto del trabajo conjunto que realizaba con el Banco de México a fin de utilizar de la mejor manera los instrumentos de política económica, había tomado la decisión de realizar un plan de ajuste preventivo para 2017, dado el entorno de alta volatilidad de los mercados financieros internacionales. De esta manera, quedaba en firme el recorte de 25 mil empleados del sector público (15 mil del gobierno federal y 10 mil más de Petróleos Mexicanos, Pemex).

Asimismo, Luis Videgaray, anunció que la secretaría a su cargo iba a realizar en los siguientes días una evaluación pormenorizada que permitiría determinar en qué otros ramos del gobierno federal se llevarían a cabo disminuciones de gasto. “Estamos evaluando un ajuste preventivo para 2017, que habrá de complementar el uso de coberturas este año”, sentenció Videgaray en una entrevista durante la inauguración de la Casa de la Cultura de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado.

En entrevista con Contralínea, el exsenador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Penchyna, quien fuera integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, apunta que la economía mexicana, si bien no está exenta de peligros ante la volatilidad de los mercados financieros internacionales, el gobierno de Enrique Peña Nieto va por en el camino correcto.

“El PRI ya dijo ‘no’ a más impuestos, dijo ‘no’ a más deuda, el PRI dijo ‘sí’ al ajuste gubernamental, que se apriete el cinturón el gobierno, y no caigamos en recetas del pasado […]; le estamos apostando a lo correcto, hay veces que son más amargas estas medicinas [en referencia al ajuste gubernamental], pero son las medicinas que pueden darle en el mediano y largo plazo a México la estabilidad y el crecimiento que deseamos”, sentencia Penchyna.

A mediados de febrero, el Banco de México y la SHCP anunciaron un plan de tres medidas para enfrentar la turbulencia financiera mundial.

En primer lugar, un recorte al gasto por más de 130 mil millones de pesos, compuesto por una reducción del gasto del gobierno federal para 2016 de 32 mil 300 millones de pesos, y un ajuste de 100 mil millones de pesos al presupuesto de Pemex; el monto es equivalente a 0.70 por ciento del PIB. En segundo lugar, el Banco de México llevó a cabo un aumento de la tasa de interés de referencia, que pasó de 3.25 a 3.75 por ciento, una decisión que, de acuerdo con Agustín Carstens, está orientada a atenuar los riesgos de drásticas subidas de precios que pudieran derivar de la depreciación del peso. Y en tercer lugar, la suspensión del programa de subasta de dólares para defender la moneda nacional de parte de la Comisión de Cambios, aunque no descartó la posibilidad de intervenir de manera discrecional en algún momento.

En conclusión, aunque tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda consideran que sus medidas son de carácter temporal, esto es, que no pretenden seguir subiendo la tasa de interés de referencia, ni llevar a cabo más recortes de gasto público, es imposible prever el comportamiento de los mercados financieros durante las próximas semanas. Sin embargo, existe una alta probabilidad de que estas medidas echen por la borda el optimismo de Luis Videgaray, pues más que tener un efecto “marginal” sobre el crecimiento económico del país, bien podrían ser el detonante de una nueva ola recesiva.

Fuente: Contralínea

Autor: Ariel Noyola Rodríguez

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Tarifas eléctricas a la baja, política ficción

En el ámbito de la atmósfera oficial no dejan de flotar las mentiras concernientes a las bondades de la reforma energética, bajo cuya apertura en el sector eléctrico se trata de vender al país la idea de la baja en las tarifas de electricidad, como años atrás sucedió con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en octubre del 2009, que en sentido inverso fomentó más daños que beneficios a la economía de los 6 millones de usuarios de la zona centro, al asumir la prestación del servicio la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hoy en quiebra.

Así, mientras la parte gubernamental hace denodados esfuerzos por convencer a los mexicanos que uno de los resultados tangibles de la citada reforma es la disminución en los recibos de luz por la utilización de mayores volúmenes de gas natural para generar electricidad a un menor costo, los hechos y las mismas cifras de las entidades públicas contradicen tales logros, dejando pendiente, y en la indefinición, el gigantesco problema social heredado por el gobierno de Felipe Calderón en lo referente a los millones de quejas por los abusivos cobros de CFE, tanto en el centro del país como en todo el territorio nacional. Reclamo igualmente ignorado en el ámbito legislativo y que hoy volverá a tocar a las puertas del Congreso.

Analistas y expertos en la materia concuerdan en lo infundado del discurso oficial que, como ya es costumbre y a través del uso desmedido de anuncios publicitarios, intenta crear falsas expectativas y logros que aún distan de ser alcanzados por la reforma como ha venido afirmando el titular de la CFE, Enrique Ochoa Reza, quien a mediados de 2015 habló de reducciones del orden del 25 y 26 por ciento en las tarifas del sector industrial; del 11 y 22 por ciento en la comercial, lo mismo que en la tarifa doméstica de alto consumo.

La cuestión de fondo es que millones de recibos no reflejan tales rebajas y, por el contrario, continúan las quejas y persisten los litigios contra los cobros excesivos de CFE, derivados de los llamados “recibos locos”, cuyo cobro se tasó en base a improcedentes “estimaciones”, tal y como lo denunció en su momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre todo en la antes zona de influencia de Luz y Fuerza.

En teoría, con la reforma los precios de la electricidad tenderían a la baja en nuestro país bajo la premisa de incrementar la producción de gas natural en un 40 por ciento en los próximos años, lo que implica la reconversión de las plantas que generan energía mediante el uso del combustóleo; pero estas circunstancia aún no se cumplen. Igualmente hay mucho por recorrer para que se concluya el plan contemplado de generar unos 25 mil kilómetros de gasoductos que puedan llevar al día unos 4 mil 500 millones de pies cúbicos de gas a plantas generadoras ubicadas, por ejemplo, en regiones como la Norte-Pacífico.

Esto es, que los objetivos de la Reforma Energética en el sector eléctrico todavía no se materializan en los hechos, y si se ha operado una ligera baja en las tarifas eléctricas es por otros factores tales como la reducción en los precios del gas shale importado de los Estados Unidos y el mayor número de generación de las hidroeléctricas a consecuencia de las lluvias abundantes de los últimos 2 años. Otro elemento del cual se ha echado mano para reducir artificialmente las tarifas son los subsidios, tal y como quedó asentado en el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados para el presente año, donde se contempla una transferencia por 30 mil millones de pesos a CFE para disminuir en un 2 por ciento las tarifas residenciales.

Ante la ausencia de resultados tangibles, resurge la demanda que ha venido enarbolando la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), en el sentido de exigir a los diputados y senadores elevar a rango constitucional el derecho humano a la electricidad mediante la aplicación de una tarifa social justa, que sea establecida por el Congreso y no por la Secretaría de Hacienda, así como el programa del “borrón y cuenta nueva”, que pondría fin a la extensa cadena de latrocinios cometidos por CFE, ampliamente documentados tanto en los medios como en las redes sociales donde se han registrado infinidad de casos de usuarios que por el uso de dos focos han sido requeridos a pagar en sus recibos cantidades exorbitantes y por demás ilógicas.

Por todo el país la ANUEE ha iniciado una campaña de recolección de firmas para respaldar esta iniciativa ciudadana que en su momento fue ignorada por los integrantes de la LXII Legislatura de San Lázaro, cuando en febrero del 2013 sus dirigentes entregaron a los miembros de la Comisión de Energía un documento en el cual detallaban los pormenores de un movimiento con sólida raigambre social y resonancia en 14 estados de la república, mismo que asumió la defensa de por lo menos 30 casos de usuarios que fueron detenidos o procesados, al ser acusados injustamente, y por la vía penal, por CFE, ante el hecho de declararse en huelga de pagos o negarse a aceptar los injustos acuerdos planteados por las autoridades.

Durante la segunda mitad del sexenio de Calderón, en la LXI Legislatura, los propios diputados del PRI integrantes de la entonces comisión especial para analizar los casos de corrupción en CFE, documentaron un millón de quejas ante la Profeco, y dieron fe de los “recibos locos” denunciados por la ANUEE. Estos antecedentes muestran el complejo problema social que ha venido generando la Comisión Federal y que se agudizó tras el cierre de Luz y Fuerza, sumando a las quejas de los diversos estados las de los millones de usuarios de la zona centro del país.

Cobra vigencia, por todo lo anterior, el contenido de la petición entregada a los diputados por la ANUEE, hace 3 años y que en algunos de sus párrafos señalaba: “Algunas de estas organizaciones empezamos la huelga de pagos de la energía eléctrica desde 1992, cuando se dio la reforma inconstitucional de la ley del servicio público de la energía eléctrica; otras nos sumamos en 2002 después de los decretos de Fox en materia de energía eléctrica, otras más recientemente al sufrir las familias de nuestras regiones estas tarifas ya impagables de la luz y en el centro del país, a raíz del decreto inconstitucional de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que derivó en la actuación, sin tener facultades, de la Comisión Federal de Electricidad para cobro, cortes, desmantelamiento de la Red de Distribución e instalación de medidores digitales de prepago, asumiendo situaciones de hostigamiento, amenazas e intimidación a los más de 6 millones usuarios de esta zona.

“En el transcurso de la historia de nuestro movimiento que lleva ya más de 20 años, sólo hemos encontrado oídos sordos y represión por parte del Poder Ejecutivo y Judicial. Y el Poder Legislativo no es la excepción: en las legislaturas anteriores, nos han recibido en múltiples ocasiones pero no nos han escuchado en lo mínimo y menos han tomado en cuenta nuestras inquietudes y propuestas.”

Ahora a la iniciativa ciudadana de la ANUEE le acompañarán un caudal de firmas donde se expresará el descontento de los 30 millones usuarios domésticos que en todo el país han padecido los cobros excesivos y el mal servicio de la CFE; mismos a quienes la reducción en las tarifas eléctricas, inherente a la Reforma Eléctrica, sigue sin reflejarse en su recibos de luz. Los integrantes del Congreso tienen en sus manos hacer realidad los beneficios anunciados o hacer oídos sordos para reciclar, como ya es costumbre en la neoliberal tecnocracia, la ominosa política ficción.

Fuente: Contralínea

Autor: Martín Esparza Flores

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/13/tarifas-electricas-a-la-baja-politica-ficcion/