Los fajos de billetes, que pesaban más de 30 kilos, sumaban una fortuna: 740 mil 40 dólares, pero eran apenas una porción de las millonarias transacciones que el tripulante de la camioneta Ecosport supuestamente manejaba a través de sus casas de cambio, como parte de una sofisticada red de lavado de dinero del Cártel de Juárez.
Una a una, las cajas de cartón fueron bajadas de un auto Seat Ibiza, color gris, propiedad deJuan Ignacio Izquierdo Sánchez, identificado por las autoridades de justicia como el responsable de la logística de recepción y traslado de dólares entre México y Colombia.
La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que el conductor de la camioneta,Rodolfo David Dávila Córdova, confesó que el dinero que llevaba pertenecía a la organización de los hermanos Carrillo Fuentes, y que se dedicaba a lavar los dólares a través de transferencias electrónicas que realizaba a distintos países, por medio de sus casas de cambio.
La Fiscalía identificó al detenido como el contacto con los proveedores de droga de Colombia, y responsable de las negociaciones comerciales y financieras del Cártel de Juárez.
Junto con las cajas repletas de dólares, los agentes investigadores reportaron el hallazgo en la camioneta Ecosport de documentos que permitieron identificar la estructura de mando y zonas de operación del Cártel de Juárez.
La documentación sirvió, además, para localizar 16 días después a Ricardo García Urquiza, “El Doctor”, quien había asumido el mando de la organización delictiva, tras la ejecución, en 2004, de Rodolfo Carrillo Fuentes, en Culiacán. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la captura del capo se realizó cerca del centro comercial Perisur, cuando acudió a una cita con un contacto que le enviaría un cargamento de cocaína desde Colombia.
Cuando fue capturado, El Doctor llevaba consigo una pistola con cacha dorada con incrustaciones de diamantes y con el símbolo característico del Yin Yang de la medicina china. Pero el más importante hallazgo, derivado de su detención, fue la documentación que evidenciaba la estructura empresarial que había logrado crear para la operación del Cártel de Juárez.
Un ejemplo: las autoridades reportaron la localización de 51 cuentas en Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC a través de las cuales se pagaba la nómina de trabajadores y traficantes.
En su domicilio, ubicado en la colonia Insurgentes Cuicuilco, al capo le decomisaron una hoja con las claves que utilizaba para ocultar sus operaciones ilícitas. Usaba nombres de hombre y de mujer para indicar el día del mes y la hora de la entrega de las drogas. “Vamos a ver a Teresa en la casa de Pedro” significaba que el desembarco sería el día cinco a las ocho de la noche.
A una de sus cómplices, a quien apodaban ‘La contadora’, le encontraron dos millones 886 mil dólares en fajos de billetes de 20, forrados en plástico, que se presume estaban listos para ser enviados a Colombia para pagar cargamentos de droga. Pero además, hallaron en su casa los registros contables que revelaban los gastos, costos de droga y comisiones que pagaban a traficantes y a autoridades ligadas a esta organización criminal.
De 1988 a 1990, El Cónsul había trabajado para el Banco de México como Subgerente de Cambios Nacionales. Entre sus tareas estaba el fijar la política de compra-venta de divisas, además de vigilar las transacciones realizadas en los mercados cambiarios. Luego trabajó como Subdirector de inmuebles de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).Permaneció en el gobierno federal hasta 2003.
Según el proceso que se siguió en su contra, Dávila Córdova fue reclutado por el Cártel de Juárez para ejecutar operaciones de lavado de dinero, a través del centro cambiario ‘Envíos del Ahorro’, en el que era socio con el 32% de las acciones.
De acuerdo con la acusación de las autoridades, las sucursales instaladas en Illinois y en Texas, servían para enviar las ganancias que se obtenían del tráfico de drogas a la casa matriz de ‘Envíos del Ahorro’ ubicada en Michoacán. Las transacciones aparentaban ser remesas de paisanos residentes en Chicago o en McAllen.
“Este señor (Rodolfo David Dávila Córdova) era el que manejaba físicamente los pagos, los cobros de dinero y traficaba con los fondos por medio de las casas de cambio”, aseguró ennoviembre de 2005 el entonces titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca.
Además de Envíos del Ahorro, el ex directivo del Banco de México fue ligado por las autoridades de justicia con la Casa de Cambio Intercontinental (que luego cambió su nombre a Ribadeo), que también estuvo involucrada con el blanqueo de capitales.
En dos transacciones realizadas entre octubre y diciembre de 2013, dos empresas en las que Rodolfo David Dávila Córdova aparece como socio y apoderado legal recibieron más de 396 millones de pesos (equivalentes a 25 millones de dólares, conforme al tipo de cambio de ese momento) del programa federal.
Las empresas se denominan Grupo Comercializador Cónclave SA de CV y Prodasa SA de CV.
En conjunto, los dos contratos otorgados a empresas ligadas a David Dávila Córdova sumaron 396 millones de pesos. Gran parte de esos fondos fueron transferidos a una red de empresas vinculadas, en operaciones simuladas.
Tanto Cónclave como Prodasa son empresas ‘fantasma’, que cobraron por servicios que nunca realizaron. Los domicilios fiscales que aparecen en las facturas corresponden en realidad a consultorios médicos y a despachos de abogados.
Durante la investigación se buscó a Rodolfo David Dávila Córdova en los domicilios que aportó en las facturas, pero nunca fue localizado.
“Me constituí legalmente en el Centro Federal de Readaptación Social número uno ‘Altiplano’, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde me cercioré de ser el domicilio correcto, cuyas características externas son bardeado perimetral blanco y azul, con varias cabinas de seguridad a la entrada, malla ciclónica alrededor, de unos 15 mil metros cuadrados aproximadamente todo el inmueble, donde ingresé con el propósito de llevar a cabo la diligencia de mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y/o embargo emitido por la Administración Local de Recaudación de Toluca, referente al crédito 608278 de la determinante 3535/10 de fecha 22 de julio de 2010, emitida por el juzgado de distrito”.
Al enviado del SAT lo atendió un empleado del penal, quien tras realizar una búsqueda en las bases de datos de los internos sentenciados, encontró que Rodolfo David Dávila Córdova había salido de la cárcel desde el 26 de octubre de 2010.
Días antes de su liberación, Dávila Córdova trabajaba en otro plan B: promovió un amparo junto con Gilberto García Mena, ‘El June’, ante el Juzgado primero de distrito, del segundo circuito del Estado de México, por supuesta tortura y negativa de atención médica, de acuerdo con el expediente 1188/2010.
‘El June’ estaba encarcelado en Alomoloya desde 2001 y enfrentaba una sentencia de 43 años de prisión, por narcotráfico y acopio de armas. La PGR lo señalaba como uno de los principales lugartenientes del Cártel del Golfo.
El 21 de octubre de 2010, Dávila Córdova fue notificado por la actuaría adscrita al juzgado que se había autorizado el abogado solicitado por él y por El June, además de nombrarse a éste último como “representante común” en el juicio de amparo. Sin embargo, ya no fue necesaria la defensa, pues cinco días después El Cónsul dejó la cárcel al cumplir una condena de sólo cinco años de prisión.
Wistano era una especie de intermediario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Morelos, estado donde reside Rodolfo David Dávila Córdova, El Cónsul.
Tras renunciar a principios de 2013 a la Presidencia de Nueva Alianza en la capital de México, Wistano se incorporó como coordinador de proyectos especiales de la Universidad Autónoma de Morelos. Entre sus tareas estaba buscar proveedores para equipar a los brigadistas de la ruta ‘Sin Hambre’, del programa estelar del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Sedesol comisionó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que se encargara de equipar a los brigadistas de la Cruzada contra el Hambre; el centro de estudios, a su vez, subcontrató a las empresas fantasmas de El Cónsul.
Y uno de los aspirantes que se anotó para convertirse en proveedor de la Sedesol era precisamente El Cónsul, quien aquel 26 de septiembre de 2013 se presentó en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, para formalizar su petición.
Al encuentro, realizado en Avenida Universidad 1001, en Cuernavaca, llegaron los representantes de otras tres empresas, que también buscaban obtener el contrato. De un plumazo, dos de los postulantes fueron eliminados. Sólo quedaron como candidatos Grupo Comercializadora Cónclave (representado por David Dávila Córdova) y su contendiente Bombasa SA de CV.
Al día siguiente, a las dos de la tarde, Wistano Luis Orozco firmó en el sexto piso de torre de rectoría el documento mediante el cual se asignó un contrato por 207 millones 779 mil 715 pesos a Grupo Cónclave. Fue una asignación exprés.
Dos meses después, la historia se repitió con Prodasa SA de CV, empresa en la que ‘El Cónsul’ es socio. El 29 de noviembre de 2013 su hermano acudió a una reunión realizada junto a la Sala de Rectores de la Universidad morelense, y en sobre cerrado entregó su propuesta. A los once días le asignaron un contrato por 188 millones 662 mil 900 pesos.
En el transcurso de esta investigación se contactó a Wistano Luis Orozco, quien se abstuvo de declarar.
-¿Hablará algo al respecto de este tema? –se le planteó.
-No, no en absoluto –respondió.
En la licitación LP12/2013 –que se asignó a Grupo Cónclave- se dio sólo un día para adquirir las bases de la convocatoria, lo que provocó que apenas alcanzaran a inscribirse cuatro postores, dos de ellos descalificados casi de inmediato.
Mientras que en la licitación LP20/2013 –que se otorgó a Prodasa- el plazo para inscribirse en este caso fue de 3 días.
Una auditoría del órgano fiscalizador del Congreso de la Unión encontró más irregularidades:
El domicilio fiscal anotado en la factura que emitió a Sedesol, en Avenida Ejército Nacional 475, segundo piso, en la ciudad de México, en realidad corresponde a consultorios médicos.
Los auditores del órgano de fiscalización del Congreso visitaron ambos domicilios y levantaron actas en las que quedó constancia que la empresa es inexistente o por lo menos no localizable.
Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que la empresa Cónclave no había declarado para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) los 207 millones de pesos que había recibido de Sedesol.
El SAT informó que Prodasa SA de CV –la otra empresa ligada al operador del Cártel de Juárez- tampoco presentó su declaración de impuestos.
Además, la Auditoría Superior de la Federación verificó que el domicilio fiscal de Prodasa es diferente al consignado en la factura y en el estado de cuenta bancario en el que se le depositaron 188 millones de pesos de fondos federales de la cruzada contra el hambre.
Al 25 de marzo de 2014, Prodasa presentaba en el padrón de contribuyentes el estatus de “Cancelado por liquidación total del activo”. Pese a ello, los auditores descubrieron que en esa fecha la empresa participó en otro procedimiento de licitación por invitación, realizado por la Universidad Autónoma de Morelos.
Aquel día, Wistano Luis Orozco García, director de proyectos especiales de la universidad y ex directivo del Partido Nueva Alianza, encabezó la sesión en la que las dos empresas ligadas al presunto operador financiero del Cártel de Juárez (Cónclave y Prodasa) fueron invitadas a presentar propuestas para dar el servicio de “asesoría en planeación de programas de capacitación”.
Wistano invitó a las dos empresas, pese a que habían incumplido meses antes con la cruzada contra el hambre.
En su declaración anual de 2013 declaró al SAT ingresos acumulables de 25 millones 661 mil 574 pesos, aunque tan sólo en el contrato que obtuvo en la Universidad de Morelos cobró más de 207 millones.
El más reciente domicilio fiscal reportado fue Bosque de Duraznos 75, en Bosques de las Lomas, en la ciudad de México. Esa dirección corresponde en realidad a oficinas corporativas de otras empresas.
Además de organizar fiestas, Cónclave ofrecía servicios de comercio exterior, como la importación de cargamentos de bloques de ónix de Italia, o el envío de formulaciones químicas a Venezuela, como Glicero Fosfato de Calcio y Alcohol Cetílico, realizados en 2013.
Ese mismo año, Grupo Comercializador Cónclave apareció en transacciones de futbol internacional y se incorporó como proveedor de la cruzada contra el hambre.
En esta última actividad no cumplió los contratos que se le otorgaron para repartir millones de utensilios a brigadistas de 400 municipios de todo el País. Tampoco cumplió la empresa Prodasa, propiedad de Rodolfo David Dávila Córdova.
Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación detalló los presuntos ilícitos en que incurrieron ambas empresas, en detrimento de la Hacienda Pública Federal:
“Se concluye que el pedido a Grupo Comercializador Cónclave, SA de CV, así como el contrato con Prodasa, SA de CV, para la adquisición de los 31 millones 199 mil 505 bienes, constituyen esquemas de facturación a través de la presumible simulación de operaciones; lo que evidencia, por un lado, a una empresa que factura una presunta prestación de bienes o servicios, y en contraparte, a la dependencia contratante, la cual, supuestamente, los recibe de conformidad. Las empresas resultan inexistentes, no localizadas o vinculadas, como este caso”.
Estas irregularidades fueron denunciadas al Servicio de Administración Tributaria y a las autoridades de justicia, quienes ya investigan el fraude multimillonario con fondos de la Cruzada contra el Hambre.
Saúl Elías Álvarez Mercado, el socio mayoritario de Cónclave, aparece en contratos firmados con el Partido Nueva Alianza como apoderado o representante de Diseños y Servicios Publicitarios HPW, que tiene su domicilio en Lago Rodolfo 25, Colonia Granada, en la ciudad de México.
Ese mismo domicilio lo comparten las empresas Asesorías Profesionales Milbank, Comercializadora y Distribuidora Kardiel; Publicidad y Servicios Kirman y Textiles Unidos Kayutt.
En conjunto, esa red de empresas son algunas de las principales prestadoras de servicios de Nueva Alianza; por ejemplo, entre 2010 y 2012 -cuando dicho partido político todavía era controlado por gente cercana a Elba Esther Gordillo- recibieron contratos por 82 millones de pesos.
Además de compartir domicilio, esta red de compañías tiene como representante o apoderada legal a Claudia Elizabeth Gómez Sabanero, quien a su vez está ligada a Servicios y Desarrollos Akrópolis, una de las empresas que estuvo involucrada en 2012 en el Monexgate.
Gómez Sabanero aparece como comisaria en el acta constitutiva de Akrópolis, una de las múltiples empresas que transfirió dinero para la compra de tarjetas de prepago que repartió el PRI en la elección que llevó a la Presidencia a Enrique Peña Nieto.
César González Rodríguez, uno de los socios de Akrópolis, también es accionista fundador de Grupo Comercializador Cónclave, la empresa vinculada con el fraude millonario a la Cruzada contra el Hambre.
Pero los negocios de El Cónsul no se han limitado al gobierno de Peña Nieto, sus redes también se han extendido hasta el futbol europeo…
(Continuará mañana la segunda parte)
Fuente: Aristegui Noticias
Autores: Redacción
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