Las normales, en la sobrevivencia ante el abandono oficial

Las 484 escuelas normales, urbanas y rurales, del país enfrentan el mayor de sus desafíos: sobrevivir a la desatención presupuestal y académica en que las han tenido los gobiernos federal y estatales en turno, y encontrar un nuevo rumbo ante la pérdida de su identidad como instituciones formadoras de profesionales de la enseñanza.

El deterioro de sus instalaciones, el ahorcamiento financiero y la carencia de una plantilla académica que, como antes de los años 80, represente a los mejores maestros, se hacen evidentes desde hace por lo menos tres décadas, coinciden especialistas, profesores y ex alumnos.

Del total de normales que existen en México, 274 son públicas y atienden a 76.9 por ciento de la matricula nacional, mientras en 210 planteles particulares asisten 23.1 por ciento de los jóvenes que desean ser maestros.

En los pasados 30 años, las normales han perdido más de 200 mil estudiantes, es decir, 63.5 por ciento de su matrícula, al pasar de 332 mil 505 a principios de 1980, cuando se reportó un máximo histórico en la demanda, a 121 mil 342 inscritos durante el ciclo 2014-2015.

Datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) señalan que en el ciclo escolar 2013-2014 sólo se cubrió 72.6 por ciento de los lugares de primer ingreso disponibles en las normales públicas, mientras en las particulares fueron 52.4 por ciento.

Además de la reducción de su matrícula, hay un creciente deterioro en las condiciones en que se ejerce la docencia en las aulas.

En su reporte más actualizado, que corresponde al ciclo escolar 2014-2015, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación señala que de los 17 mil 462 profesores que laboran en esos planteles, sólo 5 mil 178 (29.6 por ciento) son de tiempo completo, 2 mil 183 (12.5 por ciento) tienen medio tiempo, mientras 9 mil 146 (52.3 por ciento) trabajan por horas.

Pese a que más de la mitad de los maestros cuentan con un contrato de base, cerca de mil 500 cumplen un interinato limitado –sin plaza base–, 471 son comisionados, 2 mil 370 cobran por honorarios y 32 son voluntarios.

En cuanto a los resultados académicos de los alumnos que están por egresar de las normales, el INEE señala, en su informe Los docentes en México 2015, que poco más de una tercera parte alcanza un logro educativo insuficiente, mientras sólo 24 por ciento se ubican en niveles de desempeño sobresalientes.

Etelvina Sandoval, profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), afirma que hay un eje medular que se está borrando en estas instituciones: se forman para enseñar, y es precisamente esta característica la que se está eliminando.

Las normales, señala Juan Manuel Rendón, ex rector de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), han dejado de ser parte de un proyecto educativo impulsado por las administraciones federales, para entrar en una fase de parálisis, asfixia financiera y abandono académico.

Por décadas, recuerda, se dejó intacto el control institucional e ideológico que ejerce la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la designación de sus directivos, se les impusieron nuevos estándares de excelencia académica sin darles recursos, y comenzó, al menos desde principios de este siglo, una prolongada campaña de desprestigio.

Sandoval agrega otra característica en la gestión interna que se impuso a las normales: el verticalismo. Todo viene de arriba abajo. Quien designa a los directivos es la autoridad, pero también es la única que impone los planes y programas de estudio. Las comunidades académicas y de alumnos no son incluidos en los procesos de reforma.

Hugo Casanova Cardiel, profesor del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que las normales se han convertido en un enemigo para el gobierno federal, lo que resulta muy delicado, pues ver a las escuelas y a los maestros como entidades beligerantes respecto del Estado es algo muy peligroso.

El gobierno federal, considera, tiene una estrategia para el normalismo: en vez de impulsarlo, busca contenerlo. Trata de meterlo en los esquemas predeterminados de la burocracia educativa.

Isaías Jaime Ignacio, ex alumno normalista y profesor de telesecundaria en la región centro de Oaxaca, recuerda que la educación normalista cumplía una doble función: formar nuevos profesores, pero también inculcar en los futuros maestros un profundo compromiso social. El normalismo tenía un rumbo claro; sabíamos que nuestra función era estar al lado de los más pobres. Hoy ese objetivo se ha perdido.

Apunta que desde 1883, con la fundación de la Escuela Modelo de Orizaba, hasta 1922, con la creación de la primera Escuela Normal Rural en Tacámbaro, Michoacán, se fue consolidando un proyecto educativo nacional que haría posible sacar del analfabetismo a millones de mexicanos.

Fue un periodo que impulsó, en décadas posteriores, el desarrollo del normalismo, cuyas aportaciones ayudaron a construir al México del siglo XXI. 

Esa labor hoy se quiere dejar en el olvido.



Fuente: La Jornada

Autora: Laura Poy Solano

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/14/politica/002n1pol

Inversión térmica complica dispersión de contaminantes en CDMX

Ciudad de México. Una inversión térmica se registró este lunes a una altura a mil 720 metros, lo que contribuye a que persista la mala calidad del aire y se mantenga la fase de precontingencia ambiental en el Valle de México.

En su pronóstico meteorológico, el Sistema de Monitoreo Atmosférico detalló que la inversión térmica tiene una intensidad de 0.4 grados, espesor de 380 metros y temperatura de ruptura de 27.0 grados centígrados.

En tanto las condiciones para la dispersión de contaminantes sean adversas y la inversión térmica se mantenga, no habrá condiciones que permitan levantar la precontingencia ambiental que se mantiene desde el pasado sábado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se habla de una inversión térmica cuando la capa de aire que está en contacto con la superficie adquiere una temperatura menor de la que presentan capas con mayor altura.

Al estar relativamente a mayor temperatura estas capas actúan como una cubierta que impide el movimiento del aire hacia arriba, por lo que queda estancado provocando un aumento en la concentración de contaminantes, generalmente en niveles que pueden ser nocivos tanto para la salud como para los ecosistemas a ver si esto puede remplazar a la del aire.

104 puntos de ozono

La calidad del aire en la zona noreste del valle de México es mala, pues alcanzó 104 puntos de ozono, informó la Dirección de Monitoreo Atmosférico.

En su reporte de las 12:00 horas, el organismo detalló que en el sureste se registraron 96 unidades del contaminante, el suroeste 84, el centro 82 y el noroeste 57; es decir, una condición regular, de acuerdo con el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca).

Ante esa situación recomendó a las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como niños y adultos mayores, limitar actividades prolongadas al aire libre.

Además la radiación ultravioleta se ubica e 10 puntos, por lo que llamó a usar cremas con factor de protector solar mayor de 30, permanecer en interiores o a la sombra, así como vestir con ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

Fuente: La Jornada

Autor: Notimex

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/14/inversion-termica-complica-dispersion-de-contaminantes-en-cdmx-9886.html

Pierde el SAT opción de cobrar a Oceanografía

Ciudad de México. Un tribunal federal cerró este lunes el caso de la deuda fiscal por casi 18 mil millones de pesos que estaba pendiente de ser cobrada a Oceanografía, al resolver que no puede ser reconocido dicho adeudo en el concurso mercantil que tiene abierto la naviera y principal proveedora de servicios petroleros.

Según consta en un fallo del noveno tribunal colegiado en materia civil quedó confirmada una sentencia de un magistrado de circuito que meses antes había resuelto que la deuda de Oceanografía con el Servicio de Administración Tributaria aún no era "firme y exigible", ya que fue notificada a la naviera en mayo de 2015, y por tanto no podía formar parte de la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos en el concurso mercantil abierto en 2014.

Con el fallo del tribunal colegiado (integrado por tres magistrados) el SAT perdió cualquier oportunidad legal para seguir litigando el asunto.

Fuente: La Jornada

Autora: Matilde Pérez U.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/14/confirma-tribunal-deuda-de-oceanografia-no-es-exigible-875.html

La iniciativa #Ley3de3 logra su meta: reúne 120 mil firmas para llegar al Congreso

Las organizaciones informaron que gracias a la jornada de este domingo se logró llegar a la meta para presentar la iniciativa ante el Congreso durante este periodo ordinario y convertirla en ley.

Las organizaciones ciudadanas que impulsan la #Ley3de3 lograron su meta este domingo 13 de marzo, y recolectaron 120,000 firmas para presentar formalmente la iniciativa ante el Congreso, con lo cual sería obligación jurídica para los servidores públicos dar a conocer sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, y ya no solo un tema de buena voluntad.

Con esta iniciativa los ciudadanos buscan combatir la corrupción y la impunidad en México, y esperan que pueda presentarse en el actual periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo.

Según datos de las organizaciones, este domingo se instalaron al menos 164 mesas en 27 entidades federativas; en esta jornada se reunieron más de 20,000 firmas. Además hubo brigadas y personas que juntaron firmas y que las entregarán este lunes.

“La respuesta cívica ante esta iniciativa confirma que un número creciente de ciudadanos quiere pasar ‘de la queja a la acción’”, informaron en un comunicado las organizaciones que impulsan la #Ley3de3.

En las elecciones de 2015, diferentes candidatos presentaron su declaración #3de3, pero hasta ahora hacerlo es opcional para los servidores públicos.

Las organizaciones añadieron que continuarán recabando firmas los próximos días para ampliar la base de apoyo a esta iniciativa ciudadana.

Aquí puedes conocer más a detalle la iniciativa, descargar el formato para firmar, y ubicar los puntos de entrega.


Las organizaciones piden a los ciudadanos que lleven los formatos con firmas a los puntos de entrega para iniciar el acopio central y reunir en un solo sitio la totalidad de las firmas. El Instituto Mexicano para la Competitividad será el encargado de concentrar las firmas en sus instalaciones en Alfredo de Musset #32, col. Polanco, del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590.

FUENTE:´ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-iniciativa-ley3de3-logra-su-meta-reune-120-mil-firmas-para-llegar-al-congreso/

La familia Zamora: cuando luchar contra los ‘talamontes’ te cuesta la vida o la libertad

En noviembre de 2015, el activista ambiental Ildefonso Zamora fue detenido y encarcelado por un supuesto delito de robo cometido en 2012. Sin embargo, Greenpeace y el CentroPro documentan graves irregularidades en el expediente del caso.

“Mi padre no es un ratero –dice Misael Zamora con las manos metidas en el bolsillo de una sudadera blanca-. Su único delito ha sido defender estos bosques y hacer el trabajo que no hacen las autoridades”.

El joven observa a su alrededor y con la barbilla despoblada de barba apunta hacia un denso manto de pinos y matorrales que brotan de las entrañas de la tierra.

Esta postal, asegura, existe hoy gracias al activismo de su padre Ildefonso Zamora, quien con ayuda de la organización Greenpeace desplegó en el año 2004 un gigante ‘SOS’ para denunciar que los ‘talamontes’ estaban devorando las 10 mil 800 hectáreas de bosques de la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo, en el Estado de México. Una de las 15 “regiones críticas” por tala ilegal del país que identifica la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).


Doce años después, presume Misael, estamos ante un “bosque nuevo”, reforestado. Aunque a colación admite que las marcas de los dientes de las motosierras aún perduran en algunos troncos cercenados y también en la memoria de la familia Zamora, la cual ha sido víctima desde entonces de campañas de desprestigio, agresiones y de amenazas de muerte.

Una de esas amenazas, relata el también activista ambiental, tuvo lugar en enero de 2007. Cuando a bordo de un automóvil tres personas lo persiguieron a él, a su hermano Aldo y a su tío Juan Zamora, y uno de los agresores le espetó a Aldo: “Dile a tu padre que se tranquilice. O si no, tú mismo la vas a pagar, pinche cabrón”.

Cinco meses más tarde, en mayo de 2007, los agresores cumplieron su amenaza: en la carretera que va hacia la comunidad de Santa Lucía, en el municipio mexiquense de Ocuitlán, un grupo de cuatro talamontes emboscaron a los dos hermanos, los bajaron del vehículo a la fuerza, y les dispararon a quemarropa con armas de grueso calibre.

Misael fue herido de gravedad en un pulmón, pero sobrevivió. Mientras que Aldo, que en ese entonces tenía apenas 21 años y poco tiempo de haberse unido a su padre en la defensa de los bosques, murió asesinado en el acto.

Tras el asesinato, el expresidente Felipe Calderón declaró públicamente el 12 de julio de 2007 que “se haría justicia en el caso de Aldo Zamora”, pese a lo cual, más de ocho años después, sólo dos de las cuatro personas que participaron en el atentado están presas, mientras que los dos autores materiales continúan en libertad.


“Lo que le pasó a mi hermano fue una desgracia para la familia –farfulla lacónico Misael Zamora recordando lo sucedido-. Pero su muerte sirvió para que la tala se frenara casi por completo en San Juan Atzingo. Al menos, durante un tiempo”.



Además, a raíz de la fuerte presión social que se hizo por el homicidio de Aldo varios funcionarios de la cabecera municipal de Tenancingo “que estaban coludidos con los taladores” fueron despedidos y exhibidos. Lo cual, por un lado, benefició a la recuperación de los bosques de la comunidad. Pero por otro, también le granjeó a la familia Zamora nuevos enemigos.

“Por todo el ruido que se hizo, algunas autoridades se quedaron con un coraje tremendo hacia mi padre. Y hasta hoy no han cesado en su deseo de revancha contra él”, apunta el activista, quien denuncia que el Ministerio Público de Tenancingo, “en contubernio con los talamontes”, fabricaron un delito a Ildefonso para que dejara de molestar con su activismo.


“Parece que de nuevo están cumpliendo con su revancha –musita Misael mientras observa cómo el viento mece la elevada copa de un pino-. Porque desde noviembre del año pasado, mi padre está encerrado en la cárcel por un delito que no ha cometido”.

La fabricación de un delito

El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso Zamora se encontraba en su oficina de regidor de Turismo y Medio Ambiente del Palacio Municipal de Ocuilán, municipio al que pertenece la comunidad de San Juan Atzingo.

Eran las 12.50 del mediodía, aproximadamente. Ildefonso acababa de regresar del desfile por el Aniversario de la Revolución Mexicana, cuando entre 15 y 20 agentes de la policía ministerial estatal irrumpieron en su despacho, y sin presentarle una orden de aprehensión se lo llevaron a empujones y golpes a la prisión de Tenancingo.

Los malos tratos continuaron en la cárcel: uno de los agentes le dio un fuerte empujó que lo hizo rodar por unas escaleras. La agresión, además de dejarle el cuerpo magullado, provocó que una vieja herida en el pulgar derecho se reabriera hasta el punto de originarle una fuerte infección que casi llega al punto de la necrosis, debido a la diabetes que padece.

Una vez preso, Ildefonso se enteró de que hay una carpeta de investigación abierta en su contra desde el año 2012. El motivo, la denuncia de una vecina que asegura que el activista participó junto con otras 50 personas en un robo agravado con allanamiento de morada a su tortillería, de la que le supuestamente sustrajo 360 mil pesos.


Sin embargo, tanto Greenpeace como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (CentroPro) documentan irregularidades en la investigación abierta contra Zamora –la número 1300300090080812-, motivo por el que sostienen que la fiscalía estatal fabricó la acusación para callar al activista de etnia tlahuica.

Una de las principales irregularidades, expone Gabriela Carreón, abogada del CentroPro, es que a Ildefonso “se le violentó gravemente el derecho de audiencia y a una defensa adecuada al ocultarle durante tres años que existía una investigación en su contra”.

“Por ello, Ildefonso no tuvo la oportunidad de demostrar, con testigos y documentales que lo acreditan, que el día de los hechos él se encontraba en otro lugar”, añade la letrada en una entrevista realizada en la casa de Ildefonso; una vivienda conformada por varias chozas con paredes de madera, cocina de leña, y suelo de tierra, que contrasta llamativamente con los 360 mil pesos que, según acusa la fiscalía, el activista sustrajo.

Carreón indica que el día del robo a la tortillería, el 11 de julio del 2012, Ildefonso estaba en Toluca recogiendo un acta constitutiva ante un notario público. “Y de esto dan cuenta los testigos que lo acompañaron a la notaría pública, que fueron su primo Mario Encarnación Zamora, sus compañeros del comisariado Paulino Neri Carlos y Sergio Ramírez Raymundo”.

Otros dos testigos que estuvieron presentes en el lugar del robo también señalan no haberlo visto ahí: un policía municipal y una vecina de nombre Trinidad.

Más inconsistencias

De acuerdo con la abogada del CentroPro, de las cuatro declaraciones de los testigos que incriminan a Ildefonso, “dos son exactamente iguales, por lo que es evidente que los textos fueron copiados y pegados”. Mientras que una de las testigos acudió ante al Ministerio Público para dar su testimonio de lo sucedido hasta septiembre de 2012, cuando los hechos fueron en julio.

Asimismo, “por lo analizado en las audiencias”, no hay pruebas de la existencia de los 360 mil pesos que la denunciante dijo haber recibido de remesas de su esposo quien se encuentra en Estados Unidos, y que supuestamente Ildefonso hurtó. “Es decir –remarca la abogada-, no hay certeza de que ese dinero siquiera estuviera en la tortillería, mucho menos la cantidad”.


“Creemos que hay que analizar la detención de Ildefonso dentro del contexto de la lucha que ha llevado a cabo en todo esta zona en contra de la tala ilegal, lo cual ha molestado a mucha gente. Por eso, a partir de todas estas inconsistencias, para nosotros está muy claro que Ildefonso es inocente, y que todo esto es una fabricación para la que el ministerio público estatal se prestó”, denuncia Gabriela Carreón, quien concluye apuntando otro dato: de las 50 personas acusadas de participar en el robo en 2012, sólo Ildefonso está preso.

Ante estas inconsistencias, Animal Político fue el pasado 8 de marzo, durante una visita a la comunidad de San Juan Atzingo organizada por Greenpeace y el CentroPro, al domicilio donde se produjo el robo en 2012 para conocer la versión de la señora que interpuso la demanda contra el activista, pero uno de sus nietos aseguró que no se encontraba en casa.

Cuestionado acerca de lo que recordaba del día del robo, el joven corroboró que “unos 50 chavos” entraron a la casa donde estaba la tortillería armados con palos para ocupar el lugar, motivo por el que la familia huyó del sitio hasta hace unos meses que regresó.


Sin embargo, a pregunta expresa, éste aseguró no haber visto aquel día entre los “chavos” a ningún señor mayor, como Ildefonso Zamora.

Agresiones a defensores del medio ambiente aumentaron 990%

Por otra parte, Miguel Soto, vocero de Greenpeace México, lamentó que a pesar del activismo de Ildefonso Zamora y de su familia, a partir del que en 2004, 2005 y 2006 se presentaron múltiples denuncias que originaron 47 órdenes de aprehensión contra talamontes, el problema de la tala ilegal continúe floreciendo en la comunidad de San Juan Atzingo, sobre todo en parajes como Llano de Agua Bendita, La Piedra, El Jaral, Pueblo Nuevo, o Loma de Coyotongo.


“Es una situación lamentable. De acuerdo con los últimos datos que Greenpeace pudo investigar de la Profepa, de los 15 millones de metros cúbicos de madera que se venden en México, siete provienen de la tala ilegal”, enfatiza Soto, quien al respecto denuncia que lejos de atenderse este problema, los defensores del medio ambiente están siendo atacados.

“La criminalización de los defensores está muy fuerte. Tan solo en 2014, fueron asesinados tres”, lamenta el vocero de Greenpeace, quien recuerda que, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), desde el año 2010 se han documentado 240 agresiones a defensores ambientalistas, de las cuales 191 (80%) se produjeron en apenas dos años y medio: entre enero de 2013 –un mes después de la llegada de Peña a Los Pinos- y junio del pasado 2015.


De hecho, el CEMDA advirtió de una tendencia creciente en los ataques, ya que se pasó de 10 casos en 2010, a 16 en 2011; 82 en el periodo enero 2013-abril 2014; y a 109 durante el lapso mayo-junio 2015. Es decir, un alza de 990% de enero de 2010 a junio de 2015.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-familia-zamora-cuando-luchar-contra-los-talamontes-te-cuesta-la-vida-o-la-libertad/

Vinculan a proceso a exedil que ordenó agresión contra periodista en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto: El expresidente municipal priista de Silao Enrique Solís Arzola fue vinculado a proceso y será enjuiciado por su papel como instigador de robo calificado, amenazas y lesiones en contra de la reportera Karla Janeth Silva Guerrero y su compañera Adriana Elizabeth Palacios.


El exalcalde permanecerá preso durante el tiempo que dure el proceso, debido a la gravedad del delito del que es inculpado, determinó la juez de control de oralidad, Gloria Esther Hernández.

Además, la Secretaría de Gobierno suspenderá el Fiat de Notario de Solís Arzola mientras se desarrolla el juicio, de acuerdo con lo establecido en la Ley el Notariado del estado.


“Haz lo que tengas que hacer para parar esas notas”, habría ordenado el entonces alcalde a sus subordinados dos días antes de la agresión, un 2 de septiembre de 2014, en la escalinata del Palacio Municipal.

Solís Arzola fue detenido en su casa de Silao el viernes por la tarde, y pasó dos noches en el Cereso de Irapuato hasta la audiencia de este domingo.

La audiencia comenzó a las 9 de la mañana, con varios recesos. Doce horas después de que inició la audiencia de imputación y vinculación, la juez de control de oralidad Gloria Esther Hernández determinó, tras escuchar la acusación hecha por la fiscalía y los alegatos del defensor del exalcalde, que éste será llevado a juicio.

Hernández dio valor probatorio a las declaraciones señaladas por la fiscal: la de la reportera Karla Silva, así como las que hicieron en juicios abreviados Luis Gerardo Hernández Valdenegro, “Buda” y el exsubdirector operativo de la Policía Municipal, Jorge Alejandro Durán Fonseca, quienes afirmaron que fue Solís quien dio la orden de agredir a Karla.

En la audiencia estuvieron presentes el exalcalde, en su calidad de presunto responsable, así como Karla Silva y Adriana Palacios -víctimas de los delitos señalados- cometidos en su contra el 4 de septiembre del 2014 en la oficina del periódico.

En principio, la juez no admitió el incidente del amparo contra la orden de aprehensión tramitada por Solís ante el Juez décimo de distrito en Irapuato, quien en junio del año pasado declinó conocer sobre otro amparo que involucraba al entonces alcalde en funciones, argumentando que tenía una relación de “camaradería y trato cordial” porque fueron compañeros de un posgrado en la Universidad de Guanajuato.

Al efectuar la imputación de cargos, la fiscal Yolanda Domínguez dijo tener al menos 190 datos de prueba que apuntan a que el exalcalde fue instigador para que Nicasio Aguirre Guerrero, quien era el director de Seguridad Pública bajo su mando, orquestara la golpiza en contra de la reportera del periódico El Heraldo.

Entre otros datos, la fiscal mencionó declaraciones de un reportero que fue testigo del trato hostil que Solís daba a Karla Silva, y a quien el propio exalcalde advirtió también en una ocasión que “le bajara”.

Una asistente del exdirector de Seguridad Pública declaró haber escuchado cuando Solís le ordenó a éste “darle un susto” a la entonces regidora del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Vélez, quien durante el trienio fue crítica de la actuación del presidente municipal y tuvo varios diferendos públicos con él.

La fiscal también mencionó testimonios que incluso vinculan a Nicasio Aguirre –el único de los involucrados señalados que continúa sin ser capturado por la Procuraduría- con la venta de drogas y armas.

El defensor de Solís Arzola alegó que los datos de la fiscal podrían apuntar a que fue el director de Seguridad Pública, Nicasio Aguirre, el instigador de la agresión y de la amenaza (“bájale a tus notas o te va a cargar la chingada”), ya que, según dijo, no está probado que hubo una relación directa entre el exedil y los 3 autores materiales.

Sin embargo, la fiscal aludió al nivel jerárquico del presidente municipal, al que tanto el director de Seguridad como el subdirector estaban subordinados, de lo que presuntamente se habría valido Solís para los actos de ambos y de las personas a quienes contrataron.

Finalmente, al emitir su resolución, la juez Hernández describió la figura del instigador y posteriormente, declaró al exfuncionario vinculado a juicio, y como medida cautelar determinó que permanecerá en prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso, y dos meses para la investigación complementaria por ambas partes.

Mientras tanto, en un comunicado, la dirigencia estatal del PRI se desmarcó del exalcalde, al señalar que el proceso en el que se ve involucrado Enrique Solís Arzola “es un asunto estrictamente jurídico y no del partido”.

El presidente del PRI guanajuatense, Santiago García, manifestó que a la reportera Karla Silva “se le debe de hacer justicia en el marco del derecho”, pero que Solís Arzola tiene derecho a un debido proceso “como cualquier ciudadano”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433393/vinculan-a-proceso-a-exedil-ordeno-agresion-contra-periodista-en-guanajuato

La cultura del abuso en los penales, arraigada: Miguel Sarre

CIUDAD DE MÉXICO: En septiembre de 2015 la CNDH dio a conocer un informe sobre la situación de las cárceles estatales y federales en México. El Cefereso número 1, El Altiplano, obtuvo una de las más bajas calificaciones en “aspectos que garantizan la integridad y moral del interno”. Se detectó sobrepoblación, deficiencias en la atención médica, deficiencias en la prevención de violaciones a derechos humanos y deficiencias de supervisión del funcionamiento de la cárcel por parte del director.

Desde el 12 de febrero pasado Emma Coronel denunció que a su esposo, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, recapturado en enero pasado tras su fuga del mismo penal, lo “torturan lentamente” en El Altiplano al no dejarlo dormir con el constante pase de lista y que esto ha dañado su salud e incluso ha puesto en riesgo su vida. Además se queja de que les han impedido tener las visitas familiares reglamentarias.

Consultado al respecto, el doctor Miguel Sarre, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y experto en derecho penal y derecho penitenciario, explicó que la cultura del abuso está arraigada en las cárceles mexicanas de máxima seguridad. Explicó que hace años, cuando abrió sus puertas El Altiplano, él recorrió el lugar junto con Juan Pablo de Tavira, quien desarrolló este concepto de prisiones en México.

“Los internos reclamaron por qué los despertaban en la noche y la justificación que me dio De Tavira es que tenían que asegurarse de que estuvieran vivos y no hubieran dejado un maniquí, como ocurrió en la cárcel de Alcatraz. Los despertaban cada media hora, lo cual era una práctica de tortura; son culturas que se van dando generación en generación y se toman con casos más significativos como el de Guzmán Loera.”

Detalla que esta práctica de no dejar dormir horas corridas a los internos, como se ha quejado la familia de Guzmán Loera, “es como la vieja tortura de la gotita de agua: una gotita de agua en el cráneo no nos hace nada, pero si nos ponen una cada varios segundos durante largo tiempo es uno de los métodos de tortura más infame. La tortura no es despertar a una persona una vez sino hacerlo sistemáticamente y romper los ciclos vitales; es muy grave”.

Señala que el artículo 17 constitucional ordena el cumplimiento de las resoluciones judiciales plenamente, “en sus términos, sin excesos y sin privilegios. No está en las funciones de la autoridad dar escarmiento a nadie, esos son desvíos del poder”.

Emma Coronel presentó en enero pasado una queja ante la CNDH por el trato discriminatorio a su esposo (Proceso 2047). Esta reportera comprobó con fuentes de la prisión, incluyendo un interno que acaba de ser liberado, que Guzmán es el único recluso al que se le da este trato de vigilancia física presencial fuera de su celda, con un perro en la puerta y el pase de lista cada hora, durante el día, y cada cuatro horas durante la noche. El gobierno mexicano ha justificado públicamente este trato por la “alta peligrosidad” del líder del Cártel de Sinaloa y el antecedente de sus dos fugas de penales de máxima seguridad.

“La Constitución previene el trato discriminatorio en perjuicio de cualquier persona. Esto desde luego es discriminatorio, es un trato diferenciado por razones no establecidas en la ley”, señala el doctor Sarre. Explica que a la autoridad administrativa del Cefereso 1, que depende de la Secretaría de Gobernación, “lo único que la legitima es el cumplimiento de un mandato judicial”: cumplir el auto de formal prisión contra Guzmán Loera. Por tanto, sus fugas no deberían ser argumento para darle un trato diferenciado a otros internos, porque en la Constitución no existe la categoría de presos de alta peligrosidad.

“En ninguna parte las normas de un mandato judicial establecen que haya de haber un trato especial, diferenciado, para determinadas personas en razón del comportamiento que hayan tenido antes o durante el internamiento. Es decir, está fuera de la ley y manda un mensaje muy equivocado: si las altas autoridades consienten esto, están transmitiendo el mensaje para que haya otros abusos y eso es la antítesis de la cultura de la legalidad.

“Con esto están diciendo que se vale poner ingredientes propios, no establecidos en la ley, y que se pueden cumplir las resoluciones judiciales a ‘nuestra manera’. ‘Tú ponle de lo tuyo que yo le estoy poniendo de lo mío’, es un mensaje tremendo. Es la ley del más fuerte, y en este momento el más fuerte es el Estado.”

El doctor del ITAM puntualizó que cuando esta cultura del “más fuerte” se genera en el Estado se replica en la propia delincuencia, “porque quien delinque está haciendo lo mismo que le enseñó el Estado: ‘Cuando tengas el poder, aprovéchate’. Eso es lo que hace el secuestrador, lo que hace el violador; es exactamente el mismo mensaje que socava la legalidad”.

Cuando una persona comete un delito y es sometida a proceso, continúa Sarre, “con eso ya se reivindicó la justicia y no hay que ir más lejos, porque si se va más lejos se pierde la ventaja moral. El Estado requiere tener una ventaja moral sobre quien delinque, y si el Estado comete delitos en contra de las personas que delinquieron pierde la ventaja moral y se coloca al nivel del rufián.

“Sólo tocaremos fondo cuando tengamos estado de derecho, el estado de derecho se construye o se destruye en escenarios como éste, justamente, no cuando nos enfrentamos con los buenos sino cuando nos enfrentamos con quienes han sido responsables de cometer graves delitos, en el trato que se les dé a ellos se demuestran las convicciones del estado de derecho.”

Sarre señaló que las prácticas de las que se queja la familia de Guzmán Loera son generalizadas, “las prisiones de alta seguridad se vuelven espacios de muerte lenta” y esto ocurre porque están “fuera de la mirada pública”.

El sábado 5 el Juzgado Primero en Materia de Amparo y Procesos Federales admitió la demanda de amparo 298/2016 que ese mismo día interpuso la defensa de Guzmán Loera y le concedió la suspensión de plano a favor del capo; en consecuencia, prohibió al gobierno federal los actos de “incomunicación, tortura, segregación, aislamiento, falta de atención médica y tratos crueles e inhumanos”, como consta en el expediente judicial consultado.

En la resolución quedó asentado que “tal medida cautelar se traduce en la posibilidad de tener comunicación con sus familiares autorizados y sus defensores, siempre y cuando tenga relación con la adecuada defensa del quejoso y de acuerdo a los requisitos y horarios que establezcan en los reglamentos correspondientes”.


Sin embargo, el pasado miércoles 9, el Tercer Tribunal Colegiado del Estado de México determinó que son válidos los protocolos de seguridad impuestos a Guzmán Loera por la Comisión Nacional de Seguridad, porque su aplicación es de “interés general de la sociedad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433394/la-cultura-del-abuso-en-los-penales-arraigada-miguel-sarre

Aprobación de Peña, por los suelos; sólo 32% avala su gestión

CIUDAD DE MÉXICO: La aprobación del presidente Enrique Peña Nieto está en su nivel más bajo desde que inició su mandato; sólo el 32 por ciento de la población avala su gestión, mientras que el 56 por ciento la reprueba.


De acuerdo con una encuesta publicada hoy por el periódico El Universal, la aprobación del presidente cayó de 42 a 32 por ciento de noviembre a la fecha y la desaprobación se incrementó de 51 a 56 por ciento.

Cuando inició su gestión, Peña Nieto tenía una aprobación del 56 por ciento y una desaprobación del 29 por ciento, según la medición del diario. Su aprobación nunca estuvo más alta que en los primeros meses de su gobierno; a partir de ahí, ha tenido una predominante tendencia a la baja.

Según el estudio, el 56 por ciento de la población advierte que el país va por “mal o muy mal camino” y el 49 por ciento cree que México está peor desde la llegada de la actual administración priista.


El 39 por ciento de los mexicanos considera que “nada o ninguno” es el principal logro de la actual administración, mientras que el 16 por ciento no sabe o no contestó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433391/aprobacion-pena-los-suelos-32-avala-gestion

La Comisión Forestal hace negocio con los intereses bancarios del presupuesto ambiental

El presupuesto total generó intereses por 128 millones de pesos, pero tampoco los ha devuelto a la Tesorería de la Federación. Esto significa un probable daño a la Hacienda Pública por 213 millones de pesos.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) recibió 248 millones de pesos para invertir en 12 programas ambientales, como la restauración de la Cuenca Cutzamala y conservación de biodiversidad durante dos años; sin embargo, mantuvo en sus arcas 32% del total de recursos (85 millones de pesos) sin entregarlo a los beneficiarios.

El presupuesto total generó intereses por 128 millones de pesos, pero tampoco los ha devuelto a la Tesorería de la Federación. Esto significa un probable daño a la Hacienda Pública por 213 millones de pesos de ambos rubros, según advierte la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de la Cuenta Pública 2014. 

El monto equivale a tres veces el presupuesto que tuvo Nayarit para la reforestación y obras de uso de suelo en 2015 (44 millones de pesos) y alcanzaría para operar 10 programas de reforestación de mangle.

La Conafor administra el instrumento Mandato del Fondo Forestal Mexicano, que a su vez distribuye los recursos entre los programas y proyectos para la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales.

La Auditoría detectó que el presupuesto total destinado al Mandato en 2015 (8 mil 445 millones de pesos), generó intereses bancarios por 290 millones de pesos, toda vez que el dinero se depositó en cuentas bancarias de Banorte.

De los intereses obtenidos, la Conafor asignó 111 millones 921 mil pesos a beneficiarios y 10 millones 434 de pesos fueron devueltos a la tesorería. Sin embargo, no comprobó el destino de 128 millones 748 mil pesos. En este caso, según mandata el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el dinero debería ser reintegrado a la Tesorería o de lo contrario sería considerado un daño a la Hacienda Pública.

La auditoría financiera de los recursos de la Conafor incluye la revisión de 248 millones 813 mil pesos entre 2010 y 2012 para la operación de 16 programas. De ello, 85 millones 322 mil pesos (32%) fueron destinados a 12 programas sin que existieran beneficiarios; por lo tanto, de acuerdo con la Auditoría, el dinero debería reintegrarse a la Tesorería de la Federación.

Los programas que recibieron más apoyo sin que comprobaran el ejercicio del gasto es el Programa Cutzamala 2010, dedicado a la restauración de las microcuencas en zonas prioritarias del Sistema Cutzamala en Michoacán y el Estado de México. Recibió 37 millones 189 mil pesos, pero hasta el desarrollo de la Auditoría no había justificado el gasto.

Lo mismo ocurrió con el Fondo de la Biodiversidad, creado para financiar de manera permanente la conservación y restauración de ecosistemas forestales con biodiversidad de importancia mundial. Obtuvo un presupuesto de 151 millones 425 mil pesos. De ello, comprobó el gasto de 125 millones, pero aún falta por sustentar en qué gastó 25 millones de pesos.

Al revisar los estados de cuenta de Banorte, la Auditoría advierte “un probable daño o perjuicio” a la Hacienda Pública Federal, por 26 millones 424 mil pesos; monto de las cancelaciones y desistimientos de apoyos para los programas ambientales entre 2006 y 2014. Sin embargo, no fue devuelto a la Tesorería.

Aunque el Mandato del Fondo Forestal Mexicano fue creado para promover la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, solamente funcionara como un mecanismo de recepción, inversión y distribución de los recursos a los beneficiarios.


Además, según la Auditoría, se trata de una figura con la que Conafor “se deslinda de responsabilidades, toda vez que por las operaciones del mandato, únicamente registra los saldos finales del mandato en su contabilidad, con base en los estados financieros emitidos por el banco”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-comision-forestal-retiene-el-presupuesto-e-intereses-de-programas-ambientales/

Procuradora de Tlaxcala fabrica secuestro para presumir lucha anticorrupción

Desde hace más de un año siete expolicías de Tlaxcala están presos y acusados de secuestro exprés, pero la víctima rescatada reconoció que eran inocentes, y fotos demuestran que no estaban en el lugar de los hechos.

“La basura se va dónde debe estar, afuera…”

Con esas palabras, la procuradora de Tlaxcala, Alicia Fragoso anunció la noche del 21 de enero del 2015 que  acababa de detener un grupo de policías estatales a los que en ese momento acusó públicamente de secuestrar a cuatro personas.  ”Vamos a tener mano dura…. El gobernador es un hombre de resultados” dijo la funcionaria tras encabezar las capturas y el rescate de una de las presuntas víctimas.

Pero la evidencia posterior a la detención presentada en el juicio revela que la acusación en realidad es falsa, y según la defensa, fabricada.


La “víctima rescatada” por la procuradora reconoció ante el juez que nunca estuvo secuestrado ni fue salvado,  era “completamente falso”  que los policías le hubieran hecho algo, por lo que a los detenidos debía considerárseles “inocentes”.

Los otros tres casos de secuestro tampoco se han demostrado en el juicio porque una  de las personas murió en un accidente, mientras que los otros dos no han testificado  ya que cuando llegan al juzgado, el Ministerio Público no se presenta. La audiencia, se ha tenido  que posponer tres ocasiones por lo menos.

Estas acusaciones, que la procuradora dijo que ya existían contra los policías antes de su captura, en realidad se presentaron después de la detención pues de acuerdo con el expediente, las víctimas reconocieron a los agentes por sus fotos publicadas en el periódico tras ser consignados.

No es todo. Fotos que también se publicaron en la prensa, confirman que varios de los policías acusados estaban en un operativo por un intento de linchamiento, en el mismo momento en que según la Procuraduría llevaban secuestrada a la supuesta víctima.

Entre esos policías se encuentra el Delegado de la Policía Estatal en Apizaco, Juan Yáñez Osornio, que según su abogado fue obligado con golpes y maltratos a firmar una declaración falsa. La constancia médica de la propia Procuraduría revela que dicho agente fue consignado con lesiones severas y un peritaje psicológico que presentaba rasgos de tortura.

“No estamos hablando de un caso cualquiera, sino una detención que encabezó una procuradora de este país, una de las autoridades máximas,  sin que mediaran preceptos constitucionales (…) a esto se suma la noticia criminal de que hubo supuestos actos de tortura y la procuraduría  tiene por distintas razones investigar el caso, pero no ha movido ni un solo dedo” dijo Jorge Lara, defensor de Yáñez

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene abierta una investigación por la presunta tortura que padecieron varios de los agentes detenidos, mientras que un juez federal integra una demanda de amparo en contra del auto de formal prisión dictado contra los policías.

Animal Político solicitó a la Procuraduría de Tlaxcala una entrevista con la procuradora con varias preguntas por anticipado en torno al caso. Solo se recibió un posicionamiento en respuesta, en el que la dependencia sostiene que respetarán la determinación que tome el juez responsable del proceso.

El caso oficial

El 21 de enero siete elementos de la Policía Estatal fueron detenidos por agentes ministeriales encabezados por la procuradora Alicia Fragoso. Entre los aprehendidos estaba el mismo director de la Policía Estatal (segundo en la escala jerárquica por debajo del comisionado) José López Pérez, el  delegado en Apizaco Juan Yáñez Osornio, y cinco elementos más.

En la entrevista que dio esa misma noche, Fragoso dijo que ya tenían una investigación abierta por cuatro denuncias de secuestro exprés y que tras una persecución habían logrado rescatar a una de las víctimas. Advirtió que haría una “limpieza” de todos los malos elementos, e incluso dijo que se haría presión para que “jueces corruptos” no los liberaran

Tres días después, la procuraduría anunció que consignaba a los siete policías por secuestro exprés y reiteró que una víctima (Gesarel Hernández Santa Cruz de 19 años) fue  rescatada. Después se integraron tres acusaciones más de personas que supuestamente reconocieron a los policías por una foto en el periódico.


La foto de los agentes detenidos apareció en la primera plana de un diario local, y también en las notas de portales de medios nacionales. En la imagen, difundida por la procuraduría, se aprecia el rostro golpeado de alguno de los capturados.

Evidencia clave

En los meses posteriores a la consignación, la defensa de los acusados ha presentado evidencia que desvirtúa el caso. Los abogados de Yáñez Osornio entregaron copia de todos los elementos a Animal Político.

En primera instancia se demostró que la detención no fue en flagrancia, ni con orden de aprehensión. La declaración ante el juez del entonces  Comisionado estatal de la Policía, Orlando May Zaragoza, quien estuvo presente en los hechos, evidencia como la procuradora justificó la captura.

“Le preguntaron (los agentes) a la señora procuradora que por qué los detenía. Al verse muy cuestionado solo dijo que los detuvo por el simple derecho de ser la procuradora” narró el comisionado, quien a la postre terminó renunciando al cargo.

Luego la defensa demostró que la narración de los hechos era inverosímil. Según la “confesión” de Yáñez (que se alega fue obtenida con tortura) la tarde del 21 de enero él junto con elementos a su mando retuvieron a Gesarel Hernández en Apizaco, y por varias horas no lo dejaron ir hasta que entregó dinero y droga.


Pero distintos documentos, entre ellos fotografías publicadas en la misma prensa  un día después de las detenciones, demuestran que Yáñez y sus agentes no estaban en Apizaco secuestrando a alguien  sino en Santa Apolonia Teacalco, a donde llegaron en apoyo por un intento de linchamiento. Desde ahí se desplazaron a s cuartel tras ser notificados de la presencia de la procuradora.

El 11 de agosto de 2015 la defensa consiguió que el joven presuntamente rescatado por la procuradora testificara tanto en un juicio de amparo como en el proceso principal. Lo hizo por escrito para desmentir la acusación.

“Manifiesto que ni el día veintiuno de enero del 2015 ni en ninguna otra fecha he sido víctima de ningún secuestro, ni de levantón, ni de extorsión alguna; ni tampoco he sido rescatado ni en esa fecha ni en ninguna otra” dijo Gesarel.

Gesarel dijo además que era falsa la declaración que firmó en la Procuraduría en donde señaló que los policías se lo habían llevado el 21. Aclaró que el colaboraba con ellos voluntariamente, dándoles datos de puntos de venta de droga.

“Si a alguna persona se le ha detenido por la realización de actos de supuesta agresión, secuestro, robo, privación de la libertad u otras conductas en mi contra, debe considerársele inocente” concluye Gesarel.

Justicia postergada

Además del caso de Gesarel, los siete expolicías están acusados del secuestro exprés de otras tres víctimas, una de las cuales falleció en un accidente vehicular por lo que ya no puede ratificar su dicho.

Las otras dos personas que son una pareja, fueron ubicadas también a petición de la defensa para que se presenten a declarar pero la audiencia se ha pospuesto ya en tres ocasiones debido a la ausencia del Ministerio Público.

“Han acudido al juzgado con la intención de declarar que no fueron secuestrados pero en el momento en que llegan desaparece el agente del MP. Esto es increíble dado que el Ministerio Público debería ser el principal interesado en que las víctimas puedan robustecer su caso y promover pruebas” dijo el abogado de Yáñez.

El defensor advirtió además que estas tres acusaciones atentan contra los derechos humanos de su cliente y demás procesados, pues se sustentan en un supuesto reconocimiento hecho sobre la exhibición pública de los detenidos, que es una violación al principio de presunción de inocencia.

Dado que según la defensa no hay otras pruebas en el expediente en contra de Yáñez (quien de hecho tiene reconocimientos por su labor y había superado el control de confianza como los demás implicados) es indispensable desvirtuar las declaraciones de las victimas antes de pedir el cierre de pruebas y se dicte sentencia.

Tortura ignorada

En su declaración ante el juez Yáñez Osornio dijo que fue torturado con múltiples golpes, cortes en las muñecas y toques eléctricos. Esto para que firmara o pusiera una huella en una declaración de culpabilidad.


El dictamen de integridad física que la Procuraduría de Tlaxcala incluyó en la consignación de Yáñez, firmado por la médico legista Paula Andrade, confirma que el comandante presentaba “lesiones que tardan en sanar más de 15 días”, o sea de consideración.

Luego, un dictamen piscológico realizado por una perito en esa materia designada por el juzgado, establece que el comandante presenta un cuadro de trastornos compatible con quien ha sido víctima de tortura. La prueba física, que falta para completar el llamado protocolo de Estambul, no se ha realizado porque el juzgado no ha encontrado peritos en criminalística disponibles.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos realizará en próximos días los estudios correspondientes sobre tortura a Yáñez. En el caso de otros tres detenidos, ya se hizo y el resultado fue positivo.

Pese a esto, la defensa dice que no ha sucedido nada y ni siquiera la procuraduría ha iniciado la averiguación para indagar los posibles actos de tortura.

“En esos momentos donde todo mundo está volteando a ver a México por las crisis de derechos humanos no se ha abierto una sola averiguación o acta circunstanciada ni se ha citado a los elementos a declarar (…) Hay directrices de que a la primera noticia incriminatoria de tortura, las autoridades tienen que actuar pero aquí no ha ocurrido” dijo el abogado Lara Rivera.

Silencio y drama

Animal Político buscó a la Procuraduría de Tlaxcala con varias preguntas sobre el caso, entre ellas que otros elementos además de las declaraciones existían y porque el MP no se presentaba en las audiencias. A través de Comunicación Social la dependencia respondió que no se podía dar una entrevista, pues el caso no se litigaría en los medios.

“Vamos a respetar el procedimiento que se lleva a cabo en este momento y no daremos comentario mayor en otra vertiente. Es el juez a quien le tocará determinar y nosotros nos vamos a reservar. Seguimos aportando pruebas y respetaremos la opinión del jue” indicó la dependencia.

La procuraduría no detalló a que pruebas se refería ni dio algún otro detalle.

Araceli Gómez, esposa de Yáñez, lamentó que lo que calificó como “un caso fabricado” haya terminado con la carrera de su pareja, quien llevaba más de 20 años de una trayectoria policial “intachable”, sin ningún antecedente negativo y por el contrario, con varios reconocimientos a la eficiencia.

Explicó que cuando pudo hablar con su esposo luego de la detención, este le narró todos los maltratos que recibió y la forma en como lo torturaron, al punto en que  le entintaron el dedo cuando ya estaba inconsciente, para poner su huella en la declaración que el atribuyeron y luego desmintió.

Aunque no tiene duda de que terminarán demostrando la inocencia de su esposo, Araceli señaló que el daño ya está hecho en todos los sentidos. De entrada tuvieron que vendar prácticamente todo el patrimonio con el que contaban para costear su defensa.

“Todo nuestro patrimonio ya se fue en esto. Los papas de mi esposo y mis papas están ayudando. El ya no quiere ser policía cuando esa era su vida. Yo estaba estudiando Derecho pero me tuve que salir también porque ya no había dinero y la verdad se me quitaron las ganas. A nosotros y a las familias de los demás policías nos han destrozado la vida” dijo.

Apenas el pasado 4 de marzo los familiares se manifestaron afuera de la procuraduría de Tlaxcala para exigir que ya no retarden más el juicio y las audiencias. Pero ni en esta ocasión ni en otra fueron recibidos por la procuradora.

-¿Y tú no has buscado hablar con ella directamente? – se le pregunta a Araceli Gómez


– La verdad no, le tenemos miedo… no dudaría que  a mí también me fabrique algo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/procuradora-de-tlaxcala-fabrica-secuestro-para-presumir-lucha-anticorrupcion/

Enfrentamientos y bloqueos en Tamaulipas; 10 muertos

Ciudad Victoria.- Enfrentamientos y bloqueos dejaron 10 presuntos delincuentes muertos en Tamaulipas, según un comunicado oficial del gobierno.

Desde el sábado, usuarios de redes sociales reportan varios eventos violentos en distintos puntos de la entidad. Este domingo los reportes continuaron en el mismo sentido, por ejemplo este que difundió la cuenta de Valor por Tamaulipas: “en Reynosa, se soltó el diablo por toda la ciudad, detonaciones y granadazos en diferentes puntos, bloqueos, autos incendiándose, para los que van a salir temprano, tomen sus precauciones, y que Dios nos bendiga.”

Este domingo el Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que “como resultado de un operativo de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal y Fuerza Tamaulipas contra un grupo delincuencial que opera en Reynosa, dejó como saldo preliminar el abatimiento de 10 delincuentes y bloqueos en diferentes sectores con algunos vehículos incendiados”.

Expuso que el operativo se “activó a las 04:30 horas y derivó en un enfrentamiento entre integrantes del grupo delincuencial y personal de la Armada de México en el kilómetro 93 del Viaducto Reynosa, a la altura de la Colonia Bugambilias, donde las fuerzas federales abatieron a cuatro delincuentes que se desplazaban en una camioneta Nissan X Trail blanca, de reciente modelo”.

El anterior incidente “provocó que otros integrantes del grupo delincuencial despojaran a particulares de camiones de carga y transporte público, así como camionetas y automóviles en general para activar bloqueos en diferentes sectores de la ciudad, a efecto de neutralizar el operativo de las fuerzas federales y estatales”.

“Hubo otros enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los delincuentes, los que habrían arrojado otros 6 civiles armados abatidos en dos sectores diferentes, uno de ellos identificado como Brecha del Becerro”, indicó el grupo.

“También se reportó que un vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional se volcó en calles del sector Jarachina Norte, provocando lesiones menores a cuatro elementos castrenses”, abundó.

“Los bloqueos fueron desactivados por las fuerzas federales y estatales a las 8:30 de la mañana, restableciéndose el tráfico en avenidas importantes como Las Torres, Bulevar Hidalgo, Libramiento Oriente, Libramiento Reynosa-Matamoros-Monterrey y Calle 20, entre otras, que comunican a diferentes sectores poblacionales de Reynosa”, detalló.

Valor por Tamaulipas difundió un video en el que se escucha cómo amaneció Reynosa:

https://www.facebook.com/ValorPorTamaulipas/videos/848870911888915/

Fuente: Aristegui Noticias
Autor: Redacción
http://aristeguinoticias.com/1303/mexico/enfrentamientos-y-bloqueos-en-tamaulipas-10-muertos/

Fiscal de Palermo pide a la ONU un tribunal especial en México para desapariciones forzadas

La ONU debe crear un Tribunal Penal Internacional ad hoc sobre México que intervenga ante “los crímenes contra la humanidad que son cometidos en México”, como es el caso de “genocidios, masacres, violaciones masivas”, así como las desapariciones forzadas y los crímenes financieros internacionales, planteó Roberto Scarpinato, uno de los líderes históricos de la lucha antimafia en Italia, en una mesa de debate que compartió con Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la periodista, María Jesús Alonso Lormand, tras la proyección del documental Cartel Land.

Roberto Scarpinato, Fiscal General en la Corte de Apelaciones de Palermo, propuso que la Organización de Naciones Unidas (ONU) cree un Tribunal Penal Internacional ad hoc sobre México para atender la situación de violencia e inseguridad por la que atraviesa el país.

Scarpinato es uno de los líderes históricos de la lucha antimafia en Italia, reconocido por su papel en el combate contra el crimen organizado en ese país durante más de dos décadas.

“Es tarea de la ONU ayudar a las fuerzas sanas de México”, dijo Scarpinato durante un debate en el Festival de Films y Fórum Internacional sobre los Derechos Humanos (FIFDH) realizado este fin de semana en Ginebra, Suiza.

El Fiscal formuló su propuesta en una mesa de debate que compartió con Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la periodista María Jesús Alonso Lormand, tras la proyección del documental Cartel Land, que retrata el levantamiento de los movimientos de autodefensa que se enfrentaron a los cárteles de la droga en Michoacán.

En el evento, dijo que se debería iniciar una recolección de firmas en todo el mundo “para que la opinión pública obligue a la Asamblea de la ONU a poner en el orden del día la creación de un Tribunal Penal Especial para México”.

Roberto Scarpinato detalló que este Tribunal Penal Internacional debería atender tres puntos para intervenir contra “los crímenes contra la humanidad que son cometidos en México” como “genocidios, masacres, violaciones masivas”, así como contra las desapariciones forzadas y los crímenes financieros internacionales.

“Las resoluciones, que hasta ahora se han adoptado en el seno de la ONU con respecto al crimen organizado, son suaves, son como un perro que ladra, pero que no muerde”, dijo el Fiscal, por lo que explicó que con la creación del Tribunal deberían imponerse “fuertes sanciones económicas a todos los Estados que son cómplices en el reciclado”.

Scarpinato explicó que el mercado de la droga ya es el segundo a nivel mundial, sólo después del de las armas e incluso por encima del petróleo. Por ello, indicó que hay un interés financiero de los cárteles en controlar el Estado mexicano.

El experto italiano dijo que la situación actual de México es similar a la vida en Italia, cuando se encontraba bajo influencia de la mafia, que extorsionaba a los organismos del Estado.

Indicó que lo ocurrido en Italia puede servir como “experiencia preciosa” a lo ocurrido en otros países como México.

“La gente piensa que la mafia está sólo cuando hay homicidios y actos de violencia, pero ya no es así. La nueva mafia de mercado actúa como una agencia que ofrece en el libre mercado bienes y servicios ilegales para los cuales hay demanda de parte de millones de personas: droga, prostitución, mercadería falsificada, tratamiento de desechos”, dijo.


Y concluyó: “Esto alimenta un capitalismo mafioso de proporciones ingentes que se está convirtiendo en un componente estructural del capitalismo financiero”.

APENAS AYER…

Ayer, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que cinco marinos fueron puestos a disposición de un juez del fuero común por su probable participación en la desaparición forzada de un hombre en 2013 en el estado de Nuevo León.

Apenas el jueves, Amnistía Internacional (AI) difundió el caso.

“Entre el 3 y 4 de marzo del año en curso, esta institución puso a disposición del Juzgado tercero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León a los elementos involucrados en el caso”, explicó la Secretaría en un comunicado.

En el documento informó también que a los cinco marinos se les dictaron autos de formal prisión entre el martes y miércoles por el delito de desaparición forzada. La Secretaría de Marina aclaró que mientras un juez no dicte una sentencia condenatoria se presume la inocencia de los marinos.

“Se presume la inocencia del personal naval involucrado en tanto el juez de la causa no declare su responsabilidad mediante sentencia condenatoria; asimismo, que corresponderá al Ministerio Público demostrar plenamente la culpabilidad en los hechos que les imputa”, destacó la Marina.

De acuerdo con AI, los marinos detuvieron en agosto de 2013 a Armando del Bosque Villarreal cuando viajaba en auto por la localidad de Colombia, en Nuevo León. Dos meses después, el cadáver del hombre de 33 años fue encontrado a dos kilómetros de la base de la Armada con heridas de bala.

“La aparente implicación de un capitán de la Marina en la desaparición forzada de Armando es un ejemplo más de la necesidad de encontrar y castigar a todos los responsables, sea cual sea su posición en la cadena de mando”, sostuvo en su momento la directora para las Américas de la organización, Érika Guevara-Rosas.

Amnistía consideró que el hecho “debe ser señal de un cambio de política” en materia de desapariciones en México.

En 2013, el secretario general de Amnistía Internacional a nivel global, Salil Shetty, dirigió al Presidente Peña Nieto una carta para solicitar medidas urgentes para proteger la vida de cuatro víctimas de desaparición forzada supuestamente a manos de elementos de la Marina, entre ellas Del Bosque Villarreal.

La misiva recordaba al Presidente que durante el sexenio de su predecesor Felipe Calderón Hinojosa no se tomaron acciones efectivas para aclarar los casos de desapariciones forzadas perpetradas por marinos en Nuevo Laredo en junio de 2011.


Esta vez, la Semar informó que colaboró estrechamente con la Procuraduría General de la República (PGR) desde el inicio de la investigación de la desaparición de Del Bosque Villarreal. La institución de seguridad aseguró que respetará las decisiones que emitan las autoridades encargadas del caso.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-03-2016/1635616