El octavo policía narra que los cinco jóvenes de Tierra Blanca fueron desnucados y quemados

Rubén Pérez Hernández, el octavo policía detenido por el caso Tierra Blanca, confesó ante el Ministerio Público que integrantes del crimen organizado asesinaron a los cinco jóvenes veracruzanos desaparecidos desde hace más de dos meses. Dijo que tras presenciar el supuesto crimen él y otro agente involucrado fueron a cenar y de ahí se dirigieron a la delegación de la Secretaria de Seguridad Pública de Veracruz de esa región “y ya después nos pusimos a platicar”.

Al policía confeso se le leyeron sus derechos, se le ofreció hacer una llamada antes rendir su declaración. Rubén Pérez Andrade respondió que estaba listo. Dijo tener miedo, no obstante señaló a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como responsables de la desaparición y masacre de los muchachos de Playa Vicente.

“Los entregamos a seis personas del sexo masculino, no rebasan los 25 años de edad. Los estuvieron madreando. A uno por uno los metieron a un cuartito de torturas. Después de un rato se los llevaron a la parte baja del terreno arenoso, cerca de un arroyo. Mi compañero y yo nos paramos desde un lugar donde se podía ver todo”.

“Vimos cuando acostaron a los jóvenes boca abajo, incluyendo a la muchacha. Recargaron sus cabezas sobre una piedra filosa. Un sujeto agarró una hacha grande, como de 50 centímetros de largo. Y con la parte que no tiene filo les dio de golpes en la nuca y los mató. A la última que desnucó fue a la muchacha”.

“Cerca de donde estaban, allá abajo, habían dos tambos metálicos con capacidad de 200 litros. Entonces escuché cuando gritaron: Traigan el diesel. Pienso que los quemaron. Yo mejor le dije a mi compañero que nos fuéramos”.

“Alcanzamos a los demás compañeros policías, que habían ido a perder el carro de los jóvenes. Eran como 22:00 horas del 11 de enero. De regreso pasamos por la cena y llegamos a la delegación de Tierra Blanca. Ya después nos pusimos a platicar”.

A preguntas especiales que realiza el Ministerio Público, en la ciudad de Xalapa, en Veracruz, Rubén Pérez Hernández contesta ante la Fiscal novena Verónica Zavaleta García:

-Que diga el declarante si sabe quién o quiénes participaron en la privación de las personas José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arróniz, Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez y Susana Tapia Garibo.

-Sí. Todos, los siete escoltas de Marcos Conde.

-Que diga el declarante si en algún momento Marcos Conde Hernández le pidió que participara en alguna desapreció forzada

-Sí. Sólo esta vez.

Fueron algunas de las respuestas de Rubén Pérez Hernández, el octavo policía vinculado por la Fiscalía General del Estado con el delito de desaparición forzada de los jóvenes de Playa Vicente.

“Yo fui hombre de confianza de Marcos Conde Hernández, él supo desde un principio lo de los chavos”, asegura en su ampliación de denuncia.

El día 62 en el campamento de los padres angustiados, Blog.Expedienterelató el presunto fin de los cinco jóvenes plagiados por policías subordinados de Arturo Bermúdez Zurita.

Nombres y señas de los responsables del multihomicidio, muchos de los ejecutores permanecen libres. La historia de Tierra Blanca de Ayotzinapa, la segunda verdad histórica.

“CONOZCO A MARCOS CONDE DESDE HACE 4 AÑOS”

Rubén Perez, prestó 14 años sus servicios al estado como policía. Llegó a estar al mando de 26 hombres de la Policía Ciclista, en Veracruz, en la zona turística del Malecón. Hasta que en el año 2011 dieron de baja a toda su plantilla.

“Durante dos meses no trabajé, no hice nada y entré en depresión. Me la pasaba llorando y acostado. Con mi liquidación compré el traspaso de una casa en Río Medio, en la zona norte de Veracruz, donde actualmente radico”.

Pérez Andrade también laboró como mecánico en el Fraccionamiento Costo Oro, en una de las zonas con mayor poder adquisitivo del estado. Un año más tarde, en 2012, ingresó a las filas de la Policía Estatal, siendo asignado a la zona de Cardel, donde conoció a Marcos Conde Hernández. Ahí comenzó su amistad de cuatro años.

“En Cardel hubo problemas con un agente del ministerio público, supuestamente lo levantaron en una camioneta de la Policía Estatal”.

Se trata de la desaparición de Pedro Alberto Huesca Barradas, Fiscal investigador especializado, adscrito a la fuerza de tarea de la Secretaría de Marina (Semar) del operativo “Veracruz Seguro” en la zona Boca del Río-Puerto. Desapareció el 15 de abril de 2013.

“Lo que se supo es que hubo un tiroteo en Cardel, que llegó una patrulla y levantaron al MP, al parecer estuvo involucrado el comandante Sandoval”, declara Pérez Hernández.

Posterior al incidente sobre la desaparición del Fiscal Pedro Alberto Huesca Barradas, al equipo de Rubén Pérez lo privaron dos meses de su actividad. Luego fueron reasignados a la delegación de Rodriguez Clara. Por primera vez Rubén Pérez laboró bajo el mando de Marcos Conde, ya como delegado del distrito cuenqueño.

“Entramos como diez elementos, de los que están detenidos por lo de los jóvenes de Playa Vicente eran: Édgar Omar Ruiz Tecalco, Omar Cruz Santos, Luis Rey Landeche y Édgar Ramón Reyes Hermida”.

En Rodríguez Clara, Rubén Pérez Andrade se convirtió en escolta personal de Marcos Conde, junto con los elementos anteriormente mencionados. Su función era seguir al comandante, cubrirle las espaldas en la unidad SP1582, una camioneta Ford Lobo de doble cabina.

El 16 de abril de 2014, el equipo de Marcos Conde, nuevamente se vio inmerso en una desaparición, la del joven Alberto Ferrao Rodríguez, primo político de la actual Alcaldesa Amanda Gasperín, quien fue levantado junto con su chofer en el municipio de Isla.

“Hay testigos, sobre todo de la zona de Isla y Santiago Tuxtla, los campesinos manifestaron que los jóvenes fueron secuestrados por un vehículo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.

Por su parte, él declara: “Nosotros siempre hacíamos lo que Marcos Conde nos ordenaba”.

El equipo estuvo en Rodríguez Clara hasta 2015. Nuevamente hicieron cambio de personal y Pérez Hernández junto al equipo de Marcos Conde fueron reubicados en Tierra Blanca, Veracruz, en el mes de octubre de 2015.

“Llegamos a la delegación de Tierra Blanca, éramos ya más escoltas: Édgar Omar Ruiz Tecalco, Omar Cruz Santos, Luis Rey Landeche, Édgar Ramón Reyes Hermida, y llegaron más elementos de otra delegación: Otoniel Cruz Linares, René Pelayo Vidal y Marco Antonio Báez Escalante”, recuerda.

LA GENTE DE CONFIANZA DE CONDE

Rubén Pérez Hernández describe en la ampliación de su denuncia a sus compañeros, quienes conformaron la escolta personal de Marcos Conde Hernández. Son los mismos que ahora están en calidad de detenidos por la desaparición forzada de los jóvenes de Playa Vicente.

“En primer término está Édgar Ramón Reyes Hermida, alias ‘El Coreano’. Él es la mano derecha de Marcos Conde, el más allegado. Le conocía todos los movimientos al comandante. Manejaba la patrulla 2338”.

Reyes Hermida está actualmente preso en el penal de Jalancingo, Veracruz.

“Édgar Omar Ruiz Tecalco, alias ‘La Perrita’. Es el chofer de la unidad 2113”. Ahora permanece en el penal de Misantla, Veracruz.

Luis Rey Landeche, alias “El Landa”, estuvo en la milicia, un hombre de temperamento fuerte, solía caminar con un cuchillo en la mano mientras le sacaba filo. Siempre andaba de malas. Está resguardado en el penal de Acayucan, Veracruz.

“René Pelayo Vidal andaba en la patrulla 2338, escolta y gente de confianza de Conde. Fue policía intermunicipal en Boca del Río, Veracruz. Supe que anduvo en el norte del país, no sé a qué se dedicó”. Está preso en Pacho Viejo, Veracruz.

Omar Cruz Santos, alias “El Mamadino” y Otoniel Cruz Linares ambos fueron escoltas y circularon en la unidad 2113. El primero permanece en el penal de San Andrés Tuxtla, mientras que Cruz Linares es vigilado en Coatzacoalcos, Veracruz.

“Yo seguí siendo escolta en Tierra Blanca, pero no directamente del comandante. Ya nada más me mandaban a hacer rondines para vigilar a los chupaductos en la zona de Pacho Nuevo y Magueyitos, por donde pasa el ducto de Petróleos Mexicanos”..

Conde me mandaba a mí con Marco Antonio Báez, Omar Ruiz Tecalco y Omar Cruz Santos, éramos los cuatro de la unidad 2113. Mientras que Édgar Ramón Reyes Hermida, René Pelayo Vidal y Luis Landeche se volvieron los más cercanos al comandante”, relata.

“YO VIVÍ CON MARCOS CONDE”

“Compartí departamento con el comandante Conde, con domicilio ubicado en la calle 5 de Mayo, esquina Las Vías, Colonia Centro, Tierra Blanca, Veracruz. Ahí lo visitaba Francisco Navarrete Serna, cuando no lo encontraba en la delegación. A la casa también entraba gente extraña, desconozco a qué se dedicaban”.

El domingo 10 de enero, Pérez Andrade regresaba de su descanso y lo primero que hizo fue reportarse a la casa de Marcos Conde, al lugar también acudieron Edgar Ramón Reyes Hermida, Otoniel Cruz y Marco Antonio Báez Escalante.

“Ahí estaba el comandante. Lo estaban cuidando los otros cuatro compañeros que se habían quedado con él. Dijeron que el sábado en la noche lo dieron de alta del hospital de Tierra Blanca porque lo habían operado de la apéndice. Nosotros cuatro cuidamos de Conde hasta el lunes 11 de enero”.

Rubén Pérez Andrade, Édgar Ramón Reyes Hermida, Otoniel Cruz y Marco Antonio Báez Escalante desayunaron a las 10 horas con 30 minutos en la delegación de policía del día 11 de enero de 2016, el día de la desaparición forzada.

Al sitio posteriormente llegaron Luis Rey Landeche, Omar Cruz Santos, René Pelayo y Édgar Omar Ruíz Tecalco, se reportaron ante Conde y procedieron a realizar su patrullaje.

“A las 11 horas con 10 minutos fuimos a dejar al hospital al comandante Conde, porque se le estaba escurriendo mucho líquido de la herida. En ese momento Édgar Ramón Reyes Hermida, recibió una llamada de Edgar Omar Ruíz Tecalco. Le dijo que habían intervenido un vehículo con cinco personas. Unos chavos de Playa Vicente que se le habían hecho sospechosos”.

Reyes Hermida se lo informó a Marcos Conde; él los envió a revisar la situación. Desde el día 11 de enero el comandante supo de los muchachos.

“Salí con Reyes Hermida a alcanzar a mis compañeros, a bordo de una camioneta color blanca doble cabina”.

Los dos elementos se dirigieron hasta la gasolinera Ferche Gas, atrás del Chedraui, sobre la carretera Tinaja-Ciudad Alemán. Cuando llegamos, tenían intervenidos a los chavos dentro del carro donde viajaban, la unidad Jetta color gris.

LA TRAGEDIA DE TIERRA BLANCA

Reyes Hermida fue claro y dictó la orden a Ruiz Tecalco: “Muévanse de ahí y pásense más adelante porque en la gasolinera hay cámaras de vigilancia”.

Entonces avanzaron unos metros en caravana. Adelante iba el Jetta color gris con los muchachos de Playa Vicente, seguidos de la unidad de policía y hasta atrás la camioneta color blanca doble cabina.

Los dos primeros vehículos intercambiaron copilotos. Al joven José Benítez lo movieron a la patrulla y un elemento se cambió al Jetta color gris y dio indicaciones a Mario Arturo Orozco Sánchez.

Avanzaron hasta una vulcanizadora a orilla de la carreta Tinaja-Ciudad Alemán. El convoy dobló a la derecha en una calle de terracería. En un lugar solitario se detuvieron y trasladaron a la parte trasera de la unidad policial a los cinco jóvenes intervenidos.

“Recuerdo que uno de ellos llevaba barba de candado, todos tenían el cabello corto y la muchacha era delgada, de cabello como güero. Dijeron que venían de una fiesta en Veracruz y que iban para su casa a Playa Vicente. A dos de ellos les colocaron esposas”, confiesa el detenido.

Entonces, Reyes Hermida indicó a Otoniel Cruz y a Rubén Pérez que manejaran el vehículo de los jóvenes. Salieron nuevamente en caravana, pero ahora con rumbo a la comunidad de El Amate, al presunto destino final. Al rancho de Mata trapiche o El Limón. Propiedad del capo de Tierra Blanca, Francisco Navarrete Serna.

“Íbamos nuevamente por el Chedraui, donde detuvieron a los muchachos por primera vez, ahí me llamó Reyes Hermida a mi número celular 2292212523 y me dijo que lo esperáramos en el rancho Las Torres”.

“Avanzamos con rumbo a La Tinaja, entramos a una terracería del lado derecho, pasando por una gasolinera. Llegamos hasta una curva y dimos vuelta en U, ahí nos paramos. En el Rancho Las Torres, donde nos había indicado Reyes Hermida, la mano derecha de Marcos Conde.

Otoniel Cruz y Rubén Pérez esculcaron la cajuela del vehículo Jetta color gris, propiedad de Mario Arturo Orozco Sánchez. “Encontramos unas mochilas que tenían ropa, perfumes y un reloj. también estaban unas rosas. Pero no encontramos nada malo”.

“Al poco rato llegó Reyes Hermida, pero abordo de una camioneta Mazda color gris CX7. Me dijo que me fuera con él y a Otoniel le dijo que se fuera a Paso del Toro por la libre, que allá lo encontrábamos”.

El vehículo Mazda avanzó hacia la entrada conocida como La Campesina, entrando por un camino de terracería hasta unos cañales, donde un elemento policial, sin especificar el declarante, les indicaba el lugar exacto donde se encontraba la patrulla con los jóvenes detenidos.

“La unidad estaba metida entre cañales. Tenían acostados boca arriba, en el monte, a los muchachos. Estaban golpeados, con sangre a la altura del pecho y del estómago. Tenían las manos atadas a la espalda. A la muchacha la tenían en la cabina de la camioneta, a ella no la habían golpeado”.

“Ahí le dijeron a Reyes Hermida que uno de los chavos que le apodaban ‘El Metralleta’ o ‘El Metralla’, trabajaba para el jefe del Cartel del Golfo en Playa Vicente, Veracruz y otro para el Alcalde de Playa Vicente. Después los subimos a la camioneta Mazda”, relata Rubén Pérez Andrade.

Los policías bajaron el respaldo del asiento trasero. Subieron a los jóvenes por la parte trasera del vehículo, uno por uno. Los sentaron con las piernas encogidas a nivel del pecho, con las manos atadas a la espalda. Dos en cada lado del compartimento trasero. Reyes Hermida ordenó a Rubén Pérez que condujera el vehículo, mientras él compartía asiento con Susana Tapia Garibo, la menor de edad, en el lado del copiloto.

Avanzaron hasta por la carretera federal con rumbo a la Tinaja. Hasta la desviación de Joachín, comunidad terrablanquense. “Doblé hacia la derecha y me indicó que avanzara despacio, para que no nos fuéramos a perder. Reyes Hermida me iba dando las indicaciones”.

“Pasamos dos puentes hasta llegar al rancho de Mata Trapiche, El Rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. Yo ya conocía ese lugar porque ya había ido en dos ocasiones con el comandante Marcos Conde”.

Rubén Pérez, estacionó la camioneta Mazda color gris hasta una galera de lámina, según indica el declarante, ahí ya esperaban seis personas del sexo masculino, que no rebasaban los 25 años. Seis verdugos que Rubén Pérez no se atreve a delatar. Quienes abrieron la cajuela de la camioneta, bajaron a los jóvenes atados de manos y luego los metieron a un cuarto de torturas.

“YO VI CUANDO LOS MATARON”

“A todos los metieron a un cuartito, los iban sacando uno por uno y les comenzaban a golpear con cinturones en el pecho y en la espalda, preguntándoles para quien trabajaban y otra vez dos de ellos dijeron que para el líder del Cartel del Golfo en Playa Vicente, Veracruz”.

De acuerdo con la declaración de Rubén Pérez Hernández, a los chicos los sacaron de la galera de lámina. Los hicieron caminar en dirección recta, hasta llegar a la parte baja del terreno, junto a un arroyo que desemboca en el río Blanco.

“Mi compañero y yo nos paramos desde un lugar donde se podía ver todo lo que les hacían. Vimos cuando acostaron a los jóvenes boca abajo, incluyendo a la muchacha. Recargaron sus cabezas sobre una piedra. Un sujeto agarró un hacha grande, como de 50 centímetros de larga. Y con la parte que no tiene filo les daba un golpe muy fuerte en la nuca y los mataba. Hasta que veía que no se movían. A la última que desnucó fue a la muchacha”.

“Cerca de donde estaban, allá abajo, habían dos tambos metálicos, con capacidad de 200 litros. Entonces escuché cuando gritaron: Traigan el diesel, y pues pienso que los quemaron. Yo mejor le dije a mi compañero que nos fuéramos”.

Según declara Rubén Pérez Hernández, regresaron por el kilómetro 16 por la carretera La Tinaja-Tierra Blanca. En un lugar llamado La Capilla, donde recogió a Otoniel Cruz, quien había abandonado el Jetta color gris, donde viajaban los jóvenes.

Los ex elementos policiales regresaron a Tierra Blanca alrededor de las 22:00 horas. Después de haber presenciado una presunta masacre, saciaron su apetito: “Pasamos por la cena y terminamos en la delegación de Tierra Blanca. Ya después nos pusimos a platicar”.

Así daba inicio la tragedia llamada Tierra Blanca. El día uno en el campamento del ministerio público. Según la declaración del octavo policía detenido, el mismo día asesinaron a los jóvenes playavicentinos. Al día de hoy, los padres ignoran si sus hijos regresarán con vida o se trate de una segunda verdad histórica en México. El Ayotzinapa de Tierra Blanca, Veracruz.

MARCOS CONDE Y EL ALCALDE DE PLAYA VICENTE

De acuerdo a la declaración de Rubén Pérez Hernández, el comandante discutió con Abdón Márquez Márquez, el Alcalde municipal de Playa Vicente.

“Le dijo al comandante que para poder entrar a Playa Vicente debía de pedir permiso. El delegado nos dijo que él iba a entrar al pueblo las veces que fueran necesarias. Que no tenía por qué pedir permiso a nadie”, recuerda el ex agente.

Por su parte, el presidente playavicentino acepta que nunca aprobó la manera de trabajar del entonces delegado del distrito de Rodríguez Clara, Marcos Conde Hernández.

“Una vez golpeó a seis jóvenes; los desnudó, los rapó, les quitó las cejas y los vino a votar frente al Palacio Municipal”.

El Alcalde, además comparte que denunció a Marcos Conde ante el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.

“Este señor colocaba retenes en el pueblo y detenía a muchas personas de manera irregular. Yo mismo le dije al señor Bermúdez Zurita que lo removiera, trataba como delincuentes a todo mundo”, precisa Abdón Márquez Márquez.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción

http://www.sinembargo.mx/14-03-2016/1635683

El Papa no le hizo el milagro a Ecatepec: a un mes de su visita es más inseguro, dicen vecinos

Tras la visita del Papa Francisco a Ecatepec, Estado de México, el pasado domingo 14 de febrero, el municipio volvió a ser el mismo donde imperan denuncias por inseguridad. A pesar que hay presencia de fuerzas federales, vecinos denuncian abusos por parte de los uniformados.

A un mes de la visita del Papa Francisco I al municipio de Ecatepec, en el Estado de México, colonias como las Américas y Jardines de Morelos han vuelto a la normalidad. Con ello, a los problemas de inseguridad y a la falta de atención gubernamental de siempre, según comentaron sus habitantes.

De hecho, en las avenidas como Insurgentes o Independencia ya se retiraron los postes con cámaras de vigilancia que fueron colocados hace un mes. Sólo una torre quedó en la esquina de Narciso Mendoza y la avenida Antonio José de Sucre, pudo constatar SinEmbargo durante un recorrido por el lugar.


Previo a la visita del Pontífice al municipio, donde ofreció una misa, los habitantes acusaron al Gobierno estatal de “maquillar” la zona pintando bardas y realizando una “limpieza social” para desaparecer a migrantes e indigentes que forman parte del panorama local.

Por otra parte, de los 10 mil uniformados que custodiaron el perímetro sólo unos cuántos se pueden ver todavía en la zona.

En las calles ecatepenses por donde pasó el Papa Francisco, siguen haciendo rondines elementos de la Gendarmería Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y miembros del Ejército mexicano.


Sin embargo, vecinos denunciaron acoso por parte de estas corporaciones, en especial las que pertenecen a las fuerzas federales.

–¿Se siente seguro con tanta policía? –se le preguntó a un colono.

–Está bien hasta cierto punto. De hecho cuando van en caravana están tranquilitos, pero cuando andan solos detienen a cualquier muchacho y lo bolsean o le ‘encuentran’ droga, casualmente.

–¿Y detienen a los jóvenes?

–No, los bolsean, les quitan su dinero o sus celulares, o le llaman a sus papás.

–O sea, ¿los extorsionan?

–Pues sí.

–¿Siente que la delincuencia ha bajado?


–Se ve más tranquilo, pero no. Siempre ha estado caliente, aunque en Las Américas casi no se ve.

Van a dar las tres de la tarde. El viento de Ecatepec golpea una lona cuyo mensaje advierte que hay ladrones que roban coches por la madrugada. Esa manta fue retirada durante la visita del Sumo Pontífice, pero ha sido colocada nuevamente.


Sobre la avenida Insurgentes, el agua de lluvia crea una ligera corriente que empuja una hilera de graba que se ha ido despegando del pavimento y que va a dar a las coladeras desniveladas, a causa del chapopote fracturado.

La remodelación lleva poco más de un mes, y en esta calle pareciera que ha pasado más tiempo. La pintura en las guarniciones de las banquetas, así como en los postes, ya se comienza a desvanecer.

Las heces de los perros adoquinan la banqueta pegada a terrenos de Casas Ara. Y, hace cinco semanas, cuando SinEmbargo preguntó por mascotas en situación de calle, los trabajadores aseguraron que “limpiaron” la zona, e incluso, hubo una serie de quejas de activistas y vecinos porque no se supo a dónde fueron a parar decenas de perros y gatos.

Pero ahora, en este nuevo recorrido, bajo el viento y la lluvia, un perro de pelaje negro camina por la tierra en busca de comida.

De los bebederos instalados para los miles de visitantes que acudieron a escuchar al jerarca católico, no quedó ni uno. Lo que sí permanece es el tránsito constante de camiones de carga.

A gran velocidad se abren paso por esta remodelada avenida sin importar las denuncias vecinales por las grietas que la vibración le ha hecho a sus casas.


Previo a la llegada del Papa, el acceso de estos camiones fue regulado e incluso se negoció con las autoridades, y se establecieron horarios y límites de velocidad. Pero eso se acabó, una vez que el líder católico se fue, de acuerdo con una comerciante de dicha avenida.

“Ecatepec volvió a ser Ecatepec a los 15 minutos que se fue el Papa”, comentó uno de los vecinos, quien vive a unas calles de El Caracol, predio donde se realizó la misa y lugar en que permanece el domo del altar.

Aquel 14 de febrero miles de personas se quedaron sin poder salir del municipio, pues no había transporte público para evitar cualquier problema de seguridad.

Muchos esperaron horas a que el servicio del Mexibús se reabriera. Otros tantos, que llegaron desde un día antes, se recostaron bajo la sobras de puentes o anuncios cercanos a la avenida Central.


De aquello queda el recuerdo.

Ahora, justo debajo de esos puentes sigue sin haber migrantes. Trabajadores del Estado de México que realizan labores de limpieza aseguraron que los centroamericanos ya volvieron, pero por el frío y la lluvia se fueron a otra parte.

“Hoy en la mañana había unos. Anda por aquí, pero quién sabe a dónde se fueron”, refirió uno de los trabajadores.

Un mes atrás, SinEmbargo, logró entrevistar a Giovani, migrante originario de San Pedro Sula, Honduras. El joven detalló que se escondía en una casa abandonada por miedo a las redadas que hubo en Ecatepec, ante la visita del líder católico.

“Me gustaría ir a misa [del Papa Francisco I]. Pero tengo miedo que me vayan a agarrar. Porque hay gente que aparenta ser buena y son los de migración”, dijo Giovani en febrero pasado.

Ecatepec es el municipio más poblado de América Latina con un millón 656 mil habitantes, y también está considerado uno de los más peligrosos del país, el 99 por ciento de sus habitantes vive en zonas urbanas y hay más robos allí que en otras ciudades con alta incidencia delictiva como Culiacán, Acapulco o Ciudad Juárez. Sólo entre enero y septiembre de 2015 los robos comunes ascendieron a 8 mil 403.

Del total de robos en Ecatepec, el 85 por ciento está asociado con automóviles; de enero a septiembre del año pasado se reportaron 7 mil 181 de estos casos; el 74 por ciento fue despojo con violencia. A esto se suma la violencia generalizada contra mujeres.

De 2013 a 2014, al menos 110 mujeres murieron asesinadas en este municipio, según se desprende de las cifras oficiales recientemente actualizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).


Mientras que la media nacional de homicidios es de 12 por cada 100 mil habitantes, en Ecatepec se ubica en 20. Entre enero y septiembre de 2015 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó que hubo 331.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-03-2016/1634921

El caso de Nestora Salgado llega a una etapa crucial: abogados ven más cerca su libertad

El Comité Nestora Libre ha contabilizado al menos 500 presos políticos en México. Y el propio caso de la líder de la policía comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, emprendió la semana pasada el que será su último capítulo, aseguraron sus defensores legales. Después de 30 meses de prisión, sus abogados esperan que en los próximos días queden definidos los procesos a los que la comandante de Guerrero deberá someterse por segunda ocasión.

El 9 de febrero, Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano, Leopoldo López Mendoza, fue recibida en el Senado de la República por distintos legisladores, en especial, del Partido Acción Nacional (PAN). Hubo un consenso generalizado sobre la grave situación de castigar con cárcel las expresiones ciudadanas y salvo un Senador, Mario Delgado Carrillo, nadie mencionó las violaciones a derechos humanos en territorio mexicano.

Grupos civiles han hecho esfuerzos para que la crisis de represión política en México tome notoriedad. Y el de Nestora Salgado García sería un caso representativo, ya que el propio Gobierno de Guerrero la calificó como una presa política por su rol como Comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá.

El involucramiento de Nestora con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) no se dio sino hasta en el último lustro, con el arrecio del narcotráfico en la zona.

Antes, a los 20 años huyó de la violencia doméstica, junto a sus tres hijas, rumbo a Estados Unidos. Allá realizó trabajos domésticos y no regresó a Olinalá sino hasta varios años después, cuando logró la ciudadanía de ese país y empezó a viajar una o dos veces al año a México.

Acostumbraba llevar víveres y ropa a los miembros de su comunidad. El grupo criminal Los Ardillos, junto a Guerreros Unidos, tienen presencia en el municipio del cual es oriunda y en el 2012 su inmersión con los problemas de la comunidad la llevó al cargo de Comandante de la policía comunitaria.

Sin embargo, pese a que los grupos de autodefensa en Guerrero están reconocidos en la propia Ley 701 de Guerrero como auxiliares de las fuerzas de seguridad pública estatal, y, además, el ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero les dio recursos para la compra de armas y equipo, las operaciones de la policía comunitaria no terminan por ser avaladas en todos los ámbitos.


LOS CARGOS CONTRA NESTORA

La líder de la policía de la Montaña de Guerrero fue detenida el 21 de agosto del 2013 por elementos del Ejército. Se le adjudicaron cargos por su supuesta implicación en 50 secuestros. Y posteriormente fue recluida en el penal de máxima seguridad de Nayarit. Todas estas medidas fueron impugnadas por sus abogados defensores.

La CRAC-PC tendría dentro de sus funciones detener personas. En varias ocasiones, los procesos ameritaban simples castigos de trabajo voluntario. Sin embargo, algunos detenidos acusaron haber sido maltratados y que sus detenciones fueron, más bien, secuestros.

“La aprehendieron por supuestos cinco secuestros, pero los siguientes días la suma llegó a 50 que se repartieron en tres procesos. En todos ya se determinó su libertad [la semana pasada]”, detalló el abogado Sandino Rivero Espinosa.

¿QUÉ PASARÁ CON NESTORA?

La semana pasada, tres jueces ordenaron su libertad, pero la Fiscalía volvió a notificar otros tres cargos que se le imputan. Por lo que Nestora, trasladada en mayo del año pasado al penal femenil de Tepepan, no pudo ser dejada libre.

Rivero Espinosa explicó que tenían conocimiento de estos tres cargos que se encuentran fincados en los juzgados de Huamuxtitlán, Tlapa y Ayutla. Órdenes de aprehensión del 2013, que no se habían ejecutado por los anteriores Gobiernos del estado.

Esta semana será crucial para determinar el curso de su proceso, aseveró.

“Se tomarán las declaraciones preparatorias de esas tres ordenes de aprehensión. una vez que esto pase, se tienen que regresar los expedientes a los jueces de origen en Guerrero y no pasará de esta semana para resolver su situación legal. Estamos seguros que hay elementos suficientes para que se decrete su libertad”, dijo.

Una vez que los expedientes lleguen a los juzgados en Guerrero, explicó, tres acusaciones serán sometidas a un plazo de 72 horas por los juzgados para resolver si concederán su libertad, o dictarán auto de formal prisión, lo que derivaría en el inicio del procedimiento de desahogo de pruebas de cualquier juicio.

El Comité Nestora Libre ha abogado por el deterioro de la salud de Nestora durante su estancia en los penales. De 44 años de edad, Nestora padece problemas en el hígado y riñones. Asimismo, las huelgas de hambre emprendidas por más de 30 días con el fin de visualizar su caso han afectado una condición de gastritis.

“Su salud es buena. Sin embargo, ella sufrió un accidente automovilístico hace más de 10 años. Y viene arrastrando esas secuelas”, dijo Sandino.


¿POR QUÉ A NESTORA?



A pesar de que la Coordinadora tiene cientos de integrantes, a Nestora la Fiscalía la acusó de ser responsable por un gran número de secuestros.

“En particular detuvieron a Nestora y a otros nueve líderes que hay en Guerrero porque son la gente más emblemática que era más conocida, y era una forma de dar un mensaje a toda la coordinadora”, dijo Sandino.

Otras organizaciones se han opuesto a la liberación de la líder comunitaria. Entre ellas, Alto al Secuestro y México SOS, que dirigen Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí.

El 13 de enero del 2015, Martí acusó que el Gobierno de Guerrero se había vuelto “narcoguerrillero”, por la convivencia entre autoridades y otros grupos. En conferencia de prensa presentó a cinco personas que aseguraron haber sido secuestradas por la Coordinadora.

“Desconozco cuál sea el móvil de estas personas. Pero al no haber un proceso donde haya sentencia, la presunción de inocencia siempre prevalece. Pero, fíjese, esto va más allá de un problema de particulares [en referencia a Martí y a Wallace], se trata de un proyecto de comunidades indígenas que pretenden su autodeterminación”, dijo Sandino.

El caso de Salgado es otro que ha traspasado las fronteras. El 23 de diciembre de 2014 los abogados de Nestora, Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que urgiera al Gobierno mexicano la protección en prisión de la comandanta.

En respuesta, la CIDH ordenó al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomienden los especialistas”, y dio un plazo de 15 días a las autoridades mexicanas para que informen de la atención a sus recomendaciones.

Alejandra Gonza, abogada de Nestora ante la CIDH y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Seattle, detalló que hubo intención deliberada del Estado por desarticular a la Coordinadora.

“Yo creo que sí había una clara intención del Gobierno de desarticular la organización de justicia y seguridad que supone la organización indígena. A través de justamente el encarcelamiento de sus líderes. Llévamos más de 30 meses en espera sin que los juzgados hayan tenido en cuenta algo bastante obvio, y es que justamente se trata de una organización amparada en la Ley, Constitución, y tratados internacionales de derechos indígenas”, dijo.

A principios de febrero, un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) determinó que la detención de Nestora Salgado fue “ilegal y arbitraria” en tres distintas categorías.

Éstas incluyen por la forma en que se realizó, por las autoridades que lo realizaron y su traslado ordenado por el poder Ejecutivo. Por lo que se solicitó al Gobierno su inmediata liberación y compensación.

“Hay una reacción del Grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU, siete relatores de distintas temáticas, mujeres, indígenas, etcétera, que se pronunciaron por acciones urgentes por la situación de emergencia en la que se encontraba ella. Hasta lograr una notificación al Estado este año”, dijo Gonza a SinEmbargo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-03-2016/1634907

Las normales, en la sobrevivencia ante el abandono oficial

Las 484 escuelas normales, urbanas y rurales, del país enfrentan el mayor de sus desafíos: sobrevivir a la desatención presupuestal y académica en que las han tenido los gobiernos federal y estatales en turno, y encontrar un nuevo rumbo ante la pérdida de su identidad como instituciones formadoras de profesionales de la enseñanza.

El deterioro de sus instalaciones, el ahorcamiento financiero y la carencia de una plantilla académica que, como antes de los años 80, represente a los mejores maestros, se hacen evidentes desde hace por lo menos tres décadas, coinciden especialistas, profesores y ex alumnos.

Del total de normales que existen en México, 274 son públicas y atienden a 76.9 por ciento de la matricula nacional, mientras en 210 planteles particulares asisten 23.1 por ciento de los jóvenes que desean ser maestros.

En los pasados 30 años, las normales han perdido más de 200 mil estudiantes, es decir, 63.5 por ciento de su matrícula, al pasar de 332 mil 505 a principios de 1980, cuando se reportó un máximo histórico en la demanda, a 121 mil 342 inscritos durante el ciclo 2014-2015.

Datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) señalan que en el ciclo escolar 2013-2014 sólo se cubrió 72.6 por ciento de los lugares de primer ingreso disponibles en las normales públicas, mientras en las particulares fueron 52.4 por ciento.

Además de la reducción de su matrícula, hay un creciente deterioro en las condiciones en que se ejerce la docencia en las aulas.

En su reporte más actualizado, que corresponde al ciclo escolar 2014-2015, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación señala que de los 17 mil 462 profesores que laboran en esos planteles, sólo 5 mil 178 (29.6 por ciento) son de tiempo completo, 2 mil 183 (12.5 por ciento) tienen medio tiempo, mientras 9 mil 146 (52.3 por ciento) trabajan por horas.

Pese a que más de la mitad de los maestros cuentan con un contrato de base, cerca de mil 500 cumplen un interinato limitado –sin plaza base–, 471 son comisionados, 2 mil 370 cobran por honorarios y 32 son voluntarios.

En cuanto a los resultados académicos de los alumnos que están por egresar de las normales, el INEE señala, en su informe Los docentes en México 2015, que poco más de una tercera parte alcanza un logro educativo insuficiente, mientras sólo 24 por ciento se ubican en niveles de desempeño sobresalientes.

Etelvina Sandoval, profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), afirma que hay un eje medular que se está borrando en estas instituciones: se forman para enseñar, y es precisamente esta característica la que se está eliminando.

Las normales, señala Juan Manuel Rendón, ex rector de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), han dejado de ser parte de un proyecto educativo impulsado por las administraciones federales, para entrar en una fase de parálisis, asfixia financiera y abandono académico.

Por décadas, recuerda, se dejó intacto el control institucional e ideológico que ejerce la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la designación de sus directivos, se les impusieron nuevos estándares de excelencia académica sin darles recursos, y comenzó, al menos desde principios de este siglo, una prolongada campaña de desprestigio.

Sandoval agrega otra característica en la gestión interna que se impuso a las normales: el verticalismo. Todo viene de arriba abajo. Quien designa a los directivos es la autoridad, pero también es la única que impone los planes y programas de estudio. Las comunidades académicas y de alumnos no son incluidos en los procesos de reforma.

Hugo Casanova Cardiel, profesor del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que las normales se han convertido en un enemigo para el gobierno federal, lo que resulta muy delicado, pues ver a las escuelas y a los maestros como entidades beligerantes respecto del Estado es algo muy peligroso.

El gobierno federal, considera, tiene una estrategia para el normalismo: en vez de impulsarlo, busca contenerlo. Trata de meterlo en los esquemas predeterminados de la burocracia educativa.

Isaías Jaime Ignacio, ex alumno normalista y profesor de telesecundaria en la región centro de Oaxaca, recuerda que la educación normalista cumplía una doble función: formar nuevos profesores, pero también inculcar en los futuros maestros un profundo compromiso social. El normalismo tenía un rumbo claro; sabíamos que nuestra función era estar al lado de los más pobres. Hoy ese objetivo se ha perdido.

Apunta que desde 1883, con la fundación de la Escuela Modelo de Orizaba, hasta 1922, con la creación de la primera Escuela Normal Rural en Tacámbaro, Michoacán, se fue consolidando un proyecto educativo nacional que haría posible sacar del analfabetismo a millones de mexicanos.

Fue un periodo que impulsó, en décadas posteriores, el desarrollo del normalismo, cuyas aportaciones ayudaron a construir al México del siglo XXI. 

Esa labor hoy se quiere dejar en el olvido.



Fuente: La Jornada

Autora: Laura Poy Solano

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/14/politica/002n1pol

Inversión térmica complica dispersión de contaminantes en CDMX

Ciudad de México. Una inversión térmica se registró este lunes a una altura a mil 720 metros, lo que contribuye a que persista la mala calidad del aire y se mantenga la fase de precontingencia ambiental en el Valle de México.

En su pronóstico meteorológico, el Sistema de Monitoreo Atmosférico detalló que la inversión térmica tiene una intensidad de 0.4 grados, espesor de 380 metros y temperatura de ruptura de 27.0 grados centígrados.

En tanto las condiciones para la dispersión de contaminantes sean adversas y la inversión térmica se mantenga, no habrá condiciones que permitan levantar la precontingencia ambiental que se mantiene desde el pasado sábado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se habla de una inversión térmica cuando la capa de aire que está en contacto con la superficie adquiere una temperatura menor de la que presentan capas con mayor altura.

Al estar relativamente a mayor temperatura estas capas actúan como una cubierta que impide el movimiento del aire hacia arriba, por lo que queda estancado provocando un aumento en la concentración de contaminantes, generalmente en niveles que pueden ser nocivos tanto para la salud como para los ecosistemas a ver si esto puede remplazar a la del aire.

104 puntos de ozono

La calidad del aire en la zona noreste del valle de México es mala, pues alcanzó 104 puntos de ozono, informó la Dirección de Monitoreo Atmosférico.

En su reporte de las 12:00 horas, el organismo detalló que en el sureste se registraron 96 unidades del contaminante, el suroeste 84, el centro 82 y el noroeste 57; es decir, una condición regular, de acuerdo con el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca).

Ante esa situación recomendó a las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como niños y adultos mayores, limitar actividades prolongadas al aire libre.

Además la radiación ultravioleta se ubica e 10 puntos, por lo que llamó a usar cremas con factor de protector solar mayor de 30, permanecer en interiores o a la sombra, así como vestir con ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

Fuente: La Jornada

Autor: Notimex

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/14/inversion-termica-complica-dispersion-de-contaminantes-en-cdmx-9886.html

Pierde el SAT opción de cobrar a Oceanografía

Ciudad de México. Un tribunal federal cerró este lunes el caso de la deuda fiscal por casi 18 mil millones de pesos que estaba pendiente de ser cobrada a Oceanografía, al resolver que no puede ser reconocido dicho adeudo en el concurso mercantil que tiene abierto la naviera y principal proveedora de servicios petroleros.

Según consta en un fallo del noveno tribunal colegiado en materia civil quedó confirmada una sentencia de un magistrado de circuito que meses antes había resuelto que la deuda de Oceanografía con el Servicio de Administración Tributaria aún no era "firme y exigible", ya que fue notificada a la naviera en mayo de 2015, y por tanto no podía formar parte de la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos en el concurso mercantil abierto en 2014.

Con el fallo del tribunal colegiado (integrado por tres magistrados) el SAT perdió cualquier oportunidad legal para seguir litigando el asunto.

Fuente: La Jornada

Autora: Matilde Pérez U.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/14/confirma-tribunal-deuda-de-oceanografia-no-es-exigible-875.html

La iniciativa #Ley3de3 logra su meta: reúne 120 mil firmas para llegar al Congreso

Las organizaciones informaron que gracias a la jornada de este domingo se logró llegar a la meta para presentar la iniciativa ante el Congreso durante este periodo ordinario y convertirla en ley.

Las organizaciones ciudadanas que impulsan la #Ley3de3 lograron su meta este domingo 13 de marzo, y recolectaron 120,000 firmas para presentar formalmente la iniciativa ante el Congreso, con lo cual sería obligación jurídica para los servidores públicos dar a conocer sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, y ya no solo un tema de buena voluntad.

Con esta iniciativa los ciudadanos buscan combatir la corrupción y la impunidad en México, y esperan que pueda presentarse en el actual periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo.

Según datos de las organizaciones, este domingo se instalaron al menos 164 mesas en 27 entidades federativas; en esta jornada se reunieron más de 20,000 firmas. Además hubo brigadas y personas que juntaron firmas y que las entregarán este lunes.

“La respuesta cívica ante esta iniciativa confirma que un número creciente de ciudadanos quiere pasar ‘de la queja a la acción’”, informaron en un comunicado las organizaciones que impulsan la #Ley3de3.

En las elecciones de 2015, diferentes candidatos presentaron su declaración #3de3, pero hasta ahora hacerlo es opcional para los servidores públicos.

Las organizaciones añadieron que continuarán recabando firmas los próximos días para ampliar la base de apoyo a esta iniciativa ciudadana.

Aquí puedes conocer más a detalle la iniciativa, descargar el formato para firmar, y ubicar los puntos de entrega.


Las organizaciones piden a los ciudadanos que lleven los formatos con firmas a los puntos de entrega para iniciar el acopio central y reunir en un solo sitio la totalidad de las firmas. El Instituto Mexicano para la Competitividad será el encargado de concentrar las firmas en sus instalaciones en Alfredo de Musset #32, col. Polanco, del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590.

FUENTE:´ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-iniciativa-ley3de3-logra-su-meta-reune-120-mil-firmas-para-llegar-al-congreso/

La familia Zamora: cuando luchar contra los ‘talamontes’ te cuesta la vida o la libertad

En noviembre de 2015, el activista ambiental Ildefonso Zamora fue detenido y encarcelado por un supuesto delito de robo cometido en 2012. Sin embargo, Greenpeace y el CentroPro documentan graves irregularidades en el expediente del caso.

“Mi padre no es un ratero –dice Misael Zamora con las manos metidas en el bolsillo de una sudadera blanca-. Su único delito ha sido defender estos bosques y hacer el trabajo que no hacen las autoridades”.

El joven observa a su alrededor y con la barbilla despoblada de barba apunta hacia un denso manto de pinos y matorrales que brotan de las entrañas de la tierra.

Esta postal, asegura, existe hoy gracias al activismo de su padre Ildefonso Zamora, quien con ayuda de la organización Greenpeace desplegó en el año 2004 un gigante ‘SOS’ para denunciar que los ‘talamontes’ estaban devorando las 10 mil 800 hectáreas de bosques de la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo, en el Estado de México. Una de las 15 “regiones críticas” por tala ilegal del país que identifica la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).


Doce años después, presume Misael, estamos ante un “bosque nuevo”, reforestado. Aunque a colación admite que las marcas de los dientes de las motosierras aún perduran en algunos troncos cercenados y también en la memoria de la familia Zamora, la cual ha sido víctima desde entonces de campañas de desprestigio, agresiones y de amenazas de muerte.

Una de esas amenazas, relata el también activista ambiental, tuvo lugar en enero de 2007. Cuando a bordo de un automóvil tres personas lo persiguieron a él, a su hermano Aldo y a su tío Juan Zamora, y uno de los agresores le espetó a Aldo: “Dile a tu padre que se tranquilice. O si no, tú mismo la vas a pagar, pinche cabrón”.

Cinco meses más tarde, en mayo de 2007, los agresores cumplieron su amenaza: en la carretera que va hacia la comunidad de Santa Lucía, en el municipio mexiquense de Ocuitlán, un grupo de cuatro talamontes emboscaron a los dos hermanos, los bajaron del vehículo a la fuerza, y les dispararon a quemarropa con armas de grueso calibre.

Misael fue herido de gravedad en un pulmón, pero sobrevivió. Mientras que Aldo, que en ese entonces tenía apenas 21 años y poco tiempo de haberse unido a su padre en la defensa de los bosques, murió asesinado en el acto.

Tras el asesinato, el expresidente Felipe Calderón declaró públicamente el 12 de julio de 2007 que “se haría justicia en el caso de Aldo Zamora”, pese a lo cual, más de ocho años después, sólo dos de las cuatro personas que participaron en el atentado están presas, mientras que los dos autores materiales continúan en libertad.


“Lo que le pasó a mi hermano fue una desgracia para la familia –farfulla lacónico Misael Zamora recordando lo sucedido-. Pero su muerte sirvió para que la tala se frenara casi por completo en San Juan Atzingo. Al menos, durante un tiempo”.



Además, a raíz de la fuerte presión social que se hizo por el homicidio de Aldo varios funcionarios de la cabecera municipal de Tenancingo “que estaban coludidos con los taladores” fueron despedidos y exhibidos. Lo cual, por un lado, benefició a la recuperación de los bosques de la comunidad. Pero por otro, también le granjeó a la familia Zamora nuevos enemigos.

“Por todo el ruido que se hizo, algunas autoridades se quedaron con un coraje tremendo hacia mi padre. Y hasta hoy no han cesado en su deseo de revancha contra él”, apunta el activista, quien denuncia que el Ministerio Público de Tenancingo, “en contubernio con los talamontes”, fabricaron un delito a Ildefonso para que dejara de molestar con su activismo.


“Parece que de nuevo están cumpliendo con su revancha –musita Misael mientras observa cómo el viento mece la elevada copa de un pino-. Porque desde noviembre del año pasado, mi padre está encerrado en la cárcel por un delito que no ha cometido”.

La fabricación de un delito

El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso Zamora se encontraba en su oficina de regidor de Turismo y Medio Ambiente del Palacio Municipal de Ocuilán, municipio al que pertenece la comunidad de San Juan Atzingo.

Eran las 12.50 del mediodía, aproximadamente. Ildefonso acababa de regresar del desfile por el Aniversario de la Revolución Mexicana, cuando entre 15 y 20 agentes de la policía ministerial estatal irrumpieron en su despacho, y sin presentarle una orden de aprehensión se lo llevaron a empujones y golpes a la prisión de Tenancingo.

Los malos tratos continuaron en la cárcel: uno de los agentes le dio un fuerte empujó que lo hizo rodar por unas escaleras. La agresión, además de dejarle el cuerpo magullado, provocó que una vieja herida en el pulgar derecho se reabriera hasta el punto de originarle una fuerte infección que casi llega al punto de la necrosis, debido a la diabetes que padece.

Una vez preso, Ildefonso se enteró de que hay una carpeta de investigación abierta en su contra desde el año 2012. El motivo, la denuncia de una vecina que asegura que el activista participó junto con otras 50 personas en un robo agravado con allanamiento de morada a su tortillería, de la que le supuestamente sustrajo 360 mil pesos.


Sin embargo, tanto Greenpeace como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (CentroPro) documentan irregularidades en la investigación abierta contra Zamora –la número 1300300090080812-, motivo por el que sostienen que la fiscalía estatal fabricó la acusación para callar al activista de etnia tlahuica.

Una de las principales irregularidades, expone Gabriela Carreón, abogada del CentroPro, es que a Ildefonso “se le violentó gravemente el derecho de audiencia y a una defensa adecuada al ocultarle durante tres años que existía una investigación en su contra”.

“Por ello, Ildefonso no tuvo la oportunidad de demostrar, con testigos y documentales que lo acreditan, que el día de los hechos él se encontraba en otro lugar”, añade la letrada en una entrevista realizada en la casa de Ildefonso; una vivienda conformada por varias chozas con paredes de madera, cocina de leña, y suelo de tierra, que contrasta llamativamente con los 360 mil pesos que, según acusa la fiscalía, el activista sustrajo.

Carreón indica que el día del robo a la tortillería, el 11 de julio del 2012, Ildefonso estaba en Toluca recogiendo un acta constitutiva ante un notario público. “Y de esto dan cuenta los testigos que lo acompañaron a la notaría pública, que fueron su primo Mario Encarnación Zamora, sus compañeros del comisariado Paulino Neri Carlos y Sergio Ramírez Raymundo”.

Otros dos testigos que estuvieron presentes en el lugar del robo también señalan no haberlo visto ahí: un policía municipal y una vecina de nombre Trinidad.

Más inconsistencias

De acuerdo con la abogada del CentroPro, de las cuatro declaraciones de los testigos que incriminan a Ildefonso, “dos son exactamente iguales, por lo que es evidente que los textos fueron copiados y pegados”. Mientras que una de las testigos acudió ante al Ministerio Público para dar su testimonio de lo sucedido hasta septiembre de 2012, cuando los hechos fueron en julio.

Asimismo, “por lo analizado en las audiencias”, no hay pruebas de la existencia de los 360 mil pesos que la denunciante dijo haber recibido de remesas de su esposo quien se encuentra en Estados Unidos, y que supuestamente Ildefonso hurtó. “Es decir –remarca la abogada-, no hay certeza de que ese dinero siquiera estuviera en la tortillería, mucho menos la cantidad”.


“Creemos que hay que analizar la detención de Ildefonso dentro del contexto de la lucha que ha llevado a cabo en todo esta zona en contra de la tala ilegal, lo cual ha molestado a mucha gente. Por eso, a partir de todas estas inconsistencias, para nosotros está muy claro que Ildefonso es inocente, y que todo esto es una fabricación para la que el ministerio público estatal se prestó”, denuncia Gabriela Carreón, quien concluye apuntando otro dato: de las 50 personas acusadas de participar en el robo en 2012, sólo Ildefonso está preso.

Ante estas inconsistencias, Animal Político fue el pasado 8 de marzo, durante una visita a la comunidad de San Juan Atzingo organizada por Greenpeace y el CentroPro, al domicilio donde se produjo el robo en 2012 para conocer la versión de la señora que interpuso la demanda contra el activista, pero uno de sus nietos aseguró que no se encontraba en casa.

Cuestionado acerca de lo que recordaba del día del robo, el joven corroboró que “unos 50 chavos” entraron a la casa donde estaba la tortillería armados con palos para ocupar el lugar, motivo por el que la familia huyó del sitio hasta hace unos meses que regresó.


Sin embargo, a pregunta expresa, éste aseguró no haber visto aquel día entre los “chavos” a ningún señor mayor, como Ildefonso Zamora.

Agresiones a defensores del medio ambiente aumentaron 990%

Por otra parte, Miguel Soto, vocero de Greenpeace México, lamentó que a pesar del activismo de Ildefonso Zamora y de su familia, a partir del que en 2004, 2005 y 2006 se presentaron múltiples denuncias que originaron 47 órdenes de aprehensión contra talamontes, el problema de la tala ilegal continúe floreciendo en la comunidad de San Juan Atzingo, sobre todo en parajes como Llano de Agua Bendita, La Piedra, El Jaral, Pueblo Nuevo, o Loma de Coyotongo.


“Es una situación lamentable. De acuerdo con los últimos datos que Greenpeace pudo investigar de la Profepa, de los 15 millones de metros cúbicos de madera que se venden en México, siete provienen de la tala ilegal”, enfatiza Soto, quien al respecto denuncia que lejos de atenderse este problema, los defensores del medio ambiente están siendo atacados.

“La criminalización de los defensores está muy fuerte. Tan solo en 2014, fueron asesinados tres”, lamenta el vocero de Greenpeace, quien recuerda que, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), desde el año 2010 se han documentado 240 agresiones a defensores ambientalistas, de las cuales 191 (80%) se produjeron en apenas dos años y medio: entre enero de 2013 –un mes después de la llegada de Peña a Los Pinos- y junio del pasado 2015.


De hecho, el CEMDA advirtió de una tendencia creciente en los ataques, ya que se pasó de 10 casos en 2010, a 16 en 2011; 82 en el periodo enero 2013-abril 2014; y a 109 durante el lapso mayo-junio 2015. Es decir, un alza de 990% de enero de 2010 a junio de 2015.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-familia-zamora-cuando-luchar-contra-los-talamontes-te-cuesta-la-vida-o-la-libertad/

Vinculan a proceso a exedil que ordenó agresión contra periodista en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto: El expresidente municipal priista de Silao Enrique Solís Arzola fue vinculado a proceso y será enjuiciado por su papel como instigador de robo calificado, amenazas y lesiones en contra de la reportera Karla Janeth Silva Guerrero y su compañera Adriana Elizabeth Palacios.


El exalcalde permanecerá preso durante el tiempo que dure el proceso, debido a la gravedad del delito del que es inculpado, determinó la juez de control de oralidad, Gloria Esther Hernández.

Además, la Secretaría de Gobierno suspenderá el Fiat de Notario de Solís Arzola mientras se desarrolla el juicio, de acuerdo con lo establecido en la Ley el Notariado del estado.


“Haz lo que tengas que hacer para parar esas notas”, habría ordenado el entonces alcalde a sus subordinados dos días antes de la agresión, un 2 de septiembre de 2014, en la escalinata del Palacio Municipal.

Solís Arzola fue detenido en su casa de Silao el viernes por la tarde, y pasó dos noches en el Cereso de Irapuato hasta la audiencia de este domingo.

La audiencia comenzó a las 9 de la mañana, con varios recesos. Doce horas después de que inició la audiencia de imputación y vinculación, la juez de control de oralidad Gloria Esther Hernández determinó, tras escuchar la acusación hecha por la fiscalía y los alegatos del defensor del exalcalde, que éste será llevado a juicio.

Hernández dio valor probatorio a las declaraciones señaladas por la fiscal: la de la reportera Karla Silva, así como las que hicieron en juicios abreviados Luis Gerardo Hernández Valdenegro, “Buda” y el exsubdirector operativo de la Policía Municipal, Jorge Alejandro Durán Fonseca, quienes afirmaron que fue Solís quien dio la orden de agredir a Karla.

En la audiencia estuvieron presentes el exalcalde, en su calidad de presunto responsable, así como Karla Silva y Adriana Palacios -víctimas de los delitos señalados- cometidos en su contra el 4 de septiembre del 2014 en la oficina del periódico.

En principio, la juez no admitió el incidente del amparo contra la orden de aprehensión tramitada por Solís ante el Juez décimo de distrito en Irapuato, quien en junio del año pasado declinó conocer sobre otro amparo que involucraba al entonces alcalde en funciones, argumentando que tenía una relación de “camaradería y trato cordial” porque fueron compañeros de un posgrado en la Universidad de Guanajuato.

Al efectuar la imputación de cargos, la fiscal Yolanda Domínguez dijo tener al menos 190 datos de prueba que apuntan a que el exalcalde fue instigador para que Nicasio Aguirre Guerrero, quien era el director de Seguridad Pública bajo su mando, orquestara la golpiza en contra de la reportera del periódico El Heraldo.

Entre otros datos, la fiscal mencionó declaraciones de un reportero que fue testigo del trato hostil que Solís daba a Karla Silva, y a quien el propio exalcalde advirtió también en una ocasión que “le bajara”.

Una asistente del exdirector de Seguridad Pública declaró haber escuchado cuando Solís le ordenó a éste “darle un susto” a la entonces regidora del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Vélez, quien durante el trienio fue crítica de la actuación del presidente municipal y tuvo varios diferendos públicos con él.

La fiscal también mencionó testimonios que incluso vinculan a Nicasio Aguirre –el único de los involucrados señalados que continúa sin ser capturado por la Procuraduría- con la venta de drogas y armas.

El defensor de Solís Arzola alegó que los datos de la fiscal podrían apuntar a que fue el director de Seguridad Pública, Nicasio Aguirre, el instigador de la agresión y de la amenaza (“bájale a tus notas o te va a cargar la chingada”), ya que, según dijo, no está probado que hubo una relación directa entre el exedil y los 3 autores materiales.

Sin embargo, la fiscal aludió al nivel jerárquico del presidente municipal, al que tanto el director de Seguridad como el subdirector estaban subordinados, de lo que presuntamente se habría valido Solís para los actos de ambos y de las personas a quienes contrataron.

Finalmente, al emitir su resolución, la juez Hernández describió la figura del instigador y posteriormente, declaró al exfuncionario vinculado a juicio, y como medida cautelar determinó que permanecerá en prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso, y dos meses para la investigación complementaria por ambas partes.

Mientras tanto, en un comunicado, la dirigencia estatal del PRI se desmarcó del exalcalde, al señalar que el proceso en el que se ve involucrado Enrique Solís Arzola “es un asunto estrictamente jurídico y no del partido”.

El presidente del PRI guanajuatense, Santiago García, manifestó que a la reportera Karla Silva “se le debe de hacer justicia en el marco del derecho”, pero que Solís Arzola tiene derecho a un debido proceso “como cualquier ciudadano”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433393/vinculan-a-proceso-a-exedil-ordeno-agresion-contra-periodista-en-guanajuato

La cultura del abuso en los penales, arraigada: Miguel Sarre

CIUDAD DE MÉXICO: En septiembre de 2015 la CNDH dio a conocer un informe sobre la situación de las cárceles estatales y federales en México. El Cefereso número 1, El Altiplano, obtuvo una de las más bajas calificaciones en “aspectos que garantizan la integridad y moral del interno”. Se detectó sobrepoblación, deficiencias en la atención médica, deficiencias en la prevención de violaciones a derechos humanos y deficiencias de supervisión del funcionamiento de la cárcel por parte del director.

Desde el 12 de febrero pasado Emma Coronel denunció que a su esposo, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, recapturado en enero pasado tras su fuga del mismo penal, lo “torturan lentamente” en El Altiplano al no dejarlo dormir con el constante pase de lista y que esto ha dañado su salud e incluso ha puesto en riesgo su vida. Además se queja de que les han impedido tener las visitas familiares reglamentarias.

Consultado al respecto, el doctor Miguel Sarre, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y experto en derecho penal y derecho penitenciario, explicó que la cultura del abuso está arraigada en las cárceles mexicanas de máxima seguridad. Explicó que hace años, cuando abrió sus puertas El Altiplano, él recorrió el lugar junto con Juan Pablo de Tavira, quien desarrolló este concepto de prisiones en México.

“Los internos reclamaron por qué los despertaban en la noche y la justificación que me dio De Tavira es que tenían que asegurarse de que estuvieran vivos y no hubieran dejado un maniquí, como ocurrió en la cárcel de Alcatraz. Los despertaban cada media hora, lo cual era una práctica de tortura; son culturas que se van dando generación en generación y se toman con casos más significativos como el de Guzmán Loera.”

Detalla que esta práctica de no dejar dormir horas corridas a los internos, como se ha quejado la familia de Guzmán Loera, “es como la vieja tortura de la gotita de agua: una gotita de agua en el cráneo no nos hace nada, pero si nos ponen una cada varios segundos durante largo tiempo es uno de los métodos de tortura más infame. La tortura no es despertar a una persona una vez sino hacerlo sistemáticamente y romper los ciclos vitales; es muy grave”.

Señala que el artículo 17 constitucional ordena el cumplimiento de las resoluciones judiciales plenamente, “en sus términos, sin excesos y sin privilegios. No está en las funciones de la autoridad dar escarmiento a nadie, esos son desvíos del poder”.

Emma Coronel presentó en enero pasado una queja ante la CNDH por el trato discriminatorio a su esposo (Proceso 2047). Esta reportera comprobó con fuentes de la prisión, incluyendo un interno que acaba de ser liberado, que Guzmán es el único recluso al que se le da este trato de vigilancia física presencial fuera de su celda, con un perro en la puerta y el pase de lista cada hora, durante el día, y cada cuatro horas durante la noche. El gobierno mexicano ha justificado públicamente este trato por la “alta peligrosidad” del líder del Cártel de Sinaloa y el antecedente de sus dos fugas de penales de máxima seguridad.

“La Constitución previene el trato discriminatorio en perjuicio de cualquier persona. Esto desde luego es discriminatorio, es un trato diferenciado por razones no establecidas en la ley”, señala el doctor Sarre. Explica que a la autoridad administrativa del Cefereso 1, que depende de la Secretaría de Gobernación, “lo único que la legitima es el cumplimiento de un mandato judicial”: cumplir el auto de formal prisión contra Guzmán Loera. Por tanto, sus fugas no deberían ser argumento para darle un trato diferenciado a otros internos, porque en la Constitución no existe la categoría de presos de alta peligrosidad.

“En ninguna parte las normas de un mandato judicial establecen que haya de haber un trato especial, diferenciado, para determinadas personas en razón del comportamiento que hayan tenido antes o durante el internamiento. Es decir, está fuera de la ley y manda un mensaje muy equivocado: si las altas autoridades consienten esto, están transmitiendo el mensaje para que haya otros abusos y eso es la antítesis de la cultura de la legalidad.

“Con esto están diciendo que se vale poner ingredientes propios, no establecidos en la ley, y que se pueden cumplir las resoluciones judiciales a ‘nuestra manera’. ‘Tú ponle de lo tuyo que yo le estoy poniendo de lo mío’, es un mensaje tremendo. Es la ley del más fuerte, y en este momento el más fuerte es el Estado.”

El doctor del ITAM puntualizó que cuando esta cultura del “más fuerte” se genera en el Estado se replica en la propia delincuencia, “porque quien delinque está haciendo lo mismo que le enseñó el Estado: ‘Cuando tengas el poder, aprovéchate’. Eso es lo que hace el secuestrador, lo que hace el violador; es exactamente el mismo mensaje que socava la legalidad”.

Cuando una persona comete un delito y es sometida a proceso, continúa Sarre, “con eso ya se reivindicó la justicia y no hay que ir más lejos, porque si se va más lejos se pierde la ventaja moral. El Estado requiere tener una ventaja moral sobre quien delinque, y si el Estado comete delitos en contra de las personas que delinquieron pierde la ventaja moral y se coloca al nivel del rufián.

“Sólo tocaremos fondo cuando tengamos estado de derecho, el estado de derecho se construye o se destruye en escenarios como éste, justamente, no cuando nos enfrentamos con los buenos sino cuando nos enfrentamos con quienes han sido responsables de cometer graves delitos, en el trato que se les dé a ellos se demuestran las convicciones del estado de derecho.”

Sarre señaló que las prácticas de las que se queja la familia de Guzmán Loera son generalizadas, “las prisiones de alta seguridad se vuelven espacios de muerte lenta” y esto ocurre porque están “fuera de la mirada pública”.

El sábado 5 el Juzgado Primero en Materia de Amparo y Procesos Federales admitió la demanda de amparo 298/2016 que ese mismo día interpuso la defensa de Guzmán Loera y le concedió la suspensión de plano a favor del capo; en consecuencia, prohibió al gobierno federal los actos de “incomunicación, tortura, segregación, aislamiento, falta de atención médica y tratos crueles e inhumanos”, como consta en el expediente judicial consultado.

En la resolución quedó asentado que “tal medida cautelar se traduce en la posibilidad de tener comunicación con sus familiares autorizados y sus defensores, siempre y cuando tenga relación con la adecuada defensa del quejoso y de acuerdo a los requisitos y horarios que establezcan en los reglamentos correspondientes”.


Sin embargo, el pasado miércoles 9, el Tercer Tribunal Colegiado del Estado de México determinó que son válidos los protocolos de seguridad impuestos a Guzmán Loera por la Comisión Nacional de Seguridad, porque su aplicación es de “interés general de la sociedad”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433394/la-cultura-del-abuso-en-los-penales-arraigada-miguel-sarre

Aprobación de Peña, por los suelos; sólo 32% avala su gestión

CIUDAD DE MÉXICO: La aprobación del presidente Enrique Peña Nieto está en su nivel más bajo desde que inició su mandato; sólo el 32 por ciento de la población avala su gestión, mientras que el 56 por ciento la reprueba.


De acuerdo con una encuesta publicada hoy por el periódico El Universal, la aprobación del presidente cayó de 42 a 32 por ciento de noviembre a la fecha y la desaprobación se incrementó de 51 a 56 por ciento.

Cuando inició su gestión, Peña Nieto tenía una aprobación del 56 por ciento y una desaprobación del 29 por ciento, según la medición del diario. Su aprobación nunca estuvo más alta que en los primeros meses de su gobierno; a partir de ahí, ha tenido una predominante tendencia a la baja.

Según el estudio, el 56 por ciento de la población advierte que el país va por “mal o muy mal camino” y el 49 por ciento cree que México está peor desde la llegada de la actual administración priista.


El 39 por ciento de los mexicanos considera que “nada o ninguno” es el principal logro de la actual administración, mientras que el 16 por ciento no sabe o no contestó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433391/aprobacion-pena-los-suelos-32-avala-gestion

La Comisión Forestal hace negocio con los intereses bancarios del presupuesto ambiental

El presupuesto total generó intereses por 128 millones de pesos, pero tampoco los ha devuelto a la Tesorería de la Federación. Esto significa un probable daño a la Hacienda Pública por 213 millones de pesos.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) recibió 248 millones de pesos para invertir en 12 programas ambientales, como la restauración de la Cuenca Cutzamala y conservación de biodiversidad durante dos años; sin embargo, mantuvo en sus arcas 32% del total de recursos (85 millones de pesos) sin entregarlo a los beneficiarios.

El presupuesto total generó intereses por 128 millones de pesos, pero tampoco los ha devuelto a la Tesorería de la Federación. Esto significa un probable daño a la Hacienda Pública por 213 millones de pesos de ambos rubros, según advierte la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de la Cuenta Pública 2014. 

El monto equivale a tres veces el presupuesto que tuvo Nayarit para la reforestación y obras de uso de suelo en 2015 (44 millones de pesos) y alcanzaría para operar 10 programas de reforestación de mangle.

La Conafor administra el instrumento Mandato del Fondo Forestal Mexicano, que a su vez distribuye los recursos entre los programas y proyectos para la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales.

La Auditoría detectó que el presupuesto total destinado al Mandato en 2015 (8 mil 445 millones de pesos), generó intereses bancarios por 290 millones de pesos, toda vez que el dinero se depositó en cuentas bancarias de Banorte.

De los intereses obtenidos, la Conafor asignó 111 millones 921 mil pesos a beneficiarios y 10 millones 434 de pesos fueron devueltos a la tesorería. Sin embargo, no comprobó el destino de 128 millones 748 mil pesos. En este caso, según mandata el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el dinero debería ser reintegrado a la Tesorería o de lo contrario sería considerado un daño a la Hacienda Pública.

La auditoría financiera de los recursos de la Conafor incluye la revisión de 248 millones 813 mil pesos entre 2010 y 2012 para la operación de 16 programas. De ello, 85 millones 322 mil pesos (32%) fueron destinados a 12 programas sin que existieran beneficiarios; por lo tanto, de acuerdo con la Auditoría, el dinero debería reintegrarse a la Tesorería de la Federación.

Los programas que recibieron más apoyo sin que comprobaran el ejercicio del gasto es el Programa Cutzamala 2010, dedicado a la restauración de las microcuencas en zonas prioritarias del Sistema Cutzamala en Michoacán y el Estado de México. Recibió 37 millones 189 mil pesos, pero hasta el desarrollo de la Auditoría no había justificado el gasto.

Lo mismo ocurrió con el Fondo de la Biodiversidad, creado para financiar de manera permanente la conservación y restauración de ecosistemas forestales con biodiversidad de importancia mundial. Obtuvo un presupuesto de 151 millones 425 mil pesos. De ello, comprobó el gasto de 125 millones, pero aún falta por sustentar en qué gastó 25 millones de pesos.

Al revisar los estados de cuenta de Banorte, la Auditoría advierte “un probable daño o perjuicio” a la Hacienda Pública Federal, por 26 millones 424 mil pesos; monto de las cancelaciones y desistimientos de apoyos para los programas ambientales entre 2006 y 2014. Sin embargo, no fue devuelto a la Tesorería.

Aunque el Mandato del Fondo Forestal Mexicano fue creado para promover la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, solamente funcionara como un mecanismo de recepción, inversión y distribución de los recursos a los beneficiarios.


Además, según la Auditoría, se trata de una figura con la que Conafor “se deslinda de responsabilidades, toda vez que por las operaciones del mandato, únicamente registra los saldos finales del mandato en su contabilidad, con base en los estados financieros emitidos por el banco”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-comision-forestal-retiene-el-presupuesto-e-intereses-de-programas-ambientales/