El gran fracaso de la certificación penitenciaria

La certificación oficial de las cárceles mexicanas es una farsa. Desde abril de 2011, cuando empezó a aplicarse, a la fecha, la Asociación de Correccionales de América ha cobrado 14 millones de dólares provenientes de la Iniciativa Mérida. Sin embargo, ese organismo ha entregado resultados catastróficos. Los 26 penales que considera más seguros en el país distan de serlo, según el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria de 2014, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

CIUDAD DE MÉXICO: Desde el sexenio pasado, la Asociación de Correccionales de América (ACA) ha recibido 14 millones de dólares destinados por el gobierno de Estados Unidos al mexicano para la certificación de 29 de los 431 penales nacionales, pero los resultados son desastrosos, pues los amotinamientos, asesinatos, sobrepoblación, vulnerabilidad y corrupción en las prisiones continúan.

La certificación penitenciaria, iniciada en abril de 2011 a petición del entonces presidente Felipe Calderón a través del Programa de Correccionales financiado con recursos de la Iniciativa Mérida, es un gran fracaso.

Según la embajada estadunidense, el propósito de ese programa es brindar apoyo al gobierno de México para mejorar las capacidades del sistema penitenciario, que redunde en un manejo más eficiente de su población, e impulsar reformas sustantivas en los reclusorios federales, estatales y municipales para prevenir que las organizaciones criminales trasnacionales operen en ellos.

“A la fecha, señala la legación, más de 14 millones de dólares se han comprometido en entrenamiento, desarrollo de capacidades y equipo”. Los reclusorios certificados por la ACA incluyen 16 federales, ocho de Chihuahua, uno de Baja California y cuatro del Estado de México; ahí tres penales se sumaron apenas en febrero pasado.

Sin embargo, en su Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que la consultora dirigida por James Gondles no cumple con gran parte de los 139 estándares internacionales que ella misma maneja. Según los diagnósticos del ómbudsman nacional al sistema penitenciario de 2014, en los penales estatales y federales la sobrepoblación es de 74%.

Asimismo, en un comunicado la CNDH sostiene que en el primer cuatrimestre de 2015 se registraron 78 incidentes, entre riñas, intentos de suicidio, huelgas de hambre, fallecimientos y agresiones que implicaron a 159 reos.

En Estados Unidos, la Prison Legal News –organización civil defensora de los derechos humanos de los reclusos– denunció a la ACA porque, aun cuando se presenta como asociación sin fines de lucro, cobra 3 mil dólares a cada penal y mil 500 dólares al día por cada auditor. En 2011, por ejemplo, la asociación de Gondles recibió 4.5 millones de dólares por acreditación, casi la mitad de sus ingresos de ese año (Proceso 2051).

La reportera se comunicó vía telefónica con Gondles para solicitarle una entrevista. Y como el director de la ACA pidió un cuestionario, se le hizo llegar uno de 35 preguntas por correo electrónico. Gondles devolvió la llamada y canalizó a la reportera con Eduardo Guerrero, representante de la ACA en México y comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Guerrero tampoco aceptó la entrevista. La Comisión Nacional de Seguridad respondió por medio de su área de Comunicación Social que las entrevistas “están suspendidas”.

Cifras negras

En 2011 la ACA certificó los primeros cuatro penales federales: el del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México; el de Occidente, en Jalisco; el Noreste, en Tamaulipas, y el del Rincón, en Nayarit.

Dos años después se sumaron el Sudeste, de Huimanguillo, Tabasco; el Nornoroeste, de Durango; el Norponiente, de Sinaloa, y el Oriente, de Veracruz. Asimismo se incorporaron al Programa de Correccionales de la Iniciativa Mérida cuatro penales de Chihuahua y uno de Baja California.

En 2014 se otorgó la acreditación al Centro Federal de Readaptación Social 9 Norte; al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, CPF Papantla; al Centro Federal Femenil de Readaptación Social Rehilete, y al Centro Federal de Readaptación Social Morelos.

Para enero de 2015, en Chihuahua ya estaban certificados los ocho penales estatales. Y el 16 de febrero último, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, presumió que la ACA certificó cuatro de los 21 penales mexiquenses: el de Otumba; el Guillermo Colín Sánchez, en Ciudad Nezahualcóyotl; el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Valle de Bravo, y la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes Quinta del Bosque, en Zinacantepec.

Según Ávila, fueron certificados por la ACA “después de pasar los más estrictos controles en temas como humanidad, justicia, protección, administración y seguridad”. Sin embargo, pese a la certificación, los problemas en las cárceles persisten.

En su Diagnóstico de 2014, la CNDH documentó 993 incidentes violentos en penales estatales (ceresos), 740 en los reclusorios federales (ceferesos) y cuatro en las prisiones militares (PM). Las riñas ocuparon el primer lugar: mil 435 y ocurrieron en 700 ceresos, 734 en ceferesos y uno en una PM.

Siguieron los desórdenes, con 126, todos ellos en ceresos; los suicidios, con 68 –62 en ceresos y seis en ceferesos–; los abusos, con 51; los homicidios, con 49, y los motines, con cinco, todos ellos en ceresos.

En el caso de homicidios, los penales con mayor índice fueron el Distrito Federal (18), Guerrero (seis), Tamaulipas y Estado de México (cinco cada uno), Sonora (cuatro), Chihuahua y Sinaloa (tres cada uno). La mayoría en los dormitorios.

Con respecto a los ceferesos, el incidente con mayor número de reportes fue el de riñas: 734. Los centros con más casos fueron los certificados por ACA: el Número 3 Noreste, de Matamoros, Tamaulipas (124); el Número 4 Noroeste varonil, de Tepic, Nayarit (119); el Número 2 Occidente El Salto, Jalisco (115); el Número 12 CPS Guanajuato (94); el Número 13 CPS Oaxaca (56). Por lo general ocurrieron en el comedor, las instalaciones deportivas y en los patios.

El Diagnóstico también expone que en los penales certificados se detectó falta de capacitación en los custodios y falta de elementos que cumplieran esa función; así como fallas administrativas. Ello, pese a que en mayo de 2009 se inauguró la Academia Nacional de Administración Penitenciaria en Xalapa, Veracruz, donde fueron capacitados 7 mil 519 nuevos oficiales.

De manera adicional, 120 oficiales se especializaron en técnicas de supervisión de primera línea y se impartieron dos cursos a 132 empleados de prisiones: uno de liderazgo en Denver, Colorado; otro sobre Grupos de Amenaza contra la Seguridad/Inteligencia, impartido por personal del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland.

Otros 118 oficiales de prisiones recibieron entrenamiento en procedimientos de respuesta ante situaciones de emergencia, impartidos por especialistas de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, y 22 instructores recibieron su certificación para impartir cursos de respuesta ante emergencias.

Se adquirieron también dos unidades móviles para el entrenamiento extramuros sobre el manejo de prisiones estatales y federales. Los instructores federales han capacitado a mil 561 custodios en materia de derechos humanos, desarrollo humano, emergencias, uso de la fuerza y simuladores de armas de fuego.

Y las quejas se multiplican

Hasta ahora, la certificación de la ACA a los penales nacionales ha sido infructuosa.

El Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014 otorga la máxima calificación a los penales de Guanajuato, 7.59, mientras la más baja es para Quintana Roo, 3.66.

En este rubro, la CNDH señala que el promedio obtenido en la aplicación del diagnóstico penitenciario en 2014 fue de 6.2 en los ceresos, menor al de 2011 (6.41), al de 2012 (6.28) y al de 2013 (6.10). Según la ACA, los penales certificados de Chihuahua obtuvieron 6.67; los de Baja California, 7.23, y los del Estado de México, 6.01.

En Chihuahua, el Cereso Número 3 –al que acudió el Papa Francisco durante su visita a Ciudad Juárez en febrero pasado–, obtuvo 5.61 en el Diagnóstico de la CNDH, mientras el Número 7 de Ciudad Cuauhtémoc, 6.86, y el Número 2, 6.19.

Este centro obtuvo 4.53 en cubrir aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno; en aspectos que garantizan una estancia digna sacó 7.26; en condiciones de gobernabilidad, 6.2; en reinserción social del interno, 6.53, y en grupos de internos con requerimientos específicos, 3.52, muy lejos de los estándares de la ACA.

Respecto a “condiciones de gobernabilidad”, la CNDH indica que falta un manual de procedimientos para traslado de internos y para motines; existencia de áreas de privilegios, de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población; presencia de cobros por parte de los custodios, así como por parte de los internos.

En dos de las cuatro prisiones mexiquenses certificadas por la ACA se repite el mismo fenómeno que en las de Chihuahua: el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba obtuvo 6.27, mientras el Dr. Alfonso Quiroz Cuarón llegó a 6.22.

La tendencia se repite en la mayoría de los ceferesos, en los cuales el promedio fue de 6.83, según el documento de la CNDH. El Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ciudad Ayala, de Morelos, obtuvo 8.18.

El Número 2 de Occidente, en Jalisco, el Número 7 de Guadalupe Victoria, Durango, el Número 5 de Villa Aldama, Veracruz, y el Número 4 de Tepic, Nayarit, obtuvieron calificaciones que fluctúan entre 7.22 y 7.76. Otros, de 6.02 a 6.37, mientras que el más bajo es el Número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 5.53.

La CNDH indica también que en los primeros cuatro meses de 2015 detectó una sobrepoblación de 74% en los ocho ceferesos donde están recluidos los criminales más peligrosos de México, pese a que son consideradas las instalaciones más seguras del país.

Ahí se han registrado 78 incidentes, como riñas, intentos de suicidio, huelgas de hambre, fallecimientos y agresiones entre internos, los cuales implicaron a 159 reos.

La vida cotidiana de los reclusos, incluidos los que purgan sus sentencias en las prisiones certificadas, dista mucho de los estándares de calidad que pregonan los especialistas de la ACA. Y ello se refleja en las quejas presentadas ante la CNDH: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 sumaron mil 542.

El caso del Altiplano es singular. El 26 de febrero del año pasado, 138 internos enviaron a la CNDH una carta en la que se quejaban por malos tratos. Según el portal Nayarit en Línea, entre los firmantes estaban Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; Héctor Beltrán Leyva, El H, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Meses después, el 11 de julio, El Chapo se fugó.

El 18 de mayo de 2015 Sayra Rodríguez, hija de Nestora Salgado, la exlíder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa entonces en el Cefereso Número 4 El Rincón, en Nayarit, por presunto secuestro, denunció que los derechos humanos de su madre eran violados de manera constante. Salgado inició una huelga de hambre.


El 26 de febrero último, un centenar de custodios del Cereso Número 3 de Ciudad Juárez denunciaron que la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales los envían a otros centros penitenciarios del estado sin apoyo económico. Se quejaron de la falta de uniformes y de la mala calidad de la comida.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433658/gran-fracaso-la-certificacion-penitenciaria

El tufo de la corrupción

Será hasta el 7 de abril cuando en la comisión anticorrupción, de participación ciudadana y estudios legislativos del Senado de la República, se discuta y se vote la propuesta para integrar la ley secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción que fue creado en mayo de 2015. Pero la marginación de la sociedad y las negociaciones políticas en este momento están en su apogeo.

Los legisladores que encabezan la comisión, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional (que para el caso son lo mismo), dieron a conocer hace unos días un documento en el que integraron las propuestas tanto de su partido como las del PAN y del PRD. De hecho fue el partido del Sol Azteca el que más iniciativas sobre el caso introdujo, seis en total, contra cuatro del albiazul y una del rojo/verde.

Discuten sobre los detalles que habrán de dar forma, sustento, a los que se determinen como delitos de corrupción –los que no estén ya en las leyes que nos rigen-, y que a su vez determinarán las investigaciones, la creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entidad que conocerá de los casos para su proceso judicial, y que estará integrado por 16 magistrados.

Los legisladores, que solo concedieron del 22 al 25 de febrero de 2016 para escuchar las voces de la sociedad organizada y sus propuestas para la ley general anticorrupción, parece que se debaten más sobre cómo protegerse unos a otros, que en abonarle al combate a la corrupción, con sus debidas sanciones. Por ejemplo, se omite la prisión para quien abuse del erario, se enriquezca ilícitamente, trafique con influencias o sea beneficiario de manera personal o entre sus familiares, de pactos desiguales, de bienes y servicios, de cantidades económicas. Contemplan los legisladores únicamente la sanción administrativa, la inhabilitación, y el pago o reparación del daño causado. Mientras el PRI/PVEM propone que sean 20 años de inhabilitación en caso de delitos graves, el PRD exige 30, y si los primeros van por la reposición del daño y algo más, los amarillos le apuestan al doble o al triple del pago.

Muy orondos, los senadores presumen que en la ley vendrá la obligación del funcionario a presentar la declaración patrimonial propia y la de su cónyuge, también que deberán informar sobre la situación de no conflicto de intereses, pero obviaron lo que desde la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada se ha venido proponiendo: La llamada ley 3 de 3, o propuesta de Ley General Anticorrupción que por estos días cuenta con el apoyo de más de 120 mil ciudadanos, y que entre otros muchos preceptos, incluye también la entrega por parte de funcionarios y sus parejas, de la declaración fiscal, con el fin de cuadrar y dar un seguimiento más detallado y justo a la vida económica, patrimonial y tributaria de quienes trabajan en los gobiernos.

Pero si ignoran a los ciudadanos organizados, los senadores también se protegen. En letra cursiva, no más pequeña pero sí de tratamiento especial, escriben en su propuesta que será el funcionario y solo él, quien determine si la información que ha proporcionado debe hacerse pública o no. Es decir, intentan regularlos y obligarlos a la transparencia, nada más para ocultar la información.

En el documento de la “La Ley general que establezca las bases para el Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes que regulen y le den facultades a la Auditoria Superior de la Federación, la que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual conocerá de los casos de corrupción, y la ley general que distribuya las competencias entre los órdenes de gobierno para establecer responsabilidades administrativas de los servidores públicos”, se inscriben, entre las diferentes propuestas, lo que a la fecha han determinado como delitos graves:

Causar daño a la hacienda pública o al patrimonio, adquirir para sí o para personas cercanas, bienes y valores. La obtención de bienes inmuebles al contado o mediante crédito en circunstancias favorables, precio inferior al del mercado, tratos preferenciales, exclusión de licitaciones. Y no viene muy claro, pues lo catalogan en otros delitos, las comisiones a legisladores por el acceso al presupuesto por parte de federación, estado y municipio, práctica conocida como “moche”.

Proponen también, aparte de la inhabilitación de funcionarios, el cierre de empresas que hayan participado en el acto de corrupción. Sanciones a funcionarios y privados que hayan caído en el soborno, la malversación de fondos, peculado, desvío de recursos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, extorsión y nepotismo.

Otra más. De entre todos los representantes en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que son, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el de la Secretaría de la Función Pública, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, solo quienes tengan un cargo en alguna entidad de gobierno lo presidirán. Ningún ciudadano será titular del comité, es decir, los funcionarios presidirán el ente que se encargará de investigar a los funcionarios. Mientras, las sanciones a los servidores públicos y a las empresas, las determinará el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que los propios legisladores seleccionarán e integrarán.

Luego se preguntan por qué la popularidad del Presidente Enrique Peña Nieto ha disminuido tan drásticamente en los últimos meses, pues de acuerdo a una encuesta publicada por el periódico El Universal en colaboración con Buendía & Laredo, de noviembre 2015 a marzo 2016, el mandatario perdió 10 puntos de aprobación, al pasar de un 42 por ciento a un 32 por ciento, mientras quienes de plano lo desaprueban incrementaron 5 puntos, al pasar de 51 por ciento a 56 por ciento, y los apáticos se alzaron con el 11 por ciento.

Cuando le preguntaron a los encuestados dónde estaba el peor desempeño del Presidente, un 8 por ciento respondió que en las reformas (el orgullo de Peña Nieto), otras áreas de las que se adolecen los mexicanos y ven como consecuencia del gobierno federal: el aumento de precios, la devaluación del peso, el precio del dólar, la inseguridad. Los temas pues, que padecemos todos los días pero que el Gobierno de México no reconoce, ni ve, ni actúa en consecuencia para solventarlos.

La corrupción es uno de los principales problemas de este país. El tufo de corrupción en el Gobierno Federal sería una de las causas de la disminución en la aprobación del presidente, y ese tema, en estos momentos se discute en el Senado para establecer las leyes secundarias para el Sistema Nacional contra la Corrupción.


Ahora sí que es momento de actuar, pero no como los legisladores, en lo oscurito y en base a negociaciones políticas, sino desde la sociedad civil. De aquí al 7 de abril cuando se discuta en Comisión, y al 12 del mismo mes cuando se lleve al pleno del Senado, los ciudadanos tienen mucho por hacer para ser escuchados y considerados en el combate a la corrupción real, superando con creces el simulacro proteccionista que proponen los partidos políticos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/16-03-2016/47258

Cártel de Juárez, proveedor del PRI y financiador en la campaña de Peña Nieto

En las primeras dos entregas de esta investigación se mostró cómo el Grupo Comercializador Cónclave, manejado por Rodolfo David Dávila Córdoba, alias “El Cónsul”, uno de los operadores del Cartel de Juárez, se convirtió en proveedor del programa oficial Cruzada contra el Hambre y también logró involucrarse en las operaciones del futbol internacional. Pero eso no es todo: en esta tercera y última parte, se documenta cómo aportó dinero a las tarjetas bancarias utilizadas por el PRI durante la campaña presidencial en la que resultó ganador Enrique Peña Nieto en el año 2012, en un caso que públicamente se conoció como “Monexgate”.

Grupo Comercializador Cónclave tenía un cliente de mucho peso: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En junio de 2011, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional le encargó a esta empresa elaborar 67 mil 900 “reportes especiales” que serían entregados a los gobiernos estatales y municipales priístas para instruirlos sobre cómo realizar “una gestión gubernamental más eficiente”, según detalla el contrato localizado en los registros del ahora Instituto Nacional Electoral (INE), antes conocido como IFE.

En aquellos días, el líder nacional del PRI era Humberto Moreira Valdez, quien el pasado viernes 15 de enero de 2016 fue arrestado en Madrid. La Fiscalía Anticorrupción había ordenado cárcel para el ex gobernador de Coahuila por presuntamente formar parte de una red criminal y haber blanqueado en España 200,000 euros.

Sin embargo, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional -la principal instancia judicial española que se encarga de temas complejos como terrorismo y corrupción-, dejó en libertad sin fianza a Moreria al no hallar delitos en su contra.

En 2012, ya con Pedro Joaquín Coldwell al frente de la dirigencia, el PRI nacional refrendó los servicios de Cónclave con el contrato CP-118-0115/2012, con vigencia del 20 de enero al 31 de diciembre. Además de elaborar impresos, les surtía mobiliario, según consta en sus registros de proveedores.

Al revisar las cuentas del PRI, los auditores del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) pusieron en duda el contrato asignado a Cónclave para la elaboración de miles de reportes.

“Respecto a las facturas señaladas, no se localizaron las respectivas muestras de los trabajos realizados”, advirtieron los auditores del IFE en un oficio enviado al PRI el 20 de junio de 2012.

Para tratar de comprobar que no se trataba de servicios simulados, la dirigencia del PRI envió al IFE muestras físicas de los llamados ‘reportes especiales’, así como carpetas que contenían las notas de entrada y salida de almacén.

No conformes con esas pruebas, los auditores solicitaron la documentación en la cual constara la forma en que el partido distribuyó ese material.

Según la respuesta enviada al IFE, los reportes se repartieron en forma masiva en los comités directivos nacionales y estatales; con los sectores adherentes al PRI (CTM, CNOP, CNC), en los congresos, en universidades, bibliotecas, embajadas, con gobernadores, secretarías de Estado y periodistas afines al partido.

Grupo Comercializador Cónclave, operada por Rodolfo David Dávila Córdoba, “El Cónsul”, identificado por la PGR como operador financiero del Cartel de Juárez, participó en la triangulación de dinero en el caso llamado Monexgate.

Al calor de la campaña presidencial del año 2012, el Partido Acción Nacional (PAN) entonces en el poder con el Presidente Felipe Calderón al frente y la coalición de izquierda formada el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano acusaron al PRI de tener una estructura de financiamiento ilegal por medio de tarjetas de debito bancarias emitidas por el Grupo Financiero Monex.

Las pruebas de esta caso fueron entonces exhibidas por los coordinadores de las campañas. Por la izquierda, Ricardo Monreal y por la derecha, Roberto Gil durante uno de los debates que sostenían semanalmente, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui. Sobre la mesa pusieron dos tarjetas bancarias y 19 facturas. Tanto unas como otras expedidas por el banco Monex.

El representante del PRI, Luis Videgaray -ahora convertido en secretario de Hacienda- negó entonces que usaran las tarjetas. “No”, dijo a botepronto en pleno debate. Meses más tarde, Jesús Murillo Karman –tiempo después nombrado Procurador General de la República- salió a dar la cara por los tricolores. Dijo que siempre sí emplearon las tarjetas pero no para los fines que sus opositores acusaban y tampoco habían rebasado con ello el tope financiero.

A partir de las pruebas de este caso, el equipo de Investigaciones Especiales del noticiero conducido por Aristegui reveló los nexos entre compañías con el PRI; Grupo Comercializador Inizzio y Grupo Efra. Otros medios de comunicación, por separado, aportaron nombres de más empresas, en una compleja operación en el centro de la cual estaba el banco Monex.

El entonces Instituto Federal Electoral (IFE) hizo una investigación a partir de las denuncias presentadas por la derecha y el bloque de izquierda.

El resultado fue que exoneraron al PRI. Para la mayoría de los consejeros era creíble la versión del equipo encabezado por Enrique Peña Nieto en el sentido de que esas tarjetas fueron sólo para cubrir el costo operativo de su estructura – es decir para pagar alimentos o transportes de los representantes de casillas- y no propiamente para gastos de campaña como pudieran ser espectaculares o mítines.

En el dictamen de la auditoría hecha las finanzas del PRI, a lo largo de 228 páginas, apareció el nombre del Grupo Comercializador Cónclave. El mismo que, acuerdo con las documentos y pruebas oficiales mostradas en esta investigación periodística, ha sido un brazo del Cartel de Juárez.

De acuerdo con el expediente del caso, los representantes del PRI explicaron –en su defensa- que durante la campaña electoral no tenían suficiente dinero en efectivo para movilizar a sus representantes de casillas y deberían pagar a los enlaces estatales, a los distritales y a los coordinadores territoriales.

Para disponer de esos recursos, de manera rápida, contrataron a la empresa Alkino Servicios de Calidad. El contrato fue firmado el 1 de marzo del 2012 por un monto de 1 millón 682 mil 528 pesos.

En el expediente, no hay una explicación por qué eligieron a esa empresa. No obstante, el entonces vocero del PRI, Eduardo Sánchez, dijo al diario El Universal que buscaron a esa firma “por su seriedad y solidez”. Esta declaración fue publicada el 26 de julio del 2012, es decir, cuatro meses después de firmado el contrato y 25 días más tarde la elección presidencial.

Alkino es una empresa dedicada a servicios financieros. Sin embargo, -de acuerdo en el expediente integrado por el IFE- para cumplir con el contrato con el PRI, no abrió sus cuentas. Sus directivos buscaron a otra empresa que pudieran conseguir dinero rápido y disponible en tarjetas bancarias. Para ello, subcontrataron a la firma Atama.

Este subcontrato fue por 66 millones 326 mil 300 pesos. Alkino obtuvo el financiamiento necesario pagando una tasa de interés de 1.5 por ciento mensual, pero sólo a partir de que se actualizara la última entrega de las tarjetas bancarias.

En total, consiguieron 7 mil 851 tarjetas de las cuales regresaron 1 mil 373 por estar dañadas, según la versión del PRI validada por el IFE.

Quién estuvo encargado de estas transacciones fue Héctor Macías Díaz, subsecretario de Enlace Territorial del mismo PRI.

Pero al igual que las empresas anteriores, Atama también buscó el dinero en otro lado.

Ramón Morales, su representante legal, dijo que a su vez utilizaron a la firma Inizzio, la cual pertenece a su mismo grupo.

En su testimonio por escrito ante el IFE explicó que ésta última contaba con mayor experiencia en servicios bancarios y contratación de productos financieros además de tener una cuenta en Monex.

El Grupo Comercial Inizzio tiene un funcionamiento peculiar. Una de sus características ha sido que opera con prestanombres y maneja negocios tan disímbolos que van desde la compra de materiales eléctricos como la renta de departamentos y la venta de equipo de cómputo a través de empresas satélites más pequeñas.

En el año 2012, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui, se mostró cómo operaban para proteger la identidad de su dueño, José Luis Lozana Neyra, quien usa el nombre de Alejandro J. Pérez Lizárraga.

Entre los prestanombres figura Juan Oscar Fragoso Monroy, un joven quien se dedicaba a la albañilería y murió en un accidente de motocicleta. De hecho, su nombre también apareció entre los supuestos accionistas de Atama, la empresa contratada por Alikino para la compra de tarjetas en Monex.

La incorporación de Inizzio dejó el esquema PRI-Monex de la siguiente manera:

Para atraer el dinero necesario, Atama pidió a ocho de sus clientes liquidar sus deudas mediante depósitos en una cuenta bancaria a nombre de Inizzio abierta en Monex, de acuerdo con la investigación del IFE.

Uno de esos clientes fue Grupo Comercial Cónclave, la empresa encabezada por Rodolfo David Dávila Córdova, “El Cónsul”, operador del Cartel de Juárez. El 25 de mayo del 2012 aportaron 699 mil 500 pesos por “comisiones de venta”. El propio IFE lo inscribió así en el dictamen de su auditoría.

Como se mostró en la primera parte de esta investigación, Dávila Córdova “El Cónsul”, aparece como apoderado de esa firma, la misma que junto con Prodassa defraudó por 25 millones de dólares a la Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los programas más importantes del Gobierno Federal.

Grupo Comercial Cónclave –de acuerdo en el expediente hecho por el IFE-, a diferencia de las otras ocho empresas deudoras de Atama depositó el dinero en una cuenta en Monex a nombre de Efra, otra de las firmas vinculadas a la compra directa de las tarjetas de débito y, a su vez, a la familia Fraga vinculada al PRI.

En esa misma lista de empresas con supuestas deudas con Atama –utilizadas para inyectar dinero en cuentas de Monex- también apareció Akrópolis. Uno de sus socios mayoritarios ha sido César González Rodríguez, nacido en Pachuca Hidalgo.

El nombre de esta persona también figura como socio de Grupo Comercial Cónclave. El 21 de mayo de 2012, Akrópolis abonó 1 millón 409 mil pesos –en dos pagos- en las cuentas bancarias utilizadas para las tarjetas de debito utilizadas por el PRI.

De acuerdo con el resultado de la auditoría al PRI, Inizzio entregó a Atama 9 mil 924 tarjetas bancarias de banca Monex, de las cuales 7 mil 851 estaban destinadas al PRI. Del resto no hay datos de su paradero.

La Unidad de Fiscalización del IFE notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que unas 1 mil 500 tarjetas pagadas finalmente por el Grupo Comercial Inizzio tuvieron operaciones realizadas en el extranjero. Esto sucedió el 23 de enero del 2013.

Fuente: Aristegui Noticias

Autores: Redacción

http://aristeguinoticias.com/1603/mexico/cartel-de-juarez-proveedor-del-pri-y-financiador-en-la-campana-de-pena-nieto/?platform=hootsuite

Se desmorona existencia de Los Zodiaco tras liberación de hermanos Cortez Vallarta

CIUDAD DE MÉXICO: Los hermanos Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta –sobrinos de Israel Vallarta Cisneros, presunto jefe de la banda de Los Zodiaco– fueron absueltos de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, informó la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LMDDH).

De acuerdo con la toca penal 215/2015, el pasado 25 de febrero el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, resolvió a favor de la apelación que los hermanos Cortez Vallarta promovieron en contra de la sentencia definitiva que en su contra había emitido el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit.

En un escueto texto que aparece en su sitio en internet, la LMDDH señala además que dicho tribunal unitario resolvió “convalidar la vista al agente del Ministerio Público por posibles actos de tortura” en contra de ambos hermanos.


Juan Carlos y Alejandro fueron detenidos el 7 de mayo de 2009 junto con René Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, quien a su vez fue apresado junto con la ciudadana francesa Florance Cassez el 8 de diciembre de 2005 mediante un montaje orquestado por la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo titular fue Genaro García Luna.

Posteriormente, el 27 de abril de 2012, fueron detenidos dos miembros más de esta familia: Mario Vallarta y Sergio Cortez.

Cassez –cuyo caso tensó las relaciones diplomáticas entre México y Francia– fue liberada en enero de 2013 mediante un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el proceso judicial en su contra debido a que estaba plagado de irregularidades.

Pese a que los casos de los miembros de la familia Vallarta derivaron del mismo montaje y en los que también existieron violaciones al debido proceso y a los derechos humanos –incluidas torturas–, la Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo las acusaciones en su contra y éstos continuaron recluidos en cárceles de alta seguridad.

“La familia Vallarta sigue siendo víctima de la fabricación y montaje de la banda que nunca existió: Los Zodiaco”, dice el texto de la LMDDH. Y señala que “todos fueron torturados y dispersados en diferentes penales federales, acción que imposibilita la defensa adecuada y que sus familiares realicen gastos que no están dentro de sus posibilidades para poder visitarlos”.

En septiembre pasado los hermanos Cortez Vallarta fueron sentenciados a 33 años de prisión por el secuestro de Ezequiel Elizalde –cuyas declaraciones ministeriales en contra de Cassez y los Vallarta contienen múltiples contradicciones–, así como por delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los hermanos apelaron dicha sentencia. El pasado 15 de febrero el Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Distrito de Circuito los absolvió por los primeros dos delitos, pero mantuvo la sentencia de tres años de cárcel por el tercero: portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Debido a que ambos llevaban siete años en prisión, su liberación fue automática.

–¿Qué significa esta liberación para el caso de los Vallarta? –se le pregunta a la periodista belga Emmanuelle Steels, autora de El teatro del engaño, libro que documenta las irregularidades procesales y las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los miembros de la familia Vallarta.

“El hecho de que se hayan caído los cargos del secuestro de Ezequiel Elizalde y de delincuencia organizada pone en tela de juicio la sola existencia de la banda de Los Zodiaco. Los hermanos Cortez Vallarta fueron detenidos en 2009 para demostrar que existía esa banda y lo que se demuestra ahora es que esa banda no existe”, responde Steels.


Y señala que hasta ahora sólo existen dos sentencias relacionadas con la supuesta banda de Los Zodiaco: la resolución de la SCJN que tiró el montaje orquestado por García Luna en 2005, y esta sentencia absolutoria que libera a los hermanos Cortez Vallarta. “No hay ninguna sentencia para los demás miembros de esta familia, ni siquiera para Israel Vallarta. Pero las dos sentencias ya emitidas van en el sentido de que esta banda no existió”, sostiene Steels.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HOMERO CAMPA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433632/se-desmorona-existencia-los-zodiaco-tras-liberacion-hermanos-cortez-vallarta

Dan 22 años de cárcel a militares que asesinaron a joven en 2011

MONTERREY, NL: Un juez penal sentenció a 22 años de prisión por el delito de homicidio calificado a cinco militares que participaron en el asesinato del joven Jorge Otilio Cantú Cantú, la madrugada del 18 de abril del 2011, al sur de esta capital.

El doctor Otilio Cantú González, padre de la víctima, informó esta noche que ya recibió la notificación de la condena dictada el viernes 11 en contra de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), adscritos a la Policía Militar: Francisco Pérez Pérez, Rubén García Díaz, José Manuel Dolores Luna, Gaudencio Heraclio Moreno y Roberto Guadalupe Rodríguez Aldama.

Todos ellos permanecerán encerrados en la prisión militar de la Primera Región con sede en la Ciudad de México, hasta que el juez de distrito especializado en ejecuciones de penas en turno les precise el centro de reclusión donde compurgarán la pena impuesta.

Por delito contra la administración de la justicia cometido por servidores públicos, en la modalidad de alterar indicios, vestigios o huellas del hecho delictuoso, recibieron sentencias de cuatro años de prisión los exsoldados Carlos Fidel Flores Ábrego y Roberto de Jesús Mellado.

A éstos se les condenó por “sembrar” un arma a la víctima. No estuvieron en prisión, dijo el doctor Otilio, pues su delito, de acuerdo con la ley, fue menor aunque, según la sentencia, quedaron imposibilitados para regresar al Ejército.

El doctor Otilio informó que la sentencia definitiva del proceso penal 158/2012, fechada en Monterrey, fue por el delito de homicidio calificado con ventaja y alcanzó los 22 años y 6 meses de prisión.

El juez Sexto de lo Penal, Rafael Rodrigo Cruz Ovalle, dictaminó la condena y con ello puso fin a los cuatro años 10 meses y 28 días durante los que la familia de Otilio Cantú Cantú buscó justicia.

“Me parece que es la primera vez que un juez dicta sentencia por homicidio calificado contra elementos del Ejército Mexicano. Al menos nos queda la tranquilidad a mí y a mi familia de que existen jueces todavía con dignidad y honor”, dijo esta noche en un comunicado que difundió.

El día de los hechos, en el cruce de las calles Puerto San Blas y Lázaro Cárdenas, de la colonia Las Brisas, Jorge Otilio se dirigía a su trabajo cuando fue interceptado por cuatro camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, que formaban el Grupo Caimán, integrado por 24 militares que hacían trabajo de policía estatal.

Los soldados alegaron que el joven fue confundido con un pistolero y lo acribillaron, por lo que la Procuraduría local abrió la averiguación previa penal 73-2011.11-1. Más tarde fueron arraigados los siete ahora sentenciados.

Inicialmente, el 14 de mayo, la jueza Rosalinda Zapata Leal giró orden de aprehensión por homicidio contra cinco soldados, y por actos contra la justicia contra los otros dos, y el 17 otorgó un auto de formal prisión contra estas mismas personas.

Sin embargo, la jueza declinó la competencia y envió el caso al Tribunal Militar.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos también se excusó de dar seguimiento al caso, mediante acuerdo CEDH/077/2011, y lo remitió a la CNDH, que abrió el expediente CNDH/2/2011/4942/Q.

Por esta investigación, la CNDH emitió la recomendación 73/2011.

A lo largo de los años, el caso circuló entre juzgados civiles y militares hasta que fue tomado por el juez Cruz Ovalle, quien determinó la sentencia definitiva.

Al dar conocer la sentencia, el doctor Otilio se dijo conforme, pues “cuando menos hubo un juez que tuvo los huevos para sentenciar por homicidio calificado a los elementos del Ejército. Estoy analizando todo el expediente, pero hasta donde he leído me parece que el juez Cruz Ovalle hizo una sentencia, no con los años que yo hubiera querido, pero al menos tuvo los pantalones para dar esta sentencia”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

LINK: http://www.proceso.com.mx/433611/dan-22-anos-carcel-a-militares-asesinaron-a-joven-en-2011

Moreno Valle quiere heredar deuda por indemnizaciones de burócratas, acusan

PUEBLA, Pue: Exburócratas del gobierno estatal tomaron este día de manera simbólica las oficinas del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes de Puebla para reclamar el “servilismo” que esa representación ha mostrado ante los despidos “masivos e injustificados” que ha llevado a cabo la administración de Rafael Moreno Valle.

El Abogado Abelardo Cuéllar, asesor del Movimiento de Trabajadores en Digna Resistencia, recordó que hace justo un año, un total de mil 500 burócratas fueron notificados, de un día para otro, que ya no trabajaban para el gobierno estatal sin que hubiera justificación alguna y sin que se les cubriera la indemnización que por ley les correspondía.

En total, refirió, en lo que va de la administración panista entre 10 mil y 15 mil trabajadores han sido despedidos en condiciones similares y en su mayoría han recurrido a los tribunales para pedir su reinstalación y el pago de sus salarios caídos o la indemnización que les correspondía por el despido.


Advirtió que de manera “deliberada”, los juicios laborales que han presentado esos exburócratas han sido alargados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para evitar resolver en el actual sexenio.

“Esa maniobra tiene como principal objetivo que la administración que llegue a gobernar a partir del próximo año se va a quedar con la deuda millonaria por el pago de indemnización a los trabajadores que fueron despedidos injustificadamente”, explicó.

Sin dar cifras de a cuánto podría ascender este pago, recalcó que la cantidad de juicios laborales heredará Moreno Valle al gobierno entrante, representará un grave problema para las finanzas estatales.

Además, Cuéllar consideró que se tendrá que fincar responsabilidades tanto a los funcionarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que se ha prestado para alargar los juicios, como para los que materializaron los despidos sin que se siguiera ningún procedimiento legal.

Martha Rodríguez Salinas, representante de los exburócratas, señaló que en su caso ella tenía 30 años de servicio en el gobierno estatal, cuando se le informó, sin más, la rescisión de su contrato.

“Fui despedida por protestar por una reforma que hizo Moreno Valle a la Ley de los Servidores públicos y porque yo era aspirante a la Secretaría General del Sindicato (de burócratas) y como no convine a los intereses del señor porque yo no me iba a someter a su voluntad, me despidió”, recordó Rodríguez.

De hecho, refirió que en ese entonces no sólo ella fue cesada sin mayor explicación para evitar que participara en el proceso interno, sino que también fueron despedidos todos los demás trabajadores que tenían algún interés por la dirigencia sindical.

Indicó que luego de eso, el mandatario puso al frente del sindicato a alguien “a modo” como Rosalía Barranco, quien se abstuvo de defender los derechos de los trabajadores que fueron cesados en los próximos meses de manera masiva.

Marco Antonio Manzano, quien fue rescindido con 38 años de trabajar para el gobierno estatal, dijo que tienen la certeza de que los juicios laborales que han entablado serán ganados porque se cometieron múltiples irregularidades, “Sabemos que este es un proceso de resistencia y paciencia, pero que al final vamos a ganar”, manifestó.

Acusó a la dirigente sindical, Rosalía Barranco, de actuar a favor del gobierno estatal en vez de representar los intereses de los trabajadores.

Como prueba de ello, comentó que los 200 exburócratas que accedieron hace un año a llegar a un acuerdo con la administración estatal para firmar su retiro voluntario -con lo que renunciaron a su derecho a presentar una demanda laboral,- hasta la fecha no han recibido ningún pago por pensión o jubilación.


Los trabajadores colocaron mantas afuera de las oficinas del Sindicato ubicadas en la colonia Maravillas de esta ciudad y anunciaron que llevarán a cabo más movilizaciones en los próximos días.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433630/acusan-intencion-moreno-valle-heredar-deuda-millonaria-indemnizaciones-burocratas

Pedir permiso y videos en diferido: 8 claves para regular el uso de Periscope en funcionarios

La Asamblea Legislativa del DF discutirá durante un mes y medio la propuesta de protocolo elaborada por el InfoDF. La delegada de Miguel Hidalgo critica que se trata de un “protocolo prohibicionista”.

Los funcionarios de la Ciudad de México que busquen a través de herramientas como la aplicación de video en directo Periscope evidenciar públicamente a un ciudadano que haya sido sorprendido violando la ley, sólo podrán hacerlo si le piden autorización y éste les da su consentimiento, y si cumplen una serie de medidas como no transmitir el video en directo, o difuminar el rostro del presunto infractor.

Estas son algunas de las claves que plantea el borrador del Protocolo de Atención para Funcionarios para Uso de Redes Sociales que presentará este miércoles el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del DF (INFODF) en la Asamblea Legislativa del DF, donde diputados, jefes delegaciones, académicos, e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), lo discutirán durante un mes y medio.

Los ciudadanos también podrán participar enviando sus opiniones y recomendaciones a través de su portal de internet www.infodf.org.mx, informó el instituto en un comunicado.

Las instituciones involucradas mantendrán informada a la sociedad sobre los avances del proceso de elaboración de las directrices para el uso de plataformas digitales por parte de las personas servidoras públicas.

Cabe recordar que la presentación de este protocolo se produce a raíz de que la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) pidió a la delegación Miguel Hidalgo y a otras nueve demarcaciones de la capital del país que dejen de difundir los rostros de las personas y sus datos personales a través de las redes sociales, en particular a través de la aplicación Periscope.


La petición de la CDHDF se produjo al considerar que las personas que son exhibidas en Periscope –en operativos como ‘vecino gandalla’, donde el City Manager de la delegación, Arne aus Den Ruthen, ha exhibido tanto a ciudadanos que tiran la basura en la calle, como a escoltas prepotentes y agresivos, o a policías y funcionarios corruptos-, pueden ser víctimas de violencia en las redes sociales.



Animal Político entrevistó al comisionado del INFODF, a diputados locales, y a la jefa delegacional de la Miguel Hidalgo para analizar las claves del protocolo que regula el uso de Periscope en funcionarios de la Ciudad de México:

1.- Antes que nada, pedir permiso al infractor

Mucio Israel Hernández, comisionado presidente del INFODF, explicó que “la piedra angular de la propuesta” es la protección de los datos personales y del derecho a la privacidad de los ciudadanos. Por lo que antes de que un funcionario difunda por Periscope, o a través de cualquier otra red social, las imágenes de un ciudadano violando la ley, éste deberá obtener su consentimiento para transmitir las imágenes.

No obstante, el comisionado matizó que se plantean “excepciones”. Por ejemplo, cuando se trate de un evento masivo de carácter público el funcionario quedará exento de pedir autorización a todos los asistentes para difundir las imágenes.

“Lo que propone el protocolo es que se pueda difundir una imagen de un ciudadano solamente si tenemos el consentimiento de la persona”, resumió la propuesta Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa del DF, quien subrayó que con esta medida “se busca evitar la estigmatización” de quien cometa una infracción en las redes sociales.

2.- No a las transmisiones en tiempo real sin consentimiento

Los funcionarios ya no podrán denunciar en tiempo real vía la aplicación Periscope, ni tampoco a través de otras redes sociales.

En este apartado, Mucio Israel matizó en una entrevista con Radio Fórmula que para poder transmitir en tiempo real “la información concernida a una persona se tiene que tener el consentimiento de ella” y que las autoridades puedan “recabar datos personales en su función pero nunca difundirlo si no hay un tema de consentimiento”.

3.- No evidenciar datos personales del ciudadano infractor

El comisionado explicó que otro de los objetivos del protocolo es evitar que se exhiba al ciudadano publicando sus datos personales, por ejemplo, dando a conocer su nombre y apellidos, o divulgando la dirección exacta de su domicilio, o la matrícula de su coche.

4.- Evitar abusos de poder

El protocolo buscará que el manejo de la información sea equilibrado y objetivo, para evitar que se produzcan casos de abuso de poder por parte de algún funcionario que evidenciando a un vecino quiera sacar ventaja personal o institucional.

5.- Información que no fomente la discriminación

Otro de las claves de la propuesta para regular el uso de Periscope, es que la información que se publique por parte del funcionario promueva la inclusión y la no discriminación bajo ningún motivo (por origen étnico, orientación sexual, etcétera).

6.- Servidores plenamente identificados

Por su parte, Ernesto Sánchez, diputado del grupo parlamentario del PAN en la ALDF, agregó que otra de las claves del borrador es que el funcionario que grabe a ciudadanos violando la ley deberá identificarse plenamente como servidor público.

7.- Periscope siempre en espacios públicos

Sánchez señaló que el protocolo instruye a los funcionarios para que las grabaciones se hagan siempre en espacios público –la calle-, y nunca en espacios de uso exclusivamente privado del ciudadano –por ejemplo, domicilios de particulares-.

8.- Que fomente las buenas prácticas en la comunidad

Por último, el diputado panista señaló que otro de los objetivos que propone el protocolo es que, además de exponer a los vecinos que infrinjan la ley, en los videos de los funcionarios también se dé a conocer aquellos casos en los que se pagó la infracción o se subsanó la falta administrativa, con el fin de incentivar las buenas prácticas en la comunidad.

¿El fin del uso de Periscope? Sí, pero con matices

Sobre el punto del consentimiento, Animal Político cuestionó a Víctor Hugo Romo, diputado en la ALDF, si esto supondrá, por ejemplo, que funcionarios como Arne aus den Ruthen ya no puedan evidenciar infracciones en Periscope si no obtiene el consentimiento del infractor. A lo que el diputado local respondió matizando que existen “sistemas de degradación de imagen y de voz” que la propuesta está analizando, “para que los funcionarios puedan hacer su trabajo sin que esto genere denuncias ante Derechos Humanos”.

“Es decir, de lo que se trata es que si el funcionario quiere evidenciar un hecho que está cometiendo una persona concreta, pues tendrá que evitar algunas cosas como publicitar la placa del vehículo, difuminar la cara del ciudadano, degradar su voz, o no ubicar el número del domicilio de la persona. Y todo esto para evitar generar odio o escarnio”, expuso el el diputado del PRD, quien subrayó que “el Estado no debe generar humillación a sus miembros, sino tratar a sus gobernados con dignidad”.

“Es un protocolo prohibicionista”

Por su parte, la jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, consideró que el hecho de tener que preguntar a un presunto infractor por su consentimiento para hacer una denuncia pública en Periscope “suena un poco estúpido”.

“Creo que la gente que está haciendo este protocolo no tienen la experiencia ni saben cómo funcionan realmente las redes sociales”, criticó Gálvez en una entrevista en la que declaró que, en su opinión, “estamos ante un protocolo totalmente prohibicionista y que coarta la libertad de expresión”.

“Es un protocolo en el que no se están ponderando los derechos humanos de mis vecinos que son víctimas de la violencia de los guardaespaldas prepotentes, o de quien tira basura en la banqueta”, recalcó la funcionaria, quien recordó que gracias a Periscope la ciudadanía pudo conocer varios “casos simbólicos”, como cuando en febrero de este año unos escoltas golpearon a Arne aus den Ruthen y le robaron su celular cuando éste les pidió que retiraran sus vehículos mal estacionados.

“Sigo sosteniendo que cuando se hacen cosas ilegales en la calle, como golpear a ciudadanos, la Asamblea del DF debería permitir que se graben esas acciones para evitar que vivamos en la ley de la selva”, insistió la jefa delegacional, quien dijo que no necesita un protocolo para saber que, como funcionaria, está obligada a respetar los derechos humanos de la ciudadanía.

En cuanto a si continuará usando Periscope de aprobarse el protocolo que discutirán entre marzo y abril los diputados de la ALDF, Xóchitl Gálvez recordó que éste es solo una recomendación para su uso, ya que “no tiene carácter vinculante”. “Hasta que la Asamblea aprobara una Ley en la que ya se nos prohíba el uso de esta herramienta, creo que sigo teniendo facultades para continuar utilizándolo”.


Lo que si ya no volverá a hacer, dijo en un tono informal Gálvez, es emitir un Periscope en una fiesta privada. Esto, luego de la polémica originada por la transmisión en vivo que realizó el pasado sábado en la fiesta de 75 años del panista Diego Fernández de Cevallos, a la que asistieron, entre otros, los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón, y otras personalidades como el magnate Carlos Slim.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/pedir-permiso-y-videos-en-diferido-las-8-claves-para-regular-el-uso-de-periscope-en-funcionarios/

General Cienfuegos: “El Ejército debe salir de las calles; fue un error entrar en esa guerra”

Salvador Cienfuegos Zepeda reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a su cargo, ha cometido errores en el combate al crimen organizado. “Uno de ellos fue cuando entramos de lleno al combate a las drogas, hacer un lado a la policía, porque muchas policías estaban comprometidas y se habían corrompido y entonces hicimos a un lado a las policías y nos quedamos con un problema que no nos toca, que no nos corresponde”, dijo el General Cienfuegos en entrevista con Pulso.

El General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció que la entrada de los militares a la lucha contra el narcotráfico fue un error. El Ejército, dijo, debió resolver un problema “que no nos tocaba”, debido a que las corporaciones estaban corrompidas.

En entrevista con Pulso/SinEmbargo, el comandante de las Fuerzas Armadas consideró que los repuntes delictivos actuales no son graves. Aseguró que si bien ha habido repuntes en la incidencia criminal, la entidad ha mejorado sus índices de seguridad, ocupando los últimos diez sitios en materia de incidencia delictiva.

El titular de la Sedena también fue entrevistado en la Reunión de Seguridad de la Zona Noreste, celebrada la tarde del lunes en Torreón, Coahuila. Allí comentó que esa reunión permitió “ver donde hay avances, donde no estamos avanzando a la velocidad que queremos y en qué puntos los problemas tienen que ser vistos con mas acuciosidad y replantear las estrategias, ponernos de acuerdo, el Gobierno Federal, con los gobiernos locales y de esta manera, seguir avanzando, debo decir que aquí, en esta región, es quizá la región donde mas se ha avanzado, era la región con mayores problemas, hoy es la región que más ha avanzado en los índices para que la ciudadanía tenga mejores condiciones de seguridad”.

Se le preguntó qué tan confiable es el Ejército mexicano en materia de seguridad. “Creo que no me corresponde decirlo a mí –dijo–, pero las encuestas eso dicen y las encuestas no las hacemos nosotros, hablo de las fuerzas armadas en general, entre ellas el Ejército que sigue siendo una institución bastante confiable, Sí me gustaría advertir y dejar en claro que las instituciones armadas del Ejército, Fuerza Aérea Armada estamos apoyando a las autoridades policiacas, no somos policías, estamos apoyando con nuestros medios, con nuestros recursos, la labor de los policías, ayudando a capacitarlos, ayudando a los gobiernos para que sus índices de delincuencia bajen, se estabilicen, el gobernador Juan Manuel Carreras decía que a veces pareciera que vamos bajando los índices y llega un momento en que no pueden bajar más, como aquel que tiene una dieta, que ya no puede adelgazar más, en eso estamos queriendo adelgazar, sí somos una institución confiable, queremos seguir siendo una institución confiable, nuestro compromiso es seguir trabajando hasta que las policías puedan cumplir con sus responsabilidades”.

—¿Es una responsabilidad del Ejército ser más transparentes, ante la falta de credibilidad que pudiera tener la sociedad de las Fuerzas armadas en algunos momentos?


–No sé si estamos hablando de una incongruencia, porque si somos los más confiables, ¿cómo no podemos ser los más creíbles? Pienso que el Ejército es una institución creíble, y en cuanto a transparencia, me gustaría que lo consultaran con la Secretaría de la Función Pública, la Sedena, está considerada hoy, como la institución federal más transparente, sí estamos obligados y todo mundo a ser transparentes, es algo que tenemos que seguir avanzando, creo que los problemas que nos han lastimado tanto, son la corrupción acompañada de la impunidad, en la Secretaría de la Defensa Nacional, no permitimos ningún tipo de desviación, estamos enfrentándolo y hoy estamos siendo considerados, como quizá, la dependencia que más transparencia ha logrado en estos últimos tres años.

—¿En el combate al crimen organizado, la Sedena ha cometido errores?

–Claro que hemos cometido errores, uno de ellos fue cuando entramos de lleno al combate a las drogas, hacer un lado a la policía, porque muchas policías estaban comprometidas y se habían corrompido y entonces hicimos a un lado a las policías y nos quedamos con un problema que no nos toca, que no nos corresponde, nuestra labor es de apoyo a las policías. Otro error, yo no lo llamaría así, es simplemente nuestra forma de operar; nos llaman para atender un asunto y somos soldados, preparados para la guerra, nos llevan a enfrentar delincuentes que no son precisamente combatientes, y esa diferencia de capacitación en el Ejército con la no capacitación de estos delincuentes, pues ha hecho que tengamos problemas serios y que hemos ido superando, otro problema que tuvimos, que considero un error, fue enfrentar a los delincuentes, en horas de día, cuando la gente está en las calles y eso ocasiona que haya muchos inocentes que resultan lastimados, eso lo hemos ido reduciendo, hoy prácticamente, no tenemos lo que se llamaba ya víctimas colaterales, hoy prácticamente no las tenemos, cuidamos mucho que no lastimemos a inocentes, en los problemas donde enfrentamos a los delincuentes.

—¿Es usted de la opinión de que el Ejército ya no debiera patrullar las calles?

–Soy de esa opinión. El Ejército no está destinado para las labores que hoy hace. Ninguno de los que tenemos responsabilidad en mandos en la institución, nos preparamos para hacer funciones de policía, no lo hacemos, no lo pedimos, no nos sentimos a gusto, no estamos cómodos con la función, hoy lo reitero, pero también digo que estamos conscientes que si no lo hacemos nosotros, no hay quién lo haga en este momento, y es una orden que tenemos del Presidente, respaldada por la propia Constitución, estamos cumpliendo con la orden, y cuando a nosotros se nos da una orden, la cumplimos de la mejor manera en que podamos, es lo que estamos haciendo, no somos de la idea de seguir siendo policías, pero mientras no esté capacitada en la responsabilidad que deben de tener los cuerpos policiacos, seguramente, tendremos que seguir en esto.

—¿Cómo está la moral de la tropa? Los últimos casos como Tlatlaya e Iguala donde se hacen señalamientos en contra del Ejército.

–Las cosas se toman de quienes vienen, ver Tlatlaya ¿qué le digo de Tlatlaya? Ahí participaron siete militares contra 22 personas que…pues alguien tiene que ver si eran delincuentes o no, pero estaban armadas con armas de uso exclusivo y, no hace mucho, hará unos quince días, un Tribunal Unitario, confirmó la libertad de cuatro de ellos, sin alguna responsabilidad y los otros tres, están en ese momento judicial en donde se determina si tienen responsabilidad o no, mi percepción, lo que yo creo, es que también van a salir libres, porque no son responsables de nada en Tlatlaya, y si eso lo dice un juez, no los medios, no otras personas, sino un juez que es la autoridad que lo debe decir, debemos entender que eso es lo correcto, yo espero y tengo confianza que estos tres que siguen en prisión, puedan recuperar su libertad, porque son inocentes hasta donde yo entiendo; Ayotzinapa, ahí no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad, si fuera así, ya nos hubieran acusado, estuviéramos denunciado, estaría algún soldado, algún jefe en la cárcel, no hay nadie, los expertos que están en México auxiliando al Gobierno para encontrar la verdad de todo esto, acaban de decir la semana pasada que ellos nunca han acusado al Ejército que tenga algo que ver, hay otros que lo dicen y quienes lo reproducen y hay quien lo cree, pero no tenemos responsabilidad desde mi punto de vista, ni en lo de Tlatlaya ni en lo de Iguala, entonces que haya señalamientos, no puedo hacer más, las redes hoy son incontrolables, cada quien puede decir lo que crea y yo digo lo que creo.

—Esos señalamientos ¿merman la moral del Ejército Mexicano, cómo lo siente?


–Bien, a donde voy hablo con la gente, todos los funcionarios de la Secretaría salen constantemente a hablar con la gente, a escucharlos, ver cuál es su situación, qué es lo que hace falta, ponerles atención, hoy nuestros soldados tienen buenas instalaciones tienen buen equipo, tienen buen material, aeronaves, vehículos para cumplir con sus funciones, tenemos protegidas a sus familias, tienen la posibilidad de vivir en las unidades habitacionales militares o bien adquirir un préstamo hipotecario y hacerse de una casita, tenemos una seguridad social envidiable, nosotros tenemos 46 hospitales en todo el país y que todos ellos cuentan con personal muy profesional y capacitado que los atienden. Tenemos becas para sus hijos, es decir, los soldados están bien, yo quisiera comentar, hace dos sexenios, tres, en seis años, teníamos que cambiar casi a 180 mil de tropa que desertaban, que no querían estar, hoy en tres años, no llegamos a 6 mil bajas por esos motivos, eso demuestra que los soldados están a gusto.

FUENTE: SIN EMBARGO, PULSO.
AUTOR: REDACCIÓN, OLIVER GUEVARA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/16-03-2016/1636596

Detienen a nueve extranjeros por pornografía y abuso sexual contra menores

MEXICALI, BC: En el condado Imperial, limítrofe con Mexicali, agentes federales capturaron a nueve sujetos (un canadiense y ocho estadunidenses), entre ellos un integrante de la Guardia Nacional, acusados de pornografia infantil, abuso sexual e intento de cometer actos lascivos contra menores.

La detención se realizó durante el operativo Guardián del Desierto, realizado para detectar a ciudadanos estadunidenses que viajan a la frontera con México para obtener servicios sexuales con menores de edad, previo contacto a través de las redes sociales.

De acuerdo con organismos de la sociedad civil, la zona de Tijuana, Ensenada, Mexicali y Los Algodones es considerada un corredor de explotación sexual comercial infantil en esta franja fronteriza.

En el operativo Guardián del desierto, iniciado a principios de marzo, fue capturado Jesús Echeverría, un oficial de la Guardia Nacional de Estados Unidos destacamentado en el puerto de San Diego, California, a unos 150 kilómetros al poniente de Calexico y El Centro, las ciudades más importantes del condado Imperial.

Tras nueve días de investigaciones realizadas por la Fuerza contra Crímenes Cibernéticos se logró la captura de Echeverría y los otros ocho sujetos que a través de las redes sociales buscaron y encontraron a menores de edad, de quienes abusaron sexualmente.

A principios de febrero fue capturado en el aeropuerto de San Diego un seminarista que viajo de Ohio a la frontera después de contactar a una persona que lo llevaría a un hotel de Tijuana para tener relaciones sexuales con niñas.


El seminarista nunca imaginó que su contacto era un agente encubierto de la operación Depredador.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANTONIO HERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433597/detienen-en-eu-a-nueve-sujetos-buscaban-servicios-sexuales-menores-en-mexico

El Yunque denuncia ante la PGR a Álvarez Icaza por un presunto fraude

CIUDAD DE MEXICO: La organización extremista mexicana El Yunque, que en España ya fue declarada ilegal y repudiada por la Iglesia católica, siguió con su campaña en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que busca aclarar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y hoy martes denunció penalmente a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, una de las caretas de El Yunque, la organización secreta de extrema derecha que ensalza a militares y políticos acusados de represores y criminales, como Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.

La denuncia de Ortega Sánchez, uno de los máximos jerarcas de El Yunque y abogado de las familias de jefes de esta organización que fueron asesinados en condiciones no aclaradas, es por el delito de fraude por un monto de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares, en perjuicio de la Federación, cometido presuntamente por Álvarez Icaza, un activista a favor de los derechos humanos que presuntamente ambiciona ser candidato presidencial.


Según Ortega Sánchez, el Código Penal Federal tipifica como fraude la conducta antisocial consiste en que alguien “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.

“En este caso las víctimas del engaño son el gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al fisco. El monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes deberían ayudar al gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero, el día mencionado y el siguiente.

“Y a quien señalamos como presunto autor del fraude es a Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDH el adendum del ‘Acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región’ y que tuvo como contraparte al gobierno federal”.

Según Ortega Sánchez, el fraude consiste en que el acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano implicaba que la primera enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario, y acusa a tres de ser deshonestos, quienes tampoco han hecho la más mínima contribución a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos y, además, “han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tiene que ver con lo establecido en el citado acuerdo y su adendum”.

Sin embargo, el propio Ortega Sánchez ha incurrido en lo mismo que acusa como abogado del gobierno de Jalisco y de la arquidiócesis de Guadalajara, al cobrar cientos de millones de pesos por ser coadyuvante para el esclarecimiento del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en 1993, que según él fue producto de un “complot”.

Hace apenas un par de semanas el reportero habló con él sobre su papel como abogado del gobierno de Jalisco y su ataque a los miembros del GIEI.

–¿Este pago al GIEI no es semejante al que usted recibía del gobierno de Jalisco por el caso Posadas?

–Claro que no.

–¿En qué son diferentes?

–Bueno, es un pago que te hacen para intervenir en un asunto donde vas buscando la verdad y vas interviniendo directamente en la investigación. En el caso Posadas es un hecho que ocurrió en nuestro país que no ha sido aclarado, que la averiguación previa sigue abierta y espero yo que algún día podamos conocer públicamente lo que hay en esa averiguación previa, quiénes fueron los responsables.

–También el GIEI es coadyuvante, busca la verdad y recibe un pago, como usted lo recibía del gobierno de Jalisco.

–Y se tienen que atener a la crítica, como yo la recibí cuando fui abogado del gobierno de Jalisco. No me enojaba y decía que había conspiraciones en contra mía con todos los señalamientos que hubo en mi contra.

Ortega Sánchez recibió abundantes recursos públicos de tres gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) de Jalisco. Sólo en los tres primeros años del gobierno de Emilio González Márquez –otro amigo de Alvaro Uribe– obtuvo 50 cheques que sumaron 2 millones 201 mil 479 pesos, según datos oficiales.

En la entrevista, niega que haya recibido más de 5 millones de pesos en sueldos y viáticos, pero precisa que sólo tenía “una iguala” de 50 mil pesos mensuales. También con recursos públicos viajó a El Vaticano y Washington, relacionados con el caso.

“A ver: Esos asuntos, como el de Iguala, no solamente son jurídicos, son asuntos políticos y son asuntos mediáticos, y en las tres áreas tienes que defenderlos. Era parte del asunto, por lo menos así lo consideró el gobierno de Jalisco. Y yo intervine con tres gobernadores: Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González”.


En España, El Yunque se instaló desde la década de los setenta y ya fue declarado proscrito por la justicia civil, y la Iglesia católica lo descalificó, con todo y sus organismos de fachada, como organizaciones extremistas, semejantes a la que encabeza Ortega Sánchez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433593/yunque-denuncia-ante-la-pgr-a-alvarez-icaza-presunto-fraude