jueves, 17 de marzo de 2016

Nuño y Graue sólo buscan ser “buenos policías”: EZLN

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Los subcomandantes Galeano y Moisés, voceros y líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), arremetieron este miércoles en contra del secretario de Educación, Aurelio Nuño, y del rector de la UNAM, Enrique Graue, a quienes calificaron de tener perfiles de “policías”.

A Aurelio Nuño lo acusan de “policía” por perseguir a los maestros a lo largo y ancho del país, y al rector Graue por su campaña para desalojar a quienes tienen tomado el auditorio “Justo Sierra”, mejor conocido como “Che Guevara”.

En su comunicado titulado “La hora del policía”, Galeano y Moisés, señalan que “en México, un país de Latinoamérica que sufre, al igual que todos, la crisis mundial, pero potenciada por la sólida triada de corrupción-torpeza-ignorancia hecha gobierno, el funcionario responsable de la educación pública, Aurelio Nuño Mayer, no puede ocultar su pasión por la profesión de policía”.


Los dirigentes zapatistas exponen que, “alentado por sus compinches”, Nuño cree que puede lograr la candidatura de su partido, el Revolucionario Institucional, para la Presidencia de la República, si funge más como golpeador a sueldo que como promotor de la educación mexicana.

“Aficionado a proferir amenazas, regentear su propio cuerpo represivo y obrar como cualquier patrón en los inicios de capitalismo salvaje, el señor Nuño encuentra un placer especial en convertir al magisterio en destino, no de mejores escuelas, preparación y salarios, sino de arbitrariedades, golpes y despidos. Cumpliendo funciones de fiscal, juez y verdugo; de ministro de Trabajo (decreta despidos sin indemnización), ministro del Interior (dispone a su antojo de policías y Ejército), torpe locutor mediático, pésimo constructor de adhesiones ‘espontáneas’, y tuitero en permanente ‘slow motion’, el señor Nuño tiene como único mérito curricular el haberse cobijado en la banda de criminales que delinquen con fuero”, dice la misiva.

También agregan ambos líderes insurgentes que, a pesar de sus trajes y corbatas, su imagen maquillada y construida a fuerza del Photoshop mediático, Nuño no puede ocultar lo que siempre ha sido: “Un triste y gris policía que obtiene dinero y placer reprimiendo y humillando”.

“El señor Nuño siempre ha anhelado ser un buen policía, pero… cuando la cueva de ladrones sea insuficiente para albergar a tantos, cuando su secreto protector se derrumbe, el señor Nuño demostrará también que es un buen corredor… cuando de huir se trata”, advierten Galeano y Moisés.

En la segunda parte de la misiva, los zapatistas arremeten contra el rector de UNAM, “donde ha llegado al máximo puesto burocrático −y escalón para puestos gubernamentales−, es decir, a la rectoría, el señor Enrique Graue Wiechers.

“Además de que su carrera académica y profesional ha sido en la burocracia de la academia, conducido por la mano del siquiatra de la familia Zedillo Ponce de León, el señor Graue hizo estudios de posgrado en una universidad norteamericana conocida por haber inventado la bebida energética autodenominada ‘Gatorade’, lo que da una idea de lo avanzado de su especialidad en oftalmología. Hace unos días, el señor Graue se ha declarado ‘indignado’ porque no fueron suficientes las drogas que la policía ‘plantó’ o ‘sembró’ en uno de los activistas del auditorio Che Guevara (al que, inútilmente, las autoridades universitarias pretenden llamar ‘Justo Sierra’)”, señalan los líderes del EZLN.

Según Galeano y Moisés, Graue no se indignó porque el bajo presupuesto federal destinado a la educación superior sea insuficiente para dar cabida a cientos de miles de jóvenes; tampoco se indignó por las condiciones mercantilistas a las que está sujeto el personal académico y administrativo; ni se indignó porque la UNAM se ha convertido en un nido de malvivientes, es decir, de funcionarios burocráticos que ni siquiera saben escribir bien el nombre de su capataz (o sea del rector); tampoco se indignó por la inseguridad que sufren administrativos, académicos y estudiantes en los campus de la UNAM (asaltos, violaciones, asesinatos); no se indignó tampoco porque un proceso antidemocrático y gansteril haya colocado en el máximo puesto de la “máxima casa de estudios” a un burócrata gris.

“No, el señor Graue se indignó porque la policía no hace bien el trabajo de fabricar culpables. Y eso le indigna al señor Graue porque él, toda su vida, se ha esforzado por ser un buen policía. Con su indignado discurso policiaco (secundado por personas que ni siquiera saben dónde rayos está el auditorio Justo Sierra, mucho menos el Che Guevara), el señor Graue dicta cátedra: ‘El problema de la educación superior en México es culpa de un comedor vegetariano, un taller de serigrafía, un taller de panadería, entre otras cosas”, ironizan los zapatistas en el comunicado emitido esta noche.

De acuerdo con los líderes rebeldes, para el rector Graue lo que realizan quienes ocupan el Che Guevara “son actividades subversivas promovidas por un grupo de personas anarquistas, o sea sucias, feas y malas, que contrastan con la pulcritud y buen vestir de la burocracia universitaria. Ni siquiera venden Gatorade, sino puras aguas de origen desconocido. Son drogadictos (los funcionarios altos, medios y bajos esconden en los cajones del escritorio la cocaína, el cristal, las tachas y hasta el crack y una que otra bacha −también en la burocracia hay niveles, mi buen−), son anarco-anarquistas, no forman parte de la comunidad universitaria (más de un funcionario traga saliva) y ese auditorio”.


“El señor Graue está furioso, él sólo quiere ser un buen policía”, concluyen los dirigentes del EZLN.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433754/nuno-graue-buscan-buenos-policias-ezln

Paga PGJDF hospedaje de $200 a familiares de víctimas de delito violento

CIUDAD DE MÉXICO: La ayuda para hospedaje que la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) ofrece por ley a familiares o víctimas de delito violento oscila entre los 200 y 420 pesos por noche, mientras que para alimentación va de los 65 a los 90 pesos por día.

Esa fue la respuesta que la dependencia encabezada por Rodolfo Ríos dio a un particular que le solicitó –vía transparencia de la información– datos sobre el protocolo de atención a las víctimas de delito violento, entre los que destacan el tipo de apoyo que les otorgan a estos y a sus familias.

A través de un comunicado, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), explicó que la PGJ dijo al solicitante que no era posible revelar los montos de la ayuda porque son de acceso restringido en su modalidad de reservada por seguridad de los involucrados.


El particular interpuso un recurso de revisión ante el organismo por considerar que la respuesta de la Procuraduría era “parcial e incompleta”. Entonces, ésta tuvo que revelar los montos solicitados.

En su edición 2048, la revista Proceso publicó un reportaje sobre el trato de revictimización que la Procuraduría capitalina dio a Mirtha Pérez, madre de Nadia Vera Pérez, una de las cinco personas asesinadas en la colonia Narvarte el 31 de julio de 2015.

La investigación reveló las malas condiciones higiénicas y de seguridad del hotel donde la dependencia dio hospedaje a la mujer –así como a la madre de Yesenia Quiroz, otra de las víctimas– durante el inicio de la investigación sobre el crimen.

De acuerdo con el reportaje, se trata de un inmueble ubicado en la colonia Doctores, a escasas tres cuadras de la sede central de la dependencia, donde “lo mismo llegan parejas por un par de horas de pasión y turistas con bajo presupuesto, que víctimas de trata y agresión sexual o familiares de quienes fueron brutalmente asesinados”.

Las condiciones físicas y del entorno del hotel de inmediato fueron rechazadas por la madre de la víctima y su defensa. Y es que, cuando Mirtha Pérez y su abogada particular entraron a la habitación asignada en la recepción del hotel, la primera exclamó: “¡Esto es una coartada, aquí nos van a matar a nosotros también!”.

Más: El 9 de noviembre de 2015, durante la presentación de la Plataforma de Seguimiento del Caso Narvarte, Pérez aseguró que el hotel donde la PGJDF aloja a los familiares de las víctimas presenta “un ambiente de pánico e inseguridad a propósito para amedrentarlos y hacer que cejen en su empeño de exigir el derecho a una investigación”.

Según la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el DF y el reglamento de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en materia de Trata de Personas en el DF, el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito (Adevi) de la Procuraduría capitalina debe ofrecer hospedaje y transporte al lugar de origen a las víctimas directas o indirectas ofendidas o testigos de feminicidio, como fue el caso de Nadia y las otras tres mujeres asesinadas en la colonia Narvarte.

En el reportaje publicado, Héctor Alberto Pérez Rivera, coordinador de la Clínica contra la Trata de Personas y el Centro de Acceso a la Justicia del ITAM, aseguró que la atención victimal de la PGJDF “está en la calle, está por los suelos”.

En entrevista, aseguró que para la Procuraduría “la víctima en el proceso no es una persona, es una evidencia que les sirve para sancionar a una persona”.


Puso como ejemplo el caso que lleva de una mujer víctima de trata: “Las pruebas que le hacen no sirven para acreditar la violación a un derecho, sino para acreditar la culpabilidad de un sujeto. Ese es el patrón: mientras les sirve, a la víctima la tratan como una prueba, por eso no le dan un lugar digno, por eso no acceden a la reparación del daño, por eso no acceden a la verdad, por eso las pruebas psicológicas no están orientadas a atender su dolor, sino a probar el delito”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
FECHA: 16 DE MARZO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433756/paga-pgjdf-hospedaje-200-a-familiares-victimas-delito-violento

El 2015 fue el año más violento contra la prensa en México: 1 agresión cada 22 horas

La organización Artículo 19 presenta hoy su informe M.I.E.D.O. sobre las agresiones a periodistas y medios de comunicación en 2015. La Ciudad de México y Veracruz fueron las entidades con más ataques a la prensa.

En México, cada 22 horas un periodista es agredido. Este es uno de los principales datos que expone la organización Artículo 19 en su informe M.I.E.D.O. (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad), en el que advierte que el año 2015 fue el más violento para la prensa en general, y también para las mujeres periodistas en particular.

En total, Artículo 19 documentó 397 agresiones el año pasado, incluyendo siete asesinatos de periodistas, 109 ataques físicos/materiales, y 84 amenazas, entre otros ataques.

La cifra de 397 agresiones representa un alza de 21.8% en comparación con 2014, año en el que se contabilizaron 326, o una agresión cada 26 horas.

De hecho, subraya el reporte que se presenta este jueves 17 de marzo, en los tres primeros años de Enrique Peña Nieto como presidente –desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015- la suma de agresiones asciende a mil 073 hechos documentados, frente a las mil 832 registradas de 2009 hasta 2015. Esto es, que el 58% de las agresiones contabilizadas contra la prensa en siete años se produjeron en los últimos tres años con Peña Nieto en Los Pinos.


En cuanto a las mujeres comunicadoras, el informe advierte que se registró la cifra récord de 84 casos, de los cuales 9 son por violencia de género en redes sociales. Desde el 2009, año en que Artículo 19 comenzó a documentar agresiones contra la prensa, nunca antes se habían contabilizado tantos ataques a mujeres periodistas. Las cifras lo constatan: los 84 casos de 2015 suponen un aumento de 33% en comparación con 2014 (63 casos); 42% más que en 2013; y 162% más que en 2012.

CDMX, con más ataques, pero Veracruz es la más peligrosa

Por zonas geográficas, el informe M.I.E.D.O. subraya que “el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo” principalmente en la Ciudad de México y Veracruz, con 67 agresiones cada una. Le siguen Guerrero (56), Puebla (38) y Oaxaca (35). Estos datos reflejan que en tan solo cinco entidades en el país se concentra el 66% de las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

En el caso de la Ciudad de México, que es la entidad con más casos de agresión –especialmente por amenazas (14) y hostigamiento (14), Artículo 19 matiza que esto se debe “principalmente al abuso policial en contexto de protesta social”.

“Como la Ciudad concentra el mayor número de manifestaciones, de ahí que el deficiente profesionalismo de su policía tenga a la Ciudad de México en el primer lugar (de agresiones)”, explica Darío Ramírez, director de Artículo 19 en la oficina para México y Centroamérica, quien destaca que Veracruz, a pesar de tener el mismo número de casos de agresión en 2015 que la capital del país, “es el espacio geográfico del continente más peligroso para ejercer el periodismo”.

“Durante la administración del gobernador Javier Duarte (2010-lo que va de 2016), 15 periodistas han sido asesinados, colocando a Veracruz como la entidad más peligrosa de México para ejercer el periodismo”, enfatiza Ramírez.


Asimismo, Artículo 19 apunta que a pesar de algunos intentos locales por brindar protección a periodistas en la entidad, “la realidad es que su indefensión es absoluta y el miedo de los periodistas en el estado es generalizado”, tal y como demuestra que sea el estado con el mayor número de desplazados, con 4 –de 5 casos en total-, el mayor número de asesinatos (3), y de casos de violencia sexual (2) contra periodistas.



Otro caso preocupante, expone el informe, es el de Guerrero; entidad donde el aumento de las agresiones es notable, ya que se pasó de 28 casos en 2014 a 56 en 2015, ubicándola como la tercer entidad con mayor número de registros.

“La violencia contra la prensa en esta región se duplicó debido a los niveles de ingobernabilidad, donde el crimen organizado tiene un amplio control ante un Estado débil”, apunta Darío Ramírez.

Otra entidad donde el aumento de la violencia ha sido creciente es Guanajuato, donde de una agresión por año en 2013 y 2014, se pasó a 13 en 2015. Además, el año pasado se registró el primer asesinato de un periodista en la entidad.


Puebla es otro ejemplo: pasó de 3 agresiones en 2013, a 16 en 2014, y 38 en 2015. Asimismo, la entidad que gobierna Rafael Moreno Valle presentó una creciente incidencia de ataques a medios de comunicación digitales, concentrando el 30% de los 59 ataques cibernéticos en el país registrados de 2009 a 2015.


Funcionarios, los más agresores; reporteros, los más agredidos

En cuanto a los agresores de la prensa, Artículo 19 documentó que de 397 agresiones en 2015, los funcionarios públicos son quienes más atacan a los periodistas: 165 casos, frente a 85 en los que no se identificó al agresor, 78 de particulares, 35 del crimen organizado, y 34 de fuerzas partidistas. Los funcionarios de autoridades estatales, con 97 casos, son los más agresores. Le siguen autoridades municipales (38) y autoridades federales (30).

De hecho, en el acumulado de 1 mil 832 agresiones en el periodo 2009-2015, el 46.9% provienen de algún servidor público. 

Mientras que los comunicadores más agredidos en 2015 fueron los reporteros (183 casos), fotoperiodistas (44), directores (35), y locutores (23).

Además, Artículo 19 enfatiza que los ataques a las instalaciones de medios de comunicación continúan en ascenso: 69 en 2015, frente a 60 en 2014, y 41 en 2013. Esto equivale a 24.8% de los 278 registrados en los últimos siete años.

Por primera vez, apunta la organización al respecto, la mayor incidencia de los ataques en un año se dirigieron contra medios digitales, con 32 en 2015. Los medios impresos (periódicos y revistas) le siguen, con 18.


“En contraste, durante 2014, estos últimos recibieron una mayor proporción de las agresiones, con 42, mientras que los digitales, 13”, indica el informe M.I.E.D.O., en el que, además de los datos estadísticos sobre la violencia contra la prensa, también incluye cuatro “historias del miedo”, sobre los riesgos de la profesión periodística en estados como Tamaulipas, Veracruz, Puebla y Oaxaca.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTES.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/en-2015-el-ano-mas-peligroso-para-las-mujeres-periodistas-en-mexico-dice-articulo-19/

Peña envía al Senado reforma sobre gestión de escuelas

Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado una iniciativa para modificar la Ley General de Educación y permitir modificar el calendario y la jornada escolar en educación básica, a fin de que haya una mayor flexibilización que permita la autonomía de gestión de las escuelas y desarrollar estrategias de enseñanza contextualizadas.

En la explicación de motivos, el Ejecutivo señala que la jornada escolar y el calendario deben atender de manera prioritaria los fines pedagógicos, el fortalecimiento de la autonomía de la gestión escolar y los requerimientos específicos de las entidades federativas.

Se establece que antes de realizar ajustes al calendario escolar se deberá escuchar en la opinión de los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación, en su carácter de instancias de consulta.

Actualmente la ley establece que el calendario escolar tendrá una duración de 200 días efectivos de clase, la reforma lo modifica y señala que deberá tener una duración mínima de 185 días y una máxima de 200 días de clase, en los que se deberá cumplir con el horario que establezca la autoridad educativa federal.


Se faculta asimismo a la autoridad educativa federal a establecer lineamientos conforme a los que las autoridades escolares de educación básica podrán decidir el calendario escolar que se adecue mejor a sus necesidades y condiciones regionales.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL, VICTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/17/pena-envia-al-senado-iniciativa-de-reforma-a-ley-de-educacion-9377.html

Marcharán jornaleros de San Quintín, a un año de la huelga

San Quintín, BC. Jornaleros de San Quintín conmemoran el primer aniversario del levantamiento que protagonizaron la madrugada del 17 de marzo de 2015 con la exigencia de que se concreten los 14 puntos que se formalizaron en las mesas de trabajo con autoridades y empresarios porque no se ha cumplido uno solo, afirmó el dirigente de uno de los dos sindicatos que se formaron en la lucha, Fidel Sánchez Gabriel.
La madrugada de este jueves, el también vocero de la Alianza de Organizaciones Municipal, Estatal y Nacional por la Justicia Social aclaró que aun cuando no hubo respuesta a las demandas iniciales, la lucha ha tenido avances con la creación del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja) el 28 de noviembre pasado en Baja California, Ciudad de México y Aguascalientes y este año en Morelos.
Mientras se preparaban para una caminata que llegará a Tijuana el día 20, a unos metros un grupo de personas encabezadas por Justino Herrera, quien se separó de la Alianza y declinó adherirse al Sindja, se instaló a la entrada de la Colonia Triqui o Lomas de San Ramón, ante la versión de que el primer grupo pretendía bloquear el ingreso a su comunidad.
El otro sindicato integrado a raíz de las movilizaciones también se reunirán este jueves por el aniversario.
Herrera dijo a La Jornada Baja California que no participará en la caminata porque "no hay nada que celebrar" y confirmó que su separación del movimiento fue porque no estuvo conforme con los acuerdos que asumieron los participantes en las mesas de diálogo entre jornaleros, empresarios y autoridades.
"El 4 de junio firmaron un documento donde las prestaciones del trabajador quedaron integradas al salario, cuando que la lucha era rescatar las prestaciones y un salario justo, aparte el salario, aparte las prestaciones. La ley no dice que tiene que ir las prestaciones integradas a las prestaciones porque estas se les tienen que dar a los trabajadores de acuerdo con la ley", dijo al advertir que exigirán estas condiciones de manera independiente.
Advirtió que no participarán en las movilizaciones de aniversario porque "estamos encabronadísimos por la traición que sufrimos y que ahora dicen que van a festejar... ¿qué le van a festejar a los trabajadores... la traición que hicieron el 4 de junio?
En respuesta Sánchez admitió que hubo escisiones de personas que así lo decidieron y aclaró que el movimiento comenzó con la Alianza por la Justicia Social se mantiene con el respaldo de organizaciones de diferentes puntos del país.
Empresas como Berrymex que ofrecieron incremento salarial a 226 pesos a una semana del primer aniversario del movimiento y otras acciones similares son el motivo de la separación, sostuvo.
La madrugada del 17 de marzo de 2015 miles de jornaleros pararon actividades para reclamar mejores condiciones laborales y el cese de hostigamiento sexual a trabajadoras del campo a manos de capataces. Argumentaban tratos esclavizantes y falta de servicio médico.
Durante las movilizaciones bloqueraon la carretera Transpeninsular, destrozaron un vehículo blindado de asalto en la colonia Triqui y en medio de las movilizaciones hubo desmanes y saqueos de tiendas hasta que en las mesas de trabajo se acordó que habría cobertura social y mejores salarios por categorías, que según los jornaleros no se han cumplido.
Rechazan saladora y exigen hospital
El dirigente de jornaleros afirmó que ese sector rechaza la construcción de la desalinizadora que arrancó este mes y en cambio exigen la creación de un hospital general que el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid había anunciado para San Quintín y cambió a Mexicali.
"Estamos en contra de esta desaladora para el Valle de San Quintín porque a lo que más apostamos en la alianza es a la construcción de una presa en la cuenca del Arroyo de Santo Domingo", dijo y explicó que en la sierra aledaña hay agua suficiente para abastecerla.
Antes de arrancar la movilización que concluirá el día 20 en Tijuana, Sánchez Gabriel pidió a los empresarios y autoridades que se pregunten si cada alimento que se comen y se produce en San Quintín está bien pagado.
Fidel Sánchez explicó que como parte de la movilización se dará lectura al manifiesto de este 17 de marzo en el que explican los motivos del levantamiento y sus condiciones actuales, y recibirán la solidaridad de agrupaciones binacionales con las que se encontrarán en Tijuana en un encuentro de jornaleros de las dos Californias.

Fuente: La Jornada
Autor: Edgar Lima
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/17/jornaleros-de-san-quintin-conmemoran-aniversario-del-levantamiento-1953.html

Hermanos Cortez Vallarta exigen al gobierno y la TV reparación de daños y resarcir su imagen

CIUDAD DE MÉXICO: A menos de dos semanas de haber sido exonerados de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta exigen reparación de daños y resarcimiento de su imagen pública que se vio afectada tras haber sido detenidos por agentes federales a cargo del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.


En conferencia de prensa, los sobrinos de Israel Vallarta Cisneros, pareja de Florence Cassez, exculpada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), narraron paso a paso su detención el 7 de mayo de 2009, así como las duras sesiones de tortura encaminadas a autoinculparse como miembros de la supuesta banda de Los Zodiaco.

Visiblemente afectados por las torturas ocurridas hace más de seis años en las que participaron al menos siete agentes federales, a los que han identificado plenamente, los hermanos Cortez Vallarta exigieron que se consigne la averiguación previa que integró en 2009 la Procuraduría General de la República (PGR) por tortura.


Y pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que emita la recomendación correspondiente a la queja interpuesta momentos después de su detención.

Acompañados por familiares, entre ellos su madre y su tía, Yolanda y Guadalupe Vallarta Cisneros, su abogado Ángel Carrera Juárez y el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez López, los sobrinos de Israel Vallarta señalaron que fueron puestos en libertad el 27 de febrero de 2016 del penal de máxima seguridad de Nayarit.

Sin embargo, dos días antes el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito resolvió a favor de su libertad la apelación 215/2015 contra la sentencia emitida por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit.

A pesar de que fueron puestos en libertad por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, el magistrado ponente de la sentencia dejó firme la acusación que se les imputó por portación de arma de fuego. No obstante, al tratarse de un delito cuya pena es de cuatro años de prisión, el juez decretó que el ilícito fue compurgado.

Guadalupe Vallarta sostuvo que la familia interpondrá un amparo contra la resolución del Tribunal Unitario pues pretenden que los jóvenes sean exonerados de todos los cargos y manifestó la confianza de la familia en que la liberación de Juan Carlos y Alejandro contribuya a que sean puestos en libertad los familiares que faltan: su hermano Sergio y sus tíos Israel, René y Mario Vallarta Cisneros.

Sobre la denuncia de tortura que interpuso la familia en 2009 ante la PGR –en ese entonces a cargo de Eduardo Medina Mora, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) – Guadalupe Vallarta apuntó que “no se ha obtenido la acción penal a pesar de que está acreditada la tortura por la misma PGR en la aplicación de los Protocolos de Estambul, para todos los involucrados en este caso”.

Resaltó que la tortura fue también acreditada en el caso de David Orozco, quien señaló a Juan Carlos y Alejandro de pertenecer a la banda de Los Zodiaco, “una banda que nunca existió”. Orozco murió el 5 de enero de 2015 “por las secuelas de la tortura”, añadió.

Tras reconocer la labor del relator contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, los hermanos Cortez Vallarta apuntaron que durante su reclusión en el Cefereso de Nayarit advirtieron que “la tortura es generalizada en México”, y que “la mayoría de quienes están en prisión fueron torturados, pero tienen miedo a denunciar”.

El abogado Ángel Carrera expuso que el Tribunal Unitario “tuvo que absolver en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, porque en el proceso no se pudo acreditar el modo, tiempo y lugar en que participaron los hermanos en la supuesta banda, además de que fue fundamental la resolución de la SCJN en el caso Cassez”.

Carrera señaló que la defensa se ha dificultado porque los Vallarta están recluidos en distintos centros penitenciarios federales, en Almoloya, Estado de México; Hermosillo, Sonora y Tepic, Nayarit, y que todos ellos presentan secuelas de tortura.

Adrián Ramírez señaló que en el proceso para resarcir la imagen de los jóvenes solicitarán “espacio en los espacios noticiosos de Televisa y TV Azteca para que frente a las cámaras se conozca que fueron absueltos, que son inocentes y que fueron víctimas de un montaje en el que participaron las televisoras”.

El defensor resaltó que desde junio del año pasado se inició el proceso ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que los jóvenes sean inscritos en el padrón y sean compensados por los daños sufridos.


Ramírez López agregó que como parte de la campaña contra la tortura, “se ha demostrado que en México no sólo es generalizada sino sistemática, por lo que necesitamos un efectivo castigo a los responsables por estos hechos, que destruyeron la vida de estos jóvenes”, afirmó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433688/hermanos-cortez-vallarta-exigen-al-gobierno-la-tv-resarcir-imagen

Activan unidades de vigilancia por contingencia en cuatro estados

Ciudad de México. Con motivo de la contingencia ambiental, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) activó Unidades Centinelas de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Puebla, Tlaxcala, Morelos y estado de México, de las cuales obtendrán información sobre la prevalencia de enfermedades respiratorias agudas y en específico si éstas están vinculadas a los elevados índices de polución, informó el titular del organismo, Julio Sánchez y Tépoz.
Al presentar su plan de trabajo para los próximos años, el funcionario explicó que las unidades empezaron a funcionar hace dos días y ya se están validando los datos, a partir de los cuales la autoridad sanitaria podría emitir alguna recomendación a la población.
Dijo que la estrategia se activa solamente en situaciones de este tipo.
Además indicó que ya se encuentra en revisión la Norma Oficial Mexicana (NOM) sobre óxido de azufre, la cual incluirá nuevos indicadores respecto de esta sustancia.
Sánchez también ratificó que durante la segunda quincena de abril, la Cofepris liberará los primeros registros sanitarios del genérico del Oseltamivir y que se solicitará a los tres laboratorios fabricantes que incluyan información sobre su capacidad de producción del medicamento.
La finalidad de tener estos datos es que las instituciones de salud puedan hacer las programaciones sobre las necesidades que podrán cubrir con estos productos genéricos, para la siguiente temporada invernal.

Fuente: La Jornada
Autora: Ángeles Cruz
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/17/activan-unidades-de-vigilancia-por-contingencia-en-cuatro-estados-1057.html

Incendio en palacio municipal del puerto de Veracruz

Xalapa, Ver. El Palacio Municipal del puerto de Veracruz se incendió aproximadamente a las 4:00 de la mañana, presuntamente provocado por algunos sujetos, aseguró el alcalde del municipio, Ramón Poo Gil.
“Este edificio es emblemático a nivel nacional; ha sido sede de la Presidencia de la República. Estoy muy consternado con lo sucedido, sobre todo porque hemos hecho las investigaciones correspondientes desde la madrugada y hay indicios de que supuestamente fue provocado”, señaló.
Aseguró que de acuerdo con comentarios de personas que durante la madrugada trabajaban en la zona, la conflagración fue ocasionada “a propósito”.
Poo Gil indicó que en este momento revisan todos los videos de seguridad del centro de Control y Comando C4.

Fuente: La Jornada
Autora: Iraís Aguirre
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/17/incendian-palacio-de-xalapa-3477.html

Confirman argentinos identidad de restos de Tierra Blanca

Xalapa, Veracruz. Los padres de familia de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, informaron que el peritaje independiente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue coincidente con los resultados del perfil genético de las autoridades mexicanas en el caso de Bernardo Benítez Arroniz.

“Nos entristece profundamente compartirles que los resultados del peritaje independiente hechos por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en torno a Bernardo Benítez Arroniz fueron coincidentes con el resultado del perfil genético previamente otorgado con la policía científica de México”, dijeron los padres del joven, a través de un comunicado.

Tras darles a conocer esta noticia, Bernardo Benítez Herrera y Columna Arroniz señalaron que han iniciado un proceso de duelo muy difícil, “por lo que pedimos a los medios de comunicación que comprendan nuestra distancia”.

“Si bien la confirmación de la muerte de Bernardo nos genera un profundo dolor también nos permite iniciar un proceso de despedida de él”, señalaron los padres de Bernardo.

En el comunicado en conjunto, los padres de los otros desaparecidos: José Benítez de la O, Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Sánchez y Alfredo González Díaz, señalaron que “siguen en pie de búsqueda, y no cesaremos en nuestro esfuerzo y permanente exigencia al gobierno federal y estatal para que continúen investigando”.

“En la reunión de trabajo con las autoridades federales y estatales reiteramos nuestra exigencia de que se profundice la investigación de los autores materiales, intelectuales, vinculados con la desaparición de nuestros hijos”.

Los padres de las víctimas de desaparición forzada en Tierra Blanca reconocieron las detenciones efectuadas hasta ahora son un avance, pero “son insuficientes para esclarecer la estructura que les permitió que algo tan grave sucediera”.

En el desplegado, se informó que las autoridades continúan las investigaciones en el rancho El Limón, municipio de Tlalixcoyan, así como el trabajo de laboratorio donde procesan más muestras recabadas en el lugar.

“Nuestros corazones seguirán en la búsqueda de José Benítez de la O, Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Sánchez y Alfredo González Díaz”.


Finalmente informaron que acordaron con las autoridades sostener próximas reuniones a fin de dar seguimiento a la investigación y búsqueda de sus hijos. “Hoy más que nunca agradecemos la solidaridad de miles de personas que nos han acompañado y reiteramos que nuestros corazones seguirán en búsqueda de Susana, Alfredo, José y Mario”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMAN, EIRINET GÓMEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/17/confirman-que-restos-corresponden-a-desaparecido-en-tierra-blanca-5149.html

Cártel de Juárez, proveedor del PRI y financiador en la campaña de Peña Nieto

Grupo Comercializador Cónclave tenía un cliente de mucho peso: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).


En junio de 2011, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional le encargó a esta empresa elaborar 67 mil 900 “reportes especiales” que serían entregados a los gobiernos estatales y municipales priístas para instruirlos sobre cómo realizar “una gestión gubernamental más eficiente”, según detalla el contrato localizado en los registros del ahora Instituto Nacional Electoral (INE), antes conocido como IFE.


En aquellos días, el líder nacional del PRI era Humberto Moreira Valdez, quien el pasado viernes 15 de enero de 2016 fue arrestado en Madrid. La Fiscalía Anticorrupción había ordenado cárcel para el ex gobernador de Coahuila por presuntamente formar parte de una red criminal y haber blanqueado en España 200,000 euros.

Sin embargo, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional -la principal instancia judicial española que se encarga de temas complejos como terrorismo y corrupción-, dejó en libertad sin fianza a Moreria al no hallar delitos en su contra.


En 2012, ya con Pedro Joaquín Coldwell al frente de la dirigencia, el PRI nacional refrendó los servicios de Cónclave con el contrato CP-118-0115/2012, con vigencia del 20 de enero al 31 de diciembre. Además de elaborar impresos, les surtía mobiliario, según consta en sus registros de proveedores.


Al revisar las cuentas del PRI, los auditores del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) pusieron en duda el contrato asignado a Cónclave para la elaboración de miles de reportes.


“Respecto a las facturas señaladas, no se localizaron las respectivas muestras de los trabajos realizados”, advirtieron los auditores del IFE en un oficio enviado al PRI el 20 de junio de 2012.


Para tratar de comprobar que no se trataba de servicios simulados, la dirigencia del PRI envió al IFE muestras físicas de los llamados ‘reportes especiales’, así como carpetas que contenían las notas de entrada y salida de almacén.

No conformes con esas pruebas, los auditores solicitaron la documentación en la cual constara la forma en que el partido distribuyó ese material.

Según la respuesta enviada al IFE, los reportes se repartieron en forma masiva en los comités directivos nacionales y estatales; con los sectores adherentes al PRI (CTM, CNOP, CNC), en los congresos, en universidades, bibliotecas, embajadas, con gobernadores, secretarías de Estado y periodistas afines al partido.

Grupo Comercializador Cónclave, operada por Rodolfo David Dávila Córdoba, “El Cónsul”, identificado por la PGR como operador financiero del Cartel de Juárez, participó en la triangulación de dinero en el caso llamado Monexgate.

Al calor de la campaña presidencial del año 2012, el Partido Acción Nacional (PAN) entonces en el poder con el Presidente Felipe Calderón al frente y la coalición de izquierda formada el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano acusaron al PRI de tener una estructura de financiamiento ilegal por medio de tarjetas de debito bancarias emitidas por el Grupo Financiero Monex.


Las pruebas de esta caso fueron entonces exhibidas por los coordinadores de las campañas. Por la izquierda, Ricardo Monreal y por la derecha, Roberto Gil durante uno de los debates que sostenían semanalmente, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui. Sobre la mesa pusieron dos tarjetas bancarias y 19 facturas. Tanto unas como otras expedidas por el banco Monex.


El representante del PRI, Luis Videgaray -ahora convertido en secretario de Hacienda- negó entonces que usaran las tarjetas. “No”, dijo a botepronto en pleno debate. Meses más tarde, Jesús Murillo Karman –tiempo después nombrado Procurador General de la República- salió a dar la cara por los tricolores. Dijo que siempre sí emplearon las tarjetas pero no para los fines que sus opositores acusaban y tampoco habían rebasado con ello el tope financiero.


A partir de las pruebas de este caso, el equipo de Investigaciones Especiales del noticiero conducido por Aristegui reveló los nexos entre compañías con el PRI; Grupo Comercializador Inizzio y Grupo Efra. Otros medios de comunicación, por separado, aportaron nombres de más empresas, en una compleja operación en el centro de la cual estaba el banco Monex.


El entonces Instituto Federal Electoral (IFE) hizo una investigación a partir de las denuncias presentadas por la derecha y el bloque de izquierda.


El resultado fue que exoneraron al PRI. Para la mayoría de los consejeros era creíble la versión del equipo encabezado por Enrique Peña Nieto en el sentido de que esas tarjetas fueron sólo para cubrir el costo operativo de su estructura – es decir para pagar alimentos o transportes de los representantes de casillas- y no propiamente para gastos de campaña como pudieran ser espectaculares o mítines.

En el dictamen de la auditoría hecha las finanzas del PRI, a lo largo de 228 páginas, apareció el nombre del Grupo Comercializador Cónclave. El mismo que, acuerdo con las documentos y pruebas oficiales mostradas en esta investigación periodística, ha sido un brazo del Cartel de Juárez.

De acuerdo con el expediente del caso, los representantes del PRI explicaron –en su defensa- que durante la campaña electoral no tenían suficiente dinero en efectivo para movilizar a sus representantes de casillas y deberían pagar a los enlaces estatales, a los distritales y a los coordinadores territoriales.


Para disponer de esos recursos, de manera rápida, contrataron a la empresa Alkino Servicios de Calidad. El contrato fue firmado el 1 de marzo del 2012 por un monto de 1 millón 682 mil 528 pesos.


En el expediente, no hay una explicación por qué eligieron a esa empresa. No obstante, el entonces vocero del PRI, Eduardo Sánchez, dijo al diario El Universal que buscaron a esa firma “por su seriedad y solidez”. Esta declaración fue publicada el 26 de julio del 2012, es decir, cuatro meses después de firmado el contrato y 25 días más tarde la elección presidencial.


Alkino es una empresa dedicada a servicios financieros. Sin embargo, -de acuerdo en el expediente integrado por el IFE- para cumplir con el contrato con el PRI, no abrió sus cuentas. Sus directivos buscaron a otra empresa que pudieran conseguir dinero rápido y disponible en tarjetas bancarias. Para ello, subcontrataron a la firma Atama.


Este subcontrato fue por 66 millones 326 mil 300 pesos. Alkino obtuvo el financiamiento necesario pagando una tasa de interés de 1.5 por ciento mensual, pero sólo a partir de que se actualizara la última entrega de las tarjetas bancarias.

En total, consiguieron 7 mil 851 tarjetas de las cuales regresaron 1 mil 373 por estar dañadas, según la versión del PRI validada por el IFE.

Quién estuvo encargado de estas transacciones fue Héctor Macías Díaz, subsecretario de Enlace Territorial del mismo PRI.

Pero al igual que las empresas anteriores, Atama también buscó el dinero en otro lado.

Ramón Morales, su representante legal, dijo que a su vez utilizaron a la firma Inizzio, la cual pertenece a su mismo grupo.


En su testimonio por escrito ante el IFE explicó que ésta última contaba con mayor experiencia en servicios bancarios y contratación de productos financieros además de tener una cuenta en Monex.


El Grupo Comercial Inizzio tiene un funcionamiento peculiar. Una de sus características ha sido que opera con prestanombres y maneja negocios tan disímbolos que van desde la compra de materiales eléctricos como la renta de departamentos y la venta de equipo de cómputo a través de empresas satélites más pequeñas.

En el año 2012, en la Primera Emisión de Noticias MVS conducida por Carmen Aristegui, se mostró cómo operaban para proteger la identidad de su dueño, José Luis Lozana Neyra, quien usa el nombre de Alejandro J. Pérez Lizárraga.


Entre los prestanombres figura Juan Oscar Fragoso Monroy, un joven quien se dedicaba a la albañilería y murió en un accidente de motocicleta. De hecho, su nombre también apareció entre los supuestos accionistas de Atama, la empresa contratada por Alikino para la compra de tarjetas en Monex.


La incorporación de Inizzio dejó el esquema PRI-Monex de la siguiente manera:


Para atraer el dinero necesario, Atama pidió a ocho de sus clientes liquidar sus deudas mediante depósitos en una cuenta bancaria a nombre de Inizzio abierta en Monex, de acuerdo con la investigación del IFE.


Uno de esos clientes fue Grupo Comercial Cónclave, la empresa encabezada por Rodolfo David Dávila Córdova, “El Cónsul”, operador del Cartel de Juárez. El 25 de mayo del 2012 aportaron 699 mil 500 pesos por “comisiones de venta”. El propio IFE lo inscribió así en el dictamen de su auditoría.


Como se mostró en la primera parte de esta investigación, Dávila Córdova “El Cónsul”, aparece como apoderado de esa firma, la misma que junto con Prodassa defraudó por 25 millones de dólares a la Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los programas más importantes del Gobierno Federal.


Grupo Comercial Cónclave –de acuerdo en el expediente hecho por el IFE-, a diferencia de las otras ocho empresas deudoras de Atama depositó el dinero en una cuenta en Monex a nombre de Efra, otra de las firmas vinculadas a la compra directa de las tarjetas de débito y, a su vez, a la familia Fraga vinculada al PRI.


En esa misma lista de empresas con supuestas deudas con Atama –utilizadas para inyectar dinero en cuentas de Monex- también apareció Akrópolis. Uno de sus socios mayoritarios ha sido César González Rodríguez, nacido en Pachuca Hidalgo.


El nombre de esta persona también figura como socio de Grupo Comercial Cónclave. El 21 de mayo de 2012, Akrópolis abonó 1 millón 409 mil pesos –en dos pagos- en las cuentas bancarias utilizadas para las tarjetas de debito utilizadas por el PRI.


De acuerdo con el resultado de la auditoría al PRI, Inizzio entregó a Atama 9 mil 924 tarjetas bancarias de banca Monex, de las cuales 7 mil 851 estaban destinadas al PRI. Del resto no hay datos de su paradero.


La Unidad de Fiscalización del IFE notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que unas 1 mil 500 tarjetas pagadas finalmente por el Grupo Comercial Inizzio tuvieron operaciones realizadas en el extranjero. Esto sucedió el 23 de enero del 2013.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN (INVESTIGACIÓN ESPECIAL)
LINK: http://aristeguinoticias.com/1603/mexico/cartel-de-juarez-proveedor-del-pri-y-financiador-en-la-campana-de-pena-nieto/

Se investiga por posible encubrimiento de escolta a dueño de Ferrari: PGJCDMX

CIUDAD DE MÉXICO: Alberto Sentíes, cuyo escolta golpeó a un joven el viernes pasado por un presunto incidente automovilístico, no ha quedado libre de responsabilidad jurídica pues está latente la investigación por encubrimiento.

Óscar Montes de Oca, subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) señaló que pese a que Sentíes ya declaró y dijo que su escolta fue el responsable de todo, aún se deben analizar otras evidencias que se incluirán al expediente.

“Queda latente el tema del encubrimiento”, dijo en entrevista con Radio Fórmula y agregó que una vez que se cuente con todos los elementos de prueba, “se valorarán y se tomará la decisión correspondiente”.

Montes de Oca recordó que al martes pasado un juez giró una orden para catear el domicilio de Sentíes, quien conducía un Ferrari cuando su escolta golpeó y presuntamente robó a un chofer de Uber. Sin embargo, dijo, no se cumplían los requisitos para detenerlo.

Aunque existe la figura del caso urgente, explicó, “no se daban los tres requisitos que señala la ley: que se trata de un delito grave, que exista el temor fundado que el sujeto se quiera dar a la fuga y que, en ese momento, no haya una autoridad judicial disponible para que ordena la detención de la persona”.

El subprocurador, comentó que en su declaración Sentíes relató que iba hacia su domicilio cuando su chofer y escolta le cerraron el paso a la camioneta del otro conductor, de nombre Jair. “Desde luego él (Sentíes) menciona que no se percató de estos hechos”, comentó Montes de Oca.

También negó haber dicho a su escolta “ya déjalo, vámonos”, por lo que “habrá que revisar si él estaba en un campo visual que permitiera ver la acción”, indicó el subprocurador capitalino.

El estatus de Sentíes por el momento es de presunto responsable y ahora hay que localizar a su escolta quien supuestamente fue despedido, según señaló el dueño del Ferrari.

Por el momento Sentíes no tiene restricción para abandonar la Ciudad de México, mientras que su Ferrari permanece en el depósito y el vehículo blanco de su escolta fue llevado al Ministerio Público para la recolección de huellas digitales.

El martes pasado Montes de Oca reveló que Sentíes está relacionado con al menos tres averiguaciones previas por el delito de fraude generadas entre 2012 y 2013 y que actualmente están en trámite.

Ahora él y sus escoltas enfrentan una acusación por parte del agraviado por lesiones y robo graves.

Según la versión de Jair, quien además de chofer es asistente médico, un hombre robusto lo golpeó brutalmente y lo asaltó; le quitó dos teléfonos celulares –el personal y el del trabajo–, así como una tableta electrónica y más de cuatro mil pesos en efectivo. Los golpes aún lo mantienen en reposo y deberá someterse a rehabilitación, según las indicaciones del médico.

Los hechos se registraron en las inmediaciones del Hospital de Cardiología, muy cerca de la salida a la autopista México-Cuernavaca y fueron grabados por un automovilista.


En el video se ve cómo el pasado viernes, alrededor de las 14:30 horas, el conductor agredido circulaba en una camioneta Duster blanca por la calzada de Tlalpan, cuando otro auto blanco –que escoltaba al Ferrari rojo– se le atravesó y uno de sus ocupantes se acercó a la ventanilla, forcejeó con el conductor hasta abrir la puerta y a jalones lo sacó y lo llevó hasta la pared, donde lo golpeó brutalmente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433660/se-investiga-por-posible-encubrimiento-de-escolta-a-dueno-de-ferrari-pgjcdmx

CNDH envía recomendación a Semar por detención arbitraria de tres hombres en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, por el caso de tres hombres detenidos de manera arbitraria en Piedras Negras, Coahuila.

En un comunicado, la CNDH dio a conocer que luego de hacer la investigación y el análisis de las evidencias recabadas, advirtió que las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas por los marinos que aprehendieron a las víctimas “fueron inverosímiles”.

Se acreditó que las tres víctimas fueron detenidas en hora y día diferentes, además de que una de ellas fue aprehendida en distinto lugar, apuntó.


De acuerdo con el organismo, encontró elementos que le permiten acreditar violaciones a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal, y a la integridad personal contra los tres ciudadanos, así como a la inviolabilidad del domicilio y privacidad en agravio de uno de ellos.

“Los tres agentes aprehensores, al haber detenido a las tres víctimas sin orden de aprehensión ni en flagrancia y haberlas retenido de manera ilegal por un tiempo excesivo e injustificado, violentaron el derecho de los agraviados a la libertad y seguridad personal, puntualizó en su comunicado.

Agregó que el allanamiento, registro y revisión del domicilio de una de las víctimas por parte de efectivos navales constituye un cateo ilegal, que al no estar fundado y motivado en los requisitos constitucionales de formalidad y de legalidad exigidos para realizarlo, “se traduce en la transgresión al derecho humano a la inviolabilidad del domicilio y la privacidad, imputable a los tres agentes aprehensores en agravio de dicha víctima”.

Respecto de la integridad personal de los tres agraviados por trato cruel, atribuible a los agentes aprehensores, las tres víctimas presentaron diversas lesiones físicas, mismas que se acreditó fueron contemporáneas al día de su detención y retención y les fueron inferidas con abuso excesivo de fuerza.

Por lo anterior, la CNDH solicitó al secretario de Marina instruir a quien corresponda para que se repare el daño a los tres agraviados en términos de la Ley General de Víctimas.

También, diseñar e impartir un Programa Integral de Educación, Formación y Capacitación en materia de Derechos Humanos a los servidores públicos de la Semar, que incluya, en los casos de detenciones de cualquier persona en flagrancia, “un escrupuloso procedimiento” para ponerlos a disposición de la autoridad competente sin demora alguna.

Asimismo, que en las denuncias de hechos y/o puestas a disposición no se expresen hechos simulados o no veraces, ni se imputen indebidamente delitos con motivo de una supuesta flagrancia.

De igual manera, colaborar con la CNDH en el procedimiento de investigación y denuncia de hechos que inicie ante la Inspección y Contraloría General de Marina y la Procuraduría General de la República (PGR), respectivamente, contra los servidores públicos involucrados en el presente caso.

La CNDH precisó que de acuerdo con su declaración ante el Ministerio Público Federal, los agraviados fueron detenidos en tres diferentes eventos. Uno de ellos salió de su domicilio a las 17:00 del 9 de mayo de 2014. En su automóvil recogió a dos amigos y los tres tomaron la carretera Lauro Villar, con dirección a Ciudad Acuña, con la intención de llegar a un establecimiento donde asistirían a una “carne asada”.

Antes de llegar al Ejido el Moral, tres camionetas de la Semar les marcaron alto. Uno de los marinos observó los tatuajes del conductor y al interrogarlo lo golpeó en el estómago, en tanto que los otros agentes golpearon a los acompañantes, a quienes trasladaron a sus domicilios, pero retuvieron al agraviado.

La CNDH consideró que las conductas ilegales cometidas por los agentes aprehensores y ministeriales para acreditar la responsabilidad de las personas inculpadas también deben ser motivo de investigación y sanción en su caso porque, de no hacerlo, se contribuye a la impunidad.


Las víctimas del delito deben tener protegido su derecho humano de acceso a la justicia, a partir de investigaciones ministeriales adecuadas y profesionales, las cuales deberán verse siempre fortalecidas a partir del marco jurídico vigente, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433680/cndh-envia-recomendacion-a-semar-detencion-arbitraria-tres-hombres-en-coahuila

Ante ola de asaltos, productores de Michoacán buscan proteger sus parcelas

LOS REYES DE SALGADO, Mich: Ante la ausencia de autoridades y luego que Alfredo Castillo disolvió a las autodefensas y Policía Comunitaria, los robos y asaltos en huertas de aguacate y caña regresaron y gozan de impunidad por lo que habitantes de esta región se organizaron y colgaron mantas en la zona en las que advierten que actuarán contra los delincuentes.

“Parcelas y ranchos vigilados por sus dueños. ¡No medimos consecuencias!, ya basta rateros. A toda persona que se sorprenda después de las 6:00 pm se investigará con los productores”, dice una de las mantas de los aguacateros que afirman que ya han sido víctimas de atracos en Los Reyes y municipios circundantes, como Peribán, Cotija, Tocumbo y Tacázcuaro, entre otros.

Las mantas aparecieron colgadas en el camino rural hacia Las Zirandas, a escasos metros de la carretera al ingenio azucarero San Sebastián, pertenecientes al municipio de Los Reyes, donde los productores de la zona han denunciado robos a camioneros y a las propias parcelas.

“En ese lugar había un puesto de control de autodefensas que patrullaban y revisaban la zona y no se perdía ni un alfiler. No sabemos cuál  es el problema del gobierno,  de que los propios ciudadanos defiendan sus propiedades e intereses como lo establece la Constitución General de la República. ¿Por qué? Se molestan las autoridades”, reprochó Raúl García, trabajador de la caña.


Hace unos días el presidente municipal de Los Reyes, Jesús Álvarez Hernández aseguró que la seguridad en Los Reyes estaba bajo control, sin embargo, la ola de asaltos continúa por lo que los productores tomaron la decisión de advertir con mantas que actuarán si es necesario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433679/michoacan-ante-ola-asaltos-productores-se-organizan-proteger-sus-parcelas