Los detalles de cómo se realizó la obtención ilegal del crédito con Banca Santander por los 1 mil 100 millones de pesos que ha llevado a prisión a cercanos de Moreira, también ex presidente nacional del Partido Revolucinario Institucional (PRI), se encuentran en el auto de plazo constitucional existente dentro de la causa penal 16/2012-II abierto por el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales del entonces Distrito Federal contra Jorge López Alarcón, uno de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) involucrados en el timo.
SinEmbargo posee copia completa de este documento.
Básicamente, con la finalidad de obtener el crédito, diversos funcionarios del Gobierno estatal proporcionaron a Santander datos sobre el monto de los activos de Coahuila.
Banco Santander y el Gobierno de Humberto Moreira Valdes formalizaron el crédito por hasta mil 100 millones de pesos el 12 de julio de 2010 firmando, como representante de Gobierno, Héctor Javier Villarreal Hernández, en ese momento Secretario de Finanzas.
Para llegar a este punto, se falsificó la autorización del Congreso de Coahuila para la adquisición de la deuda y, además, la Dirección de Deuda Pública de Estados y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó el visto bueno a favor del estado para la obtención de los recursos.
El crédito quedó anotado en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, también dependiente de la SHCP, con el folio 415/2010.
Al respecto, se lee en la acusación penal:
“Sin embargo, el registro anterior carece de toda validez jurídica y resultó apócrifo en virtud de que en los registros de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, ese número corresponde a un contrato de apertura de crédito simple entre el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, como deudor directo, y como acreedor, Banca MIFEL, por la cantidad de 74 millones de pesos”.
Y, fuera de la investigación penal referida, algo llama la atención: actualmente, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios no existe ningún crédito contraído por Chimalhuacán con Banca MIFEL. En el listado aparecen únicamente dos empréstitos de esa demarcación con Banobras, ambos de 2013, uno por casi 30 millones de pesos y el otro por 95 millones de pesos.
En 2010, cuando se efectuó el fraude, Chimalhuacán tenía como Presidente Municipal a Jesús Tolentino Román Bojórquez, líder en el Estado de México de Antorcha Campesina y eventual jefe nacional de la organización.
Si bien es claro que Humberto Morerira fue ungido presidente nacional del PRI al término de su Gobierno en Coahuila para acompañar la candidatura presidencial Enrique Peña Nieto, ¿qué relación existe entre el político mexiquense y Antorcha Campesina?
El domingo 21 de junio de 2009, Enrique Peña Nieto vivió el Estadio Azteca repleto de playeras rojas. La marea, más que priista, era antorchista y desbordaba el primer evento público y masivo del mexiquense hacia la Presidencia de México.
De esto, de ser un evento electoral y, en consecuencia, un acto anticipado de campaña, se acusaría a Peña Nieto ante el entonces Instituto Federal Electoral (IFE). El órgano resolvió la improcedencia de los señalamientos.
Peña estaba ahí para celebrar el 35 aniversario del Movimiento Nacional Antorchista. Vestido con camisa de blanco impecable, sin corbata, presenció el Can Can de Offenbach puesto en escena por los mismos antorchistas.
El Gobernador asintió con la cabeza y habló:
“Amigas y amigos del Movimiento Antorchista Nacional. Les saludo con gusto y con afecto. Este evento tiene particular significado para esta organización social, porque da muestra evidente de su fuerza y de su capacidad de convocatoria”.
La gente coreó:
“¡Se ve, se siente: Antorcha está presente!”.
Peña sonrió e hizo una pausa. Continuó con el ceño fruncido, aplomado.
“En el Gobernador del Estado de México tienen un aliado porque desde su Gobierno trabajará para lograr objetivos compartidos”, dijo.
La multitud rugió y así siguió, sin notar el resbalón en el discurso del Mandatario cuando deseó el destierro “del escenario donde muchos tengan poco y pocos tengan mucho, donde realmente logremos tener, en esta gran nación, justicia y desigualdad social”.
Peña tardó algunos instantes en reparar que había resbalado y quiso meter reversa en voz baja: “Igualdad”, se corrigió.
Los gritos y la insolación encubrían todo.
Aquiles Córdova devolvió el halago a Peña Nieto:
“México necesita políticos comprometidos con las mayorías… políticos de altura, emprendedores y valientes”, expresó.
Además de Peña acudieron Ulises Ruiz Ortiz, aún Gobernador de Oaxaca, y la entonces Senadora María de los Ángeles Moreno. El festejo, admitieron entonces sus organizadores, costó 4 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su análisis de la cuenta pública correspondiente a 2011 para ese Fondo Metropolitano, reparó en la adquisición del predio con recursos asignados al Estado de México del Rancho El Pimiango, en el municipio de Texcoco, vecino de Chimalhuacán.
El órgano fiscalizador anota que el contrato número 83841 tuvo por objeto la adquisición del rancho El Pimiango por parte del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. El contrato fue formalizado el 13 de septiembre de 2011, dos días antes de que Peña Nieto concluyera su mandato, y estipuló la adquisición de 20 fracciones de terreno con una superficie de 382 mil 912 metros cuadrados en el poblado de Santiago Cuautlalpan, en Texcoco.
El fin de la compra, se estableció formalmente, fue la reubicación de los asentamientos irregulares ubicados en el Ejido Santa María Chimalhuacán, en el área de reserva ecológica del ex Lago de Texcoco.
La operación ascendió a 165 millones de pesos, en su mayoría provenientes del Fondo Metropolitano. El contrato también incluyó la cesión de derechos por parte de una empresa para el aprovechamiento y explotación del pozo de agua ubicado dentro del terreno adquirido.
La ASF anota que la compra del rancho tuvo una asignación de recursos federales por 125 millones de pesos transferidos el 1 de diciembre de 2011, dos meses y medio después del inicio de gobierno de Eruviel Ávila.
La ASF emitió la siguiente observación:
“Se verificó que se efectuaron tres pagos por 65 millones de pesos en 2011; sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México no comprobó con qué recursos fueron pagados ya que la cuenta de ese proyecto [el de la compra del inmueble] no registró transferencias en ese año”.
Fuente: Sin Embargo
Autor: Humberto Padgett
http://www.sinembargo.mx/20-03-2016/1638278
