lunes, 21 de marzo de 2016

Huelga en la Universidad Autónoma de Querétaro, entrampada por intereses políticos

QUERÉTARO, Qro: Una fotografía registró el momento en que la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Querétaro (Steuaq), Laura Leyva Saavedra, hace la “V” de la victoria con una mano, abrazada del entonces candidato panista y actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.


El propio mandatario queretano confirmó a Apro que Laura Leyva Saavedra votó por él; no obstante, descartó que el apoyo que le brindó la dirigente en campaña implique algún tipo de respaldo en la huelga que el sindicato inició desde el 4 de marzo en la Universidad Autónoma de Querétaro y que ha dejado sin clases a 28 mil estudiantes.

“Cuando estaba en campaña ella me manifestó, como ciudadana, el apoyo a mi candidatura, y afortunadamente con el voto de ella y de los queretanos hoy soy gobernador”, informó Domínguez sobre la fotografía en la que la dirigente sindical aparece flanqueada por él y el ahora presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, también del PAN.


El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, aseguró que es respetuoso de la independencia de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en un comunicado que leyó unas horas después de la denuncia del rector, Gilberto Herrera Ruíz, quien acusó intromisión de su administración para desestabilizar a la institución.

Sin embargo, el mandatario queretano evadió aclarar de manera concreta la denuncia universitaria sobre la injerencia de agentes de la Secretaría de Gobierno en la institución educativa, así como la parcialidad de la Secretaría del Trabajo en el conflicto laboral, que las autoridades de la UAQ documentaron con un acta notarial y videograbaciones.

En lugar de eso, Domínguez Servién desvirtuó el llamado del rector a movilizarse para defender la autonomía universitaria, al insinuar que pretende solucionar el tema de la huelga con protestas, siendo que él mismo manifestó su interés porque sean los universitarios, a través del diálogo, quienes resuelvan el conflicto laboral.

“Ante el llamado realizado el día de hoy por el rector, él está en todo su derecho de manifestarse, al igual que todos los ciudadanos de Querétaro, nosotros somos respetuosos de esos derechos, no obstante, nos parece que la solución de la huelga debe enfocarse hacia adentro (de la UAQ)”, declaró Domínguez Servién.

Enseguida, el gobernador de Querétaro hizo un llamado a privilegiar el diálogo y no las marchas, pese a que el rector convocó una concentración a las afueras de la oficina del mandatario este lunes a las 11 de la mañana.

“Esta huelga se va a solucionar en la mesa del diálogo razonado, no con manifestaciones. Mi gobierno se mantendrá al pendiente de la marcha de negociaciones, con respeto a los trabajadores, con absoluto respeto a la autonomía universitaria y con un respeto al patrimonio de los universitarios, que es el patrimonio de todos los queretanos”, insistió.

Algunos de los diarios locales replicaron el comunicado oficial en sus notas de portada con encabezados como los siguientes: “Estalla Rector y llama a marchar”, en el periódico Diario de Querétaro; “Hagamos el dialogo, no marchas: ‘Pancho’”en el diario a.m., y “Diálogo, no marcha, pide Domínguez”, en El Universal.

Si bien la dirigente sindical, Laura Leyva Saavedra, había amagado hace días con realizar marchas para solicitar la destitución del rector, el llamado del mandatario en contra de este tipo de movilizaciones ocurrió hasta que Gilberto Herrera Ruíz convocó a la comunidad universitaria a una concentración a las afueras de las oficinas del mandatario, para aclarar “malos entendidos” con él.

Después de leer un comunicado durante 2 minutos con 40 segundos, Francisco Domínguez Servién se retiró del salón habilitado en la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) con el pretexto de que tenía una agenda de actividades muy apretada.

“Ante subjetividades de que al señor gobernador no le importa la Universidad y que tiene ocupaciones más importantes, reitero al gobernador le importa la Universidad”, aclaró su Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes.

La agenda del gobernador de Querétaro prevista para este lunes 21 de marzo incluye su participación en el equinoccio de Bernal, municipio de Ezequiel Montes, a las 11:30 de la mañana (a una hora aproximadamente de la capital de Querétaro), mientras que la concentración universitaria está prevista a las 11:00 a las afueras de su oficina.

El Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (Supauaq) difundió un comunicado en el que anunció que se suma a la defensa de la autonomía universitaria, lo que no ha hecho el sindicato que encabeza la dirigente, Laura Leyva.

El conflicto laboral en la UAQ se ha polarizado entre quienes manifiestan su apoyo al sindicato y la defensa de su Contrato Colectivo, y quienes ven a la dirigencia de los trabajadores como un instrumento para golpear a la institución educativa.

El conflicto laboral

La huelga no es por dinero, aseguró la secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (Steuaq), Laura Leyva Saavedra.
“No es una cuestión económica, es la dignidad del trabajador sobretodo”, justificó la dirigente del Steuaq, quién informó que la huelga es por algunas de las violaciones a su Contrato Colectivo de Trabajo.

Francisco Domínguez Servién, quien en diciembre pasado incumplió con su promesa de campaña de aumentar 10% el presupuesto directo a la institución educativa, al asignarle sólo 3.1% para este 2016, también reiteró que el problema no es económico.

“El tema no es financiero, no lo veo financiero en este momento, así que yo espero el entendimiento rápido”, dijo durante la primera semana de huelga, cuando le preguntaron si el Poder Ejecutivo podía apoyar a destrabar el conflicto laboral.

El sindicato aceptó un 3.1% de incremento salarial, el más bajo que ha recibido en la administración del rector, Gilberto Herrera Ruíz, pero estalló la huelga al denunciar violaciones en algunas cláusulas del contrato.

Estallar la huelga por dinero habría exhibido que el mandatario incumplió su promesa de compaña.
El abogado de la UAQ, Óscar Guerra Becerra, dijo a Apro que cumplir con todas las cláusulas del Steuaq implicaría erogar 1,200 millones de pesos, porque tendrían que hacer lo propio con el Supauaq.

“Tendrías que meter mil doscientos millones (de pesos) y los únicos que van a salir, diríamos, beneficiados serían los maestros y trabajadores, pero va a seguir la universidad con la misma infraestructura y con la misma cobertura. Si tienes mil doscientos millones, mejor abre otra universidad para ampliar cobertura y admites a otros 30 mil chavos que se quedan sin estudios superiores”, aseguró.

Puntos en desacuerdo

El Contrato Colectivo establece que los empleados que sean promocionados no deben tener reportes en el último año y la UAQ plantea que se amplíe a tres, explicó Oscar Guerra Becerra, abogado de la UAQ.

“Ese es un punto en desacuerdo, donde mientras que ellos digan que uno porque así está en el contrato, nosotros decimos que tres porque nos asegura que quien va a ser promocionado tiene un desempeño constante”, argumentó.

Lo anterior dijo que beneficiará a los propios trabajadores, aunque admitió que le restará control a la dirigencia, de ahí que para él la huelga del Steuaq más que por dignidad, por control.
En el caso de las suplencias o vacantes, el abogado de la UAQ expuso que el sindicato enviaba a los suplentes, sin que se tratar del perfil idóneo, por lo que consideraron importante corregir el proceso.

Para ello dijo que solicitaron abrir la convocatoria a la ciudadanía en general y solicitar también al Sindicato que les envíe la lista de los suplentes con los perfiles determinados.
“El sindicato les prohibió a su gente que participe en esta lista, qué es lo que quiere Laura, que regrese todo el sindicato y ellos manden a los suplentes en todos los casos y eso no se puede porque ha generado descontrol”, expuso.

Para la UAQ abrir el proceso implica que los suplentes, al ser evaluados y con el ánimo de seguir teniendo suplencias mejoren en su desempeño, contrario a lo que –explicó– ocurría antes cuando los enviaban por escalafón, amiguismo o por ser parientes.
“Si te fijas tiene que ver con el control del Comité, no con el beneficio de los trabajadores”, insistió.

Explicó que el Steuaq plantea que se haga el descuento de cuotas a los trabajadores y se los entreguen como sindicato, en dos conceptos: por un lado las cuotas ordinarias y por otra las extraordinarias que, dijo, son las sanciones.

En este último caso, el abogado expuso que la Ley Federal del Trabajo les impide hacer descuento de cuotas extraordinarias, mientras que en el primer caso es permitido (en realidad la Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a hacerlo), pero el abogado de la UAQ afirmó que no lo realizarán mientras el Steuaq no rinda cuentas.

Como opción dijo que propusieron entregar el monto de las cuotas directamente a los trabajadores a través de un cheque y que éstos a su vez lo hagan al sindicato.

Sin embargo, expuso que la dirigente del Steuaq rechazó la medida al exponer “que no hay la garantía de que el trabajador, en el camino de que cobra su cheque en Recursos Humanos o en la Caja, de ahí al ir al sindicato, puede que a lo mejor se lo lleva y ya no lo deposita y no hay una garantía para el Comité. Pero si te fijas, nuevamente es otra cuestión del Comité y no de todos los trabajadores”, afirmó Guerra Becerra.

La dirigente del Sindical puntualizó que cada una de las cláusulas son derechos ganados por los trabajadores y puntualizó que no permitirán ningún retroceso, al acusar que la parte patronal lo único que pretende es debilitar al sindicalismo.

El abogado de la UAQ, Óscar Guerra Becerra, dijo que desde un inicio de la negociación, la parte patronal puso sobre la mesa otros puntos que consideran de importancia y dio sus razones.

En la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) determinaron que ya no sea el Sindicato de Trabajadores y Empleados el que determine el proveedor de los uniformes para el personal de la institución, como lo establece el Contrato Colectivo. “La Ley de Adquisiciones nos obliga a que cuando las adquisiciones por entes públicos, por más de cierto monto, se tiene que hacer por concurso o licitación restringida, qué dice el contrato colectivo, que es el comité, pero ya no se puede”, explicó.

La UAQ plantea hacer la adquisición conforme a Ley de Adquisiciones insistió Óscar Guerra a través de un proceso transparente, pero advierten que la líder sindical amaga con emplazarlos en unos meses en que se tendrán que entregar los uniformes, si el sindicato no determina quién será el proveedor.

Y es que en el contrato colectivo se establece en su cláusula 50.17 “El Steuaq determinará el proveedor que considere conveniente, previa presentación de presupuestos que serán acordados conjuntamente con la Universidad, la cual pagará directamente al Proveedor designado”.

Derivado de lo anterior el abogado considera importante que en el acuerdo que se llegue para levantar la actual huelga, se determine este aspecto para no ser emplazados en unos meses más, cuando realizarán la adquisición de los uniformes en términos de Ley, después de que el actual rector sometió a la institución a que sea revisada por la Entidad Superior de Fiscalización, que antes no era auditada con el pretexto de la autonomía, dijo Óscar Guerra.

Guerra Becerra también reconoció que la parte patronal está obligada a aportar el 65% de la celebración del aniversario del sindicato, pero aclaró que el contrato no habla de una fiesta.

En este sentido, expuso que ante el incumplimiento de la dirigencia del Steuaq para rendir cuentas sobre cerca de 2 millones de pesos, optaron por entregar el recurso a cada trabajador.

“Como no nos han comprobado y como no queremos fiestas con recursos públicos, lo que hicimos fue repartir el dinero entre todos los sindicalizados en partes iguales, eso no les gustó porque siempre se elegía al proveedor por parte del sindicato y con reglas que aún no conocemos”, dijo.

Guerra Becerra dijo que finalmente son los trabajadores quienes celebran su aniversario y lo que pretenden es que cada peso que llegue a la universidad sea bien utilizado.

“El sindicato se convertía en un medio para llegar a un fin que eran los trabajadores, finalmente quien festejaba eran los sindicalizados, no el comité, nosotros llegamos al fin último, y nosotros hemos dicho ‘si ya comprueban todo, a lo mejor regresamos (al esquema anterior)’”.

La dirigente sindical confirmó a Apro que no cuentan con facturas de los 2 millones de pesos, porque señaló que la universidad no se las requirió.

Además agregó que no tienen por qué rendir cuentas a las autoridades universitarias y sí a sus agremiados, como lo han hecho.

Guerra Becerra también expuso la importancia de que el ingreso de empleados a la Universidad no la determine el sindicato, sino un proceso transparente, abierto a la sociedad, como ocurre con el ingreso de los estudiantes o los académicos.

“Los puntos que benefician a todos los trabajadores están resueltos, pero lo que tiene atorada la negociación son aquellas cosas donde se le escapa el control al sindicato, como lo es la elección de proveedores de uniformes, de las fiestas, el control de a quién se les da las bases o a quién no, solamente son cosas que tienen que ver con el comité (del sindicato), entonces cuando ellos hablan de dignidad, no sé a qué se refieran, porque los derechos laborales de los trabajadores esos se respetan en todo momento, lo que está siendo cambiando es lo que estaba en manos de la dirigencia sindical”, afirmó el abogado general de la UAQ.

En tanto que la dirigente laboral insistió que las medidas asumidas por la parte patronal buscan debilitar al Steuaq.


En la última reunión de Conciliación, el Secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, pidió dejar de lado los puntos que planteó la Universidad Autónoma de Querétaro y solamente centrarse en los puntos que planteó el Sindicato, como parte del estallamiento de la huelga.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/434190/huelga-en-la-universidad-autonoma-queretaro-entrampada-intereses-politicos

Firma AMLO este lunes alianza con la Sección 22 contra la reforma educativa

OAXACA, Oax: El presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, confirmó su alianza con el magisterio, al tiempo que arremetió contra la ‘promiscuidad política’ del PRI, PAN y PRD, contra los ‘hipócritas’ de Mexicanos Primero y la ‘mafia’ de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como del ‘traidor’ Gabino Cué Monteagudo.


El exjefe de Gobierno adelantó que en el marco del aniversario del natalicio de Benito Juárez García, este lunes 21 de marzo, Morena firmará un convenio con integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) donde dará a conocer las propuestas que tiene para educación y consolidar un compromiso que hizo a partir de la represión del movimiento magisterial y la imposición de la reforma educativa.

“Mañana le vamos a responder al jefe de jefes que es el que está detrás de la mal llamada reforma educativa, Carlos Salinas y le vamos responder a Peña Nieto, que quede muy claro que en Morena siempre vamos a apoyar al magisterio nacional”, indicó.


Agregó que “vamos a firmar este acuerdo con maestros y maestras de Oaxaca aunque se enojen los adversarios, los de la mafia del poder, a nosotros no nos engañan de que a ellos les importa mucho la educación. El hijo de Claudio X González dice, nos interesa la educación, son unos reverendos hipócritas, lo que quieren es privatizar la educación, lo que quieren es que nada más estudien los que tengan para pagar una colegiatura, por eso atacan a los maestros y están socavando la educación pública”.

Luego de asistir al registro de Salomón Jara Cruz como candidato de Morena a la gubernatura de Oaxaca, afuera de las oficinas del Instituto Estatal Electoral, el tabasqueño reiteró que Morena acompaña la lucha del magisterio y se pronuncia por la libertad de los maestros porque son presos políticos.

En el mitin donde estuvieron presentes los experredistas Antonio Serrano Toledo y Rosalinda Domínguez, así como Rosario Villalobos, exsubsecretaria de Derechos Humanos en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, López Obrador precisó que el pacto con la Sección 22 se realizará a las 09:00 horas en un hotel del norte de esta capital “aunque no les guste al jefe de jefes y al copetón de Peña Nieto”.

Antes, se refirió al hampa que se van a enfrentar y que son liderados por los exgobernadores José Murat Casab y Diódoro Carrasco Altamirano, a quienes hay que decirles “ya basta de que sean los mismos los que dominen y se roben el presupuesto de Oaxaca.

“Es realmente ofensivo que Murat quiera dejar a su hijo o que Diódoro quiera dejar a su hijo político con el apoyo de Gabino porque el candidato del PAN y PRD es hijo político de Diódoro y es su protegido de Gabino, entonces, Oaxaca merece un mejor destino, ya hace falta un verdadero cambio”.

También descalificó las encuestas que ponen a su candidato Jara Cruz en el cuarto lugar, al sostener que “están cuchareadas, son las que hace Murat, Gabino y Diódoro para posicionar a sus candidatos Alejandro Ismael Murat Hinojosa y José Antonio Estefan Garfias, respectivamente.

En cuanto al candidato del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, se negó a opinar y puso énfasis en que “hay que estar pendientes de Murat que quiere dejar al hijo y esa es una ofensa porque no vivimos en una monarquía, los cargos no se pueden heredar y por el otro lado el candidato de Diódoro y Gabino es muy corrupto”.

A la ciudadanía les dijo que “no deberían votar por ellos porque si lo hacen va a dejar de manifiesto que le gusta la mala vida, que le gusta el masoquismo. Cómo votar a estas alturas por el PRI, el PAN o el PRD. Con un poco de luz en la frente no se puede votar por los que han empobrecido a la gente y han saqueado al país, son los que destruyen al país”.


Resaltó que de aquí es el mejor presidente de México, Benito Juárez y en Oaxaca se llevó a cabo la decisión de que México fuese una república libre y democrática, sin embargo, “Murat quiere imponer la monarquía y la otra opción es Garfias que está apoyada por este emperador regional poblano Rafael Moreno Valle. Él quiere imponer al próximo gobernador de Oaxaca que tiene ahí de achichincle a Diódoro con el apoyo lamentable y triste de Gabino, es una mescolanza, una promiscuidad política”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/434169/firmara-lopez-obrador-pacto-la-seccion-22-contra-la-reforma-educativa

#LeyAtenco: aprueban usar la fuerza ante protestas amenazantes en el Edomex

El Congreso del Estado de México avaló el uso de la fuerza pública, para "restablecer el orden y la paz social", aunque hay voces que señalan que su verdadero objetivo es reprimir y criminalizar las protestas.

Si las autoridades del Estado de México consideran que en una protesta los manifestantes se expresan con amenazas para intimidar, o para obligar a que se acepten sus demandas, entonces “se procederá” y se aplicará la fuerza pública.

Así lo establece la nueva Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, propuesta por el gobernador Eruviel Ávila, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y aprobada por el Congreso mexiquense el 17 de marzo pasado.

“Cuando en una asamblea o reunión, las personas se encuentren armadas o la petición o protesta ante la autoridad se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, se considerará que dicha asamblea o reunión es ilegal y se procederá”, se lee en el artículo 15 del documento.

El dictamen contó con la aprobación de los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo.

En el caso de Morena, sus legisladores votaron en contra.

Los diputados locales de esa fuerza política criticaron que el objetivo de la ley es reprimir y criminalizar las protestas, y se refirieron a ella como #LeyAtenco, en referencia al operativo de 2006 en el que policías cometieron detenciones arbitrarias, abuso sexual y tortura, entre otros crímenes, de acuerdo con los reportes de organismos de Derechos Humanos.

Cuando ocurrió aquel operativo en San Salvador Atenco, el gobernador del Estado de México era el ahora presidente, Enrique Peña Nieto, compañero de partido del actual mandatario estatal.

En el dictamen, del que Animal Político obtuvo una copia, se hace énfasis en que el objetivo es regular el uso de la fuerza pública en el Estado de México, pero “de manera racional, congruente, y oportuna”, con respeto a los derechos humanos, en aquellos casos de fuerza mayor, donde se presente una alteración grave del orden público.

“Cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado de referencia, será pertinente el empleo de la fuerza a través de las instituciones de seguridad pública, con respeto irrestricto a los derechos humanos y sujetándose invariablemente a los principios establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política”, apunta el documento.

“Es indispensable garantizarse el correcto uso de la fuerza pública, precisando en que momento y circunstancias debe utilizarse, la forma en que debe hacerse y la responsabilidad con la que se debe dar su uso”, agrega.

12 puntos clave de la ley aprobada en el Estado de México 

1.- “Los elementos podrán emplear la fuerza en el control de multitudes y disturbios públicos, para restablecer el orden y la paz social, con el fin de evitar actos de violencia, daños a terceros, propiedades y la integridad física de las personas. Asimismo, respetarán el ejercicio del derecho de asociación y reunión de las personas siempre que se efectúe en los términos previstos por el artículo 9 de la Constitución”.

2.- “La determinación de hacer uso de la fuerza, en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales será tomada por el mando responsable del operativo, bajo su más estricta responsabilidad, debiendo informar de inmediato a su mando superior sobre tal determinación para los efectos conducentes”.

3.- Los agentes de seguridad pública solo emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave.

4.- Los elementos, al hacer uso de la fuerza pública, solo podrán emplear armas en el ejercicio de su cargo, para lo cual deberán contar con capacitación continua y certificación periódica.

5.- Las instituciones de Seguridad Pública en la entidad deben contar con una base de datos que contenga el registro detallado de las huellas y las características que impriman a los proyectiles u ojivas, las estrías o rayado helicoidal de las armas de fuego bajo su resguardo, así como de las armas y equipo asignado a cada elemento.

6.- Otra obligación de las instituciones es “establecer ejes y acciones para evitar el trato cruel y/o degradante y la tortura relacionada con el uso de la fuerza por sus elementos”.

7.- Los elementos de seguridad no deben emplear la fuerza con personas bajo custodia o detenidas.

8.- Las instituciones de seguridad deben “considerar el uso de la fuerza y hacerlo estrictamente cuando sea necesario”. Por ello se les pide que, antes de llegar a ese punto, utilicen “medios no violentos, tales como la persuasión, la cooperación y/o advertencia, con el fin de mantener la observancia de la ley, restaurar el orden y la paz pública”.

9.- En la lista de equipo asignado a los elementos de seguridad pública, están: las esposas, candados de pulgares y cinturones plásticos, bastón PR-24 o tolete, dispositivos que generan descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol, escudos, cascos, chalecos, y medios de transporte a prueba de balas.

10.- “El uso de la fuerza es el último recurso, sin embargo, podrá usarse como primera opción, siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establecen esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

11.- “Las instituciones de seguridad pública establecerán mecanismos eficaces para que la sociedad, a través del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, participe en la planeación y supervisión del uso de la fuerza pública”.

12.- “El gobierno del Estado y las instituciones públicas encargadas de hacer cumplir la presente Ley serán responsables de la reparación integral a las víctimas que resulten por el uso ilegal de la fuerza y de las armas de fuego”.

La ley entra en vigor 90 días hábiles después de que sea publicada en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. El poder Ejecutivo del estado tiene que expedir el Reglamento.

“Para efectos de la presente Ley, las instituciones de seguridad pública del Estado de México deberán capacitar a sus integrantes en el adecuado ejercicio del uso de la fuerza pública, dentro del plazo de 180 días hábiles contados a partir de su publicación”, apunta el dictamen.

El 25 de febrero pasado, tres de los cinco ministros que conforman la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron a favor de que el delito de ataques a la paz pública sea inconstitucional en México, al pronunciarse por otorgar un amparo a Bryan Reyes Rodríguez, quien fue uno de los detenidos en los disturbios del 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto comenzó su mandato presidencial.

La crítica

En redes sociales, los legisladores del partido Morena expresaron su rechazo hacia varios puntos de la ley.


“El gobernador Eruviel Ávila ha enviado una ley al Congreso local que no protege a los ciudadanos, ni conduce a una impartición de la justicia, es una ley que criminaliza la protesta social al regular el uso de la fuerza pública del estado”, dijo el diputado local Marco Antonio Ramírez, según se escucha en un video en Facebook.

#LeyAtencoEl gobernador Eruviel Ávila envió al Congreso local la propuesta para una #LeyAtenco que criminaliza la protesta social pacífica, a través de legitimar el uso de la fuerza y la represión.De este modo, sería legal llevar a cabo tragedias como la de San Salvador Atenco.Los diputados de #Morena vamos a votar en contra de esta #LeyAtenco Vamos a alzar la voz para defender los derechos humanos, la libertad de expresión, de manifestación y de libre tránsito… porque no queremos otro #Atenco en el Estado de México.
Posted by Marco Antonio Ramírez Ramírez on jueves, 17 de marzo de 2016


Un reconocimiento a nuestro diputados Paco Vazquez, Dip Mirian Sánchez Monsalvo, Vladimir Hernández, Marco Ramirez,...
Posted by CEE Morena Estado de México on jueves, 17 de marzo de 2016


“Es una ley que busca legitimar futuros atencos”, agregó. “En una manifestación, ante cualquier consigna, o expresión de pliego petitorio, la autoridad podría calificar la asamblea, manifestación o reunión, como ilegal, y entonces reprimirla”.

Vladimir Hernández Villegas, diputado de Morena, dijo que un artículo le permitirá al gobernador Eruviel Ávila lavarse las manos ante una eventual represión de una protesta social

“El artículo 16 establece que la determinación de hacer uso de la fuerza, en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales, será tomada por el mando responsable del operativo, bajo su más estricta responsabilidad”, mencionó el legislador.

“Con esto, el actual gobernador, Eruviel Ávila, no solo rehuye al juramento que hizo, de cumplir y hacer cumplir las leyes, sino que transfiere a los mandos operativos toda la responsabilidad de una eventual represión, como si los responsables del operativo se mandaran solos”, agregó.

Por el contrario, en el Congreso mexiquense la diputada priista Sue Ellen Bernal dijo que la ley busca dar certeza jurídica a los actos de autoridad “con apego irrestricto a las garantías constitucionales, la legalidad y los derechos humanos”, garantizando las libertades y preservando el orden y la paz pública.

Esta ley, según dijo en la sesión legislativa el diputado Aquiles Cortés López, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, “llena un vacío jurídico en la regulación del uso de la fuerza, garantizando el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y elementos policíacos”.


El dictamen:

Ley Del Uso de La Fuerza Pública:



Comunicado Del Congreso del Estado de México:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/leyatenco-aprueban-usar-la-fuerza-ante-protestas-amenazantes-en-el-edomex/

PGR se niega a investigar detenciones ilegales del #20NovMx; víctimas se amparan

A más de un año de las detenciones, los afectados han esperado, en vano, dos cosas: que las autoridades responsables respondan ante un juez penal, y que las dependencias involucradas restituyan a las víctimas.

El 20 de noviembre de 2014, Hugo, Tania, Luis Carlos, Atzin e Isaac fueron detenidos por policías federales y de la Ciudad de México, por participar o estar cerca de las manifestaciones que ese día se realizaron en la capital del país, para reclamar la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala… los cinco fueron golpeados por los agentes, amenazados con sufrir desapariciones forzadas como aquellas contra las que se manifestaban, y luego fueron enviados a un penal federal de alta seguridad, acusados de los delitos de “motín”, “homicidio en grado de tentativa” y “asociación delictuosa”.

Pero nueve días después, todos obtuvieron su libertad, al demostrarse que, en realidad, eran inocentes, y que las pruebas en su contra habían sido fabricadas por la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Ha pasado un año y cuatro meses, durante los cuales, estas víctimas han esperado, en vano, dos cosas: que las autoridades responsables de la detención y tortura sufridas respondan ante un juez penal por los delitos cometidos en su contra, y que las dependencias de gobierno involucrada en estos abusos restituyan a las víctimas por las afectaciones sufridas a manos de sus servidores públicos.

De hecho, destacó la abogada Margarita Grieshbach –integrante del colectivo CompasDH, que brinda acompañamiento legal a las víctimas– “el pasado 20 de noviembre de 2015, es decir, al cumplirse un año del operativo policiaco, presentamos una denuncia penal formal, de forma escrita, ante la Procuraduría General de la República, con el objetivo de que oficialmente se iniciara una investigación por estos hechos, y cuatro meses después de haber realizado dicho procedimiento, la PGR ni siquiera nos ha notificado la recepción de nuestro escrito.”

Esta omisión por parte de la PGR, explicó la también directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, representa una abierta violación al Código Federal de Procedimientos Penales, que obliga al Ministerio Público a iniciar una investigación de forma inmediata ante cualquier denuncia de delitos graves, y en este caso los delitos que se denuncian son considerados graves: detención arbitraria, tortura y fabricación de pruebas.

“Todos los detenidos del 20 de noviembre de 2014 obtuvieron la absolución –subrayó la abogada–, es decir, se comprobó que en su contra se fabricaron pruebas y testimonios de funcionarios públicos, y a partir de ellos un juez determinó que todos eran inocentes.”

Este veredicto no sólo puso en evidencia las irregularidades cometidas por la PGR durante el proceso (especialmente el haber fabricado la acusación contra los detenidos), sino que, a partir de tal determinación del juez, la Procuraduría incurrió en nuevas irregularidades: “En realidad, no era necesario que las víctimas denunciaran los atropellos que sufrieron, la PGR tenía la obligación de iniciar una averiguación previa, por el sólo hecho de haber tenido conocimiento de estos abusos, durante el proceso penal seguido a las víctimas que, finalmente, fueron liberadas”.

Sin embargo, abundó la abogada, la PGR no abrió ninguna investigación por iniciativa propia, “y ahora no quiere iniciar una averiguación ante la demanda presentada formalmente por las víctimas, aún cuando, para ello, tenga que violar el Código Federal de Procedimientos Penales, en el que claramente se estipula que cuando una persona acude a denunciar un delito, esta denuncia le debe ser recibida oficialmente y, como segundo paso, se debe citar al denunciante para que ratifique su dicho. Eso está establecido en la ley, no a gusto de la PGR.”

La demanda penal presentada en noviembre pasado, cabe destacar, no sólo va firmada por cinco de las once personas que fueron detenidas durante el operativo del #20NovMx, sino también por ocho académicos y periodistas, que pertenecen al colectivo CompasDH: Denise Dresser, Lorenzo Meyer, José Luis Caballero Ochoa, Luis González Placencia, Francisco Barrón Trejo, Layda Negrete, Juan martín Pérez García y Lydia Cacho.

–¿Cuál fue el objetivo de integrar el ColectivoDH, y de que se sumen como denunciantes, aún cuando no hayan sido detenidos el 20 de noviembre de 2014? –se pregunta a la abogada.

–Éste es un grupo integrado en el que habemos muchas personas, y algunas de ellas son personalidades de reconocida calidad ética. Y somos personas cansadas de denunciar en lo particular un acto represivo, y luego otro acto represivo también en lo particular, y luego otro… cuando, lo que nos deja ver esa situación es que se está aplicando una estrategia de Estado, una estrategia represiva.

Para entender esto, abundó, “hay que subrayar la diferencia entre delitos cometidos por servidores públicos, y crímenes de Estado. Si lo vemos de forma particular, pareciera que en cada caso de represión, lo que ocurre es que un grupo reducido de agentes del Estado cometieron delitos. Pero si lo vemos de forma más amplia, nos damos cuenta de que esto es tan sistemático y generalizado que puede visualizarse un patrón, que se repite por todo el país: ante la protesta social, se responde con operativos de barrido policiaco, con detenciones arbitrarias, con tortura, con fabricación de pruebas para encarcelar a inocentes. Y entonces ya no puede verse éste como un problema de unos agentes que se salieron de sus obligaciones, sino como una estrategia a la que responden las distintas dependencias de gobierno involucradas. Y este mismo esquema de barrido de espacios donde se realizan manifestaciones, con detenciones arbitraria, tortura y criminalización, se viene aplicando al menos desde el 1 de diciembre de 2012″.

El objetivo final que se planteó este colectivo, señaló la abogada, es obligar a las autoridades a realizar una investigación real, sobre esta estrategia represiva de Estado. “Queremos que se determinen las responsabilidades de los agentes que participaron en los operativos represivos, sí, pero también que se investigue a los mandos, de todas las áreas de los gobiernos implicados, e investigar hasta las más altas esferas de toma de decisión, porque estas son acciones que rebasan la capacidad de decisión de los mandos medios, de los comandantes de tropa, esta estrategia represiva demanda la coordinación de altos mandos a muchos niveles de la administración pública: sólo el 20 de noviembre de 2014, en el operativo con el que se desalojó a los manifestantes pacíficos del Zócalo, participó la policía del DF y la Federal, coordinándose con militares desde Palacio Nacional”.

–Pero, ¿cómo llegar a esa investigación, si la PGR ni siquiera les tomó nota de su denuncia?


–Nosotros esperamos el plazo razonable para recibir respuesta, que en asuntos legales es de 90 días, y al no obtener nada, el pasado 25 de febrero presentamos un amparo, que esperamos se resuelva en dos meses. Y confiamos, obviamente, en que un juez de amparo nos conceda la razón y obligue a la PGR a iniciar una investigación por los hechos denunciados. Creemos que es un amparo imperdible: ningún juez podría convalidar que la PGR ignore los procedimientos básicos estipulados en el Código Federal de Procedimientos Penales –concluyó.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/pgr-se-niega-a-investigar-detenciones-ilegales-del-20novmx-victimas-se-amparan/

Ordena INAI a Capufe entregar videograbaciones relacionadas con caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) deberá proporcionar las videograbaciones de los vehículos que transitaron por la caseta de cobro de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, día en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.


Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que Capufe se negó a entregar a un particular las videograbaciones de los autos que pasaron por la Plaza 3 Iguala, entre las 21:00 hrs. del 26 de septiembre de 2014 hasta las 5:00 hrs. del 27 del mismo mes y año.

Capufe señaló que no contaba con la información, en razón de que los servidores de video están configurados para almacenar máximo 60 días de grabación, como lo establece el Compendio Operativo de Plazas de Cobro, precisó el INAI en un comunicado.


El solicitante argumentó que de acuerdo con la versión pública del caso Ayotzinapa, Capufe entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) copia de los videos de la caseta de cobro de Iguala, Guerrero, donde sucedieron parte de los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, por lo que cuenta con la información solicitada.

En alegatos, Capufe reiteró la inexistencia de la información; sin embargo, en el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Oscar Guerra Ford, se advirtió que en efecto la PGR solicitó a Capufe las videograbaciones de los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, como consta en la versión publica de la averiguación previa del caso, disponible en el portal de la Procuraduría.

Al revisar específicamente los Tomos 71, 75 y 76 de la averiguación se verificó que el 17 de diciembre de 2014 Capufe remitió a la PGR las videograbaciones de la Plaza 3 Iguala, del 26 de septiembre del mismo año.

Con base en lo anterior se determinó que el argumento de Capufe de que no cuenta con la información porque los servidores de video almacenan máximo 60 días de grabación no es válido, ya que las videograbaciones fueron entregadas a la PGR 82 días después de los hechos.

Aunado a ello, el Compendio Operativo para Plazas de Cobro establece que en el caso de imágenes acumuladas durante el periodo de resguardo, en las que se hayan detectado irregularidades, faltantes graves o tomas de plazas de cobro, y sean objeto de investigación por una autoridad, deberán de ser almacenadas en medios alternos por el Analista de Operación, el Técnico Supervisor o el Analista Liquidador.

Por otro lado, se advirtió que Capufe no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes como lo es la Plaza de Cobro (Plaza 3 Iguala), que es la instancia encargada de almacenar en medios alternos las imágenes obtenidas a través de los sistemas de video grabación, en los que su contenido está sujeto a una investigación, como en el caso señalado.

Por ello, el Pleno del INAI revocó la respuesta de Capufe y le instruyó hacer una búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Plaza 3 Iguala, a fin de que proporcione al particular las videograbaciones cuidando que no se desprendan características físicas de personas que las haga identificables, ni sea posible observar el número de placas de vehículos de particulares.


En caso de que no sea posible proteger los datos personales referidos, Capufe deberá clasificar dicha información como confidencial debido a la imposibilidad que argumentó para elaborar una versión pública de los videos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/434192/ordena-inai-a-capufe-entregar-videograbaciones-relacionadas-caso-ayotzinapa

Desarticulan célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer la detención de tres personas y el desmantelamiento de una célula criminal que operaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, Jalisco.

La PGR informó que el operativo fue realizado de manera coordinada con el Ejército Mexicano y la Policía Federal dejó como resultado la detención de tres presuntos integrantes de la organización criminal, así como la incautación de armas de grueso calibre.

La titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, Elizabeth Hernández, precisó que en las inmediaciones del poblado Las Palmas, en el municipio de Puerto Vallarta, se ubicó un campamento acondicionado con lonas de plástico, en donde fue descubierto un grupo de personas fuertemente armadas.


Al percatarse de la presencia de los agentes federales, el grupo armado abrió fuego en contra de los mismos con armas de grueso calibre, quienes repelieron la agresión.

“Al verse superados en número, los agresores se fugaron, con lo que inició una persecución que culminó con la detención de tres de ellos, portando cada uno un arma larga, dos de las cuales contaban con lanzagranadas calibre 40 mm” dijo Hernández en un mensaje ante los medios de comunicación junto con Damián Canales Mena, jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal.

En el campamento, los agentes federales aseguraron seis armas largas, dos cortas, tres lanzacohetes RPG, tres calibre .50 barret, 40 granadas 40 mm, 15 granadas para lanzacohetes RPG, siete granadas de mano, 88 cargadores para arma de fuego de diversos calibres, así como 2 mil 294 cartuchos de diferentes calibres.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició averiguación previa en contra de los detenidos por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea (agravado), posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, y acopio de armas de fuego.


Los detenidos fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social número 6 en Huimanguillo, Tabasco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/434150/desarticulan-celula-del-cartel-jalisco-nueva-generacion-en-puerto-vallarta

Violan y asesinan a otra mujer en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO: Otra mujer fue encontrada asesinada en Puebla, esta vez en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, en el municipio de San Martín Texmelucan.


De acuerdo con reportes policiales el cuerpo de la víctima fue hallado en unos terrenos de cultivo, desnudo, con huellas de violencia sexual y una cortadura en el cuello.

Aunque la identidad de la mujer es desconocida, las autoridades estiman que tenía entre 22 y 25 años.

El hallazgo se realizó esta mañana minutos después de las 10:00 horas, atrás del Instituto Tecnológico Superior, en la colonia San Damián.

Con este caso suman 20 mujeres asesinadas en la entidad, de los cuales 14 han sido tipificados por la Fiscalía General de Justicia.

El jueves pasado el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) dio a conocer que de los 50 homicidios de mujeres registrados en los últimos 14 meses en Puebla, solamente un caso ha tenido sentencia.

María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, investigadora de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, dijo el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, que los gobiernos federal y estatal se niegan a declarar la Alerta de Género por cuidar sus intereses políticos.

“En la descomposición de las instituciones está la base de la violencia exacerbada que se registra en este país, incluidos los feminicidios, pero tanto al gobierno federal como al estatal no les conviene aparecer como un Estado donde hay violencia, porque eso supone que se vean acotados en términos de proyectos de inversión como en términos de carrera política”, puntualizó.


De acuerdo con la especialista en derechos humanos, la necesidad de emitir una Alerta de Género en Puebla es ya evidente, pero el gobierno de Rafael Moreno Valle niega que los asesinatos de mujeres vayan a la alza.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/434180/violan-asesinan-a-otra-mujer-en-puebla

Los homicidios aumentaron 12% en un año: SESNSP; el 35% de los casos se centra en 4 estados

Los homicidios dolosos reportados durante febrero pasado registraron un alza del 12 por ciento con respecto al mismo mes de 2015. Guerrero y el Estado de México son los estados más violentos del país al tener cada uno 160 averiguaciones previas por homicidio doloso; le siguen Sinaloa con 117 casos y Jalisco. Estas cuatro entidades concentran el 35 por ciento de los homicidios dolosos registrados en México durante el pasado mes de febrero, revelan las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La cifra de homicidios dolosos reportados durante febrero pasado registró un alza del 12 por ciento con respecto al mismo mes de 2015 y del 3.48 por ciento con respecto a enero de este año, revelan cifras del “Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2016” elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las cifras proporcionadas por el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) muestran cómo los asesinatos ocurridos en todo el país aumentaron de enero a febrero de este 2016 al pasar de mil 551 casos a mil 607. Los datos también dan cuenta de un incremento de 194 homicidios entre el mes pasado de este año con respecto al mismo periodo de 2015, cuando se contabilizaron mil 413 homicidios.

A nivel nacional, los homicidios dolosos acumulados en los dos primeros meses de este 2016 ascendieron a 3 mil 158 casos, cifra mayor en un 10 por ciento a los 2 mil 841 asesinatos perpetrados en los dos primeros meses del año pasado.

La información del Secretario Ejecutivo refiere que los secuestros registraron un incremento del 6.7 por ciento entre enero (97 casos) y febrero del presente año (104 plagios). Sin embargo, la incidencia de este delito disminuyó 22 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaron 135 casos, la cifra más alta de todo 2015.

Con respecto a los casos de extorsión, las cifras gubernamentales muestran una ligera alza del 2.30 por ciento en las averiguaciones previas iniciadas por este delito en enero (382) y las registradas en febrero (391). Al igual que en el secuestro, la incidencia de este delito reportó una baja del 17.85 por ciento entre febrero de 2016 y el mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaron 476 casos, la cuarta cifra más alta de 2015.

Los plagios y extorsiones reportadas en enero y febrero de este año tuvieron una disminución del 17.95 por ciento y del 10.73 por ciento, respectivamente, en comparación con los dos primeros meses de 2015.

De acuerdo con las cifras aportadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas al Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero y el Estado de México son los estados más violentos del país al tener cada uno 160 averiguaciones previas por homicidio doloso; le siguen Sinaloa con 117 casos y Jalisco con 113.

Estas cuatro entidades concentran el 35 por ciento de los homicidios dolosos registrados en México durante el pasado mes de febrero, revelan las cifras del Secretariado Ejecutivo.

En el tema de secuestro, Tamaulipas está a la cabeza de los casos reportados en todo el país con 22 denuncias. Le siguen el Estado de México con 17 averiguaciones previas y Veracruz con 10. Las cifras muestran que en estas tres entidades se sitúan el 47.11 por ciento de los plagios perpetrados en el país.

Con respecto a las extorsiones, éstas se llevaron a cabo en los estados en los que localizan las principales ciudades del país. Las cifras presentadas colocan a la cabeza de este delito a Nuevo León (63 casos), Jalisco (51 casos), Ciudad de México (49 casos) y el Estado de México (46 casos).


Las extorsiones denunciadas en estas cuatro entidades representan el 45.78 por ciento de los casos contabilizados en todo el país.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-03-2016/1638701

domingo, 20 de marzo de 2016

ANTORCHA AYUDÓ A MOREIRA A ESCONDER 1,100 MDP EN EL EDOMEX

El escándalo de la deuda de Humberto Moreira en Coahuila alcanzó también a ex funcionarios federales e involucra a la organización priista Antorcha Campesina, cercana al Presidente Enrique Peña Nieto.

Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- La maniobra para ocultar 1 mil 100 millones de pesos defraudados al erario de Coahuila durante el Gobierno de Humberto Moreira utilizó al Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, gobernado por Antorcha Campesina, organización priista con la mayor cercanía al Presidente Enrique Peña Nieto.

Los detalles de cómo se realizó la obtención ilegal del crédito con Banca Santander por los 1 mil 100 millones de pesos que ha llevado a prisión a cercanos de Moreira, también ex presidente nacional del Partido Revolucinario Institucional (PRI), se encuentran en el auto de plazo constitucional existente dentro de la causa penal 16/2012-II abierto por el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales del entonces Distrito Federal contra Jorge López Alarcón, uno de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) involucrados en el timo.

SinEmbargo posee copia completa de este documento.

Básicamente, con la finalidad de obtener el crédito, diversos funcionarios del Gobierno estatal proporcionaron a Santander datos sobre el monto de los activos de Coahuila.

Banco Santander y el Gobierno de Humberto Moreira Valdes formalizaron el crédito por hasta mil 100 millones de pesos el 12 de julio de 2010 firmando, como representante de Gobierno, Héctor Javier Villarreal Hernández, en ese momento Secretario de Finanzas.

Para llegar a este punto, se falsificó la autorización del Congreso de Coahuila para la adquisición de la deuda y, además, la Dirección de Deuda Pública de Estados y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó el visto bueno a favor del estado para la obtención de los recursos.

El crédito quedó anotado en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, también dependiente de la SHCP, con el folio 415/2010.

Al respecto, se lee en la acusación penal:


“Sin embargo, el registro anterior carece de toda validez jurídica y resultó apócrifo en virtud de que en los registros de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, ese número corresponde a un contrato de apertura de crédito simple entre el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, como deudor directo, y como acreedor, Banca MIFEL, por la cantidad de 74 millones de pesos”.

Y, fuera de la investigación penal referida, algo llama la atención: actualmente, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios no existe ningún crédito contraído por Chimalhuacán con Banca MIFEL. En el listado aparecen únicamente dos empréstitos de esa demarcación con Banobras, ambos de 2013, uno por casi 30 millones de pesos y el otro por 95 millones de pesos.

En 2010, cuando se efectuó el fraude, Chimalhuacán tenía como Presidente Municipal a Jesús Tolentino Román Bojórquez, líder en el Estado de México de Antorcha Campesina y eventual jefe nacional de la organización.


CERCANOS

Si bien es claro que Humberto Morerira fue ungido presidente nacional del PRI al término de su Gobierno en Coahuila para acompañar la candidatura presidencial Enrique Peña Nieto, ¿qué relación existe entre el político mexiquense y Antorcha Campesina?

El domingo 21 de junio de 2009, Enrique Peña Nieto vivió el Estadio Azteca repleto de playeras rojas. La marea, más que priista, era antorchista y desbordaba el primer evento público y masivo del mexiquense hacia la Presidencia de México.

De esto, de ser un evento electoral y, en consecuencia, un acto anticipado de campaña, se acusaría a Peña Nieto ante el entonces Instituto Federal Electoral (IFE). El órgano resolvió la improcedencia de los señalamientos.

Peña estaba ahí para celebrar el 35 aniversario del Movimiento Nacional Antorchista. Vestido con camisa de blanco impecable, sin corbata, presenció el Can Can de Offenbach puesto en escena por los mismos antorchistas.

El Gobernador asintió con la cabeza y habló:


“Amigas y amigos del Movimiento Antorchista Nacional. Les saludo con gusto y con afecto. Este evento tiene particular significado para esta organización social, porque da muestra evidente de su fuerza y de su capacidad de convocatoria”.

La gente coreó:

“¡Se ve, se siente: Antorcha está presente!”.

Peña sonrió e hizo una pausa. Continuó con el ceño fruncido, aplomado.

“En el Gobernador del Estado de México tienen un aliado porque desde su Gobierno trabajará para lograr objetivos compartidos”, dijo.

La multitud rugió y así siguió, sin notar el resbalón en el discurso del Mandatario cuando deseó el destierro “del escenario donde muchos tengan poco y pocos tengan mucho, donde realmente logremos tener, en esta gran nación, justicia y desigualdad social”.

Peña tardó algunos instantes en reparar que había resbalado y quiso meter reversa en voz baja: “Igualdad”, se corrigió.
Los gritos y la insolación encubrían todo.


Aquiles Córdova devolvió el halago a Peña Nieto:

“México necesita políticos comprometidos con las mayorías… políticos de altura, emprendedores y valientes”, expresó.

Además de Peña acudieron Ulises Ruiz Ortiz, aún Gobernador de Oaxaca, y la entonces Senadora María de los Ángeles Moreno. El festejo, admitieron entonces sus organizadores, costó 4 millones de pesos.



La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su análisis de la cuenta pública correspondiente a 2011 para ese Fondo Metropolitano, reparó en la adquisición del predio con recursos asignados al Estado de México del Rancho El Pimiango, en el municipio de Texcoco, vecino de Chimalhuacán.

El órgano fiscalizador anota que el contrato número 83841 tuvo por objeto la adquisición del rancho El Pimiango por parte del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social. El contrato fue formalizado el 13 de septiembre de 2011, dos días antes de que Peña Nieto concluyera su mandato, y estipuló la adquisición de 20 fracciones de terreno con una superficie de 382 mil 912 metros cuadrados en el poblado de Santiago Cuautlalpan, en Texcoco.

El fin de la compra, se estableció formalmente, fue la reubicación de los asentamientos irregulares ubicados en el Ejido Santa María Chimalhuacán, en el área de reserva ecológica del ex Lago de Texcoco.

La operación ascendió a 165 millones de pesos, en su mayoría provenientes del Fondo Metropolitano. El contrato también incluyó la cesión de derechos por parte de una empresa para el aprovechamiento y explotación del pozo de agua ubicado dentro del terreno adquirido.

La ASF anota que la compra del rancho tuvo una asignación de recursos federales por 125 millones de pesos transferidos el 1 de diciembre de 2011, dos meses y medio después del inicio de gobierno de Eruviel Ávila.

La ASF emitió la siguiente observación:

“Se verificó que se efectuaron tres pagos por 65 millones de pesos en 2011; sin embargo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México no comprobó con qué recursos fueron pagados ya que la cuenta de ese proyecto [el de la compra del inmueble] no registró transferencias en ese año”.



Fuente: Sin Embargo
Autor: Humberto Padgett
http://www.sinembargo.mx/20-03-2016/1638278

¿De qué se trata?, ¿para qué tanta lucha?

Tijuana, 18 de marzo.- “Nada… no ha cambiado nada”, dice María, una campesina del Valle del San Quintín quien el 17 de marzo de 2015 salió junto con miles de jornaleros agrícolas a marchar para exigir mejores condiciones laborales.

Advierte que desde ese día a la fecha solo una cosa es diferente: gana 20 pesos más, pero trabaja casi el doble, aunque sigue peleando por sus prestaciones y la existencia de un sindicato que en verdad los represente y defienda.

“Yo, por ejemplo, tengo tres hijos... mi esposo tiene como siete meses que murió, prácticamente en la lucha. Mis niños se quedan en una estancia, y qué bueno que la tenemos pero ya han pasado accidentes de que se caen o salen lastimados y nadie responde... si antes tenía que llenar 40 botes con fresas, ahora son casi 70 y no me dejan ir hasta que los cumplo… ¿de qué se trata?, ¿para que tanta lucha?”, cuestiona al hacer una reflexión sobre su panorama.

Su caso es igual al de otros 60 mil trabajadores del Valle de San Quintín, quienes después del levantamiento del 17 de marzo cuando bloquearon la carretera Transpeninsular, se confrontaron a las corporaciones policiacas, se deshicieron de la unidad blindada conocida como “el tiburón” para protestar y no han visto cambios en sus vidas o en las de sus familias ni en el resto de los campesinos que viven al sur de Ensenada.

Uno pensaría que es mejor, pero todo es más caro

Luis Benítez es un joven de 19 años, trabaja en el rancho agrícola Los Pinos, de los Rodríguez. Llegó de Oaxaca hace un par de meses porque le prometieron mejores condiciones laborales que derivarían del movimiento jornalero, pero gana 900 o máximo mil pesos por semana –100 más que en su lugar de origen, siempre y cuando trabaje siete días de la semana con una prima dominical–.

“Sí, claro que sí, uno lo reconoce, es mejor aquí que allá en el centro... las casitas están mejores y te dan unos pesos más. Pero con todo lo que pasó y salió en la televisión uno pensaría que aquí uno puede vivir como campesino, pero no, todo es más caro también, las tiendas de raya, los servicios, la verdad a veces quisiera regresarme porque no sé si separarme de mi familia valió la pena, y todavía la gente nos sigue despreciando”, lamenta.

Después de la movilización que inició hace un año, de los bloqueos de la carretera federal y múltiples reuniones con autoridades de los tres órdenes de gobierno, que en al menos dos ocasiones terminaron en enfrentamientos, se acordó un aumento salarial.

Los jornaleros que ganaban 110 pesos diarios exigieron 200, pero obtuvieron 130 y después terminaron por crear tres categorías: de 150 pesos la primera, 165 la segunda y 180 la tercera, pero a la fecha, ningún campesino gana ese monto.

Abuso a mujeres, alta incidencia

El levantamiento jornalero fue escenario para denunciar que el acoso sexual y laboral contra las mujeres por parte de capataces y encargados de los campos es situación recurrente, por lo que el cese a esas prácticas fue uno de sus principales reclamos.

No se ha informado si se aplicaron medidas correctivas, pero mientras tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CBDH) reportó que casi la mitad de las quejas que se han recibido en lo que va del año por abuso a mujeres por su condición de género corresponden precisamente a Ensenada.

La directora del organismo, Melba Adriana Olvera, detalló que en total son 42 quejas de las cuales 33 son por condición de género y 14 se presentaron en Ensenada que rebasa la estadística de Tijuana que tiene mayor población.

Anunció que antes de que concluya marzo instalarán una mesa de seguimiento a las quejas en el sur de Ensenada para hacer un análisis sobre el tipo de abuso contra la población femenina. Al momento se ha detectado que hay abuso sicológico en los campos laborales –acoso laboral o sexual– y el resto tiene que veer con violencia intrafamiliar derivada de condiciones de pobreza, educación y cultura.

Ruptura campesina, surgen dos sindicatos

El organismo que inició con la lucha por los derechos laborales de los campesinos fue la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social que, en ese entonces, la encabezaban 13 voceros. Después de reuniones, pactos y una serie de señalamientos de corrupción entre sí, terminaron por dividirse y crear dos sindicatos, sin que alguno haya obtenido beneficios para los jornaleros.

La primera agrupación en crearse fue liderada por Justino Herrera –ex miembro del movimiento y líder de la comunidad triqui de San Quintín–, quien con apoyo del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, consiguió el registro del Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros Agrícolas y Similares, dirigido ahora por su secretario general Enrique a la Torre.

“Desde nuestra existencia somos casi unos 500 afiliados, más o menos, pero hay un problema… los patrones y rancheros no cumplieron. No hay mejores salarios, no hay más servicios de salud, tampoco prestaciones y lo peor, ni siquiera un mejor trato, estamos por el camino de dialogar pero no de quitar el dedo del renglón porque hay que decirlo, seguimos igual”, advirtió.

Fidel Sánchez es otro líder de los trabajadores que representa al Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agríco-las (Sindja), con un registro de alrededor de 40 jornaleros y unos 350 en proceso de “enlistarse”.

“Empezamos juntos y ahora… nos dividieron. Lo lograron. Pero lo que no lograron es pararnos; con ellos o sin ellos seguimos peleando por nuestros derechos, tal vez desde otras trincheras, desde otros sitios y de maneras distintas, pero al final buscamos lo mismo, un alto a tanta explotación, al enriquecimiento de unos y la miseria de otros, de nosotros los campesinos y de nuestros hijos”, aseguró.

Sánchez señaló que la creación de los sindicatos para los trabajadores del campo “es un gran avance” para romper con las organizaciones “charras” que durante décadas fueron testigos de la explotación laboral de sus agremiados y nunca hicieron nada, pero “lo que sí hicieron fue enriquecerse pactando con los empresarios”, sin contemplar las necesidades de los jornaleros.

Los representantes campesinos coincidieron en denunciar que los ranchos agrícolas han emprendido una campaña de presión y amenazas contra sus trabajadores para que permanezcan en los sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y a la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), ambos vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Se unen organizaciones civiles a marchas

El 17 de marzo se cumplió un año de la movilización de campesinos, por lo que activistas y representantes de los trabajadores como Fidel Sánchez y Gloria Gracida, hicieron un llamado para asistir a una marcha que organizan para las primeras horas de ese jueves que partirá del Valle de San Quintín para finalizar en el Faro de Playas de Tijuana.

Su intención es que la caravana termine en el muro que divide a México con Estados Unidos para reunirse con integrantes de organizaciones de Estados Unidos que también luchan en favor de los jornaleros bajacalifornianos.

Entre sus propósitos se encuentran el hacer visible el boicot contra las agroindustrias que operan al sur de Ensenada y que mantienen la explotación de sus trabajadores.

Además de ser hija de padres campesinos, Gracida es maestra y activista. Desde que inició el movimiento ha encabezado la campaña en otros países en contra de la compañía Driscoll's, dedicada a la producción de fresas y que tiene como afiliada a Berrymex en San Quintín, la cual es señalada como una de las agroempresas con peores condiciones laborales.

“Lo único que siempre hemos exigido son nuestros derechos, nada más, ninguna otra cosa que no merezcan o ¿ser campesino significa resignarse a morir de hambre? Hemos buscado replicar el boicot y lo hemos llevado hasta Nueva York, lo hicimos en California y lo haremos en más partes del mundo, la gente tiene que saber que a veces el costo de una canasta de fresas es la vida de un trabajador”, advirtió.

Miembros del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) también participarán en la movilización, dijo uno de los representantes en Tijuana, Rogelio E. Méndez, quien además detalló que apoyarán con despensas y diferentes artículos de necesidad para las familias de los campesinos en San Quintín.

“Si bien no somos como tal el movimiento, tenemos que pensar en nuestra gente, Muchos de ellos son hermanos indígenas que vienen del centro del país y que llegan esperando mejores oportunidades, pero al estar aquí se enfrentan a todo, ir y acompañarlos es nuestra forma de decir que aquí estamos, lo hicimos al principio y lo haremos de nuevo”, señaló.



Fuente: La Jornada Baja California
Autora: Gabriela Martínez
http://jornadabc.mx/tijuana/18-03-2016/de-que-se-trata-para-que-tanta-lucha

Driscoll's busca esclavos no trabajadores: jornaleros

Tijuana, a 20 de marzo.- La empresa Discroll's busca esclavos no trabajadores, aseguró el dirigente del Sindicato Independiente Nacional y Democrático de Jornaleros Agrícolas, Lorenzo Rodríguez, al llegar al Faro de Playas de Tijuana, luego de cuatro días de una caminata de protesta que realizaron desde San Quintin.

El dirigente explicó que la marcha se realizó en conmemoración del aniversario del levantamiento de jornaleros en el Valle de San Quintin, que se registró el 17 de marzo del 2015.

Lorenzo Rodríguez señaló que desde entonces a la fecha las condiciones siguen siendo las mismas, ya que algunos ranchos continúan pagando hasta 130 pesos por jornadas de trabajo de 12 horas, ello a pesar de la firma de los acuerdos con el gobierno.

El dirigente sindical aseguró que por eso se mantienen en pie de lucha impulsando el boicot comercial internacional en contra de la empresa exportadora de fresas de San Quintin Driscoll's.

Lorenzo Rodríguez destacó también que en este boicot participan organizaciones y sindicatos de Estados Unidos para presionar a empresas trasnacionales como Walmart y Costco, para que no distribuyan estas fresas conseguidas con la explotación de los jornaleros.

Explicó que está empresa aunque paga 180 pesos, mantiene jornadas de 12 horas diarias, seis días a la semana y si por algún motivo un trabajador falta le descuentan 30 pesos diarios durante una semana.

Por su parte, el dirigente de los jornaleros, Fidel Sánchez, dijo que "Driscoll's está acabando con la humanidad, por que se está llevando el agua".

Los jornaleros también tuvieron un encuentro con organismos y sindicatos americanos que llegaron por la playa y dialogaron a través de la malla divisoria hasta donde llegaron representantes de 53 organizaciones de ese país, que no pudieron acercarse a la malla por la presencia de elementos de la patrulla fronteriza que lo impidieron.

Sin embargo, instantes después dirigentes americanos se acercaron unos momentos a la malla escoltados por agentes migratorios y el mítin se trasladó al parque binacional.



Fuente: La Jornada Baja California
Autor: Hamlet Alcántara
http://jornadabc.mx/tijuana/20-03-2016/driscolls-busca-esclavos-no-trabajadores-jornaleros

“Tengo miedo del gobierno mexicano”: Kate del Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En una entrevista concedida a la periodista Carmen Aristegui para la cadena CNN Español, la actriz Kate del Castillo confiesa que teme al gobierno mexicano.

La entrevista, la primera que Del Castillo concede en español, saldrá en un programa especial de CNN Español los próximos martes y miércoles a las 11:00 pm hora del este de Estados Unidos.

Cuando Aristegui le pregunta a la protagonista de La Reina del Sur si teme alguna represalia y teme por su vida, Del Castillo responde con voz entrecortada: “Tengo miedo del gobierno mexicano”.

La actriz habla de su polémica relación con Joaquín El Chapo Guzmán, preso en el penal del Altiplano.

En el promocional de la entrevista, se observa que Aristegui le pregunta a Kate si Sean Penn resultó una “caja de sorpresas” y si consideraba eso una “traición”.

En una entrevista transmitida el viernes pasado, Del Castillo respondió “¡Lo siento!” al ser cuestionada por la periodista estadunidense Diane Sawyer sobre su reunión con el exlíder del Cártel de Sinaloa.

“Soy una mujer honorable… lo siento”, justificó la actriz mexicana durante el programa 20/20, de la cadena de televisión estadunidense ABC, transmitido en horario estelar.

El programa “especial” de una hora fue dedicado en su totalidad a la entrevista con Del Castillo sobre su reunión con Guzmán Loera en octubre del año pasado, meses antes de la segunda recaptura del capo, ocurrida el 8 de enero pasado en Los Mochis, Sinaloa.



Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/434140/tengo-miedo-del-gobierno-mexicano-kate-del-castillo

De Tlatelolco a Ayotzinapa, continuidad del autoritarismo

El mes pasado la televisión pública holandesa transmitió el documental Gustavo Díaz Ordaz: Todo tiene un límite, el cual establece paralelismos entre la matanza de Tlatelolco y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para mostrar lo que para su autora, Stefanie de Brouwer, es una “tiranía invisible” que ha controlado México desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz hasta la fecha. La periodista confiesa que su experiencia en este país ha sido “la más asfixiante” por ese abuso impune del poder de la autoridad: “Más que en los países africanos que también se presentan como democracias y que todos saben que no lo son”.

BRUSELAS (Proceso).- El video, tomado en la oscuridad con un teléfono celular, es confuso y angustiante. Un grupo de jóvenes de la normal de Ayotzinapa les grita a los policías que les disparan que ya le “dieron” a uno de sus compañeros: se trata de Aldo Gutiérrez, de 19 años, quien yace en el suelo con un balazo en la cabeza que lo dejó en coma desde entonces.

“¡Ya mataron a uno! ¡Espérense! ¡Llamen a una ambulancia!”, clama desesperada una voz. De fondo y en aparente contradicción con el drama que se intuye, se escucha una música triste que aumenta la pesadumbre de esa escena ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, episodio en el cual la Policía Municipal detuvo a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la normal de Ayotzinapa, quienes desde entonces están desaparecidos.

La imagen forma parte de un documental holandés; la siguiente es una toma diurna de esa normal guerrerense. Jóvenes alumnos caminan, van de un aula a otra. El narrador interviene: “Hacia afuera (México) parece una democracia, pero hacia adentro existe una represión que no quedaría mal en una dictadura. La tiranía invisible que controla México se hizo visible para el mundo entero en 2014 con la desaparición de 43 estudiantes…”.

El documental fue producido por la televisora pública holandesa VPRO y transmitido el 6 y el 10 de enero pasados como parte de la serie histórica Speeches (Discursos).

Titulado Gustavo Díaz Ordaz: Todo tiene un límite, el trabajo periodístico de la televisión holandesa es excepcional en la manera en la cual relaciona dos acontecimientos que han marcado la historia de México. El documental de 48 minutos relata la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, durante el gobierno de Díaz Ordaz, y en paralelo presenta a los televidentes holandeses el más reciente capítulo de violencia, ahora contra los estudiantes de Ayotzinapa, con otro régimen priista, el de Enrique Peña Nieto.

La periodista que realizó el documental, Stefanie de Brouwer, explica a Proceso que “la idea fue partir de un hecho de actualidad y después acudir a la historia.

“Cuando me puse a investigar –relata–, me percaté de que había una relación entre esos casos, el del 68 y Ayotzinapa, e incluso me enteré que el historiador Sergio Aguayo estaba escribiendo un libro sobre el tema. Mi intuición fue correcta y decidimos realizar el documental.”

Autoritarismo histórico

El documental arranca con un filme de archivo en blanco y negro de un mitin en 1968, en el cual una joven estudiante se dirige a sus compañeros. Nerviosa y a punto del llanto, dice que hay tanques en el Zócalo. “Agreden a todos, mujeres, hombres y niños. Pisotean la Constitución. No hay libertad de palabra. ¡No somos guerrilleros, somos estudiantes! ¡Que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos su juventud!”.

El narrador expone una síntesis de lo que el programa plantea a los televidentes, mientras se observa en la pantalla una manifestación de protesta contra la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa:

“Cada discurso tiene su propia historia. En México, un país fracturado por la guerra contra las drogas, desaparecieron 43 estudiantes después de un enfrentamiento violento con la policía. Los estudiantes estaban en autobuses; querían ir a conmemorar un evento que sucedió hace casi 50 años.

“En ese entonces (1968), decenas de estudiantes, cientos según algunos, fueron asesinados por disparos de metralletas salidos de la nada. ¿Por qué tenían que morir? Nadie puede responder esta pregunta de manera satisfactoria: es uno de los misterios históricos del país”, prosigue.

Las palabras que dan título al documental forman parte del discurso que pronunció Díaz Ordaz en su cuarto informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1968, un mes antes de la matanza de Tlatelolco:

El discurso original, con todo y la interrupción de los diputados al presidente para aplaudirle de pie, aparece en cuadro: “Se cuentan por centenares los casos en toda la extensión de la República en que estudiantes o seudoestudiantes se posesionan violentamente de sus escuelas, presionan a sus rectores, directores y maestros, llegando inclusive a su secuestro (…) Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo”.

Esta última parte se repite varias veces a lo largo del documental para situar al telespectador holandés en el fondo del tema: el autoritarismo –pasado y presente– del régimen mexicano.

De Brouwer recabó los testimonios de Ana Ignacia Rodríguez, La Nacha, y Luis González de Alba, líderes del 68, y entrevistó al periodista Jacinto Rodríguez Munguía, quien, luego de una investigación en el Archivo General de la Nación, sostiene la hipótesis de que el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, manipuló a Díaz Ordaz para que usara mano dura contra los estudiantes, y que incluso pudieron ser francotiradores a su servicio quienes iniciaron el tiroteo en Tlatelolco.

La periodista holandesa también charló con el normalista José Luis Méndez Pérez, uno de los sobrevivientes del ataque en Iguala en septiembre de 2014.

El documental de la televisora holandesa está estructurado como un juego de espejos: continuamente salta de una época a otra, de tal modo que el televidente comprenda los paralelismos entre el 68 y la desaparición de los 43 normalistas.

La realizadora incluye un diálogo con Omar García, uno de los voceros de los estudiantes, mientras se dirigen a una actividad política en un autobús de la compañía Costa Line “secuestrado”.

El narrador del documental señala que el Estado cerró los fondos para la normal de Ayotzinapa por su “potencial amenaza” contra la autoridad, pero que los estudiantes tienen “formas no muy ortodoxas” para seguir funcionando. “El estacionamiento (de la escuela) está lleno de camiones de Coca-Cola y autobuses secuestrados”, precisa la voz.

–¿Este autobús es uno detenido? ¿O cómo lo veo? –le pregunta, medio confundida, la periodista holandesa.

–Hasta el momento no ha habido ninguna queja de las empresas de autobuses. Ninguna ha denunciado o le ha pedido al gobierno: “Queremos que rescaten nuestros autobuses o a nuestros choferes” –responde García, y explica que hay convenios con las líneas de autobuses para utilizarlos.

–¿Entonces la empresa está con ustedes?

–No es un convenio… ¿cómo se puede decir?… de plena voluntad, pues… Más bien es un convenio que nos conviene a ambos: nosotros nos transportamos (…) y la empresa se ve beneficiada en que sus autobuses no sean maltratados.

–¿Entonces hay un contrato social?

–Algo parecido…

Desprotegidos

El documental deja notar cierto pesimismo al afirmar que los estudiantes de Ayotzinapa “perdieron toda la inocencia y no esperan nada del Estado”, en tanto que los muchachos que se manifestaban en el 68 “todavía creían que con argumentos podrían convencer al gobierno” de sus exigencias de mayor apertura.

El comentario final es un balde de agua helada: “Las familias y padres de los 43 estudiantes todavía se encuentran en la oscuridad. Pero no quieren dejar de pensar que siguen vivos… en contra del sentido común”.

–El documental muestra que en México hay un problema estructural de violencia de Estado, de violaciones a los derechos humanos, de represión contra los estudiantes –le comenta este corresponsal a De Brouwer.

–Sí, es la información que contiene el documental.

–¿Y qué lectura de los hechos pretende transmitir a los televidentes holandeses?

–Quería explicar sobre todo qué pasó con los muchachos de Ayotzinapa. Su desa­parición fue una noticia que llamó mucho la atención en Holanda. Quería contar la historia detrás de esta noticia de actualidad. Sobre México siempre se habla del narcotráfico, un problema que existe y que es enorme; pero yo quería informar que hay algo mucho más grave en el país y que existe desde hace mucho tiempo. El objetivo es dar un panorama más profundo de lo que sucede.

–¿Y cuál es ese problema más profundo?

–Lo que más me ha impactado de México es la falta de orden jurídico. Nadie está protegido contra la fuerza del Estado, contra la policía. Eso me parece más importante tratándose de un país que se considera una democracia.

De Brouwer comenta que ha viajado por todo el mundo, y asegura que su experiencia en México ha sido “la más asfixiante” por ese abuso impune del poder de la autoridad: “Más que en los países africanos que también se presentan como democracias y que todos saben que no lo son”.

En el documental no hay una referencia directa al presidente Peña Nieto ni a su gobierno. Sólo aparece un instante una pancarta con su imagen y su nombre durante una manifestación por Ayotzinapa en la Ciudad de México.

Según la periodista holandesa, “la prioridad no era denunciar a algún gobierno, sino explicar un fenómeno político” más amplio.

Peña Nieto visitará Holanda los próximos 30 y 31 de mayo. A finales de enero pasado, un grupo de mexicanos residentes en ese país lo declaró persona non grata. En una carta pública declararon: “La invitación hecha a un presidente que encabeza un gobierno corrupto y violador de derechos humanos demuestra que para los Países Bajos, igual que antes para el Reino Unido y Francia, los intereses económicos siempre tendrán prioridad”.

–¿El gobierno de Holanda debe abordar con Peña Nieto los problemas que plantea en su documental, o al menos el tema de Ayotzinapa? –se le cuestiona a De Brouwer.

–Sí. El papel de Europa, y de Holanda, es hablar de estas cosas. El problema de siempre es cómo, cómo hacerlo de una manera que pueda influir para demostrar que sí somos críticos. Tendríamos que hacer más, pero es muy difícil.



Fuente: Proceso
Autor: Marco Appel
http://www.proceso.com.mx/433980/tlatelolco-a-ayotzinapa-continuidad-del-autoritarismo