CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Francisco Vidal Soberón, por la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución arbitraria de Armando Humberto del Bosque Villarreal en Nuevo León.
Del Bosque Villarreal fue detenido el 3 de agosto de 2013 por personal de la Semar en el municipio de Anáhuac, luego de que interpuso una queja contra un vecino que resultó ser informante de los marinos destacamentados en el poblado de Colombia.
Pese a que los hechos fueron atestiguados por pobladores y el padre de la víctima (Humberto del Bosque Gutiérrez), la Semar negó la detención en comunicaciones a la CNDH y a la Procuraduría General de la República (PGR). Dos meses después, el cuerpo del joven de 33 años apareció en inmediaciones del asentamiento de los marinos. (Proceso 1921, 1928).
En el número 2055 del semanario que circula esta semana se retoma la denuncia del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, quien documentó el caso sobre el posible encubrimiento “de alto nivel”, para que después de más de dos años de los hechos la PGR pudiera consignar el asunto, y entre el 8 y el 9 de marzo un juez de Nuevo León dictó auto de formal prisión a cinco elementos por desaparición forzada. El juez negó la aprehensión para tres por encubrimiento, en tanto que la PGR abrió otro expediente por la ejecución extrajudicial del joven, caso que no ha sido consignado.
En un comunicado, el organismo presidido por Raúl González Pérez señaló que “a pesar de que la Semar informó a la Comisión Nacional no contar con elementos que lleven a determinar que el personal naval haya detenido a la víctima, las evidencias recabadas acreditan que sí fue detenido de manera arbitraria por aproximadamente ocho elementos navales y que ellos fueron los últimos con quienes vieron a la persona con vida, lo que conduce a inferir que son los responsables de la desaparición forzada”.
Más aún, para el organismo “hay concatenación de la desaparición forzada perpetrada con la muerte de la víctima, lo que, aunado a las circunstancias en que fue encontrado su cadáver, conlleva a considerar que se trata de un caso de ejecución arbitraria violatorio al derecho humano a la vida”.
En el documento la CNDH explica que la responsabilidad de los marinos en la ejecución del joven se “robustece con las evidencias recabadas por este organismo nacional, entre otras, el dictamen de criminalística de campo realizado por un perito de la PGR, que concluyó que la víctima recibió un disparo de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza, a una distancia no mayor a 70 centímetros, en posición de sometimiento”.
De acuerdo con la recomendación, don Humberto del Bosque presentó la queja por la detención arbitraria de su hijo y la negación del personal de la Marina, el 7 de agosto de 2013, inicialmente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, instancia que ese mismo día remitió la denuncia a la CNDH.
El 15 de agosto de ese mismo año, un visitador adjunto de la CNDH atendió la queja y recabó, entre otros elementos, un parte informativo de policías municipales de Anáhuac por el que notificaban que recibieron la querella de Del Bosque Villarreal en contra de vecinos que allanaron su domicilio y lo amenazaron de muerte, y que más tarde solicitaron el apoyo del destacamento de la Semar en Colombia, cuyos efectivos se llevaron al joven y su automóvil.
La CNDH obtuvo el audio de una llamada telefónica en la que el comandante de los marinos que detuvo al joven, el capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada, habla con un agente municipal sobre dicha detención y “qué hicimos con el muchacho”.
Para documentar la detención arbitraria, el organismo contó además con 12 testimonios, 15 declaraciones ministeriales y un dictamen de audio y video.
En la recomendación, el organismo señala que “es indudable que quienes participaron en la desaparición forzada de V1 (Del Bosque Villarreal) fueron agentes de la Semar, quienes realizaron la detención el 3 de agosto de 2013, entre las 14:00 y las 15:00 y que condujeron a V1 y al Vehículo 1 con rumbo a las instalaciones navales”.
La CNDH destaca que además de los anteriores elementos, para acreditar la desaparición forzada se requiere “la negativa de las autoridades a reconocer la detención material y el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida”, lo que ocurrió “cuando los agentes navales negaron a los familiares de V1 información acerca de su paradero, desde el día de la detención, y con los informes de la Semar remitidos a la Comisión Nacional en los que enfáticamente negaron dicha detención sin aportar razones convincentes y satisfactorias”.
En el documento la CNDH exhibe extractos de oficios de la Semar con fechas 28 y 30 de agosto de 2013 y 1 de abril de 2014 en los que niegan información sobre Del Bosque Villarreal, y advierte que la negativa continuó en el proceso penal en comparecencias ante el Ministerio Público Federal en 2015.
En cuanto a las evidencias de la ejecución arbitraria o extrajudicial, en su recomendación la CNDH incluye extractos del dictamen de criminalística elaborado el 31 de octubre de 2013, 27 días después del levantamiento del cuerpo sin vida del joven, en el que se determinó que Humberto del Bosque fue asesinado de un tiro en la cabeza, “a una distancia no mayor a 70 centímetros”, con un arma corta en el sitio donde fue abandonado el cuerpo.
“Aunque no se encontró el arma homicida (únicamente el casquillo percutido), se requiere deslindar la responsabilidad de los agentes navales, pues fueron ellos las últimas personas que fueron identificadas al momento en que detuvieron, sometieron y lo subieron a un vehículo oficial para ser trasladado a la Base de Operaciones a la salida de la comunidad de Colombia”, señala la recomendación de la CNDH.
Tras casi tres años de investigación, la CNDH “acreditó la violación a los derechos a la libertad personal, a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la integridad y seguridad personal, así como a la protección y derecho a la vida atribuibles a los servidores públicos de la Secretaría de Marina (Semar)”.
Por tal motivo, el presidente de la CNDH instruyó al secretario de Marina “la reparación integral del daño, que contemple la atención médica y psicológica a los familiares de la víctima para restablecer su salud física y mental, así como compensación y/o indemnización justa, tomando en cuenta la gravedad de los hechos conforme a los lineamientos de la Ley General de Víctimas”, e inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas.
A Soberón Sanz, González Pérez le pidió “colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia que la Comisión Nacional formule ante la Procuraduría General de la República, así como en el trámite y seguimiento de la queja para que se inicie un procedimiento administrativo de investigación contra los agentes navales involucrados”.
El ombudsman también recomendó al titular de la Semar capacitar al personal en materia de derechos humanos, además de la utilización de “cámaras fotográficas y de videograbación, así como la grabación de audio” durante los operativos, y tomar las medidas legales y administrativas para que el personal a su cargo “brinde información sobre la situación jurídica de las personas que estén bajo su custodia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/434222/cndh-gira-recomendacion-al-titular-semar-la-ejecucion-arbitraria-armando-del-bosque
“¿En qué punto se torció el honor militar?”, se pregunta la periodista Ana Lilia Pérez al hacer un recuento de la violencia que las fuerzas castrenses mexicanas han desatado contra la población civil, revisión que empareja los regímenes de Gustavo Díaz Ordaz y Enrique Peña Nieto (y los intermedios) merced a los emblemáticos casos de Tlatelolco y Ayotzinapa. Con autorización de la autora, a continuación se publican fragmentos de Verdugos. Asesinatos brutales y otras historias secretas de militares, puesto en circulación por Grijalbo.
CIUDAD DE MÉXICO: Cuando un militar comete un crimen, ¿lo hace por negligencia, dolo o por mal desempeño? Los asesinatos de civiles a manos de miembros de las fuerzas armadas en México desmitifican la institucionalidad de los militares, la figura de heroicidad que a lo largo de varios regímenes se ha pretendido otorgarles para respaldar de manera indirecta el uso faccioso que los distintos presidentes han hecho del Ejército Mexicano. Son muestra palpable del enorme grado de vulnerabilidad de la sociedad civil frente a algunos miembros de la milicia, vulnerabilidad que se potencia cuando esos atroces crímenes se callan o incluso se ocultan.
¿Qué lleva a los militares a estallidos de violencia, ira u odio incontenibles? La disciplina militar tiene su propia lógica, una lógica por la que se preparan hombres para utilizar armas y matar.
La lógica de esa disciplina se inculca en los militares de carrera desde el Heroico Colegio Militar, el plantel más importante de educación castrense, dependiente de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En él, durante cuatro años se les educa bajo reglas tácitas de obediencia incuestionable desde la potrada, el bautismo no oficial que se ofrece a manera de bienvenida a los imberbes cachorros de primer ingreso, a quienes los superiores –oficiales, futuros colegas– harán ver su suerte como buenos para nada, malos para todo. La potrada durará hasta que se les temple el carácter. Se les enseña el “¡Sí, señor! ¡Sí, mi general! ¡Sí, sí, sí!”, y la única respuesta correcta: aguantar y obedecer, sin tener ninguna oportunidad de cuestionar.
Ubicadas en la zona sur del Distrito Federal, las aulas del Heroico Colegio Militar –inauguradas en septiembre de 1976–, con ese halo que supone misticismo, conforman un impresionante conjunto arquitectónico que simboliza el telpochcalli, el lugar en el cual los antiguos aztecas educaban a los jóvenes para la guerra. Su edificio de gobierno tiene como forma la de la máscara del dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y las instalaciones que comienzan en el gimnasio y contienen la sala de historia y el área de dormitorios donde los aguiluchos (cadetes) reposan, simbolizan al dios Quetzalcóatl.
En esas aulas, en un ambiente que pretende celo en la vida dedicada a las armas, se curte el temple de los militares de carrera: un temple que al estilo draconiano se les seguirá forjando en batallones, campos, campamentos y cuarteles como si el implacable sargento mayor Hartman (célebre personaje del filme Full Metal Jacket) saltara de la pantalla para meterse en la piel de los oficiales entrenadores. Ésa es la misma lógica bajo la que se educa, entrena y adiestra a todos los miembros de las fuerzas armadas, la que replican los oficiales en la tropa.
Lealtad, devoción, valor, honor, abnegación, se promueven como valores del instituto armado; pero los altos mandos los enseñan de manera absolutamente vertical según su visión. En los cuarteles, batallones y regimientos el mando aplica la disciplina y conforme a su criterio arresta, detiene y castiga a los subordinados.
Tal disciplina ciega desencadena como efecto negativo en lo que los militares definen como mala conducta, desobediencia, insubordinación, y ha llevado a más de uno a niveles de violencia exacerbada en el clímax de dicha “indisciplina” asesinando a sus “superiores”; a militares de alta jerarquía a asesinar a “sus inferiores”, o a los llamados delitos contra el honor militar, que es como la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) define las imputaciones hechas a militares, las cuales pueden motivar su “baja forzada”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2055, ya en circulación
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANA LILIA PÉREZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/434120/cuando-los-militares-pierden-honor
El gobierno de Enrique Peña Nieto empezó en medio de una avalancha publicitaria nunca antes vista, ni siquiera con sus antecesores panistas que tanto le apostaron a la imagen mediática. En sus primeros dos años desembolsó casi 20 mil millones de pesos. Dos solicitudes de información de Proceso a la Presidencia y a Gobernación revelan que ese monto se ha gastado de manera ineficiente, ya que ni ha levantado la imagen del presidente ni ha cumplido con la propia normatividad federal.
CIUDAD DE MÉXICO: En un intento por revertir el deterioro de su imagen, en picada desde septiembre de 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó un spot costoso, que sólo se transmitió unas horas y terminó volviéndose contra el mandatario, cuyo equipo de estrategas no calculó el efecto de ridiculizar a la población que lo critica al lanzarle el mensaje “ya chole con tus quejas”.
Ese spot costó un millón 886 mil pesos y fue ordenado por la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental, que depende de la Oficina de la Presidencia de la República. De acuerdo al contrato y otros documentos obtenidos en respuesta a solicitudes de acceso a la información de este semanario, dicha coordinación no cumplió con estudios y disposiciones enunciadas en los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social emitidos por la Secretaría de Gobernación (los correspondientes a 2015 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el último día de diciembre de 2014).
El spot contra la crítica costó 1 millón 886 mil pesos. La Presidencia de la República ha pagado 158 millones por trabajos similares a Estudios Churubusco Azteca.
En su página, Estudios Churubusco presume que, por su personalidad jurídica de entidad de la administración pública paraestatal, puede ser contratada por las instituciones del sector público sin necesidad de licitación para realizar “desde el concepto creativo” hasta la producción y postproducción de spots o campañas de comunicación. Dicha contratación se realiza a través de convenios de colaboración.
El convenio de colaboración número CC-006-15, obtenido a través de la solicitud de información dirigida a la Presidencia (folio 0210000149715), fue suscrito el 3 de marzo de 2015 para la producción y postproducción de campañas o cápsulas de difusión para radio, televisión y cine.
Signado por la Oficina de la Presidencia de la República, el documento establece que esos trabajos se harán con cargo a la Partida 36101, que corresponde a difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, por un monto mínimo de 9 millones 600 mil pesos y un máximo de 24 millones.
La Presidencia se gastó el monto máximo en sólo cinco meses, pues para el 7 de agosto la oficina del vocero presidencial, Eduardo Sánchez Hernández, solicitó un incremento al convenio con Estudios Churubusco por 11 millones 283 mil pesos. Sólo por ese convenio, en 2015 la Presidencia pagó 35 millones 283 mil pesos.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2055, ya en circulación
FUENTE. PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/434123/la-imagen-pena-nieto-carisimo-desastre
Ciudad de México. Los gobiernos federal y de la ciudad de México acordaron “asegurar” el recurso presupuestal para realizar los estudios financieros y técnicos para la línea A del Metro, en el trayecto Chalco-La Paz.
Ambos niveles de gobierno acordaron la “disponibilidad presupuestal necesaria para realizar los mantenimientos críticos y prioritarios del Sistema Cutzamala” que abastece a la capital del país y encontrar una fuente de financiamiento para modernizar los sistemas de medición ambiental en la zona metropolitana; se incluye para esto la posibilidad de obtener recursos por parte del Global Enviroment Facility.
El pasado viernes finalmente se reunieron el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y el jefe del gobierno capitalino, Migue Ángel Mancera, para analizar conjuntamente los efectos del recorte presupuestal, donde se habían incluido los proyectos de extensión de la línea A del metro y el sistema Cutzamala.
Este lunes la secretaría de Hacienda dio a conocer el resultado del encuentro donde se analizó cada uno de los proyectos que involucran recursos presupuestales, de la banca de desarrollo y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). “De dicha revisión se concluye de manera general un avance positivo en el análisis, reportes de ejercución y financiamiento de cada uno de los proyectos”, informó la secretaría de Hacienda.
La reunión, añadió, abarcó el seguimiento de obras de movilidad, cada una de las líneas del metro y metrobuses, la revisión de los proyectos hídricos que abarcan principal mente el Túnel Emisor Oriente y el Sistema Cutzamala. Adicionalmente, añadió, se retroalimentó el estatus de los estudios realizados a la fecha sobre los proyectos de impacto ambiental y de vivienda, entre otros.
El ajuste presupuestal que se aplicó el gobierno federal para este año fue de 32.3 mil millones de pesos (más otros 100 mil millones a Pemex) impactó a tres proyectos concretos que involucran a la Ciudad de México: la ampliación de la línea A del Metro, con 2 mil 500 millones de pesos; a la construcción del túnel emisor oriente en el Valle de México, se le restaron 500 millones de pesos y al Programa de Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación del Sistema Cutzamala se le redujeron 200 millones.
A raíz de la selección de esos tres proyectos, Miguel Ángel Mancera trató de establecer contacto con Videgaray Caso para plantear la urgencia de llevarlos a cabo. Este lunes, se informó que en la reunión del viernes pasado se revisaron y analizaron “los recursos presupuestales asignados para los proyectos de movilidad e hídricos, incluyendo el ajuste recientemente realizado; con lo cual, se concluyó que de ninguna manera se afectarán las metas físicas planteadas para el presente ejercicio, considerando que cuentan con recurso pendiente por ejercer... (y) de la dirección de Banobras y Fonadin se retroalimentó estar listos para proponer a las diversas instancias internas, los proyectos del Programa Hídrico de la Ciudad de México, el cual abarca eficiencias, rescate de agua y eliminación de fugas, así como, diversas plantas potabilizadoras”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR CARDOSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/21/mancera-y-videgaray-201caseguran201d-recursos-para-linea-a-del-metro-3894.html
Ciudad de México. En el Gobierno de la Ciudad de México “no vamos a permitir que haya ningún retroceso” en los derechos ganados en la capital del país, afirmó su titular Miguel Ángel Mancera Espinosa.
MADRID: La justicia española ratificó este lunes el auto de prisión provisional contra el empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono Muñoz”, bajo los cargos de blanqueo de capitales en el seno de organización criminal, en la misma causa en la que se investiga al exdirigente nacional del PRI Humberto Moreira, y otros.
La jueza de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela Díaz, en suplencia por vacaciones del juez Santiago Pedraz, ratificó la prisión sin fianza para el empresario y decidió mantenerlo en la prisión de Soto del Real, en Madrid.
Por órdenes de la Fiscalía Anticorrupción española, agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) detuvieron a Muñoz Luévano el viernes 18, y su domicilio fue sometido a un minucioso registro para ubicar posibles pruebas relacionadas con las acusaciones de sus presuntos vínculos con Los Zetas.
El sábado fue puesto a disposición del magistrado Ismael Moreno, en funciones de guardia en la Audiencia Nacional, que encontró elementos suficientes para enviarlo a prisión, en una causa que se mantiene bajo secreto de sumario.
Fuentes consultadas por Apro advirtieron que “El Mono” Muñoz es una pieza importante en el entramado de Los Zetas y en la propia causa judicial que se investiga en España.
La revista Proceso publicó en enero de 2013 que este empresario era mencionado en narcomantas que aparecieron durante la escalada de violencia que padeció la zona de La Laguna en el marco de las disputas por el territorio que protagonizaron el cártel de Sinaloa y los Zetas.
Entre esos actos de violencia hubo media docena de gasolineras quemadas, pertenecientes a Muñoz, supuestamente a manos de sicarios de Joaquín El Chapo Guzmán.
En las narcomantas se le acusaba que en sus negocios lavaba dinero y distribuía gasolina robada por Los Zetas.
También se publicó que Muñoz era el principal enlace entre Los Zetas y Humberto Torres Charles, hermano del exprocurador coahuilense Jesús Torres Charles, prófugo presuntamente por proteger a ese grupo criminal a cambio de 300 mil pesos mensuales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALEJANDRO GUTIÉRREZ. (CORRECCIÓN DEL AUTOR)
LINK: http://www.proceso.com.mx/434189/ratifican-auto-prision-provisional-a-empresario-vinculado-al-caso-moreira
QUERÉTARO, Qro: Una fotografía registró el momento en que la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Querétaro (Steuaq), Laura Leyva Saavedra, hace la “V” de la victoria con una mano, abrazada del entonces candidato panista y actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
El propio mandatario queretano confirmó a Apro que Laura Leyva Saavedra votó por él; no obstante, descartó que el apoyo que le brindó la dirigente en campaña implique algún tipo de respaldo en la huelga que el sindicato inició desde el 4 de marzo en la Universidad Autónoma de Querétaro y que ha dejado sin clases a 28 mil estudiantes.
“Cuando estaba en campaña ella me manifestó, como ciudadana, el apoyo a mi candidatura, y afortunadamente con el voto de ella y de los queretanos hoy soy gobernador”, informó Domínguez sobre la fotografía en la que la dirigente sindical aparece flanqueada por él y el ahora presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, también del PAN.
El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, aseguró que es respetuoso de la independencia de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en un comunicado que leyó unas horas después de la denuncia del rector, Gilberto Herrera Ruíz, quien acusó intromisión de su administración para desestabilizar a la institución.
Sin embargo, el mandatario queretano evadió aclarar de manera concreta la denuncia universitaria sobre la injerencia de agentes de la Secretaría de Gobierno en la institución educativa, así como la parcialidad de la Secretaría del Trabajo en el conflicto laboral, que las autoridades de la UAQ documentaron con un acta notarial y videograbaciones.
En lugar de eso, Domínguez Servién desvirtuó el llamado del rector a movilizarse para defender la autonomía universitaria, al insinuar que pretende solucionar el tema de la huelga con protestas, siendo que él mismo manifestó su interés porque sean los universitarios, a través del diálogo, quienes resuelvan el conflicto laboral.
“Ante el llamado realizado el día de hoy por el rector, él está en todo su derecho de manifestarse, al igual que todos los ciudadanos de Querétaro, nosotros somos respetuosos de esos derechos, no obstante, nos parece que la solución de la huelga debe enfocarse hacia adentro (de la UAQ)”, declaró Domínguez Servién.
Enseguida, el gobernador de Querétaro hizo un llamado a privilegiar el diálogo y no las marchas, pese a que el rector convocó una concentración a las afueras de la oficina del mandatario este lunes a las 11 de la mañana.
“Esta huelga se va a solucionar en la mesa del diálogo razonado, no con manifestaciones. Mi gobierno se mantendrá al pendiente de la marcha de negociaciones, con respeto a los trabajadores, con absoluto respeto a la autonomía universitaria y con un respeto al patrimonio de los universitarios, que es el patrimonio de todos los queretanos”, insistió.
Algunos de los diarios locales replicaron el comunicado oficial en sus notas de portada con encabezados como los siguientes: “Estalla Rector y llama a marchar”, en el periódico Diario de Querétaro; “Hagamos el dialogo, no marchas: ‘Pancho’”en el diario a.m., y “Diálogo, no marcha, pide Domínguez”, en El Universal.
Si bien la dirigente sindical, Laura Leyva Saavedra, había amagado hace días con realizar marchas para solicitar la destitución del rector, el llamado del mandatario en contra de este tipo de movilizaciones ocurrió hasta que Gilberto Herrera Ruíz convocó a la comunidad universitaria a una concentración a las afueras de las oficinas del mandatario, para aclarar “malos entendidos” con él.
Después de leer un comunicado durante 2 minutos con 40 segundos, Francisco Domínguez Servién se retiró del salón habilitado en la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) con el pretexto de que tenía una agenda de actividades muy apretada.
“Ante subjetividades de que al señor gobernador no le importa la Universidad y que tiene ocupaciones más importantes, reitero al gobernador le importa la Universidad”, aclaró su Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes.
La agenda del gobernador de Querétaro prevista para este lunes 21 de marzo incluye su participación en el equinoccio de Bernal, municipio de Ezequiel Montes, a las 11:30 de la mañana (a una hora aproximadamente de la capital de Querétaro), mientras que la concentración universitaria está prevista a las 11:00 a las afueras de su oficina.
El Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (Supauaq) difundió un comunicado en el que anunció que se suma a la defensa de la autonomía universitaria, lo que no ha hecho el sindicato que encabeza la dirigente, Laura Leyva.
El conflicto laboral en la UAQ se ha polarizado entre quienes manifiestan su apoyo al sindicato y la defensa de su Contrato Colectivo, y quienes ven a la dirigencia de los trabajadores como un instrumento para golpear a la institución educativa.
El conflicto laboral
La huelga no es por dinero, aseguró la secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (Steuaq), Laura Leyva Saavedra.
“No es una cuestión económica, es la dignidad del trabajador sobretodo”, justificó la dirigente del Steuaq, quién informó que la huelga es por algunas de las violaciones a su Contrato Colectivo de Trabajo.
Francisco Domínguez Servién, quien en diciembre pasado incumplió con su promesa de campaña de aumentar 10% el presupuesto directo a la institución educativa, al asignarle sólo 3.1% para este 2016, también reiteró que el problema no es económico.
“El tema no es financiero, no lo veo financiero en este momento, así que yo espero el entendimiento rápido”, dijo durante la primera semana de huelga, cuando le preguntaron si el Poder Ejecutivo podía apoyar a destrabar el conflicto laboral.
El sindicato aceptó un 3.1% de incremento salarial, el más bajo que ha recibido en la administración del rector, Gilberto Herrera Ruíz, pero estalló la huelga al denunciar violaciones en algunas cláusulas del contrato.
Estallar la huelga por dinero habría exhibido que el mandatario incumplió su promesa de compaña.
El abogado de la UAQ, Óscar Guerra Becerra, dijo a Apro que cumplir con todas las cláusulas del Steuaq implicaría erogar 1,200 millones de pesos, porque tendrían que hacer lo propio con el Supauaq.
“Tendrías que meter mil doscientos millones (de pesos) y los únicos que van a salir, diríamos, beneficiados serían los maestros y trabajadores, pero va a seguir la universidad con la misma infraestructura y con la misma cobertura. Si tienes mil doscientos millones, mejor abre otra universidad para ampliar cobertura y admites a otros 30 mil chavos que se quedan sin estudios superiores”, aseguró.
Puntos en desacuerdo
El Contrato Colectivo establece que los empleados que sean promocionados no deben tener reportes en el último año y la UAQ plantea que se amplíe a tres, explicó Oscar Guerra Becerra, abogado de la UAQ.
“Ese es un punto en desacuerdo, donde mientras que ellos digan que uno porque así está en el contrato, nosotros decimos que tres porque nos asegura que quien va a ser promocionado tiene un desempeño constante”, argumentó.
Lo anterior dijo que beneficiará a los propios trabajadores, aunque admitió que le restará control a la dirigencia, de ahí que para él la huelga del Steuaq más que por dignidad, por control.
En el caso de las suplencias o vacantes, el abogado de la UAQ expuso que el sindicato enviaba a los suplentes, sin que se tratar del perfil idóneo, por lo que consideraron importante corregir el proceso.
Para ello dijo que solicitaron abrir la convocatoria a la ciudadanía en general y solicitar también al Sindicato que les envíe la lista de los suplentes con los perfiles determinados.
“El sindicato les prohibió a su gente que participe en esta lista, qué es lo que quiere Laura, que regrese todo el sindicato y ellos manden a los suplentes en todos los casos y eso no se puede porque ha generado descontrol”, expuso.
Para la UAQ abrir el proceso implica que los suplentes, al ser evaluados y con el ánimo de seguir teniendo suplencias mejoren en su desempeño, contrario a lo que –explicó– ocurría antes cuando los enviaban por escalafón, amiguismo o por ser parientes.
“Si te fijas tiene que ver con el control del Comité, no con el beneficio de los trabajadores”, insistió.
Explicó que el Steuaq plantea que se haga el descuento de cuotas a los trabajadores y se los entreguen como sindicato, en dos conceptos: por un lado las cuotas ordinarias y por otra las extraordinarias que, dijo, son las sanciones.
En este último caso, el abogado expuso que la Ley Federal del Trabajo les impide hacer descuento de cuotas extraordinarias, mientras que en el primer caso es permitido (en realidad la Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a hacerlo), pero el abogado de la UAQ afirmó que no lo realizarán mientras el Steuaq no rinda cuentas.
Como opción dijo que propusieron entregar el monto de las cuotas directamente a los trabajadores a través de un cheque y que éstos a su vez lo hagan al sindicato.
Sin embargo, expuso que la dirigente del Steuaq rechazó la medida al exponer “que no hay la garantía de que el trabajador, en el camino de que cobra su cheque en Recursos Humanos o en la Caja, de ahí al ir al sindicato, puede que a lo mejor se lo lleva y ya no lo deposita y no hay una garantía para el Comité. Pero si te fijas, nuevamente es otra cuestión del Comité y no de todos los trabajadores”, afirmó Guerra Becerra.
La dirigente del Sindical puntualizó que cada una de las cláusulas son derechos ganados por los trabajadores y puntualizó que no permitirán ningún retroceso, al acusar que la parte patronal lo único que pretende es debilitar al sindicalismo.
El abogado de la UAQ, Óscar Guerra Becerra, dijo que desde un inicio de la negociación, la parte patronal puso sobre la mesa otros puntos que consideran de importancia y dio sus razones.
En la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) determinaron que ya no sea el Sindicato de Trabajadores y Empleados el que determine el proveedor de los uniformes para el personal de la institución, como lo establece el Contrato Colectivo. “La Ley de Adquisiciones nos obliga a que cuando las adquisiciones por entes públicos, por más de cierto monto, se tiene que hacer por concurso o licitación restringida, qué dice el contrato colectivo, que es el comité, pero ya no se puede”, explicó.
La UAQ plantea hacer la adquisición conforme a Ley de Adquisiciones insistió Óscar Guerra a través de un proceso transparente, pero advierten que la líder sindical amaga con emplazarlos en unos meses en que se tendrán que entregar los uniformes, si el sindicato no determina quién será el proveedor.
Y es que en el contrato colectivo se establece en su cláusula 50.17 “El Steuaq determinará el proveedor que considere conveniente, previa presentación de presupuestos que serán acordados conjuntamente con la Universidad, la cual pagará directamente al Proveedor designado”.
Derivado de lo anterior el abogado considera importante que en el acuerdo que se llegue para levantar la actual huelga, se determine este aspecto para no ser emplazados en unos meses más, cuando realizarán la adquisición de los uniformes en términos de Ley, después de que el actual rector sometió a la institución a que sea revisada por la Entidad Superior de Fiscalización, que antes no era auditada con el pretexto de la autonomía, dijo Óscar Guerra.
Guerra Becerra también reconoció que la parte patronal está obligada a aportar el 65% de la celebración del aniversario del sindicato, pero aclaró que el contrato no habla de una fiesta.
En este sentido, expuso que ante el incumplimiento de la dirigencia del Steuaq para rendir cuentas sobre cerca de 2 millones de pesos, optaron por entregar el recurso a cada trabajador.
“Como no nos han comprobado y como no queremos fiestas con recursos públicos, lo que hicimos fue repartir el dinero entre todos los sindicalizados en partes iguales, eso no les gustó porque siempre se elegía al proveedor por parte del sindicato y con reglas que aún no conocemos”, dijo.
Guerra Becerra dijo que finalmente son los trabajadores quienes celebran su aniversario y lo que pretenden es que cada peso que llegue a la universidad sea bien utilizado.
“El sindicato se convertía en un medio para llegar a un fin que eran los trabajadores, finalmente quien festejaba eran los sindicalizados, no el comité, nosotros llegamos al fin último, y nosotros hemos dicho ‘si ya comprueban todo, a lo mejor regresamos (al esquema anterior)’”.
La dirigente sindical confirmó a Apro que no cuentan con facturas de los 2 millones de pesos, porque señaló que la universidad no se las requirió.
Además agregó que no tienen por qué rendir cuentas a las autoridades universitarias y sí a sus agremiados, como lo han hecho.
Guerra Becerra también expuso la importancia de que el ingreso de empleados a la Universidad no la determine el sindicato, sino un proceso transparente, abierto a la sociedad, como ocurre con el ingreso de los estudiantes o los académicos.
“Los puntos que benefician a todos los trabajadores están resueltos, pero lo que tiene atorada la negociación son aquellas cosas donde se le escapa el control al sindicato, como lo es la elección de proveedores de uniformes, de las fiestas, el control de a quién se les da las bases o a quién no, solamente son cosas que tienen que ver con el comité (del sindicato), entonces cuando ellos hablan de dignidad, no sé a qué se refieran, porque los derechos laborales de los trabajadores esos se respetan en todo momento, lo que está siendo cambiando es lo que estaba en manos de la dirigencia sindical”, afirmó el abogado general de la UAQ.
En tanto que la dirigente laboral insistió que las medidas asumidas por la parte patronal buscan debilitar al Steuaq.
En la última reunión de Conciliación, el Secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, pidió dejar de lado los puntos que planteó la Universidad Autónoma de Querétaro y solamente centrarse en los puntos que planteó el Sindicato, como parte del estallamiento de la huelga.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/434190/huelga-en-la-universidad-autonoma-queretaro-entrampada-intereses-politicos
OAXACA, Oax: El presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, confirmó su alianza con el magisterio, al tiempo que arremetió contra la ‘promiscuidad política’ del PRI, PAN y PRD, contra los ‘hipócritas’ de Mexicanos Primero y la ‘mafia’ de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como del ‘traidor’ Gabino Cué Monteagudo.
El exjefe de Gobierno adelantó que en el marco del aniversario del natalicio de Benito Juárez García, este lunes 21 de marzo, Morena firmará un convenio con integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) donde dará a conocer las propuestas que tiene para educación y consolidar un compromiso que hizo a partir de la represión del movimiento magisterial y la imposición de la reforma educativa.
“Mañana le vamos a responder al jefe de jefes que es el que está detrás de la mal llamada reforma educativa, Carlos Salinas y le vamos responder a Peña Nieto, que quede muy claro que en Morena siempre vamos a apoyar al magisterio nacional”, indicó.
Agregó que “vamos a firmar este acuerdo con maestros y maestras de Oaxaca aunque se enojen los adversarios, los de la mafia del poder, a nosotros no nos engañan de que a ellos les importa mucho la educación. El hijo de Claudio X González dice, nos interesa la educación, son unos reverendos hipócritas, lo que quieren es privatizar la educación, lo que quieren es que nada más estudien los que tengan para pagar una colegiatura, por eso atacan a los maestros y están socavando la educación pública”.
Luego de asistir al registro de Salomón Jara Cruz como candidato de Morena a la gubernatura de Oaxaca, afuera de las oficinas del Instituto Estatal Electoral, el tabasqueño reiteró que Morena acompaña la lucha del magisterio y se pronuncia por la libertad de los maestros porque son presos políticos.
En el mitin donde estuvieron presentes los experredistas Antonio Serrano Toledo y Rosalinda Domínguez, así como Rosario Villalobos, exsubsecretaria de Derechos Humanos en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, López Obrador precisó que el pacto con la Sección 22 se realizará a las 09:00 horas en un hotel del norte de esta capital “aunque no les guste al jefe de jefes y al copetón de Peña Nieto”.
Antes, se refirió al hampa que se van a enfrentar y que son liderados por los exgobernadores José Murat Casab y Diódoro Carrasco Altamirano, a quienes hay que decirles “ya basta de que sean los mismos los que dominen y se roben el presupuesto de Oaxaca.
“Es realmente ofensivo que Murat quiera dejar a su hijo o que Diódoro quiera dejar a su hijo político con el apoyo de Gabino porque el candidato del PAN y PRD es hijo político de Diódoro y es su protegido de Gabino, entonces, Oaxaca merece un mejor destino, ya hace falta un verdadero cambio”.
También descalificó las encuestas que ponen a su candidato Jara Cruz en el cuarto lugar, al sostener que “están cuchareadas, son las que hace Murat, Gabino y Diódoro para posicionar a sus candidatos Alejandro Ismael Murat Hinojosa y José Antonio Estefan Garfias, respectivamente.
En cuanto al candidato del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, se negó a opinar y puso énfasis en que “hay que estar pendientes de Murat que quiere dejar al hijo y esa es una ofensa porque no vivimos en una monarquía, los cargos no se pueden heredar y por el otro lado el candidato de Diódoro y Gabino es muy corrupto”.
A la ciudadanía les dijo que “no deberían votar por ellos porque si lo hacen va a dejar de manifiesto que le gusta la mala vida, que le gusta el masoquismo. Cómo votar a estas alturas por el PRI, el PAN o el PRD. Con un poco de luz en la frente no se puede votar por los que han empobrecido a la gente y han saqueado al país, son los que destruyen al país”.
Resaltó que de aquí es el mejor presidente de México, Benito Juárez y en Oaxaca se llevó a cabo la decisión de que México fuese una república libre y democrática, sin embargo, “Murat quiere imponer la monarquía y la otra opción es Garfias que está apoyada por este emperador regional poblano Rafael Moreno Valle. Él quiere imponer al próximo gobernador de Oaxaca que tiene ahí de achichincle a Diódoro con el apoyo lamentable y triste de Gabino, es una mescolanza, una promiscuidad política”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/434169/firmara-lopez-obrador-pacto-la-seccion-22-contra-la-reforma-educativa
El Congreso del Estado de México avaló el uso de la fuerza pública, para "restablecer el orden y la paz social", aunque hay voces que señalan que su verdadero objetivo es reprimir y criminalizar las protestas.
Si las autoridades del Estado de México consideran que en una protesta los manifestantes se expresan con amenazas para intimidar, o para obligar a que se acepten sus demandas, entonces “se procederá” y se aplicará la fuerza pública.
Así lo establece la nueva Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, propuesta por el gobernador Eruviel Ávila, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y aprobada por el Congreso mexiquense el 17 de marzo pasado.
“Cuando en una asamblea o reunión, las personas se encuentren armadas o la petición o protesta ante la autoridad se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, se considerará que dicha asamblea o reunión es ilegal y se procederá”, se lee en el artículo 15 del documento.
El dictamen contó con la aprobación de los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo.
En el caso de Morena, sus legisladores votaron en contra.
Los diputados locales de esa fuerza política criticaron que el objetivo de la ley es reprimir y criminalizar las protestas, y se refirieron a ella como #LeyAtenco, en referencia al operativo de 2006 en el que policías cometieron detenciones arbitrarias, abuso sexual y tortura, entre otros crímenes, de acuerdo con los reportes de organismos de Derechos Humanos.
Cuando ocurrió aquel operativo en San Salvador Atenco, el gobernador del Estado de México era el ahora presidente, Enrique Peña Nieto, compañero de partido del actual mandatario estatal.
En el dictamen, del que Animal Político obtuvo una copia, se hace énfasis en que el objetivo es regular el uso de la fuerza pública en el Estado de México, pero “de manera racional, congruente, y oportuna”, con respeto a los derechos humanos, en aquellos casos de fuerza mayor, donde se presente una alteración grave del orden público.
“Cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado de referencia, será pertinente el empleo de la fuerza a través de las instituciones de seguridad pública, con respeto irrestricto a los derechos humanos y sujetándose invariablemente a los principios establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política”, apunta el documento.
“Es indispensable garantizarse el correcto uso de la fuerza pública, precisando en que momento y circunstancias debe utilizarse, la forma en que debe hacerse y la responsabilidad con la que se debe dar su uso”, agrega.
12 puntos clave de la ley aprobada en el Estado de México
1.- “Los elementos podrán emplear la fuerza en el control de multitudes y disturbios públicos, para restablecer el orden y la paz social, con el fin de evitar actos de violencia, daños a terceros, propiedades y la integridad física de las personas. Asimismo, respetarán el ejercicio del derecho de asociación y reunión de las personas siempre que se efectúe en los términos previstos por el artículo 9 de la Constitución”.
2.- “La determinación de hacer uso de la fuerza, en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales será tomada por el mando responsable del operativo, bajo su más estricta responsabilidad, debiendo informar de inmediato a su mando superior sobre tal determinación para los efectos conducentes”.
3.- Los agentes de seguridad pública solo emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave.
4.- Los elementos, al hacer uso de la fuerza pública, solo podrán emplear armas en el ejercicio de su cargo, para lo cual deberán contar con capacitación continua y certificación periódica.
5.- Las instituciones de Seguridad Pública en la entidad deben contar con una base de datos que contenga el registro detallado de las huellas y las características que impriman a los proyectiles u ojivas, las estrías o rayado helicoidal de las armas de fuego bajo su resguardo, así como de las armas y equipo asignado a cada elemento.
6.- Otra obligación de las instituciones es “establecer ejes y acciones para evitar el trato cruel y/o degradante y la tortura relacionada con el uso de la fuerza por sus elementos”.
7.- Los elementos de seguridad no deben emplear la fuerza con personas bajo custodia o detenidas.
8.- Las instituciones de seguridad deben “considerar el uso de la fuerza y hacerlo estrictamente cuando sea necesario”. Por ello se les pide que, antes de llegar a ese punto, utilicen “medios no violentos, tales como la persuasión, la cooperación y/o advertencia, con el fin de mantener la observancia de la ley, restaurar el orden y la paz pública”.
9.- En la lista de equipo asignado a los elementos de seguridad pública, están: las esposas, candados de pulgares y cinturones plásticos, bastón PR-24 o tolete, dispositivos que generan descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol, escudos, cascos, chalecos, y medios de transporte a prueba de balas.
10.- “El uso de la fuerza es el último recurso, sin embargo, podrá usarse como primera opción, siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establecen esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”.
11.- “Las instituciones de seguridad pública establecerán mecanismos eficaces para que la sociedad, a través del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, participe en la planeación y supervisión del uso de la fuerza pública”.
12.- “El gobierno del Estado y las instituciones públicas encargadas de hacer cumplir la presente Ley serán responsables de la reparación integral a las víctimas que resulten por el uso ilegal de la fuerza y de las armas de fuego”.
La ley entra en vigor 90 días hábiles después de que sea publicada en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. El poder Ejecutivo del estado tiene que expedir el Reglamento.
“Para efectos de la presente Ley, las instituciones de seguridad pública del Estado de México deberán capacitar a sus integrantes en el adecuado ejercicio del uso de la fuerza pública, dentro del plazo de 180 días hábiles contados a partir de su publicación”, apunta el dictamen.
El 25 de febrero pasado, tres de los cinco ministros que conforman la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron a favor de que el delito de ataques a la paz pública sea inconstitucional en México, al pronunciarse por otorgar un amparo a Bryan Reyes Rodríguez, quien fue uno de los detenidos en los disturbios del 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto comenzó su mandato presidencial.
La crítica
En redes sociales, los legisladores del partido Morena expresaron su rechazo hacia varios puntos de la ley.
“El gobernador Eruviel Ávila ha enviado una ley al Congreso local que no protege a los ciudadanos, ni conduce a una impartición de la justicia, es una ley que criminaliza la protesta social al regular el uso de la fuerza pública del estado”, dijo el diputado local Marco Antonio Ramírez, según se escucha en un video en Facebook.
#LeyAtencoEl gobernador Eruviel Ávila envió al Congreso local la propuesta para una #LeyAtenco que criminaliza la protesta social pacífica, a través de legitimar el uso de la fuerza y la represión.De este modo, sería legal llevar a cabo tragedias como la de San Salvador Atenco.Los diputados de #Morena vamos a votar en contra de esta #LeyAtenco Vamos a alzar la voz para defender los derechos humanos, la libertad de expresión, de manifestación y de libre tránsito… porque no queremos otro #Atenco en el Estado de México.
Posted by Marco Antonio Ramírez Ramírez on jueves, 17 de marzo de 2016
“Es una ley que busca legitimar futuros atencos”, agregó. “En una manifestación, ante cualquier consigna, o expresión de pliego petitorio, la autoridad podría calificar la asamblea, manifestación o reunión, como ilegal, y entonces reprimirla”.
Vladimir Hernández Villegas, diputado de Morena, dijo que un artículo le permitirá al gobernador Eruviel Ávila lavarse las manos ante una eventual represión de una protesta social
“El artículo 16 establece que la determinación de hacer uso de la fuerza, en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales, será tomada por el mando responsable del operativo, bajo su más estricta responsabilidad”, mencionó el legislador.
“Con esto, el actual gobernador, Eruviel Ávila, no solo rehuye al juramento que hizo, de cumplir y hacer cumplir las leyes, sino que transfiere a los mandos operativos toda la responsabilidad de una eventual represión, como si los responsables del operativo se mandaran solos”, agregó.
Por el contrario, en el Congreso mexiquense la diputada priista Sue Ellen Bernal dijo que la ley busca dar certeza jurídica a los actos de autoridad “con apego irrestricto a las garantías constitucionales, la legalidad y los derechos humanos”, garantizando las libertades y preservando el orden y la paz pública.
Esta ley, según dijo en la sesión legislativa el diputado Aquiles Cortés López, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, “llena un vacío jurídico en la regulación del uso de la fuerza, garantizando el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y elementos policíacos”.
El dictamen:
Ley Del Uso de La Fuerza Pública:
Comunicado Del Congreso del Estado de México:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/leyatenco-aprueban-usar-la-fuerza-ante-protestas-amenazantes-en-el-edomex/
A más de un año de las detenciones, los afectados han esperado, en vano, dos cosas: que las autoridades responsables respondan ante un juez penal, y que las dependencias involucradas restituyan a las víctimas.
El 20 de noviembre de 2014, Hugo, Tania, Luis Carlos, Atzin e Isaac fueron detenidos por policías federales y de la Ciudad de México, por participar o estar cerca de las manifestaciones que ese día se realizaron en la capital del país, para reclamar la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala… los cinco fueron golpeados por los agentes, amenazados con sufrir desapariciones forzadas como aquellas contra las que se manifestaban, y luego fueron enviados a un penal federal de alta seguridad, acusados de los delitos de “motín”, “homicidio en grado de tentativa” y “asociación delictuosa”.
Pero nueve días después, todos obtuvieron su libertad, al demostrarse que, en realidad, eran inocentes, y que las pruebas en su contra habían sido fabricadas por la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Ha pasado un año y cuatro meses, durante los cuales, estas víctimas han esperado, en vano, dos cosas: que las autoridades responsables de la detención y tortura sufridas respondan ante un juez penal por los delitos cometidos en su contra, y que las dependencias de gobierno involucrada en estos abusos restituyan a las víctimas por las afectaciones sufridas a manos de sus servidores públicos.
De hecho, destacó la abogada Margarita Grieshbach –integrante del colectivo CompasDH, que brinda acompañamiento legal a las víctimas– “el pasado 20 de noviembre de 2015, es decir, al cumplirse un año del operativo policiaco, presentamos una denuncia penal formal, de forma escrita, ante la Procuraduría General de la República, con el objetivo de que oficialmente se iniciara una investigación por estos hechos, y cuatro meses después de haber realizado dicho procedimiento, la PGR ni siquiera nos ha notificado la recepción de nuestro escrito.”
Esta omisión por parte de la PGR, explicó la también directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, representa una abierta violación al Código Federal de Procedimientos Penales, que obliga al Ministerio Público a iniciar una investigación de forma inmediata ante cualquier denuncia de delitos graves, y en este caso los delitos que se denuncian son considerados graves: detención arbitraria, tortura y fabricación de pruebas.
“Todos los detenidos del 20 de noviembre de 2014 obtuvieron la absolución –subrayó la abogada–, es decir, se comprobó que en su contra se fabricaron pruebas y testimonios de funcionarios públicos, y a partir de ellos un juez determinó que todos eran inocentes.”
Este veredicto no sólo puso en evidencia las irregularidades cometidas por la PGR durante el proceso (especialmente el haber fabricado la acusación contra los detenidos), sino que, a partir de tal determinación del juez, la Procuraduría incurrió en nuevas irregularidades: “En realidad, no era necesario que las víctimas denunciaran los atropellos que sufrieron, la PGR tenía la obligación de iniciar una averiguación previa, por el sólo hecho de haber tenido conocimiento de estos abusos, durante el proceso penal seguido a las víctimas que, finalmente, fueron liberadas”.
Sin embargo, abundó la abogada, la PGR no abrió ninguna investigación por iniciativa propia, “y ahora no quiere iniciar una averiguación ante la demanda presentada formalmente por las víctimas, aún cuando, para ello, tenga que violar el Código Federal de Procedimientos Penales, en el que claramente se estipula que cuando una persona acude a denunciar un delito, esta denuncia le debe ser recibida oficialmente y, como segundo paso, se debe citar al denunciante para que ratifique su dicho. Eso está establecido en la ley, no a gusto de la PGR.”
La demanda penal presentada en noviembre pasado, cabe destacar, no sólo va firmada por cinco de las once personas que fueron detenidas durante el operativo del #20NovMx, sino también por ocho académicos y periodistas, que pertenecen al colectivo CompasDH: Denise Dresser, Lorenzo Meyer, José Luis Caballero Ochoa, Luis González Placencia, Francisco Barrón Trejo, Layda Negrete, Juan martín Pérez García y Lydia Cacho.
–¿Cuál fue el objetivo de integrar el ColectivoDH, y de que se sumen como denunciantes, aún cuando no hayan sido detenidos el 20 de noviembre de 2014? –se pregunta a la abogada.
–Éste es un grupo integrado en el que habemos muchas personas, y algunas de ellas son personalidades de reconocida calidad ética. Y somos personas cansadas de denunciar en lo particular un acto represivo, y luego otro acto represivo también en lo particular, y luego otro… cuando, lo que nos deja ver esa situación es que se está aplicando una estrategia de Estado, una estrategia represiva.
Para entender esto, abundó, “hay que subrayar la diferencia entre delitos cometidos por servidores públicos, y crímenes de Estado. Si lo vemos de forma particular, pareciera que en cada caso de represión, lo que ocurre es que un grupo reducido de agentes del Estado cometieron delitos. Pero si lo vemos de forma más amplia, nos damos cuenta de que esto es tan sistemático y generalizado que puede visualizarse un patrón, que se repite por todo el país: ante la protesta social, se responde con operativos de barrido policiaco, con detenciones arbitrarias, con tortura, con fabricación de pruebas para encarcelar a inocentes. Y entonces ya no puede verse éste como un problema de unos agentes que se salieron de sus obligaciones, sino como una estrategia a la que responden las distintas dependencias de gobierno involucradas. Y este mismo esquema de barrido de espacios donde se realizan manifestaciones, con detenciones arbitraria, tortura y criminalización, se viene aplicando al menos desde el 1 de diciembre de 2012″.
El objetivo final que se planteó este colectivo, señaló la abogada, es obligar a las autoridades a realizar una investigación real, sobre esta estrategia represiva de Estado. “Queremos que se determinen las responsabilidades de los agentes que participaron en los operativos represivos, sí, pero también que se investigue a los mandos, de todas las áreas de los gobiernos implicados, e investigar hasta las más altas esferas de toma de decisión, porque estas son acciones que rebasan la capacidad de decisión de los mandos medios, de los comandantes de tropa, esta estrategia represiva demanda la coordinación de altos mandos a muchos niveles de la administración pública: sólo el 20 de noviembre de 2014, en el operativo con el que se desalojó a los manifestantes pacíficos del Zócalo, participó la policía del DF y la Federal, coordinándose con militares desde Palacio Nacional”.
–Pero, ¿cómo llegar a esa investigación, si la PGR ni siquiera les tomó nota de su denuncia?
–Nosotros esperamos el plazo razonable para recibir respuesta, que en asuntos legales es de 90 días, y al no obtener nada, el pasado 25 de febrero presentamos un amparo, que esperamos se resuelva en dos meses. Y confiamos, obviamente, en que un juez de amparo nos conceda la razón y obligue a la PGR a iniciar una investigación por los hechos denunciados. Creemos que es un amparo imperdible: ningún juez podría convalidar que la PGR ignore los procedimientos básicos estipulados en el Código Federal de Procedimientos Penales –concluyó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/pgr-se-niega-a-investigar-detenciones-ilegales-del-20novmx-victimas-se-amparan/
CIUDAD DE MÉXICO: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) deberá proporcionar las videograbaciones de los vehículos que transitaron por la caseta de cobro de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, día en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que Capufe se negó a entregar a un particular las videograbaciones de los autos que pasaron por la Plaza 3 Iguala, entre las 21:00 hrs. del 26 de septiembre de 2014 hasta las 5:00 hrs. del 27 del mismo mes y año.
Capufe señaló que no contaba con la información, en razón de que los servidores de video están configurados para almacenar máximo 60 días de grabación, como lo establece el Compendio Operativo de Plazas de Cobro, precisó el INAI en un comunicado.
El solicitante argumentó que de acuerdo con la versión pública del caso Ayotzinapa, Capufe entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) copia de los videos de la caseta de cobro de Iguala, Guerrero, donde sucedieron parte de los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, por lo que cuenta con la información solicitada.
En alegatos, Capufe reiteró la inexistencia de la información; sin embargo, en el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Oscar Guerra Ford, se advirtió que en efecto la PGR solicitó a Capufe las videograbaciones de los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, como consta en la versión publica de la averiguación previa del caso, disponible en el portal de la Procuraduría.
Al revisar específicamente los Tomos 71, 75 y 76 de la averiguación se verificó que el 17 de diciembre de 2014 Capufe remitió a la PGR las videograbaciones de la Plaza 3 Iguala, del 26 de septiembre del mismo año.
Con base en lo anterior se determinó que el argumento de Capufe de que no cuenta con la información porque los servidores de video almacenan máximo 60 días de grabación no es válido, ya que las videograbaciones fueron entregadas a la PGR 82 días después de los hechos.
Aunado a ello, el Compendio Operativo para Plazas de Cobro establece que en el caso de imágenes acumuladas durante el periodo de resguardo, en las que se hayan detectado irregularidades, faltantes graves o tomas de plazas de cobro, y sean objeto de investigación por una autoridad, deberán de ser almacenadas en medios alternos por el Analista de Operación, el Técnico Supervisor o el Analista Liquidador.
Por otro lado, se advirtió que Capufe no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes como lo es la Plaza de Cobro (Plaza 3 Iguala), que es la instancia encargada de almacenar en medios alternos las imágenes obtenidas a través de los sistemas de video grabación, en los que su contenido está sujeto a una investigación, como en el caso señalado.
Por ello, el Pleno del INAI revocó la respuesta de Capufe y le instruyó hacer una búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Plaza 3 Iguala, a fin de que proporcione al particular las videograbaciones cuidando que no se desprendan características físicas de personas que las haga identificables, ni sea posible observar el número de placas de vehículos de particulares.
En caso de que no sea posible proteger los datos personales referidos, Capufe deberá clasificar dicha información como confidencial debido a la imposibilidad que argumentó para elaborar una versión pública de los videos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/434192/ordena-inai-a-capufe-entregar-videograbaciones-relacionadas-caso-ayotzinapa
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer la detención de tres personas y el desmantelamiento de una célula criminal que operaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, Jalisco.
La PGR informó que el operativo fue realizado de manera coordinada con el Ejército Mexicano y la Policía Federal dejó como resultado la detención de tres presuntos integrantes de la organización criminal, así como la incautación de armas de grueso calibre.
La titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la PGR, Elizabeth Hernández, precisó que en las inmediaciones del poblado Las Palmas, en el municipio de Puerto Vallarta, se ubicó un campamento acondicionado con lonas de plástico, en donde fue descubierto un grupo de personas fuertemente armadas.
Al percatarse de la presencia de los agentes federales, el grupo armado abrió fuego en contra de los mismos con armas de grueso calibre, quienes repelieron la agresión.
“Al verse superados en número, los agresores se fugaron, con lo que inició una persecución que culminó con la detención de tres de ellos, portando cada uno un arma larga, dos de las cuales contaban con lanzagranadas calibre 40 mm” dijo Hernández en un mensaje ante los medios de comunicación junto con Damián Canales Mena, jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal.
En el campamento, los agentes federales aseguraron seis armas largas, dos cortas, tres lanzacohetes RPG, tres calibre .50 barret, 40 granadas 40 mm, 15 granadas para lanzacohetes RPG, siete granadas de mano, 88 cargadores para arma de fuego de diversos calibres, así como 2 mil 294 cartuchos de diferentes calibres.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) inició averiguación previa en contra de los detenidos por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea (agravado), posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, y acopio de armas de fuego.
Los detenidos fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social número 6 en Huimanguillo, Tabasco.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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CIUDAD DE MÉXICO: Otra mujer fue encontrada asesinada en Puebla, esta vez en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, en el municipio de San Martín Texmelucan.
De acuerdo con reportes policiales el cuerpo de la víctima fue hallado en unos terrenos de cultivo, desnudo, con huellas de violencia sexual y una cortadura en el cuello.
Aunque la identidad de la mujer es desconocida, las autoridades estiman que tenía entre 22 y 25 años.
El hallazgo se realizó esta mañana minutos después de las 10:00 horas, atrás del Instituto Tecnológico Superior, en la colonia San Damián.
Con este caso suman 20 mujeres asesinadas en la entidad, de los cuales 14 han sido tipificados por la Fiscalía General de Justicia.
El jueves pasado el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) dio a conocer que de los 50 homicidios de mujeres registrados en los últimos 14 meses en Puebla, solamente un caso ha tenido sentencia.
María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, investigadora de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, dijo el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, que los gobiernos federal y estatal se niegan a declarar la Alerta de Género por cuidar sus intereses políticos.
“En la descomposición de las instituciones está la base de la violencia exacerbada que se registra en este país, incluidos los feminicidios, pero tanto al gobierno federal como al estatal no les conviene aparecer como un Estado donde hay violencia, porque eso supone que se vean acotados en términos de proyectos de inversión como en términos de carrera política”, puntualizó.
De acuerdo con la especialista en derechos humanos, la necesidad de emitir una Alerta de Género en Puebla es ya evidente, pero el gobierno de Rafael Moreno Valle niega que los asesinatos de mujeres vayan a la alza.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/434180/violan-asesinan-a-otra-mujer-en-puebla
