CIUDAD DE MÉXICO: El presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, pidió a los mexicanos confiar en los candidatos de ese partido que competirán el próximo 5 de junio por un cargo de elección popular, porque ellos, dijo, son la mejor opción para garantizar seguridad, empleo y calidad de vida. “En Acción Nacional estamos muy optimistas, porque nuestros candidatos son muy competitivos en prácticamente todos los estados. En donde somos o hemos sido gobierno, la gente está dispuesta a volver a confiar en nosotros, y en aquellas entidades en las que no ha habido alternancia, el PAN representa la esperanza de un futuro mejor”, destacó en un comunicado. Anaya Cortés, a quien algunos panistas y expanistas han calificado de “incongruente, corrupto, autoritario y antidemocrático”, destacó que el objetivo del PAN no es sólo ganar elecciones, sino construir el bien común, con absoluta transparencia e implementando medidas efectivas contra la corrupción, “para que le vaya bien a la gente, que crezca la economía, que haya empleo y que las familias vivan seguras y en paz”. Según el exsecretario particular de Francisco Garrido Patrón, exgobernador de Querétaro de 2003 a 2009, “por el PAN votará toda la gente que quiere que le vaya bien a su estado”. Insistió que Acción Nacional tiene a los mejores candidatos y “nos sentimos muy orgullosos” de ir en Aguascalientes con Martín Orozco; en Tlaxcala con Adriana Dávila; en Sinaloa con Martín Heredia; en Tamaulipas con Francisco García Cabeza de Vaca; en Chihuahua con Javier Corral Jurado; en Hidalgo con Francisco Javier Berganza y en Puebla con Antonio Gali. Y “los candidatos con los que vamos en alianza –agregó– representan una oportunidad de cambio y crecimiento para sus entidades: Miguel Ángel Yunes en Veracruz; José Rosas Aispuro en Durango, Carlos Joaquín González en Quintana Roo, José Antonio Estefan Garfias en Oaxaca y Pedro de León en Zacatecas”. Anaya Cortés reiteró que las alianzas que ha construido el PAN no son estrictamente electorales, pues todas ellas incluyen un programa claro de gobierno, diseñado estratégicamente para resolver los problemas de la gente, no obstante que todas y cada una de ellas, lo mismo que el resto de las candidaturas, fueron construidas de la mano con las dirigencias locales, escuchando siempre a los militantes del partido. “Nuestra plataforma electoral fue diseñada estado por estado. En ella se presentan propuestas realistas, bien pensadas y que sin duda representan las soluciones adecuadas a los problemas de los ciudadanos”, comentó.
Finalmente, recordó que en Baja California, donde se elegirán presidentes municipales y diputados locales, así como en la Ciudad de México, donde se votarán diputados al Constituyente, el Comité Ejecutivo Nacional también trabajará intensamente para obtener los mejores resultados. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/434194/presume-anaya-a-candidatos-garantizan-seguridad-empleo-dice
CIUDAD DE MÉXICO: Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) abatieron a siete presuntos integrantes de un grupo delincuencial que opera en la región de la Ribereña, en el estado de Tamaulipas.
En un comunicado, el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) informó que el pasado sábado 19, en el municipio de Nueva Ciudad Guerrero, personal de la Semar fue agredido por sujetos armados y al repeler el ataque acabaron con la vida de siete de ellos. De acuerdo con el GCT, la agresión se registró en el kilómetro 15 de la carretera Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, en los límites con el municipio de Parás, Nuevo León, cuando los marinos realizaban reconocimientos terrestres. Al llegar a ese lugar, subrayó, fueron agredidos sorpresivamente por delincuentes armados que se desplazaban en varios vehículos, por lo que procedieron a repeler el ataque en defensa de sus vidas. En una brecha que se localiza como a tres kilómetros del punto inicial de la agresión quedaron los cuerpos de siete de los agresores, dos de los cuales fueron identificados como Miguel Ángel López Zárate, originario de Sinaloa, y José Luis Luna Garza, nativo de Parás, Nuevo León.
MONTERREY, NL: El empresario Javier Cano Sánchez amenazó y demandó al reportero de la cadena estadounidense CNN Víctor Badillo para que no publique un reportaje sobre un millonario contrabando que realiza en complicidad con funcionarios de la Secretaría de Salud (SS) federal, acoso que obligó al periodista a integrarse al Mecanismo de Protección de Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Según la investigación del periodista, Cano Sánchez se ostentó ilegalmente como distribuidor exclusivo de la empresa norteamericana “Riverside Publishing” y gracias a ello logró vender al gobierno federal un equipo que introdujo al país de contrabando, el cual se utilizará en un programa oficial para medir el crecimiento sano de niños menores de cinco años. Riverside Publishing produce la prueba de desarrollo infantil conocida como Batería Battelle. Con ese producto, un panel de expertos del Instituto Nacional de Perinatología, Hospital Infantil de México Federico Gómez y el Seguro Médico México Siglo XXI desarrollaron el programa del gobierno para el que se destinaron 200 millones de pesos.
Víctor Badillo se infiltró en la red de funcionarios y médicos que estuvo tejiendo Javier Cano Sánchez y logró documentar que el empresario vendía la Batería Battelle al doble de su precio con el argumento de “los altos impuestos que se pagaban por internar ese producto a México”. Previamente ya había entregado regalos a los médicos responsables de autorizar la compra de la Batería Battelle. Badillo pudo comprobar que Javier Cano no pagaba los “altos impuestos” ya que introduce el producto de Riverside Publishing a México, de contrabando. En la Aduana de Reynosa presenta la Batería Battelle como libros didácticos de la Secretaría de Salud. “Javier Cano Sánchez viajaba dos veces por semana a la ciudad de McAllen, en el estado de Texas. “El propósito: pasar camionetas cargadas con producto clínico evadiendo todos los impuestos posibles”, precisa Badillo en su reportaje. Para tener pruebas de sus denuncias, el corresponsal de CNN comenzó a solicitar información oficial a la Secretaría de Salud de Nuevo León en los tiempos que gobernaba Rodrigo Medina de la Cruz. Sin embargo, los funcionarios cómplices de Cano comenzaron a filtrar la información a su socio. Fue pro esas filtraciones que el empresario comenzó a amenazar a Badillo. Además interpuso dos demandas contra el periodista: Una ante la Procuraduría General de la República (PGR), el 2 de junio 2015, en la que lo acusa de robar video de la Secretaría de Salud federal. La segunda la interpuso el pasado 28 de diciembre ante la Procuraduría de Nuevo León, por difamación. A las demandas se sumaron amenazas que fueron enviadas al teléfono móvil de Badillo. Una de ellas fue contra su hija. El número de celular desde donde proviene el acoso es el mismo que el empresario Cano Sánchez registró ante las Procuradurías para imponer sus demandas. Debido a esas amenazas, Víctor Badillo tuvo que interponer una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE). Y pese a que el periodista ya cuenta con protección de las autoridades, Cano Sánchez sigue mandando mensajes a su teléfono móvil amenazándolo a él y su familia. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO. LINK: http://www.proceso.com.mx/434237/activistas-en-qr-aguardan-reporte-grupo-trabajo-feminicidio
Ciudad de México. El almirante Vidal Francisco Soberón, secretario de Marina, salió en defensa de los marinos "que han sido señalados por organizaciones de derechos humanos y la sociedad por presuntas violaciones" a los derechos humanos, al demandar que se respete el derecho de sus subordinados a la presunción de inocencia. Ante el presidente Enrique Peña Nieto, el secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda y representantes del gabinete legal y ampliado, Soberón Sanz señaló que los marinos acusados están a disposición de un juez civil, "quien determinará, si es efectivo lo que se les imputa". "Haciendo notar que, en algunas ocasiones se piensa de manera anticipada que nuestro personal es culpable". Sin embargo, subrayó, “siempre debe existir en primera instancia el principio de presunción de inocencia de cualquier ciudadano, en tanto, el juez de la causa no declare su responsabilidad, mediante sentencia condenatoria". Días después de que cinco marinos fueron consignados por la presunta desaparición forzada de una persona en el estado de Nuevo León, Soberón aprovechó la ceremonia de Entrega de Reconocimientos y Menciones Honoríficas a personal militar y naval que se realizó en la explanada Damián Carmona del Campo Militar Número para reivindicar la disposición de las fuerzas a colaborar con las instancias correspondientes "para esclarecer cualquier acto en el que se encuentre involucrado nuestro personal y la conducta de nuestros elementos". “Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo”, aseveró. El presidente Peña Nieto reconoció a los galardonados y convocó a los miembros de las fuerzas armadas a cumplir con su deber con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos.
La noche del 19 de marzo de 2010, los dos jóvenes estaban en el campus practicando deporte cuando comenzó el enfrentamiento entre sicarios y el Ejército. En un inicio, los familiares sólo exigieron disculpas, sin embargo, al revelarse que la escena del crimen había sido manipulada, pidieron justicia contra los militares, proceso que desde entonces no ha avanzado.
En 2010, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, fueron abatidos durante un tiroteo entre militares y presuntos sicarios. Seis años después los responsables no han sido siquiera acusados formalmente. Después de todo este tiempo, el caso sigue estancado en la etapa de investigación, sin que haya arrancado el debido proceso que haga Justicia por las muertes de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado. Según lo que los funcionarios públicos comentaron a las familias en diferentes reuniones, el caso “está listo” y sólo falta consignar (poner a un acusado a disposición de un juez) a los presuntos responsables, pero la fecha en la que esto ocurrirá no hace más que aplazarse, dice a Efe el director de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz. La primera versión que aportaron las autoridades de Nuevo León para explicar el asesinato de Arredondo y Mercado argumentó que los estudiantes eran sicarios; una teoría que fue rechazada rápidamente por la institución educativa, que aclaró que eran estudiantes que contaban con una beca de excelencia y destacado desempeño académico. La noche del incidente, el 19 de marzo de 2010, ambos estaban en el campus practicando deporte cuando comenzó el enfrentamiento entre el Ejército y los presuntos narcotraficantes. En los últimos meses, los familiares de los estudiantes se reunieron en la Ciudad de México con el subprocurador Gilberto Higuera, quien les dijo que “el caso ya estaba listo”, pero que “quería revisarlo personalmente” para que no se produjeran errores en la consignación, señala Quiroz. Las autoridades primero establecieron el compromiso con los padres para que el paso de la consignación se produjera en diciembre del pasado año.
Más tarde, les dijeron que el caso iba a estar en los juzgados a principios de año; una respuesta que volvió a aplazarse cuando les aseguraron, en otra reunión, que se lograría antes del sexto aniversario. Según las conclusiones a las que llegó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la escena del crimen fue manipulada para hacer creer que los estudiantes estaban armados y formaban parte del grupo de sicarios infiltrados ese día en el campus. En la revisión del expediente, indica el directivo de Amnistía, los familiares pudieron comprobar cómo se produjo la alteración de la escena y se dieron cuenta de que “lo que hubo ahí era un asesinato”. Además, la CNDH dijo que la actuación de los soldados omitió proteger la integridad física de las personas que se encontraban en el lugar del enfrentamiento, como especificaron en una recomendación que remitieron al Ejército. Los familiares, apunta Quiroz, están “extremadamente frustrados y desilusionados”, pero guardan esperanza de que llegue finalmente el juicio. Al principio “lo único que querían era una disculpa” porque pensaban que había sido un error de los militares. Pero cuando se vio que la escena había sido manipulada, pidieron “justicia y reparación”, añade. El pasado jueves, Amnistía promovió una videoprotesta en las afueras de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México. Asimismo, la Asamblea Estudiantil del Tec de Monterrey organizó otro acto para recordar a Mercado y Arredondo en el sexto aniversario de los hechos.
“Esperemos que se investiguen y consignen no solo a las personas que halaron el gatillo, sino también a las autoridades y a la cadena de mando que se encargó de encubrir los hechos”, consideró el director de Amnistía en México. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: ISABEL TREJO. LINK: http://www.sinembargo.mx/21-03-2016/1638571
CIUDAD DE MÉXICO: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, prometió hacer lo que esté a su alcance para coadyuvar en la liberación del fundador de grupos de autodefensa, José Manuel Mireles Valverde, preso en el penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora. Aureoles señaló o anterior después de que Ricardo García Campos, orador oficial en la ceremonia conmemorativa por el CCX aniversario del natalicio de Benito Juárez García, le pidió que intercediera ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se desista de la acción penal en contra del detenido, tomando en cuenta el deterioro en su salud. En entrevista, el mandatario michoacano dijo que atenderá “con mucho gusto” la solicitud del representante de la Gran Logia Michoacana “Lázaro Cárdenas”, aunque se habrá de seguir la ruta legal. Y agregó que el Centro de Reinserción Social “David Franco Rodríguez” está en condiciones de recibir al fundador de grupos de autodefensa, detenido desde junio de 2014. De acuerdo con el perredista, el tema del indulto a Mireles está en la cancha del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y sólo puede realizarse a través de un decreto. El pasado miércoles 9, Ignacio Mendoza, abogado del detenido, dijo que era muy probable que antes de Semana Santa se pudiera llevar a Mireles al penal de Michoacán. “El juez tiene que fallar el incidente y entonces estaría ordenando el traslado del doctor Mireles de Hermosillo a Morelia. El juez esta semana o a más tardar la siguiente tendría que estar emitiendo su fallo y el doctor siendo trasladado en uno o dos días más, tal vez antes de Semana Santa pudiéramos tener al doctor en Michoacán”, dijo en esa ocasión. Asimismo, recordó que el gobernador Silvano Aureoles dio su beneplácito al traslado, pues hay condiciones para mantener la seguridad del doctor y hay cupo en el penal de Mil Cumbres.
“Hoy hace 10 minutos recibí la llamada de la oficina del comisionado de Reclusorios Federal, autorizándonos el ingreso para el domingo (13 de marzo) que viene en Hermosillo para poder ver al doctor, entonces suponemos que tampoco el gobierno federal va a tener algún tipo de objeción, de tal suerte que esto se pueda acelerar incluso, a lo mejor la semana siguiente, pudiéramos estar hablando ya del traslado del doctor”, señaló ese día el abogado. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/434225/ofrece-silvano-aureoles-coadyuvar-en-la-liberacion-mireles
ZACATECAS, Zac: El expresidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas y candidato independiente a la alcaldía de Fresnillo, Miguel González Valdez, fue liberado tras permanecer secuestrado durante casi dos meses y luego de que presuntamente sus familiares pagaran el rescate.
Una fuente allegada a la Secretaría de Seguridad informó que la tarde del viernes 18, una persona que circulaba en su camioneta por un camino de Fresnillo reportó que se encontró al ganadero caminando y al reconocerlo, dio aviso a las autoridades. El ganadero fue llevado a su domicilio y de acuerdo con la fuente, pidió que se le permitiera estar con su familia y recuperarse antes de acudir al Ministerio Público para declarar sobre su secuestro. González Valdez fue secuestrado la mañana del 28 de enero por varios sujetos que lo interceptaron cuando se dirigía en su camioneta a uno de sus ranchos por la carretera de Fresnillo a Valparaíso. Familiares del entonces precandidato independiente a la presidencia municipal de Fresnillo acudieron a la casa de gobierno y reclamaron a Miguel Alonso Reyes el clima de inseguridad prevaleciente en el campo zacatecano por la desaparición de González Valdez y otros agroproductores y ganaderos, así como por el robo de ganado. Los familiares atribuyeron el secuestro a motivos políticos, dada la intención del ganadero –y exdiputado local del PT- de contender por la alcaldía de Fresnillo. Los días siguientes los secuestradores exigieron una muy alta suma como rescate. La negociación se prolongó hasta la semana pasada, en que se habría entregado un monto final para la liberación del empresario. Una parte del rescate habría sido entregado el 9 de marzo por parte de uno de sus familiares en una comunidad del municipio de Teúl de González Ortega, y otro el 17 de marzo en un punto de la carretera Momax-Tlaltenango donde fue recogido por tres hombres con los rostros cubiertos y armas largas, en una camioneta Tacoma blanca.
CIUDAD DE MÉXICO: El empresario Alejandro Martí reconoció su participación en la construcción de un centro comercial en Valle de Bravo, pero negó “rotundamente” la destrucción de vestigios arqueológicos o que actúe fuera de la ley.
A su vez, informó que el proyecto que encabeza junto con Alejandro Aboumrad se detuvo y que está en etapa de “redefinición”. A través de una carta pública que difundió a través de las redes social y en aparente respuesta al reportaje publicado el pasado 8 de marzo en el sitio web de Proceso, Martí se dice víctima de una “crítica desinformada” y “ataques infundados” a través de esos medios.
Sin hacer alusión al reportaje de esta casa editorial y los medios y asociaciones que participan en Mexicoleaks afirmó que el reportaje está lleno de “mentiras y medias verdades”. Antes de la publicación del reportaje Martí fue consultado sobre el tema y prefirió no hacer comentarios.
El pasado 8 de marzo pasado, Proceso.com publicó que el INAH desmonta una zona arqueológica para abrir un centro comercial en Valle de Bravo. Dicho centro comercial se va a llamar “Plaza Patio Valle” y se trata de un moderno centro comercial enclavado en la parte urbana de Valle de Bravo. Constará de una tienda de autoservicio Aurrera, área de comida, cines, locales comerciales, estacionamiento y áreas verdes. Y se construirá sobre un predio que mide 3.6 hectáreas, cuyos propietarios son los empresarios Alejandro Martí y Alejandro Aboumrad, pero los dos sitios cuentas con dos sitios con vestigios arqueológicos conocidos como Las Monjas y Casa Ídolos. Los trabajos iniciales de construcción de la plaza comercial habrían dañado parcialmente algunos de ellos por lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se vio obligado a intervenir. Detuvo las obras e inició un “rescate arqueológico”. Sus expertos descubrieron que ahí había importantes estructuras prehispánicas: altares, basamentos, tumbas, ofrendas. Pero en lugar de preservarlas en ese lugar el INAH prefirió desmontar varias de ellas y reubicarlas con el fin de “liberar” el predio para que pudiera continuar la construcción de la plaza comercial. Diez días después el empresario difundió una carta en su cuenta de Twitter en la que reconoce su participación en el proyecto pero niega la destrucción de alguna zona arqueológica.
En una muestra de 11 instituciones gubernamentales, la cuarta parte de quienes ocupan las plazas laborales no tiene cédula profesional. Desde jefaturas de unidad, gerencias, subdirecciones y direcciones hasta una secretaría general, hay carencia de este documento fundamental para acreditar los conocimientos que requieren tareas sujetas a registro y control. No todos los ejercicios profesionales la exigen. De modo que obtener la cédula es una acción más ética que legal; es decir, depende de cada persona. Hay quien gana siete mil pesos y no tiene el documento; y hay quien percibe 133 mil pesos y tampoco lo tiene. Los especialistas a los que fue sometido este resultado observaron que la falta de esta certificación es un signo de la poca formalidad en el servicio público mexicano, que ha redundado en la desconfianza de los ciudadanos.
El 24.7 por ciento de una muestra de 11 instituciones del Gobierno mexicano no cuenta con cédula profesional, de acuerdo con un análisis basado en los datos disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y el Registro Nacional de Profesiones (RNP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el segmento revisado de un universo de cientos de miles puestos de trabajo en la burocracia, el espectro marcado por la ausencia de este documento es amplio: trabajadores con nivel salarial desde los siete mil pesos hasta los 133 mil pesos trabajan sin la cédula que emite la SEP. Los puestos que aparecen ocupados por funcionarios sin este papel fundamental son desde jefaturas de unidad, gerencias, subdirecciones, direcciones y hasta una secretaría general. De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 constitucional y la Ley General de Profesiones, la cédula profesional es el documento a través del cual cualquier autoridad acepta que una persona cuenta con los conocimientos suficientes para realizar tareas sujetas a registro y control. Hay algunas profesiones reguladas que no pueden ejercerse sin esta credencial (abogados y médicos); pero no es así para todas; de modo que para muchas profesiones registrarse ante la SEP es un asunto más ético que legal. Para obtenerla, se debe contar con título profesional que acredite una carrera universitaria.
Especialistas en Administración Pública y Transparencia coincidieron que el resultado de este ejercicio devela poca formalidad de los funcionarios mexicanos, lo que al final, mina la credibilidad y el prestigio del servicio público ante los ciudadanos.
“La certificación y la calidad de la administración pública guardan un vínculo muy estrecho. Y el RNP es una base amplia, con presupuesto suficiente, que podría convertirse en una plataforma para sustentar el perfil profesional de los funcionarios públicos”, expresa María del Carmen Pardo López, especialista en Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En términos de combate a la corrupción, la carencia de cédula profesional en el servicio público es un indicador desalentador para Ernesto Gómez Magaña de Contraloría Ciudadana, una asociación civil que mide el avance de los programas gubernamentales.
“El cumplimiento de este tipo de normas le brinda reconocimiento a los gobiernos y los vuelve fuertes ante sus problemas de corrupción. Los países que han avanzado en el combate a este mal es porque buscaron la profesionalización de los integrantes de la administración pública. La reacción inmediata de la ciudadanía fue el respeto a la figura del funcionario público”, expone.
En el presente, no hay un mecanismo que certifique a quienes integran la burocracia mexicana. El último intento quedó entrañado en la instalación del Servicio Profesional de Carrera (SPC), decretado en 2003 por el entonces Presidente Vicente Fox Quesada, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito. El SPC tenía entre sus objetivos la certificación de los funcionarios públicos a través de cursos. Los resultados del programa fueron mínimos: de 37 mil puestos previstos por la Ley de Servicio Civil, sólo siete mil lograron ingresar al sistema mediante este tipo de certificación. ¿QUÍEN SE VA Y QUÍEN SE QUEDA? Para este año, la Secretaría de Hacienda en el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene el plan de recortar 15 mil 825 puestos de trabajo de la burocracia federal, de los cuales, siete mil 740 son plazas de mandos medios y personal sindicalizado. Los recortes a la burocracia son parte del plan del Gobierno para reducir los gastos en unos 97 mil millones de pesos ante un escenario de menores ingresos y la desaceleración económica que ha mostrado el Producto Interno Bruto Nacional en dos años consecutivos. No es una medida extraordinaria en la política mexicana. Cada Presidente ha tomado esa decisión con tal de ahorrar. Una revisión de esta unidad indica que de 2006 a 2011 se pasó de 87 puestos con rubro de subsecretarios a 335, y los mandos superiores pasaron de cuatro mil 095 a ocho mil 217. Pero, ¿cómo se decide quién se queda y quién se va? Sin controles éticos o legales, el fantasma del nepotismo ronda las estructuras de Gobierno. Roberto Moreno Espinosa, Presidente de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro (IAPAS), expone: “En el caso mexicano, en los tres órdenes de gobierno, se practica lo que conocemos como política de botín o compadrazgo. No dudo que varios de los funcionarios son personal de confianza. Algunos son amigos de altos funcionarios, familiares, incluso, y por tanto, más allá de sus perfiles, fueron colocados en puestos estratégicos”. Para Gómez Magaña, de Contraloría Ciudadana, la transparencia de los perfiles profesionales podría menguar las malas prácticas. LA MAYORÍA DEL GABINETE DE EPN, CON MAESTRÍA
En el gabinete –legal y ampliado– del Presidente Enrique Peña Nieto, hay 16 funcionarios que estudiaron una maestría, 13 que estudiaron sólo la licenciatura, siete que cuentan con doctorado, dos que tienen un título de nivel técnico y una funcionaria que no cuenta con estudios superiores. La búsqueda realizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo arrojó que todos ellos tienen la certificación correspondiente, es decir, la cédula profesional.
Surgido de la fractura interna que hubo en el PRD en septiembre de 2012, cuando el jerarca de la izquierda Andrés Manuel López Obrador entró en desacuerdo con la dirigencia perredista por apoyar al gobierno de Enrique Peña Nieto firmando el Pacto por México, Morena obtiene su registro ante el Instituto Nacional Electoral dos años más tarde, el 9 de julio de 2014.
En sus discursos masivos, Andrés Manuel López Obrador, como Presidente del Consejo Nacional, y su cuadro político más cercano pregonaban estar formando un partido diferente a los demás y totalmente abierto a la ciudadanía, pero dicen que los changos viejos no aprenden maromas nuevas, y de inmediato comenzaron a ejercer las mismas prácticas asimiladas desde que eran militantes del PRI, en las décadas de los años 60 y 70, y posteriormente cuando fueron militantes del PRD, a partir de 1989. Martí Batres fue designado presidente nacional de Morena, y actualmente es el dirigente de este partido en el D.F., pero los capitalinos, especialmente los ciudadanos xochimilquenses, no olvidan a este político desde que ocupara la presidencia de la Gran Comisión de la I Asamblea Legislativa del D.F., en 1997, durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, ya que fue el principal promotor y protector (capo pues) del llamado Cartel de Xochimilco, integrado por los jefes delegacionales perredistas que trienio tras trienio se dedicaron a saquear esta importante demarcación, que hoy, para colmo, volvió a quedar bajo la esfera de dominio de Martí Batres al haber resultado electo como jefe delegacional en las pasadas elecciones el ahora morenista Avelino Méndez Rangel, ex perredista y ex funcionario de esta delegación que fue despedido por cometer actos de corrupción en la Dirección General de Medio Ambiente. Avelino Méndez ahora ya es jefe delegacional de Xochimilco, pero no tiene empacho en abandonar su trabajo para andar acompañando al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en las giras que este realiza por el norte del país.
Bertha Lujan Uranga es la actual Secretaria General de Morena y fue secretaria de la Contraloría del D.F., durante la jefatura de gobierno de López Obrador, del año 2000 al 2006; como tal, Bertha Luján se dedicó a proteger las corruptelas de infinidad de funcionarios del gobierno capitalino, especialmente del sector de transportes. En noviembre de 2003 fue denunciada por el empleado del gobierno del D.F., Manuel Guerrero Ramos por negarse a investigar a funcionarios de la secretaría de Transporte y Vialidad que habían cometido millonarios fraudes, aun cuando este empleado le entregó pruebas documentales de esos ilícitos. Más tarde, en el año 2012, López Obrador incluyó en su propuesta de gabinete a Bertha Luján para que en caso de que ganara la presidencia de la República asumiera la titularidad de la Secretaría de Honestidad y Combate a la Corrupción. Con este tipo de perfiles Andrés Manuel López Obrador le fue “dando forma” a su partido a lo largo y ancho de la República, y en el estado de Durango quizá se está dando el ejemplo más claro de lo que es Morena en todo el país. Dicen que lo que mal empieza mal acaba y en esta entidad norteña el partido Morena fue formado por integrantes del Partido del Trabajo sometidos al cacicazgo de su líder local, Alejandro González Yáñez, quien impuso a María de Jesús Páez Güereca como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal. Siempre bajo las órdenes del gobierno estatal priísta, los petistas solo se dedicaron a cubrir las formas legales para que Morena obtuviera el registro a nivel estatal, pero las actividades de filiación y activismo político brillaron por su ausencia. Así, en las elecciones federales de 2015, bajo la conducción de los petistas, Morena ni siquiera tenía perfiles de candidatos a diputados para contender, por lo que Andrés Manuel López Obrador, sin asambleas de por medio y violando los estatutos de su partido, destituyó a todo el comité directivo estatal del PT-Morena para imponer al conocido político izquierdista local Carlos Medina Alemán como “delegado especial”. A Carlos Medina Alemán le correspondió la búsqueda inmediata de perfiles para candidatos a diputados federales, y desde ese momento ya se dejaba ver en Morena la abierta filtración del gobierno estatal priísta al apoyar a por lo menos uno de sus candidatos, el del cuarto distrito, Sergio Silva Labrador, procurándolo de enseres domésticos para obsequiarlos durante su campaña proselitista.
26 mil votos obtuvo Morena en las elecciones del 7 de junio de 2015 posicionándose en 10 municipios como tercera fuerza electoral, solo después del PRI y del PAN.
Con Carlos Medina se integran algunos dirigentes del PT que renuncian a este partido para adherirse al proyecto morenista, entre ellos el político oaxaqueño Gustavo Pedro Cortés, radicado en Durango desde hace más de dos décadas.
Tres meses después del proceso electoral de junio de 2015, Pedro Cortés comienza a denunciar ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena las anomalías graves que constantemente cometía Carlos Medina Alemán en su afán de promoverse para ser designado presidente estatal de Morena en Durango. En su querella, Pedro Cortés también denunció al presidente del Consejo Estatal, Jesús Iván Ramírez Maldonado y al tlahuaquense Rosendo Salgado Vázquez, en ese momento secretario general.
El golpeteo de Gustavo Pedro Cortés llega a los medios de comunicación locales y el político oaxaqueño comienza a estructurar una especie de dirigencia alterna proponiendo perfiles de profesores del Magisterio Unido de Durango como aspirantes a candidatos a diputados locales, alcaldes y regidores de Morena, idea no muy descabellada si se toma en cuenta la fuerza que tiene este sector y las cuentas pendientes que podría cobrarle en las elecciones del próximo 5 de junio al PRI, al PAN y al PRD por haber aprobado la reforma educativa que hoy tiene a los maestros en constante peligro de ser despedidos de sus trabajos.
Carlos Medina Alemán, ya como presidente estatal de Morena elegido irregularmente, fue incapaz de manejar y resolver esta crisis política al interior de su partido y entra en dimes y diretes con Gustavo Pedro Cortés en la prensa local duranguense, agudizando más las diferencias con su compañero de instituto, por lo que Andrés Manuel López Obrador, de nueva cuenta violando los estatutos de su propio partido, viene a Durango a finales de 2015 a imponer una dirigencia de facto designando al jefe delegacional de Tláhuac, de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez, “para hacerse cargo de todos los asuntos de Morena en Durango”, solo porque este supuestamente tiene familiares en Gómez Palacio, cosa que los militantes de Morena de aquél municipio desconocen.
Este jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, a principios de febrero pasado impone a su hermano, Rosendo Salgado Vázquez, como delegado de Morena en Durango y como Presidente y Secretario de Organización, así nomás, sin asambleas de por medio, porque así es como se manejan las cosas en este partido. Rosendo Salgado Vázquez desde octubre de 2015 ya estaba en Durango y había sido nombrado irregularmente secretario general. Gustavo Pedro Cortés, molesto por esta nueva imposición, denuncia en los medios locales que Rosendo Salgado Vázquez tiene infinidad de acusaciones en su contra por la comisión de delitos mercantiles en la Ciudad de México. Desde octubre de 2015 los focos rojos ya estaban encendidos para algunos militantes de Morena en Durango pues en numerosas ocasiones vieron en la ciudad de Durango al jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado; sin embargo, este no se entrevistaba con ningún integrante del comité directivo estatal de Morena. ¿A quién o a quienes visitaba Rigoberto Salgado? Los militantes de Morena de La Laguna, indignados por los actos de corrupción e ineficacias tanto de su ex dirigente Carlos Medina Alemán como del actual, el tlahuaquense Rosendo Salgado Vázquez, revelan que en realidad el ex diputado perredista y ahora jefe delegacional morenista de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, venía a entrevistarse con su antiguo compañero de bancada de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados y actual gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, con quien, dicen, desde entonces tiene una cercana amistad.
Desde que los hermanos Salgado Vázquez llegan a Durango, enviados por Andrés Manuel López Obrador, comienzan a tratar no tanto con el corrupto líder estatal Carlos Medina Alemán sino con Iván Ramírez Maldonado, presidente del Consejo Estatal de Morena y ex perredista muy cercano al gobierno estatal priísta de Durango. “Desde hace años Iván Ramírez Maldonado es incondicional del principal operador político del gobierno estatal duranguense, Rafael Herrera Piedra, primo del gobernador priísta Jorge Herrera Caldera, y es común verlo en las tertulias que se llevan a cabo en la fastuosa hacienda que Rafael Herrera Piedra tiene en el kilómetro 18 de la carretera a Parral”, comentan los morenistas. Rafael Herrera Piedra desde comienzos del actual sexenio ha fundado más de una docena de empresas periodísticas, de impresión y de “manejo de imagen” que facturan para el gobierno estatal, y aunque no tiene ningún cargo público ejerce funciones fácticas de mando y es custodiado permanentemente por escoltas de la Dirección Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del estado de Durango. Así las cosas, los rijosos líderes morenistas Carlos Medina Alemán, quien todavía tiene el cargo de “Enlace”, y Gustavo Pedro Cortés son relegados a segundo plano por los hermanos Salgado Vázquez, quienes comienzan a tomar decisiones asesorados directamente por Iván Ramírez Maldonado. Y, derivado de los pleitos que tienen entre sí todos estos dirigentes de Morena-Durango, una de las primeras medidas que los hermanos Salgado Vázquez tomaron para no verle las caras a Medina Alemán y a Gustavo Pedro Cortés fue la de alquilar una casa como sede alterna de Morena en una de las zonas más costosas de la ciudad de Durango, en la calle Horacio 205, de la colonia Fátima, en donde tienen como vecinos a los ex gobernadores priístas Maximiliano Silerio Esparza y Ángel Sergio Guerrero Mier.
También, y para no perder la costumbre de estar en lugares lujosos, el flamante “presidente estatal” de Morena-Durango, el tlahuaquense Rosendo Salgado Vázquez, alquiló otra casa para vivir en la calle Madreselva Núm. 203 del fraccionamiento Jardines de Durango, otro de los suburbios de más plusvalía en esta ciudad. Ahora, la militancia morenista duranguense cuando quiere resolver algún problema llega a la sede oficial, ubicada en la calle Juárez del centro de Durango, pero ahí les dicen que no, que los dirigentes se encuentran allá en el palacete de la calle Horacio 205.
¿Quién solventa estos derroches? Ya sea el gobierno estatal priísta, la jefatura delegacional de Tláhuac o el partido Morena, los paganos somos nosotros los contribuyentes porque dudamos mucho que estos vivales utilicen dinero de sus bolsillos para darse estos lujos.
En este punto, a Rosendo Salgado Vázquez le correspondió llevar a cabo la selección de los aspirantes a candidatos a diputados locales de los 15 distritos electorales que comprende Durango, así como del candidato a gobernador. Ya se sabía con antelación que el candidato a gobernador sería el periodista amigo de Andrés Manuel López Obrador, Guillermo Fabela Quiñones, pero en la designación de los candidatos a diputados locales se hizo más evidente la corrupción que impera en este partido pues decenas de ciudadanos que representaban buenos perfiles académicos, políticos e intelectuales fueron relegados para elegir como candidatos a ciudadanos de muy bajo perfil, sumamente impreparados y con niveles culturales insultantes, la mayoría de los cuales ni siquiera son conocidos en los comités distritales de Morena en Durango. Entre esos candidatos destaca la del distrito 12 de Gómez Palacio, María Teresa Limones Ceniceros, quien ya como tal se dedicó a enviar mensajes telefónicos de texto a algunos medios de comunicación expresando su homofobia y pidiendo orar para que los diputados de Durango no aprueben los matrimonios igualitarios. Esta medida dolosa de elegir a los peores perfiles por supuesto que obedece a los tratos que los hermanos Salgado Vázquez tienen con el gobierno estatal priísta a través del ex perredista Iván Ramírez Maldonado, virtual candidato de Morena a la alcaldía de Durango y personero del principal operador político del gobierno local duranguense, Rafael Herrera Piedra.
En este panorama, y anulados desde ahora los demás partidos de oposición como el PAN (fracturado totalmente por sus pugnas internas), el PRD (con nula presencia social), Movimiento Ciudadano (a la deriva porque su líder estatal, el Dr. José Ramón Enríquez, prefirió irse al PAN a buscar la candidatura a alcalde de Durango) y lo que queda del PT (ahora más que nunca a las órdenes del PRI), la única oposición real que pudiera haber enfrentado el PRI en Durango era precisamente la que representaba Morena.
Es indudable que el sello de Morena y la figura de Andrés Manuel López Obrador son atractivos para los votantes, y esto quedó demostrado en las pasadas elecciones federales en Durango, en las que Morena obtuvo 26 mil votos en su primera participación en elecciones, por lo que el objetivo de proponerle a la ciudadanía duranguense candidatos de muy bajo rango es claro y tiene dedicatoria: no ofrecer ningún tipo de competencia que pudiera poner en peligro el triunfo del PRI, que al igual que en los últimos procesos electorales no está dispuesto a arriesgar nada y pretende, de nueva cuenta, obtener el “carro completo” que le permita seguir saqueando y enriqueciendo a su élite gobernante. Además de esto, el gobierno estatal priísta, ya acusado a nivel nacional por sus nexos con el crimen organizado, tiene la presión de hacer gobernador a como dé lugar a su candidato, “El Médico Especialista C”, Esteban Villegas Villarreal, delfín del presidente de la República corrupto, Enrique Peña Nieto. Lo peor de todo esto es que no son pocas las voces que alertaron al santón de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, sobre lo que estaba y está sucediendo en su partido en Durango, tanto con el anterior líder estatal corrupto, Carlos Medina Alemán, como con el actual, Rosendo Salgado Vázquez, señalado por los militantes de Morena y algunos periodistas locales por su notoria dipsomanía y por tomar decisiones ordenadas por intereses ajenos que contravienen los principios y objetivos de este partido, quitándole a la ciudadanía duranguense la oportunidad de terminar con el priísmo corrupto que ya lleva casi 100 años metiéndole las manos en sus bolsillos. En este contexto, aparte de la ciudadanía, otro de los directamente afectados será el candidato a la gubernatura, Guillermo Fabela Quiñones, periodista de profesión que, a diferencia de los candidatos a gobernador de los demás partidos políticos, es el único que no tiene antecedentes de corrupción, pero quizá esto no le sirva de mucho pues se antoja imposible que los candidatos a diputados locales seleccionados supuestamente por el “presidente estatal” Rosendo Salgado Vázquez, y los candidatos a alcaldes que designe le procuren una cantidad importante de votos. El pasado viernes 11 de marzo, una vez más estuvo de gira en Durango el jerarca Andrés Manuel López Obrador, y durante el recorrido que hizo por algunos municipios como Durango, Nombre de Dios, San Juan del Río y Rodeo fue recibido al más viejo estilo priísta, con patrullas, banda musical, cohetones, edecanes y vino, mucho vino, quizá para que su “presidente estatal”, Rosendo Salgado Vázquez, no se sintiera como pez fuera del agua. Triste y vulgar fue el espectáculo que dio su séquito y los “dirigentes” estatales que lo acompañaban, quienes a toda costa trataban de impedir que determinadas personas se acercaran al santón izquierdista para manifestarle sus desacuerdos con lo que está sucediendo en Morena-Durango. En la capital duranguense, de 8 a 10:30 de la mañana, López Obrador tuvo una reunión a puerta cerrada en el salón de eventos del Hotel Gobernador con coordinadores, “promotores de la soberanía nacional” y dirigentes estatales de Morena-Durango; con él estaban, entre otros, los jefes delegacionales de Tláhuac y Xochimilco, Rigoberto Salgado Vázquez y Avelino Méndez Rangel, quienes lo acompañaban en su recorrido en un día y horario hábiles cuando debían de estar trabajando en sus respectivas oficinas, en las que constantemente sus secretarios particulares niegan audiencia a los ciudadanos diciéndoles que “el jefe delegacional tuvo que salir a ver a Mancera”, cuando en realidad andan haciendo proselitismo con López Obrador. En dicha reunión supuestamente se arreglaron las diferencias internas que hay en Morena-Durango, pero a reserva de que López Obrador ordene reemplazar a la mayoría de candidatos a diputados locales impuestos por intereses ya bien identificados y les exija su renuncia a todos esos dirigentes estatales corruptos, no se ve la manera en que López Obrador pueda resolver este problema y ofrecerle a la ciudadanía duranguense verdaderas opciones para votar. Esta misma estrategia sucia y premeditada de elegir pésimos perfiles para candidatos se repite en casi todos los estados de la República en los que Morena va a participar en los próximos comicios, y la constante es que Andrés Manuel López Obrador, conociendo exactamente las corruptelas que están cometiendo sus dirigentes estatales que han sido cooptados por el priísmo, no hace nada para detenerlos, por el contrario, parece respaldar las acciones oprobiosas de estos, al igual que respaldó a su ex secretario particular René Bejarano y a su ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, a pesar de que en su cara le restregaron los videos que demostraban sus graves actos de corrupción. Así es Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial que en el año 2006, mientras hablaba de honestidad valiente en el zócalo de la Ciudad de México, a su lado tenía a uno de los más voraces saqueadores del sindicato ferrocarrilero, Jorge Peralta Vargas. Así es Andrés Manuel López Obrador, el líder izquierdista que dice que la única diferencia entre los priístas y panistas es que los priístas son rateros y los panistas son ladrones, mientras la secretaria general de Morena, Bertha Luján Uranga, como titular de la Contraloría del D.F., protegió el saqueo y la corrupción de altos funcionarios de la secretaría de Transporte y Vialidad cuando fue jefe de gobierno capitalino.
Así es Andrés Manuel López Obrador, el político que quiere vender el avión presidencial cuando llegue a Los Pinos en el 2018, pero por mientras hoy en Durango, con su anuencia o sin ella, su partido Morena ya fue vendido al mejor postor por sus dirigentes estatales. FUENTE: RAZA CERO. AUTOR: FERNANDO MIRANDA SERVÍN. FECHA: 15 MARZO 2016. LINK: http://razacero.com/?p=5682
CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Francisco Vidal Soberón, por la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución arbitraria de Armando Humberto del Bosque Villarreal en Nuevo León.
Del Bosque Villarreal fue detenido el 3 de agosto de 2013 por personal de la Semar en el municipio de Anáhuac, luego de que interpuso una queja contra un vecino que resultó ser informante de los marinos destacamentados en el poblado de Colombia. Pese a que los hechos fueron atestiguados por pobladores y el padre de la víctima (Humberto del Bosque Gutiérrez), la Semar negó la detención en comunicaciones a la CNDH y a la Procuraduría General de la República (PGR). Dos meses después, el cuerpo del joven de 33 años apareció en inmediaciones del asentamiento de los marinos. (Proceso 1921, 1928). En el número 2055 del semanario que circula esta semana se retoma la denuncia del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, quien documentó el caso sobre el posible encubrimiento “de alto nivel”, para que después de más de dos años de los hechos la PGR pudiera consignar el asunto, y entre el 8 y el 9 de marzo un juez de Nuevo León dictó auto de formal prisión a cinco elementos por desaparición forzada. El juez negó la aprehensión para tres por encubrimiento, en tanto que la PGR abrió otro expediente por la ejecución extrajudicial del joven, caso que no ha sido consignado. En un comunicado, el organismo presidido por Raúl González Pérez señaló que “a pesar de que la Semar informó a la Comisión Nacional no contar con elementos que lleven a determinar que el personal naval haya detenido a la víctima, las evidencias recabadas acreditan que sí fue detenido de manera arbitraria por aproximadamente ocho elementos navales y que ellos fueron los últimos con quienes vieron a la persona con vida, lo que conduce a inferir que son los responsables de la desaparición forzada”. Más aún, para el organismo “hay concatenación de la desaparición forzada perpetrada con la muerte de la víctima, lo que, aunado a las circunstancias en que fue encontrado su cadáver, conlleva a considerar que se trata de un caso de ejecución arbitraria violatorio al derecho humano a la vida”. En el documento la CNDH explica que la responsabilidad de los marinos en la ejecución del joven se “robustece con las evidencias recabadas por este organismo nacional, entre otras, el dictamen de criminalística de campo realizado por un perito de la PGR, que concluyó que la víctima recibió un disparo de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza, a una distancia no mayor a 70 centímetros, en posición de sometimiento”. De acuerdo con la recomendación, don Humberto del Bosque presentó la queja por la detención arbitraria de su hijo y la negación del personal de la Marina, el 7 de agosto de 2013, inicialmente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, instancia que ese mismo día remitió la denuncia a la CNDH. El 15 de agosto de ese mismo año, un visitador adjunto de la CNDH atendió la queja y recabó, entre otros elementos, un parte informativo de policías municipales de Anáhuac por el que notificaban que recibieron la querella de Del Bosque Villarreal en contra de vecinos que allanaron su domicilio y lo amenazaron de muerte, y que más tarde solicitaron el apoyo del destacamento de la Semar en Colombia, cuyos efectivos se llevaron al joven y su automóvil. La CNDH obtuvo el audio de una llamada telefónica en la que el comandante de los marinos que detuvo al joven, el capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada, habla con un agente municipal sobre dicha detención y “qué hicimos con el muchacho”. Para documentar la detención arbitraria, el organismo contó además con 12 testimonios, 15 declaraciones ministeriales y un dictamen de audio y video. En la recomendación, el organismo señala que “es indudable que quienes participaron en la desaparición forzada de V1 (Del Bosque Villarreal) fueron agentes de la Semar, quienes realizaron la detención el 3 de agosto de 2013, entre las 14:00 y las 15:00 y que condujeron a V1 y al Vehículo 1 con rumbo a las instalaciones navales”. La CNDH destaca que además de los anteriores elementos, para acreditar la desaparición forzada se requiere “la negativa de las autoridades a reconocer la detención material y el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida”, lo que ocurrió “cuando los agentes navales negaron a los familiares de V1 información acerca de su paradero, desde el día de la detención, y con los informes de la Semar remitidos a la Comisión Nacional en los que enfáticamente negaron dicha detención sin aportar razones convincentes y satisfactorias”. En el documento la CNDH exhibe extractos de oficios de la Semar con fechas 28 y 30 de agosto de 2013 y 1 de abril de 2014 en los que niegan información sobre Del Bosque Villarreal, y advierte que la negativa continuó en el proceso penal en comparecencias ante el Ministerio Público Federal en 2015. En cuanto a las evidencias de la ejecución arbitraria o extrajudicial, en su recomendación la CNDH incluye extractos del dictamen de criminalística elaborado el 31 de octubre de 2013, 27 días después del levantamiento del cuerpo sin vida del joven, en el que se determinó que Humberto del Bosque fue asesinado de un tiro en la cabeza, “a una distancia no mayor a 70 centímetros”, con un arma corta en el sitio donde fue abandonado el cuerpo. “Aunque no se encontró el arma homicida (únicamente el casquillo percutido), se requiere deslindar la responsabilidad de los agentes navales, pues fueron ellos las últimas personas que fueron identificadas al momento en que detuvieron, sometieron y lo subieron a un vehículo oficial para ser trasladado a la Base de Operaciones a la salida de la comunidad de Colombia”, señala la recomendación de la CNDH. Tras casi tres años de investigación, la CNDH “acreditó la violación a los derechos a la libertad personal, a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la integridad y seguridad personal, así como a la protección y derecho a la vida atribuibles a los servidores públicos de la Secretaría de Marina (Semar)”. Por tal motivo, el presidente de la CNDH instruyó al secretario de Marina “la reparación integral del daño, que contemple la atención médica y psicológica a los familiares de la víctima para restablecer su salud física y mental, así como compensación y/o indemnización justa, tomando en cuenta la gravedad de los hechos conforme a los lineamientos de la Ley General de Víctimas”, e inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas. A Soberón Sanz, González Pérez le pidió “colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia que la Comisión Nacional formule ante la Procuraduría General de la República, así como en el trámite y seguimiento de la queja para que se inicie un procedimiento administrativo de investigación contra los agentes navales involucrados”.
El ombudsman también recomendó al titular de la Semar capacitar al personal en materia de derechos humanos, además de la utilización de “cámaras fotográficas y de videograbación, así como la grabación de audio” durante los operativos, y tomar las medidas legales y administrativas para que el personal a su cargo “brinde información sobre la situación jurídica de las personas que estén bajo su custodia”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/434222/cndh-gira-recomendacion-al-titular-semar-la-ejecucion-arbitraria-armando-del-bosque
“¿En qué punto se torció el honor militar?”, se pregunta la periodista Ana Lilia Pérez al hacer un recuento de la violencia que las fuerzas castrenses mexicanas han desatado contra la población civil, revisión que empareja los regímenes de Gustavo Díaz Ordaz y Enrique Peña Nieto (y los intermedios) merced a los emblemáticos casos de Tlatelolco y Ayotzinapa. Con autorización de la autora, a continuación se publican fragmentos de Verdugos. Asesinatos brutales y otras historias secretas de militares, puesto en circulación por Grijalbo.
CIUDAD DE MÉXICO: Cuando un militar comete un crimen, ¿lo hace por negligencia, dolo o por mal desempeño? Los asesinatos de civiles a manos de miembros de las fuerzas armadas en México desmitifican la institucionalidad de los militares, la figura de heroicidad que a lo largo de varios regímenes se ha pretendido otorgarles para respaldar de manera indirecta el uso faccioso que los distintos presidentes han hecho del Ejército Mexicano. Son muestra palpable del enorme grado de vulnerabilidad de la sociedad civil frente a algunos miembros de la milicia, vulnerabilidad que se potencia cuando esos atroces crímenes se callan o incluso se ocultan. ¿Qué lleva a los militares a estallidos de violencia, ira u odio incontenibles? La disciplina militar tiene su propia lógica, una lógica por la que se preparan hombres para utilizar armas y matar. La lógica de esa disciplina se inculca en los militares de carrera desde el Heroico Colegio Militar, el plantel más importante de educación castrense, dependiente de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En él, durante cuatro años se les educa bajo reglas tácitas de obediencia incuestionable desde la potrada, el bautismo no oficial que se ofrece a manera de bienvenida a los imberbes cachorros de primer ingreso, a quienes los superiores –oficiales, futuros colegas– harán ver su suerte como buenos para nada, malos para todo. La potrada durará hasta que se les temple el carácter. Se les enseña el “¡Sí, señor! ¡Sí, mi general! ¡Sí, sí, sí!”, y la única respuesta correcta: aguantar y obedecer, sin tener ninguna oportunidad de cuestionar. Ubicadas en la zona sur del Distrito Federal, las aulas del Heroico Colegio Militar –inauguradas en septiembre de 1976–, con ese halo que supone misticismo, conforman un impresionante conjunto arquitectónico que simboliza el telpochcalli, el lugar en el cual los antiguos aztecas educaban a los jóvenes para la guerra. Su edificio de gobierno tiene como forma la de la máscara del dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y las instalaciones que comienzan en el gimnasio y contienen la sala de historia y el área de dormitorios donde los aguiluchos (cadetes) reposan, simbolizan al dios Quetzalcóatl. En esas aulas, en un ambiente que pretende celo en la vida dedicada a las armas, se curte el temple de los militares de carrera: un temple que al estilo draconiano se les seguirá forjando en batallones, campos, campamentos y cuarteles como si el implacable sargento mayor Hartman (célebre personaje del filme Full Metal Jacket) saltara de la pantalla para meterse en la piel de los oficiales entrenadores. Ésa es la misma lógica bajo la que se educa, entrena y adiestra a todos los miembros de las fuerzas armadas, la que replican los oficiales en la tropa. Lealtad, devoción, valor, honor, abnegación, se promueven como valores del instituto armado; pero los altos mandos los enseñan de manera absolutamente vertical según su visión. En los cuarteles, batallones y regimientos el mando aplica la disciplina y conforme a su criterio arresta, detiene y castiga a los subordinados. Tal disciplina ciega desencadena como efecto negativo en lo que los militares definen como mala conducta, desobediencia, insubordinación, y ha llevado a más de uno a niveles de violencia exacerbada en el clímax de dicha “indisciplina” asesinando a sus “superiores”; a militares de alta jerarquía a asesinar a “sus inferiores”, o a los llamados delitos contra el honor militar, que es como la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) define las imputaciones hechas a militares, las cuales pueden motivar su “baja forzada”.
El gobierno de Enrique Peña Nieto empezó en medio de una avalancha publicitaria nunca antes vista, ni siquiera con sus antecesores panistas que tanto le apostaron a la imagen mediática. En sus primeros dos años desembolsó casi 20 mil millones de pesos. Dos solicitudes de información de Proceso a la Presidencia y a Gobernación revelan que ese monto se ha gastado de manera ineficiente, ya que ni ha levantado la imagen del presidente ni ha cumplido con la propia normatividad federal.
CIUDAD DE MÉXICO: En un intento por revertir el deterioro de su imagen, en picada desde septiembre de 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó un spot costoso, que sólo se transmitió unas horas y terminó volviéndose contra el mandatario, cuyo equipo de estrategas no calculó el efecto de ridiculizar a la población que lo critica al lanzarle el mensaje “ya chole con tus quejas”. Ese spot costó un millón 886 mil pesos y fue ordenado por la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental, que depende de la Oficina de la Presidencia de la República. De acuerdo al contrato y otros documentos obtenidos en respuesta a solicitudes de acceso a la información de este semanario, dicha coordinación no cumplió con estudios y disposiciones enunciadas en los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social emitidos por la Secretaría de Gobernación (los correspondientes a 2015 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el último día de diciembre de 2014).
El spot contra la crítica costó 1 millón 886 mil pesos. La Presidencia de la República ha pagado 158 millones por trabajos similares a Estudios Churubusco Azteca. En su página, Estudios Churubusco presume que, por su personalidad jurídica de entidad de la administración pública paraestatal, puede ser contratada por las instituciones del sector público sin necesidad de licitación para realizar “desde el concepto creativo” hasta la producción y postproducción de spots o campañas de comunicación. Dicha contratación se realiza a través de convenios de colaboración. El convenio de colaboración número CC-006-15, obtenido a través de la solicitud de información dirigida a la Presidencia (folio 0210000149715), fue suscrito el 3 de marzo de 2015 para la producción y postproducción de campañas o cápsulas de difusión para radio, televisión y cine. Signado por la Oficina de la Presidencia de la República, el documento establece que esos trabajos se harán con cargo a la Partida 36101, que corresponde a difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, por un monto mínimo de 9 millones 600 mil pesos y un máximo de 24 millones. La Presidencia se gastó el monto máximo en sólo cinco meses, pues para el 7 de agosto la oficina del vocero presidencial, Eduardo Sánchez Hernández, solicitó un incremento al convenio con Estudios Churubusco por 11 millones 283 mil pesos. Sólo por ese convenio, en 2015 la Presidencia pagó 35 millones 283 mil pesos.
