En México el problema de la pobreza es estructural: Cepal; pide ajustar el salario mínimo

La Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, expuso que durante 2014 hubo un aumento de 2 millones de personas en situación de pobreza en Guatemala, México y Venezuela. Es el Estado con las políticas públicas, destacó, quien tiene que atender esta situación. “Uno de los temas a resolver en México es el salario mínimo porque está por debajo de la línea de la pobreza. Esto tiene que tener una solución más estructural”, aseguró.

Un total de 175 millones de personas viven en la pobreza en América Latina, de acuerdo con el informe Panorama Social de la región en 2015, presentado hoy en conferencia de prensa en Santiago por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Las tasas de pobreza e indigencia medidas por ingresos se mantuvieron estables en América Latina en 2014 respecto al año anterior (situándose en 28.2 por ciento y 11.8 por ciento de la población de la región, respectivamente), pero estima que ambas se habrían incrementado en 2015, lo cual consideró preocupante.

El número de personas en situación de pobreza creció en alrededor de dos millones en 2014 en comparación con 2013, alcanzando los 168 millones de personas, de los cuales 70 millones estaban en la indigencia, detalló la Cepal. Según las proyecciones del organismo, en 2015 la tasa regional de pobreza habría aumentado a 29.2 por ciento de los habitantes de la región (175 millones de personas) y la tasa de indigencia a 12.4 por ciento (75 millones de personas).

La Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, especificó durante la presentación del informe que durante 2014 hubo un aumento de 2 millones de personas en situación de pobreza en Guatemala, México y Venezuela.

Es el Estado con las políticas públicas, destacó, quien tiene que atender esta situación. Pero también, dijo, se requieren programas de redistribución de riqueza mediante los impuestos.

Asimismo, de 11 países analizados, México y Costa Rica fueron los únicos donde la pobreza e indigencia no disminuyó durante el periodo 2010-2014.

En México el problema de la pobreza es más estructural que coyuntural. “Uno de los temas a resolver en México es el salario mínimo porque está por debajo de la línea de la pobreza. Esto tiene que tener una solución más estructural”, aseguró.

Recientemente el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Basilio González Núñez, aseguró que el salario mínimo en México debería ser superior a los 200 pesos.

El poder adquisitivo ha perdido más de un 70 por ciento en los últimos 40 años. Actualmente el salario mínimo se encuentra en 73.04 pesos, luego del aumento de 2.94 pesos desde enero de este año.

El país ha tenido dos ajustes fiscales, recordó la Secretaria de la Cepal, pero la Secretaría de Hacienda (SHCP) ha trabajado con el Coneval para diseñar el Presupuesto de 2016 y determinar cuáles son los programas sociales más importantes para combatir la pobreza.

“El tema del ajuste tendrá más impacto en la inversión, lo cual también preocupa. Eso tiene una reducción en el empleo”, expuso Bárcena respecto al recorte al gasto público 2016 por 132 mil 300 millones de pesos, principalmente en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En el caso de la depreciación del peso mexicano frente al dólar, “aún no hay un impacto” en la inflación (2.71 por ciento en la primera quincena de marzo), pero sí en el valor de las remesas, en el turismo y en el precio de los bienes importados.


“DEBEMOS ESTAR ALERTAS”

Respecto a la situación de la región, afirmó que América Latina debe generar más empleos de calidad, con derechos y protección social, cautelar el salario mínimo y proteger el gasto social, que muestra una merma en su ritmo de crecimiento.

“Estamos en un cambio cíclico económico. Debemos estar alertas. Para no estar en un punto de inflexión, se deben aplicar políticas públicas”, destacó. “Estamos preocupados por la desestabilidad de la región porque se pierde la continuidad de ciertos programas [contra la pobreza]”, agregó la representante de la Cepal.

Al dar a conocer el informe Panorama Social 2015 -que da cuenta de la evolución reciente de la pobreza, la indigencia, la distribución del ingreso y el gasto social en América Latina-, el organismo de Naciones Unidas hizo un llamamiento para “proteger los avances e impedir los retrocesos sociales ante el potencial aumento de la pobreza en la región”.

Al analizar los ingresos laborales mensuales promedios según sexo, raza, etnia y años de escolaridad, se observa que los ingresos laborales medios de los hombres no indígenas ni afrodescendientes cuadriplican a los de las mujeres indígenas y duplican a los de las mujeres afrodescendientes.

Según la Comisión, el 80 por ciento de los ingresos totales de los hogares latinoamericanos provienen del trabajo. Por ello, el empleo de calidad, con derechos y protección social “es la llave maestra para la igualdad, eje de la integración social y económica, y mecanismo fundamental de construcción de autonomía, identidad, dignidad personal y ampliación de la ciudadanía”, señala el estudio.

En cuanto al gasto social, el organismo destacó que la mayoría de 21 países analizados destina el 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a este rubro, principalmente en la protección social, seguido de la educación y la salud.

“Es necesario proteger el gasto social ante el escaso dinamismo de la economía”, expuso Bárcena.


En el informe se revisaron 58 programas públicos de inclusión laboral y productiva de 21 países de la región, que buscan ampliar las oportunidades de trabajo para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-03-2016/1639102

Decisión histórica para la radio

El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tomó una decisión trascendental en materia de radio, que permitirá que se incorporen nuevos operadores en la banda de FM en ciudades como la de México, Monterrey o Guadalajara.

Es una resolución histórica, nada fácil para los comisionados, ante la enorme presión que ejerció la industria radiofónica comercial para que no se aprobara, ya que en su opinión esta reforma generaría problemas técnicos (interferencias) y aumentará la cantidad de estaciones en un mercado, dicen, ya saturado.

El cambio a la norma consiste esencialmente en lo siguiente: cuando no exista disponibilidad espectral alguna con separación a 800 KHz, el Instituto podrá establecer una separación entre frecuencias de 400 KHz como mínimo para estaciones de FM que operen en una misma localidad, siempre y cuando se garantice su operación conforme a los parámetros técnicos.

Esto significa que, por ejemplo, en el espacio entre Radio Red FM, que se ubica en los 88.1 MHz, y Siempre, en el 88.9 MHz, existe la posibilidad de que pueda funcionar una nueva estación a la mitad, es decir, en los 88.5 MHz, en la Ciudad de México. Y así en todo el cuadrante de la banda de FM en cada una de las plazas o ciudades del país.

La decisión se tomó luego de que el IFT llevó a cabo una consulta pública del proyecto, del 9 de octubre al 20 de noviembre de 2015, proceso en el que se recibieron, informó el órgano regulador, 21 participaciones, “que fueron valoradas y, en su caso, incluidas en la conformación del proyecto final”.

Antes de la consulta el IFT elaboró un exhaustivo estudio técnico, que incluyó pruebas de campo con la emisora Ibero 90.9, la cual transmite a 400 KHz de separación de Imagen 90.5 y Alfa 91.3. La investigación concluye: “es viable la operación de estaciones de radiodifusión en FM, tanto en modo analógico como en digital, con separación de frecuencia entre portadoras principales menores a 800 KHz, sujeto al análisis técnico previo de caso por caso para confirmar su viabilidad técnica”.

En la capital, además de Ibero Radio, hay tres emisoras que transmiten con separaciones menores a los 800 KHz con respecto de otras estaciones y que reconfirman que la actualización de la normatividad técnica se había detenido artificialmente por varios lustros: UAM Radio 94.1 (entre Joya 93.7 MHz y Opus 94.5 MHz), el Politécnico en Radio 95.7 MHz (entre Amor 95.3 MHz y Radio UNAM 96.1 MHz) y Horizonte 107.9 (a 600 KHz de La Z, que opera en los 107.3 MHz).

De esta manera, se abre la puerta, ya sin obstáculos, para que emisoras históricas como Radio Educación –que transmite en los 1060 KHz en la Ciudad de México- pueda acceder, después de muchos años de gestiones, a un canal en la banda de FM, como ha sucedido con más de 500 concesionarios de frecuencias de AM, que pudieron migrar a la banda de FM con base en el benevolente Acuerdo calderonista del 15 de septiembre de 2008.

En declaraciones a La Crónica, Alejandro Navarrete, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, dijo que hasta ahora el órgano regulador “no ha identificado un número definitivo de las nuevas estaciones que podrían aparecer con esta medida, debido a que se están realizando los estudios técnicos necesarios”.

No obstante, agregó, la decisión permitirá abrir espacios para algunas de las 171 estaciones de AM que quedaron pendientes de migrar a la FM por falta de espacio en el cuadrante, al tiempo que podrían agregarse nuevas estaciones comerciales en una licitación.

En el caso de la Ciudad de México, sin duda la plaza más competida en el país, ¿cuántas nuevas estaciones podrían operar con la nueva norma técnica? Independientemente de los estudios técnicos complementarios, desde hace algunos años fueron identificados los siguientes canales: 89.3 MHz, 91.7 MHz, 94.9 MHz, 97.3 MHz y 106.9 MHz. También, aunque con transmisores de menor potencia, los canales 88.5 MHz, 96.5 MHz, 98.1 MHz, 102.9 MHz y 105.3 MHz.

Es decir, con la modificación a la norma, sólo en la Ciudad de México se podría dar cabida a entre 5 y 11 nuevas radiodifusoras. En otras localidades del país, esta cifra podría ser similar o más elevada.

En un escenario así, lo justo sería que en la capital migren a esa banda las emisoras de AM que no forman parte de un grupo que ya cuenta con emisoras de FM. Por ejemplo, como ya se dijo, Radio Educación, y comerciales como ABC Radio. También sería una oportunidad para que proyectos radiofónicos como Código, que impulsa el gobierno de la Ciudad de México en internet, puedan transmitir en radio abierta.


Esperamos que pronto el IFT publique la nueva norma en el Diario Oficial de la Federación, que alienta el anhelo de tener una radio con más propuestas de contenidos y más voces. No dejemos que fracase este objetivo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/22-03-2016/47445

Policías atropellan y disparan a pobladores de comunidad indígena en Morelos; matan a una persona

Elementos de la Policía municipal Miacatlán, Morelos, dispararon y atropellaron a pobladores de la comunidad indígena de Coatecalco, que dejó como saldo una persona fallecida y un herido.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió el domingo cerca de las 21:00 horas, cuando los policías intentaron aprehender a un campesino que consumía bebidas alcohólicas en la vía pública, sin embargo, éste se negó y ellos lo golpearon realizaron varios disparos al aire.

Vecinos que contaban los votos de la elección de ayudante municipal efectuada ese día escucharon las detonaciones y fueron al lugar de la agresión, donde vieron al campesino Juan Celis tirado en el suelo, herido, mientras los agentes subían a su camioneta. Los pobladores ayudaron a Juan, convocaron con altavoces a otros habitantes y más de 500 personas rodearon la patrulla.

Dos horas después arribaron 30 elementos del Mando Único, quienes golpearon a la población, aventaron gases lacrimógenos y realizaron varios disparos al aire.

Posteriormente, los policías embistieron en la patrulla a los habitantes y huyeron, dejando herido a Francisco Javier Palacios Rivera, de 47 años de edad, quien murió horas después en el hospital de Tetecala.

Al respecto, los familiares de la víctima demandaron al gobernador Graco Ramírez que detenga a los responsables del homicidio del campesino y de las heridas a Juan Celis.


Afirmaron que los policías son quienes agreden a la población, en vez de cuidar a la misma.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/policias-atropellan-y-disparan-a-pobladores-de-comunidad-indigena-en-morelos-matan-a-una-persona/

Nuestra gente no puede seguir con el pie del gobierno encima; iré por el mundo denunciando lo que pasa en México: Nestora

“Nosotros para el sistema somos un pueblo más y como dicen ellos: otros indios más”, afirma la defensora de los pueblos indígenas, Nestora Salgado, en exclusiva para Revolución TRESPUNTOCERO.

Ella, hoy libre después de más de 30 meses en prisión, esboza su vida, donde se entrelazan distintas circunstancias (económicas, políticas y sociales), que la llevaron a ser hoy una protagonista de la historia contemporánea, reconocida, por organismos nacionales e internacionales, como una víctima más “de un gobierno represor”.


Nestora salió de su natal Olinalá, Guerrero, en busca de una mejor situación de vida, y obligada por la violencia doméstica que padecía en aquel lejano 1991. Años más tarde, habiendo conseguido la nacionalidad norteamericana, decidió volver esporádicamente al pueblo donde vivió durante años con sus seres queridos, ahí mismo fue donde se convirtió en una de las principales combatientes de la injusticia social.

Luego de aquellos regresos intermitentes, decidió establecerse de manera permanente en Olinalá y abrió una carnicería. La inseguridad y la violencia para 2004 ya eran latentes en la zona, y año con año se intensificaron, lo que ha llevado a que hoy Guerrero cuente con el nivel de criminalidad más alto de México, sobre las bases de una historia de participación gubernamental en masacres de campesinos indígenas.

Nestora afirma contundente: “vivimos una situación horrible, en un estado donde no hay ley, donde no hay quien se encargue de cuidar al pueblo, en ese momento me preocupó mucho y me sigue preocupando ahora. Aunque nunca pasó por mi mente ser parte del sistema comunitario de vigilancia, cuando yo entré fue porque una ola me arrolló. Yo llevaba en mi pueblo una vida tranquila, ayudaba en la medida de mis posibilidades a los pobladores por convicción, pero nunca imaginé que iba a ser una policía comunitaria, no porque no se necesitara, sino en el momento no creí que la gente del pueblo quisiera organizarse”.

Partiendo de la idea, estipulada en reglamentos comunitarios, su policía “se utiliza para defender a los ciudadanos de los criminales que roban, secuestran, extorsionan, obligan a las menores a prostituirse, vender drogas, y utilizar la violación sexual como una forma de control social. La fuerza policial comunitaria también se ocupa de cuestiones de género, como la violencia doméstica y otras actividades cotidianas en las comunidades”, siendo a partir de 2012, urgente la organización de dicha estructura, puesto que “las autoridades se habían convertido en opresoras de su pueblo y de los combatientes de la justicia social”.

El aumento de la violencia, fue producto, a decir por Nestora, de las autoridades que obtuvieron el poder, en el mandato de Eusebio González Rodríguez, “el pueblo se cansó de éstas, porque justamente cuando llegaron ellos se desató la ola de violencia, fueron tan obvios que en su equipo trajeron a gente dañina, sin embargo, lo importante se produjo cuando el pueblo se decidió a defenderse. Por eso yo siempre diré que para mí, ha sido un orgullo saber y formar parte de la organización de nuestra comunidad que optó por protegerse asimisma.

Lo que logramos en su momento, no solamente fue por Nestora la Comandante, o la policía comunitaria, en su momento fue gracias al pueblo, por el que hemos venido trabajando, para hacerle saber a nuestra gente y a nuestros grupos indígenas que tenemos el derecho de organizarnos y defendernos, de impartir justicia basada en nuestros usos y costumbres, que eso es lo que tenemos que conservar y preservar, porque es lo más importante que tenemos en la vida y es uno de los derechos que más debemos defender y usar”, afirma Nestora.

Quien comenta que a ella le tocó padecer la extorsión de las bandas delincuenciales, bajo el pago de un ‘derecho de piso’ o ‘derecho a la seguridad’, por 500 pesos semanales, a cambio que la carnicería que había abierto no sufriera ningún ‘daño’. Asegura, que su negocio no era el único afectado, puesto que se extendía a todas las familias que tuvieran algún local abierto, u obtuvieran algún tipo de ingreso por medio de la prestación de un servicio. A esto se le sumó el robo a los ancianos: todos los adultos mayores, que eran beneficiarios de una pensión que les entregaba el gobierno, eran esperados el día de pago para asaltarlos, “ya no era nada más la extorsión, incluía distintas acciones delincuenciales, era y es terrible vivir con eso”, comenta Nestora.

Los inicios en la defensa comunitaria

Aún con esa situación y otros hechos con mayor intensidad de violencia, Nestora decidió seguir viviendo en Olinalá, y es que afirma que, “lo más importante que hizo que siguiera en mi pueblo, pese a toda la ola de inseguridad, fue el miedo que tenía el pueblo a denunciar cualquier cosa, siempre habían preferido quedarse callados antes de denunciar, en su momento a mucha gente le hicieron cosas atroces y no demandaron por miedo a las represalias por parte de los grupos delincuenciales.


Esa fue la parte que yo asumí. Yo comencé  a hacer las denuncias, porque no cualquiera da la cara, no cualquiera puede por el mismo miedo a que le pueda pasar algo. Yo tengo temor, temo por mi familia en su totalidad, no es fácil, pero lo asumí”. Nestora afirma que siempre hubo ansiedad, por la tensión de algún enfrentamiento, a que raptaran a uno de sus familiares o padeciera una muerte violenta de algún ser querido, “miedo a que entraran en mi casa, aunque ésta tiene varios impactos de bala, por parte de los delincuentes, pero siempre he dicho que más vale seguir en la lucha, porque solamente así podemos lograr batallas ganadas, es la única oportunidad que tienen los pueblos de sobrevivir un poco más”, sentencia Salgado.

La policía comunitaria, de la cual fue fundadora Nestora, en Olinalá, nació a partir de un movimiento de lucha, donde los integrantes (gente de la población), vio en ella una líder, por lo que comenzaron a involucrarla en sus reuniones y planes, así fue como obtuvo el cargo de Presidenta del Consejo, siendo los votantes los mismos pobladores, para ella fue una responsabilidad “muy grande”, ya que habían depositado su confianza y seguridad en sus manos.

“Fue en ese momento, cuando acepté el cargo que ya no me quedó de otra más que seguir adelante, poco a poco fuimos pensando en la organización de una policía comunitaria, porque ésta tiene una estructura y además un reglamento que cumplir para poder pertenecer a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), nuestra meta era lograr cumplir con los requisitos y pasar a ser parte de esta organización, porque nos da una protección, al ser una institución reconocida y avalada por la ley 701 de Guerrero”, comenta Salgado.

Cuando llegó el momento en que se dio paso a la policía comunitaria y Nestora fue nombrada Comandante, ella comenta que, “me dio mucho gusto formar parte de esta organización, porque su estructura es algo totalmente diferente, que mucha gente no comprende fácilmente porque para ser policía comunitaria, el pueblo debe nombrarte y aprobarte, aunque mucha gente se anota, si el pueblo no lo acepta, se les rechaza. Y es que este grupo tiene que estar conformado por personas conocidas y además con una reputación intachable, esa es la diferencia con la policía del gobierno, somos gente conocida, somos padres de familia, gente de respeto”, comenta.

En Olinalá, el grupo en el que estuvo activa Nestora, está conformado por jóvenes, adultos y otros miembros de la tercera edad. “Tener personas de distintas edades provoca que exista variedad de ideas y pensamientos, para todo aquel que está dentro, es algo grandioso, es un privilegio y una responsabilidad porque tenemos en nuestras manos la vida de la población, es motivo de orgullo portar la insignia: tu seguridad está en mis manos, pero tampoco es una situación fácil, pero la asumimos, aunque no es una obligación nuestra, sino del Estado a quien corresponde dar protección a su pueblo, nosotros no teníamos la necesidad de exponer nuestras vidas porque la responsabilidad era del gobierno, entonces en esta falla del Estado, entramos nosotros”.

Nestora sigue alzando la voz, exigiendo respeto y justicia para un pueblo originario, “una comunidad indígena, pero también mestiza, porque no nada más el sistema es para los primeros, es para toda la región, nosotros tenemos que seguir exigiendo al gobierno y al Estado que respete nuestros derechos, porque nosotros estamos defendiendo la seguridad, nuestros recursos, el agua, el aire, la tierra, la flora, la fauna, todo lo que nos corresponde preservar. Le pedimos al gobierno que nos respete y respete la constitución y la ley, porque nosotros no somos paramilitares, somos gente que nos organizamos para el pueblo y existe una gran diferencia con las otras instituciones como los militares, la Marina y la policía estatal, porque ellos están ahí por un sueldo, la policía comunitaria no se mueve por dinero, sino porque quiere a su gente, nosotros entregamos el corazón y ponemos la vida, nosotros no nos vamos a vender, seguiremos luchando, porque nosotros para el sistema somos un pueblo más y como dicen ellos, otros indios más”.

Ella asegura que ni al gobierno federal, estatal ni mucho menos al local, le interesa lo que les suceda, “por eso es que en Guerrero si no hay 10 muertos diario, es posible que no estamos hablando de esa misma entidad, donde eso sí sucede. Es una situación muy grave y fuerte a la cual no tendríamos por qué acostumbrarnos, no es posible que la gente vea esa violencia como algo normal, que ya sea común ver diariamente muertos y noticias de inseguridad en los periódicos, no es justo para ningún estado, ni para ningún país este tipo de vida”.

Nestora asegura que es difícil organizar a un pueblo, y lo es más,  lograr la unificación de una población. Afirma que “cuesta mucho”, porque los grupos delincuenciales han “echado raíces”, por lo que es complicada su erradicación, ya que la misma gente de la comunidad comienza a hacer cosas ilícitas, “esa gente que está haciendo cosas ilícitas siempre va a estar en contra de los que estamos resguardando la seguridad y combatiendo lo ilegal, por lo mismo desprestigian a la policía comunitaria. Cuando comenzamos a organizarnos, nos dimos cuenta de cuánta gente está involucrada en vender partes de autos robados, abarrotes robados, cigarros y alcohol adulterados, por mencionar parte de un sinfín de situaciones, donde la misma población se va involucrando.

Pero al comenzar a trabajar, hicimos una limpia, y como esa gente con negocios ilícitos iba salir afectada, nunca aceptó la presencia de los elementos comunitarios, no les conviene porque para ellos somos incómodos, por eso desprestigian a la policía comunitaria, inventándoles abuso de autoridad, violencia y agresiones, que no se pegaban a la realidad, pero lo decían y lo siguen diciendo para que las policías comunitarias no sean bien vistas. Pero nosotros como consejo funcionamos y queremos hacer algo diferente a lo que hacen las otras instituciones, nosotros jamás golpeamos a la gente, nosotros nos comportamos de la mejor manera con la población, porque nosotros no estamos en un lugar desconocido, es nuestro pueblo son nuestros vecinos. En ese pueblo casi todos somos parientes entonces nosotros siempre cuidamos esa parte”, asegura.

La incomprensible vida en prisión

Su vida en prisión, Nestora la describe como una de sus mayores tragedias. Una “represión intensa”, como castigo por atreverse a defender a su pueblo y denunciar a las autoridades que “estaban lacerando a mi gente”. Afirma que la estancia en prisión es terrible, pero lo es aún más, cuando “se tiene consigna del gobierno de darte un seguimiento especial, lo cual es más pesado. Yo no conocí exactamente la vida de una prisión de alguna manera normal, porque yo estuve muchísimo tiempo aislada, nunca conviví con población, a mi me aislaron, aproximadamente 20 meses.

No conviví con las  prisioneras, yo solamente las veía cuando salíamos al locutorio o cuando teníamos notificaciones, es el momento que tenía para platicar con las muchachas. Lo mío fue algo espantoso, desde la detención, hasta el maltrato dentro de prisión, el cual siempre fue de manera discriminatoria. Las autoridades de la prisión siempre me veían con desprecio. La mía fue una estancia en extremo pesada. Hay muchas cosas que sigo sin entender, por ejemplo, ni siquiera tuve un peine para peinarme, hubieron muchos ultrajes, y la situación estricta cruzó los límites conmigo.

Hicieron mi vida muy complicada, siempre me sentí mal, principalmente porque cuando estaba en locutorio, habían muchachas que se sentían orgullosas de pertenecer a un cártel, de haber matado, robado y secuestrado. No soy nadie para juzgarlas, pero me preguntaba cómo era posible que el trato hacia ellas fuera distinto al que a mí me daban. Cómo es posible que esta gente que ha delinquido, que ha quitado vidas, tenga más privilegios que yo que siendo inocente estuve aquí encerrada. Esta parte de mi vida en prisión se me hizo incomprensible”, narra Nestora Salgado.


Quien afirma que cuando su historia se dio a conocer en distintos medios de comunicación, la mayoría creó “en un instante” una historia falsa acerca de Nestora, donde la convirtieron en una delincuente, secuestradora, asesina y la calificaron como “lo peor”. Sin embargo, hoy libre, asegura que ha logrado uno de los más grandes triunfos de su vida, pero también lo es, comenta, para la policía comunitaria, ya que asegura no solamente se trata de una persona, sino que al mismo tiempo implica la dignificación y respeto de la policía, a su vez es una victoria para el pueblo, porque “vemos como un pueblo que se organiza para darse protección y seguridad, al final tiene éxitos, éste también es un triunfo para México, y para todos aquellos que exigen el respeto y reconocimiento a la Constitución, al convenio 169 y a la ley 701”, asegura Nestora.

Su salida proclamó su inocencia

Nestora afirma que su salida de prisión proclamó su inocencia, “es un enorme logro demostrar mi inocencia, aunque a muchos les pese que sí, soy inocente”, afirma y agrega que hubo una gran parte de la sociedad que creyó que era una delincuente, por lo que muchos creyeron la historia falsa de Nestora, pero hoy se han dado cuenta que está libre de cualquier culpa y cuestionamiento, “tengo el rostro levantado y siempre voy a decir soy inocente, porque yo nunca he cometido un delito, como los que me pusieron encima”, comenta.

Nestora afirma que nunca imaginó que podría salir de la prisión y tampoco recibir el apoyo de “tantísima gente, de muchísimas organizaciones de diferentes luchas, y tener el respaldo de toda esa gente, de las policías comunitarias de la región, de la misma policía de Olinalá, porque yo me considero todavía parte de este sistema, es muy bonito sentirse protegida por grupos con los que me he sentado para hacer acuerdos y seguir trabajando en la lucha.

Me siento satisfecha al poder decirles de frente que no soy nadie sin ellos. Por ello, ahora, siendo nuevamente una mujer libre, iré por el mundo denunciando lo que ha pasado en México, lo que está pasando en Guerrero, en mi pueblo y dándole rostro y nombre a sus presos políticos, porque tenemos muchos en México, más de 500, hoy mi vida ha tenido un gran cambio, porque me he dado cuenta que miles están conmigo y con mi causa, que al mismo tiempo es suya. Tengo que cuidar de todos aquellos que aún temen y están siendo ultrajados. Es complicado este tipo de vida, pero también maravilloso”, asegura contundente Salgado.

Los planes para retomar su lucha


“Por el momento mis planes inmediatos, es retomar mi lucha. Es por ello que ahora tengo la firme idea de ir por el mundo luchando, principalmente, por todos los presos políticos que tenemos en México. Les vamos a dar un nombre y un rostro a cada uno. Ahora que me siento contenta y respaldada por muchísimas organizaciones luchadoras, nos uniremos porque tenemos ya un punto a donde queremos y tenemos que llegar. Iré a todos los países que pueda a denunciar todas estas atrocidades que están pasando en México en diferentes ámbitos, en diferentes luchas”, explica Nestora.

Sobre la posible ratificación en su cargo de Comandante, ella comenta que en las siguientes semanas se reunirá con su grupo de policías comunitarias para hablar el tema, puesto que en este momento se encuentra fuera, al perder su derecho luego de entrar a prisión, “yo sé que ellos todavía me quieren como su Comandante, habrá una asamblea regional, donde se me volverá a dar el reconocimiento. En estos días no podré ir a Guerrero, por cuestiones de salud, necesito recuperarme del tipo de vida que padecí en prisión, pero ya he informado de una agenda que estamos construyendo, sobre un recorrido por algunos países, y les he dicho que como tengo la oportunidad de tener la ciudadanía americana y me puedo ir a cualquier punto del mundo, llevaré la voz y la representación de la policía comunitaria a cualquier lado que yo vaya”, explica, es por ello que suena lejano, en este momento, que Nestora retome su cargo y su vida en forma permanente en Olinalá.

Asegura que fuera del país denunciará “al mal gobierno que impera en el país y que de alguna manera ha provocado la violencia que existe en Guerrero. Yo quiero ir a la ONU, que la Corte Interamericana y otros organismos internacionales pongan atención en lo que está pasando en México, por eso es que vamos a hacer esta denuncia, queremos que nos volteen a ver, y nuestra situación cambie, pediré apoyo también a otras organizaciones en Estados Unidos”.

A su vez Nestora habla de unificar las luchas de México con las internacionales, por lo que teme por su vida y por la de su familia, pero asegura, tiene mayor miedo de lo que está pasando en su comunidad. Afirma que se perdería más si le pasa algo al pueblo, que a ella,“tengo más miedo de lo que le puede pasar mi gente que lo que realmente puedan hacerme, finalmente soy Nestora, si yo puedo evitar la violencia a mi pueblo y a otros pueblos no me detendré, nuestra gente no puede seguir estando sometida y con el pie del gobierno encima, a eso le tengo mucho más miedo”.

Nestora Salgado se dice confiada en la lucha de su pueblo y su gente, porque jamás va a confiar en el gobierno, “si habrá un cambio para nuestra sociedad va a ser por medio de ella misma, levantando la cabeza, protestando en contra de lo que estamos padeciendo, de no hacerlo no lo vamos a lograr nunca, porque vamos de mal en peor, la situación está cada día peor en Guerrero, la realidad es que es en todo México, pero yo hablo de esa entidad porque ahí es donde yo vivo, es un estado definitivamente con muchísima violencia y si nuestra gente lo sigue permitiendo nunca va a detenerse.


Nosotros, a diferencia de la policía gubernamental, sí impartimos la justicia, no lo digo yo, lo demuestran los índices de inseguridad bajos que tuvimos cuando comenzamos actuar como policía comunitaria, fueron evidentes. Aunque mucha gente no conoce el sistema, lo toma a mal, este método de seguridad es diferente, porque incluye a toda la gente de la población. Cuando la gente se da cuenta que nosotros sí estamos trabajando nos respeta, es la misma gente del pueblo que está participando; si somos más de 300 policías comunitarias, todos nos conocemos porque somos vecinos y saben quiénes somos, a qué nos dedicamos y cómo nos comportamos. Cuando nosotros pusimos el uniforme dijimos ‘caiga quien caiga’, así sea mi hermano, quien sea,  vamos a ser parejos”, explica.

Hoy a Nestora se le nota feliz, sonríe constantemente y su tono de voz es el de alguien emocionado, más que por su libertad, por las posibilidades que su historia -conocida a nivel internacional y que, basado en fundamentos, se ha calificado como ‘injusta y represiva’- le ha valido el apoyo de millones que, aún sin conocerla, se posicionaron de su lado y repudiaron las acciones en su contra por parte del Estado Mexicano.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: EMMA MARTÍNEZ.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/nuestra-gente-no-puede-seguir-con-el-pie-del-gobierno-encima-ire-por-el-mundo-denunciando-lo-que-pasa-en-mexico-nestora/

Carecen de sustento científico las políticas contra la polución: expertos

Por el contrario, favorecen el parque vehicular, aseveran.

Las medidas tomadas por las autoridades metropolitanas para evitar los altos niveles de contaminación carecen de visión a mediano y largo plazos, no se basan en argumentos científicos ni aportan soluciones integrantes y han favorecido el uso del automóvil, así como el crecimiento del parque vehicular, señalaron especialistas.

La semana pasada en la zona metropolitana del Valle de México hubo 72 horas de contingencia continua por los altos niveles de ozono derivados de la gran cantidad de automóviles que circulan.

Luis Zambrano González, investigador del Instituto de Biología de la UNAM y secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, así como Mireya Ímaz Gispert, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, coincidieron en que las medidas tomadas a partir del Hoy no circula complicaron el problema, debido a que creció el número de automóviles por familia para transportarse toda la semana.

Señalaron que esta posición de los ciudadanos se da por el ineficiente transporte colectivo que se ofrece en el Valle de México y las políticas generan preferencia por el uso del automóvil con la construcción de segundos pisos y supervías, así como exención en el pago de la tenencia.

Las soluciones, indicaron, deben basarse en criterios científicos e inclinarse hacia un cambio de visión para que los habitantes se den cuenta de la conveniencia de usar transporte colectivo y mejorar ese servicio, como sucedió hace unas décadas en Londres y Nueva York.


En tanto, en una comunicación oficial, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM aseveró que el fondo real del problema es la expansión urbana desordenada, que afecta no solamente la calidad del aire, también lo hace con las áreas naturales protegidas, cultivos y recursos hídricos; en resumen, la sustentabilidad y viabilidad de la megalópolis de México, por lo cual se debe revisar, homologar y reforzar el ordenamiento territorial en todas las entidades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Se debe generar un programa de movilidad a escala megametropolitana que privilegie el transporte público seguro y de calidad.

Zambrano indicó: “La tecnología ha logrado que los autos contaminen menos, pero su cantidad en la ciudad es mayor, lo que genera estas grandes contaminaciones. Las políticas no atacan el verdadero problema; lo que se hace es mantener le confort de una visión carrocentrista para no soltar el vehículo, en lugar de pensar en la mejora de la movilidad en toda la megalópolis”.

Si bien la tecnología es aliada para el control de las emisiones (a partir de una verificación donde no se dé la corrupción), la principal respuesta –agregó– recae en la mejora de la movilidad mediante el uso de un trasporte colectivo eficiente y de calidad. Hay que desincentivar el uso del carro, con costos extras por ejemplo. Es ridículo que se vea como logro social la exención de la tenencia; por el contrario, quien quiera usarlo que pague, o que se incrementen las tarifas de estacionamiento.

Ímaz Gispert aseveró que los altos niveles de contaminación son un problema multifactorial que debe resolverse con medidas a corto, mediano y largo plazos, en las que participen sobre todo los especialistas.


Debemos repensar los programas. Hay que atenderlos como un problema de la megalópolis; hay que homologar las reglas para toda la metrópoli. Los vehículos contaminan y la contaminación no tiene dueño, se va a mover con los vientos. Tenemos que empezar a hacer estudios en serio, no sólo del impacto agudo de los contaminantes, sino de los efectos crónicos; por ejemplo, cómo están los pulmones de los habitantes de esta ciudad.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/22/sociedad/032n2soc

Detienen 'El Marlon', cabecilla del 'cártel' de Sinaloa

Ciudad de México. La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer la detención de Marco Tulio Carrillo Grande, El Marlon, identificado como jefe de sicarios del cártel de Sinaloa en los municipios de Tijuana, Ensenada y Rosarito, en Baja California.

De acuerdo con información del gobierno federal, Carrillo Grande realizó diversas acciones en contra de los integrantes de los cárteles de los hermanos Arellano Félix y Jalisco Nueva Generación que operan en esa entidad, entre ellas un ataque ocurrido en enero pasado durante la celebración de un palenque en la ciudad de Ensenada, hechos en los que resultaron cuatro personas muertas, entre ellos dos menores de edad, y 19 heridos.

Presuntamente la agresión estaba dirigida a uno de los líderes de plaza de una banda rival con la que se disputan la zona.

Durante una lectura de comunicado Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en investigación de Delitos en Materia de Secuestros, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dio a conocer que esta detención se llevó a cabo durante un operativo conjunto con la Policía Federal.

El funcionario señaló que “la persona detenida, en su calidad de lugarteniente, es identificado como el responsable de coordinar las agresiones de la organización delictiva a la que pertenece en contra de una banda rival con la que se disputan la zona de Baja California, lo cual ha provocado la actual espiral de violencia en esa región”.


Dijo que en 1995 Marco Tulio Carrillo Grande se desempeñó como policía municipal en Tijuana y durante su encargo fue vinculado con la comisión de delitos de delincuencia organizada y contra la salud. En 2010 efectivos del Ejército cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra, sin embargo no se aclaró las causas por las que fue puesto en libertad.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/22/detienen-el-marlon-cabecilla-del-cartel-de-sinaloa-8254.html

Colima, primer lugar nacional en homicidios dolosos: SNSP

COLIMA, Col: Con una tasa de 5.8 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, durante el mes de febrero la entidad se colocó –por primera vez en las últimas décadas– en el primer lugar nacional en este tipo de delitos, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).


Con este resultado, desde el punto de vista proporcional, Colima desplazó de la cúspide al estado de Guerrero, que descendió al segundo sitio con una tasa mensual de 4.5, en tanto que la tasa promedio nacional fue de 1.2 asesinatos por cada cien mil habitantes.

Conforme a las cifras, durante los 29 días de febrero Colima registró 41 homicidios, mientras que en Guerrero se cometieron 160, pero la diferencia en el volumen poblacional de cada entidad arrojó una tasa proporcional superior para el primer estado.

Durante los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, Guerrero había encabezado la lista, seguido de Colima, pero en febrero fue rebasado por esta última entidad.

Pero eso no es todo, pues según el SNSP la suma de las cifras de los dos primeros meses de este año mantienen a Colima en el primer lugar, con una tasa de 10, seguida de Guerrero con 9.2, Sinaloa con 6.6, Baja California con 4.6 y Morelos con 4.3.

Aunque durante los primeros ocho meses de 2015 Colima se mantuvo dentro de un rango de 7 a 12 homicidios mensuales, a partir del último tercio del año, en coincidencia con el relevo de los poderes Legislativo y Ejecutivo, empezaron a agudizarse los niveles de violencia.

En septiembre se contabilizaron en la entidad 21 homicidios, y en octubre la cantidad disminuyó a 15, pero en noviembre el volumen de asesinatos repuntó a 23, diciembre cerró con 31, en enero ocurrieron 30 y en febrero la cifra se disparó a 41 asesinatos.

En este contexto de violencia, que ha sido atribuido por las autoridades estatales a una guerra de cárteles del narcotráfico, el viernes pasado rindió protesta como nuevo procurador general de Justicia el extitular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación sobre Delincuencia Organizada (SEIDO), Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.

En sus primeras declaraciones, el funcionario puntualizó que los ciudadanos pueden tener la seguridad de que vino a Colima a cumplir con el tema específico de procuración de justicia, “y haremos nuestro mejor esfuerzo por devolverle la tranquilidad al estado. Será un trabajo coordinado e interinstitucional con los tres niveles de gobierno”.

Luego manifestó que ya cuenta con un diagnóstico de la situación que guarda el estado y que tiene definidas algunas estrategias sobre las cuales trabajará para obtener resultados lo más rápido posible.


“En materia de seguridad y de procuración de justicia no se puede trabajar si no hay estrategia de por medio, por ello ya se tienen algunas acciones definidas y se trabajará sobre las mismas para que los resultados se reflejen de manera pronta para seguridad de todos los colimenses”, ofreció.

FUENTE: PROCESO.
AUTRO: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/434291/colima-primer-lugar-nacional-en-homicidios-dolosos-snsp

El reggaetón para ahuyentar al Chikungunya, la campaña más cara de la Secretaría de Salud

La campaña duró dos meses. El monto es 380% más de lo que gastó la Secretaría de Salud en cualquier otra campaña de salud durante 2015.

Durante noviembre y diciembre de 2015 los mexicanos escucharon día y noche el reggaeton del chikungunya. “Que no te pique el mosco. ¡Espántalo! … Chikungunya, haz que huya”.

Por ese spot, la Secretaría de Hacienda autorizó a la Secretaría de Salud un gasto extraordinario de 857 millones 938 mil 786 pesos, más IVA.
El monto es equivalente al presupuesto de este año de la Secretaría de Gobernación para el programa de Derechos Humanos y prevención de la discriminación o del programa Nacional de Inglés de la Secretaría de Educación.

Lo que se gastó por la campaña del chikungunya es 380% superior a todo el gasto que ejerció la Secretaría de Salud para difusión de otras campañas de salud, programas o actividades, según información de esa instancia entregada vía transparencia.

Fue una campaña que se enfocó sólo en recomendaciones generales contra la picadura del mosco: el uso de repelentes o mosquiteros; y no en información sobre el virus o síntomas.


Tras la campaña de 858 millones de pesos, en lo que va del año, el número de casos por el virus del Chikungunya es de 180; mientras de influenza estacional ya suman 6 mil 946; por Dengue son 1 mil 647 o 140 por el virus del zika, según datos del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud.



En diferentes estados del país —como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Colima, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur—  el brote del virus provocó alertas epidemiológicas.

Es por ello que la Secretaría de Salud lo consideró una emergencia durante el verano de 2015 y lanzó esta campaña sobre la prevención de la picadura desde el 9 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2015.

Los datos entregados vía transparencia muestran que el monto por difusión de todas las otras campañas de salud —como la de la Semana Nacional de Salud, por el Programa de Prevención y Atención de Adicciones, o sobre la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sólo por mencionar algunas— ascendió a apenas 177 millones 720 mil pesos.

Es decir, cuatro veces menos de lo que costó el spot del reggaeton del Chikungunya.

La Secretaría de Salud informó que durante 2015 también llevó a cabo 23 campañas en tiempos oficiales, es decir, sin costo ni inversión extra.

Entre las campañas de salud por las que no se ejerció un peso más allá de lo presupuestado están: la de Prevención del VIH, Borremos el Acoso Escolar de nuestra vida, Golpe de Calor, Campaña de Tabaco, A la diarrea y deshidratación dile adiós, prevención de Embarazo Adolescente, Cáncer de la Mujer o Influenza Estacional.

74 millones más para “gastos urgentes”

El año pasado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios gastó 74 millones de pesos que no estaban contemplados en su presupuesto.

Tras solicitarlo a la Secretaría de Hacienda, recibió ese monto para “contingencias o gastos urgentes de operación”.

La Cofepris entregó vía transparencia en qué utilizó los 74.4 millones de pesos. Entre esos gastos se encuentran:

-Viáticos en el extranjero: 5 millones 597 mil pesos.

-Servicios varios: 11 millones 569 mil 700 pesos.

-Arrendamiento de edificios: 4 millones 214 mil 819 pesos.


-Servicio de telefonía celular, vigilancia, servicio postal y de agua: 1 millón 031 mil 791 pesos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/el-reggaeton-para-ahuyentar-al-chikungunya-la-campana-mas-cara-de-la-secretaria-de-salud/

Arreglos y fraudes en miles de contratos de obras en NL; fiscalía citará a declarar a Medina

Tan solo en los contratos de obra pública el desfalco es superior a los seis mil millones de pesos, advierte el fiscal anticorrupción; se suman las irregularidades en otras concesiones y adquisiciones.

Una auditoría selectiva practicada por la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León a ocho mil contratos de obra pública otorgados durante la administración de Rodrigo Medina arrojó múltiples irregularidades, desde la concesión de obras a empresas con sobreprecios, hasta la simulación de competencias en licitaciones con previos acuerdos para repartir los contratos en distintas compañías.

En esta maquinación, que las autoridades estiman generó un desfalco de por lo menos seis mil millones de pesos a las arcas públicas, estarían involucrados diversos  funcionarios y ex funcionarios de todos los nivelas de la entidad incluyendo al propio ex gobernador Rodrigo Medina quien será citado a declarar en las próximas semanas ante el Ministerio Público.

“Hubo trampas y se distorsionaron totalmente los procesos de licitación” dijo en entrevista con Animal Político el Fiscal Anticorrupción de Nuevo León Ernesto Canales, al dar un balance de los tres primeros meses de trabajo de la Fiscalía que encabeza, creada en diciembre de 2015 luego del cambio de gobierno.

Aunque son indagatorias que  requieren de secrecía para no entorpecer el trabajo, Canales adelantó que tan solo en la etapa de transición en el cambio de gobierno se detectaron un centenar de distintas anomalías en la revisión de documentos, que ya dieron paso a la apertura de más de 20 averiguaciones previas en curso.

Hasta ahora, ya han declarado poco más de 30 exfuncionarios de la administración pasada y serán citados más, incluyendo al propio Medina.

En estas investigaciones, destacó el fiscal, han sido clave una serie de “informadores” sobretodo del sector privado, por ejemplo contratistas, que a cambio de no resultar afectados por las irregularidades en las que participaron, han proporcionado datos clave que han acelerado las indagatorias.

“Ofrecemos el perdón total para quien haya participado en un acto de corrupción  y esté dispuesto a cooperar, ofrecemos el anonimato y confidencialidad (…) Estamos contando con datos que nos hubiera tomado mucho tiempo llegar a ellos proveídos por particulares” dijo el fiscal.

Mega engaño

De acuerdo con Canales, en la administración de Rodrigo Medina se concedieron ocho mil contratos solo por conceptos de obra pública relacionados con obras de infraestructura en las ciudades sin contar los de educación, o los de salud, o los de carreteras por citar algunos ejemplos. El monto de dichos contratos supera los 40 mil millones de pesos.

Por ello se decidió realizar una “auditoria selectiva” sobre varios de esos contratos, con el objetivo de corroborar la forma en que se concedieron los mismos. Se confirmaron irregularidades en por lo menos el quince por ciento del total de los contratos revisados. Los recursos comprometidos por estas irregularidades, superan los seis mil millones.

Lo que arrojaron las investigaciones, reveló el fiscal, es que fueron en realidad “procesos dirigidos”, es decir, que se simularon las licitaciones y la competencia para otorgar los contratos en detrimento de los recursos públicos del estado.

Las anomalías halladas se pueden dividir en dos temas. Primero el sobreprecio con el cual se contrataron varios conceptos en comparación con los precios de mercado, lo que evidencia que no se buscaron nunca las mejores ofertas para la entidad.

“El precio contratado en general es por encima del precio de marcado, en porcentajes importantes que van del 15 al 50 por ciento.  En un volumen de una obra de 40 mil millones de pesos  estamos hablando de un desfalco con mucho dinero” dijo el fiscal.

El segundo tema en cuanto a las irregularidades fue el descubrimiento del engaño en los procesos de licitación. Las investigaciones permiten presumir que el gobierno de Medina acordó la repartición de contratos a un grupo de empresas de forma discrecional, aprovechando en control sobre la lista de proveedores autorizados. Esto es literalmente un engaño.

“Quienes se presentaban a las licitaciones se veía un acuerdo previo en el precio con el cual participaban y se rotaban las ganadores usualmente de manera que se puede concluir que había acuerdos de que tu ganas estas y el gana la siguiente y así de manera que se distorsionaba totalmente el proceso de licitación.

El acuerdo, indagan los fiscales, podría incluir errores deliberados en las presentaciones de las propuestas, como una fecha equivocada que diera cualquier argumento al Estado para descalificar propuestas y así dirigir el proceso.

Algunas personas vinculadas con estas anomalías ya han rendido declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de la entidad, por lo que los investigadores trabajan en conjuntar la documentación necesaria para proceder.

Concesiones y compras sospechosas

Las irregularidades que tiene bajo la lupa la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León van más allá de los contratos de obra pública. También se están revisando varias de las concesiones y otras operaciones  que hizo la administración de Medina con particulares en los últimos años, y en donde están involucrados recursos públicos.

Uno de ellos es el de los terrenos y demás servicios que comprometió l gobierno de Nuevo León con la automotriz surcoreana KIA, para la construcción de su planta en el municipio de Pesquería. Los acuerdos con la empresa privada incluyeron exentarla del pago de impuestos por prácticamente dos décadas.

De acuerdo con la revisión que ha hecho hasta ahora la Fiscalía, la administración de Medina concedió un paquete de beneficios a la empresa privada por arriba de los tres mil millones de pesos, que podría representar un daño posterior a las finanzas públicas.

Canales explicó que se está revisando de forma minuciosa todas las fases del proyecto, desde la concesión del mismo terreo, a quien se le compró y porque se seleccionó este precisamente, y como segundo paso las inversiones que se realizaron para adaptarlo, pues se prevé que solo esto requirió una inversión de más de mil 200 millones.

“Y una tercera parte de ese caso es esas concesiones que dio el estado para ver si son válidas, si existían facultades para comprometer impuestos por 20 años por ejemplo. Es todo otro tema, la validez de la actuación del estado en el otorgamiento de estos beneficios” dijo el fiscal.

Otro caso que está bajo la lupa  es de la adquisición de un grupo de terrenos en el Ejido de Medina que al parecer pasaron a manos de la familia del ex gobernador, luego de que los ejidatarios fueron engañados para que vendieran sus terrenos. Se trata de más de dos mil 400 hectáreas.

El caso se detonó por la denuncia de una de las ejidatarias, María de los Ángeles Padilla, quien dijo que  los familiares de Medina se hicieron pasar como residentes de la comunidad para adquirir los ejidos, aunque nunca han vivido ahí.

“Se hicieron pasar por vecinos del lugar lo que es una falsedad y en un ejido que tiene una importancia debido  a una decisión e gobierno se ve comprometido de esta forma. Es algo que estamos revisando” dijo el titular de la fiscalía.

Declaración en puerta

La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León citará a declarar en las próximas semanas al exgobernador Rodrigo Medina, con motivo de las averiguaciones que se encuentran en integración por las presuntas irregularidades en contratos, concesiones y otras operaciones.

El fiscal Ernesto Canales señaló que si bien, no hay en estos momentos elementos para proceder penalmente en contra de Medina, si hay indicios y asuntos en los que posiblemente se encuentre involucrado por lo que su declaración es necesaria.

Los que ya rindieron declaración ante el Ministerio Público son aproximadamente 30 exservidores públicos de la administración pasada, y su situación se definirá a partir de las pruebas que termine de reunir la Fiscalía.

Canales recordó que en cada caso se debe definir exactamente el tipo de responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos, pues aunque no todos hayan cometido un delito, también hay faltas administrativas que podrían derivar en sanciones como multas económicas, inhabilitaciones o suspensiones para ocupar de nuevo un cargo.

En todo este trabajo de investigación, subrayó el fiscal, hay un equipo de aproximadamente 40 personas entre agentes ministeriales y policías de investigación y se espera que para mayo, se incremente por lo menos a cien personas más.

¿Cuándo llegarán los resultados de estas investigaciones? Ernesto Canales dijo que aunque no se pueden fijar plazos pues hay que construir casos sustentados, si adelantó que este mismo año habrá resultados contundentes, sobretodo ante el cúmulo de irregularidades que ya se han descubierto.


“Ahorita lo que tenemos que mostrar es que todo esto es una realidad, que estamos investigando casos concretos. Las denuncias siguen llegando y continuaremos citando a quien sea necesario” dijo Canales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/arreglos-y-fraudes-en-miles-de-contratos-de-obras-en-nl-fiscalia-citara-a-declarar-a-medina/

Coparmex promueve juicio político contra Javier Duarte y pide investigar a secretarios de su gabinete por desvío de recursos

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Xalapa, Octavio Jiménez Silva, exigió que se lleve a cabo el juicio político en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, además, pidió que se investiguen a los secretarios de su gabinete por su participación en desvío de recursos.

El empresario demandó que sea cesado el secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Bermúdez, aunque sólo Duarte puede realizar dicho cambio.

“Esa situación enviaría una clara señal a quienes quieran gobernar el estado de que Veracruz en realidad ha cambiado y que por ello ya no se tolerará más ni la impunidad ni la corrupción” sostuvo el representante de la Coparmex.

“Es un hecho que debe haber un escarmiento para los malos servidores públicos, pero deben ser los diputados al Congreso del Estado, como representantes populares y no como empleados del gobernador, quienes decidan eso con apego a la ley. El hecho sentaría un precedente para que el futuro gobernador y sus funcionarios adviertan que en Veracruz no debe haber más impunidad ni corrupción” señaló el empresario, quien recordó que en otros estados se han fincado responsabilidades contra funcionarios públicos y en la entidad deberían aplicarse las mismas medidas.

“Ojalá en el Congreso del Estado se pudiera también solicitar una investigación que dé con la remoción en contra de varios funcionarios porque ellos coadyuvan a gobernar al estado, por ello también debe llamárseles a cuentas para que respondan por lo que hicieron o dejaron de hacer en el manejo de recursos públicos” aseveró Jiménez Silva.


“Los empresarios no somos jueces, pero los diputados al Congreso del Estado tienen los elementos para señalar que alguien no hizo bien las cosas, ojalá ellos hagan lo que les corresponda hacer y dejar a las autoridades judiciales hacer también lo que tengan que hacer” añadió sobre el desempeño de Javier Duarte, quien es considerado junto con Fidel Herrera como los peores gobernadores en la historia de la entidad.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/coparmex-promueve-juicio-politico-contra-javier-duarte-y-pide-investigar-a-secretarios-de-su-gabinete-por-desvio-de-recursos/

INAI ordena a Capufe entregar videos de la caseta de Iguala de septiembre de 2014

El INAI revocó el argumento de Capufe de que no cuenta con videograbaciones de los vehículos que transitaron entre las 21:00 horas del 26 de septiembre de 2014 hasta las 5:00 horas del día 27, supuestamente porque los servidores de video almacenan hasta 60 días de grabación, luego de que la PGR reveló que las videograbaciones le fueron entregadas 82 días después de los hechos.

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) entregar las videograbaciones de los vehículos que transitaron por la caseta de Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A través de un comunicado, el INAI informó que revocó la respuesta de Capufe, que dijo ante la solicitud de un particular que no contaba con la información, en razón de que los servidores de video están configurados para almacenar máximo 60 días de grabación, como lo establece el Compendio Operativo de Plazas de Cobro.

El solicitante argumentó que de acuerdo con la versión pública del caso Ayotzinapa, Capufe entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) una copia de los videos de la caseta de cobro de Iguala, donde ocurrió parte de los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, lo que significa que sí cuenta con la información solicitada.

Aunque Capufe reiteró la inexistencia de los videos, el análisis de la solicitud determinó que el 17 de diciembre de 2014 la dependencia remitió a la PGR las videograbaciones de la Plaza 3 Iguala del 26 de septiembre de ese año.

El Compendio Operativo para Plazas de Cobro establece que “en el caso de imágenes acumuladas durante el periodo de resguardo en las que se hayan detectado irregularidades, faltantes graves o tomas de plazas de cobro, y sean objeto de investigación por una autoridad, deberán de ser almacenadas en medios alternos por el analista de operación, el técnico supervisor o el analista liquidador”.

Además, el INAI señala que Capufe no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes como lo es la Plaza de Cobro de Iguala, que es la instancia encargada de almacenar en medios alternos las imágenes obtenidas a través de los sistemas de video grabación, en los que su contenido está sujeto a una investigación, como en este caso.

El organismo instruyó a Capufe a hacer una búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir dicha Plaza, a fin de que proporcione al solicitante las videograbaciones sin que de estas se desprendan características físicas de personas que las haga identificables, ni sea posible observar el número de placas de vehículos de particulares.

Asimismo, en caso de que no sea posible proteger los datos personales referidos, Capufe deberá clasificar dicha información como confidencial debido a la imposibilidad que argumentó para elaborar una versión pública de los videos.

Fuente: Sin Embargo

Autor: Redacción

http://www.sinembargo.mx/21-03-2016/1638752

La CEAV, un fiasco

Las instituciones de derechos humanos en México fueron creadas para simular.

Un claro ejemplo de esto es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que según las víctimas ha resultado ser todo un fiasco, inoperante y simuladora; una institución cubierta de burocratismo y tortuguismo para la entrega de recursos económicos a las víctimas.

La CEAV, dirigida por Jaime Rochín del Rincón, resultó ser sólo un elefante blanco más, creado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, para simular atención a víctimas. Son tantas las quejas contra esta institución, que algo huele mal, muy mal.

Al analizar el uso del presupuesto asignado supuestamente para la atención a víctimas, nos damos cuenta que la CEAV se ha quedado con la mayor parte del dinero o los ha gastado en otros menesteres.

Por ejemplo, en 2015 destinó poco más de 47 millones de pesos para pagos a víctimas directas e indirectas por concepto de medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención y del correspondiente pago de compensaciones para lo que llaman “reparación integral del daño”.

Pero dejó de aplicar 954 millones de pesos, ya que disponía de mil 28 millones de pesos para apoyos inmediatos, compensaciones y reparaciones durante el año pasado.

¿Por qué la CEAV no entrega el dinero a los familiares? ¿Por qué no está cumpliendo con su cometido? Aparentemente, el sistema financiero para atender a las víctimas no es del todo optimo. Por ejemplo, ese dinero que no entregó a las víctimas, supuestamente los colocó en inversiones bancarias que le redituaron 24.5 millones de pesos.

Que la CEAV lucre con el dinero de las víctimas, no nos cabe la menor duda, pero que su estructura financiera fuera creada para el rendimiento financiero a costa de la necesidad de la gente, es terrible. El dinero debe ir directamente a las víctimas de manera expedita. Lamentablemente estamos comprobando que no ha sido así.

Los testimonios de las víctimas en torno a sus experiencias con la CEAV son demoledores. Las historias que cuentan son absolutamente desgarradoras. Personas que además de su pérdida han tenido que soportar el desprecio de algunos de sus comisionados y personal. La indolencia de estos funcionarios ante el sufrimiento es absoluta. Nada les conmueve. Muchas veces, se trata de gente que no tiene dinero ni para comer o para pagar su transporte, mucho menos para un abogado o la atención de un psicólogo.

Las historias que cuentan las víctimas son surrealistas. La CEAV les pide facturas de gastos funerarios, médicos y otro tipo de erogación para pagárselos al mes o después de unos cuantos meses, como si fueran proveedores. ¿Por qué no comprenden que los familiares a veces no tienen ni para pagar el funeral? Obviamente si requieren de la ayuda es porque no tienen con qué pagar esos gastos y se supone que para eso fue creada la CEAV no para hacerse cargo de los gastos de forma “devengada”.

Pero la CEAV es una pesadilla burocrática con 450 empleados. Sus caminos laberínticos para la obtención de la anhelada ayuda económica son aterradores. Las víctimas pierden horas, días, semanas, meses en realizar todos los tramites exigidos para que al final, les digan que no pueden acceder a una compensación porque aún no tienen sentencia.

Y que no se trate de víctimas de crímenes de Estado, porque es peor. La CEAV alarga los trámites cómo si recibiera línea de más arriba para no compensar a quienes el Ejército, la Marina o las distintas policías, les han desaparecido, torturado, violado o ejecutado a un familiar. La supuesta independencia de la institución queda en entredicho. Finalmente, su patrón es el Estado y con sus estupendos sueldos le deben lealtad a las Fuerzas Armadas y a su Jefe Supremo.

Pero si los testimonios de las víctimas sobre la CEAV son terriblemente negativos, las estadísticas son devastadoras: el año pasado resolvió solo 36 acuerdos por concepto de medidas de ayuda inmediata y compensación para 130 víctimas. Según sus propios datos, de 5 mil 84 denuncias que recibió, la institución sólo había atendido a 89 víctimas hasta octubre de 2015.

Esto quiere decir que la mayoría huérfanos, viudas y familiares de personas asesinadas y todos aquellos que hayan sufrido la vulneración de sus derechos humanos, no han recibido un centavo de esos mil 450 millones de pesos que se le asignó el año pasado.

Los funcionarios de la CEAV se defienden y dicen que esto se debe a que la Ley General de Víctimas tiene “candados” que limitan de alguna manera la reparación a las víctimas.

Y tanto es así que solo 120 personas han recibido alguna ayuda económica. Un número insignificante comparado con el número real de víctimas. Si la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió en 2014 más de 45 mil quejas, es evidente que la CEAV no está cumpliendo con el cometido para lo que fue creada. Esas 120 personas beneficiadas, también resulta una cantidad irrisoria, para los más de 15 mil asesinatos dolosos registrados en 2015.

La CEAV ha resultado ser un fiasco. Sus funcionarios que gozan de espléndidos sueldos, prestaciones y viáticos, lo saben y han solicitado modificar la ley para quitar esos supuestos candados, aunque han esperado mucho tiempo para ello, en perjuicio de miles de víctimas que siguen esperando tener acceso a lo que legítimamente les corresponde.


La CEAV es un elefante blanco cercano al abismo, un fracaso. ¿Qué hacen allí 450 personas? ¿Hasta cuándo seguirán fingiendo que ayudan? Como diría Alejandro Martí: “si no pueden, renuncien”. Por su propio bien, salven un poco de su dignidad y dejen de ser parte del sistema simulador del Estado.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUAN MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/21-03-2016/47406