El Dragonario

Emite la CNDH recomendación al gobierno de Chiapas por muerte de indígena en penal El Amate

By: Unknown on 17:41:00 / comment : 0 asesinato, Chiapas, CNDH, estado fallido, estados, Indígenas, Nacional, Narcogobierno, Penales, Sistema Penal Mexicano, Violación de derechos humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación a Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, por la inseguridad, poca vigilancia y control por parte de las autoridades penitenciarias del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 (Cereso 14), El Amate, en Cintalapa.

De acuerdo con la recomendación 04/2016, la CNDH proyecta instruir a la autoridad penitenciaria para que garantice el derecho a la integridad personal de los reos. Dentro de los términos que precisa la recomendación está: incrementar el personal de seguridad y vigilancia en los módulos del penal; erradicar el autogobierno para que los internos no ejerzan funciones de mando que le competen al personal de seguridad y custodia; y hacer una clasificación de la población penitenciaria, informó el organismo a través de un comunicado.

La recomendación se emitió después de que la CNDH realizara una investigación por la muerte del interno de origen tzotzil Joel Díaz Martínez, de 22 años y originario de Tuxtla Gutiérrez, quien fue encontrado ahorcado en un baño del penal en agosto del 2014.

El resultado de la investigación fue que había una insuficiencia en la vigilancia del penal que no permitía cubrir las necesidades de los internos en las áreas donde deambulan. El penal cuenta con 120 elementos de seguridad y custodia, total de hombres y mujeres en ambas guardias, frente a una población de 2 mil 520 reclusos.

En 2012, la CNDH emitió la recomendación específica 11/2012 para gestionar la sobrepoblación. Como medida para combatir la problemática en el penal, en septiembre de 2015 reubicaron a 101 reos hacia el Centro de Readaptación Social número 15, en Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.

No obstante, el comunicado señala que la autoridad penitenciaria incumplió con lo establecido en el artículo 9 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas, el cual indica que las autoridades deben dotar de “recursos materiales y humanos necesarios para asegurar el desarrollo y cumplimiento de sus fines, así como la salvaguarda de los derechos humanos de los internos”.

De igual forma, la CNDH solicitó al gobernador colaborar con el organismo en el procedimiento administrativo que se iniciará contra los servidores públicos responsables, derivado de la queja que se presente ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas.

Fuente: Contralínea

Autora: Karen Carrillo

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/22/emite-la-cndh-recomendacion-al-gobierno-de-chiapas-por-muerte-de-indigena-en-penal-el-amate/

Chicoasén II. Despojan a zoques de Chiapas

By: Unknown on 17:30:00 / comment : 0 "Mover a México", CFE, Chiapas, Comunidades Indígenas, despojo, estado fallido, estados, Mega proyectos, Nacional, Narcogobierno, Presa Chicoasén II, zoques

Avanza el despojo a ejidatarios indígenas para construir hidroeléctrica en Chiapas. Amparos individuales y colectivos aceptados por jueces locales y federales no son suficientes para detener las obras.

Chicoasén, Chiapas. En 1976, la construcción de una central hidroeléctrica diezmó las tierras productivas de Chicoasén, en el Sur de México, y 40 años después parte de sus pobladores luchan contra un nuevo despojo con la erección de una segunda represa en el área.

“Ya destruyeron todo. Las tierras son inservibles, ya no se pueden trabajar. La presa ha afectado mucho nuestra vida”, lamenta a Inter Press Service (IPS) el ejidatario Antonio Herrera, en este municipio rural del estado de Chiapas.

Herrera denuncia que los campesinos no pueden ingresar a sus parcelas desde que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) licitó en enero de 2015 la construcción de la central Chicoasén II sobre el río Grijalva y reclamó el uso de parte de su ejido, un tradicional esquema de tenencia y explotación comunal de tierras públicas.

Un enorme brazo mecánico rasguña el terreno para chupar arena y grava, mientras Herrera, miembro del Comité Ejidal de Chicoasén, muestra a la distancia el lugar de la obra, donde un manto pajizo ha pintado la vegetación del entorno, ahora mutada del verde a café claro.

La represa, con 240 megavatios de capacidad instalada y un costo de unos 300 millones de dólares, tendrá un canal abierto de 933.62 metros y una cortina de 30 metros de alto y se prevé que comience a operar en julio de 2018.

El estudio de impacto ambiental, presentado por la CFE a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y consultado por IPS, indica que la superficie requerida totaliza 234 hectáreas, de las cuales 188 se destinarán al embalse, emplazado a unos 850 kilómetros al Sur de la Ciudad de México, en este municipio de 5 mil 159 habitantes, territorio ancestral del pueblo zoque.

La CFE adjudicó la construcción a un consorcio de tres empresas mexicanas y la filial costarricense de la corporación china Sinohydro. La generadora ya expropió 69 hectáreas para el nuevo emprendimiento en Chicoasén. Los perjudicados recibieron unos 2 mil 300 dólares por hectárea.

En 1951 el gobierno concedió 3 mil 440 hectáreas para la constitución del ejido, una extensión que más que se duplicó en 1986 con la cesión de otras 3 mil 461, en beneficio de un total de 460 ejidatarios, de los cuales han muerto unos 50, heredando sus parcelas a sus mujeres o sus hijos.

La primera represa, a 100 kilómetros de distancia de la segunda, tomó tierras de la cesión inicial y la planeada de la última aportación.

Cuando en 1976 la CFE construyó la central hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, más conocida como Chicoasén I, con capacidad para generar 2 mil 400 megavatios, la empresa prometió el pago de sus tierras y aportar el servicio de agua potable, una escuela y una clínica, ofertas que no se cumplieron, aseguran los ejidatarios.

Ahora, la historia retorna con recuerdos envenenados.

“No tenemos información de la hidroeléctrica. No sabemos qué va a pasar con la población a orillas del río. La CFE dice que tiene permisos de los ejidatarios, pero no se los hemos dado. Se basa en un acta de asamblea falsa, que tiene firmas de propietarios muertos”, denuncia a IPS la hija de un ejidatario, Claudia Solís.

Para bloquear la nueva represa, los afectados han recurrido a manifestaciones, huelgas de hambre de sus ancianos y medidas legales, en un escenario en que los ejidatarios están divididos, porque un grupo de ellos apoya la segunda represa.

Los opositores, la mayoría y con edades de entre 60 y 90 años, acompañados de sus bastones, sus sombreros campesinos y sus familias, dedican sus últimas energías a defender sus posesiones y, más aún, su forma de vida.

En diciembre de 2014, 62 propietarios interpusieron amparos individuales, que fueron avalados por un juez federal en octubre pasado. Además, en marzo de 2015 presentaron un amparo colectivo, que fue admitido por otro juez federal en mayo pasado, sin que por ello se haya detenido la obra.

La población local cultiva maíz, calabaza, frijol, sandía, melón; pesca en el embalse, y atiende a los turistas que frecuentan la zona.
Chiapas, proveedor de energía

Chiapas es el escenario de grandes proyectos energéticos ya construidos o planificados por el gobierno y las empresas.

En el estado operan ya cuatro represas que aportan 45 por ciento de la capacidad hidroeléctrica del país, más otras tres pequeñas generadoras, dentro de la que es la cuenca hidrológica mexicana más importante.

La construcción de estas plantas provocó secuelas en las comunidades, la modificación del régimen hidrológico, pérdida de cobertura vegetal, desplazamiento de fauna terrestre y la desaparición de varios hábitats, denunciaron ambientalistas y ejidatarios a IPS durante la última protesta hasta ahora contra la obra y un recorrido por la zona afectada.

En México, 13 grandes centrales hidroeléctricas aportan más de 10 mil megavatios anuales, de los 65 mil generados en el país. En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2015-2029, lanzado en julio pasado, sólo hay un nuevo proyecto hidrológico, el de Chicoasén II.

El estudio ambiental de Chicoasén II reconoce la afectación directa sobre cinco comunidades del municipio e indirecta sobre otras 10 y reconoce que el embalse, desmonte, despalme, operación y mantenimiento de maquinaria y equipo perjudicará al paisaje, la fauna terrestre y el drenaje superficial.

“No queremos la presa. La CFE nos ha dicho que nos esperemos y no nos hace caso, no nos toma en cuenta”, asegura Herrera, en cuya familia hay otros cuatro ejidatarios.

En 2013, el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático rechazó incluir Chicoasén II como un proyecto de compensación de México de su emisión de gases de efecto invernadero, con el argumento de que no estaba demostrado que existieran beneficios de reducción de emanaciones, que el gobierno cifraba en 299 mil 436 toneladas de dióxido de carbono.

Además de su papel clave en la energía hidroeléctrica, Chiapas ha adquirido desde la década de 1970 un peso creciente en materia petrolera y tanto la compañía estatal Petróleos Mexicanos como la Secretaría de Energía (Sener) incluyeron en 2015 en sus planes nuevos campos para explotar o licitar en el estado.

En Chiapas operan 20 yacimientos, con reservas por unos 278 millones de barriles de petróleo, cuya actividad impacta sobre sobre 38 comunidades zoque, distribuidas en seis municipios.

Una encuesta realizada por la Sener sobre los impactos en otras actividades económicas por las operaciones petroleras, realizada en las gobernaciones de los estados, identificó la existencia de perjuicios en los sectores agrícolas, turísticos y en sitios arqueológicos, así como en nueve grandes áreas ambientales.

“La exploración (petrolera) tiene impactos sobre bosques, selva, recursos hídricos, asentamientos indígenas. Va a agudizar la conflictividad que ya existe…, pero las petroleras no se detienen ante los conflictos sociales”, analiza a IPS el profesor Fabio Barbosa, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además, el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural 2015-2019 establece el gasoducto Salina Cruz-Tapachula, entre los estados de Chiapas y Oaxaca, de 440 kilómetros de longitud, en un proyecto que entraría en vigor en 2018, aunque todavía no se licitó.

Para Barbosa, los planes petroleros son inviables. “Si se desarrolla un yacimiento importante, se pueden repetir los desastres ambientales ocurridos en otros estados”, alerta.

La Ley de Hidrocarburos, vigente desde agosto de 2014 y parte de la reforma que abre los hidrocarburos y la electricidad al capital privado, estipula que la Sener debe organizar consultas previas, libres e informadas entre comunidades indígenas en cuyos territorios se desarrollen proyectos energéticos.

Además, los interesados en obtener permisos para ejecutar esas obras deberán presentar una evaluación de impacto social.

Estos requisitos no se han aplicado en Chiapas, según la versión de afectados y activistas sociales y ambientales.

Fuente: Contralínea

Autor: Emilio Godoy

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/25/chicoasen-ii-despojan-a-zoques-de-chiapas/?utm_content=buffer156a1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Grupo México se desmorona

By: Unknown on 17:00:00 / comment : 0 "Mover a México", Contaminación, Corrupción, estado fallido, Grupo México, Mineras, Nacional, Narcogobierno, Politica, Rio Sonora, Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde los años setenta, los hermanos Xavier y Héctor García de Quevedo Topete se convirtieron en hombres de confianza del clan Larrea, que controla el conglomerado de empresas del Grupo México. Como tales, contribuyeron al despegue del negocio base de esa familia, la minería, cuyos dividendos llevaron a Germán Larrea Mota Velasco a diversificar sus intereses hacia los ferrocarriles y las salas de cine, entre otros negocios con los que escaló posiciones en las listas de los hombres más ricos del mundo.

Pero a partir de 2003 la relación se envenenó a raíz de una operación financiera que hoy amenaza a Germán Larrea con hacerle perder el control accionario directo, caso en el que Héctor García de Quevedo es el actor principal.

Este personaje lleva un año detenido y pasa los días en arresto domiciliario en un hospital de la Ciudad de México, acusado de fraude procesal por Grupo México, empresa donde su hermano Xavier es miembro del consejo de administración y director general de Operaciones, así como presidente de las subsidiarias Industrial Minera México (IMMSA) y Southern Copper.

Las acciones penales contra Héctor ocurrieron luego de que éste, en su calidad de apoderado legal del fondo de inversión británico Infund Ltd., pusiera a Germán Larrea en riesgo de perder el control accionario de Grupo México, pues está en juego un paquete de 65 millones de acciones de la empresa, que representan más de la mitad de lo que directamente posee Larrea y alrededor de 8% del total de los títulos accionarios.

Las maniobras del magnate

El caso Infund vs Larrea comprende una maraña de acciones que se remontan a 2003 y que combinan operaciones financieras con mediación del Banco Inbursa, un proceso mercantil, uno laboral y otro penal. En el centro se encuentran al menos 2 mil millones de dólares en disputa, según la actualización del mencionado paquete accionario que reclama el fondo de inversión.

De acuerdo con las actuaciones asentadas en el expediente mercantil 216/2013, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, Germán Larrea instruyó a Héctor García de Quevedo, entonces director de Proyectos Especiales de Grupo México, a concretar una venta de 65 millones de acciones por 75 millones de dólares. El ejecutivo lo hizo a través del mencionado fondo Infund.

Las dificultades financieras aquejaban ese año a Grupo México, que estaba al borde de la quiebra, tanto que al año siguiente Larrea dejó de estar enlistado en el ranking anual de millonarios de la revista Forbes.

La operación consistía en allegarse recursos a través de un fondo de inversión, que resultó ser Infund Ltd., una sociedad de responsabilidad limitada cuyos accionistas son Corplaw Ltd., y Corplaw Management Ltd.

La empresa posee un fideicomiso cuyo beneficiario es Xavier García de Quevedo. La gestión del fideicomiso está a cargo del despacho irlandés Pearse Trust, con presencia en varios países. Los fondos se transfirieron a través de Inbursa.

Semanas después de la operación de fondeo, Héctor García de Quevedo cayó enfermo y, al terminar su incapacidad, cuando regresó a trabajar, su oficina ya estaba desalojada, se le impidió el paso y se le notificó en la puerta su despido, sin liquidación ni prestaciones, tras 27 años de escalar en la estructura corporativa de la empresa.

Los intentos de negociar su salida no prosperaron y en 2007 demandó a Grupo México. Su asunto se encuentra radicado en la Junta Especial número 9 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con el número 846/2007.

Independientemente de la relación laboral, Germán Larrea se había negado a entregar las acciones a Infund Ltd., que las reclamaba desde 2006. Todas las negociaciones fracasaron, y no fue hasta mayo de 2013 cuando el fondo de inversión entabló el citado juicio mercantil.

Desde el inicio del proceso, Germán Larrea intentó que el caso se desestimara y argumentó ante el entonces juez sexto, Enrique Claudio González Meyenberg, que era cosa juzgada. Sin embargo esa pretensión no prosperó.

En una diligencia del juicio mercantil, y en respuesta a una pregunta expresa de los abogados de Germán Larrea, García de Quevedo respondió que fue director de Proyectos Especiales hasta 2003. El ejecutivo fue cuestionado respecto a la fecha en que dejó de percibir prestaciones de la empresa Servicios de Apoyo Administrativo –otra razón social de Grupo México– y respondió que hasta después de 2003.

Aunque las empresas eran distintas, el 23 de enero de 2015 el juzgado sexto penal dictó orden de aprehensión contra García de Quevedo, acusado de fraude procesal. Una vez detenido, se le dictó formal prisión el 5 de febrero siguiente.

Con Héctor García de Quevedo detenido, el juicio mercantil se estancó. El juez González Meyenberg había llamado para dictar sentencia en diciembre pasado pero consiguió su promoción como magistrado del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de Mazatlán, donde asumió el nuevo cargo en enero. El juzgado sexto, en el que se desahogaba el caso, quedó acéfalo, e inusualmente no se ha designado al sustituto, por lo que hasta ahora García de Quevedo sigue esperando sentencia.

Fin de la impunidad

Larrea fue enlistado en el número 121 de los millonarios del mundo por la revista Forbes en su edición más reciente, la pasado febrero último, con una fortuna personal estimada en 11.1 mil millones de dólares. No obstante, el descenso es notable pues la edición anterior de dicha publicación le concedía el lugar 64, con 4.7 mil millones de dólares más.

En los sexenios panistas, Grupo México consiguió impunidad, por ejemplo, por la muerte de 65 mineros en su mina Pasta de Conchos en Coahuila; para evitar el derecho de huelga y despedir a los mineros de Cananea utilizando a la Policía Federal; para que se desecharan las demandas por daños ambientales y sanitarios en Ciudad Juárez, San Luis Potosí y Monterrey, o bien cuando consiguió autorización para convertirse en actor dominante de la transportación ferroviaria (Proceso 1977).

Ahora su imperio ha sufrido reveses.

Luego del derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora en agosto de 2014, hubo sanciones y hay procesos abiertos con posibilidades de conseguir indemnizaciones millonarias para los afectados. En junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Grupo Aeroportuario del Pacífico, del que Larrea quería apoderarse mediante una compra hostil, y tendrá que vender acciones.

Hasta la Sección 65 del sindicato minero, con sede en Cananea, le ganó un litigio por pagos incumplidos en diciembre pasado, mientras que sus operaciones mineras en Perú enfrentan protestas, demandas y reclamos que afectan sus operaciones y su permanencia.

Por si fuera poco, al primer trimestre de 2016 el balance de Grupo México es desfavorable debido a las condiciones adversas del mercado internacional, de manera tan dramática que la caída de sus acciones ha impactado inclusive el Índice de Precios y Cotizaciones, como ocurrió el 11 de febrero pasado.

A lo anterior se suma el caso Infund, uno de los que mantienen a Germán Larrea en aprietos, aunque al menos hasta el informe anual de Grupo México a la Bolsa Mexicana de Valores, correspondiente a 2014, no estaba incluido entre los litigios que enfrenta.

Fuente: Proceso

Autor: Arturo Rodríguez García

http://www.proceso.com.mx/434706/grupo-mexico-se-desmorona

Permanencia del GIEI por Ayotzinapa, “hasta que se alcance la verdad”: ONG internacionales

By: Unknown on 16:52:00 / comment : 0 Ayotzinapa, Caso Ayotzinapa, colectivos, Desaparecidos, estado fallido, Europa, GIEI, Luchas Sociales, Nacional, Narcogobierno, Normalistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 18 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, agrupaciones de mexicanos radicados en Europa apoyaron la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “indefinidamente o hasta que se alcance la verdad y la justicia”.

En un comunicado firmado por 21 organizaciones radicadas en Reino Unido, Dinamarca, España, Alemania, Francia, Holanda, Suiza y Polonia, mexicanos y europeos solidarios con el movimiento por el esclarecimiento de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, expresaron su respaldo a los integrantes del GIEI ante las campañas de desprestigio alentadas por algunos medios de comunicación.

Los colectivos conformados desde que se registró la desaparición de los estudiantes en Iguala, en 2014, consideraron que el trabajo de investigación de los expertos “ha sido crucial para cuestionar ‘la verdad histórica’ que el Estado mexicano ha querido imponer frente a uno de los más crueles atentados contra jóvenes estudiantes y población civil en Iguala”.

Resaltaron que el GIEI pudo constatar que la versión dada a conocer por el exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam “es insostenible, que es necesario que se apliquen las propuestas expresadas en su informe de 2015 y que el GIEI continué sus investigaciones indefinidamente o hasta que se alcance la verdad y la justicia”.

Ante la campaña de denostación del trabajo de los expertos, en su comunicado los mexicanos y personas de diferentes países confiaron “en el profesionalismo, experiencia e integridad de los miembros del GIEI”: Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristain.

Para los firmantes, los integrantes del GIEI “son expertos en derechos humanos con una larga trayectoria profesional y por ello fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y organizaciones mexicanas de la sociedad civil para investigar los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014”.

Los colectivos se refirieron a las “declaraciones en algunos medios de comunicación mexicanos como MVS y Grupo Milenio, que han atacado la integridad moral de algunos miembros del GIEI”, para reiterar su solidaridad y respaldo con los expertos.

“Esclarecer los lamentables hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero es una obligación impostergable del gobierno de Enrique Peña Nieto. Exigimos conocer el paradero de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzianapa, labor para la cual el trabajo del GIEI es fundamental”, insistieron.

Entre los firmantes del documento destacan Mancherster for Ayotzinapa, Cambridge Mexico Solidarity, Justice Mexico Now, London Mexico Solidarity, Consciencia Mexico Dinamarca, Catalunya Contra la Impunitat, Metaforfosis Mexico, Alerta! Lateinamerika Gruppe, Solidarité pour le Mexique, Afines por México, Cochehya ’Colectivo Despertar, Bordamos por la Paz, Encuentros YoSoy132, Polonia con México, Latir por México, Ya basta Netz (Red de Colectivos en Alemania) y Santander X43.

Fuente: Proceso

Autora: Gloria Leticia Díaz

http://www.proceso.com.mx/434715/permanencia-del-giei-ayotzinapa-se-alcance-la-verdad-ong-internacionales

Apresa FGE por fraude a priísta que habían detenido en Toluca con 25 mdp en maletas

By: Unknown on 15:15:00 / comment : 0 desfalco, estado fallido, estados, Fraude, Nacional, Narcogobierno, NarcoPRI, Veracruz

Foto: TV Sureste

Coatzacoalcos, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Fernando Ramírez Domínguez, el ex candidato del PRI al gobierno de Jáltipan, por presunto fraude; el político ya había sido detenido en 2012 junto con Vicente Benítez, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en poder de varias maletas con 25 millones de pesos, en el aeropuerto de Toluca.

El político priísta y brazo derecho de Vicente Benítez fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de Coatzacoalcos, al ejecutarse una orden de aprehensión por fraude cometido a Lázaro Rodríguez Pérez, quien laboró como director del periódico que fundó en el municipio de Cosoleacaque.

De acuerdo a la carpeta de investigación Coatz/300/2014, Fernando Ramírez adeuda más de 400 mil pesos a quien fungía como el director del diario El Democrático del Sur, el cual era de su propiedad y se fundó unos meses después de la campaña política.

Al cerrarse el rotativo, no pagó salarios y prestaciones al personal, por lo cual enfrenta varias demandas laborales y penales por fraude, ya que también involucró a empresarios y políticos del sur de Veracruz.

El periódico El Democrático del Sur apareció el 3 de diciembre del año 2013, en formato tabloide, con 30 páginas y cerró sus puertas el 16 de febrero de 2014, de manera intempestiva y con muchas deudas, aunque sólo indicó al personal que se instalaría la rotativa.

Cabe señalar que en 2012, Fernando Ramírez fue detenido en el aeropuerto de Toluca en compañía de Vicente Benítez por cargar varias maletas con 25 millones de pesos, destinados supuestamente para el pago de servicios de promoción de las fiestas patronales de la Candelaria en Tlacotalpan.

De acuerdo con la denuncia que interpuso el PAN, este dinero estaba destinado para el apoyo de la campaña del candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto y se había desviado de la Secretaría de Finanzas (Sefiplan) de Veracruz; el gobierno de Javier Duarte lo negó. Desde ese momento, en el argot político a este par de priístas se les denomina "guardianes de las maletas voladoras".

Fuente: La Jornada Veracruz

Autor: Sayda Chiñas Córdova

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160325_075053_496

CNDH exige a la Marina que repare a familia de víctima de desaparición forzada

By: Unknown on 11:53:00 / comment : 0 CNDH, desaparición forzada, estado fallido, Marina, Nacional, Narcogobierno, Politica

El caso ocurrió en agosto de 2013 y en su momento, organismos de derechos humanos norteños apuntaban que era el primer caso de desaparición forzada del gobierno de Peña Nieto en que participaba la Marina. Sin embargo, cuando el 3 de agosto oficiales de ese cuerpo detuvieron a Armando Humberto del Bosque, ya se habían documentado 43 casos de desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales en los dos años anteriores.

Efectivos de la Marina lo detienen cuando viajaba en su coche, lo amarran y lo suben a una camioneta oficial, hechos que son presenciados por le padre de la víctima, a la vez que otro marino toma el auto en que viajaba Armando y lo conduce, escoltado por otros oficiales. Las respuestas oficiales de la marina fueron que ellos no tenían información al respecto y que tampoco lo habían detenido. El cuerpo de Armando apareció dos meses más tarde, con un impacto de bala en la cabeza, dentro del Mustang que conducía a 10 minutos del campamento de la Marina.

Cinco agentes de ese cuerpo fueron condenados el último 8 de marzo por el delito de “Desaparición Forzada” por el caso de Armando, a casi 3 años de los hechos. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Marina “recomendó” a la fuerza armada que tiene que “contemple atención médica y psicológica a los familiares de la víctima, una compensación y/o indemnización justa, tomando en cuenta la gravedad de los hechos conforme a los lineamientos de la Ley General de Víctimas y considerando que hay concatenación de la desaparición forzada perpetrada por agentes de la Marina con la muerte de la víctima lo que, aunado a las circunstancias en que fue encontrado su cadáver, conlleva a considerar que se está ante un caso de ejecución arbitraria violatorio al derecho humano a la vida.”

Fuente: Desinformémonos

Autor: Redacción

http://desinformemonos.org.mx/cndh-exige-a-la-marina-que-repare-a-familia-de-victima-de-desaparicion-forzada/

Mexicano en huelga de hambre por los 43 en Nueva York es amenazado por la policía

By: Unknown on 11:51:00 / comment : 0 Ayotzinapa, Estado de censura, Estados Unidos, Luchas Sociales, Nacional, Nueva York, policía, represión

Leobardo Santillán, mexicano originario de la sierra otomí-tepehua, un trabajador de restaurantes y de construcción, mantiene una huelga de hambre de diez días frente de las Naciones Unidas en Nueva York desde el pasado 21 de marzo; sin embargo, al ubicar su protesta en un parque, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) argumenta que la ley no le permite estar ahí por la noches y amenaza con desalojarlo.

Hoy le fue dado un ultimátum a Santillán: si no se retira, será arrestado, por lo que el activista ha decidido dejarse arrestar y continuar su huelga de hambre hasta ser liberado.

Santillán reside actualmente en Houston, Texas. Esta huelga de hambre frente a la sede de las Naciones Unidas es la cuarta que realiza en demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. También demanda juicio penal al presidente de México, Enrique Peña Nieto en una corte internacional por crímenes de lesa humanidad, y la permanencia de un presidente interino hasta 2018; cárcel para gobernadores, militares, policías o cualquier miembro de las fuerzas de seguridad por actos de violación a derechos humanos y actos de corrupción y que la sede de las Naciones Unidas cambie de país ya que Estados Unidos apoya al gobierno corrupto y autoritario de México a través de la Iniciativa Mérida.

Fuente: Desinformémonos

Autor: Redacción

http://desinformemonos.org.mx/mexicano-en-huelga-de-hambre-por-los-43-en-nueva-york-es-amenazado-por-la-policia/

Disputan Mancera y Eruviel botín electoral del Valle de México

By: Unknown on 11:22:00 / comment : 0 Distrito Federal, Elecciones 2018, Eruviel Ávila, Estado de México, estado fallido, Miguel Ángel Mancera, Nacional, Narcogobierno, Valle de México

TOLUCA, Edomex. (apro).- El gobernador Eruviel Ávila y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, han convertido en una disputa electoral la solución de los problemas de más de 20 millones de habitantes que cohabitan en el Valle de México.

El retraso para prevenir y remediar la crisis de transporte, seguridad, infraestructura y ambiental parece desentramparse, motivado por los tiempos políticos como mero botín de campaña que ambos pretenden capitalizar.

Choque de trenes

Sin la presencia de su homólogo del Estado de México, este fin de semana Mancera Espinosa anunció la reactivación del proyecto para ampliar la Línea A del Metro, de La Paz a Chalco.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México aseguró que la Secretaría de Hacienda acordó con su administración asignar 250 millones de pesos al proyecto.

“Habrá presupuesto este mismo año para trabajar un proyecto ejecutivo de la ampliación de la Línea A del Metro, lo cual reactiva este proyecto, esperemos que en los tres años que nos restan de ejercicio de gobierno podamos concluirlo”, confió Mancera.

Para edificar los 13 kilómetros adicionales, destacó la necesidad de que en 2017 se destinen recursos a obras de ingeniería y trenes adicionales.

No obstante, Mancera afirmó que la ejecución correrá a cargo del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y jamás aludió a la participación del gobierno del Estado de México.

En revancha, apenas tres días después y también sin la presencia de su similar capitalino, Ávila Villegas hizo públicos los avances del Tren México-Toluca que trasladará más de 270 mil pasajeros diarios, e irá desde Zinacantepec –con escalas en la capital mexiquense, Metepec, Lerma y Santa Fe– hasta el Metro Observatorio.

La obra de 57.7 kilómetros que conseguirá en 39 minutos el traslado de Toluca a Observatorio implicará una inversión superior a los 30 mil millones de pesos en inversión privada, participación federal y, “en menor medida, estatal, que sobre todo apoya con el derecho de vía”.

En el acto, Ávila Villegas recordó que este fue el primer compromiso de su campaña por la gubernatura, y se congratuló por la reanudación de la ampliación del Metro Chalco-La Paz.

“Siempre dije que estaba vigente”, reprochó, tras reconocer que esta obra será posible con la colaboración de las secretarías de Hacienda, Comunicaciones y Transportes, de la Ciudad de México y de “mi amigo Mancera”.

Además, aclaró que el gobierno mexiquense también ha invertido en el proyecto: 307 millones de pesos de la administración anterior en la compra de 40 hectáreas para la estación Chalco, y 17 millones de la actual para estudios de prefactibilidad.

En julio de 2014, el presidente Enrique Peña comprometió la ampliación de la línea A hasta Chalco.

“Son muchos los mexiquenses que, viviendo en el Estado de México, viajan todos los días al Distrito Federal porque ahí tienen sus fuentes de trabajo, o viceversa”, expuso entonces.

En marzo de 2015, Ávila Villegas informó del aplazamiento del proyecto, pero Mancera anunció tajante su cancelación, en virtud de que la SCT no había elaborado el proyecto ejecutivo, y la de Hacienda arguyó insuficiencia presupuestal.

El llamado “Diagnóstico de la movilidad de las personas en la Ciudad de México” estimaba, para el año 2000, ya en más de 4.2 millones de viajes por día los intercambios entre ambas entidades, y para 2020 previó 5.6 millones de viajes.

“Efecto cucaracha”

En los últimos años al menos en dos ocasiones las autoridades de la Ciudad de México reforzaron en materia de seguridad sus límites con el Estado de México para evitar un “efecto cucaracha” por la ola de violencia vinculada principalmente con el crimen organizado.

La primera preocupación ocurrió antes de que Miguel Ángel Mancera asumiera el poder, en septiembre de 2012, cuando confió en que su antecesor, Marcelo Ebrard, reforzaría la zona limítrofe con apoyo del Ejército, fundamentalmente a la altura del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.

Ya como jefe de gobierno, en enero de 2014, Mancera Espinosa informó sobre la puesta en marcha del operativo Escudo Centro para evitar el ingreso a la ciudad de grupos criminales por los límites del Estado de México, procedentes de Michoacán, después de que el gobierno federal arreciera sus políticas de seguridad en aquella entidad.

Mil 200 elementos participaron en sobrevuelos, revisión a vehículos sospechosos o que no cumplían con la normatividad, motocicletas y motonetas dispuestos en carreteras de acceso desde municipios como Neza, Chalco, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan y Los Reyes La Paz.

Tres meses después Jesús Rodríguez Almeida, titular de la SSPDF, anunció el reforzamiento de operativos policiacos en Polanco, Condesa, Roma, Zona Rosa y Tepito para frenar el intento de grupos delictivos por operar en la capital del país.

A mediados de abril de ese año, asambleístas del PRD acusaron de incapacidad para abatir los índices delictivos al gobernador mexiquense, a pesar del aumento de recursos federales para este fin que en 2013 implicaron 531.7 millones de pesos.

El lunes pasado, el gobernador Eruviel Ávila anunció operativos de seguridad coordinados denominados Policía Metropolitana, pero sólo con Michoacán y Guerrero, en sus respectivos límites. Otra vez ignoró a su vecino capitalino.

Tender puentes

También en materia de infraestructura metropolitana los avances son pocos, salvo el puente de Hueyetlaco que une al municipio de Huixquilucan con la delegación Cuajimalpa, pero que fue proyectado desde 1999 por otras administraciones.

A partir de entonces, la obra fue frenada por la Federación con el argumento de ausencia de dictámenes de impacto ambiental, y por la inconformidad de los vecinos.

Para concluir el puente de sólo mil 300 metros, por el que diariamente circulan entre 17 y 30 mil vehículos, autoridades mexiquenses y capitalinas acordaron destinar 350 millones de pesos del Fondo Metropolitano.

Después los trabajos se retrasaron por el desgajamiento de un cerro en la delegación Cuajimalpa, que provocó la muerte de un trabajador.

El entonces presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa (ALDF), Santiago Taboada, responsabilizó del incidente al gobierno mexiquense por la opacidad con la que manejó la información del tipo de construcción.

El legislador panista aseguró que el gobierno mexiquense faltó a las reuniones entre ambas autoridades y no atendió el punto de acuerdo aprobado por la ALDF –en cuya votación estuvieron ausentes los priistas– para demandar la suspensión inmediata de la obra por falta de planeación y omisión de los requisitos de seguridad.

Fue sólo a principios de 2006 cuando se inauguró la vialidad Hueyetlaco, que reduce a 15 los 40 minutos de traslado entre Interlomas, en Huixquilucan, y la delegación Cuajimalpa.

Contingencias

La batalla presidencial fue reactivada a mediados de marzo, producto de la primera contingencia ambiental en los últimos 14 años para el Valle de México, que aplicó para la capital del país y 18 municipios conurbados.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2010 la ZMVM albergaba 35 mil industrias y 3.5 millones de vehículos con altos consumos de energía fósil (gasolinas, diésel y gas); en 1998, esta región consumió 301 mil barriles diarios de gasolina.

Mancera señaló al Estado de México como principal responsable por la corrupción en sus verificentros. Y la entidad mexiquense respondió con el cierre de los rellenos sanitarios de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Xonacatlán a ocho mil toneladas diarias de basura generadas en la Ciudad de México.

Diputados priistas y del PVEM en la Legislatura mexiquense salieron en defensa de Ávila Villegas y emitieron comunicados para acusar a Mancera de emitir declaraciones irresponsables y hasta aplaudir la decisión de cerrar los tiraderos a sus desechos sólidos.

El diferendo fue resuelto a puerta cerrada, con la mediación de Rafael Pacchiano, secretario federal del Medio Ambiente, al anunciar el levantamiento de la contingencia ambiental por ozono y la reapertura de los basureros.

Fuente: Proceso

Autor: Veneranda Mendoza

http://www.proceso.com.mx/434702/disputan-mancera-eruviel-botin-electoral-del-valle-mexico

En narcomantas anuncian ‘toque de queda’ en Iguala; ejecutan a tres hombres

By: Unknown on 11:18:00 / comment : 0 estado fallido, estados, Guerrero, Iguala, Nacional, Narcogobierno, Narcomantas, Paramilitares

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La narcoviolencia en Iguala se recrudeció durante las últimas horas luego de que al menos tres hombres fueron ejecutados en diferentes ataques armados, así como la imposición de un “toque de queda” anunciado por una banda criminal a través de mantas que fueron colocadas en diferentes sitios públicos, donde acusan a policías federales de proteger a operadores del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Esta situación se registra tras el retiro de agentes federales que permanecieron unos meses después de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dejando expuesta a la sociedad ante la disputa librada por bandas delincuenciales por el control de esta plaza estratégica en la geografía del narco en la entidad.

Según reportes oficiales, cerca de las 3:00 horas de este jueves se reportó el hallazgo de una narcomanta que desconocidos dejaron en las inmediaciones de un plantel escolar ubicado sobre la calle Juan N. Álvarez, con el siguiente mensaje firmado por un grupo denominado Los Espartanos.

“Atención se declara foco rojo y toque de queda para toda la gente de Iguala, no queremos gente inocente muerta, ya que le declaramos la guerra totalmente a los siguientes carteles, Guerreros Unidos, Los Rojos, Familia Michoacana, Sierra Unida y el Gobierno” (sic).

Luego acusan a un supuesto comandante de la Policía Federal, identificado como El Tecla, de brindar protección a presuntos operadores del grupo delictivo Guerreros Unidos, entre ellos Víctor Manuel, La Marranita, así como Gerardo Rosales Domínguez, Juan Díaz Huerta, Sergio Mondragón, Antonio García Salgado y Alberto Santiago Cruz, quienes presuntamente son “testigos protegidos” y viajan junto a agentes uniformados a bordo de las patrullas 12218, 17218, 17219, 17220, 17221, 17222, 17224 y 17225.

El mensaje advierte sobre un recrudecimiento de la violencia en la zona norte y la región centro del estado.

Mientras que desde la noche de ayer hasta las primeras horas de este jueves se reportaron al menos tres hombres ejecutados en distintos puntos de Iguala, durante ataques realizados por sujetos armados.

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Flores Contreras

http://www.proceso.com.mx/434662/en-mantas-anuncia-narco-toque-queda-en-iguala-ejecutan-a-tres-hombres

Ejecutan a dos afuera de un gimnasio en Tonalá, Jalisco

By: Unknown on 11:15:00 / comment : 0 ejecuciones, estado fallido, estados, inseguridad, Jalisco, Nacional, Narcogobierno

GUADALAJARA, Jal. (apro).- La mañana del miércoles 23 fueron encontrados los cuerpos de tres hombres al interior de una camioneta gris, tipo Jeep Grand Cherokee y placas JLG 4598, la cual se localizó luego de que autoridades reportaron su volcadura en una carretera de Lagos de Moreno.

Los peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) rescataron los tres cadáveres para posteriormente iniciar las investigaciones del caso y determinar la identidad de los fallecidos.

Una de las primeras versiones extraoficiales indicaba que las víctimas tenían heridas provocadas por disparos de arma de fuego y que huían de un grupo de sujetos que los perseguían en otro vehículo.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado aclaró que ninguno de los fallecidos había sido agredido a balazos.

El aseguramiento del vehículo ocurrió sobre el kilómetro 39 de la carretera El Tecuán-Betulia.

En Lagos de Moreno desde diciembre pasado se ha registrado una serie de hechos violentos, en medio de lo que según las autoridades estatales es un enfrentamiento entre bandas del narcotráfico que se disputan el control de la plaza.

Dicho accidente provocó la movilización de agentes de la Policía Federal y de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En otro hecho de violencia, en el municipio de Tonalá la noche del martes 22 se reportó una agresión a balazos contra varias personas que se encontraban a las afueras de un gimnasio, lo que derivó en la muerte de dos hombres, entre ellos un menor de 17 años, quien falleció cuando era atendido en un puesto de socorros, en la colonia Altamira, cerca de los cruces de Independencia, Ramón Corona y la calle Obregón.

Algunos testigos aseguraron a la policía del municipio que el agresor era un sujeto que abandonó la zona del crimen a bordo de un Jetta de negro el cual dejó abandonado apenas a unas calles de distancia de donde atacó a sus víctimas.

Fuente: Proceso

Autor: Alberto Osorio

http://www.proceso.com.mx/434654/ejecutan-a-dos-afuera-gimnasio-en-tonala-jalisco

Denuncia FNLS desaparición forzada de uno de sus militantes en Chiapas

By: Unknown on 11:12:00 / comment : 0 "Mover a México", Chiapas, Comunidades Indígenas, Desplazados, Despojo de tierras, FNLS, Luchas Sociales, Manuel Velasco Coello, Nacional, Narcogobierno, NarcoPVEM, Paramilitares

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de Chiapas reportó la “desaparición forzada” de Fidencio Gómez Sántiz, uno de sus militantes y miembros activistas en el estado.

Gómez Sántiz, señaló el FNLS, es integrante del ejido Las Perlas, municipio de Altamirano, tiene 36 años de edad y es padre de familia de una niña de 10 años y de adolescente de 12.

El colectivo denunció que Gómez Sántiz fue objeto de una detención-desaparición forzada desde el pasado 5 de marzo, en la proximidad del mercado local ubicado en la cabecera municipal de Ocosingo. Desapareció entre las 15:00 y 16:00 horas luego de verse con su esposa e hijo en la terminal de transporte Jet-Ja para dirigirse a una visita familiar. Fue en ese lugar donde Gómez Sántiz fue visto por última vez.

Precisó que Fidencio se dirigía esa tarde al ejido Las Perlas, municipio de Altamirano, donde tiene su domicilio, luego de haber realizado “tareas políticas de denuncia en la Ciudad de México”. A escasos cinco u ocho minutos de despedirse de su familia, el hijo intentó hacer una llamada telefónica para asegurarse que su papá tomara sin contratiempos su transporte, pero no obtuvo respuesta.

El FNLS que se sumó a la campaña el alto al terrorismo de Estado y por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, en particular de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, dijo que el caso de Fidencio es un caso más de los muchos graves que hay en el país.

Sus integrantes se dijeron preocupados de la integridad de Gómez Sántiz porque ha participado y se ha solidarizado con otros esfuerzos organizativos “que defienden los derechos del pueblo” y demandan poner fin a “la voracidad con que las fuerzas policiaco-militares y paramilitares desaparecen de manera forzada, torturan, desplazan forzadamente y ejecutan extrajudicialmente a luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas honestos, pueblo en general que protestan contra el régimen”.

Para el FNLS, lo sucedido a Fidencio constituye un crimen de lesa humanidad, por lo tanto, es un crimen de Estado que obedece a la política gubernamental del terrorismo de Estado, “un ejemplo concreto de cómo el actual gobierno mexicano intenta ahogar el descontento popular, como de la toma de conciencia política de amplias masas populares en el país”.

Denunciaron que en esa región de Ocosingo y Altamirano, el grupo armado “Los Petules” se han dedicado a la cacería de sus compañeros por órdenes de jefes policíacos y militares, prueba de ello es el intento de asesinato del que fue objeto el estudiante Jorge Daniel Sántiz quien fue herido de bala en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas, esto en el poblado Cuxulja, municipio de Ocosingo, el pasado 12 de enero del presente año.

En Ocosingo este grupo patrulla la ciudad en busca de miembros del FNLS, denunciaron sus integrantes.

Acusaron que detrás de esta desaparición forzada podría estar el grupo Los Petules, conjuntamente con los cuerpos policíaco-militares adscritos en Ocosingo. “Ellos podrían ser sin duda los responsables de la desaparición forzada de nuestro compañero”, acusaron.

Hicieron un llamado a las organizaciones sociales y a los organismos defensores de los derechos humanos a que en la medida de sus buenos oficios, estén atentos y se pronuncien por el atentado que fue objeto Gómez Sántiz, que constituye una agresión más contra el FNLS.

Responsabilizaron de la integridad física y psicológica de Fidencio Gómez Sántiz y de cualquier integrante del FNLS, al presidente municipal de Ocosingo Tito Héctor Albores Cruz, a Lorenzo Sántiz López, Jesús Sántiz López y Agustín Sántiz López comandantes del grupo terrorista Los Petules, así como al representante del poder ejecutivo Enrique Peña Nieto y al gobernador de la entidad Manuel Velasco Coello.

Fuente: Proceso

Autor: Isaín Mandujano

http://www.proceso.com.mx/434636/denuncia-fnls-desaparicion-forzada-uno-sus-militantes-en-chiapas

Comando ataca centro nocturno de Acapulco; 2 muertos y 4 heridos

By: Unknown on 11:07:00 / comment : 0 "Mover a México", Astudillo, ejecuciones, estado fallido, estados, Guerrero, inseguridad, Nacional, Narcogobierno, NarcoPRI, Narcoviolencia

CHILPANCINGO, Gro., (apro).- Al menos dos muertos y cuatro heridos fue el saldo de un ataque registrado ayer por la noche al interior de un centro nocturno ubicado en plena zona turística del puerto de Acapulco.

Con este hecho violento suman más de 30 personas asesinadas durante esta semana en distintos puntos de este destino turístico, donde la ola de violencia no cesa a pesar del operativo policiaco y militar implementado por el periodo vacacional.

Reportes oficiales refieren que cerca de las 22:30 horas de ayer se reportó una balacera en el table dance Majesty, ubicado sobre la calle Vasco Núñez de Balboa, a una cuadra de la avenida costera Miguel Alemán.

Las autoridades determinaron que al menos dos jóvenes que portaban pistolas ingresaron al lugar y balearon a trabajadores y clientes.

En el ataque murieron una bailarina y un mesero, y al menos cuatro personas más, mujeres y clientes, fueron heridos de gravedad.

La calle donde ocurrió el ataque es conocida porque abundan los establecimientos de comercio sexual controlados por la delincuencia; las ejecuciones y ataques armados realizados por sicarios son comunes.

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Flores Contreras

http://www.proceso.com.mx/434701/comando-ataca-centro-nocturno-acapulco-2-muertos-4-heridos

Normales rurales: vehículos de la memoria que están siendo exterminados

By: Unknown on 22:01:00 / comment : 0 Ayotzinapa, Educación media superior, educación Pública, educación superior, Escuelas Normales Rurales, estado fallido, Luchas Sociales, Nacional, Narcogobierno

Con represión, asesinato, y violencia intentan apagar el normalismo rural, así como con una campaña de desprestigio y un raquítico presupuesto, que apenas llega a los 400 millones para las 15 instituciones. Estudiantes y profesores cargan con la defensa de un modelo educativo histórico pero vigente.

De acuerdo con Elizabeth Jelin vivimos una era de exacerbación de la memoria, en la que acumulamos todo lo que podemos. Como individuos en el plano familiar, la mayoría de las veces con recuerdos materiales sobre etapas de nuestra vida; y como sociedad, en el espacio público, con placas conmemorativas, monumentos y archivos. Pero asimismo, grupos o comunidades generan e incrementan su memoria, narrando sus pasados para sí mismos y para otros. Dentro de lo que se ha denominado “cultura de la memoria”, como respuesta a un estilo de vida acelerado, mismo que evita a las personas tener anclajes o raíces con sus orígenes. Por lo que Jelin considera que la memoria es fundamental como mecanismo cultural para el fortalecimiento del sentido de pertenencia a comunidades o grupos, principalmente los oprimidos, silenciados y discriminados (1). Lo que, entiendo, incluyen organizaciones disidentes de los regímenes políticos, ya sean silenciados mediante el acoso, la amenaza, el empleo de la “justicia y la ley” tergiversadas e interpretadas a conveniencia por las autoridades, y en casos extremos mediante la tortura y el asesinato. Este último en una de sus más temibles versiones, la desaparición forzada, método que así mismo funciona para silenciar y oprimir a los miembros del grupo sobrevivientes, para imponerles el olvido.

Independientemente de la época y del tamaño de los grupos afectados “la memoria y el olvido, la conmemoración y el recuerdo se tornan cruciales cuando se vinculan a acontecimientos traumáticos y a situaciones de represión y aniquilación o cuando se trata de profundas catástrofes sociales y situaciones de sufrimiento colectivo” (2). En este análisis hablaré, por lo tanto, de la memoria colectiva (3) de un grupo, aunque entendiendo que ésta se ha nutrido por experiencias individuales dentro del marco social mayor al que pertenecen sus miembros, pues siempre está implicada “…la presencia de lo social, aun en los momentos más ‘individuales’. ‘Nunca estamos solos –uno no recuerda solo sino con la ayuda de los recuerdos de otros y con los códigos culturales compartidos, aun cuando las memorias personales son únicas e individuales–.’” (4) Me refiero a la memoria colectiva del grupo social integrado por estudiantes y maestros, sus familiares y amigos, ellos los que desde hace décadas, casi un siglo, han constituido las normales rurales en nuestro país.

La memoria, en el sentido que la analizo de transmisión de ideología, sentimiento de pertenencia y postura política, no funciona como la historia en el sentido académico; y se basa en la experiencia vivida, en el testimonio de transmisión oral, en narrativas colectivas y en recordar con actos conmemorativos, entre otras acciones del grupo implicado en los hechos. Aunque los sucesos afecten a un grupo mayor no directamente, como a una nación. “La memoria entonces se produce en tanto hay sujetos que comparten una cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan ‘materializar’ estos sentidos del pasado en diversos productos culturales que son concebidos como, o que se convierten en, vehículos de la memoria, tales como libros, museos, monumentos, películas…” (5).

La memoria es colectiva por los marcos que la contienen, como el espacio, el tiempo, la afectividad y el lenguaje, y sobre estos mismos se construye. En éstos cobran sentido los acontecimientos que han de mantenerse para despue?s comunicarse. Los marcos sociales dan estabilidad y permiten que el contenido se pueda modificar. Los marcos son relevantes debido a que se acuerdan de forma colectiva y para la colectividad. De éstos, el espacio es el significado de las dimensiones en que se vive, dimensiones que así mismo condicionan la forma de vida en su interior. Así, al espacio como terreno le corresponde una expresión simbólica dependiente de las relaciones y el lenguaje que se dan en él. Las colectividades hacen suyos los espacios que habitan, sobre todo cuando poseen una memoria cultural con la que transforman el emplazamiento a su imagen y se encierran dentro del marco que han elaborado (6). De esta manera las normales rurales pueden ser consideradas vehículos de la memoria, como marcos espaciales en los que el grupo social referido, en especial alumnos y profesores, conviven intensamente en las aulas, pues operan bajo el sistema de internado. Además, las escuelas siempre han estado fuertemente relacionadas con las comunidades que las rodean. Y principalmente debido al papel de los estudiantes avanzados y los profesores como transmisores de la memoria colectiva entre generaciones, precisamente ahí, en las aulas de las normales rurales.

La desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurrió dentro del contexto de la guerra contra el narcotráfico iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y que, sin ser nombrada así, sigue en la administración de Enrique Peña Nieto. Es cierto que México se encuentra en una espiral de violencia exacerbada desde hace 10 años. Pero particularizar su desaparición al contexto de la batalla contra el crimen organizado es desvirtuar, banalizar y desdibujar a los normalistas rurales, pues su desaparición es parte de un devenir temporal más amplio, en el que están involucrados aspectos ideológicos y políticos, que desde hace mucho han confrontado a los normalistas rurales con diferentes administraciones gubernamentales.

La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se dio en un contexto más amplio y complejo de lo que las autoridades nos han querido hacer creer mediante sus discursos y el empleo de la mayoría de los medios de comunicación, principalmente televisoras, estaciones de radio y periódicos, por supuesto oficialistas. Pero el 7 de marzo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó un informe que examina la crisis de derechos humanos que atraviesa México en medio de una agravada violencia desde 2006 y que parece no tener fin. Su análisis examina las miles de desapariciones y desapariciones forzadas, los mecanismos de tortura institucionalizados, las ejecuciones extrajudiciales, entre otros asuntos como: la inseguridad en la que sobrevive la ciudadanía, la dificultad de acceder a la justicia y, la generalizada impunidad en el territorio nacional. El texto también señala la crítica situación de algunos sectores poblacionales, que se relacionan directamente con esta crisis al denunciarla ante las autoridades y hacerla del conocimiento público como son: los defensores de derechos humanos y los periodistas. Personas que por ejercer sus derechos como ciudadanos al denunciar y por ejercer su libertad de expresión como entes obligados a hacerlo en el medio periodístico, han sido convertidas también en victimas. Actualmente México es considerado uno de los países con mayor riesgo para aquellos que ejercen el periodismo, su situación ha sido comparada con la de países que se encuentran en guerra.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, las personas “no localizadas” en México hasta septiembre de 2015 eran 26 mil 798″

Las cifras del informe demuestran que la desaparición de personas en el país ha alcanzado niveles alarmantes para una nación que no se encuentra bajo una dictadura, al menos en el sentido clásico de la palabra, como se entiende fueron las de algunos países de América del Sur durante la segunda mitad del siglo pasado o en un conflicto armado como una revolución o una guerra. De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), las personas “no localizadas” en México hasta septiembre de 2015 eran 26 mil 798. La cuestión se torna más grave cuando el reporte de la CIDH menciona “la información amplia y consistente” que ha recibido sobre la práctica de desaparición forzada por parte de elementos o agentes del Estado (7).

El informe de la CIDH se presenta 1 año después de haberse iniciado los trabajos de su integración durante la visita de la comisión a nuestro país del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 y, poco más de 2 años después del terrible suceso de Ayotzinapa. Los 43 estudiantes se sumaron entonces a la ya abultada cifra de desaparecidos en México y que sigue incrementándose. Sin duda la desaparición de los 43 estudiantes se ha convertido en el caso más notorio de los últimos años en cuanto a desapariciones forzadas y ha sido objeto de grandes protestas a nivel nacional e internacional; y no es para menos, pues ha quedado claro que nuestras autoridades no pueden o no les interesa resolver los casos de desaparición. Y por supuesto no es el único de los últimos años, ya en 2013 Human Rigth Watch documentó 149 casos de desaparición forzada con la participación de agentes del Estado (8). Pero que en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se haya evidenciado la participación de representantes populares del gobierno, cuerpos policiacos y el Ejército, además del crimen organizado, vuelve la desaparición de los muchachos un crimen de Estado con implicaciones muy profundas.

Que sea un crimen de Estado complica lo sucedido, pues hablar de los muchachos desaparecidos dentro de la práctica que involucra a ciertos agentes del Estado, obliga a dirigir este análisis hacia el origen de los estudiantes en la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una de las 15 que aún existen. Y aunque el número de éstas desde que se originaron en 1922 ha variado, así como su denominación y nivel académico, hoy se encuentran reducidas a su mínima expresión. En la década de 1930 se llamaron Escuelas Regionales Campesinas y para 1939 sumaban 36 planteles. En 1941 se transformaron las escuelas regionales, unas se destinaron solamente a la agricultura y 18 se definieron como normales rurales. Durante la década de 1950 algunas de las escuelas regionales campesinas se redefinieron nuevamente como normales rurales y con la creación de otras se alcanzó la cifra de 29 unidades. A finales de esa década sus estudios se homologaron a los de bachillerato, con lo que se abrió la posibilidad de que sus egresados continuaran estudios universitarios. Además, la formación de la identidad entre los internos se reforzó, ya que su convivencia podía alcanzar 7 siete años, pues se impartía uno de complementación de educación primaria, tres de secundaria y los tres de normal (9).

En las décadas de 1950 y 1960 el pensamiento crítico y socialista se afianzó en los planteles rurales entre maestros y estudiantes. Lo que debemos considerar aquí es que la introducción de ese pensamiento se dio mucho antes, con la propuesta de educación del presidente Lázaro Cárdenas durante su mandato 1934-1940, justamente en la etapa de mayor auge de las normales rurales. Ese pensamiento analítico, crítico y socialista llevó a los normalistas a participar en diversas luchas, entre las que destacan la lucha magisterial de 1958 y el movimiento estudiantil de 1968, que culminó con el asesinato masivo de estudiantes en la Ciudad de México en octubre del mismo año. Masacre perpetrada por agentes del Estado, militares y policías, bajo las órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez. La activa participación de los normalistas en el movimiento estudiantil tuvo como represalia gubernamental el cierre de 15 normales (10). Además de que se separó la educación secundaria de su esquema educativo (11), acotando la intensa convivencia de sus integrantes.

En 1984 se elevó por acuerdo presidencial el esquema educativo de las normales rurales a licenciatura. Además, se decretó el establecimiento de “centros de bachillerato, conforme a planes y programas especi?ficos, en las zonas de influencia de las escuelas normales rurales y experimentales que no cuenten con ese servicio educativo.” (12) Con lo que se daba otro duro golpe a la educación normalista que se venía desarrollando, pues se quería aumentar la edad de los que ingresaran a sus aulas formándolos previamente en otro sistema de bachillerato. En 1993 con la descentralización de la educación básica y normal estas escuelas pasaron a las administraciones estatales, con lo que se disminuyó su número de estudiantes y se redujo el otorgamiento de plazas en determinadas regiones (13). Pero más allá de las cifras, esta estrategia se dirigió también a entorpecer las negociaciones de los normalistas en diferentes conflictos, pues ya no lo harían directamente con la administración federal, pues primero debían pasar por las autoridades estatales. Con lo que sus luchas por mejorar y mantenerse en el sistema educativo del país se volvieron más burocráticas y de larga duración, una política gubernamental para desgastar las luchas y huelgas en las que los normalistas se vieran envueltos.

La política gubernamental hacia las normales rurales durante la primer década del presente siglo continuó con la de reducción de la matricula estudiantil y la planta docente, además de la cancelación de becas a los estudiantes. Y prosiguió el gobierno con el cierre de escuelas, como la normal de Mactumatzá en Chiapas –en violento proceso de cierre desde 2003– y en 2008 de la normal rural de El Mexe, en Hidalgo. Caso que recibió gran atención de los medios de comunicación pues el conflicto que se generó a su alrededor recibió el apoyo de las poblaciones circundantes. Claro que la mayor parte de la cobertura mediática criminalizaba a los normalistas por la toma de autobuses, marchas y bloqueos. Sin abundar en la política de estrangulamiento contra las normales implementada por el gobierno federal desde años atrás, principal causante del conflicto de El Mexe. Ese mismo año la administración estatal de Enrique Peña Nieto intentó cerrar la normar rural de Tenería en el Estado de México (14).

En las normales rurales durante las décadas de los sesenta y setenta era común encontrar círculos de lectura que debatían textos de Marx, Engels y Lennin, entre otros autores con compromiso social. Lo que llevó a sus integrantes a reforzar su sentido de pertenencia e identidad hacia sus comunidades, y hacia el pueblo en el aspecto generalizado de la masa sin recursos y oprimida por la oligarquía y las autoridades (15). La Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) es una agrupación que históricamente ha representado al sector estudiantil más pobre y crítico del país, con un gran compromiso social y una larga tradición de lucha, desde que se originó en las escuelas regionales campesinas en 1935 (16). Lucha que derivó en varias vertientes desde los años sesenta, incluida la guerrilla. En las filas de la FECSM estuvieron Lucio Cabañas Barrientos, quien fue secretario de la organización en 1962, cinco años antes de volverse guerrillero y, Genaro Vázquez –ambos estudiantes en la normal de Ayotzinapa–. También fueron normalistas rurales algunos de los atacantes al Cuartel de Madera en 1965, que dirigieran los profesores Arturo Gámiz y Pablo Gómez. Otros más integraron el Movimiento de Acción Revolucionaria.” (17)

La FECSM es una agrupación que ha representado al sector estudiantil más pobre y crítico del país, con un gran compromiso social y una larga tradición de lucha”

Durante la década de 1970, los movimientos guerrilleros se volvieron objetivos del Estado en la llamada Guerra Sucia, en la que principalmente en Guerrero se recurrió a la desaparición forzada como mecanismo de represión: “En la guerra contrainsurgente, contra las guerrillas de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y del Partido de los Pobres, el Ejército y las agencias de seguridad desarrollaron una particular forma de represión que consiste en desaparecer a los adversarios. No castigar a los enemigos, ni siquiera asesinar, torturar y humillar, sino algo más: desaparecerlos, borrar sus rastros, negar su existencia. Individual y política. A ellos y su lucha” (18).

La desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa, se dio cuando se dirigían a la Ciudad de México, con el objetivo de conmemorar la matanza de otros estudiantes, los de Tlatelolco en 1968; cuando la sociedad no esperaba ver nunca más una masacre de estudiantes; cuando gran parte de la sociedad había perdido la memoria de los sucedido en 1968; cuando muchos, como yo, depositarios de la memoria oral de otros, de los de la generación que estuvo en el movimiento estudiantil, habíamos dejado de conmemorar el trágico suceso; cuando la memoria se desvanecía en los registros históricos académicos, aquellos que han sido elaborados desde el Estado, de los que a la mayoría siempre les falta algo o en los que se ha cambiado lo sucedió, por motivos más importantes para la conformación de nuestra “democrática nación”.

El exterminio de los 43 estudiantes puede tener una lectura más profunda que la que le ha dado la versión “histórica” de Jesús Murillo Karam, Miguel Ángel Osorio Chong y Enrique Peña Nieto. Una en el contexto de la larga estrategia de estrangulamiento de las normales rurales que apunta a la eliminación de una memoria colectiva, que durante 94 años ha sobrevivido al olvido en que la ha querido arrojar el Estado. Es parte de la aniquilación de las normales rurales como vehículos de la memoria, en tanto que, a través de casi un siglo han sido espacios de integración de uno de los sectores más oprimidos, silenciados y discriminados en nuestro país, el rural, conformado en las escuelas por campesinos, indígenas y mestizos, todos pobres.

Entonces se puede entender a las normales rurales como vehículos de la memoria al ser espacios vivos por la integración de individuos pobres en colectividades pobres, por generaciones y por regiones. Vehículos de la memoria que han generado una memoria colectiva que se ha sabido transmitir y reinventar desde la década de los treinta, mediante una ideología de corte socialista, que ha incorporado otros pensamientos, como el de la revolución cubana. Pero que, sobre todo ha transmitido la experiencia de lucha de sus integrantes en diferentes movimientos sociales, como la lucha magisterial de 1958 y la matanza de aquellos otros estudiantes en 1968. Memoria colectiva que recuerda la escisión de algunos de sus miembros en guerrillas rurales y urbanas, la guerra sucia, la tortura, la vida clandestina, el exterminio de los cuerpos. Y que, por supuesto ahora ya ha incorporado la desaparición forzada de los 43.

Actualmente sobreviven 15 normales rurales(19) –al menos las que son reconocidas como tales por el gobierno–, mismas que son vehículos de la memoria de un grupo históricamente oprimido, silenciado, discriminado y temido por el Estado. Razones por las cuales se volvió disidente en primera instancia. Y, aunque tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes la Cámara de diputados aprobó 400 millones para las normales rurales. El duro golpe a Ayotzinapa afectó todas las normales, la colectividad que son. Desde entonces han disminuido sus aspirantes y se ha incrementado la deserción de las mismas. Pues el miedo a la represión, al asesinato, a la violencia sin nombre que es la desaparición forzada generó huecos en esos vehículos de la memoria en el nivel individual de sus miembros, pero reforzó su memoria colectiva ante el olvido que les quiere imponer el Estado mexicano.

Notas

1 Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, Siglo Veintiuno Editores, España, 2002, páginas 9, 10.

2 Jelin, Op. cit; páginas 10, 11.

3 Me refiero a memoria colectiva como un proceso que hace más énfasis en la construcción cultural colectiva que en los procesos individuales de la misma, idea desarrollada por Maurice Halbwach que está relacionada con lo que él llamó “marcos sociales de la memoria” en sus obras: Les cadres sociaux de la me?moire, 1925, y La me?moire collective, 1950. Tomado de Jorge Mendoza García, “La tortura en el marco de la guerra sucia en México: un ejercicio de memoria colectiva”, POLIS, volumen 7, nu?mero 2, 2011; páginas 139-179.

4 Jelin, Op. cit; página 20.

5 Ibid. página 37.

6 Jorge Mendoza García, “La tortura en el marco de la guerra sucia en México: un ejercicio de memoria colectiva”, POLIS, vol. 7, nu?m. 2, 2011. pp. 140, 141. Cabe aclarar que Mendoza habla principalmente del Campo Militar Número 1 como un marco espacial altamente significativo para los sobrevivientes de la guerra sucia, por haber sido el lugar por excelencia de la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de disidentes por parte del Estado mexicano.

7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de los Derechos Humanos en México, Organización de los Estados Americanos, 31 de diciembre de 2015, páginas 11-14.http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf.

8 Human Rights Watch, Los Desaparecidos en México. El persistente costo de una crisis ignorada, 20 de febrero de 2013. https://www.hrw.org/node/256408.

9 Alicia Civera Cerecedo, “Normales rurales. Historia mínima del olvido”, Nexos, 1 de Marzo de 2015, http://www.nexos.com.mx/?p=24304.

10 Tanais Padilla, “Las normales rurales: historia y proyecto de nacio?n”, El Cotidiano, 154, marzo-abril, 2009, página 92, UAM, Azcapotzalco, México; páginas 85-98.

11 Gustavo Díaz Ordaz, Quinto Informe de Gobierno. Capítulo III, Política de Bienestar Social, Educación Pública, 1 Septiembre, 1969”, Informes presidenciales, Cámara de Diputados, LX Legislatura, Centro de Documentación Información y Análisis, 2006; páginas 353, 354.http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-13.pdf .

12 Miguel de la Madrid H, 03-23-84 Acuerdo que Establece que la Educacio?n Normal en su Nivel inicial y en Cualquiera de sus Tipos y Especialidades Tendra? el Grado Acade?mico de Licenciatura. Poder Ejecutivo Federal, 22 de Marzo de 1984.https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/915b6a5c-4d36-4209-9310-5f9d2ed95508/acuerdo_educacion_normal.pdf.

13 Civera, Op. cit.

14 Nancy Flores, “Amenaza contra la normal rural de Tenería”, Contralínea, 112; 15 de octubre de 2008.

15 Civera, Op. cit.

16 FECSM, “Las razones y la lucha de las normales rurales”, Contralínea, 344; 21 de julio 2013.

17 Zósimo Camacho, “La resistencia de las normales rurales”, Contralínea, 99; 1 de enero de 2008.

18 Roberto González Villarreal, Ayotzinapa: la rabia y la esperanza, Terracota, México, 2015, página 42. Tomado de Bruno Bostelss, “Detrás de Ayotzinapa”, Memoria Revista de Crítica Militante, http://revistamemoria.mx/?p=687.

19 Directorio Completo de las Escuelas Normales de la República Mexicana, Dirección General de Educación Superior Para Profesionales de la Educación, SEP.http://www.dgespe.sep.gob.mx/rs/ens/directorio/escuelas.

Fuente: Contralínea

Autor: Roberto E. Galindo Domínguez

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/24/normales-rurales-vehiculos-de-la-memoria-que-estan-siendo-exterminados/

Padres de los 43 rechazan “reparación del daño” anunciada por gobierno de Peña

By: Unknown on 20:10:00 / comment : 0 Ayotzinapa, Caso Ayotzinapa, EPN, estado fallido, Luchas Sociales, Nacional, Narcogobierno, Padres de normalistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el reclamo de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que rechazaron el anuncio del gobierno sobre la reparación del daño a casi 18 meses de la desaparición de los jóvenes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, aclaró que ese proceso no ha iniciado.

A través de un comunicado explicó en siete puntos de qué manera se llevarán a cabo las tareas de reparación del daño a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

En el documento aclara que lo que dio inicio fue el Diagnóstico de Impacto Psicosocial en las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI), mismo que realizará un equipo de profesionales independientes “y el gobierno se compromete a aceptarlo.

Dicho diagnóstico, agregó, incluye a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, a los familiares de los estudiantes asesinados y a los estudiantes heridos y a sus familias.

El inicio de los trabajos, abundó, se refiere al Diagnóstico Psicosocial y con base en este, “el Estado elaborará un Plan de Atención y Reparación Integral que será consultado con las víctimas y sus representantes”.

Señaló que por mandato de ley, el Estado tiene la obligación de garantizar la atención, asistencia, ayuda, protección y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.

En su quinto punto refirió que la reparación prevista en la ley debe ser “integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron”.

Y afirmó que la reparación integral del daño “es mucho más que el pago de una compensación, debe incluir medidas concretas de restitución, rehabilitación, satisfacción y, especialmente, medidas de no repetición”.

Finalmente explicó que no se ha acordado en este momento ninguna medida de reparación con las víctimas y sus representantes, porque éstas se determinarán a partir del diagnóstico mencionado.

“Tampoco se ha hablado del pago de ninguna indemnización a las víctimas directas e indirectas de los hechos”, sostuvo, al tiempo que destacó que los avances logrados en materia de atención a las víctimas ha sido posible por el trabajo del GIEI.

Tras el anuncio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob de que en próximos días se firmaría un convenio para iniciar los trabajos de reparación a los familiares de los 43 estudiantes, padres de los jóvenes expresaron su rechazo total y calificaron el convenio como “una falta de respeto a los padres de familia” pues ellos lo que exigen es la aparición con vida de sus hijos, justicia y castigo a los responsables por su desaparición.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/434650/inicio-diagnostico-proceso-reparacion-del-dano-familiares-los-43-campa

Polémica rodea la inauguración del estadio de los Alebrijes en Oaxaca

By: Unknown on 20:05:00 / comment : 0 "Mover a México", Alebrijes, Corrupción, desfalco, estadios, estado fallido, estados, Fútbol, Nacional, Narcogobierno, Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Entre protestas, demandas laborales, destituciones y cuestionamientos al gobierno de Gabino Cué por utilizar recursos de Fonregión para un “negocio privado”, será inaugurado el domingo 27 el estadio de futbol de los Alebrijes de Oaxaca, cuya construcción costó 447 millones de pesos.

El inmueble abrirá sus puertas con el encuentro futbolero entre Pumas-Alebrijes. Su diseño fue inspirado en la historia de Oaxaca y se basa en el juego de pelota zapoteco ubicado en la zona arqueológica de Monte Albán, con la idea de conjuntar el pasado de una cultura milenaria con el presente a través de la adaptación a su tendencia contemporánea.

Javier San Román, presidente del club Alebrijes, reconoció que éste es el equipo de futbol con la nómina más cara de la división de ascenso, aunque no dio números.

“Cifras así exactas nunca las digo por ser confidenciales entre los jugadores y nosotros. También por seguridad no se dan cifras. Y sí, es una de las nóminas más altas, se los digo con conocimiento de causa”, declaró.

Pese a que el promedio de aficionados que asisten a cada partido de los Alebrijes es de entre cuatro y cinco mil –cuando equipos como el Tampico Madero su promedio es de 25 mil–, el estadio que se construyó tiene una capacidad para 15 mil espectadores además de tener 60 palcos.

La cancha de futbol profesional mide 67.83 metros de largo por 104.92 de ancho. El estadio cuenta con zonas y accesos para personas con discapacidad, servicio médico, sanitarios, regaderas y vestidores para equipos locales y visitantes.

También tiene una sala de prensa, 18 sanitarios para mujeres, 16 sanitarios para hombres y 27 locales comerciales, así como un estacionamiento para 600 vehículos.

Sin embargo, la construcción del estado ha sido cuestionada por el senador Benjamín Robles Montoya, excolaborador del propio gobernador Gabino Cué, quien denunció al secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, por presuntos actos de corrupción.

En un plantón que realizó frente a las oficinas de la Secretaría de Administración, el legislador exigió al funcionario que explique “quién es el verdadero dueño de los Alebrijes Futbol Club, porque mucho se ha hablado de la familia San Román, pero la realidad es que RH Corporativo, empresa de Vargas Varela, controla la nómina de los jugadores desde los tiempos del Necaxa y Tecamachalco”.

Desvío de recursos

Además, el Corporativo de Apoyo y Defensa de los Constructores Oaxaqueños (Cadco) denunció ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a colaboradores de Gabino Cué por presuntos actos de corrupción que ascienden a 2 mil 776 millones de pesos, así como por desvío de recursos del fondo federal antipobreza Fonregión para obras como un estadio de futbol.

El presidente del corporativo Luis Alberto Ramírez Colmenares dijo que llevaron la queja al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ante la evidente “protección” del gobierno de Gabino Cué, ya que la Auditoría Superior y el Congreso locales se niegan a investigar los casos.

Los colaboradores de Cué Monteagudo denunciados son Netzahualcóyotl Salvatierra López, entonces secretario de las Infraestructuras, el director general de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Guillermo Martínez Gómez, y el jefe de departamento de licitaciones y contratos de esa misma dependencia, Humberto Juárez Vargas.

Respecto al programa Fonregión –creado con la finalidad de incrementar el índice de desarrollo humano con proyectos de infraestructura carretera, de salud o educación–, el denunciante acusó que sus recursos fueron desviados para el estadio de futbol, la terminación de la cubierta de la velaría del auditorio Guelaguetza, la elaboración del proyecto ejecutivo para la imagen urbana del bulevar Eduardo Vasconcelos al monumento a Juárez y la del proyecto del Centro de Cultura y de Convenciones.

Parte del problema viene desde el pasado 25 de febrero, cuando trabajadores del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) denunciaron “el intento de despojo de terrenos del ITO por decisión del gobierno estatal para construir un estadio de futbol profesional”.

La delegación sindical D-II-11 del ITO se quejó de que los trabajadores que se opusieron a este despojo “han sido factor de agresiones diversas al personal mediante un clima laboral de hostigamiento y amedrentamiento para no oponerse a la instauración de un negocio privado en terrenos escolares, que por su misma naturaleza no es propicio para operaciones mercantiles y menos cuando involucra el consumo de bebidas embriagantes”.

Incluso, le recordaron al gobernador que los recursos del Fonregión son para el combate a la pobreza, no para beneficiar a empresas e intereses privados.

Por ello, la delegación sindical desconoció la minuta firmada por la anterior dirigencia el 30 de octubre de 2014. Argumentó que “no fue aprobada por la asamblea general de trabajadores y porque contempla un comodato a cambio de nada para el ITO, así como por el incumplimiento del gobierno del estado”.

Añadió que el gobierno se comprometió a aplicar 25 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples; sin embargo, estos recursos correspondían al ejercicio 2013 y 2014 que se retuvieron, pese a que estaba planeado que con ellos se dotaría de agua al ITO, se abriría una puerta de acceso o donaría un autobús, cuando eso es “parte de las obligaciones de un gobierno responsable con sus gobernador y no moneda de cambio para terrenos”.

El organismo sindical comentó que las autoridades prometieron una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual no servirá al ITO sino a un estadio de uso privado y mercantil.

Por esta razón, los inconformes presentaron una denuncia ante el Órgano de Control Interno de la SEP para investigar estos hechos y la demolición de las instalaciones deportivas del Tecnológico.

Cabe recordar que el 17 de junio de 1972 –en el Decreto 67 publicado en el periódico oficial del estado–, el congreso local autorizó al ejecutivo del estado construir la ciudad deportiva en uno de los terrenos rescatados con la modificación del cauce del río Atoyac.

El 12 de marzo de 1973, el gobierno federal donó al gobierno del estado dos predios para construcción de viviendas populares e instalaciones deportivas. El 18 de abril de 1974 el Instituto Tecnológico de Oaxaca tomó posesión de las instalaciones académicas.

A pesar de los decretos y de tener posesión del predio por más de 40 años, el gobierno oaxaqueño decidió construir un estadio de futbol profesional acorde a los requerimientos de la Federación Mexicana de Futbol, además de una alberca semiolímpica, con fosa de clavados, un campo de beisbol, cuatro canchas de futbol e igual número de basquetbol, así como una pista de atletismo y tres estacionamientos.

En espera de la inauguración

Luego de que la directiva de Pumas mostró disposición y anunció que asistirá con todas sus figuras al evento inaugural del estadio –aprovechando que la liga tendrá un receso por actividad de fecha FIFA en los calendarios oficiales de juego–, el gobierno de Oaxaca informó que desplegará un operativo policial especial para resguardar el nuevo Estadio de Futbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO).

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) informó que antes, durante y después de la jornada deportiva inaugural del próximo domingo 27 a las 19:00 horas montará un dispositivo para mantener el orden y la paz social entre los más de 15 mil aficionados que, se prevé, asistirán al encuentro.

El titular de la SINFRA Sergio Pimentel Coello precisó que el estadio se construyó en un área de 11.2 hectáreas con una inversión de 447 millones de pesos. De esa bolsa global, 336 millones fueron destinados para la edificación del estadio de futbol y 111 para el plan maestro de la unidad deportiva.

La construcción del Complejo Deportivo Zona Poniente de la ciudad de Oaxaca de Juárez, dijo, beneficiará de manera directa a unas 400 mil personas de la zona conurbada, así como a la comunidad del ITO.

Pimentel Coello externó que después de 40 años, las instalaciones deportivas de este complejo se encontraban en un muy mal estado físico, con áreas abandonadas y espacios complementarios inservibles, lo que hacía necesaria su rehabilitación total para ofrecer un espacio deportivo digno y seguro a la población.

“Este proyecto se concibió con la idea de representar el ancestral juego de pelota que se ubica en la zona arqueológica de Monte Albán y de esta forma rendir también un homenaje a nuestra cultura. Por ello, el estadio contará con un muro emblemático que hará alusión a este deporte”, informó el servidor público.

No obstante, en la inauguración del Complejo Deportivo Zona Poniente, a cargo del gobernador de Oaxaca Gabino Cué, un grupo de jóvenes colocó una manta con la leyenda: “Unidad Deportiva del ITO y para el ITO. ¡No negocio Alebrijes!”.

Mientras, el estadio de fútbol “Benito Juárez” –la antigua casa de los Alebrijes– comenzó a demolerse después de 32 años. En ese espacio será construido el Centro Cultural y de Convenciones.

Los críticos de esta obra contrastaron el monto millonario de la inversión para las instalaciones deportivas, frente al nivel de pobreza extrema que padece parte de su población. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Oaxaca ocupa el tercer lugar en este rubro. Además, concentra 23.3% del 74.7% que agrupan los 10 estados de la República con pobreza extrema en el país. La lista la encabeza Chiapas con 32.2% y Guerrero con 31.7%.

No obstante, agregaron, que la administración estatal uso recursos del Fonregión para la construir el coloso, bajo el mando de Carlos Alberto Garcíavelez, maestro en arquitectura y presidente de “Casaflex”, empresa contratada por el grupo de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) y la que fabricó las gradas del estadio.

De acuerdo con Garcíavelez, éste no será un estadio más, sino que reflejará la cultura e historia de Oaxaca. “El diseño de este estadio fue inspirado en la cultura oaxaqueña. Buscamos renacer en este complejo deportivo la riqueza de los oaxaqueños, en especial la arquitectónica que tiene una gran historia en las culturas que aquí se desarrollaron”.

Fuente: Proceso

Autor: Pedro Matías

http://www.proceso.com.mx/434658/polemica-rodea-la-inauguracion-del-estadio-los-alebrijes-en-oaxaca

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