El reconocimiento como “víctimas” que la Suprema Corte de Justicia hizo a dos familiares de migrantes centroamericanos desaparecidos en México durante su tránsito hacia Estados Unidos, abre un resquicio para el acceso a la justicia de los miles de casos que, como este – dos migrantes desaparecidos y asesinados en 2011 – conviven con la impunidad y la falta de respuestas.

La causa no sólo es dolorosa, también es histórica. A comienzos de Marzo de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció como víctimas a la madre y la hermana de los de los asesinados en 2011. La resolución obliga a la Procuraduría General de la República (PGR) a que las mujeres y sus representantes tengan acceso a la investigación de la masacre y al expediente judicial que de ello se desprende.

Además de tener derecho a la reparación del daño sufrido en territorio Mexicano, abre la puerta para que familiares de personas que sufren violencias similares también sean reconocidos como víctimas, y que por tanto, tengan los derechos que esto implica.

Lo que está todavía en veremos es que la exigencia de las familias y sus representantes legales de que la Masacre de San Fernando se considere como un delito de lesa humanidad. Y que por lo tanto, no prescribe.

Fundación para la Justicia es la organización que representa a familiares de las víctimas de las múltiples masacres que sucedieron en San Fernando Tamaulipas.

Explican los abogados vinculados a la causa que en San Fernando “no hubo una masacre, hubo varias. Se fueron descubriendo cadáveres en diferentes momentos, es un conjunto de masacres.” El que obtuvo más repercusión mediática fue en agosto de 2010, la “primera masacre”, en que 72 personas fueron secuestradas y luego asesinadas. “Previa y posteriormente ese lugar fue utilizado como fosa común”

La “segunda masacre” fue un asesinato masivo de al menos 193 personas, encontradas desde abril de 2011. Es un conjunto de casos, en los que se puede trazar un común denominador.

En Mayo de 2012, se localizaron 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León.

“Hemos venido acompañando a familiares de las tres masacres, pero la que llegó a la SCJ fue el de 2 familias de El Salvador” explicó Ana Lorena Delgadillo, integrante del equipo de Fundación para la Justicia.

Carlos Alberto Osorio Parada y Manuel Antonio Realegeño abandonaron sus pueblos salvadoreños en Marzo de 2011, buscando llegar a Estados Unidos. No se conocían entonces.

Carlos tiene contacto con su mamá hasta Monterrey, dónde lo último que le dice es que ya está a punto de subir al bus para cruzar. “Su mamá acudió a la cancillería de El Salvador, que hasta entonces era la única vía para denunciar casos de desaparición era la vía consular. De allí, se trasladaba el pedido de búsqueda a México. A su familia se le había tomado muestras de adn, que habían sido traídas aquí”

En diciembre de 2012, Bertilia, la mamá de Carlos recibe la llamada de la Fiscalía General de El Salvador avisándole que los restos de su hijo fueron identificados en una de las fosas comunes de San Fernando Tamaulipas.

Casi dos meses más tarde, el 19 de febrero de 2013, vuelve a recibir noticias. La Cancillería la llama para que vaya a firmar una orden de cremación porque el gobierno de México devolverá los restos cremados. No le justifican el por qué. “Ella no autoriza esa cremación”

Como organización, relata Ana Lorena, estaban documentando casos en El Salvador cuando se topan con la historia de Bertilia.

Siendo familiar de un migrante, estando lejos, todo parece ser más complicado. Siendo familiar de un migrante desaparecido o asesinado en México, las cosas pueden complicarse mucho más.

La forma en la que la Suprema Corte de Justicia toma decisiones es mediante un “proyecto” que se le encarga a alguno de los 5 ministros que la integran. En este caso, el ministro redactor fue Jorge Pardo Rebolledo, y si bien los ministros acordaron el fondo de la cuestión, es decir, reconocer a las familiares demandantes como víctimas, 4 de ellos no votaron la redacción del quinto. El centro de su proyecto era el derecho al acceso a la información a los familiares delas víctimas: “el conocimiento de las atrocidades cometidas es condición necesaria para evitar que se repitan los abusos”, escribió.

“Lo bueno del proyecto de Pardo Rebolledo es que los consideraba víctimas migrantes. No es lo mismo acceder a la justicia en un país que no es el propio, se está en una situación de mayor vulnerabilidad. Lo que exigimos es que se los considere víctimas de desaparición forzada y por tanto, de un crimen de lesa humanidad. Este no es un caso aislado. ”

Lo que los ministros evitaron fue referirse a que no se trata de un caso aislado, sino que la violación de sus derechos es la tónica de los trayectos de los migrantes, mayormente de países centroamericanos, al cruzar México, camino del norte.

Fuente: Desinformémonos

Autora: Eliana Gilet

http://desinformemonos.org.mx/la-desaparicion-forzada-siendo-migrante-los-casos-que-abren-la-puerta-en-la-suprema-corte-de-justicia-mexicana/