CIUDAD DE MÉXICO: A partir del 5 de abril y hasta el 30 de junio, el programa Hoy No Circula se aplicará de acuerdo al color de la calcomanía, sin importar el tipo de holograma que tenga el automóvil, además de que se extenderá a los sábados, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).
El endurecimiento del programa se extenderá por primera vez desde que existe el programa a las motocicletas y se usará el mismo criterio de la terminación de las placas.
La medida será efectiva en las 16 delegaciones de la capital y en 18 municipios del Estado de México.
En conferencia, el organismo anunció que la medida es de carácter preventivo y temporal para evitar otra contingencia ambiental en esta época de sequía, como la que se presentó a mediados de marzo.
Representantes de las seis entidades que integran el organismo, junto con autoridades federales, agregaron que esta medida aplicará también a los vehículos con placas federales, excepto los utilizados para transporte escolar y de materiales peligrosos, de pasajeros, y los dedicados a labores de seguridad pública, protección civil y los que funcionen con gas natural.
La CAMe anunció modificaciones al programa de contingencia ambiental que incluyen la desaparición de la fase de “precontingencia”, es decir, que al alcanzar los 150 puntos de ozono se declarará la fase 1 y si se rebasan los 200, entrará en vigor la fase 2.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435175/hoy-circula-todos-los-autos-sin-importar-holograma
XALAPA, Ver: El gobernador Javier Duarte de Ochoa se reunió con María Elena Bretón de la Cruz, abuela de Daphne Fernández, la joven abusada sexualmente por los juniors de Costa de Oro en Boca del Río e identificados por la opinión pública como Los Porkys.
Fuera de su agenda pública y acompañado sólo del alcalde de Veracruz, Ramón Poo, el mandatario priista acudió al negocio de la familia de la víctima para “prometer” que en el delito cometido contra la menor en enero del 2015 “no habrá impunidad” y que se aplicará castigo para los jóvenes involucrados, sin importar si sus padres son prominentes empresarios o políticos.
La reunión fue difundida por el mismo gobernador a través de su cuenta oficial de Twitter @Javier_Duarte. En la misma red social, el funcionario garantizó que habrá justicia. El caso se encuentra en desahogo en la Fiscalía General del Estado (FGE), ente autónomo del gobierno priista.
Apenas ayer, en rueda de prensa, Javier Duarte rechazó que en Veracruz no impere la ley. Hoy, para apaciguar las críticas a escala nacional, acudió al restaurante del hotel Sirena –un centro de hospedaje de tres estrellas– en el centro histórico de Veracruz para reunirse con María Elena Bretón.
En ningún momento el funcionario explicó la razón por la que fue excluido de esa reunión Javier Fernández, padre de la menor agraviada y quien desde días antes comenzó la lucha en redes sociales para exigir justicia por el caso y castigo para los presuntos responsables Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta.
Y es que, aunque el abuso sexual ocurrió en enero del 2015, la familia Fernández interpuso la querella penal hasta mayo. Un año después, al no ver ningún avance en la investigación ministerial, decidió recurrir a las redes sociales y a la prensa nacional para denunciar el caso.
En la investigación ministerial 592/15/1ESP/VER/05 –a la que este reportero tuvo acceso–, se relata cómo Enrique Capitaine, hijo del exalcalde de Nautla Felipe Capitaine, y Jorge Cotaita, Gerardo Rodríguez y Diego Cruz, hijos de conocidos empresarios, subieron por la fuerza a la hija de Fernández Torres al interior de un vehículo Mercedes Benz. En el trayecto la manosearon y sometieron hasta llevarla a un domicilio del fraccionamiento Costa de Oro. En el baño del inmueble, Enrique Capitaine abusó sexualmente de ella.
La querella consigna que los cuatro jóvenes le quitaron su teléfono celular para que no pudiera comunicarse con sus amigas con quienes acudió ese día a bailar a la discoteca PH.
“La subieron contra su voluntad en la parte de en medio del asiento de atrás del auto y era custodiada por Jorge Cotaita por un lado (atrás del conductor) y Diego Cruz por el otro (atrás del copiloto). Estos dos sujetos le jalaban la ropa y la manoseaban por debajo de la falda, tocándole sus pechos y partes íntimas.
“Ella les insistió que no lo hicieran, que no quería eso, pero ellos entre burlas y agresiones seguían haciéndolo mientras Enrique Capitaine manejaba a toda velocidad y Gerardo Rodríguez era copiloto. Todo ese tiempo, ella trataba de calmarlos y hacerlos entrar en razón pero no lo logró”, dice el documento ministerial.
“Presiones mediáticas”
Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal general del Estado (FGE), reviró hoy que la impartición de justicia no cederá a “presiones” mediáticas, políticas o ciudadanas “vengan de donde vengan”.
Así aludió a los dos casos de jóvenes víctimas de abuso sexual y violación en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río presuntamente a manos de hijos de políticos y de gente adinerada. Ambas denuncias han acaparado los reflectores de la prensa nacional y han sido motivo de repudio de organizaciones gubernamentales y protectoras de derechos humanos.
El funcionario aseguró que en los casos de Daphne Fernández –cuya causa penal está reservada– y en el de la hija de Fernanda Cruzado, joven de 19 años abusada y grabada en un video pornográfico en la Tampiquera en Boca del Río –investigación ministerial 275/2016–, será la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas presidida por Consuelo Lagunas Jiménez, la que actúe conforme a la ley y con respeto a las garantías de víctimas y victimarios.
Lagunas Jiménez es la exdirectora de Investigaciones Ministeriales que desde mayo del 2012 y hasta finales del 2014 fracasó en la búsqueda de Jorge Hernández Domínguez El Jarocho, presunto asesino de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, cuyo homicidio continúa impune.
Una vez que desapareció la extinta Procuraduría General de Justicia, Lagunas fue degradada a un cargo de menor jerarquía dentro de la Fiscalía.
El fiscal Luis Ángel Bravo aseguró que, aunque la opinión pública “ejerza presión”, el trabajo de la FGE continuará su curso. Además, reparó en que la Fiscalía Regional y la Especializada continúan en el desahogo de pruebas periciales, análisis de video y cotejo de las evidencias. Negó que en algunos casos haya “protección” hacia los jóvenes identificados como Los Porkys.
“En cada llamamiento que se ha hecho estos jóvenes han venido. A todas las citas que ha promovido la Fiscalía han asistido, no hay elementos para presumir que estos jóvenes y los otros involucrados estén tratando de evadir su responsabilidad, de resultar serlo. Claro está”, aseguró.
Bravo Contreras negó que haya demora en el caso. Explicó que hay 180 días hábiles para poder dictaminar un fallo a favor de la agraviada o exoneración de los incriminados.
“No se excluye que en el segundo caso (la violación en La Tampiquera) quede exento o incluido el delito de pornografía. Podría estar, pero se tendrá que dilucidar, conforme avanzan las investigaciones se despejará… no podemos adelantarnos. La Fiscalía va con la cara en alto, resolviendo de acorde a lo que la jurisprudencia marca. La presión va superada por el mandato de lo que en base a la ley resuelva el Ministerio Público (sic)”.
Inmujeres pide respeto a derechos humanos
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hizo un urgente llamado al gobierno de Veracruz para que garantice los derechos humanos de Daphne Fernández.
En un comunicado el organismo señaló que es fundamental que el estado cumpla con las obligaciones de diligencia debida y adopte las medidas necesarias para evitar procesos de revictimización para la menor y sus familiares. También pidió realizar una adecuada investigación de los hechos bajo los más altos estándares del debido proceso, de forma pronta, expedita y con perspectiva de género.
“En México, la violencia sexual contra las mujeres es una de las expresiones más normalizada de la violencia machista, que se manifiesta de múltiples formas: el acoso, el hostigamiento y la violación. Pero también, no creerles a las víctimas o retrasar injustificadamente las investigaciones en las instituciones, es otra forma de violencia que se debe investigar y sancionar”, aseguró.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435240/promete-duarte-castigo-a-los-porkys-en-reunion-abuela-joven-agredida
Legisladores de oposición refirieron que la Ley de Disciplina Financiera centraliza las decisiones de cómo manejar las finanzas en los estados. La Ley recién enviada al Ejecutivo para su publicación obligará a las entidades a depender menos de la deuda, aunque podría repercutir en aumentos de impuestos.
La Cámara de Diputados aprobó el 17 de marzo que, a diferencia del orden federal, las entidades y municipios mantengan techos de deuda, fijados en 15 por ciento para los ingresos de libre disposición.
Sin embargo, la incapacidad de muchas entidades para llevar sus finanzas podría derivar en un aumento de impuestos, prevén diputados. Entre estos, resaltaría el caso del predial.
En el 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que 406 de 2 mil 441 administraciones públicas municipales encuestadas manifestaron una recaudación del predial de entre el 81 y 100 por ciento con respecto al programado. Esto representa sólo el 16 por ciento de los municipios
“Ningún municipio quiere aumentar el predial, porque aumentar impuestos es antipopular. Lo que se está diciendo con esta Ley es que si tú no quieres generar tus propios ingresos, ese es tu problema”, dijo el Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Waldo Fernández González.
El legislador por Nuevo León explicó que la mayoría de autoridades tiene la posibilidad de aumentar este impuesto, que se grava a las propiedades.
El Diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Vidal Llerenas Morales, detalló que en México se cobran menores índices de predial en comparación con otros países de la región.
“Argentina y Brasil, recaudan 10 veces más que nosotros. El predial tendría que ser una base para que los estados y municipios tengan más ingresos”, dijo.
Sin embargo, aclaró, este tema tampoco sería sencillo, porque para aumentar este gravamen se requiere de estudios previos. “No sólo por el costo político, sino porque se requieren distintas inversiones, fotografías aéreas y sistemas. Para cobrar el predial tienes que invertirle primero”.
En cambio a nivel federa, los ingresos ascienden a los 4 billones 200 mil pesos, de los cuales 2 billones 366 mil millones son ingresos fiscales. Entretanto las entidades casi no cobran estos impuestos.
“Los únicos que cobran son el Impuesto en la Nómina de uno, dos y tres por ciento, la tenencia la tienen casi todos con algún descuento; y aparte de eso está el impuesto de hospedaje. Fuera de ahí casi no se cobran impuestos. De manera que el 97 por ciento de los ingresos de los estados derivan de dinero que le envía la Federación. Curiosamente, los mayores endeudamientos se han dado en la época en la que mayores han sido las aportaciones a los estados”, argüió el Senador del Partido Acción Nacional (PAN) Héctor Larios Córdoba.
DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN
Llerenas exhibió que una de las debilidades de la ley se resume en no haber contemplado la discusión sobre los ingresos de las entidades. “Los estados son más dependientes que antes de la Federación”.
El techo de endeudamiento comprendido en la Ley de Disciplina Financiera impuso un marco en el que las entidades deberán registrar todos sus compromisos financieros.
“Esta ley obliga a que se hagan registro único de pasivos de los estados y los municipios. Y este registro va estar compulsado –certficado– con la Banca. También, se establecen con diversos parámetros, el monto del recurso disponible que tienen comprometido al servicio de la deuda tres tipos de entidades, los que tienen un pasivo sostenible en un semáforo verde, los qué habría que ponerles atención en amarillo, y los que están en problemas en rojo”, dijo Larios.
De esta forma, las entidades tendrán que presentar un programa para renegociar la deuda, o bajar los intereses, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los convenios que se hagan serán públicos y fiscalizables por la Auditoría superior de la Federación.
DEMASIADO TARDE
El Diputado panista en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, apuntaló que es posible que esta Ley llega tarde a las entidades estatales.
En su último informe trimestral 2015, la SHCP detalló que las entidades con mayor deuda fueron Ciudad de México la cual se cifra en 71 mil 083 millones de pesos; Nuevo León, 63 mil 832 millones de pesos; Veracruz, 45 mil 879 millones de pesos; Chihuahua, 42 mil 762 millones de pesos; el Estado de México 41 mil 697 millones de pesos; y Coahuila, 38 mil millones pesos.
“Llega tarde a los estados que ya están muy endeudados, por supuesto. Pero nunca es tarde para ponerles límites a los gobernadores de casos como el de Coahuila y Veracruz que han excedido su capacidad financiera”, dijo Rivera.
Por su parte, pese a las grandes sumas de las deudas estatales, dijo Llerenas, la Ley de Disciplina financiera, no comprende una mejor ejecución de estos recursos, ni sanciones para quienes hayan adquirido irresponsablemente deuda.
“La ley va evita los excesos. No estoy seguro que la ley vaya a garantizar que la deuda te la gastes en donde te la tienes que gastar. Porque ahí ya tienes que meterte en leyes de infraestructura y de calidad de gasto, que sería la otra falla”, dijo.
Diputados consultados coincidieron en que la Federación también debe de someterse a criterios de límites de endeudamiento, sin embargo, hasta ahora no ha existido voluntad política para hacerlo. En el 2015 la deuda pública del Estado ascendió a 43 por ciento del Peoducto Interno Bruto (PIB).
Datos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refirieron que la deuda pública total incrementó de 5 billones de pesos, en diciembre del 2012, a 8 billones 500 mil 40 al primer trimestre de 2016.
“Mientras la deuda federal creció alrededor de 4 billones de pesos a partir del 2000, la deuda de los estados creció 300 mil millones de pesos. O sea en realidad, en términos globales no es tan grave. Sí para unos estados en específico [pero no en comparación de la Federación]”, consideró Llerenas Morales.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-03-2016/1642053
Especialistas en Derecho consideraron que el dictamen para reglamentar el Artículo 29 de la Constitución deja indefensa a la sociedad, sin alternativas legales de impugnación y abre la puerta a la violación de las garantías individuales.
Especialistas en Derecho Constitucional y de derechos humanos sostuvieron que el dictamen aprobado el martes pasado por la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados sobre la Ley Reglamentaria al Artículo 29 de la Constitución, no sólo pone en riesgo los derechos humanos de los mexicanos en un eventual Estado de excepción decretado por el Presidente de la República, sino que también pone trabas a la facultad de impugnarlo.
“En principio los autos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] no pueden ser impugnados en amparo. Esto no quiere decir que si hay un exceso no puedas ampararte contra eso”, refirió René Sánchez Galindo, abogado experto en temas de derechos humanos.
El dictamen establece que cuando el Presidente considere que se afecta el orden social puede solicitar la suspensión o restricción de garantías en determinado lugar y por un determinado lapso de tiempo. Un proceso que contará con el aval en menos de 24 horas del Congreso, si se encuentra reunido, y de la SCJN para validar su constitucionalidad.
Hasta ahora, el artículo 29 de la Constitución establece que hay derechos humanos que el Estado no puede suprimir, aun cuando se declare la supresión de garantías a raíz de una causa que perturbe el orden social.
Sin embargo, la argumentación citada en el dictamen aprobado, si bien reconoce derechos elementales, también apunta excepciones: “No es descartable que ciertos derechos humanos puedan ser suspendidos o restringidos en su ejercicio, pero en todo caso, deberá existir una razón legítima fundamentada”, describe el documento –al que SinEmbargo tuvo acceso– en la página 8.
A juicio de abogados consultados, el proceso para la aplicación de las garantías judiciales que hacen valer los derechos no quedaron plasmadas en el documento, como tampoco la celeridad que podría tener una impugnación contra alguna autoridad.
El dictamen descarta la posibilidad de que un ciudadano promueva una suspensión a cualquier decreto de Estado de excepción.
“Los actos del Ejecutivo Federal que se adopten durante la vigencia de los decretos de restricción o suspensión serán impugnables a través del juicio de amparo. En estos casos no será procedente la suspensión, salvo que el acto reclamado corresponda a derechos y garantías que no hayan sido materia del decreto de restricción o suspensión”, apunta el artículo 25 del dictamen.
Hay pocos casos que puedan mostrar alternativas ante un aval de la SCJN, dijo René Sánchez. El especialista citó una en la cual la organización Greenpeace en el cual se logró modificar una decisión de la SCJN, pero no fue mediante un amparo.
“La SCJN emitió un reglamento para la tramitación de acciones colectivas. Pero la organización interpuso un recurso que se llama ‘expediente Varios’ y logró que la SCJN modificará el propio reglamento emitido”, expuso.
Por otra parte, Manuel Barquín Alvarez, constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), criticó la opacidad con la que el dictamen explica los derechos humanos, en los que se refieren dentro de una figura llamada “coto vedado”.
“Es necesario que se detalle, ni modo que la ciudadanía esté consultando por Internet un tratado internacional. Eso resulta hasta ridículo”, afirmó.
“Debemos ser conscientes de la falta de confianza que existe en quienes serían los encargados de ejecutar esta legislación, como son los cuerpos militares y de seguridad. Tenemos un Ejército que ha recibido en los últimos años alrededor de 150 recomendaciones por parte de la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] sin que existan avances en su cumplimiento, que son cuestionadas por organismos internacionales y cuyos niveles de confianza ciudadana han disminuido drásticamente. Tenemos cuerpos de seguridad profundamente cuestionados por su desempeño y en algunos casos por sus nexos con el crimen organizado, en los que no confían los ciudadanos y que han sido señalados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, manifestó por su parte el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda Hoeflich.
El legislador, luego de abstenerse a votar la reunión de la Comisión de Gobernación, expresó: “Si colocamos a los derechos humanos en el centro de nuestra perspectiva para tomar decisiones, lo decimos con toda claridad, no podemos avalar esta minuta”.
ESTADO DE EXCEPCIÓN PARA TODOS
El General retirado Francisco Gallardo Rodríguez, quien actualmente es asesor legislativo, explicó que el dictamen no cumple con los requisitos de especificar en dónde y en qué plazo detallar una emergencia.
El artículo 10 del documento cita: “Una vez decretada la restricción o suspensión, toda persona que se encuentre en el territorio nacional está obligada a cooperar con las autoridades para la protección de personas, bienes e instalaciones a los que haga referencia el decreto en cuestión”.
Gallardo explicó a este medio que de esta forma el Estado estaría relegando sus responsabilidades a ciudadanos.
“Un Estado de excepción debe tener una jurisdicción. Yo no creo que haya un Estado de excepción a nivel nacional, podría ser en la elección presidencial, pero aquí el asunto es que la autoridad le está pasando la batuta al ciudadano común”, dijo.
El dictamen estaría dejando vacíos legales, explicó el abogado e investigador de la Universidad Iberoamericana Erubiel Tirado Cervantes, ya que no establece los supuestos en los que estaría basada la decisión presidencial.
“Una tipificación clara de los supuestos o situaciones en los que esta medida puede implementarse. Existen los supuestos limitativos, y estos se tendría que enlistar. Te dicen las causas para suspender garantías son tales y cuales. Sino, se deja una ventana abierta para siempre añadir otras causales [de decreto]”, detalló.
DETRÁS DEL DICTAMEN
El Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso el 22 de octubre de 2013 esta iniciativa de reglamentación que le da al Ejecutivo facultades que no debería de tener, apuntó Gallardo.
El artículo 18 plantea: “Si durante la vigencia del decreto, el Titular del Ejecutivo Federal considera que éste debe ser modificado, propondrá la iniciativa de reforma al Congreso de la Unión o la Comisión Permanente”.
Esto, a su juicio, contradice algunos principios que utiliza el propio Estado. “Tenemos que recordar que un auto de autoridad no puede modificarse si no que se tiene que hacer otro. Un auto de suspensión de derechos debe ser por un tiempo limitado, y en una jurisdicción. Sin embargo, ya sabemos como se las gastan en el Gobierno”, dijo el General retirado.
Gallardo fue más lejos aún al decir que este dictamen está alineado con las reformas estructurales. Ya que numerosos proyectos internacionales vendrán al país a invertir, y desde ahora, hay conflictos sociales.
“En las reformas estructurales está precisamente la extracción de los recursos naturales que mucha gente no lo va a permitir. El Gobierno pretende someter a los movimientos sociales y dar permanencia al poder público”, sentenció.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-03-2016/1642265
“Espero no parecer demasiado inelegante por decir lo que voy a decir”, anticipó a sus interlocutores el escritor Mario Vargas Llosa. Iniciaba la década de los noventa y se encontraba en un encuentro de intelectuales europeos y latinoamericanos en México. Entre quienes le acompañaban estaba Octavio Paz, el Premio Nobel mexicano.
Arremetió el peruano:
“Yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja en esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante.
“México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta en México”.
Se refería, como le corregiría Paz minutos adelante, a la hegemonía priísta en el sistema político y de gobierno de nuestro país.
Aunque 23 años después se corregiría, Vargas Llosa con esa disertación, estigmatizó los dos sexenios priístas previos al panismo. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León encarnaron para los mexicanos y el mundo, la dictadura perfecta.
La voz de los intelectuales es el último resquicio de libertad en un país oprimido por su autoridad. Censurado a mansalva, testigo mudo de la manipulación de la información por parte de su gobierno.
El de México, el que hoy encabeza Enrique Peña Nieto, es uno de esos gobiernos que reprimen, censuran y manipulan la información. Enmudecen las voces y someten protestas al minimizarlas o hacerles el vacío. Entre periodistas y activistas censurados, presionados, encarcelados o muertos, a los mexicanos solo les queda la voz de sus intelectuales.
Para nuestra mala fortuna, los intelectuales se nos van poco a poco. Ya no tenemos la agudeza crítica de Carlos Monsiváis, ni la sesuda reflexión de Carlos Fuentes. Tampoco la irreverencia de Julio Scherer, gran cuestionador del sistema desde el oficio periodístico que ejerció con rigor, pasión y compromiso.
En las últimas semanas, ante el silencio de voces en radio, periódicos y televisión, los intelectuales han sacado la casta. Aun de manera sutil, poética, haciendo un fuerte análisis a los problemas que padece la Nación y viven los mexicanos. Pero su voz, ante el panorama oscuro de lo que resta de este sexenio, se irá –debe de- acrecentando. Cuando un gobierno abandona a su pueblo, cuando censura, ignora a sus periodistas, los intelectuales deben alzar la voz.
El poeta Javier Sicilia, dolido hasta la eternidad por el asesinato de su hijo hace diez años, discursó en el aniversario de la injusticia: “Si la administración de Felipe Calderón se caracterizó por exaltar la violencia y construir un Estado de excepción, criminalizando a las víctimas y reduciéndolas a un ‘se están matando entre ellos’ o a ‘bajas colaterales…’, la de Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, se caracteriza por un gobierno que niega la violencia y la tragedia humanitaria del país, que entierran a las víctimas en silencio y que asesinan, criminalizan y persiguen a todas aquellas organizaciones que han tomado el caminos de la verdad y de la justicia”.
En febrero de este año, la aclamada autora Margo Glantz, nos dijo en una entrevista a semanario Zeta, y a propósito del gobierno de Enrique Peña Nieto:
“Tenemos gobernadores que están totalmente entrando a un neoliberalismo tardío de una manera verdaderamente flagrante y es lo que está pasando en México ahora, estamos liquidando todas las estructuras originales del país, están acabando con el Seguro Social, Petróleos, con todo eso, unido al hecho de que el petróleo está en una crisis brutal en el mundo. Yo creo que Enrique Peña Nieto es un gobernante que está pulverizando al país.
“Estamos como en el coletazo del neoliberalismo y tanto Calderón como Fox, todos los últimos presidentes, pues ya desde López Portillo, pero sobre todo De la Madrid, todos ellos fueron instrumentando todo ese proceso tan destructivo que me parece que están llevando al país totalmente a la ruina, lo están pulverizando; es la palabra auténtica, lo están pulverizando”.Hay más voces que los mexicanos debemos escuchar para saber que no estamos solos. Como la de don Fernando del Paso al recibir el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2015.
Su excelso texto, una diatriba de lo que ocurre en nuestro país, y dirigida al fallecido José Emilio Pacheco, es por si solo una obra de arte. Pero solo he de recordar y transcribirles la voz de protesta de don Fernando.
“Quiero decirte lo que tú ya sabes: que hoy también me duele hasta el alma que nuestra patria chica, nuestra patria suave, parece desmoronarse y volver a ser la patria mitotera, la patria revoltosa y salvaje de los libros de historia.
“Quiero decirte que a los casi ochenta años de edad me da pena aprender los nombres de los pueblos mexicanos que nunca aprendí en la escuela y que hoy me sé sólo cuando en ellos ocurre una tremenda injusticia; sólo cuando en ellos corre la sangre: Chenalhó, Ayotzinapa, Tlatlaya, Petaquillas…. ¡Qué pena, sí, qué vergüenza que sólo aprendamos su nombre cuando pasan a nuestra historia como pueblos bañados por la tragedia!
“¡Qué pena también, que aprendamos cuando estamos viejos que los rarámuris o los triques mazatecas, son los nombres de pueblos mexicanos que nunca nos habían contado, y que sólo conocimos por la vez primera cuando fueron víctimas de un abuso o de un despojo por parte de compañías extranjeras o por parte de nuestras propias autoridades!”.
Elabora el maestro líneas adelante sobre el dilema, la necesidad de levantar la voz, de la denuncia…
“Cuando me enteré que había sido honrado con el premio que lleva tu nombre, José Emilio, una andanada de recuerdos se me vino encima. Éramos muy jóvenes y teníamos toda la vida por delante y toda la patria también… ¿Pero qué patria dime, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos o la sola patria nuestra?
Éramos jóvenes, sí, y teníamos una enorme responsabilidad que cumplir: la de cuidar el patrimonio que habíamos heredado y cuya integridad se ha visto amenazada tantas veces. Dime, José Emilio: ¿cumplimos? Hoy que el país sufre de tanta corrupción y crimen, ¿basta con la denuncia pasiva? ¿Basta con contar y cantar los hechos para hacer triunfar la justicia? ¿Es ético aceptar premios por nuestra obra y limitarnos a agradecerlos en público, como lo hago en estos momentos? No lo sé. Pero vale la pena plantear si nuestra posición sirve para algo. ¿A qué horas, cuándo, permitimos que México se corrompiera hasta los huesos? ¿A qué hora nuestro país se deshizo en nuestras manos para ser víctima del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia?”.
Insiste en denunciar lo que todos sabemos, de lo que todos hablamos, de lo que muchos despotricamos hasta la frustración y el gobierno intenta olvidar y que olvidemos con la manipulación de la información y la comunicación a su alrededor.
“¡Ay, José Emilio! ¿Qué vamos a hacer, qué se puede hacer con veinte y tres mil desaparecidos en unos cuántos años? ¿O son viente y tres mil cuarenta y tres? ¿Y cómo sabemos quiénes son culpables? ¿O vamos a fabricar culpables por medio de la tortura, como es nuestra costumbre?
“¡Ay, José Emilio! No sé qué más decirte. No sabes qué triste estoy. Acepto el premio que tiene tu nombre, porque sé que se me da de buena fe, no sin antes subrayar que lo más importante en la vida no es recibir galardones –aunque se merezcan- sino denunciar las injusticias que nos rodean”.
Cuando tocó el turno a Juan Villoro, en la Feria Internacional de Lectura Yucatán, de recibir el Premio Excelencia en las letras “José Emilio Pacheco”, también aprovechó la tribuna literaria para denunciar lo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto intenta cubrir.
Razonó: “Pacheco cultivó con fortuna todos los géneros literarios y luchó por preservar la soberanía de la cultura en un país asediado por la desigualdad, la violencia y la corrupción. Su vasta obra puede leerse como un riguroso sistema de alarma ante las catástrofes que se ciernen sobre México, donde aprendemos geografía a través de las tragedias: Tlatelolco, Aguas Blancas, Tlatlaya, Ayotzinapa. Nombres propios del oprobio”.
Fue directo el autor de E”l Testigo”, a todas luces, científicas, populares, equívocas, acciones del gobierno de Peña Nieto: “En un país donde el presidente de la república ignora la legalidad y donde un procurador llama “verdad histórica” a una hipótesis indemostrable, la literatura tiene un valor político que no ha pedido, pero que no puede dejar de ejercer: cuenta la trama oculta y genuina de la vida, “los días que no se nombran”, como diría Pacheco”.
Hoy más que nunca, la voz de los intelectuales es necesaria en este país que a fuerza de una política de manipulación por parte del Gobierno de la República, intenta volverlo sordo. Que eso no suceda, que ellos, quienes ahora tienen la palabra, la prestancia y el reconocimiento nacional e internacional, sigan la consigna de don Fernando del Paso:
“…lo más importante en la vida no es recibir galardones –aunque se merezcan- sino denunciar las injusticias que nos rodean”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO (OPINIÓN/ANÁLISIS).
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/30-03-2016/47647
CIUDAD DE MÉXICO: Un reporte elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional alertó sobre la “colusión deliberada” entre las empresas mineras y los capos de la droga en el país.
El estudio difundido este día destaca que los cárteles de la droga han incrementado la extorsión, el robo y las amenazas a las empresas mineras que operan en México y han propagado la violencia en contra de los trabajadores y las comunidades en las que se encuentran instaladas estas corporaciones.
“A pesar de que las organizaciones criminales se benefician de la extorsión de las minas que operan legalmente, también existe evidencia de la colusión deliberada entre las minas y los líderes del crimen organizado”, se expone en el informe “El crimen organizado y el oro ilegalmente extraído en América Latina”.
En el documento se explica que tan sólo en 2013 unas 12 empresas mineras ubicadas en el estado de Coahuila fueron investigadas por sus posibles vínculos con el tráfico de drogas, así como el lavado de dinero, evasión de impuestos y el incumplimiento de las regulaciones federales.
La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada llevó a cabo esta investigación documental y de campo en América Latina entre febrero y diciembre de 2015, a fin de indagar los vínculos entre el crimen organizado y la minería ilegal de oro, y para explorar la manera en que este nexo, entre el crimen y la minería ilegal de oro, fondea a los grupos criminales y terroristas, facilita el lavado de dinero y la corrupción, desplaza poblaciones locales, acelera la destrucción del medio ambiente y crea situaciones de explotación laboral, tráfico de mano de obra y tráfico sexual.
Por ello, la investigación documental se centró en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. No sólo eso, pues la investigación de campo se llevó a cabo también en Colombia y Perú.
Incluso los investigadores de campo visitaron las zonas de minería ilegal de oro y entrevistaron a expertos locales e internacionales, los mineros y los miembros de las poblaciones locales afectadas por esa actividad.
La organización refiere en su informe que México es el décimo tercer exportador de oro en el mundo. También revela que en 2012 el país exportó 5.4 mil millones en valor de este metal.
Los mismos datos indican que el crimen organizado “controla el derecho a realizar esta actividad” en los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas.
Y los principales cárteles de la droga que mantienen este control son Los Zetas, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, Los Rojos y el Cártel de Sinaloa.
El documento menciona que en 2012 la PGR dio a conocer que las empresas mineras son extorsionadas regularmente por grupos criminales por montos que oscilan entre los 11 mil y los 37 mil dólares mensuales para tener derecho a operar en el territorio que controlan.
“Si estos pagos no se realizan, los directores de las empresas, los miembros de sus familias, y los propios mineros son amenazados”, se advierte en el informe.
Sin embargo, el reporte detalla que los grupos criminales mexicanos no sólo se limitan a extorsionar a las empresas mineras, “sino también a los propios trabajadores, quienes tienen que pagar, cada uno por separado, para trabajar en la mina. En algunos lugares esto se conoce como un ‘impuesto de cooperación’”.
La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional da cuenta del ataque violento que se produjo en marzo de 2015 contra un pueblo cercano a la mina Los Filos del Goldcorp, localizada en Mezcala, en Guerrero.
El ataque, acota, “fue un recordatorio para pagar los ‘impuestos de cooperación’”.
Tras el ataque, menciona, tres de los cuatro empleados de Goldcorp que habían sido secuestrados fueron encontrados muertos, con signos de haber sido torturados.
Michael Harvey, director de Asuntos Corporativos de Goldcorp América Latina, dijo el 17 de marzo de 2015 al diario El Sur que “los empleados no se encontraban en la mina, realizando negociaciones para la empresa o en un transporte provisto por la empresa cuando se dio el incidente”.
Sin embargo, los familiares de Juan Carlos Peña Celso, de 21 años; Mauro Galicia Peña, de 23, y José Elí Merino González, de 28, culparon a la minera Goldcorp de la falta de garantías de seguridad para sus trabajadores.
Robo de oro
En el estudio también se da cuenta de que los cárteles mexicanos también roban oro. Menciona que de acuerdo con estimados, entre 2008 y 2012, aproximadamente 3 millones de dólares en este metal fueron despojados a las mineras.
Se refiere además de “numerosos reportes” de robos a mano armada de minas legales. El más notable fue el de las 7 mil onzas de oro, con un valor de 8.4 millones de dólares, que fueron robadas de la mina de propiedad canadiense El Gallo en Sonora, en abril pasado.
El reporte también resalta que hay informes de que los cárteles de la droga han atacado a los trabajadores para robar mineral de oro, que luego se utiliza como moneda de cambio entre los mismo cárteles, para la compra de armas y para lavar el dinero obtenido a través de estupefacientes, el tráfico de armas, trata de personas y otras actividades delictivas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435267/revelan-colusion-empresas-mineras-lideres-del-narco
CIUDAD DE MÉXICO: Por unanimidad de cuatro votos, los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desecharon de manera definitiva el amparo interpuesto por las empresas de televisión por cable pertenecientes a Televisa, quienes querían revertir la obligación que establece el artículo 159 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que las obliga a retransmitir de forma gratuita la señal de televisión abierta de las cadenas nacionales.
Este mecanismo, conocido como must carry, fue impugnado por las empresas que son filiales de Televisa (Cablevisión, Cablemas, Cablecom, Telecable y TVI), en franco litigio con otras cableras como Megacable, o con otros sistemas de televisión de paga como Dish, de MVS.
Los ministros afirmaron que el artículo 159 de la ley de telecomunicaciones es constitucional y no impone ninguna carga excesiva a las compañías de televisión por cable.
La Segunda Sala destacó en su resolución que si bien se obliga a las empresas cableras al must carry, también se aclara que “sólo se aplicará a la señal de mayor audiencia y no al resto de los canales que se transmiten desde el mismo ancho de banda”.
Por esta razón, los ministros consideraron que es “inexacto” afirmar que el must carry constituye “una carga excesiva de trabajo y costos de operación” para las empresas de Televisa, ya que la exigencia es sólo para el canal de mayor audiencia.
La revisión de este amparo confirmó la sentencia que previamente emitió otro Tribunal Colegiado especializado en telecomunicaciones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435249/rechaza-corte-amparo-cableras-filiales-televisa
La sanción se agravará en 10 años de prisión si se comprueba que el homicidio del comunicador, su cónyuge o parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, fue a consecuencia del ejercicio de libertad de expresión.
El Congreso de Nuevo León aprobó reformas al Código Penal del estado, para sancionar con cárcel de seis meses a dos años, a quien incurra en el delito de amenazas contra periodistas.
El dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, presentado por el diputado local Rubén González Cabrieles, tuvo el respaldo unánime del pleno durante la sesión ordinaria de este miércoles.
Las reformas por modificación a los artículos 292 y 313 Bis I y adición de un artículo 302 Bis establecen, además de las sanciones de prisión, multa de una hasta 10 cuotas, al responsable del delito de amenazas contra periodistas.
“Si el ofendido fuera alguno de los parientes o personas a que se refieren los artículos 287 bis y 287 bis 2, se aumentará la pena que corresponda hasta en un tercio”, indicó el legislador de Nueva Alianza.
El diputado local del PAN, Hernán Salinas Wolberg añadió que “si se demuestra que la amenaza tuviera como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de la libertad de expresión, o fuera en razón del desempeño de su profesión cuando ésta se desarrolle en cualquier medio de comunicación, la sanción se agravará hasta un año adicional”.
Al mismo tiempo, se aplicará una multa de 100 a 500 cuotas, conforme con lo establecido en el artículo 292 del Código Penal de Nuevo León, apuntó.
“Si se demuestra que las lesiones tuvieran como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de la libertad de expresión, o en razón del desempeño de su profesión, cuando ésta se desarrolle en cualquier medio de comunicación, se aumentará la pena hasta al doble de las contenidas en el artículo 301 fracción II o en el artículo 302, y con una multa de 100 a 500 cuotas”, abundó.
El artículo 313 Bis señala que la sanción se agravará en 10 años de prisión y multa de 200 a mil cuotas “si se comprueba que el homicidio de quien labora en medios de comunicación, su cónyuge o parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, fue a consecuencia del ejercicio de libertad de expresión o desempeño de labor profesional”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3003/mexico/nl-congreso-local-aprueba-carcel-y-fuertes-sanciones-por-amenazas-a-periodistas/
A lo largo del martes, el nombre del gobernador del Estado de México fue de lo más comentado en Twitter debido a que su propio gobierno le había otorgado una medalla, que según el político no recibió.
Luego de que el portal Animal Político diera a conocer que su propio gobierno le había otorgado una medalla al mandatario mexiquense, Eruviel Ávila, el político aclaró que rechazó recibirla.
En la gaceta del gobierno del Estado de México, el pasado 15 de enero apareció el acuerdo por el que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo -que forma parte de la administración de Eruviel- decide otorgarle un reconocimiento:
Ante ello, a través de Twitter, Eruviel puntualizó que “si bien hay un acuerdo del Tribunal en Gaceta, decliné recibirla”.
Ante las múltiples críticas en su contra, que incluso pedían que regresara la medalla, respondió: “No puedo regresar algo que no recibí”.
“El acuerdo se publicó. La medalla la entrega el @TRICAEMEX cada año y decliné recibirla aún y cuando esté en gaceta”, abundó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3003/mexico/eruviel-avila-rechaza-la-medalla-que-le-otorgo-el-gobierno-de-eruviel-avila/
De las 46 muertes registradas a manos de agentes fronterizos estadunidenses desde el asesinato de Anastasio, sólo en un caso fue disciplinado un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) recibió este miércoles la queja de organizaciones no gubernamentales (ONG) que acusaron a Estados Unidos del asesinato extrajudicial del mexicano Anastasio Hernández Rojas a manos de agentes fronterizos en 2010.
La demanda, de 75 páginas de extensión y acompañada de dos mil páginas adicionales de evidencias, sostiene que el mexicano fue golpeado, torturado y asesinado por miembros de la Patrulla Fronteriza (BP) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
“Fue necesario demandar al Estado ante una instancia internacional porque Estados Unidos no hizo justicia en este caso”, dijo la abogada del caso y representante de uno de los grupos demandantes, la University of California Berkeley Human Rights Law Clinic, Roxanna Altholtz.
La demanda, apoyada por Southern Border Communities Coalition, argumenta que la investigación oficial del asesinato del mexicano estuvo plagada de “vicios”, que estuvo carente de imparcialidad y orientada para documentar la versión de los agentes y no para encontrar la verdad.
El forense del condado de San Diego dictaminó en su momento que la muerte de Hernández Rojas, quien fue golpeado por los agentes cuando era repatriado a México tras ingresar sin documentos a Estados Unidos, fue un homicidio a raíz de una encefalopatía e infarto al miocardio.
Un testigo de los hechos ocurridos en la garita de San Ysidro, California, indicó que en la golpiza participaron alrededor de 10 agentes de distintas corporaciones que le aplicaron “cuatro descargas eléctricas” para someterlo.
En el sometimiento de Hernández Rojas participaron agentes de la Patrulla Fronteriza, de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La queja ante la CIDH documenta que los investigadores del caso llegaron a la escena del crimen hasta un día después de la golpiza y dejaron la escena del crimen en manos de los agentes que causaron la muerte de Anastasio.
“Esos agentes aprovecharon y destruyeron los videos captados por los celulares por las cámaras de los testigos oculares, aprovecharon para deshacerse de los testigos, los sacaron del lugar sin documentar sus identidades”, señaló Altholtz.
A pesar de que los grupos consideran la existencia de obstrucción de la justicia, el Departamento de Justicia anunció en noviembre de 2015 que no presentaría acusaciones ni criminales ni civiles contra ninguno de los agentes participantes en el asesinato.
“Dada la decisión del Departamento de Justicia de cerrar la investigación penal, ha sido necesario llevar el caso ante un panel de expertos de derechos humanos, la CIDH”, añadió Altholtz.
A la presentación de la demanda acudió Bernardo Hernández Rojas, hermano de la víctima. “Han pasado casi 6 años y no hemos recibido justicia en el caso, aún habiendo videos, testigos para ellos no hay evidencias suficientes”, lamentó.
“Es una injusticia lo que está pasando con el caso de mi hermano, y no sólo con su caso, sino muchos casos que están pasando por lo mismo”, añadió. “Lo que queremos es que paren con las injusticias y la violencia de los agentes”.
Los grupos esperan que la CIDH admita primer la demanda y después emita recomendaciones de cambios en las políticas de Estados Unidos relacionadas con el uso de la fuerza policial.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3003/mundo/acusan-a-eu-ante-cidh-por-asesinato-extrajudicial-de-mexicano/
Ciudad de México. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó los lineamientos que permitirán al sector privado importar gasolinas y diésel.
“Regulatoriamente hablando, se encuentra listo el panorama para que cualquier grupo empresarial interesado en importar dichos productos al país, lo pueda realizar. Asimismo, la CRE se declara preparada para recibir los trámites de aquellas personas interesadas en llevarlo a cabo”, dijo el comisionado Noé Navarrete tras una sesión ordinaria realizada el 22 de marzo pasado.
En la sesión, la CRE aprobó a Pemex Logística los términos y condiciones para la prestación de servicios de almacenamiento, así como de transporte por ducto de petróleo, petrolíferos y petroquímicos.
También autorizó las temporadas abiertas aplicables, tanto a los sistemas de almacenamiento, como al sistema de transporte por ducto, y las tarifas correspondientes para los sistemas de transporte por ducto.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JULIO REYNA QUIROZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/30/aprueban-regulacion-para-importar-combustibles-4916.html
Ciudad de México. Durante la presentación del Balance de la Estrategia Nacional de Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, el consejero Enrique Andrade reconoció el descrédito de instituciones y partidos políticos, que se refleja en diversos instrumentos.
“Los resultados del Informe-País, los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil que tenemos, son una muestra de que estamos prácticamente en el fondo de la confianza de los ciudadanos a las instituciones y a los partidos políticos”, dijo.
En su intervención, Andrade destacó que de los resultados de la Consulta Juvenil queda claro que “ya los jóvenes de 14 a 17 años, igual tienen un nivel de confianza ya muy bajo, tanto en partidos políticos como en instituciones y gobiernos, tanto locales como federales, lo que, desde luego, debe de preocuparnos”.
Tras señalar que en el periodo en que estuvo vigente esta estrategia 2011-2015, se instrumentaron alianzas con otras instituciones nacionales e internacionales para fortalecer la educación cívica, eso hace evidente que la responsabilidad del INE de fomentar la participación ciudadana en las elecciones, debe ser compartida además por los partidos políticos y sus candidatos, para hacer buen uso de los medios de comunicación.
A su vez, el consejero, Javier Santiago señaló que en el diseño de la nueva estrategia de educación cívica deberá retomarse los datos preocupantes que reporta el Informe País, sobre la base de lograr consensos entre los actores, porque de no alcanzarse “seguiremos presenciando una gradual fase de deterioro y de erosión de una cultura cívica que constituye el sustrato social para la recreación al sistema democrático”.
El representante de Morena, Horacio Duarte, alertó sobre el descrédito institucional y la preservación de prácticas como la compra del voto que aún prevalece. “La compra del voto sigue siendo un tema que los gobiernos estatales, municipales y el Gobierno Federal siguen utilizando la política social como mecanismo para incidir en las preferencias electorales de manera velada y a veces de manera abierta”.
Duarte consideró que debe revisarse cómo la política social se vincula con la construcción de ciudadanía y cómo la política social en vez de ser un ancla que detiene la construcción de ciudadanía, precisamente por la perversión de la compra del voto se convierte en un motor, en un impulso para que haya una cobertura y una cultura política y cívica mucho más libre y mucho más eficiente.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/30/ine-y-partidos-en-el-201cfondo-de-la-confianza201d-ciudadana-consejero-7710.html
La reunión del grupo especial de diputados para el caso de los normalistas desaparecidos con el ex procurador General de la República, será fuera del Congreso de la Unión, a petición de él mismo.
La Comisión Especial que analiza el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, se reunirá el próximo 6 de abril con el ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó su presidenta, Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN).
La reunión se llevará a cabo a las 18:00 horas en un lugar por definir, fuera de las instalaciones del Congreso de la Unión, a petición del ex funcionario federal, dijo la legisladora durante la XI reunión ordinaria de la comisión especial.
Murillo Karam ocupó la titularidad de la PGR durante los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en los que desaparecieron los normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa.
Murguía Gutiérrez también informó que el 11 de abril, a las 18 horas, se llevará a cabo otro encuentro con el responsable de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, en las instalaciones de esa dependencia del gobierno federal.
Además, continuó, el 20 de abril se realizará una reunión de trabajo “con los conductores de los dos autobuses de la empresa Autotransportes Estrella Roja”, que durante los sucesos de septiembre de 2014 transportaban en Iguala, Guerrero, a una parte de los estudiantes desaparecidos.
La legisladora aclaró que está en trámite la solicitud para que los legisladores se reúnan con el conductor del llamado “quinto camión”, unidad 3278, que también formó parte de los acontecimientos de referencia.
Asimismo, el 23 de abril, a las 18:00 horas, se entrevistarán con el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos Torres, en las oficinas de esta dependencia.
Finalmente, se acordó que la comisión especial realice una reunión extraordinaria, el próximo miércoles a las 09:00 horas, con el propósito de votar la propuesta de exhortar por escrito a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a que atienda la solicitud de los padres de los 43 normalistas de asistir y participar en una de las sesiones del Pleno en la Cámara de Diputados.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3003/mexico/el-6-de-abril-reunion-de-diputados-con-murillo-karam-por-caso-ayotzinapa/
El diputado perredista espera una conclusión próximamente y consideró que el plazo otorgado al GIEI para realizar su investigación es prudente porque “ya ha pasado más de un año”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, pidió que la “verdad de Estado” sobre el caso Ayotzinapa, tras conclusión de trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en abril próximo, dilucide con exactitud qué ocurrió.
Exigió que el gobierno federal señale puntualmente quiénes son los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes y los motivos que tuvieron, así como el paradero de los jóvenes.
“Lo más importante es conocer el resultado de los análisis forenses que se han estado haciendo, y cuál va a ser, por decirlo de esta manera, la verdad de Estado que va a fijar el gobierno de la República”, dijo en declaraciones a la prensa.
Enfatizó que el gobierno federal debe formular una conclusión del caso porque es el responsable de la investigación, por lo cual no puede cerrarlo sin explicar con exactitud qué fue lo que sucedió en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Lo que nadie va a aceptar es que se le quiera dar carpetazo sin que se dé una conclusión que sea sustancialmente creíble por parte de la PGR (Procuraduría General de la República)”, apuntó.
Zambrano Grijalva consideró que el plazo otorgado al GIEI para realizar su investigación es prudente porque “ya ha pasado más de un año”.
“Pensaría que es (tiempo) suficiente para que queden claras qué líneas de investigación se agotaron, qué líneas podrían seguir abiertas, pero que haya una conclusión”, externó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3003/mexico/verdad-de-estado-sobre-ayotzinapa-pide-zambrano-al-gobierno-federal/
No les canceló el registro a 275 aspirantes, de los cuales 98 son del PRI y 79 de su aliado el PVEM, a pesar de que incumplieron la ley electoral; también, 93 del PAC, 4 del PS y 1 del PRD.
En una acalorada sesión en la que el consejero Ciro Murayama perdió la calma y pidió a gritos no ser interrumpido por el representante de Morena, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó no cancelar los registros de 275 precandidados a “presidentes de comunidad”, a pesar de que incumplieron la ley electoral al no presentar informes de precampaña.
En casos anteriores, el INE sí había negado o cancelado registros de precandidatos que no presentaron informes, pero el cambio de criterio fue defendido por Murayama, quien incluso calificó de “chismes” los trascendidos sobre el tema.
El diario Reforma publicó este miércoles un breve comentario en su columna Templo Mayor, que decía:
SAQUEN las palomitas porque es día de discusión polémica en el seno del Consejo General del INE. Se planteará la exoneración de 98 candidatos a presidentes de comunidad (una especie de subalcaldes) de Tlaxcala, que no entregaron sus informes de precampaña.
HASTA AHORA el criterio ha sido que sin ese informe, se pierde el derecho a registrarse. Sin embargo, ahora la Comisión de Fiscalización se sacó de la manga que la regla sólo aplica para candidatos a alcaldes, diputados y gobernador. Casualmente los 98 incumplidos son del PRI.
En aparente alusión a este comentario y tras de calificar de “chismes” a los trascendidos, Murayama afirmó exaltado: Son 275 y pertenecen a cinco partidos.
Muryama no mencionó que más de la mitad de los precandidatos beneficiados son del PRI y de su aliado el Partido Verde: 98 priistas y 79 verdes. Los demás beneficiados con la decisión del INE son: 93 del Partido Alianza Ciudadana (PAC), 4 del Partido Socialista y 1 del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En vez de la negativa del registro a sus candidatos, estos partidos sólo recibieron multas mínimas.
La decisión se tomó por 8 votos a favor y tres en contra de los consejeros Pamela San Martín, a quien Murayama se negó a aceptarle una pregunta, Benito Nacif y Roberto Ruiz Saldaña.
Murayama defendió el perdón al señalar que la LGIPE no prevé una sanción para esta figura adicional de Tlaxcala, aunque fue la misma norma que utilizó el INE para fiscalizar los recursos de esos precandidatos.
“A los amigos, justicia y gracia”: Morena
El proyecto de acuerdo, presentado por la Comisión de Fiscalización, fue duramente criticada por los consejeros Pamela San Martín y Roberto Ruiz Saldaña, así como por el representante de Morena, Horacio Duarte.
“Entonces por qué los fiscalizamos, entonces por qué imponemos cualquier sanción, qué regla es la que sí le aplicamos y cuál es la que no. Las presidencias de comunidad, que se eligen por el sistema de partidos, tienen exactamente las mismas reglas que cualquier otra elección”, expuso San Martín.
Por su parte, Horacio Duarte recordó que hace una semana al candidato de Morena en Durango se le aplicó otro criterio, por lo cual consideró que con esa decisión sobre los informes de precampaña, se regresa al viejo modelo de “a los amigos justicia y gracia y a los enemigos sólo justicia”, en referencia a los 98 precandidatos del PRI.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3003/mexico/exonera-ine-a-precandidatos-de-pri-y-pvem-en-tlaxcala/
