“La puerta a la arbitrariedad se abrió de manera más cínica porque el gobierno del Estado de México tuvo apoyo en distintas fracciones políticas, incluida la sorpresiva participación de una izquierda a la que se le podría cuestionar fácilmente si lo es o no, con éste tipo de actos. En días anteriores se daba a conocer que el documento de la llamada Ley ‘Atenco’ y/o Ley ‘Eruviel’, se enfocó en el uso de la fuerza en cualquier momento, si bien es cierto, hubo un diputado perredista que agregó: ‘cuando sea excepcional, estrictamente necesario e inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso de armas letales’, no existe una mayor diferencia, porque en su conjunto ese artículo es ambiguo. Porque quienes determinarán si se debe o no usar la fuerza pública, porque es ‘inevitable’, serán los elementos policiacos, así que ellos pueden prácticamente decidir bajo su decisión abierta lo que para ellos es ‘necesario’, en eso justamente debieron pensar los de izquierda perredista, si tuvieron la oportunidad de modificar el documento, debieron en primera participar en uno que hablara de la regulación de la fuerza pública que daría como resultado, verdaderas limitantes a los elementos de seguridad pública, pero esto abiertamente se lee represivo, dan vía libre y no hicieron nada para eliminar dichos conceptos, el PRD no puede jactarse que contribuyó a cambiar algo, que sigue siendo ambiguo y de libre interpretación y es libertad se le otorga a los elementos policiacos que, los hechos demuestran, son, en la mayoría de los casos, tan peligrosamente violentos como los mismos delincuentes”, asevera a Revolución TRESPUNTOCERO la abogada penalista Sofía Astorga, especialista en Derechos Humanos y colaboradora de HRW en España. La llamada Ley ‘Eruviel’, explica la especialista, tiene distintas ‘deficiencias’ que se engloban en la falta de definiciones precisas, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la inclusión de causales de uso de la fuerza que, “aún con la ‘supuesta’ limitante que indica el diputado perredista, resultan excesivamente amplias, nuevamente a la mujer se le deja en el olvido, no existe con la ausencia de perspectiva de género y la falta de persecución efectiva de la tortura sexual, física y psicológica, solamente por mencionar algunas de las tantas fallas por las cuales está plagada”, agrega. Según el marco internacional de derechos humanos, el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso para las autoridades, y solo está autorizado ante ciertas circunstancias de carácter excepcional. “Sin embargo, el artículo 40 de la iniciativa contraviene esta obligación al establecer que; ‘el que el uso de la fuerza sea el último recurso no significa que no podrá usarse como primera opción’ cínica y descaradamente, Ávila y quienes votaron a favor de esta ley envían a una serie de daños graves físicos y mortales a la población que ve en la manifestación un desesperado recurso por ver cumplidos sus derechos”, dice Astorga. En opinión del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, “la calificación de manifestaciones como violentas supone la criminalización de todas las personas participantes de una de ellas y podría generar el incentivo perverso de crear deliberadamente incidentes violentos contra manifestaciones para legitimar la posterior represión policial”. Sobre el tema, el diputado de MORENA, Marco Antonio Ramírez, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, que “un partido de izquierda que se posiciona a favor que se violen los derechos humanos no se puede decir que pertenece a esta corriente. Porque la izquierda en el país y también en América Latina está forjada a partir de movimientos sociales, por eso una institución política con dicha ideología evitaría una decisión así, en este caso prácticamente acepta reprimir los movimientos y manifestaciones, eso de ninguna manera es izquierda. Afortunadamente, en el Estado de México el único partido de izquierda votó en contra, Morena actuó en consecuencia a su línea política. Porque es muy fácil decirse de izquierda pero es en las votaciones y en las acciones es donde realmente se demuestra. El PRD por una cuestión política quieren seguir diciéndose de izquierda, sin embargo siguen votando con el régimen, siguen votando con la derecha”. El legislador afirma que, en la exposición de motivos de dicha ley, se dice que hay que legislar para regular el uso de la fuerza pública, “lo cual es algo que se ha estado buscando a nivel nacional e internacional, el problema con el Estado de México, es que bajo ese pretexto, nos presenta una ley que legitima el uso de la fuerza pública, jamás lo regula. Por el contrario violan los derechos humanos. Nos están mostrando es una ley de legitimación del uso de la fuerza pública, porque en el Estado de México las manifestaciones siempre han sido reprimidas con gran coraje, sin duda alguna se requiere una ley que detenga este tipo de fuerza en la entidad, pero jamás una que legitime el uso y abuso de la fuerza pública”, sentencia el legislador. Desde 2015, pueblos originarios y organizaciones sociales mexiquenses, han denunciado constantemente, que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y el de Eruviel Ávila, así como diversos gobiernos municipales, reprimen mediante persecución, amenazas de órdenes de aprehensión, detenciones y hasta asesinatos a quienes se organizan en la entidad para defender su territorio y derechos humanos. Sobre el tema, Carlos Sampedro de Enlace del Fuego de la Digna Resistencia, menciona a Revolución TRESPUNTOCERO, que aún cuando, Cruz Juvenal Roa Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura mexiquense, declaró que se obedecía a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la regulación del uso de la fuerza pública, “nosotros sabemos que dicho órgano internacional en su momento habló de protección a personas extranjeras, pero hicieron mención de la Corte, para quedar bien, para decir que retomaron recomendaciones del organismo, pero en su conjunto, en toda la ley no se encuentra nada más de otras recomendaciones. Entonces partiendo del hecho que tenemos fundamentos para hablar de una legislación represiva, el 11 de abril vamos a interponer amparos, será una primera estrategia y será para la defensa de los principios básicos de la libre manifestación, se interpondrán por parte de compañeros de movimientos sociales, quienes son los más vulnerables, sin embargo si se da paso y entra en vigor, habrá un segundo acto de amparos donde se lleve a cabo interposición masiva por parte de todas las organizaciones y miembros de estos movimiento, al mismo tiempo y a la misma hora”. A su vez, menciona que el gobernador dijo que ‘suavizará’ la ley y que será la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien haga las respectivas observaciones, “pero lo que intenta es cambiar algunas partes, sin embargo, está llena de ambigüedades, porque otorga libertad para uso de armas de fuego, que los mandos decidan si es legal o ilegal una manifestación, entonces mientras exista este tipo de deficiencias le cambien lo que le cambien, da paso a que exista represión y que se violen los derechos fundamentales. Sabemos que el PRD y otros partidos votaron a favor de la ley, también sabemos que muchas veces los partidos políticos a veces negocian para posicionarse dentro de las fuerzas del congreso, aun así nosotros no estamos planteando una defensa y una lucha de esta ley desde algún tipo de partido político, nosotros creemos que la exigencia de libertad vendrá de las mismas comunidades y organizaciones”, asegura. En tanto el abogado Antonio Lara Duque, quien ha encabezado el posicionamiento de diversas organizaciones civiles, en contra de la ley Eruviel, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, que “el principal objetivo de dicha legislación es reprimir, puesto que ya lo han hecho durante décadas a los pueblos del Estado, aquí se trata de ejercer la impunidad (gubernamental) es ese el sentido de esta nueva legislación”. Lara Duque expresa que tiene conocimientos que, en su totalidad el congreso local sabía de la iniciativa de ley desde diciembre, pero no lo quisieron hacer público, “en el momento en que se presentó la iniciativa aquel que se diga representante popular, lo mínimo que debió de haber hecho fue poner en conocimiento este hecho a la sociedad mexiquense sin embargo no hicieron. Porque existe una estrategia no sólo estatal, sino nacional en términos de legalizar la represión, y debo subrayar, es porque no han podido imponer sus megaproyectos y reformas de ley en contra de las poblaciones; los políticos simplemente están refrendando su vocación, ya que ellos representan los intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales”. El abogado afirma que el gobierno estatal cree que reprimiendo se podrá interponer los megaproyectos, sin embargo, con todo y la ley se seguirá defendiendo las tierras, los recursos naturales, el territorio y su dignidad, esto no está sujeto a una voluntad de políticos y empresarios. “Es por ello que, en el contexto de un aniversario más de la tragedia de Atenco, estamos llamando a una gran manifestación que repercutirá en el Estado de México, Distrito Federal y estaremos buscando que se realicen otras partes del país, porque es importante que nos manifestemos para defender las conquistas democráticas y los derechos humanos que tanto nos ha costado construir en este país. Y que si se han dificultado ha sido gracias a las políticas represoras de los partidos políticos en el poder”, asevera. Sobre el anunció que envía Eruviel Ávila sobre ‘suavizar’ la ley, Lara Duque comenta “no puede hablarse de suavizar una violación a los derechos humanos, porque éstas no se suavizan, simple y sencillamente no se cometen, por eso nosotros estamos haciendo un respetuoso llamado (y reto) a un debate público en donde esté presente Eruviel Ávila y los representantes de la Cámara de Diputados, para que den cara a la sociedad mexiquense y del país en su totalidad.
Andrés Sepúlveda narró a Bloomberg Businessweek sus supuestas operaciones para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 . Dijo que creó un ejército de 'bots' en Twitter y que utilizó software para espiar a la oposición del priista.
Un hacker asegura haber intervenido, en 2012, las comunicaciones de los entonces candidatos presidenciales Andrés Manuel López obrador y Josefina Vázquez Mita, pagado por el priista Enrique Peña Nieto. El hacker, Andrés Sepúlveda, contó a la revista Bloomberg Businessweek que tuvo un presupuesto de 600,000 dólares, dedicado a tareas como crear un ejército de cuentas falsas en Twitter, para que operaran a favor de Peña Nieto. “El equipo de Sepúlveda instaló software malicioso en los routers en la sede del candidato del PRD (Andrés Manuel López Obrador, en 2012), lo que le permitió acceder a los móviles y los ordenadores de cualquier persona que utilizara la red, incluyendo el candidato”, se lee en el texto de la revista, titulado How to Hack an Election. “Él tomó medidas similares en contra de Vázquez Mota, candidata del PAN. Cuando los equipos de los candidatos preparaban discursos políticos, Sepúlveda tenía los detalles tan pronto como los dedos de un redactor de discursos golpearon el teclado. Sepúlveda vio reuniones futuras de los oponentes y los horarios de campaña antes de que sus propios equipos lo hicieran”, agrega. Según el artículo, Sepúlveda gastó casi 50,000 dólares en software ruso que le permitió intervenir teléfonos Apple, Blackberry y Android. También gastó en crear perfiles falsos de Twitter, que mantuvo en operación al menos un año, para darles un toque de credibilidad. “Sepúlveda manejó miles de estos perfiles falsos y los utilizó las cuentas para dar forma a la discusión en torno a temas como el plan de Peña Nieto para poner fin a la violencia del narcotráfico”, indica el artículo. De acuerdo con el reportaje, Sepúlveda logró crear un ejército de 30,000 bots de Twitter. Y así, inició conversaciones en redes sociales, como la de que entre más creciera la candidatura de López Obrador, más se hundiría el valor del peso. “Sepúlveda sabía que el tema de la moneda era una vulnerabilidad importante; lo había leído en las propias notas internas del candidato”, apuntó el texto periodístico. En la noche de la elección presidencial, según el relato que publicó Bloomberg Businessweek, Sepúlveda tenía computadoras haciendo miles de llamadas en la madrugada a los votantes en Jalisco, con mensajes pregrabados. Parecía que las llamadas eran del candidato de izquierda, Enrique Alfaro Ramírez, lo que molestó a los votantes. Bloomberg Businessweek indicó que hizo una llamada a la oficina de prensa de Peña Nieto, pero se negaron a hacer un comentario sobre el contenido del artículo. En tanto, un portavoz del PRI respondió que no tenían conocimiento de que el equipo vinculado con Sepúlveda hubiera trabajado con Peña Nieto, o con alguna otra campaña priista. Sin embargo Sepúlveda dijo que usualmente estaba en la nómina de Juan José Rendón, un consultor político con sede en Miami. Y Rendón dijo que ha trabajado en nombre de los candidatos del PRI en México desde hace 16 años, a partir de agosto de 2000 y hasta la actualidad. Rendón, a su vez, negó haya trabajado con Sepúlveda en algún asunto ilegal. “Categóricamente niega el relato que Sepúlveda dio a Bloomberg Businessweek de su relación, pero admitió conocerlo y haberlo empleado para hacer diseño de sitios web”, indicó la revista. Sepúlveda dio a Bloomberg Businessweek lo que dijo son correos electrónicos que muestran conversaciones entre él y Rendón, respecto a operaciones de hackeo para las campañas. Rendón dijo que los correos electrónicos son falsos, pero un análisis realizado por una firma de seguridad informática independiente, según Bloomberg Businessweek, mostró que los mensajes parecían auténticos. En el artículo de Bloomberg Businessweek, se apunta que Sepúlveda, en la noche de la elección presidencial que ganó Peña Nieto, al conocer su victoria, destruyó documentos, teléfonos celulares y discos duros, utilizados para trabajar a favor del político priista. “Él estaba desmantelando lo que dice que fue una historia secreta de una de las campañas más sucias de América Latina en los últimos tiempos”, relató Bloomberg Businessweek. “Él dirigió a un equipo de hackers que robó estrategias de campaña, manipuló medios sociales para crear falsas oleadas de entusiasmo y burla, e instaló software espía en las oficinas de la oposición, todo para ayudar a Peña Nieto”, agregó. “Ha accedido a contar su historia completa por primera vez, con la esperanza de convencer al público de que está rehabilitado y recolectar la ayuda de una sentencia reducida”.
Ahora mismo, de acuerdo con la revista, Sepúlveda está preso, cumpliendo una condena de 10 años de prisión por cargos que incluyen el uso de software malicioso, conspiración para cometer crímenes, violación de los datos personales y espionaje, relacionados con el hackeo durante las elecciones presidenciales de Colombia de 2014. ARTICULO FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/hacker-relata-supuesto-espionaje-a-lopez-obrador-y-vazquez-mota-a-favor-de-pena/
Un juzgado militar dictó sentencia absolutoria a seis de los siete militares que presuntamente participaron en la ejecución de 22 personas en Tlatlaya; PGR indicó que se realizan actuaciones ministeriales en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos.
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta sobre el caso Tlatlaya, para deslindar responsabilidades respecto a las denuncias por violaciones graves a los derechos humanos, informó la Procuraduría General de la República (PGR), en un comunicado difundida este jueves 31 de marzo. “Derivado de la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta, en la cual se están realizando diversas actuaciones ministeriales para deslindar responsabilidades en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos”, indicó la PGR. “En esta investigación, atendiendo el marco legal aplicable y al debido proceso, la PGR deberá contar con la ratificación, por parte de la víctima, de las pruebas y escritos que ha ofrecido”, agregó. Un día antes el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ProDH) informó que el juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones a los deberes militares a seis de los siete militares que presuntamente participaron en la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México. Un séptimo militar más fue condenado a un año de prisión por desobediencia, aunque ya cumplió la condena. Además de este proceso, se sigue otro en la justicia federal. “La Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ejerció acción penal contra siete militares, tres por el delito de homicidio y cuatro por diversos ilícitos”, detalló la PGR en su tarjeta informativa. “Al respecto, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión a tres elementos castrenses por el delito de homicidio calificado, quienes se encuentran en prisión, y determinó el auto de libertad a los cuatro restantes, por ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento”, agregó. El 30 de junio de 2014, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, se registró un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y supuestos delincuentes, dejando como saldo 22 jóvenes muertos. El suceso se dio a conocer en septiembre de ese año, cuando la revista Esquire y la agencia de noticias Associated Press publicaron -con base en testimonios de víctimas sobrevivientes- que en Tlatlaya el Ejército ejecutó extrajudicialmente a civiles. El 21 de octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2014, en la que concluyó que entre 12 y 15 personas habrían sido ejecutadas por personal militar en Tlatlaya. Los otros pendientes Otra parte de las investigaciones que esta aún abierta en el caso Tlatlaya es la averiguación previa de la PGR donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de “abatir”. Asimismo, queda pendiente el cumplimiento del amparo ganado por la víctima Clara Gómez González para que la Justicia militar no siga conociendo los hechos. El expediente fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hay una tendencia a dejar el caso en la opacidad: Centro ProDH Tras darse a conocer la resolución del juez, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ProDH) advirtió que el caso Tlatlaya “se encamina a quedar impune”. Para el Centro ProDH, la exoneración de los militares “confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense –dado que ésta permita que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”.
“Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”, subrayó el centro de derechos humanos.
CIUDAD DE MÉXICO: Hartos de la violencia que priva en el Puerto de Acapulco, que ha provocado el cierre tan sólo en la Costera Miguel Alemán de unos 200 negocios hasta ahora, propietarios de establecimientos comerciales ubicados en esa vía hicieron un llamado a la delincuencia organizada para que decreten una tregua mientras ellos negocian con el gobierno estatal un plan para traer paz. En rueda de prensa, Laura Caballero Rodríguez, presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos en la Costera dijo: “les pedimos de la manera amable nos den unos días sin violencia mientras llevamos a cabo una reunión con el gobierno estatal y sociedad en general, en la que presentaremos una propuesta de pacificación denominada ‘Pacto con todos por la paz'”. “Estamos a tiempo de detener este ‘pedacito de guerra’ en el Estado de Guerrero, donde al final no habrá vencedores”, sostuvo, “La violencia no se acabará con la llegada de fuerzas federales a Acapulco”. “Nos tienen de rodillas, nunca habíamos vivido con tanto miedo aún con más de 4 mil 500 elementos de seguridad”, dijo Caballero Rodríguez. Y es que en los últimos 11 días en Acapulco han ocurrido 43 homicidios, de acuerdo con el registro del diario El Sur. Ayer, ciudadanos y empresarios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo, integrantes del colectivo Chat Consejeros Ciudadanos, criticaron que “la violencia ha alcanzado un nivel que nunca habíamos constatado en nuestro querido puerto de Acapulco y entidad federativa”. En un documento que entregaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, los empresarios señalaron que “la violencia ha traído consecuencias sociales y económicas, reflejadas en las calles, escuelas, hogares y vida diaria”. “La violencia ha generado un miedo colectivo que ha tocado todo hogar y como sociedad no hemos encontrado respuestas que solucionen esta realidad; la violencia está alterando todo, la violencia paraliza todo”, se lee en el texto, al que tuvo acceso El Sur. Los empresarios y representantes de organizaciones advierten que los ciudadanos “nos resistimos a seguir viviendo en medio de la violencia”. En respuesta a los reclamos de los empresarios, Astudillo Flores indicó que no se incomoda ni se ofende de que le señalen el problema de la inseguridad que hay en la entidad. “Sí soy el responsable de enfrentarlo y de dar resultados, esa es mi chamba y lo trato de hacer todos los días”. La reunión entre los empresarios y el gobernador se llevó a cabo en privado en el salón El Faro del hotel Elcano, ayer por la mañana. Sólo al final se permitió a los reporteros acceder al salón. De parte de los empresarios no hubo una postura sobre los resultados de la reunión y el gobernador brevemente dijo que se habló de incluir una fracción en la ley de Seguridad Pública para la participación ciudadana. De acuerdo con el documento, los empresarios solicitaron al gobernador activar los comités de consulta y participación ciudadana en seguridad en el municipio y en el estado, e integrar a un ciudadano al Consejo Estatal de Seguridad Pública con derecho a voz y voto. Otra de las propuestas es crear la Policía Única en la entidad, que los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) que están al mando de la Secretaría de Seguridad Pública puedan tener pantallas espejo en el Ejército y la Marina. También le solicitaron incrementar las cámaras de vigilancia en las calles de Acapulco. Los integrantes del Chat propusieron también reformar el artículo 31 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero para adicionar una fracción que permita que un ciudadano pueda participar con voz y voto en el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Asimismo, solicitan que se respete la ley de Seguridad Pública porque en el artículo 76 y 77 se establece la figura de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana Estatal y Municipal pero en la realidad no están operando. La propuesta incluye que el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana sea quien se integre al Consejo Estatal de Seguridad Pública con los objetivos de que sea vigilante “de la correcta aplicación de los recursos públicos” y que pueda participar “en la construcción de políticas públicas estatales en materia de seguridad”. Buscan institucionalizar la participación ciudadana De acuerdo con un boletín de prensa, en la reunión el gobernador firmó el acuerdo mediante el cual se analizará la propuesta para modificar la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con lo que se busca institucionalizar la participación ciudadana en esta materia a través de facultades específicas. “He firmado, aquí tengo el documento aceptado para su revisión y yo creo que en una semana, yo le voy a pedir al Secretario General de Gobierno (Florencio Salazar Adame), que me haga favor, con el equipo jurídico que depende de él, que nos hagan los comentarios y lo mandemos al Congreso de manera inmediata”, expresó. El boletín informó que Astudillo Flores reconoció la participación de la sociedad civil organizada para buscar mejores opciones de desarrollo para Guerrero; en este sentido se pronunció en favor de mantener una relación cercana con los representantes de estas organizaciones, para poder construir la ruta de progreso que se requiere en la entidad. “Vamos a tratar de que este asunto de la organización social que tiene qué ver con su participación en el tema de seguridad lo hagamos y lo hagamos bien. Que nos reunamos periódicamente para que estemos intercambiando puntos de vista, para que ustedes me digan cómo están las cosas”, expuso. En la reunión estuvieron los secretarios general de Gobierno, Florencio Salazar Adame; de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes; el ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz y el Jefe de la Oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca. También el presidente del Comité Directivo Estatal de la Concamin, Julián Urióstegui Carbajal; el presidente de la Canadevi Guerrero, Eduardo de la Peña Pintos y el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, José Francisco Salgado. Los representantes de Coparmex, Grupo ACA, AHETA, Comunidad Politécnica, Canirac, AFET, Mujeres Empresarias, Federación del Colegio de Enfermeras Acción Jurídica Revolucionaria, Grupo Empresarial Guerrero A.C, Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Asociación de Agencias de Viajes, Grupo Jobamex, Consultoría APS Especializada, Colegio de Abogados, Asociación de Ganaderos del Estados de Guerrero. De acuerdo con el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, José Luis Gallegos Peralta, quien también es integrante del colectivo Chat Consejeros Ciudadanos, estructura de comunicación de líderes de ONG’s y de opinión del estado de Guerrero, el colectivo lo integran organizaciones, asociaciones, colegios, 50 en total. No hay presidente ni dirigente porque todos tienen opiniones.
Explicó que el Chat es una sala virtual en la que todos los integrantes proponen y discuten ideas e información sobre los temas de Guerrero y ayer fue la primera reunión con el gobernador con quien acordaron reunirse trimestralmente para evaluar el avance de las propuestas presentadas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/435226/desesperados-comerciantes-acapulco-piden-tregua-a-la-delincuencia
CIUDAD DE MÉXICO: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) estableció sanciones en materia de fiscalización para la elección de diputados de representación plurinominal a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En sesión extraordinaria, se aprobó con siete votos a favor y cuatro en contra de los consejeros Beatriz Galindo, Enrique Andrade, Benito Nacif y Javier Santiago. El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó el proyecto de acuerdo que contempla un catálogo de infracciones en materia de fiscalización y plantea sanciones ante un posible rebase al tope de gastos de campaña.
“Si un candidato independiente incumple la norma y rebasa el tope de gastos de campaña en un cinco por ciento del monto fijado, perderá el derecho a integrar la Asamblea Constituyente”, precisó. Agregó que en el caso de que algún partido político rebase el límite en una sexagésima parte, no tendrá derecho a la asignación de la última fórmula que, conforme al orden de la lista y la fórmula de asignación, le hubiera correspondido por su votación, y si excede por más una sexagésima parte se aplicará la misma sanción de forma progresiva en la asignación de una fórmula adicional. “Es el momento oportuno de tomar esta determinación, ante el inicio de las campañas el 18 de abril próximo”. Por su parte, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, explicó que la elección de la Asamblea Constituyente es atípica, ya que es la única que ha existido en el país en los últimos 100 años. “La designación de los diputados constituyentes será solamente por representación proporcional y con la participación de candidatos independientes, que no están regidos bajo el principio de mayoría relativa”. De igual forma, el pleno electoral aprobó la creación del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la Elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, así como para los comicios en el estado de Sinaloa. Este Comité se integrará por los especialistas Rosario Aguilar Pariente, Salma Leticia Jalife Villalón y Rafael Pérez Pascual. “Los PREP´s forman ya parte de las buenas prácticas de la democracia mexicana, que a lo largo de más de dos décadas han contribuido a disminuir la incertidumbre que ciudadanos y competidores tienen al término de la jornada electoral sobre los resultados electorales”, indicó Córdova Vianello. En otro punto, avalaron la forma y contenido de las listas nominales de electores que se utilizarán con motivo de las jornadas electorales a celebrarse el próximo 5 de junio, así como el procedimiento para acceso y control de estos instrumentos. Asimismo, conoció el Informe Estadístico Trimestral sobre las solicitudes de acceso y entrega de información del Padrón Electoral y al Lista Nominal de Electores a los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, además de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia. En la sesión extraordinaria, el Consejo General ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del aviso sobre la liquidación relativa a la pérdida del registro del Partido Humanista, como Partido Político Nacional.
Por unanimidad, los consejeros aprobaron también los Criterios y Reglas Operativas para la distritación federal 2016-2017, así como la matriz que establece la jerarquización de los mismos para su respectiva aplicación para asegurar que en las elecciones federales de 2018 y 2021 exista la distribución de la población en la totalidad de los distritos uninominales del país. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA. LINK: http://www.proceso.com.mx/435244/define-ine-sanciones-rebase-topes-en-eleccion-constituyente
El candidato a la gubernatura de Oaxaca por el Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles, ratificó su denuncia por juicio político contra el gobernador Gabino Cué ante el Congreso local. El senador con licencia acudió al requerimiento que le hizo la Oficialía Mayor del Poder Legislativo para continuar con este proceso y turnar este caso al Pleno en la próxima sesión ordinaria. Igmar Francisco Medina Matus, oficial mayor, encabezó la diligencia en la que se exhibió a Robles el documento que presentó el 28 de marzo, a través del cual solicitó el juicio político. “Estoy totalmente convencido de que con Gabino Cué no debe suceder lo que con los antecesores gobernadores, que se fueron impunes después de haber desfalcado la Hacienda Pública” expresó el aspirante a la gubernatura de Oaxaca. El ex jefe de la Oficina de Cué acusó al gobernador de haber desviado más de 10 mil millones de pesos entre 2011 y 2014, de acuerdo con las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El mandatario estatal aseguró que dichas acusaciones se tratan de una estrategia electoral de Robles para ganar votantes.
CIUDAD DE MÉXICO: A partir del 5 de abril y hasta el 30 de junio, el programa Hoy No Circula se aplicará de acuerdo al color de la calcomanía, sin importar el tipo de holograma que tenga el automóvil, además de que se extenderá a los sábados, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). El endurecimiento del programa se extenderá por primera vez desde que existe el programa a las motocicletas y se usará el mismo criterio de la terminación de las placas. La medida será efectiva en las 16 delegaciones de la capital y en 18 municipios del Estado de México. En conferencia, el organismo anunció que la medida es de carácter preventivo y temporal para evitar otra contingencia ambiental en esta época de sequía, como la que se presentó a mediados de marzo. Representantes de las seis entidades que integran el organismo, junto con autoridades federales, agregaron que esta medida aplicará también a los vehículos con placas federales, excepto los utilizados para transporte escolar y de materiales peligrosos, de pasajeros, y los dedicados a labores de seguridad pública, protección civil y los que funcionen con gas natural.
La CAMe anunció modificaciones al programa de contingencia ambiental que incluyen la desaparición de la fase de “precontingencia”, es decir, que al alcanzar los 150 puntos de ozono se declarará la fase 1 y si se rebasan los 200, entrará en vigor la fase 2. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SARA PANTOJA. LINK: http://www.proceso.com.mx/435175/hoy-circula-todos-los-autos-sin-importar-holograma
XALAPA, Ver: El gobernador Javier Duarte de Ochoa se reunió con María Elena Bretón de la Cruz, abuela de Daphne Fernández, la joven abusada sexualmente por los juniors de Costa de Oro en Boca del Río e identificados por la opinión pública como Los Porkys.
Fuera de su agenda pública y acompañado sólo del alcalde de Veracruz, Ramón Poo, el mandatario priista acudió al negocio de la familia de la víctima para “prometer” que en el delito cometido contra la menor en enero del 2015 “no habrá impunidad” y que se aplicará castigo para los jóvenes involucrados, sin importar si sus padres son prominentes empresarios o políticos. La reunión fue difundida por el mismo gobernador a través de su cuenta oficial de Twitter @Javier_Duarte. En la misma red social, el funcionario garantizó que habrá justicia. El caso se encuentra en desahogo en la Fiscalía General del Estado (FGE), ente autónomo del gobierno priista.
Apenas ayer, en rueda de prensa, Javier Duarte rechazó que en Veracruz no impere la ley. Hoy, para apaciguar las críticas a escala nacional, acudió al restaurante del hotel Sirena –un centro de hospedaje de tres estrellas– en el centro histórico de Veracruz para reunirse con María Elena Bretón. En ningún momento el funcionario explicó la razón por la que fue excluido de esa reunión Javier Fernández, padre de la menor agraviada y quien desde días antes comenzó la lucha en redes sociales para exigir justicia por el caso y castigo para los presuntos responsables Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta. Y es que, aunque el abuso sexual ocurrió en enero del 2015, la familia Fernández interpuso la querella penal hasta mayo. Un año después, al no ver ningún avance en la investigación ministerial, decidió recurrir a las redes sociales y a la prensa nacional para denunciar el caso. En la investigación ministerial 592/15/1ESP/VER/05 –a la que este reportero tuvo acceso–, se relata cómo Enrique Capitaine, hijo del exalcalde de Nautla Felipe Capitaine, y Jorge Cotaita, Gerardo Rodríguez y Diego Cruz, hijos de conocidos empresarios, subieron por la fuerza a la hija de Fernández Torres al interior de un vehículo Mercedes Benz. En el trayecto la manosearon y sometieron hasta llevarla a un domicilio del fraccionamiento Costa de Oro. En el baño del inmueble, Enrique Capitaine abusó sexualmente de ella. La querella consigna que los cuatro jóvenes le quitaron su teléfono celular para que no pudiera comunicarse con sus amigas con quienes acudió ese día a bailar a la discoteca PH. “La subieron contra su voluntad en la parte de en medio del asiento de atrás del auto y era custodiada por Jorge Cotaita por un lado (atrás del conductor) y Diego Cruz por el otro (atrás del copiloto). Estos dos sujetos le jalaban la ropa y la manoseaban por debajo de la falda, tocándole sus pechos y partes íntimas. “Ella les insistió que no lo hicieran, que no quería eso, pero ellos entre burlas y agresiones seguían haciéndolo mientras Enrique Capitaine manejaba a toda velocidad y Gerardo Rodríguez era copiloto. Todo ese tiempo, ella trataba de calmarlos y hacerlos entrar en razón pero no lo logró”, dice el documento ministerial. “Presiones mediáticas” Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal general del Estado (FGE), reviró hoy que la impartición de justicia no cederá a “presiones” mediáticas, políticas o ciudadanas “vengan de donde vengan”. Así aludió a los dos casos de jóvenes víctimas de abuso sexual y violación en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río presuntamente a manos de hijos de políticos y de gente adinerada. Ambas denuncias han acaparado los reflectores de la prensa nacional y han sido motivo de repudio de organizaciones gubernamentales y protectoras de derechos humanos. El funcionario aseguró que en los casos de Daphne Fernández –cuya causa penal está reservada– y en el de la hija de Fernanda Cruzado, joven de 19 años abusada y grabada en un video pornográfico en la Tampiquera en Boca del Río –investigación ministerial 275/2016–, será la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas presidida por Consuelo Lagunas Jiménez, la que actúe conforme a la ley y con respeto a las garantías de víctimas y victimarios. Lagunas Jiménez es la exdirectora de Investigaciones Ministeriales que desde mayo del 2012 y hasta finales del 2014 fracasó en la búsqueda de Jorge Hernández Domínguez El Jarocho, presunto asesino de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, cuyo homicidio continúa impune. Una vez que desapareció la extinta Procuraduría General de Justicia, Lagunas fue degradada a un cargo de menor jerarquía dentro de la Fiscalía. El fiscal Luis Ángel Bravo aseguró que, aunque la opinión pública “ejerza presión”, el trabajo de la FGE continuará su curso. Además, reparó en que la Fiscalía Regional y la Especializada continúan en el desahogo de pruebas periciales, análisis de video y cotejo de las evidencias. Negó que en algunos casos haya “protección” hacia los jóvenes identificados como Los Porkys. “En cada llamamiento que se ha hecho estos jóvenes han venido. A todas las citas que ha promovido la Fiscalía han asistido, no hay elementos para presumir que estos jóvenes y los otros involucrados estén tratando de evadir su responsabilidad, de resultar serlo. Claro está”, aseguró. Bravo Contreras negó que haya demora en el caso. Explicó que hay 180 días hábiles para poder dictaminar un fallo a favor de la agraviada o exoneración de los incriminados. “No se excluye que en el segundo caso (la violación en La Tampiquera) quede exento o incluido el delito de pornografía. Podría estar, pero se tendrá que dilucidar, conforme avanzan las investigaciones se despejará… no podemos adelantarnos. La Fiscalía va con la cara en alto, resolviendo de acorde a lo que la jurisprudencia marca. La presión va superada por el mandato de lo que en base a la ley resuelva el Ministerio Público (sic)”. Inmujeres pide respeto a derechos humanos El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hizo un urgente llamado al gobierno de Veracruz para que garantice los derechos humanos de Daphne Fernández. En un comunicado el organismo señaló que es fundamental que el estado cumpla con las obligaciones de diligencia debida y adopte las medidas necesarias para evitar procesos de revictimización para la menor y sus familiares. También pidió realizar una adecuada investigación de los hechos bajo los más altos estándares del debido proceso, de forma pronta, expedita y con perspectiva de género.
“En México, la violencia sexual contra las mujeres es una de las expresiones más normalizada de la violencia machista, que se manifiesta de múltiples formas: el acoso, el hostigamiento y la violación. Pero también, no creerles a las víctimas o retrasar injustificadamente las investigaciones en las instituciones, es otra forma de violencia que se debe investigar y sancionar”, aseguró. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA. LINK: http://www.proceso.com.mx/435240/promete-duarte-castigo-a-los-porkys-en-reunion-abuela-joven-agredida
Legisladores de oposición refirieron que la Ley de Disciplina Financiera centraliza las decisiones de cómo manejar las finanzas en los estados. La Ley recién enviada al Ejecutivo para su publicación obligará a las entidades a depender menos de la deuda, aunque podría repercutir en aumentos de impuestos.
La Cámara de Diputados aprobó el 17 de marzo que, a diferencia del orden federal, las entidades y municipios mantengan techos de deuda, fijados en 15 por ciento para los ingresos de libre disposición. Sin embargo, la incapacidad de muchas entidades para llevar sus finanzas podría derivar en un aumento de impuestos, prevén diputados. Entre estos, resaltaría el caso del predial. En el 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que 406 de 2 mil 441 administraciones públicas municipales encuestadas manifestaron una recaudación del predial de entre el 81 y 100 por ciento con respecto al programado. Esto representa sólo el 16 por ciento de los municipios
“Ningún municipio quiere aumentar el predial, porque aumentar impuestos es antipopular. Lo que se está diciendo con esta Ley es que si tú no quieres generar tus propios ingresos, ese es tu problema”, dijo el Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Waldo Fernández González.
El legislador por Nuevo León explicó que la mayoría de autoridades tiene la posibilidad de aumentar este impuesto, que se grava a las propiedades. El Diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Vidal Llerenas Morales, detalló que en México se cobran menores índices de predial en comparación con otros países de la región.
“Argentina y Brasil, recaudan 10 veces más que nosotros. El predial tendría que ser una base para que los estados y municipios tengan más ingresos”, dijo.
Sin embargo, aclaró, este tema tampoco sería sencillo, porque para aumentar este gravamen se requiere de estudios previos. “No sólo por el costo político, sino porque se requieren distintas inversiones, fotografías aéreas y sistemas. Para cobrar el predial tienes que invertirle primero”. En cambio a nivel federa, los ingresos ascienden a los 4 billones 200 mil pesos, de los cuales 2 billones 366 mil millones son ingresos fiscales. Entretanto las entidades casi no cobran estos impuestos. “Los únicos que cobran son el Impuesto en la Nómina de uno, dos y tres por ciento, la tenencia la tienen casi todos con algún descuento; y aparte de eso está el impuesto de hospedaje. Fuera de ahí casi no se cobran impuestos. De manera que el 97 por ciento de los ingresos de los estados derivan de dinero que le envía la Federación. Curiosamente, los mayores endeudamientos se han dado en la época en la que mayores han sido las aportaciones a los estados”, argüió el Senador del Partido Acción Nacional (PAN) Héctor Larios Córdoba.
DEPENDENCIA DE LA FEDERACIÓN
Llerenas exhibió que una de las debilidades de la ley se resume en no haber contemplado la discusión sobre los ingresos de las entidades. “Los estados son más dependientes que antes de la Federación”. El techo de endeudamiento comprendido en la Ley de Disciplina Financiera impuso un marco en el que las entidades deberán registrar todos sus compromisos financieros.
“Esta ley obliga a que se hagan registro único de pasivos de los estados y los municipios. Y este registro va estar compulsado –certficado– con la Banca. También, se establecen con diversos parámetros, el monto del recurso disponible que tienen comprometido al servicio de la deuda tres tipos de entidades, los que tienen un pasivo sostenible en un semáforo verde, los qué habría que ponerles atención en amarillo, y los que están en problemas en rojo”, dijo Larios.
De esta forma, las entidades tendrán que presentar un programa para renegociar la deuda, o bajar los intereses, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los convenios que se hagan serán públicos y fiscalizables por la Auditoría superior de la Federación. DEMASIADO TARDE
El Diputado panista en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, apuntaló que es posible que esta Ley llega tarde a las entidades estatales.
En su último informe trimestral 2015, la SHCP detalló que las entidades con mayor deuda fueron Ciudad de México la cual se cifra en 71 mil 083 millones de pesos; Nuevo León, 63 mil 832 millones de pesos; Veracruz, 45 mil 879 millones de pesos; Chihuahua, 42 mil 762 millones de pesos; el Estado de México 41 mil 697 millones de pesos; y Coahuila, 38 mil millones pesos.
“Llega tarde a los estados que ya están muy endeudados, por supuesto. Pero nunca es tarde para ponerles límites a los gobernadores de casos como el de Coahuila y Veracruz que han excedido su capacidad financiera”, dijo Rivera. Por su parte, pese a las grandes sumas de las deudas estatales, dijo Llerenas, la Ley de Disciplina financiera, no comprende una mejor ejecución de estos recursos, ni sanciones para quienes hayan adquirido irresponsablemente deuda.
“La ley va evita los excesos. No estoy seguro que la ley vaya a garantizar que la deuda te la gastes en donde te la tienes que gastar. Porque ahí ya tienes que meterte en leyes de infraestructura y de calidad de gasto, que sería la otra falla”, dijo.
Diputados consultados coincidieron en que la Federación también debe de someterse a criterios de límites de endeudamiento, sin embargo, hasta ahora no ha existido voluntad política para hacerlo. En el 2015 la deuda pública del Estado ascendió a 43 por ciento del Peoducto Interno Bruto (PIB). Datos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refirieron que la deuda pública total incrementó de 5 billones de pesos, en diciembre del 2012, a 8 billones 500 mil 40 al primer trimestre de 2016.
“Mientras la deuda federal creció alrededor de 4 billones de pesos a partir del 2000, la deuda de los estados creció 300 mil millones de pesos. O sea en realidad, en términos globales no es tan grave. Sí para unos estados en específico [pero no en comparación de la Federación]”, consideró Llerenas Morales. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/31-03-2016/1642053
Especialistas en Derecho consideraron que el dictamen para reglamentar el Artículo 29 de la Constitución deja indefensa a la sociedad, sin alternativas legales de impugnación y abre la puerta a la violación de las garantías individuales.
Especialistas en Derecho Constitucional y de derechos humanos sostuvieron que el dictamen aprobado el martes pasado por la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados sobre la Ley Reglamentaria al Artículo 29 de la Constitución, no sólo pone en riesgo los derechos humanos de los mexicanos en un eventual Estado de excepción decretado por el Presidente de la República, sino que también pone trabas a la facultad de impugnarlo. “En principio los autos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] no pueden ser impugnados en amparo. Esto no quiere decir que si hay un exceso no puedas ampararte contra eso”, refirió René Sánchez Galindo, abogado experto en temas de derechos humanos. El dictamen establece que cuando el Presidente considere que se afecta el orden social puede solicitar la suspensión o restricción de garantías en determinado lugar y por un determinado lapso de tiempo. Un proceso que contará con el aval en menos de 24 horas del Congreso, si se encuentra reunido, y de la SCJN para validar su constitucionalidad. Hasta ahora, el artículo 29 de la Constitución establece que hay derechos humanos que el Estado no puede suprimir, aun cuando se declare la supresión de garantías a raíz de una causa que perturbe el orden social. Sin embargo, la argumentación citada en el dictamen aprobado, si bien reconoce derechos elementales, también apunta excepciones: “No es descartable que ciertos derechos humanos puedan ser suspendidos o restringidos en su ejercicio, pero en todo caso, deberá existir una razón legítima fundamentada”, describe el documento –al que SinEmbargo tuvo acceso– en la página 8. A juicio de abogados consultados, el proceso para la aplicación de las garantías judiciales que hacen valer los derechos no quedaron plasmadas en el documento, como tampoco la celeridad que podría tener una impugnación contra alguna autoridad. El dictamen descarta la posibilidad de que un ciudadano promueva una suspensión a cualquier decreto de Estado de excepción.
“Los actos del Ejecutivo Federal que se adopten durante la vigencia de los decretos de restricción o suspensión serán impugnables a través del juicio de amparo. En estos casos no será procedente la suspensión, salvo que el acto reclamado corresponda a derechos y garantías que no hayan sido materia del decreto de restricción o suspensión”, apunta el artículo 25 del dictamen.
Hay pocos casos que puedan mostrar alternativas ante un aval de la SCJN, dijo René Sánchez. El especialista citó una en la cual la organización Greenpeace en el cual se logró modificar una decisión de la SCJN, pero no fue mediante un amparo.
“La SCJN emitió un reglamento para la tramitación de acciones colectivas. Pero la organización interpuso un recurso que se llama ‘expediente Varios’ y logró que la SCJN modificará el propio reglamento emitido”, expuso.
Por otra parte, Manuel Barquín Alvarez, constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), criticó la opacidad con la que el dictamen explica los derechos humanos, en los que se refieren dentro de una figura llamada “coto vedado”. “Es necesario que se detalle, ni modo que la ciudadanía esté consultando por Internet un tratado internacional. Eso resulta hasta ridículo”, afirmó. “Debemos ser conscientes de la falta de confianza que existe en quienes serían los encargados de ejecutar esta legislación, como son los cuerpos militares y de seguridad. Tenemos un Ejército que ha recibido en los últimos años alrededor de 150 recomendaciones por parte de la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] sin que existan avances en su cumplimiento, que son cuestionadas por organismos internacionales y cuyos niveles de confianza ciudadana han disminuido drásticamente. Tenemos cuerpos de seguridad profundamente cuestionados por su desempeño y en algunos casos por sus nexos con el crimen organizado, en los que no confían los ciudadanos y que han sido señalados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, manifestó por su parte el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda Hoeflich. El legislador, luego de abstenerse a votar la reunión de la Comisión de Gobernación, expresó: “Si colocamos a los derechos humanos en el centro de nuestra perspectiva para tomar decisiones, lo decimos con toda claridad, no podemos avalar esta minuta”.
ESTADO DE EXCEPCIÓN PARA TODOS
El General retirado Francisco Gallardo Rodríguez, quien actualmente es asesor legislativo, explicó que el dictamen no cumple con los requisitos de especificar en dónde y en qué plazo detallar una emergencia. El artículo 10 del documento cita: “Una vez decretada la restricción o suspensión, toda persona que se encuentre en el territorio nacional está obligada a cooperar con las autoridades para la protección de personas, bienes e instalaciones a los que haga referencia el decreto en cuestión”. Gallardo explicó a este medio que de esta forma el Estado estaría relegando sus responsabilidades a ciudadanos.
“Un Estado de excepción debe tener una jurisdicción. Yo no creo que haya un Estado de excepción a nivel nacional, podría ser en la elección presidencial, pero aquí el asunto es que la autoridad le está pasando la batuta al ciudadano común”, dijo.
El dictamen estaría dejando vacíos legales, explicó el abogado e investigador de la Universidad Iberoamericana Erubiel Tirado Cervantes, ya que no establece los supuestos en los que estaría basada la decisión presidencial. “Una tipificación clara de los supuestos o situaciones en los que esta medida puede implementarse. Existen los supuestos limitativos, y estos se tendría que enlistar. Te dicen las causas para suspender garantías son tales y cuales. Sino, se deja una ventana abierta para siempre añadir otras causales [de decreto]”, detalló.
DETRÁS DEL DICTAMEN El Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso el 22 de octubre de 2013 esta iniciativa de reglamentación que le da al Ejecutivo facultades que no debería de tener, apuntó Gallardo. El artículo 18 plantea: “Si durante la vigencia del decreto, el Titular del Ejecutivo Federal considera que éste debe ser modificado, propondrá la iniciativa de reforma al Congreso de la Unión o la Comisión Permanente”. Esto, a su juicio, contradice algunos principios que utiliza el propio Estado. “Tenemos que recordar que un auto de autoridad no puede modificarse si no que se tiene que hacer otro. Un auto de suspensión de derechos debe ser por un tiempo limitado, y en una jurisdicción. Sin embargo, ya sabemos como se las gastan en el Gobierno”, dijo el General retirado. Gallardo fue más lejos aún al decir que este dictamen está alineado con las reformas estructurales. Ya que numerosos proyectos internacionales vendrán al país a invertir, y desde ahora, hay conflictos sociales.
“En las reformas estructurales está precisamente la extracción de los recursos naturales que mucha gente no lo va a permitir. El Gobierno pretende someter a los movimientos sociales y dar permanencia al poder público”, sentenció. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/31-03-2016/1642265
“Espero no parecer demasiado inelegante por decir lo que voy a decir”, anticipó a sus interlocutores el escritor Mario Vargas Llosa. Iniciaba la década de los noventa y se encontraba en un encuentro de intelectuales europeos y latinoamericanos en México. Entre quienes le acompañaban estaba Octavio Paz, el Premio Nobel mexicano. Arremetió el peruano:
“Yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja en esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. “México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta en México”.
Se refería, como le corregiría Paz minutos adelante, a la hegemonía priísta en el sistema político y de gobierno de nuestro país. Aunque 23 años después se corregiría, Vargas Llosa con esa disertación, estigmatizó los dos sexenios priístas previos al panismo. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León encarnaron para los mexicanos y el mundo, la dictadura perfecta. La voz de los intelectuales es el último resquicio de libertad en un país oprimido por su autoridad. Censurado a mansalva, testigo mudo de la manipulación de la información por parte de su gobierno. El de México, el que hoy encabeza Enrique Peña Nieto, es uno de esos gobiernos que reprimen, censuran y manipulan la información. Enmudecen las voces y someten protestas al minimizarlas o hacerles el vacío. Entre periodistas y activistas censurados, presionados, encarcelados o muertos, a los mexicanos solo les queda la voz de sus intelectuales. Para nuestra mala fortuna, los intelectuales se nos van poco a poco. Ya no tenemos la agudeza crítica de Carlos Monsiváis, ni la sesuda reflexión de Carlos Fuentes. Tampoco la irreverencia de Julio Scherer, gran cuestionador del sistema desde el oficio periodístico que ejerció con rigor, pasión y compromiso. En las últimas semanas, ante el silencio de voces en radio, periódicos y televisión, los intelectuales han sacado la casta. Aun de manera sutil, poética, haciendo un fuerte análisis a los problemas que padece la Nación y viven los mexicanos. Pero su voz, ante el panorama oscuro de lo que resta de este sexenio, se irá –debe de- acrecentando. Cuando un gobierno abandona a su pueblo, cuando censura, ignora a sus periodistas, los intelectuales deben alzar la voz. El poeta Javier Sicilia, dolido hasta la eternidad por el asesinato de su hijo hace diez años, discursó en el aniversario de la injusticia: “Si la administración de Felipe Calderón se caracterizó por exaltar la violencia y construir un Estado de excepción, criminalizando a las víctimas y reduciéndolas a un ‘se están matando entre ellos’ o a ‘bajas colaterales…’, la de Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, se caracteriza por un gobierno que niega la violencia y la tragedia humanitaria del país, que entierran a las víctimas en silencio y que asesinan, criminalizan y persiguen a todas aquellas organizaciones que han tomado el caminos de la verdad y de la justicia”. En febrero de este año, la aclamada autora Margo Glantz, nos dijo en una entrevista a semanario Zeta, y a propósito del gobierno de Enrique Peña Nieto:
“Tenemos gobernadores que están totalmente entrando a un neoliberalismo tardío de una manera verdaderamente flagrante y es lo que está pasando en México ahora, estamos liquidando todas las estructuras originales del país, están acabando con el Seguro Social, Petróleos, con todo eso, unido al hecho de que el petróleo está en una crisis brutal en el mundo. Yo creo que Enrique Peña Nieto es un gobernante que está pulverizando al país. “Estamos como en el coletazo del neoliberalismo y tanto Calderón como Fox, todos los últimos presidentes, pues ya desde López Portillo, pero sobre todo De la Madrid, todos ellos fueron instrumentando todo ese proceso tan destructivo que me parece que están llevando al país totalmente a la ruina, lo están pulverizando; es la palabra auténtica, lo están pulverizando”.Hay más voces que los mexicanos debemos escuchar para saber que no estamos solos. Como la de don Fernando del Paso al recibir el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2015.
Su excelso texto, una diatriba de lo que ocurre en nuestro país, y dirigida al fallecido José Emilio Pacheco, es por si solo una obra de arte. Pero solo he de recordar y transcribirles la voz de protesta de don Fernando. “Quiero decirte lo que tú ya sabes: que hoy también me duele hasta el alma que nuestra patria chica, nuestra patria suave, parece desmoronarse y volver a ser la patria mitotera, la patria revoltosa y salvaje de los libros de historia. “Quiero decirte que a los casi ochenta años de edad me da pena aprender los nombres de los pueblos mexicanos que nunca aprendí en la escuela y que hoy me sé sólo cuando en ellos ocurre una tremenda injusticia; sólo cuando en ellos corre la sangre: Chenalhó, Ayotzinapa, Tlatlaya, Petaquillas…. ¡Qué pena, sí, qué vergüenza que sólo aprendamos su nombre cuando pasan a nuestra historia como pueblos bañados por la tragedia! “¡Qué pena también, que aprendamos cuando estamos viejos que los rarámuris o los triques mazatecas, son los nombres de pueblos mexicanos que nunca nos habían contado, y que sólo conocimos por la vez primera cuando fueron víctimas de un abuso o de un despojo por parte de compañías extranjeras o por parte de nuestras propias autoridades!”. Elabora el maestro líneas adelante sobre el dilema, la necesidad de levantar la voz, de la denuncia… “Cuando me enteré que había sido honrado con el premio que lleva tu nombre, José Emilio, una andanada de recuerdos se me vino encima. Éramos muy jóvenes y teníamos toda la vida por delante y toda la patria también… ¿Pero qué patria dime, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos o la sola patria nuestra? Éramos jóvenes, sí, y teníamos una enorme responsabilidad que cumplir: la de cuidar el patrimonio que habíamos heredado y cuya integridad se ha visto amenazada tantas veces. Dime, José Emilio: ¿cumplimos? Hoy que el país sufre de tanta corrupción y crimen, ¿basta con la denuncia pasiva? ¿Basta con contar y cantar los hechos para hacer triunfar la justicia? ¿Es ético aceptar premios por nuestra obra y limitarnos a agradecerlos en público, como lo hago en estos momentos? No lo sé. Pero vale la pena plantear si nuestra posición sirve para algo. ¿A qué horas, cuándo, permitimos que México se corrompiera hasta los huesos? ¿A qué hora nuestro país se deshizo en nuestras manos para ser víctima del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia?”. Insiste en denunciar lo que todos sabemos, de lo que todos hablamos, de lo que muchos despotricamos hasta la frustración y el gobierno intenta olvidar y que olvidemos con la manipulación de la información y la comunicación a su alrededor. “¡Ay, José Emilio! ¿Qué vamos a hacer, qué se puede hacer con veinte y tres mil desaparecidos en unos cuántos años? ¿O son viente y tres mil cuarenta y tres? ¿Y cómo sabemos quiénes son culpables? ¿O vamos a fabricar culpables por medio de la tortura, como es nuestra costumbre? “¡Ay, José Emilio! No sé qué más decirte. No sabes qué triste estoy. Acepto el premio que tiene tu nombre, porque sé que se me da de buena fe, no sin antes subrayar que lo más importante en la vida no es recibir galardones –aunque se merezcan- sino denunciar las injusticias que nos rodean”. Cuando tocó el turno a Juan Villoro, en la Feria Internacional de Lectura Yucatán, de recibir el Premio Excelencia en las letras “José Emilio Pacheco”, también aprovechó la tribuna literaria para denunciar lo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto intenta cubrir. Razonó: “Pacheco cultivó con fortuna todos los géneros literarios y luchó por preservar la soberanía de la cultura en un país asediado por la desigualdad, la violencia y la corrupción. Su vasta obra puede leerse como un riguroso sistema de alarma ante las catástrofes que se ciernen sobre México, donde aprendemos geografía a través de las tragedias: Tlatelolco, Aguas Blancas, Tlatlaya, Ayotzinapa. Nombres propios del oprobio”. Fue directo el autor de E”l Testigo”, a todas luces, científicas, populares, equívocas, acciones del gobierno de Peña Nieto: “En un país donde el presidente de la república ignora la legalidad y donde un procurador llama “verdad histórica” a una hipótesis indemostrable, la literatura tiene un valor político que no ha pedido, pero que no puede dejar de ejercer: cuenta la trama oculta y genuina de la vida, “los días que no se nombran”, como diría Pacheco”. Hoy más que nunca, la voz de los intelectuales es necesaria en este país que a fuerza de una política de manipulación por parte del Gobierno de la República, intenta volverlo sordo. Que eso no suceda, que ellos, quienes ahora tienen la palabra, la prestancia y el reconocimiento nacional e internacional, sigan la consigna de don Fernando del Paso:
“…lo más importante en la vida no es recibir galardones –aunque se merezcan- sino denunciar las injusticias que nos rodean”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO (OPINIÓN/ANÁLISIS). LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/30-03-2016/47647
