“MirarMorir. El Ejército en la noche de Iguala es un documental que contiene una investigación periodística sobre los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, los cuales terminaron con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que forman parte de la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa impidieron que durante una reunión de trabajo del grupo se proyectara el documental MirarMorir. El Ejército en la noche de Iguala, el cual muestra la intervención de los militares durante los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los hechos ocurrieron el pasado 30 de marzo luego de que la Diputada Araceli Damián del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propusiera que se proyectara el documental como parte de los trabajos de la comisión, sin embargo, los legisladores del PRI pidieron que la petición se pusiera a votación y después fuera rechazada.
“No por dejar de ver o no un documental cambia el compromiso que todos los grupos parlamentarios hemos refrendado y que hemos acudido a cada una de las instancias. Tenemos una agenda de trabajo y una lista de instancias a las cuales debemos acudir, mencionó María Eugenia Ocampo Bedolla legisladora de Nueva Alianza.
MirarMorir. El Ejército en la noche de Iguala es un documental que contiene una investigación periodística sobre los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, los cuales terminaron con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
El documental llegará a la Cineteca Nacional y salas independentes del país el próximo 8 de abril.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-03-2016/1642639
jueves, 31 de marzo de 2016
Policía de BCS lideraba, junto con su esposa e hijo, red de prostitución en La Paz: Zeta
El agente Mauricio Martínez Orozco fue detenido el pasado 19 de marzo junto con su esposa y su hijo en La Paz, Baja California Sur, por encabezar una red de explotación sexual de mujeres de entre 14 y 18 años de edad. Entre los clientes de esta red habían empresarios, políticos y narcomenudistas, que pagaban de 750 a mil 500 pesos según el servicio solicitado.
Una red de explotación sexual de estudiantes de secundaria y preparatoria en La Paz, Baja California Sur, fue descubierta por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tras la detención de Mauricio Martínez Orozco, alias “El Mauri” o “El Guapo”, agente municipal y líder de la organización delictiva, publicó el semanario Zeta.
De acuerdo con el medio, “El Mauri” fungía como agente de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del municipio Todos Santos cuando en complicidad con su esposa, Narda Olivia Romero Orozco y su hijo, Luis Mauricio Martínez Romero, armaron en 2015 una red de explotación de jóvenes estudiantes en la modalidad de prostitución.
Al menos una docena de jóvenes de entre 14 y 18 años de edad fueron reclutadas a esta red de prostitución desde 2015. Luis Mauricio, de 21 años, contactó a las estudiantes de la secundaria “Educadores de Baja California”, del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) Número 62, así como del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) 02.
El semanario detalla que el modus operandi consistía en que el agente contactaba y buscaba clientes en La Paz, Todos Santos y El Pescadero, mientras su esposa e hijo eran el enlace con las víctimas, quienes recibían el 50 por ciento de la ganancia por ofrecer servicio distintos tipos de servicio sexual, que iban de 750 a mil 500 pesos.
Narda Olivia Romero Orozco, de 38 años de edad, por ser mujer y a fin de no levantar sospechas entre los familiares de las víctimas, contactaba a las jóvenes para que fueran a dar el servicio a los compradores. Eran trasladas a un hotel o alguna vivienda, y posteriormente regresadas a sus hogares.
El oficial Martínez Orozco fue detenido el pasado 19 de marzo junto con su esposa e hijo cuando salían de su domicilio en el fraccionamiento Corumel, en La Paz, luego de que un juez de Control del Juzgado Penal Acusatorio libró orden de aprehensión en su contra al hallarlos como presuntos responsables en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en la modalidad de prostitución.
Tras la detención, la Procuraduría estatal obtuvo claves y contraseñas de una carpeta del servidor Dropbox, a la que Zeta tuvo acceso y que era empleada por “El Mauri” para archivar fotografías de las jóvenes semidesnudas o desnudas, incluso algunas en el acto sexual.
Las fotografías eran enviadas a los clientes, quienes estaban registrados en el directorio telefónico del celular de Martínez Orozco únicamente con un nombre o pseudónimos para reguardar el anonimato, pero que corresponden a jóvenes, comerciantes, agricultores, pescadores, extranjeros, narcomenudistas, policías y hasta políticos de La Paz, Todos Santos y El Pescadero.
El semanario dio cuenta de las actividades de “La Vicky”, quien opera desde una casa de citas en la calle Nueva, entre Aquiles Serdán y Carretera, al Norte en La Paz. Mientras que “Evita” actúa cibernéticamente a través de la pagina mileroticos.com o en redes sociales, y utiliza nombres clave como “Melany”, “Juliethe”, “Samantha”, “Paris”, “Coral”, “Karol”, “Ericka”, “Kenia”, “Michell” e “Isabela” para responder desde cuatro diferentes números telefónicos en La Paz y Los Cabos.
“El Zapato” ofrece los servicios sexuales de las jóvenes desde dos números telefónicos y tiene un catálogo con fotografías de las estudiantes para enviarlas vía WhatsApp a los clientes que las soliciten.
Un agente de investigación de la Procuraduría estatal dijo a Zeta que a pesar de que estas tres personas han sido identificadas, no son investigadas o perseguidas por autoridades estatales y federales.
No sólo estas personas realizan explotación sexual en el estado. El medio menciona que en los establecimientos “Lord Black”, “Los Baldes”, “Amnesia”, “Mi Ranchito” y “Valle Verde”, ubicados en La Paz, así como en “Cabaret”, “Mermaids” y “El Bolero”, los table dance más exclusivos de Los Cabos, entre otros, trafican con personas para prostituirlas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-03-2016/1641721
Una red de explotación sexual de estudiantes de secundaria y preparatoria en La Paz, Baja California Sur, fue descubierta por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tras la detención de Mauricio Martínez Orozco, alias “El Mauri” o “El Guapo”, agente municipal y líder de la organización delictiva, publicó el semanario Zeta.
De acuerdo con el medio, “El Mauri” fungía como agente de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del municipio Todos Santos cuando en complicidad con su esposa, Narda Olivia Romero Orozco y su hijo, Luis Mauricio Martínez Romero, armaron en 2015 una red de explotación de jóvenes estudiantes en la modalidad de prostitución.
Al menos una docena de jóvenes de entre 14 y 18 años de edad fueron reclutadas a esta red de prostitución desde 2015. Luis Mauricio, de 21 años, contactó a las estudiantes de la secundaria “Educadores de Baja California”, del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) Número 62, así como del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) 02.
El semanario detalla que el modus operandi consistía en que el agente contactaba y buscaba clientes en La Paz, Todos Santos y El Pescadero, mientras su esposa e hijo eran el enlace con las víctimas, quienes recibían el 50 por ciento de la ganancia por ofrecer servicio distintos tipos de servicio sexual, que iban de 750 a mil 500 pesos.
Narda Olivia Romero Orozco, de 38 años de edad, por ser mujer y a fin de no levantar sospechas entre los familiares de las víctimas, contactaba a las jóvenes para que fueran a dar el servicio a los compradores. Eran trasladas a un hotel o alguna vivienda, y posteriormente regresadas a sus hogares.
Las víctimas, quienes “debían ser jóvenes, bonitas y de buen cuerpo […] alegres y proclives a tomar y fumar”, además de tener serios problemas económicos y familiares, declararon que inicialmente trabajaron por necesidad, pero que con el paso del tiempo fueron obligadas a prostituirse, pues el “El Mauri” las chantajeó con fotografías, advirtiendo que se las haría llegar a sus padres, incluso las amenazó con atentar contra su vida y la de su familia.
El oficial Martínez Orozco fue detenido el pasado 19 de marzo junto con su esposa e hijo cuando salían de su domicilio en el fraccionamiento Corumel, en La Paz, luego de que un juez de Control del Juzgado Penal Acusatorio libró orden de aprehensión en su contra al hallarlos como presuntos responsables en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en la modalidad de prostitución.
Tras la detención, la Procuraduría estatal obtuvo claves y contraseñas de una carpeta del servidor Dropbox, a la que Zeta tuvo acceso y que era empleada por “El Mauri” para archivar fotografías de las jóvenes semidesnudas o desnudas, incluso algunas en el acto sexual.
Las fotografías eran enviadas a los clientes, quienes estaban registrados en el directorio telefónico del celular de Martínez Orozco únicamente con un nombre o pseudónimos para reguardar el anonimato, pero que corresponden a jóvenes, comerciantes, agricultores, pescadores, extranjeros, narcomenudistas, policías y hasta políticos de La Paz, Todos Santos y El Pescadero.
De acuerdo con Zeta, las jóvenes no sólo eran explotadas por “El Mauri”. La Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado, la PGJE y la Procuraduría General de la República (PGR) saben de otras tres personas identificadas como “La Vicky”, “Evita” y “El Zapato”, quienes tienen una agenda similar a la Martínez Orozco, que incluye a empresarios, narcomenudistas y políticos de Baja California Sur.
El semanario dio cuenta de las actividades de “La Vicky”, quien opera desde una casa de citas en la calle Nueva, entre Aquiles Serdán y Carretera, al Norte en La Paz. Mientras que “Evita” actúa cibernéticamente a través de la pagina mileroticos.com o en redes sociales, y utiliza nombres clave como “Melany”, “Juliethe”, “Samantha”, “Paris”, “Coral”, “Karol”, “Ericka”, “Kenia”, “Michell” e “Isabela” para responder desde cuatro diferentes números telefónicos en La Paz y Los Cabos.
“El Zapato” ofrece los servicios sexuales de las jóvenes desde dos números telefónicos y tiene un catálogo con fotografías de las estudiantes para enviarlas vía WhatsApp a los clientes que las soliciten.
Un agente de investigación de la Procuraduría estatal dijo a Zeta que a pesar de que estas tres personas han sido identificadas, no son investigadas o perseguidas por autoridades estatales y federales.
No sólo estas personas realizan explotación sexual en el estado. El medio menciona que en los establecimientos “Lord Black”, “Los Baldes”, “Amnesia”, “Mi Ranchito” y “Valle Verde”, ubicados en La Paz, así como en “Cabaret”, “Mermaids” y “El Bolero”, los table dance más exclusivos de Los Cabos, entre otros, trafican con personas para prostituirlas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-03-2016/1641721
Hackean el sitio web de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
CIUDAD DE MÉXICO: Un grupo de ciberactivistas denominado Anonymous Venezuela hackeó el sitio web de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Durante los primeros minutos de este jueves, el sitio fue intervenido; la información de la dependencia fue reemplazada por un mensaje contra los feminicidios.
La página de inicio del sitio web fue puesta en negro con el título “¡Alto a la violencia contra las mujeres!”. Y el texto:
“Nos encontramos en momentos de cambios sociales importantes, pero parece ser que hemos olvidado el más importante: Nuestras mujeres, debemos levantar la voz, debemos impedir que sigan sufriendo víctimas del maltrato psicológico o físico. En la permanente evolución del ser humano seguimos permitiendo esta práctica desdeñable hacia las mujeres. No es un tema fácil de abordar, por vergüenza, impotencia y coraje, pero debemos proteger a nuestras mujeres. El panorama para las mujeres es trágico, solo en el comienzo del año, aunado a los miles de feminicidios ocurrido en años pasados, no podemos seguir con los brazos cruzados, debemos de actuar, necesitamos de ti, como sociedad para luchar con este malestar. Protege a tus mujeres, actívate contra los feminicidios” (sic).
Actualmente el sitio de la dependencia http://www.cultura.df.gob.mx/ funciona con normalidad. El titular del organismo, Eduardo Vázquez, no ha emitido un pronunciamiento al respecto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435270/hackean-sitio-web-la-secretaria-cultura-la-ciudad-mexico
Durante los primeros minutos de este jueves, el sitio fue intervenido; la información de la dependencia fue reemplazada por un mensaje contra los feminicidios.
La página de inicio del sitio web fue puesta en negro con el título “¡Alto a la violencia contra las mujeres!”. Y el texto:
“Nos encontramos en momentos de cambios sociales importantes, pero parece ser que hemos olvidado el más importante: Nuestras mujeres, debemos levantar la voz, debemos impedir que sigan sufriendo víctimas del maltrato psicológico o físico. En la permanente evolución del ser humano seguimos permitiendo esta práctica desdeñable hacia las mujeres. No es un tema fácil de abordar, por vergüenza, impotencia y coraje, pero debemos proteger a nuestras mujeres. El panorama para las mujeres es trágico, solo en el comienzo del año, aunado a los miles de feminicidios ocurrido en años pasados, no podemos seguir con los brazos cruzados, debemos de actuar, necesitamos de ti, como sociedad para luchar con este malestar. Protege a tus mujeres, actívate contra los feminicidios” (sic).
Actualmente el sitio de la dependencia http://www.cultura.df.gob.mx/ funciona con normalidad. El titular del organismo, Eduardo Vázquez, no ha emitido un pronunciamiento al respecto.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435270/hackean-sitio-web-la-secretaria-cultura-la-ciudad-mexico
Acusan en Texas a empresario de Matamoros por narcotráfico y lavado de dinero
MCALLEN, Texas: El empresario originario de Matamoros, Coahuila, Juan Manuel Muñoz Luevano El Mono, El Ingeniero o Manuelito, fue acusado en el Distrito Oeste de la Corte de Texas de seis cargos: cuatro por los delitos de tráfico posesión, distribución y venta de cocaína; uno más por posesión de armas de fuego y un último por lavado de dinero.
“Desde alrededor del 1 de enero de 1999 y hasta la fecha de esta acusación, en el Distrito Oeste de Texas, el Distrito Norte de Texas, en la república mexicana y en otros lugares, el acusado conspiró y se alió con otras personas desconocidas para el Gran Jurado con la intensión de poseer, distribuir de forma controlada sustancias superiores a 5 kilogramos o más de cocaína”, precisa la denuncia la cual fue liberada en días recientes.
En el cargo de lavado de dinero, la acusación agrega que desde el 1 de enero de 1999 y hasta la fecha, Mono Muñoz comenzó a realizar transacciones financieras que involucran el dinero de su “actividad ilícita, específicamente el tráfico de drogas”.
El cargo por poseer armas de fuego precisa que el acusado empezó desde el 1 de enero del 2007 a acumular armamento “para asegurar sus delitos de tráfico de drogas”.
La denuncia fue presentada al Distrito Oeste de la Corte de Texas desde el 7 de enero del 2015, pero se mantenía clasificada y hasta hace unos días se hizo pública.
Para capturar al empresario coahuilense, los fiscales de Estados Unidos solicitaron la colaboración de las autoridades de España, quienes detuvieron a Juan Manuel Muñoz Luevano, el pasado 18 de marzo en un domicilio de Madrid.
Mono Muñoz y algunos de sus familiares son investigados por las autoridades de Texas y de España, no sólo por el contrabando de cocaína, actividad que presuntamente inició cuando estuvo en Sinaloa, sino además por el lavado de dinero del grupo criminal Los Zetas, el cual invirtió en gasolineras y otras empresas en Coahuila y en España.
Además, se indaga su probable relación con el exgobernador Humberto Moreira Valdez, ya que sus negocios crecieron y prosperaron durante su administración. Las pesquisas pretenden confirmar si algunos de sus exfuncionarios eran socios del ahora detenido.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435268/acusan-en-texas-a-empresario-matamoros-narcotrafico-lavado-dinero
“Desde alrededor del 1 de enero de 1999 y hasta la fecha de esta acusación, en el Distrito Oeste de Texas, el Distrito Norte de Texas, en la república mexicana y en otros lugares, el acusado conspiró y se alió con otras personas desconocidas para el Gran Jurado con la intensión de poseer, distribuir de forma controlada sustancias superiores a 5 kilogramos o más de cocaína”, precisa la denuncia la cual fue liberada en días recientes.
En el cargo de lavado de dinero, la acusación agrega que desde el 1 de enero de 1999 y hasta la fecha, Mono Muñoz comenzó a realizar transacciones financieras que involucran el dinero de su “actividad ilícita, específicamente el tráfico de drogas”.
El cargo por poseer armas de fuego precisa que el acusado empezó desde el 1 de enero del 2007 a acumular armamento “para asegurar sus delitos de tráfico de drogas”.
La denuncia fue presentada al Distrito Oeste de la Corte de Texas desde el 7 de enero del 2015, pero se mantenía clasificada y hasta hace unos días se hizo pública.
Para capturar al empresario coahuilense, los fiscales de Estados Unidos solicitaron la colaboración de las autoridades de España, quienes detuvieron a Juan Manuel Muñoz Luevano, el pasado 18 de marzo en un domicilio de Madrid.
Mono Muñoz y algunos de sus familiares son investigados por las autoridades de Texas y de España, no sólo por el contrabando de cocaína, actividad que presuntamente inició cuando estuvo en Sinaloa, sino además por el lavado de dinero del grupo criminal Los Zetas, el cual invirtió en gasolineras y otras empresas en Coahuila y en España.
Además, se indaga su probable relación con el exgobernador Humberto Moreira Valdez, ya que sus negocios crecieron y prosperaron durante su administración. Las pesquisas pretenden confirmar si algunos de sus exfuncionarios eran socios del ahora detenido.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435268/acusan-en-texas-a-empresario-matamoros-narcotrafico-lavado-dinero
Denuncian a Moreno Valle ante la Fepade por lucrar con recursos públicos para promocionar su imagen
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría General de la república (PGR), al gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, por la utilización de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para promocionar su imagen.
De acuerdo con el diario La Jornada, Rodrigo Abdalá y Emiliano Álvarez dieron a conocer el contenido de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público Federal, donde se detalla que en el programa de entrega de tinacos de agua potable la administración de Moreno Valle pintó de azul los depósitos de líquido que fueron entregados en distintas zonas marginadas del estado.
El gobierno de Moreno Valle entregó 20 mil tinacos pintados de azul a cambio de una copia fotostática de la credencial de elector.
En las imágenes que dio a conocer el diputado Abdalá se observan los tinacos con la leyenda ‘‘Puebla ciudad de progreso’’, con fondo blanco y letras de color azul. La denuncia refiere que los gobiernos de Puebla y de la capital del estado invirtieron 42 millones 306 mil pesos en la compra de los 20 mil tinacos.
“Se hace patente que el gobierno del estado se está apropiando de un programa social y de recursos para hacerse publicidad en medio de un proceso electoral, vulnerando el interés social de miles de poblanos, que son obligados a aportar sus datos personales y su registro oficial a cambio de tinacos de agua” manifestó el representante de Morena.
“Por el uso de programas públicos con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar en favor del PAN, así como la falta de honradez y de imparcialidad en el uso de recursos públicos con el fin de violentar la equidad de la competencia electoral entre los partidos políticos, llevando a cabo mediante el programa de entrega de tinacos una promoción personalizada” acusaron los legisladores de Morena.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/denuncian-a-moreno-valle-ante-la-fepade-por-lucrar-con-recursos-publicos-para-promocionar-su-imagen/
De acuerdo con el diario La Jornada, Rodrigo Abdalá y Emiliano Álvarez dieron a conocer el contenido de la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público Federal, donde se detalla que en el programa de entrega de tinacos de agua potable la administración de Moreno Valle pintó de azul los depósitos de líquido que fueron entregados en distintas zonas marginadas del estado.
El gobierno de Moreno Valle entregó 20 mil tinacos pintados de azul a cambio de una copia fotostática de la credencial de elector.
En las imágenes que dio a conocer el diputado Abdalá se observan los tinacos con la leyenda ‘‘Puebla ciudad de progreso’’, con fondo blanco y letras de color azul. La denuncia refiere que los gobiernos de Puebla y de la capital del estado invirtieron 42 millones 306 mil pesos en la compra de los 20 mil tinacos.
“Se hace patente que el gobierno del estado se está apropiando de un programa social y de recursos para hacerse publicidad en medio de un proceso electoral, vulnerando el interés social de miles de poblanos, que son obligados a aportar sus datos personales y su registro oficial a cambio de tinacos de agua” manifestó el representante de Morena.
“Por el uso de programas públicos con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar en favor del PAN, así como la falta de honradez y de imparcialidad en el uso de recursos públicos con el fin de violentar la equidad de la competencia electoral entre los partidos políticos, llevando a cabo mediante el programa de entrega de tinacos una promoción personalizada” acusaron los legisladores de Morena.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/denuncian-a-moreno-valle-ante-la-fepade-por-lucrar-con-recursos-publicos-para-promocionar-su-imagen/
Alcalde alertó al Gobierno de Javier Duarte que jefe policiaco era criminal, y fue ignorado
Abdón Márquez Márquez asegura que alertó a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz sobre el desempeño de Marcos Conde Hernández, el comandante acusado de estar ligado al grupo criminal que desapareció a los jóvenes en Tierra Blanca. “No se trataba de un policía, era más bien un delincuente” asegura.
Playa Vicente, Veracruz, 29 de marzo: “A Playa Vicente lo han catalogado como un pueblo inseguro porque los malandros del municipio de Isla, Veracruz han sembrado cadáveres en nuestra frontera. La última vez fue en agosto de 2015. Aventaron nueve cuerpos en menos de un mes. Varios con el tiro de gracia y huellas de tortura”.
Lo anterior lo denuncia el Alcalde Abdón Márquez Márquez, quien en el año de 2014 señaló a Marcos Conde Hernández ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sobre su desempeño como delegado del distrito de Rodríguez Clara.
“No se trataba de un policía, era más bien un delincuente” asegura.
Además considera que de haberle hecho caso el Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, y cesar al Comandante Conde de su puesto se habría evitado la tragedia de los cinco jóvenes de Playa Vicente, un caso conocido como el Ayotzinapa de Tierra Blanca.
“MI POLICÍA ES MÁS CONFIABLE”
El presidente municipal, luego de reiterar las condolencias y el apoyo a los padres del muchacho finado, se da un espacio para hablar sobre la seguridad en su municipio: “Si hay algo en lo que mi gobierno invierte es en la protección de mi gente. Sueldos buenos a los policías para que el día de mañana no se vendan con el crimen organizado”.
De acuerdo con datos proporcionados por el comandante de la policía municipal de Playa Vicente, Daniel Calderón Sánchez, un elemento raso gana 6 mil 600 pesos mensuales, un policía encargado de alguna unidad de patrullaje obtiene 7 mil 400 pesos al mes y al comandante en turno le es retribuida su labor con 19 mil 800 pesos mensuales.
“Nuestros salarios son altos, no hay pretexto para venderse con la maña. La idea es que valoremos nuestro empleo y al que no quiera alinearse lo despedimos.”, asegura Calderón Sánchez, quien durante sus dos años al mando del orden municipal, ha dado de baja al menos a 15 gendarmes.
Por otra parte, Abdón Márquez Márquez acepta que de un total de 41 elementos en la policía municipal sólo nueve están acreditados ante el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, (CEIS). Es decir, un 22 % son acreditables.
La fuerza policial cuenta con siete vehículos oficiales, modelos 2010 – 2016, así como con 67 armas cortas y largas. El rango de agentes operativos es de 22 a 40 años. “Tengo el caso de un oficial de 63 años. No soy quien para despedirlo, a él se le encarga resguardar la Casa de Cultura o clínicas”, explica.
No obstante, el Alcalde argumenta, “podré no tener a todos mis elementos acreditados, pero también todos son de Playa Vicente, conocidos del pueblo. Si llegaran a cometer algo indebido, rápido damos con ellos. Mi policía municipal es más confiable que muchos agentes estatales”, asegura el presidente con voz firme.
“PLAYA VICENTE, PUEBLO GANADERO; TENTADOR PARA LOS BANDIDOS”
Según registros del secretario de la fuerza municipal, los registros de violencia en Playa Vicente se relacionan con el abigeo, o robo de ganado, hurto a casa habitación, a comercios y pleitos entre particulares.
“Sobre todo hay abigeo en la zona. Mientras haya ganado, también habrá quien nos robe. Un carro con reses que se traslada al centro del país tiene un valor de 1 millón cien mil pesos. Entonces, claro que es tentador para los bandidos” explica Márquez Márquez.
Según registros oficiales, la ganadería es el sustento económico de Playa Vicente, así como el limón, el hule y la piña, producto emblemático de la región conocida como la Cuenca del Papaloapan. Se estima que al menos 15 mil toneladas de maíz se cosechen en temporada de otoño – invierno.
“Casi puedo asegurarte que somos el primer lugar en el estado en exportar ganado; 100 mil cabezas al año. Con precio por unidad de entre 15 y 16 mil pesos. Es decir, mil 600 millones de pesos en un año. Pertenecemos a la zona ganadera del centro, la más importante del país”, comparte el Alcalde.
Cabe mencionar que Playa Vicente, posee un total de 54 mil habitantes, solo 10 mil en su cabecera municipal. Alberga a 25 pueblos indígenas. Al menos diez mil personas consideradas analfabetas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (Coneval).
Cuatro de sus pueblos, cada uno con al menos 120 familias, señalados con alta marginación, o pobreza extrema, con base en la revisión del año 2010 de ese Consejo. “A nosotros, a través del Coneval, nos hicieron la revisión en el año 2010, pero les invito que vayan a ver, hemos erradicado casi el 100 por ciento de la miseria” asegura el presidente municipal.
El municipio es beneficiado por programas de asistencia social, de índole federal, como Prospera y la Cruzada Nacional contra el Hambre, cuenta con seis comedores para la gente del alto grado de marginación.
“De esta manera te puedo decir que Playa Vicente es un pueblo autosuficiente, no me queda más que ofrecerles seguridad. Pertenecemos a una zona golpeada por bandas delictivas, pero en nuestro municipio todo marcha a la orden. Nos ha arrastrado la mala imagen de municipios vecinos”, sentencia el Edil.
“ME VINIERON A SEMBRAR CADÁVERES LOS MALANDROS, PERO ESO SE ACABÓ”
“A Playa Vicente lo han catalogado como un pueblo inseguro porque los malandros del municipio de Isla, Veracruz han sembrado cadáveres en nuestra frontera. La última vez fue en agosto de 2015. Nos aventaron nueve cuerpos en menos de un mes”, denuncia Abdón Márquez Márquez.
Daniel Calderón Sánchez, comandante de la policía municipal, señala que el mes de agosto de 2015, se mostró turbulento para el municipio, pues al menos en 30 días fueron hallados nueve occisos en la frontera Plata Vicente – Ciudad Isla.
Los finados presentaban tiros de gracias en las sienes, ataduras en los pies y manos, privados de la vista con trapos mugrosos. Todos marcados con señales de tortura.
Según, relata el comandante Calderón Sánchez, todos fueron identificados y devueltos a sus municipios de origen, Isla, Azueta y Veracruz. “Por la cercanía nos los vieron a aventar, desde entonces se tomaron medidas cautelares”, explica el comandante.
Desde el incidente de agosto del año pasado, las dos fronteras o entradas del municipio, una en Tuxtepec Oaxaca y la segunda en Isla, Veracruz, son vigiladas por dos unidades con 6 policías respectivamente.
“TENEMOS EL MISMO COLOR DE UNIFORME, PERO NO SOMOS COMO LOS ESTATALES”
“En las comunidades, con la mala fama que han tenido los policías estatales, nos ven cuando hacemos rondines que si somos de ellos, no nos quieren porque nada más matan a gente inocente. Yo les digo que entre nosotros y ellos, lo único parecido es el uniforme”.
De acuerdo con el comandante Calderón, la imagen de la policía municipal no estuvo librada de críticas en el trienio pasado, del entonces alcalde Francisco de la O Acosta: “En ese periodo sí hubo falta de compromiso por parte de los compañeros, abusaban de su autoridad y golpeaban a la gente que detenían”.
Por su parte, Abdón Márquez, previo a dar por terminada la entrevista, aclara su postura referente a la aprobación de recibir oficiales estatales en el municipio que preside. “Aceptaré a mandos estatales, siempre y cuando vengan y hagan las cosas como marcan la ley, protegiendo a la ciudadanía, no actuando como delincuentes” sentencia.
FUENTE: SIN EMBARGO, BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN, MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-03-2016/1641720
Playa Vicente, Veracruz, 29 de marzo: “A Playa Vicente lo han catalogado como un pueblo inseguro porque los malandros del municipio de Isla, Veracruz han sembrado cadáveres en nuestra frontera. La última vez fue en agosto de 2015. Aventaron nueve cuerpos en menos de un mes. Varios con el tiro de gracia y huellas de tortura”.
Lo anterior lo denuncia el Alcalde Abdón Márquez Márquez, quien en el año de 2014 señaló a Marcos Conde Hernández ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sobre su desempeño como delegado del distrito de Rodríguez Clara.
“No se trataba de un policía, era más bien un delincuente” asegura.
Además considera que de haberle hecho caso el Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, y cesar al Comandante Conde de su puesto se habría evitado la tragedia de los cinco jóvenes de Playa Vicente, un caso conocido como el Ayotzinapa de Tierra Blanca.
“MI POLICÍA ES MÁS CONFIABLE”
El presidente municipal, luego de reiterar las condolencias y el apoyo a los padres del muchacho finado, se da un espacio para hablar sobre la seguridad en su municipio: “Si hay algo en lo que mi gobierno invierte es en la protección de mi gente. Sueldos buenos a los policías para que el día de mañana no se vendan con el crimen organizado”.
De acuerdo con datos proporcionados por el comandante de la policía municipal de Playa Vicente, Daniel Calderón Sánchez, un elemento raso gana 6 mil 600 pesos mensuales, un policía encargado de alguna unidad de patrullaje obtiene 7 mil 400 pesos al mes y al comandante en turno le es retribuida su labor con 19 mil 800 pesos mensuales.
“Nuestros salarios son altos, no hay pretexto para venderse con la maña. La idea es que valoremos nuestro empleo y al que no quiera alinearse lo despedimos.”, asegura Calderón Sánchez, quien durante sus dos años al mando del orden municipal, ha dado de baja al menos a 15 gendarmes.
Por otra parte, Abdón Márquez Márquez acepta que de un total de 41 elementos en la policía municipal sólo nueve están acreditados ante el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, (CEIS). Es decir, un 22 % son acreditables.
La fuerza policial cuenta con siete vehículos oficiales, modelos 2010 – 2016, así como con 67 armas cortas y largas. El rango de agentes operativos es de 22 a 40 años. “Tengo el caso de un oficial de 63 años. No soy quien para despedirlo, a él se le encarga resguardar la Casa de Cultura o clínicas”, explica.
No obstante, el Alcalde argumenta, “podré no tener a todos mis elementos acreditados, pero también todos son de Playa Vicente, conocidos del pueblo. Si llegaran a cometer algo indebido, rápido damos con ellos. Mi policía municipal es más confiable que muchos agentes estatales”, asegura el presidente con voz firme.
“PLAYA VICENTE, PUEBLO GANADERO; TENTADOR PARA LOS BANDIDOS”
Según registros del secretario de la fuerza municipal, los registros de violencia en Playa Vicente se relacionan con el abigeo, o robo de ganado, hurto a casa habitación, a comercios y pleitos entre particulares.
“Sobre todo hay abigeo en la zona. Mientras haya ganado, también habrá quien nos robe. Un carro con reses que se traslada al centro del país tiene un valor de 1 millón cien mil pesos. Entonces, claro que es tentador para los bandidos” explica Márquez Márquez.
Según registros oficiales, la ganadería es el sustento económico de Playa Vicente, así como el limón, el hule y la piña, producto emblemático de la región conocida como la Cuenca del Papaloapan. Se estima que al menos 15 mil toneladas de maíz se cosechen en temporada de otoño – invierno.
“Casi puedo asegurarte que somos el primer lugar en el estado en exportar ganado; 100 mil cabezas al año. Con precio por unidad de entre 15 y 16 mil pesos. Es decir, mil 600 millones de pesos en un año. Pertenecemos a la zona ganadera del centro, la más importante del país”, comparte el Alcalde.
Cabe mencionar que Playa Vicente, posee un total de 54 mil habitantes, solo 10 mil en su cabecera municipal. Alberga a 25 pueblos indígenas. Al menos diez mil personas consideradas analfabetas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (Coneval).
Cuatro de sus pueblos, cada uno con al menos 120 familias, señalados con alta marginación, o pobreza extrema, con base en la revisión del año 2010 de ese Consejo. “A nosotros, a través del Coneval, nos hicieron la revisión en el año 2010, pero les invito que vayan a ver, hemos erradicado casi el 100 por ciento de la miseria” asegura el presidente municipal.
El municipio es beneficiado por programas de asistencia social, de índole federal, como Prospera y la Cruzada Nacional contra el Hambre, cuenta con seis comedores para la gente del alto grado de marginación.
“De esta manera te puedo decir que Playa Vicente es un pueblo autosuficiente, no me queda más que ofrecerles seguridad. Pertenecemos a una zona golpeada por bandas delictivas, pero en nuestro municipio todo marcha a la orden. Nos ha arrastrado la mala imagen de municipios vecinos”, sentencia el Edil.
“ME VINIERON A SEMBRAR CADÁVERES LOS MALANDROS, PERO ESO SE ACABÓ”
“A Playa Vicente lo han catalogado como un pueblo inseguro porque los malandros del municipio de Isla, Veracruz han sembrado cadáveres en nuestra frontera. La última vez fue en agosto de 2015. Nos aventaron nueve cuerpos en menos de un mes”, denuncia Abdón Márquez Márquez.
Daniel Calderón Sánchez, comandante de la policía municipal, señala que el mes de agosto de 2015, se mostró turbulento para el municipio, pues al menos en 30 días fueron hallados nueve occisos en la frontera Plata Vicente – Ciudad Isla.
Los finados presentaban tiros de gracias en las sienes, ataduras en los pies y manos, privados de la vista con trapos mugrosos. Todos marcados con señales de tortura.
Según, relata el comandante Calderón Sánchez, todos fueron identificados y devueltos a sus municipios de origen, Isla, Azueta y Veracruz. “Por la cercanía nos los vieron a aventar, desde entonces se tomaron medidas cautelares”, explica el comandante.
Desde el incidente de agosto del año pasado, las dos fronteras o entradas del municipio, una en Tuxtepec Oaxaca y la segunda en Isla, Veracruz, son vigiladas por dos unidades con 6 policías respectivamente.
“TENEMOS EL MISMO COLOR DE UNIFORME, PERO NO SOMOS COMO LOS ESTATALES”
“En las comunidades, con la mala fama que han tenido los policías estatales, nos ven cuando hacemos rondines que si somos de ellos, no nos quieren porque nada más matan a gente inocente. Yo les digo que entre nosotros y ellos, lo único parecido es el uniforme”.
De acuerdo con el comandante Calderón, la imagen de la policía municipal no estuvo librada de críticas en el trienio pasado, del entonces alcalde Francisco de la O Acosta: “En ese periodo sí hubo falta de compromiso por parte de los compañeros, abusaban de su autoridad y golpeaban a la gente que detenían”.
Por su parte, Abdón Márquez, previo a dar por terminada la entrevista, aclara su postura referente a la aprobación de recibir oficiales estatales en el municipio que preside. “Aceptaré a mandos estatales, siempre y cuando vengan y hagan las cosas como marcan la ley, protegiendo a la ciudadanía, no actuando como delincuentes” sentencia.
FUENTE: SIN EMBARGO, BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN, MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-03-2016/1641720
Persisten niveles alarmantes de agresiones contra activistas: CIDHM
Protesta en contra de feminicidios en Ecatepec. Foto: Proceso |
Las activistas señalaron que las agresiones escalaron desde la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, con un saldo de 36 feminicidios hasta la fecha.
Al presentar el informe “Defensoras somos Todas/2”, Perla Estrada y Juliana Quintanilla apuntaron que la conservación del modelo de seguridad “basado en la militarización del país”, heredado de la administración de Calderón, “no ha significado una disminución en las agresiones hacia mujeres defensoras”.
De acuerdo con el informe, 36 activistas fueron asesinadas de 2001 a 2016, registrándose la mayoría de los crímenes en Guerrero (8), Chihuahua (7) y la Ciudad de México (5). A excepción del caso de Digna Ochoa, ocurrido en 2001, el resto de los feminicidios se reportaron a partir de 2010.
Estrada explicó en rueda de prensa que, a partir de 2006, el número de agresiones a defensoras creció, y se elevó de manera alarmante en los últimos tres años de Calderón, y desde entonces no ha disminuido la violencia contra las activistas.
También explicó que a partir de una encuesta aplicada a 52 defensoras de 21 estados del país, 61% aceptó haber sido agredida, en tanto que 16.3% de los casos ocurrieron en 2014, mientras que en 2009 el porcentaje fue de 11.6, nivel similar al registrado en 2015.
Al recordar que en 2014 la CIDHM emitió su primer informe sobre defensoras, “sin que hasta ahora hayan sido tomadas en cuenta las observaciones”, Estrada explicó que la “violencia psicológica” es la más denunciada (48%), seguida de intimidación gubernamental (31%), hostigamiento (27%), amenazas (25%), difamación (25%) y persecución (17%).
Las activistas denunciaron además otros tipos de violencia detectados, entre ellos la física (21.2%), económica (21.1%), patrimonial (15.4), robo en general (11.5) y violencia sexual (5.8).
La investigación realizada por la CIDHM destaca que 23.1% de las mujeres defensoras agredidas identificó a agentes del Estado como los perpetradores; mientras que 11.5% señaló a “grupos de poder económico”, y un porcentaje similar a “poderes fácticos”. Otras clases de perpetradores de violencia contra activistas son los caciques (9.6), “intimidación paramilitar” (7.7) y grupos del narcotráfico (7%).
Teresa Valdés, de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos (Red TDT), advirtió que a pesar de que desde 2012 está vigente el Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación (Segob), “no se toma en cuenta la condición de mujer para otorgar las medidas de seguridad”.
Incluso destacó que las mujeres defensoras tienen particularidades que no son tomadas en cuenta, “por ejemplo, cuando son amenazadas las advertencias van dirigidas a sus familias”.
La ausencia de la perspectiva de género para la Segob, añadió Perla Estrada, se advierte al momento de pedir información sobre los beneficiarios del Mecanismo, pues “no hay datos desagregados entre hombres y mujeres”.
Luego apuntó que en el estudio realizado por la CIDHM se incluyó el Protocolo de Atención en Casos de Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana, diseñado con perspectiva de género por esta organización, que espera sea tomado en cuenta para ser aplicado por el Mecanismo nacional y en los estados.
Juliana Quintanilla, fundadora del CIDHM hace 26 años, resaltó que la violencia contra las mujeres defensoras se ha visto agravada entre aquellas que defienden recursos naturales y los derechos de las mujeres.
“A lo largo de los años hemos visto el recrudecimiento de la violencia contra mujeres que salen a defender a sus comunidades o a otras mujeres, sobre todo en casos de feminicidio, crimen que se ha extendido en todo el país y que, ante la impunidad, incrementa el riesgo para ejercer la defensa de derechos humanos”, apuntó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
FECHA: 30 MARZO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435242/persisten-niveles-alarmantes-agresiones-contra-activistas-cidhm
Exige Mancera respetar el Reglamento de Tránsito
Ciudad de México. En la Ciudad de México se tiene que respetar el Reglamento de Tránsito, hay que cuidar al peatón y a los ciclistas, aseveró el mandatario capitalino, Miguen Ángel Mancera Espinosa. “Se tiene que usar el transporte público y los automóviles de manera ordenada. Hay un reglamento y se dice que somos muy impositivos; ni modo”, dijo.
Durante la entrega de la segunda etapa del Área de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General La Villa, Mancera Espinosa detalló que un número importante de accidentes se ocasionan dentro del hogar –desde un resbalón hasta una caída–, y los otros en choques entre automovilistas. “El reglamento de transito busca que el número de accidentes se reduzca”, puntualizó.
Con relación a la nueva unidad de servicios médicos, el jefe de gobierno señaló que cuenta con médicos de alta especialidad y la atención será de manera gratuita. Agregó que una terapia puede costar entre 700 y mil pesos diarios en un hospital particular.
Comentó que sólo quien sufre un incidente, que lo puede dejar inmóvil durante mucho tiempo o incluso poner en riesgo su vida, sabe de la importancia de contar con un el apoyo de estos hospitales de rehabilitación sin ningún costo, porque una operación de columna suele costar entre medio millón y un millón de pesos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GABRIELA ROMERO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/31/defiende-mancera-al-reglamento-de-transito-capitalino-9610.html
Durante la entrega de la segunda etapa del Área de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General La Villa, Mancera Espinosa detalló que un número importante de accidentes se ocasionan dentro del hogar –desde un resbalón hasta una caída–, y los otros en choques entre automovilistas. “El reglamento de transito busca que el número de accidentes se reduzca”, puntualizó.
Con relación a la nueva unidad de servicios médicos, el jefe de gobierno señaló que cuenta con médicos de alta especialidad y la atención será de manera gratuita. Agregó que una terapia puede costar entre 700 y mil pesos diarios en un hospital particular.
Comentó que sólo quien sufre un incidente, que lo puede dejar inmóvil durante mucho tiempo o incluso poner en riesgo su vida, sabe de la importancia de contar con un el apoyo de estos hospitales de rehabilitación sin ningún costo, porque una operación de columna suele costar entre medio millón y un millón de pesos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GABRIELA ROMERO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/31/defiende-mancera-al-reglamento-de-transito-capitalino-9610.html
PRD pide a CNDH actuar contra ley de fuerza pública en Edomex
Ciudad de México. La dirigencia nacional del PRD solicitó al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la ley que regula el uso de la fuerza pública en el estado de México, que aprobaron, entre otros diputados, los de su partido en la entidad.
El PRD planteó que la norma viola a todas luces los derechos humanos, tales como de libertad de expresión, así como de legalidad y certeza.
Además que "deja entrever la gravedad y evidente transgresión al derecho a la asociación y reunión sin justificación legal".
El presidente del partido, Agustín Basave, pidió a González Pérez que haga uso de sus facultades para la acción de inconstitucionalidad que permita derogar la norma.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA E. MUÑOZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/31/prd-pide-a-cndh-actuar-contra-ley-de-fuerza-publica-en-edomex-259.html
El PRD planteó que la norma viola a todas luces los derechos humanos, tales como de libertad de expresión, así como de legalidad y certeza.
Además que "deja entrever la gravedad y evidente transgresión al derecho a la asociación y reunión sin justificación legal".
El presidente del partido, Agustín Basave, pidió a González Pérez que haga uso de sus facultades para la acción de inconstitucionalidad que permita derogar la norma.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA E. MUÑOZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/31/prd-pide-a-cndh-actuar-contra-ley-de-fuerza-publica-en-edomex-259.html
“La sorpresiva participación de la “izquierda” del PRD, colaboró en la arbitrariedad de la Ley Atenco, denuncian
“La puerta a la arbitrariedad se abrió de manera más cínica porque el gobierno del Estado de México tuvo apoyo en distintas fracciones políticas, incluida la sorpresiva participación de una izquierda a la que se le podría cuestionar fácilmente si lo es o no, con éste tipo de actos.
En días anteriores se daba a conocer que el documento de la llamada Ley ‘Atenco’ y/o Ley ‘Eruviel’, se enfocó en el uso de la fuerza en cualquier momento, si bien es cierto, hubo un diputado perredista que agregó: ‘cuando sea excepcional, estrictamente necesario e inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso de armas letales’, no existe una mayor diferencia, porque en su conjunto ese artículo es ambiguo.
Porque quienes determinarán si se debe o no usar la fuerza pública, porque es ‘inevitable’, serán los elementos policiacos, así que ellos pueden prácticamente decidir bajo su decisión abierta lo que para ellos es ‘necesario’, en eso justamente debieron pensar los de izquierda perredista, si tuvieron la oportunidad de modificar el documento, debieron en primera participar en uno que hablara de la regulación de la fuerza pública que daría como resultado, verdaderas limitantes a los elementos de seguridad pública, pero esto abiertamente se lee represivo, dan vía libre y no hicieron nada para eliminar dichos conceptos, el PRD no puede jactarse que contribuyó a cambiar algo, que sigue siendo ambiguo y de libre interpretación y es libertad se le otorga a los elementos policiacos que, los hechos demuestran, son, en la mayoría de los casos, tan peligrosamente violentos como los mismos delincuentes”, asevera a Revolución TRESPUNTOCERO la abogada penalista Sofía Astorga, especialista en Derechos Humanos y colaboradora de HRW en España.
La llamada Ley ‘Eruviel’, explica la especialista, tiene distintas ‘deficiencias’ que se engloban en la falta de definiciones precisas, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la inclusión de causales de uso de la fuerza que, “aún con la ‘supuesta’ limitante que indica el diputado perredista, resultan excesivamente amplias, nuevamente a la mujer se le deja en el olvido, no existe con la ausencia de perspectiva de género y la falta de persecución efectiva de la tortura sexual, física y psicológica, solamente por mencionar algunas de las tantas fallas por las cuales está plagada”, agrega.
Según el marco internacional de derechos humanos, el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso para las autoridades, y solo está autorizado ante ciertas circunstancias de carácter excepcional. “Sin embargo, el artículo 40 de la iniciativa contraviene esta obligación al establecer que; ‘el que el uso de la fuerza sea el último recurso no significa que no podrá usarse como primera opción’ cínica y descaradamente, Ávila y quienes votaron a favor de esta ley envían a una serie de daños graves físicos y mortales a la población que ve en la manifestación un desesperado recurso por ver cumplidos sus derechos”, dice Astorga.
En opinión del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, “la calificación de manifestaciones como violentas supone la criminalización de todas las personas participantes de una de ellas y podría generar el incentivo perverso de crear deliberadamente incidentes violentos contra manifestaciones para legitimar la posterior represión policial”.
Sobre el tema, el diputado de MORENA, Marco Antonio Ramírez, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, que “un partido de izquierda que se posiciona a favor que se violen los derechos humanos no se puede decir que pertenece a esta corriente. Porque la izquierda en el país y también en América Latina está forjada a partir de movimientos sociales, por eso una institución política con dicha ideología evitaría una decisión así, en este caso prácticamente acepta reprimir los movimientos y manifestaciones, eso de ninguna manera es izquierda.
Afortunadamente, en el Estado de México el único partido de izquierda votó en contra, Morena actuó en consecuencia a su línea política. Porque es muy fácil decirse de izquierda pero es en las votaciones y en las acciones es donde realmente se demuestra. El PRD por una cuestión política quieren seguir diciéndose de izquierda, sin embargo siguen votando con el régimen, siguen votando con la derecha”.
El legislador afirma que, en la exposición de motivos de dicha ley, se dice que hay que legislar para regular el uso de la fuerza pública, “lo cual es algo que se ha estado buscando a nivel nacional e internacional, el problema con el Estado de México, es que bajo ese pretexto, nos presenta una ley que legitima el uso de la fuerza pública, jamás lo regula.
Por el contrario violan los derechos humanos. Nos están mostrando es una ley de legitimación del uso de la fuerza pública, porque en el Estado de México las manifestaciones siempre han sido reprimidas con gran coraje, sin duda alguna se requiere una ley que detenga este tipo de fuerza en la entidad, pero jamás una que legitime el uso y abuso de la fuerza pública”, sentencia el legislador.
Desde 2015, pueblos originarios y organizaciones sociales mexiquenses, han denunciado constantemente, que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y el de Eruviel Ávila, así como diversos gobiernos municipales, reprimen mediante persecución, amenazas de órdenes de aprehensión, detenciones y hasta asesinatos a quienes se organizan en la entidad para defender su territorio y derechos humanos.
Sobre el tema, Carlos Sampedro de Enlace del Fuego de la Digna Resistencia, menciona a Revolución TRESPUNTOCERO, que aún cuando, Cruz Juvenal Roa Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura mexiquense, declaró que se obedecía a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la regulación del uso de la fuerza pública, “nosotros sabemos que dicho órgano internacional en su momento habló de protección a personas extranjeras, pero hicieron mención de la Corte, para quedar bien, para decir que retomaron recomendaciones del organismo, pero en su conjunto, en toda la ley no se encuentra nada más de otras recomendaciones.
Entonces partiendo del hecho que tenemos fundamentos para hablar de una legislación represiva, el 11 de abril vamos a interponer amparos, será una primera estrategia y será para la defensa de los principios básicos de la libre manifestación, se interpondrán por parte de compañeros de movimientos sociales, quienes son los más vulnerables, sin embargo si se da paso y entra en vigor, habrá un segundo acto de amparos donde se lleve a cabo interposición masiva por parte de todas las organizaciones y miembros de estos movimiento, al mismo tiempo y a la misma hora”.
A su vez, menciona que el gobernador dijo que ‘suavizará’ la ley y que será la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien haga las respectivas observaciones, “pero lo que intenta es cambiar algunas partes, sin embargo, está llena de ambigüedades, porque otorga libertad para uso de armas de fuego, que los mandos decidan si es legal o ilegal una manifestación, entonces mientras exista este tipo de deficiencias le cambien lo que le cambien, da paso a que exista represión y que se violen los derechos fundamentales.
Sabemos que el PRD y otros partidos votaron a favor de la ley, también sabemos que muchas veces los partidos políticos a veces negocian para posicionarse dentro de las fuerzas del congreso, aun así nosotros no estamos planteando una defensa y una lucha de esta ley desde algún tipo de partido político, nosotros creemos que la exigencia de libertad vendrá de las mismas comunidades y organizaciones”, asegura.
En tanto el abogado Antonio Lara Duque, quien ha encabezado el posicionamiento de diversas organizaciones civiles, en contra de la ley Eruviel, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, que “el principal objetivo de dicha legislación es reprimir, puesto que ya lo han hecho durante décadas a los pueblos del Estado, aquí se trata de ejercer la impunidad (gubernamental) es ese el sentido de esta nueva legislación”.
Lara Duque expresa que tiene conocimientos que, en su totalidad el congreso local sabía de la iniciativa de ley desde diciembre, pero no lo quisieron hacer público, “en el momento en que se presentó la iniciativa aquel que se diga representante popular, lo mínimo que debió de haber hecho fue poner en conocimiento este hecho a la sociedad mexiquense sin embargo no hicieron.
Porque existe una estrategia no sólo estatal, sino nacional en términos de legalizar la represión, y debo subrayar, es porque no han podido imponer sus megaproyectos y reformas de ley en contra de las poblaciones; los políticos simplemente están refrendando su vocación, ya que ellos representan los intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales”.
El abogado afirma que el gobierno estatal cree que reprimiendo se podrá interponer los megaproyectos, sin embargo, con todo y la ley se seguirá defendiendo las tierras, los recursos naturales, el territorio y su dignidad, esto no está sujeto a una voluntad de políticos y empresarios. “Es por ello que, en el contexto de un aniversario más de la tragedia de Atenco, estamos llamando a una gran manifestación que repercutirá en el Estado de México, Distrito Federal y estaremos buscando que se realicen otras partes del país, porque es importante que nos manifestemos para defender las conquistas democráticas y los derechos humanos que tanto nos ha costado construir en este país. Y que si se han dificultado ha sido gracias a las políticas represoras de los partidos políticos en el poder”, asevera.
Sobre el anunció que envía Eruviel Ávila sobre ‘suavizar’ la ley, Lara Duque comenta “no puede hablarse de suavizar una violación a los derechos humanos, porque éstas no se suavizan, simple y sencillamente no se cometen, por eso nosotros estamos haciendo un respetuoso llamado (y reto) a un debate público en donde esté presente Eruviel Ávila y los representantes de la Cámara de Diputados, para que den cara a la sociedad mexiquense y del país en su totalidad.
Queremos debatir las ideas, y sabemos que organizándonos vamos a derrotar al absurdo totalitarismo que se pretende imponer y que busca que dé como resultado la represión en el Estado de México”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EMMA MARTÍNEZ.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/la-sorpresiva-participacion-de-la-izquierda-del-prd-colaboro-en-la-arbitrariedad-de-la-ley-atenco-denuncian/
En días anteriores se daba a conocer que el documento de la llamada Ley ‘Atenco’ y/o Ley ‘Eruviel’, se enfocó en el uso de la fuerza en cualquier momento, si bien es cierto, hubo un diputado perredista que agregó: ‘cuando sea excepcional, estrictamente necesario e inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso de armas letales’, no existe una mayor diferencia, porque en su conjunto ese artículo es ambiguo.
Porque quienes determinarán si se debe o no usar la fuerza pública, porque es ‘inevitable’, serán los elementos policiacos, así que ellos pueden prácticamente decidir bajo su decisión abierta lo que para ellos es ‘necesario’, en eso justamente debieron pensar los de izquierda perredista, si tuvieron la oportunidad de modificar el documento, debieron en primera participar en uno que hablara de la regulación de la fuerza pública que daría como resultado, verdaderas limitantes a los elementos de seguridad pública, pero esto abiertamente se lee represivo, dan vía libre y no hicieron nada para eliminar dichos conceptos, el PRD no puede jactarse que contribuyó a cambiar algo, que sigue siendo ambiguo y de libre interpretación y es libertad se le otorga a los elementos policiacos que, los hechos demuestran, son, en la mayoría de los casos, tan peligrosamente violentos como los mismos delincuentes”, asevera a Revolución TRESPUNTOCERO la abogada penalista Sofía Astorga, especialista en Derechos Humanos y colaboradora de HRW en España.
La llamada Ley ‘Eruviel’, explica la especialista, tiene distintas ‘deficiencias’ que se engloban en la falta de definiciones precisas, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la inclusión de causales de uso de la fuerza que, “aún con la ‘supuesta’ limitante que indica el diputado perredista, resultan excesivamente amplias, nuevamente a la mujer se le deja en el olvido, no existe con la ausencia de perspectiva de género y la falta de persecución efectiva de la tortura sexual, física y psicológica, solamente por mencionar algunas de las tantas fallas por las cuales está plagada”, agrega.
Según el marco internacional de derechos humanos, el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso para las autoridades, y solo está autorizado ante ciertas circunstancias de carácter excepcional. “Sin embargo, el artículo 40 de la iniciativa contraviene esta obligación al establecer que; ‘el que el uso de la fuerza sea el último recurso no significa que no podrá usarse como primera opción’ cínica y descaradamente, Ávila y quienes votaron a favor de esta ley envían a una serie de daños graves físicos y mortales a la población que ve en la manifestación un desesperado recurso por ver cumplidos sus derechos”, dice Astorga.
En opinión del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, “la calificación de manifestaciones como violentas supone la criminalización de todas las personas participantes de una de ellas y podría generar el incentivo perverso de crear deliberadamente incidentes violentos contra manifestaciones para legitimar la posterior represión policial”.
Sobre el tema, el diputado de MORENA, Marco Antonio Ramírez, declara a Revolución TRESPUNTOCERO, que “un partido de izquierda que se posiciona a favor que se violen los derechos humanos no se puede decir que pertenece a esta corriente. Porque la izquierda en el país y también en América Latina está forjada a partir de movimientos sociales, por eso una institución política con dicha ideología evitaría una decisión así, en este caso prácticamente acepta reprimir los movimientos y manifestaciones, eso de ninguna manera es izquierda.
Afortunadamente, en el Estado de México el único partido de izquierda votó en contra, Morena actuó en consecuencia a su línea política. Porque es muy fácil decirse de izquierda pero es en las votaciones y en las acciones es donde realmente se demuestra. El PRD por una cuestión política quieren seguir diciéndose de izquierda, sin embargo siguen votando con el régimen, siguen votando con la derecha”.
El legislador afirma que, en la exposición de motivos de dicha ley, se dice que hay que legislar para regular el uso de la fuerza pública, “lo cual es algo que se ha estado buscando a nivel nacional e internacional, el problema con el Estado de México, es que bajo ese pretexto, nos presenta una ley que legitima el uso de la fuerza pública, jamás lo regula.
Por el contrario violan los derechos humanos. Nos están mostrando es una ley de legitimación del uso de la fuerza pública, porque en el Estado de México las manifestaciones siempre han sido reprimidas con gran coraje, sin duda alguna se requiere una ley que detenga este tipo de fuerza en la entidad, pero jamás una que legitime el uso y abuso de la fuerza pública”, sentencia el legislador.
Desde 2015, pueblos originarios y organizaciones sociales mexiquenses, han denunciado constantemente, que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y el de Eruviel Ávila, así como diversos gobiernos municipales, reprimen mediante persecución, amenazas de órdenes de aprehensión, detenciones y hasta asesinatos a quienes se organizan en la entidad para defender su territorio y derechos humanos.
Sobre el tema, Carlos Sampedro de Enlace del Fuego de la Digna Resistencia, menciona a Revolución TRESPUNTOCERO, que aún cuando, Cruz Juvenal Roa Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura mexiquense, declaró que se obedecía a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la regulación del uso de la fuerza pública, “nosotros sabemos que dicho órgano internacional en su momento habló de protección a personas extranjeras, pero hicieron mención de la Corte, para quedar bien, para decir que retomaron recomendaciones del organismo, pero en su conjunto, en toda la ley no se encuentra nada más de otras recomendaciones.
Entonces partiendo del hecho que tenemos fundamentos para hablar de una legislación represiva, el 11 de abril vamos a interponer amparos, será una primera estrategia y será para la defensa de los principios básicos de la libre manifestación, se interpondrán por parte de compañeros de movimientos sociales, quienes son los más vulnerables, sin embargo si se da paso y entra en vigor, habrá un segundo acto de amparos donde se lleve a cabo interposición masiva por parte de todas las organizaciones y miembros de estos movimiento, al mismo tiempo y a la misma hora”.
A su vez, menciona que el gobernador dijo que ‘suavizará’ la ley y que será la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien haga las respectivas observaciones, “pero lo que intenta es cambiar algunas partes, sin embargo, está llena de ambigüedades, porque otorga libertad para uso de armas de fuego, que los mandos decidan si es legal o ilegal una manifestación, entonces mientras exista este tipo de deficiencias le cambien lo que le cambien, da paso a que exista represión y que se violen los derechos fundamentales.
Sabemos que el PRD y otros partidos votaron a favor de la ley, también sabemos que muchas veces los partidos políticos a veces negocian para posicionarse dentro de las fuerzas del congreso, aun así nosotros no estamos planteando una defensa y una lucha de esta ley desde algún tipo de partido político, nosotros creemos que la exigencia de libertad vendrá de las mismas comunidades y organizaciones”, asegura.
En tanto el abogado Antonio Lara Duque, quien ha encabezado el posicionamiento de diversas organizaciones civiles, en contra de la ley Eruviel, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, que “el principal objetivo de dicha legislación es reprimir, puesto que ya lo han hecho durante décadas a los pueblos del Estado, aquí se trata de ejercer la impunidad (gubernamental) es ese el sentido de esta nueva legislación”.
Lara Duque expresa que tiene conocimientos que, en su totalidad el congreso local sabía de la iniciativa de ley desde diciembre, pero no lo quisieron hacer público, “en el momento en que se presentó la iniciativa aquel que se diga representante popular, lo mínimo que debió de haber hecho fue poner en conocimiento este hecho a la sociedad mexiquense sin embargo no hicieron.
Porque existe una estrategia no sólo estatal, sino nacional en términos de legalizar la represión, y debo subrayar, es porque no han podido imponer sus megaproyectos y reformas de ley en contra de las poblaciones; los políticos simplemente están refrendando su vocación, ya que ellos representan los intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales”.
El abogado afirma que el gobierno estatal cree que reprimiendo se podrá interponer los megaproyectos, sin embargo, con todo y la ley se seguirá defendiendo las tierras, los recursos naturales, el territorio y su dignidad, esto no está sujeto a una voluntad de políticos y empresarios. “Es por ello que, en el contexto de un aniversario más de la tragedia de Atenco, estamos llamando a una gran manifestación que repercutirá en el Estado de México, Distrito Federal y estaremos buscando que se realicen otras partes del país, porque es importante que nos manifestemos para defender las conquistas democráticas y los derechos humanos que tanto nos ha costado construir en este país. Y que si se han dificultado ha sido gracias a las políticas represoras de los partidos políticos en el poder”, asevera.
Sobre el anunció que envía Eruviel Ávila sobre ‘suavizar’ la ley, Lara Duque comenta “no puede hablarse de suavizar una violación a los derechos humanos, porque éstas no se suavizan, simple y sencillamente no se cometen, por eso nosotros estamos haciendo un respetuoso llamado (y reto) a un debate público en donde esté presente Eruviel Ávila y los representantes de la Cámara de Diputados, para que den cara a la sociedad mexiquense y del país en su totalidad.
Queremos debatir las ideas, y sabemos que organizándonos vamos a derrotar al absurdo totalitarismo que se pretende imponer y que busca que dé como resultado la represión en el Estado de México”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: EMMA MARTÍNEZ.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/la-sorpresiva-participacion-de-la-izquierda-del-prd-colaboro-en-la-arbitrariedad-de-la-ley-atenco-denuncian/
Hacker relata supuesto espionaje a López Obrador y Vázquez Mota, a favor de Peña
Andrés Sepúlveda narró a Bloomberg Businessweek sus supuestas operaciones para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 . Dijo que creó un ejército de 'bots' en Twitter y que utilizó software para espiar a la oposición del priista.
Un hacker asegura haber intervenido, en 2012, las comunicaciones de los entonces candidatos presidenciales Andrés Manuel López obrador y Josefina Vázquez Mita, pagado por el priista Enrique Peña Nieto.
El hacker, Andrés Sepúlveda, contó a la revista Bloomberg Businessweek que tuvo un presupuesto de 600,000 dólares, dedicado a tareas como crear un ejército de cuentas falsas en Twitter, para que operaran a favor de Peña Nieto.
“El equipo de Sepúlveda instaló software malicioso en los routers en la sede del candidato del PRD (Andrés Manuel López Obrador, en 2012), lo que le permitió acceder a los móviles y los ordenadores de cualquier persona que utilizara la red, incluyendo el candidato”, se lee en el texto de la revista, titulado How to Hack an Election.
“Él tomó medidas similares en contra de Vázquez Mota, candidata del PAN. Cuando los equipos de los candidatos preparaban discursos políticos, Sepúlveda tenía los detalles tan pronto como los dedos de un redactor de discursos golpearon el teclado. Sepúlveda vio reuniones futuras de los oponentes y los horarios de campaña antes de que sus propios equipos lo hicieran”, agrega.
Según el artículo, Sepúlveda gastó casi 50,000 dólares en software ruso que le permitió intervenir teléfonos Apple, Blackberry y Android.
También gastó en crear perfiles falsos de Twitter, que mantuvo en operación al menos un año, para darles un toque de credibilidad.
“Sepúlveda manejó miles de estos perfiles falsos y los utilizó las cuentas para dar forma a la discusión en torno a temas como el plan de Peña Nieto para poner fin a la violencia del narcotráfico”, indica el artículo.
De acuerdo con el reportaje, Sepúlveda logró crear un ejército de 30,000 bots de Twitter. Y así, inició conversaciones en redes sociales, como la de que entre más creciera la candidatura de López Obrador, más se hundiría el valor del peso.
“Sepúlveda sabía que el tema de la moneda era una vulnerabilidad importante; lo había leído en las propias notas internas del candidato”, apuntó el texto periodístico.
En la noche de la elección presidencial, según el relato que publicó Bloomberg Businessweek, Sepúlveda tenía computadoras haciendo miles de llamadas en la madrugada a los votantes en Jalisco, con mensajes pregrabados. Parecía que las llamadas eran del candidato de izquierda, Enrique Alfaro Ramírez, lo que molestó a los votantes.
Bloomberg Businessweek indicó que hizo una llamada a la oficina de prensa de Peña Nieto, pero se negaron a hacer un comentario sobre el contenido del artículo.
En tanto, un portavoz del PRI respondió que no tenían conocimiento de que el equipo vinculado con Sepúlveda hubiera trabajado con Peña Nieto, o con alguna otra campaña priista.
Sin embargo Sepúlveda dijo que usualmente estaba en la nómina de Juan José Rendón, un consultor político con sede en Miami. Y Rendón dijo que ha trabajado en nombre de los candidatos del PRI en México desde hace 16 años, a partir de agosto de 2000 y hasta la actualidad.
Rendón, a su vez, negó haya trabajado con Sepúlveda en algún asunto ilegal.
“Categóricamente niega el relato que Sepúlveda dio a Bloomberg Businessweek de su relación, pero admitió conocerlo y haberlo empleado para hacer diseño de sitios web”, indicó la revista.
Sepúlveda dio a Bloomberg Businessweek lo que dijo son correos electrónicos que muestran conversaciones entre él y Rendón, respecto a operaciones de hackeo para las campañas.
Rendón dijo que los correos electrónicos son falsos, pero un análisis realizado por una firma de seguridad informática independiente, según Bloomberg Businessweek, mostró que los mensajes parecían auténticos.
En el artículo de Bloomberg Businessweek, se apunta que Sepúlveda, en la noche de la elección presidencial que ganó Peña Nieto, al conocer su victoria, destruyó documentos, teléfonos celulares y discos duros, utilizados para trabajar a favor del político priista.
“Él estaba desmantelando lo que dice que fue una historia secreta de una de las campañas más sucias de América Latina en los últimos tiempos”, relató Bloomberg Businessweek.
“Él dirigió a un equipo de hackers que robó estrategias de campaña, manipuló medios sociales para crear falsas oleadas de entusiasmo y burla, e instaló software espía en las oficinas de la oposición, todo para ayudar a Peña Nieto”, agregó.
“Ha accedido a contar su historia completa por primera vez, con la esperanza de convencer al público de que está rehabilitado y recolectar la ayuda de una sentencia reducida”.
Ahora mismo, de acuerdo con la revista, Sepúlveda está preso, cumpliendo una condena de 10 años de prisión por cargos que incluyen el uso de software malicioso, conspiración para cometer crímenes, violación de los datos personales y espionaje, relacionados con el hackeo durante las elecciones presidenciales de Colombia de 2014.
ARTICULO
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/hacker-relata-supuesto-espionaje-a-lopez-obrador-y-vazquez-mota-a-favor-de-pena/
Un hacker asegura haber intervenido, en 2012, las comunicaciones de los entonces candidatos presidenciales Andrés Manuel López obrador y Josefina Vázquez Mita, pagado por el priista Enrique Peña Nieto.
El hacker, Andrés Sepúlveda, contó a la revista Bloomberg Businessweek que tuvo un presupuesto de 600,000 dólares, dedicado a tareas como crear un ejército de cuentas falsas en Twitter, para que operaran a favor de Peña Nieto.
“El equipo de Sepúlveda instaló software malicioso en los routers en la sede del candidato del PRD (Andrés Manuel López Obrador, en 2012), lo que le permitió acceder a los móviles y los ordenadores de cualquier persona que utilizara la red, incluyendo el candidato”, se lee en el texto de la revista, titulado How to Hack an Election.
“Él tomó medidas similares en contra de Vázquez Mota, candidata del PAN. Cuando los equipos de los candidatos preparaban discursos políticos, Sepúlveda tenía los detalles tan pronto como los dedos de un redactor de discursos golpearon el teclado. Sepúlveda vio reuniones futuras de los oponentes y los horarios de campaña antes de que sus propios equipos lo hicieran”, agrega.
Según el artículo, Sepúlveda gastó casi 50,000 dólares en software ruso que le permitió intervenir teléfonos Apple, Blackberry y Android.
También gastó en crear perfiles falsos de Twitter, que mantuvo en operación al menos un año, para darles un toque de credibilidad.
“Sepúlveda manejó miles de estos perfiles falsos y los utilizó las cuentas para dar forma a la discusión en torno a temas como el plan de Peña Nieto para poner fin a la violencia del narcotráfico”, indica el artículo.
De acuerdo con el reportaje, Sepúlveda logró crear un ejército de 30,000 bots de Twitter. Y así, inició conversaciones en redes sociales, como la de que entre más creciera la candidatura de López Obrador, más se hundiría el valor del peso.
“Sepúlveda sabía que el tema de la moneda era una vulnerabilidad importante; lo había leído en las propias notas internas del candidato”, apuntó el texto periodístico.
En la noche de la elección presidencial, según el relato que publicó Bloomberg Businessweek, Sepúlveda tenía computadoras haciendo miles de llamadas en la madrugada a los votantes en Jalisco, con mensajes pregrabados. Parecía que las llamadas eran del candidato de izquierda, Enrique Alfaro Ramírez, lo que molestó a los votantes.
Bloomberg Businessweek indicó que hizo una llamada a la oficina de prensa de Peña Nieto, pero se negaron a hacer un comentario sobre el contenido del artículo.
En tanto, un portavoz del PRI respondió que no tenían conocimiento de que el equipo vinculado con Sepúlveda hubiera trabajado con Peña Nieto, o con alguna otra campaña priista.
Sin embargo Sepúlveda dijo que usualmente estaba en la nómina de Juan José Rendón, un consultor político con sede en Miami. Y Rendón dijo que ha trabajado en nombre de los candidatos del PRI en México desde hace 16 años, a partir de agosto de 2000 y hasta la actualidad.
Rendón, a su vez, negó haya trabajado con Sepúlveda en algún asunto ilegal.
“Categóricamente niega el relato que Sepúlveda dio a Bloomberg Businessweek de su relación, pero admitió conocerlo y haberlo empleado para hacer diseño de sitios web”, indicó la revista.
Sepúlveda dio a Bloomberg Businessweek lo que dijo son correos electrónicos que muestran conversaciones entre él y Rendón, respecto a operaciones de hackeo para las campañas.
Rendón dijo que los correos electrónicos son falsos, pero un análisis realizado por una firma de seguridad informática independiente, según Bloomberg Businessweek, mostró que los mensajes parecían auténticos.
En el artículo de Bloomberg Businessweek, se apunta que Sepúlveda, en la noche de la elección presidencial que ganó Peña Nieto, al conocer su victoria, destruyó documentos, teléfonos celulares y discos duros, utilizados para trabajar a favor del político priista.
“Él estaba desmantelando lo que dice que fue una historia secreta de una de las campañas más sucias de América Latina en los últimos tiempos”, relató Bloomberg Businessweek.
“Él dirigió a un equipo de hackers que robó estrategias de campaña, manipuló medios sociales para crear falsas oleadas de entusiasmo y burla, e instaló software espía en las oficinas de la oposición, todo para ayudar a Peña Nieto”, agregó.
“Ha accedido a contar su historia completa por primera vez, con la esperanza de convencer al público de que está rehabilitado y recolectar la ayuda de una sentencia reducida”.
Ahora mismo, de acuerdo con la revista, Sepúlveda está preso, cumpliendo una condena de 10 años de prisión por cargos que incluyen el uso de software malicioso, conspiración para cometer crímenes, violación de los datos personales y espionaje, relacionados con el hackeo durante las elecciones presidenciales de Colombia de 2014.
ARTICULO
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/hacker-relata-supuesto-espionaje-a-lopez-obrador-y-vazquez-mota-a-favor-de-pena/
Sigue abierta la investigación por violaciones a derechos en Tlatlaya: PGR tras absolución de juez militar a 6 soldados
Un juzgado militar dictó sentencia absolutoria a seis de los siete militares que presuntamente participaron en la ejecución de 22 personas en Tlatlaya; PGR indicó que se realizan actuaciones ministeriales en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos.
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta sobre el caso Tlatlaya, para deslindar responsabilidades respecto a las denuncias por violaciones graves a los derechos humanos, informó la Procuraduría General de la República (PGR), en un comunicado difundida este jueves 31 de marzo.
“Derivado de la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta, en la cual se están realizando diversas actuaciones ministeriales para deslindar responsabilidades en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos”, indicó la PGR.
“En esta investigación, atendiendo el marco legal aplicable y al debido proceso, la PGR deberá contar con la ratificación, por parte de la víctima, de las pruebas y escritos que ha ofrecido”, agregó.
Un día antes el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ProDH) informó que el juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones a los deberes militares a seis de los siete militares que presuntamente participaron en la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México.
Un séptimo militar más fue condenado a un año de prisión por desobediencia, aunque ya cumplió la condena.
Además de este proceso, se sigue otro en la justicia federal.
“La Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ejerció acción penal contra siete militares, tres por el delito de homicidio y cuatro por diversos ilícitos”, detalló la PGR en su tarjeta informativa.
“Al respecto, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión a tres elementos castrenses por el delito de homicidio calificado, quienes se encuentran en prisión, y determinó el auto de libertad a los cuatro restantes, por ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento”, agregó.
El 30 de junio de 2014, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, se registró un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y supuestos delincuentes, dejando como saldo 22 jóvenes muertos.
El suceso se dio a conocer en septiembre de ese año, cuando la revista Esquire y la agencia de noticias Associated Press publicaron -con base en testimonios de víctimas sobrevivientes- que en Tlatlaya el Ejército ejecutó extrajudicialmente a civiles.
El 21 de octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2014, en la que concluyó que entre 12 y 15 personas habrían sido ejecutadas por personal militar en Tlatlaya.
Los otros pendientes
Otra parte de las investigaciones que esta aún abierta en el caso Tlatlaya es la averiguación previa de la PGR donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de “abatir”.
Asimismo, queda pendiente el cumplimiento del amparo ganado por la víctima Clara Gómez González para que la Justicia militar no siga conociendo los hechos. El expediente fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hay una tendencia a dejar el caso en la opacidad: Centro ProDH
Tras darse a conocer la resolución del juez, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ProDH) advirtió que el caso Tlatlaya “se encamina a quedar impune”.
Para el Centro ProDH, la exoneración de los militares “confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense –dado que ésta permita que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”.
“Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”, subrayó el centro de derechos humanos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/juez-absuelve-a-seis-militares-por-el-caso-tlatlaya/
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta sobre el caso Tlatlaya, para deslindar responsabilidades respecto a las denuncias por violaciones graves a los derechos humanos, informó la Procuraduría General de la República (PGR), en un comunicado difundida este jueves 31 de marzo.
“Derivado de la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad mantiene una investigación abierta, en la cual se están realizando diversas actuaciones ministeriales para deslindar responsabilidades en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos”, indicó la PGR.
“En esta investigación, atendiendo el marco legal aplicable y al debido proceso, la PGR deberá contar con la ratificación, por parte de la víctima, de las pruebas y escritos que ha ofrecido”, agregó.
Un día antes el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ProDH) informó que el juzgado sexto militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones a los deberes militares a seis de los siete militares que presuntamente participaron en la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México.
Un séptimo militar más fue condenado a un año de prisión por desobediencia, aunque ya cumplió la condena.
Además de este proceso, se sigue otro en la justicia federal.
“La Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ejerció acción penal contra siete militares, tres por el delito de homicidio y cuatro por diversos ilícitos”, detalló la PGR en su tarjeta informativa.
“Al respecto, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión a tres elementos castrenses por el delito de homicidio calificado, quienes se encuentran en prisión, y determinó el auto de libertad a los cuatro restantes, por ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento”, agregó.
El 30 de junio de 2014, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, se registró un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y supuestos delincuentes, dejando como saldo 22 jóvenes muertos.
El suceso se dio a conocer en septiembre de ese año, cuando la revista Esquire y la agencia de noticias Associated Press publicaron -con base en testimonios de víctimas sobrevivientes- que en Tlatlaya el Ejército ejecutó extrajudicialmente a civiles.
El 21 de octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2014, en la que concluyó que entre 12 y 15 personas habrían sido ejecutadas por personal militar en Tlatlaya.
Los otros pendientes
Otra parte de las investigaciones que esta aún abierta en el caso Tlatlaya es la averiguación previa de la PGR donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de “abatir”.
Asimismo, queda pendiente el cumplimiento del amparo ganado por la víctima Clara Gómez González para que la Justicia militar no siga conociendo los hechos. El expediente fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hay una tendencia a dejar el caso en la opacidad: Centro ProDH
Tras darse a conocer la resolución del juez, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro ProDH) advirtió que el caso Tlatlaya “se encamina a quedar impune”.
Para el Centro ProDH, la exoneración de los militares “confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense –dado que ésta permita que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”.
“Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”, subrayó el centro de derechos humanos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Desesperados, empresarios de Acapulco piden tregua a la delincuencia
CIUDAD DE MÉXICO: Hartos de la violencia que priva en el Puerto de Acapulco, que ha provocado el cierre tan sólo en la Costera Miguel Alemán de unos 200 negocios hasta ahora, propietarios de establecimientos comerciales ubicados en esa vía hicieron un llamado a la delincuencia organizada para que decreten una tregua mientras ellos negocian con el gobierno estatal un plan para traer paz.
En rueda de prensa, Laura Caballero Rodríguez, presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos en la Costera dijo: “les pedimos de la manera amable nos den unos días sin violencia mientras llevamos a cabo una reunión con el gobierno estatal y sociedad en general, en la que presentaremos una propuesta de pacificación denominada ‘Pacto con todos por la paz'”.
“Estamos a tiempo de detener este ‘pedacito de guerra’ en el Estado de Guerrero, donde al final no habrá vencedores”, sostuvo, “La violencia no se acabará con la llegada de fuerzas federales a Acapulco”.
“Nos tienen de rodillas, nunca habíamos vivido con tanto miedo aún con más de 4 mil 500 elementos de seguridad”, dijo Caballero Rodríguez.
Y es que en los últimos 11 días en Acapulco han ocurrido 43 homicidios, de acuerdo con el registro del diario El Sur.
Ayer, ciudadanos y empresarios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo, integrantes del colectivo Chat Consejeros Ciudadanos, criticaron que “la violencia ha alcanzado un nivel que nunca habíamos constatado en nuestro querido puerto de Acapulco y entidad federativa”.
En un documento que entregaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, los empresarios señalaron que “la violencia ha traído consecuencias sociales y económicas, reflejadas en las calles, escuelas, hogares y vida diaria”.
“La violencia ha generado un miedo colectivo que ha tocado todo hogar y como sociedad no hemos encontrado respuestas que solucionen esta realidad; la violencia está alterando todo, la violencia paraliza todo”, se lee en el texto, al que tuvo acceso El Sur.
Los empresarios y representantes de organizaciones advierten que los ciudadanos “nos resistimos a seguir viviendo en medio de la violencia”.
En respuesta a los reclamos de los empresarios, Astudillo Flores indicó que no se incomoda ni se ofende de que le señalen el problema de la inseguridad que hay en la entidad. “Sí soy el responsable de enfrentarlo y de dar resultados, esa es mi chamba y lo trato de hacer todos los días”.
La reunión entre los empresarios y el gobernador se llevó a cabo en privado en el salón El Faro del hotel Elcano, ayer por la mañana. Sólo al final se permitió a los reporteros acceder al salón.
De parte de los empresarios no hubo una postura sobre los resultados de la reunión y el gobernador brevemente dijo que se habló de incluir una fracción en la ley de Seguridad Pública para la participación ciudadana.
De acuerdo con el documento, los empresarios solicitaron al gobernador activar los comités de consulta y participación ciudadana en seguridad en el municipio y en el estado, e integrar a un ciudadano al Consejo Estatal de Seguridad Pública con derecho a voz y voto.
Otra de las propuestas es crear la Policía Única en la entidad, que los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) que están al mando de la Secretaría de Seguridad Pública puedan tener pantallas espejo en el Ejército y la Marina. También le solicitaron incrementar las cámaras de vigilancia en las calles de Acapulco.
Los integrantes del Chat propusieron también reformar el artículo 31 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero para adicionar una fracción que permita que un ciudadano pueda participar con voz y voto en el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Asimismo, solicitan que se respete la ley de Seguridad Pública porque en el artículo 76 y 77 se establece la figura de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana Estatal y Municipal pero en la realidad no están operando.
La propuesta incluye que el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana sea quien se integre al Consejo Estatal de Seguridad Pública con los objetivos de que sea vigilante “de la correcta aplicación de los recursos públicos” y que pueda participar “en la construcción de políticas públicas estatales en materia de seguridad”.
Buscan institucionalizar la participación ciudadana
De acuerdo con un boletín de prensa, en la reunión el gobernador firmó el acuerdo mediante el cual se analizará la propuesta para modificar la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con lo que se busca institucionalizar la participación ciudadana en esta materia a través de facultades específicas.
“He firmado, aquí tengo el documento aceptado para su revisión y yo creo que en una semana, yo le voy a pedir al Secretario General de Gobierno (Florencio Salazar Adame), que me haga favor, con el equipo jurídico que depende de él, que nos hagan los comentarios y lo mandemos al Congreso de manera inmediata”, expresó.
El boletín informó que Astudillo Flores reconoció la participación de la sociedad civil organizada para buscar mejores opciones de desarrollo para Guerrero; en este sentido se pronunció en favor de mantener una relación cercana con los representantes de estas organizaciones, para poder construir la ruta de progreso que se requiere en la entidad.
“Vamos a tratar de que este asunto de la organización social que tiene qué ver con su participación en el tema de seguridad lo hagamos y lo hagamos bien. Que nos reunamos periódicamente para que estemos intercambiando puntos de vista, para que ustedes me digan cómo están las cosas”, expuso.
En la reunión estuvieron los secretarios general de Gobierno, Florencio Salazar Adame; de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes; el ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz y el Jefe de la Oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca.
También el presidente del Comité Directivo Estatal de la Concamin, Julián Urióstegui Carbajal; el presidente de la Canadevi Guerrero, Eduardo de la Peña Pintos y el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, José Francisco Salgado.
Los representantes de Coparmex, Grupo ACA, AHETA, Comunidad Politécnica, Canirac, AFET, Mujeres Empresarias, Federación del Colegio de Enfermeras Acción Jurídica Revolucionaria, Grupo Empresarial Guerrero A.C, Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Asociación de Agencias de Viajes, Grupo Jobamex, Consultoría APS Especializada, Colegio de Abogados, Asociación de Ganaderos del Estados de Guerrero.
De acuerdo con el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, José Luis Gallegos Peralta, quien también es integrante del colectivo Chat Consejeros Ciudadanos, estructura de comunicación de líderes de ONG’s y de opinión del estado de Guerrero, el colectivo lo integran organizaciones, asociaciones, colegios, 50 en total. No hay presidente ni dirigente porque todos tienen opiniones.
Explicó que el Chat es una sala virtual en la que todos los integrantes proponen y discuten ideas e información sobre los temas de Guerrero y ayer fue la primera reunión con el gobernador con quien acordaron reunirse trimestralmente para evaluar el avance de las propuestas presentadas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435226/desesperados-comerciantes-acapulco-piden-tregua-a-la-delincuencia
En rueda de prensa, Laura Caballero Rodríguez, presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos en la Costera dijo: “les pedimos de la manera amable nos den unos días sin violencia mientras llevamos a cabo una reunión con el gobierno estatal y sociedad en general, en la que presentaremos una propuesta de pacificación denominada ‘Pacto con todos por la paz'”.
“Estamos a tiempo de detener este ‘pedacito de guerra’ en el Estado de Guerrero, donde al final no habrá vencedores”, sostuvo, “La violencia no se acabará con la llegada de fuerzas federales a Acapulco”.
“Nos tienen de rodillas, nunca habíamos vivido con tanto miedo aún con más de 4 mil 500 elementos de seguridad”, dijo Caballero Rodríguez.
Y es que en los últimos 11 días en Acapulco han ocurrido 43 homicidios, de acuerdo con el registro del diario El Sur.
Ayer, ciudadanos y empresarios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo, integrantes del colectivo Chat Consejeros Ciudadanos, criticaron que “la violencia ha alcanzado un nivel que nunca habíamos constatado en nuestro querido puerto de Acapulco y entidad federativa”.
En un documento que entregaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, los empresarios señalaron que “la violencia ha traído consecuencias sociales y económicas, reflejadas en las calles, escuelas, hogares y vida diaria”.
“La violencia ha generado un miedo colectivo que ha tocado todo hogar y como sociedad no hemos encontrado respuestas que solucionen esta realidad; la violencia está alterando todo, la violencia paraliza todo”, se lee en el texto, al que tuvo acceso El Sur.
Los empresarios y representantes de organizaciones advierten que los ciudadanos “nos resistimos a seguir viviendo en medio de la violencia”.
En respuesta a los reclamos de los empresarios, Astudillo Flores indicó que no se incomoda ni se ofende de que le señalen el problema de la inseguridad que hay en la entidad. “Sí soy el responsable de enfrentarlo y de dar resultados, esa es mi chamba y lo trato de hacer todos los días”.
La reunión entre los empresarios y el gobernador se llevó a cabo en privado en el salón El Faro del hotel Elcano, ayer por la mañana. Sólo al final se permitió a los reporteros acceder al salón.
De parte de los empresarios no hubo una postura sobre los resultados de la reunión y el gobernador brevemente dijo que se habló de incluir una fracción en la ley de Seguridad Pública para la participación ciudadana.
De acuerdo con el documento, los empresarios solicitaron al gobernador activar los comités de consulta y participación ciudadana en seguridad en el municipio y en el estado, e integrar a un ciudadano al Consejo Estatal de Seguridad Pública con derecho a voz y voto.
Otra de las propuestas es crear la Policía Única en la entidad, que los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) que están al mando de la Secretaría de Seguridad Pública puedan tener pantallas espejo en el Ejército y la Marina. También le solicitaron incrementar las cámaras de vigilancia en las calles de Acapulco.
Los integrantes del Chat propusieron también reformar el artículo 31 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero para adicionar una fracción que permita que un ciudadano pueda participar con voz y voto en el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Asimismo, solicitan que se respete la ley de Seguridad Pública porque en el artículo 76 y 77 se establece la figura de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana Estatal y Municipal pero en la realidad no están operando.
La propuesta incluye que el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana sea quien se integre al Consejo Estatal de Seguridad Pública con los objetivos de que sea vigilante “de la correcta aplicación de los recursos públicos” y que pueda participar “en la construcción de políticas públicas estatales en materia de seguridad”.
Buscan institucionalizar la participación ciudadana
De acuerdo con un boletín de prensa, en la reunión el gobernador firmó el acuerdo mediante el cual se analizará la propuesta para modificar la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con lo que se busca institucionalizar la participación ciudadana en esta materia a través de facultades específicas.
“He firmado, aquí tengo el documento aceptado para su revisión y yo creo que en una semana, yo le voy a pedir al Secretario General de Gobierno (Florencio Salazar Adame), que me haga favor, con el equipo jurídico que depende de él, que nos hagan los comentarios y lo mandemos al Congreso de manera inmediata”, expresó.
El boletín informó que Astudillo Flores reconoció la participación de la sociedad civil organizada para buscar mejores opciones de desarrollo para Guerrero; en este sentido se pronunció en favor de mantener una relación cercana con los representantes de estas organizaciones, para poder construir la ruta de progreso que se requiere en la entidad.
“Vamos a tratar de que este asunto de la organización social que tiene qué ver con su participación en el tema de seguridad lo hagamos y lo hagamos bien. Que nos reunamos periódicamente para que estemos intercambiando puntos de vista, para que ustedes me digan cómo están las cosas”, expuso.
En la reunión estuvieron los secretarios general de Gobierno, Florencio Salazar Adame; de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes; el ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz y el Jefe de la Oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca.
También el presidente del Comité Directivo Estatal de la Concamin, Julián Urióstegui Carbajal; el presidente de la Canadevi Guerrero, Eduardo de la Peña Pintos y el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero, José Francisco Salgado.
Los representantes de Coparmex, Grupo ACA, AHETA, Comunidad Politécnica, Canirac, AFET, Mujeres Empresarias, Federación del Colegio de Enfermeras Acción Jurídica Revolucionaria, Grupo Empresarial Guerrero A.C, Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Asociación de Agencias de Viajes, Grupo Jobamex, Consultoría APS Especializada, Colegio de Abogados, Asociación de Ganaderos del Estados de Guerrero.
De acuerdo con el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, José Luis Gallegos Peralta, quien también es integrante del colectivo Chat Consejeros Ciudadanos, estructura de comunicación de líderes de ONG’s y de opinión del estado de Guerrero, el colectivo lo integran organizaciones, asociaciones, colegios, 50 en total. No hay presidente ni dirigente porque todos tienen opiniones.
Explicó que el Chat es una sala virtual en la que todos los integrantes proponen y discuten ideas e información sobre los temas de Guerrero y ayer fue la primera reunión con el gobernador con quien acordaron reunirse trimestralmente para evaluar el avance de las propuestas presentadas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435226/desesperados-comerciantes-acapulco-piden-tregua-a-la-delincuencia
Define INE sanciones por rebase de topes en elección de Constituyente
CIUDAD DE MÉXICO: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) estableció sanciones en materia de fiscalización para la elección de diputados de representación plurinominal a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
En sesión extraordinaria, se aprobó con siete votos a favor y cuatro en contra de los consejeros Beatriz Galindo, Enrique Andrade, Benito Nacif y Javier Santiago.
El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó el proyecto de acuerdo que contempla un catálogo de infracciones en materia de fiscalización y plantea sanciones ante un posible rebase al tope de gastos de campaña.
“Si un candidato independiente incumple la norma y rebasa el tope de gastos de campaña en un cinco por ciento del monto fijado, perderá el derecho a integrar la Asamblea Constituyente”, precisó.
Agregó que en el caso de que algún partido político rebase el límite en una sexagésima parte, no tendrá derecho a la asignación de la última fórmula que, conforme al orden de la lista y la fórmula de asignación, le hubiera correspondido por su votación, y si excede por más una sexagésima parte se aplicará la misma sanción de forma progresiva en la asignación de una fórmula adicional.
“Es el momento oportuno de tomar esta determinación, ante el inicio de las campañas el 18 de abril próximo”.
Por su parte, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, explicó que la elección de la Asamblea Constituyente es atípica, ya que es la única que ha existido en el país en los últimos 100 años.
“La designación de los diputados constituyentes será solamente por representación proporcional y con la participación de candidatos independientes, que no están regidos bajo el principio de mayoría relativa”.
De igual forma, el pleno electoral aprobó la creación del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la Elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, así como para los comicios en el estado de Sinaloa. Este Comité se integrará por los especialistas Rosario Aguilar Pariente, Salma Leticia Jalife Villalón y Rafael Pérez Pascual.
“Los PREP´s forman ya parte de las buenas prácticas de la democracia mexicana, que a lo largo de más de dos décadas han contribuido a disminuir la incertidumbre que ciudadanos y competidores tienen al término de la jornada electoral sobre los resultados electorales”, indicó Córdova Vianello.
En otro punto, avalaron la forma y contenido de las listas nominales de electores que se utilizarán con motivo de las jornadas electorales a celebrarse el próximo 5 de junio, así como el procedimiento para acceso y control de estos instrumentos. Asimismo, conoció el Informe Estadístico Trimestral sobre las solicitudes de acceso y entrega de información del Padrón Electoral y al Lista Nominal de Electores a los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, además de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia.
En la sesión extraordinaria, el Consejo General ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del aviso sobre la liquidación relativa a la pérdida del registro del Partido Humanista, como Partido Político Nacional.
Por unanimidad, los consejeros aprobaron también los Criterios y Reglas Operativas para la distritación federal 2016-2017, así como la matriz que establece la jerarquización de los mismos para su respectiva aplicación para asegurar que en las elecciones federales de 2018 y 2021 exista la distribución de la población en la totalidad de los distritos uninominales del país.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435244/define-ine-sanciones-rebase-topes-en-eleccion-constituyente
En sesión extraordinaria, se aprobó con siete votos a favor y cuatro en contra de los consejeros Beatriz Galindo, Enrique Andrade, Benito Nacif y Javier Santiago.
El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó el proyecto de acuerdo que contempla un catálogo de infracciones en materia de fiscalización y plantea sanciones ante un posible rebase al tope de gastos de campaña.
“Si un candidato independiente incumple la norma y rebasa el tope de gastos de campaña en un cinco por ciento del monto fijado, perderá el derecho a integrar la Asamblea Constituyente”, precisó.
Agregó que en el caso de que algún partido político rebase el límite en una sexagésima parte, no tendrá derecho a la asignación de la última fórmula que, conforme al orden de la lista y la fórmula de asignación, le hubiera correspondido por su votación, y si excede por más una sexagésima parte se aplicará la misma sanción de forma progresiva en la asignación de una fórmula adicional.
“Es el momento oportuno de tomar esta determinación, ante el inicio de las campañas el 18 de abril próximo”.
Por su parte, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, explicó que la elección de la Asamblea Constituyente es atípica, ya que es la única que ha existido en el país en los últimos 100 años.
“La designación de los diputados constituyentes será solamente por representación proporcional y con la participación de candidatos independientes, que no están regidos bajo el principio de mayoría relativa”.
De igual forma, el pleno electoral aprobó la creación del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la Elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, así como para los comicios en el estado de Sinaloa. Este Comité se integrará por los especialistas Rosario Aguilar Pariente, Salma Leticia Jalife Villalón y Rafael Pérez Pascual.
“Los PREP´s forman ya parte de las buenas prácticas de la democracia mexicana, que a lo largo de más de dos décadas han contribuido a disminuir la incertidumbre que ciudadanos y competidores tienen al término de la jornada electoral sobre los resultados electorales”, indicó Córdova Vianello.
En otro punto, avalaron la forma y contenido de las listas nominales de electores que se utilizarán con motivo de las jornadas electorales a celebrarse el próximo 5 de junio, así como el procedimiento para acceso y control de estos instrumentos. Asimismo, conoció el Informe Estadístico Trimestral sobre las solicitudes de acceso y entrega de información del Padrón Electoral y al Lista Nominal de Electores a los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, además de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia.
En la sesión extraordinaria, el Consejo General ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del aviso sobre la liquidación relativa a la pérdida del registro del Partido Humanista, como Partido Político Nacional.
Por unanimidad, los consejeros aprobaron también los Criterios y Reglas Operativas para la distritación federal 2016-2017, así como la matriz que establece la jerarquización de los mismos para su respectiva aplicación para asegurar que en las elecciones federales de 2018 y 2021 exista la distribución de la población en la totalidad de los distritos uninominales del país.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435244/define-ine-sanciones-rebase-topes-en-eleccion-constituyente
Candidato del PT ratifica denuncia por juicio político contra Gabino Cué; “no se puede ir como sus antecesores impunemente”
El candidato a la gubernatura de Oaxaca por el Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles, ratificó su denuncia por juicio político contra el gobernador Gabino Cué ante el Congreso local.
El senador con licencia acudió al requerimiento que le hizo la Oficialía Mayor del Poder Legislativo para continuar con este proceso y turnar este caso al Pleno en la próxima sesión ordinaria.
Igmar Francisco Medina Matus, oficial mayor, encabezó la diligencia en la que se exhibió a Robles el documento que presentó el 28 de marzo, a través del cual solicitó el juicio político.
“Estoy totalmente convencido de que con Gabino Cué no debe suceder lo que con los antecesores gobernadores, que se fueron impunes después de haber desfalcado la Hacienda Pública” expresó el aspirante a la gubernatura de Oaxaca.
El ex jefe de la Oficina de Cué acusó al gobernador de haber desviado más de 10 mil millones de pesos entre 2011 y 2014, de acuerdo con las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El mandatario estatal aseguró que dichas acusaciones se tratan de una estrategia electoral de Robles para ganar votantes.
Por su parte, los diputados locales acusaron al aspirante de crear un “show mediático” en contra de Cué.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://revoluciontrespuntocero.com/candidato-del-pt-ratifica-denuncia-por-juicio-politico-contra-gabino-cue-no-se-puede-ir-como-sus-antecesores-impunemente/
El senador con licencia acudió al requerimiento que le hizo la Oficialía Mayor del Poder Legislativo para continuar con este proceso y turnar este caso al Pleno en la próxima sesión ordinaria.
Igmar Francisco Medina Matus, oficial mayor, encabezó la diligencia en la que se exhibió a Robles el documento que presentó el 28 de marzo, a través del cual solicitó el juicio político.
“Estoy totalmente convencido de que con Gabino Cué no debe suceder lo que con los antecesores gobernadores, que se fueron impunes después de haber desfalcado la Hacienda Pública” expresó el aspirante a la gubernatura de Oaxaca.
El ex jefe de la Oficina de Cué acusó al gobernador de haber desviado más de 10 mil millones de pesos entre 2011 y 2014, de acuerdo con las observaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El mandatario estatal aseguró que dichas acusaciones se tratan de una estrategia electoral de Robles para ganar votantes.
Por su parte, los diputados locales acusaron al aspirante de crear un “show mediático” en contra de Cué.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0.
AUTOR: REDACCIÓN.
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