CIUDAD DE MÉXICO: Eber Betanzos, subprocurador en Derechos Humanos y Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que la Universidad de Innsbruck entregará el martes nuevos resultados sobre el análisis de restos humanos y ropa hallado en el basurero de Cocula, Guerrero.
Precisó que los resultados serán abiertos en presencia de elementos de la PGR, padres de los normalistas desaparecidos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el equipo argentino de antropología forense.
“Solamente voy a recoger un sobre cerrado con resultados, los traigo y aquí (en México) serán abiertos”, añadió el funcionario en entrevista radiofónica.
El 31 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó a la PGR un sobre cerrado con el resultado del tercer estudio de fuego efectuado en el basurero de Cocula, Guerrero.
El grupo colegiado de expertos concluyó que “se puede establecer la hipótesis sobre las condiciones, cantidad de combustible, tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos” en el basurero de Cocula.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) afirmó que el nuevo peritaje de fuego en Cocula no es concluyente: “No hay una respuesta concluyente por el momento por parte del panel de expertos en fuego sobre si fue o no posible la incineración de 43 estudiantes la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014. Por lo tanto, dicha conclusión por el momento, no afirma ni niega la hipótesis de la PGR”.
En la entrevista, Betanzos rechazó que se haya violado un acuerdo de confidencialidad al adelantar los resultdos del informe: “No establecimos una determinación respecto de la forma en la cual estos resultados serían comunicados”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435749/manana-entregaran-analisis-la-universidad-innsbruck-cocula
CIUDAD DE MÉXICO: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que revisará “en los casos que sea procedente” a los contribuyentes mexicanos vinculados a complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del alcance del fisco.
En un escueto comunicado, el SAT anunció que serán investigados los personajes señalados en la investigación periodística mundial Panamá Papers de hacer tratos con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore.
“La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”, manifestó el SAT.
“Asimismo, la autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario”, añadió.
El SAT recordó que el 29 de octubre de 2014 México firmó junto con 50 países el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente durante la séptima Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.
El acuerdo entrará en vigor a partir de 2017 y permitirá el intercambio inmediato de información de inversiones, transferencias y cuentas financieras de mexicanos y sus empresas en más de 80 naciones, incluidos los denominados “paraísos fiscales”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435736/sat-anuncia-investigara-a-contribuyentes-implicados-en-panamapapers
CIUDAD DE MÉXICO: El 24 de septiembre de 2013, después de revisar los antecedentes del financiero Carlos Hank Rhon, el área de cumplimiento de Mossack Fonseca advirtió en un correo electrónico dirigido a la filial del despacho en Jersey: “Hemos encontrado información negativa relacionada con este individuo y su familia (…) No recomendamos vender compañías a este cliente si el Sr. Hank Rhon se encuentra involucrado”.
Con esa contundente negativa acabó el intento del hijo del fallecido profesor Carlos Hank Gonzalez de comprar una compañía offshore en Panamá al despacho especializado en paraísos fiscales Mossack Fonseca, según los documentos internos de esa firma a los que Proceso tuvo acceso como parte de los #PanamaPapers.
El de Hank González es el único caso de un empresario millonario de México al que Mossack Fonseca le cerró las puertas. Así lo demuestra la masiva información del despacho obtenida de manera anónima por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/) y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.
El semanario fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca, que duró casi un año. En el proyecto de colaboración periodística internacional más grande hasta ahora participaron aproximadamente 376 reporteros alrededor del mundo.
Los más de 10 millones de dólares que Carlos Hank Rhon ofreció movilizar a través de una compañía offshore no fueron suficiente atractivo para el despacho panameño, en el que pesaron más los antecedentes de la familia icónica del Grupo Atlacomulco al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.
Contrario a otros grandes poderosos de México que lograron crear complejas estructuras financiera para esconder sus recursos, como los contratistas Juan Armando Hinojosa Cantú y Ramiro Garza Cantú, Hank Rhon no pasó la aduana de Mossack Fonseca, pese a la flexibilidad que ha caracterizado a la firma en su relación con políticos de primer nivel o delincuentes.
El programa de revisión internacional que emplea Mossack Fonseca para evaluar los riesgos asociados con los beneficiarios finales de sus estructuras arrojó el expediente negro del financiero mexicano, quien a finales de los años 90 fue mencionado en un informe de inteligencia estadunidense en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Consecuencia de ello el despacho panameño se negó a incorporar una compañía en las islas de Bahamas –un paraíso bancario ubicado entre Cuba y Florida–, a través de la cual Hank Rhon pretendía poseer una cuenta de 10.7 millones de dólares en un banco suizo, cifra muy inferior a la que depositó en otro banco, también suizo, y que ascendió a más de 150 millones según otra investigación del ICIJ.
No era la primera vez que Hank Rhon se acercaba a Mossack Fonseca. En 1996 Interacciones Casa de Bolsa figuraba ya como “prospecto de cliente” de esa firma, es decir, como intermediario entre el despacho y las personas que quieren ocultar su dinero.
Años después Mossack Fonseca prefirió deslindarse de Carlos Hank Rhon. El pasado 24 de septiembre, Sandra de Cornejo, empleada del área de cumplimiento de Mossack Fonseca, adjuntó a su correo electrónico los resultados de “World Check”, el programa de revisión internacional de los “Personajes Políticamente Expuestos” (PEP, por sus siglas en inglés) relacionados con Hank Rhon.
El programa señaló al actual presidente de Grupo Hermes y Grupo Interacciones como “hijo de Carlos Hank González, exsecretario de agricultura y recursos acuíferos” durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. Pero no mencionó que su padre, fallecido en 2001, encabezó el “Grupo Atlacomulco” –al que pertenece Enrique Peña Nieto–, gobernó el Estado de México entre 1969 y 1975 e integró el Consejo Político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI de 1997 hasta su muerte.
Además de ser el hijo de un exsecretario –por lo que lo catalogó como PEP–, el programa de verificación internacional encontró artículos “adversos” publicados en la prensa estadunidense sobre el polémico banquero.
Entre ellos destacó el artículo “Prominente familia mexicana, vista como amenaza contra Estados Unidos”, que publicó The Washington Post el 2 de junio de 1999. Este reportaje señalaba que Carlos Hank González y sus hijos Carlos y Jorge Hank Rhon “lavaron dinero de manera masiva, apoyaron organizaciones narcotraficantes en transportar cargamentos de droga y se involucraron en corrupción pública a gran escala”, con base en un informe “reciente” de la principal agencia de inteligencia sobre drogas estadunidense.
Este informe sostenía que la familia –“muchas veces descrita como los Rockefellers de México”, precisó la nota– “representa una amenaza criminal significativa para Estados Unidos”.
Otro reportaje, publicado por Los Angeles Times el 5 de junio de 2011, recordó que integrantes del Ejército mexicano detuvieron a Jorge Hank Rhon –el hermano de Carlos Hank Rhon, exalcalde de Tijuana– el día anterior.
Además de las notas periodísticas, el programa de revisión internacional encontró una resolución que adoptó el Consejo de la Reserva Federal estadunidense el 31 de mayo de 2001 contra la compañía Incus Co. Ltd. y su dueño Carlos Hank Rhon, por “varias violaciones” contra las leyes bancarias estadunidenses.
Las publicaciones periodísticas siguieron a la investigación conocida como Tigre Blanco, emprendida durante varios años por distintas agencias de seguridad de Estados Unidos a mediados de los años noventa, que derivaron en la expulsión de Hank Rhon del sistema bancario estadunidense, donde era dueño del Laredo National Bank, en Texas.
“¿Pueden proceder?”
El pasado 20 de septiembre no fue el financiero mexicano quien estableció la comunicación con el despacho panameño, sino un asesor de nacionalidad británica, Trevor Pinchemain. En un correo que envió a la filial de Mossack Fonseca en la Isla de Jersey, planteó: “Necesitamos urgentemente una compañía incorporada de Bahamas para un cliente nuestro. ¿Pueden proceder?”.
Pinchemain funge como socio de Virtus Trust, un despacho establecido en el paraíso bancario británico de Guernsey, una pequeña isla del Canal de la Mancha. Además de ofrecer sus servicios como prestanombres en fideicomisos, el despacho propone asesoría en “cualquier asunto” relacionado con “planes de sucesión”, “optimización fiscal” y “protección de bienes”, entre otros.
En su página de Internet, la empresa señala que Pinchemain “laboró en varias instituciones financieras en los paraísos bancarios de Guernsey y en Bermuda” desde 1977, y destaca su “amplia experiencia en el manejo de fideicomisos y de estructuras corporativas para familias de fortunas altas y ‘ultra’ así como sus asesores a nivel global”.
En el correo del 20 de septiembre Pinchemain indicó a los empleados de Mossack Fonseca que la futura compañía en Bahamas se llamaría Aztec Holdings Limited y sería “dirigida” por los directores de Virtus Trust, en tanto que Virtus Trust NZ Limited –la compañía fiduciaria que tiene Carlos Hank Rhon en Nueva Zelanda– aparecería como fideicomitente.
El 23 de septiembre, después de un intercambio de correos, el trato estuvo a punto de concretarse: Pinchemain envió a Mossack Fonseca un formato para adquirir en Bahamas la compañía Duridgebay, S.A., junto con información sobre Carlos Hank Rhon, el “beneficiario final” de la compañía. La información consistió en una copia de su pasaporte y un estado de cuenta abierta en su propia empresa, Banco Interacciones, con un saldo de 29 mil 385 pesos.
En la escritura de adquisición de la sociedad, Virtus Trust planteó que después de la compra sustituiría el nombre Duridgebay Limited por Aztec Holdings Limited, e indicó que esta sociedad “poseerá un depósito bancario de alrededor de 10.7 millones de dólares con un banco suizo”.
Debajo de la instrucción “Favor indique si alguna de las personas que estarán mencionadas en este documento son PEP”, Virtus marcó el cuadro “Sí” con una palomita y precisó: “El Sr. Rhon ha sido cliente de Virtus Trust desde 2008. Está sujeto a los procedimientos de monitoreo mejorado que se llevan a cabo en Virtus Trust. Además, una reunión en persona con el Sr. Rhon se realiza cada año”. Informó que la fuente de financiamiento de la compañía consistirá en “ganancias de negocios”.
Al percatarse de que Carlos Hank Rhon era “políticamente expuesto”, Jennifer Fahy –directora de operación de Mossack Fonseca en Jersey– solicitó más información a Pinchemain acerca del financiero. De manera paralela envió los documentos al área de cumplimiento del despacho, en la sede central de Panamá, que emitió su opinión negativa al día siguiente.
Ese día, el 25 de septiembre de 2013, Andrzej Radomski, director de gestión de Mossack Fonseca en Jersey, advirtió que había cancelado el trato con Virtus Trust. En un correo electrónico precisó que no explicaba a los asesores de Vitrus Trust las razones de la cancelación, pero estimó que “deben estar totalmente enterados sobre quien es Carlos Hank Rhon”.
tras recordar que Virtus Trust trabaja con Hank Rhon desde 2008, añadió con un tono preocupado, resultaría “prudente” asegurarse que “ninguna otra compañía que mantienen con Mossack Fonseca esté vinculada con Carlos Hank Rhon”.
No es la primera vez que el nombre de Hank Rhon aparece en una investigación global del ICIJ: en enero de 2015 el consorcio detectó que el financiero tuvo una cuenta bancaria de 157 millones 946 mil dólares en la filial de HSBC en Ginebra, Suiza. La investigación, bautizada Swissleaks, exhibió a 100 mil titulares de cuentas en Ginebra –tanto empresas como personas–, los cuales guardaron más de 100 mil millones de dólares en el secreto bancario suizo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435746/panama-papers-indeseable-dinero-carlos-hank-rhon
En la presente administración, los magnos eventos han significado el otorgamiento de por lo menos 97 contratos para una sola empresa: Actidea, S.A. de C.V. A esa entidad, se le ha pagado más de 500 millones de pesos por organizar brindis, el Grito de Independencia, la presentación de las reformas estructurales o la visita de los reyes de España. Del total, 88 convenios, unos 400 millones de pesos, fueron sin licitación de por medio. Eduardo Gama Pizarro dirige a esta compañía cuyo crecimiento ha sido exponencial desde que Enrique Peña Nieto inició su Gobierno. En el sexenio anterior, de Felipe Calderón Hinojosa, apenas si consiguió 10 contratos por 47.1 millones de pesos.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto tiene una empresa consentida en el sector de las celebraciones y los magnos eventos. La ha llamado casi siempre cuando ha tenido la necesidad de hacer un brindis, organizar el Grito de Independencia en el Zócalo, o cualquier acto público emblemático como la presentación de las reformas estructurales, recepciones a deportistas o la visita de los reyes de España. Así, en la presente administración, los magnos eventos han significado el otorgamiento de por lo menos 97 contratos por más de 500 millones de pesos de 2013 hasta ahora, para una sola empresa: Actidea, S.A. de C.V.
De esos convenios, 88 fueron otorgados bajo adjudicación directa; es decir, sin mediar invitación a concursar a otras firmas. Juntos, esos contratos fueron por 428 millones 54 mil 523 pesos con 61 centavos. Seis de estos 88 se desprendieron de un contrato marco; es decir, hubo otros participantes que también pudieron ser requeridos, pero sobre los cuales, Actidea fue la seleccionada. Las razones sociales de esas otras empresas no están especificadas en la página Compranet. Otros tres contratos fueron por invitación y seis bajo licitación pública.
Para los gobiernos de México, hay tres maneras de brindar contratos: la licitación pública que implica concurso abierto, la invitación a tres personas y la adjudicación directa. Hay una figura legal a la que la autoridad puede apegarse: el contrato marco que implica que varias compañías estén a disposición de las dependencias para brindar un servicio y que está regido por la fracción XX del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
Actidea ha sido la reina en la obtención de contratos sin mediar concurso en el terreno de los festejos y actos públicos. Y cuando ha competido o está en un contrato marco casi siempre ha resultado ganadora.
Lo anterior resulta de una revisión de los datos abiertos del Portal de Obligaciones y Transparencia (POT). Cada contrato otorgado a Actidea fue ubicado y puesto en una lista. El mecanismo tópico en ese aglomerado de datos es la adjudicación directa (se adjunta al final un documento en Excel). Al evaluar los resultados del ejercicicio, Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expuso: “Aquí lo que vemos es una tendencia muy clara de beneficiar a un proveedor específico del Gobierno Federal”. Doctor en Gobierno por la London School of Economics y Maestro en Economía por la Universidad de Sophia en Tokio, Japón, abundó que en esta historia, es llamativa la forma en que el Gobierno ha realizado sus ventas justo ahora cuando se requieren empresarios que vivan del mercado y tengan modelos de negocio en procesos determinados por la competencia.
Hubo un tiempo en que no todo era dinero del Gobierno. En el sexenio anterior, de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), Actidea apenas si consiguió diez contratos. Uno en 2006, cinco en 2009 y otros cuatro en 2012. En total, tuvo 47 millones 189 mil 682 con 75 centavos, también por adjudicación directa. En aquellos años, competía con otras entidades como Eventos Especiales Creativos S.A. de C.V., Imagen y Espacio Alternativo S.A. de C.V.; Landucci S.A. de C.V. (a cargo del Grito de Independencia en 2011 y 2012).
Pero en 2013, el destino cambió. No sólo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó al poder presidencial, Actidea empezó a ganar contratos de la bolsa del Gobierno. Si en 2006 –el primer año calderonista- tuvo poco más de 74 millones de pesos; en 2013, cuando Enrique Peña Nieto inició su Gobierno, sus contratos fueron de 180 millones 176 mil 612 pesos con 23 centavos.
Fue un año en que cualquier comentario sobre México en la prensa extranjera iba acompañado de esperanza. El semanario británico The Economist resumió esos tiempos con el epíteto de The Mexican Moment. Era un voto de confianza basado en el optimismo para el nuevo Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y su agenda basada en impulsar reformas estructurales.
El ánimo era celebrativo. El 20 de diciembre de 2013, Peña Nieto cumplió uno de los puntos más estratégicos de esa agenda: abrió el petróleo mexicano al mundo. Firmó el decreto de la reforma energética y con ello, pasó a la Historia como el Mandatario que logró la enmienda que más habían anhelado los Presidentes mexicanos. Por la noche, los miembros del Gabinete legal y ampliado fueron invitados a brindar por el fin de año. Actidea fue la anfitriona y por sus servicios cobró 525 mil 480 pesos.
A partir de ese año, la Presidencia de la República ha firmado con Actidea 16 contratos por un monto de 46 millones ocho mil 793 pesos con 68 centavos.
Después, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; el asesinato de 22 civiles, cometido por elementos del Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de México; el descubrimiento periodístico de venta con créditos blandos de propiedades multimillonarias al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al mismo Presidente Enrique Peña Nieto; además de la desaceleración en la economía, lograron descubrir a ese dorado instante como un espejismo. La aceptación de la gestión del Primer Mandatario cayó al 39 por ciento en todas las encuestas.
Aquella, la del 20 de diciembre de 2013, fue la última vez que se alzaron las copas. En el POT no se encuentra otro contrato por concepto de brindis. En paralelo, The Economist renunció al epíteto The Mexican Moment. Luego, lo puso en duda.
GRITO DE INDEPENDENCIA
Pero la celebración de la Independencia continuó. Cada año, con un gasto mayor. Siempre Actidea como organizadora. Los abucheos al Presidente cuando ha salido años salió al balcón a gritar “¡Viva México!” no han minado ni desalentado el gasto. En 2013, la inversión fue de 17 millones 422 mil 783 pesos con cuatro centavos; en 2014, de 18 millones 996 mil 331 pesos con 17 centavos y en 2015; de 19 millones 137 mil 152 pesos con 78 centavos.
La cena que de manera tradicional se ofrecía en un salón del Palacio Nacional fue suspendida en 2015 por razones de austeridad, según informó la misma Presidencia de la República. Pero ese ahorro no se nota en la erogación por el festejo de la Patria: Actidea recibió poco más de 19 millones de pesos, 140 mil 821 pesos más que el año anterior y un millón 714 mil 369 más que el primer año.
Juan E. Pardinas observa que estos números son una narrativa que se contrapone al discurso de este Gobierno. “La austeridad ha sido estrictamente de discurso y testimonial, no refrendada en los hechos. Esta es una evidencia que demuestra que una cosa es lo que están diciendo, su aspiración, y otra la que se está reflejando en el presupuesto”.
Para Rafael García Aceves, coordinador de proyectos en Transparencia Mexicana, “salta a la vista un riesgo. Este tipo de eventos (el Grito de Independencia) es planeado. Sucede cada año. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se decidió adjudicar este evento cuando sabemos que se realiza de manera anual y planeada? La información sobre cuáles fueron las razones, debiera ser pública”.
Entre los contratos más caros que ha firmado el Gobierno Federal con Actidea está el AD-CAAS-038-14, de la Presidencia de la República. Implicó la organización del evento “Primera Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe y costó cuatro millones 249 mil 146 pesos con tres centavos. Tuvo vigencia por una semana.
INFORMACIÓN DE LOS DATOS EN EXCEL
EVENTOS Y DESLICES
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuando José Antonio Meade la llevó y ahora también con Claudia Ruiz Massieu, se distingue como la mayor organizadora de eventos entre las entidades del Gobierno con nueve contratos con Actidea. Juntos significan un aproximado de 176 millones de pesos.
Uno de los eventos a cargo de esta dependencia fue la visita de Estado de los reyes de España. Actidea organizó la logística para el viaje a Zacatecas y la Cancillería pagó tres millones de pesos, según el contrato SRE-DRM-AD-33/15. Mientras ese flujo de dinero corría, el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, protagonizaban el primer episodio en el que dieron a entender que su relación estaba fracturada. Fue en el museo de Guadalupe, en Zacatecas, cuando Angélica Rivera se molestó porque al intentar tomarle del brazo, él simplemente la olvidó. Segundos después, Peña Nieto intentó darle la mano y ella lo rechazó sin disimulo; lo dejó con el brazo extendido, mientras lo recorría de pies a cabeza con la mirada.
Hacienda y Crédito Público, a cargo de Luis Videgaray Caso, se ubica en el segundo sitio entre las dependencias con más eventos. La presentación de las iniciativas de la reforma financiera y la hacendaria fueron organizadas por personal de esta dependencia. La primera costó 685 mil pesos según el contrato AD-41-33903-179/2013 que se inició el 23 de abril de 2013 y concluyó dos días después. El evento para presentar la segunda fue de dos millones 200 mil pesos, de acuerdo con el contrato AD41-33903-263/2013 con fecha de inicio del 8 de septiembre de 2013 y culminación el 30 del mismo mes y año.
Para montar la exposición “Mayas, revelación de un tiempo sin fin”, la SHCP pagó un millón 278 mil 419 pesos a Actidea, monto que quedó estipulado en el contrato 095-ADN-42-075/2014.
En este texto faltarán rostros y respuestas. No estarán los rostros de los dueños de Actidea S.A. de C.V., Eduardo y Mariano Gama Pizarro que a juzgar por los contratos recibidos han experimentado un crecimiento exponencial a través de su empresa. Y tampoco estarán, las respuestas de ellos mismos sobre cómo lograron esta expansión.
SinEmbargo obtuvo los nombres del Director y el representante legal de la empresa en la misma oficina de Actidea; pero no le fue concedida una entrevista. Eduardo es el Director y Mariano, el representante legal. Son hermanos y llevan el apellido Gama Pizarro.
No hay información disponible sobre el pastel de sus contratos. En su página cibernética aparece una lista de clientes y otra de eventos realizados. La de clientes incluye a 56 entidades gubernamentales que en la cartera total representan el 31 por ciento. Pero algunas de ellas no aparecen con contratos en el POT.
Los 500 millones de pesos ejercidos en eventos en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto equivalen a la inversión “inédita” que anunció el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, en octubre de 2015, para “reconstruir el tejido social” en esa entidad. Ese dinero se destinará a los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Cocula, los dos últimos escenarios de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Es también el mismo monto que el pasado 31 de marzo anunció el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para adquirir autobuses nuevos que ayuden a amainar la crítica emisión de contaminantes en el Valle de México.
“Este Gobierno es de la eventocracia, tiene eventitis, es el Gobierno de los eventos”, exclama Juan E. Pardinas, director general del IMCO. Se pregunta: “¿Cómo es posible que el Gobierno federal no tenga infraestructura propia ni personal para ejecutar este tipo de ocasiones, de circunstancias, de momentos de celebración? Eso preocupa, pero también la manera en que asigna sus recursos”.
LOS CLIENTES
En su página cibernética, la compañía reconoce como clientes a las entidades gubernamentales aquí listadas que representan el 31 por ciento de su cartera. Algunas no aparecen en el POT con contratos de Actidea. Como compradores de sus servicios también se encuentran Wal-Mart, Prodigy, X-Box, Motorola, Lego, HP, Honda, Fundación Miguel Alemán y Avon.
1.- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca).
2.- Bancomext.
3.- Canadevi.
4.- Casa de Moneda México.
5.- Comisión Federal de Electricidad.
6.- Comce.
7.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
8.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
9.- Comisión Nacional de Derechos Humanos.
10.- Comisión Nacional del Agua.
11.- Comisión Nacional del Deporte.
12.- Comisión Nacional del Sistema De Ahorro Para El Retiro.
13.- Comunicación Social Presidencia de la República.
14.- Conavi.
15.- Concanaco.
16.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
17.- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
18.- Consubanco.
19.- Consupago.
20.- Consejo de Promoción Turística de México.
21.- DIF.
22.- Gobierno del Estado de Guanajuato.
23.- Gobierno del Estado de México.
24.- Gobierno del Estado de Puebla.
25.- Gobierno del Estado de Veracruz.
26.- Inadem.
27.- Infonavit.
28.- Instituto Nacional de las Mujeres.
29.- Instituto Politécnico Nacional.
30.- Nacional Monte de Piedad.
31.- Policía Federal Preventiva.
32.- Presidencia de la República.
33.- Procuraduría General de la República.
34.- ProMéxico.
35.- Pronafin.
36.- Protección Civil.
37.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
38.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
39.- Secretaria de Desarrollo Social.
40.- Secretaria de Economía.
41.- Secretaria de Educación Pública.
42.- Secretaria de Energía.
43.- Secretaria de Gobernación.
44.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
45.- Secretaria de la Defensa Nacional.
46.- Secretaria de la Función Pública.
47.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
48.- Secretaría de Relaciones Exteriores.
49.- Secretaria de Salud.
50.- Secretaria de Seguridad Pública
51.- Secretaria de Trabajo Y Previsión Social
52.- Secretaria de Turismo
53.- Secretaría del Medio Ambiente Y Recursos Naturales.
54.- Servicio de Administración Tributaria.
55.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.
56.- Turissste.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN, UNIDAD DE DATOS, LINALOE R. FLORES, ALEJANDRA PADILLA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-04-2016/1643052
The Guardian cuenta la historia de los hermanos Juárez: Amy, Esther y Alberto provenientes de Ocosingo, Chiapas, quienes en septiembre pasado abordaron un autobús privado para ir a trabajar al norte del país. Al realizar una revisión, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) los retuvieron bajo el argumento de que eran de Guatemala y habían presentado documentos falsos. Sin embargo, su caso no es único. El medio británico dice que la CNDH ha investigado 15 casos similares -incluyendo al menos otras ocho víctimas de Chiapas – y encontró que 22 agentes de inmigración violaron varios derechos.
Ciudad de México: Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) están involucrados en la detención de mexicanos, a quienes, por provenir de comunidades indígenas, intentan deportar a Centroamérica mediante amenazas y malos tratos, revela un reportaje publicado este día por The Guardian.
El diario británico menciona que esta ofensiva ocurre en medio del Plan Frontera Sur y de la estrategia impulsada desde el Gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo de migrantes que atraviesan México para cruzar su frontera norte.
Los datos refieren que agentes migratorios han recurrido a amenazas, malos tratos e incluso tortura, contra mexicanos indígenas para obligarlos a decir que provienen de otros países de Centroamérica. Organizaciones sociales consultadas por el medio dijeron que lo anterior es para cubrir “cuotas”.
The Guardian cuenta la historia de los hermanos Juárez: Amy, Esther y Alberto provenientes de Ocosingo, Chiapas, quienes en septiembre pasado abordaron un autobús privado, acompañados por Fernando, novio de Esther, para ir a trabajar al norte del país.
A la mitad de su recorrido, en Querétaro, agentes del INM detuvieron el camión para hacer una revisión y ordenaron a los hermanos Juárez y a Fernando a descender del camión.
Las autoridades dijeron que los integrantes de la familia Juárez eran migrantes provenientes de Guatemala, pese a que ellos presentaron documentos que los acreditaban como mexicanos. Mientras, a Fernando lo dejaron en libertad a pesar de identificarlo como traficante de personas.
Los tres hermanos Juárez, que hablan con dificultades el español, fueron llevados a un centro de detención migratorio. Ahí, Alberto fue metido a un cuarto donde cuatro agentes le dijeron que si no firmaba unos documentos en los admitía ser de Guatemala, moriría.
“Uno de ellos me empujó, otro me pateó la pierna, y un tercero, que era muy gordo, me dio una descarga eléctrica aquí, en la parte posterior de mi mano derecha”, dijo Alberto a The Guardian a través de un traductor.
“Realmente pensé que iba a morir, así que firmé un montón de hojas de papel, pero no puedo leer ni escribir, así que no sabía lo que estaba firmando”, agregó Alberto, quien tiene 18 años.
Junto a él, sus hermanas Amy y Esther permanecieron retenidas durante ocho días antes de que un abogado de un grupo de activistas presentara una demanda legal para finalmente asegurar su liberación.
“Siguieron diciendo que éramos de Guatemala, y les decía que no, somos de Chiapas, pero no nos creían y se ponían más y más furiosos. Alberto no podía dejar de temblar, estábamos todos llorando. ¿Cómo podíamos volver a nuestra casa en Chiapas cuando ni siquiera sabíamos dónde está Guatemala? “, contó Esther, de 15 años.
Sus documentos de identidad no fueron devueltos porque no pudieron pagar los 200 pesos que exigían las autoridades.
Su caso, de acuerdo con The Guardian, ejemplifica el número cada vez mayor de mexicanos indígenas que están siendo detenidos y amenazados con ser expulsados del país por parte de los agentes de inmigración que buscan indocumentados centroamericanos.
El medio menciona que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recientemente investigó 15 casos similares -incluyendo al menos otras ocho víctimas de Chiapas – y encontró que 22 agentes de inmigración violaron varios derechos.
En el resto de los casos, las víctimas fueron detenidas en autobuses o en la calle basados en “características físicas, ropa y apariencia”. Algunos fueron detenidos durante varias semanas antes de convencer los funcionarios que eran mexicanos.
El INM dijo que los agentes están autorizados legalmente para solicitar la identificación de cualquier persona.
Un portavoz del Instituto afirmó a The Guardian que los hermanos Juárez fueron detenidos “porque Fernando dijo que eran de Guatemala, y las documentos de identidad de las hermanas expresaron su preocupación de que podrían ser víctimas de tráfico de personas. Su detención fue prolongada por el desafío legal de IMUMI”.
“Es imposible que alguien pudiera ser torturado en una estación de la inmigración, ya que son monitoreadas permanentemente por la CNDH, organizaciones internacionales como la Cruz Roja y ONGs. Si él [Alberto] fue torturado, ¿por qué no informó de ello en el momento?, ¿por qué esperar hasta después?”, dijo el vocero del INM.
Activistas consultados por el medio dijeron que los funcionarios de migración mexicanos están llevando a cabo un sistema secreto de cuotas para aumentar el número de expulsiones.
Dijeron que el Instituto Nacional de Migración funciona cada vez más como “una fuerza policiaca sin control”, y dijeron que al igual que las fuerzas de seguridad del país, “parece ser qué esta utilizando la tortura contra los detenidos”.
Gretchen Kuhener, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la organización que ayudó a los hermanos Juárez a evitar su deportación, dijo a The Guardian que “la orden parece ser la de detener a los centroamericanos a cualquier precio, incluso si eso significa violar la Constitución, recogiendo la gente en base a criterios racistas y deteniendo y deportando a los jóvenes indígenas de México a lo largo del camino”.
“Este caso demuestra el poder y la impunidad del Instituto Nacional de Migración. Ellos pueden salirse con la suya porque impactan a poblaciones altamente vulnerables que no hablan español, no conocen sus derechos, y es improbable que se quejan”, dijo Kuhener.
Carolina Jiménez, subdirectora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, dijo al diario británico:
“Hemos documentado un patrón verdaderamente inquietante de violaciones graves de derechos humanos contra los migrantes que viajan a través de México. Pero viendo a funcionarios de inmigración involucrados en la tortura contra mexicanos para «confesar» que son migrantes lleva esta situación preocupante a un nivel más siniestro “.
La publicación detalla que preocupación por la conducta de los agentes de inmigración está aumentando ya que grupos de defensa han cuestionado al titular del INM Ardelio Vargas, quien estaba a cargo de las fuerzas federales cuando las protestas campesinas en el pueblo de San Salvador Atenco fueron violentamente reprimidos por la policía en 2006.
Alejandro Martínez, ex jefe de asuntos de migrantes centroamericanos en el INM, dijo que Vargas dirige el instituto como una fuerza de policía.
“El error más grande fue mezclar la policía y la inmigración. [El caso de los hermanos Juárez] me hace aún más seguro de que las cuotas ilegales dentro del instituto están impulsando el aumento exponencial de las detenciones. No importa cómo lo hacen los agentes, siempre y cuando cumplan con las cuotas”, comentó.
El INM negó a The Guardian el uso de cuotas. Sin embargo, dice el medio, el enorme aumento en las detenciones y deportaciones es innegable. En 2015, 190 mil personas fueron detenidas por agentes del INM – 120 por ciento más que en 2013.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN, UNIDAD DE DATOS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-04-2016/1643979
CIUDAD DE MÉXICO: El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, dio más luz sobre la existencia de una copia de su pasaporte en los archivos Mossack Fonseca, el despacho panameño experto en paraísos fiscales, cuyos archivos fueron revelados el domingo en la investigación internacional #PanamaPapers.
“Es posible que en alguna transacción antes de ser funcionario público, cierta contraparte empresarial con la que haya tratado a nivel internacional, intentó crear esta estructura. Lo cual, de ser el caso, nunca se concretó”, escribió Lozoya en su cuenta de Twitter @EmilioLozoyaAus luego de que su nombre fuera publicado como parte de los mexicanos relacionados con la firma panameña.
“Nunca he tenido trato, de ninguna índole, con el despacho Mossak Fonseca”, escribió el exfuncionario en la misma cuenta en la que Proceso lo buscó la semana pasada para consultarlo sobre su relación con la firma panameña.
En un amplio reportaje sobre los mexicanos en #PanamaPapers, proceso.com.mx publicó el domingo que el pasaporte de Lozoya estaba en los archivos Mossack Fonseca en un intento de compra de una empresa offshore a través de Dubai, pero que los archivos filtrados impedían saber si finalmente ocurrió:
“…Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del gobierno de (Enrique) Peña Nieto, buscó también establecer relación con Mossack Fonseca. Antes de integrarse al equipo de Peña, Lozoya fue miembro del Consejo de Administración del Grupo español OHL, en México, otra firma de infraestructura cercana al presidente de la República. En marzo de 2011, Lozoya Austin pretendió crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubai.
“La información disponible no refiere si se concretó la operación, pero una copia del pasaporte del exdirector general de Pemex está en los archivos de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento, ocurrido poco antes de que se integrara como consejero de Infoglobal, una compañía de sistemas de telecomunicaciones en la que participaba el yerno de Juan Miguel Villarmir, dueño de OHL (Proceso 2056).
A la media noche del domingo, casi mediodía después de que la revelación de los archivos de Mossack Fonseca fuera noticia internacional, Lozoya recurrió al Twitter para explicar por qué su nombre surgió entre los 11 millones y medio de documentos filtrados.
Sin embargo, negó, “categóricamente haber registrado o creado empresa alguna en Panamá, o que haya tenido o tenga cuentas bancarias en ese país”. Aseguró que siempre ha cumplido con el pago de impuestos “en todas las jurisdicciones en que he debido hacerlo”.
La revista Proceso formó parte de la investigación internacional #PanamaPapers que duró casi un año y fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en ingles), que tiene su sede en Washington.
El ICIJ trabajó durante casi un año con más de 300 periodistas de todo el mundo, a partir de una filtración anónima al diario alemán Süddeustche Zeitung, de Münich.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435742/lozoya-justifica-acercamiento-a-paraisos-fiscales-nunca-se-concreto-negociacion
CIUDAD DE MÉXICO: Involucrados en un presunto fraude multimillonario, los socios de Oceanografía construyeron desde 2011 un entramado empresarial en paraísos fiscales que alcanzaron a Estados Unidos y rebotaron en Suiza, donde en 2014 se inició una investigación en su contra por lavado de dinero.
En el centro de la estructura financiera está Mossack Fonseca, el despacho panameño experto en la creación de empresas para ocultar el dinero y a sus dueños.
Así lo revelan los documentos que forman parte de los #PanamaPapers que obtuvo el diario alemán Süddeusche Zeitung y compartió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo, en una investigación global sin precedentes.
Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año con la participación de 376 periodistas de todo el mundo.
En el caso de Oceanografía, uno de los principales contratistas de Pemex durante los gobiernos del PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón, no sólo dieron a conocer operaciones offshore de la empresa, sino que sus socios están bajo investigación en Suiza por lavado de dinero, según “la instrucción MSV.14.0338-BAN por blanqueo de capitales” integrada por la procuradora suiza, Angéle Wellauer en 2014.
Dos años antes, la suerte de los socios de Oceanografía era otra, de acuerdo con la historia de sus socios contenida en los archivos de Mossack Fonseca, firma tocada también por el escándalo en Petrobras, la empresa petrolera de Brasil.
“…el ing. Díaz requiere urgentemente…una BVI (empresa en Islas Vírgenes Británicas) ya sea de nueva constitución o alguna que ya tengan ustedes lista, con las siguientes características: Accionistas: Amado Omar Yáñez Osuna (50%) y Martín Díaz Álvarez (50%)…Objeto: requerimos a la BVI para cederle unos pagarés. Dirección: pueden utilizar alguna que ya tengan para otra sociedad (vg. DI Rod Maritime Corp)”.
Lo anterior es parte de un correo electrónico fechado el 17 de abril de 2012 que envió Fabiola Jiménez Juárez, empleada de Grupo Gasolinero México (GGM), del cual eran propietarios, en ese tiempo, los hermanos Francisco Javier y Oscar Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez. Todos propietarios del 15 % de las acciones de Oceanografía, principal proveedora de Pemex durante los dos sexenios panistas.
La misiva está dirigida a Mayra Fernández, agente intermediaria de la consultoría estadunidense Jordan Castellon Ricardo P.L., contratada por el despacho panameño Mossack Fonseca, Attorneys-At-Law.
La representante de la firma panameña en Florida, Estados Unidos, Olga Santini, recibió del agente intermediario el correo final catalogado como de “alta importancia”. En la comunicación, se le especifica que use la dirección 185 SW 7 Street, Unit 3205, Miami, Fl. 33130. La dirección es la misma donde está radicada oficialmente la empresa DI ROD Maritime Corp en Miami.
Esta misma dirección será la que Martín Díaz Álvarez, Amado Yáñez Osuna y los hermanos Rodríguez Borgio registrarán como domicilios particulares ante Mossack Fonseca los días en que éste despacho les entregue acciones de algunas empresas creadas para ellos en paraísos fiscales.
Mossack creó para los dueños de Oceanografía tres empresas entre 2011 y 2012: Linard Consultants Inc (accionistas Francisco Javier y Oscar Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez); Fairhaven Trading Resources Limited (accionistas Francisco Javier y Oscar Rodríguez Borgio), y Ceresia Services Limited (Martín Díaz Álvarez y Amado Yáñez Osuna), todas en las Islas Vírgenes Británicas.
Y a quien se encargaba de la nómina y pago a otros proveedores de la naviera a través de su firma Grupo Impulsor del Sur (Grimsur), Fabián Narváez Tovar, Mossack Fonseca le constituyó en 2011 Fasana Corp en BVI.
Entre 2011 y 2014 Narváez creó en Florida empresas espejo a la conformada en el paraíso fiscal, –Fasana Corp–, y a la mexicana Grimsur. Su participación en Oceanografía fue central y ahora el Sistema de Administración Tributario (SAT) acusa a la naviera de evadir impuestos. Grimsur llevaba la nómina de los más de 4,400 trabajadores de Oceanografía y el pago a algunos proveedores.
Apenas el pasado 14 de marzo, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que el SAT no puede cobrar los cerca de 18 mil millones de pesos que Oceanografía adeuda al fisco; ello debido al retraso de la autoridad para reclamar y considerarse acreedor en el juicio mercantil que se sigue a Oceanografía.
De acuerdo con los #PanamaPapers, a fines de 2014 la PGR reveló, en comunicaciones internas, que el Ministerio Público de la Confederación Suiza les requirió información de Francisco Javier y Oscar Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez para “integrar la instrucción número MSV.14.0338-BAN iniciada en aquel país, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de blanqueo de capitales”.
Proceso buscó a los hermanos Rodríguez Borgio, quienes a través de su abogado Carlos López Arguijo aceptó que tenían dos empresas en paraísos fiscales pero aclaró que fueron creadas para adquirir “una lancha de dos motores para salir a pescar”. Precisó que en una de ellas la parte de Martín Álvarez se le compró, que ya no tienen movimientos financieros y que no tienen nada que ver con lavado de dinero ni robo de hidrocarburos.
También aceptó que Suiza les abrió una indagatoria, pero dijo que “ya se aclaró” con los documentos oficiales mexicanos. Sostuvo que si se les indagó “fue por Martín Díaz”, porque a él lo investigaban. De Fabián Narváez dijo conocerlo, pero no la empresa que éste abrió en BVI e incluso que no tiene nada que ver con las de sus clientes Rodríguez.
Explicó que al despacho Mossack Fonseca lo contactaron por recomendación de la empresa que les vendió la embarcación, de la cual no recordó su nombre. Incluso dijo que “ya ni se acordaban” que tenían las dos empresas en las islas.
Los hermanos Borgio también son dueños del casino Big Bola, aquel que ofrecía premios en dólares a “ganadores” presuntamente fantasmas.
Por su lado, la defensa de Amado Yáñez aseguró desconocer la existencia de Ceresias. A consulta de Proceso como parte de la investigación coordinada por el ICIJ, “los abogados del exdirector de Oceanografía solicitaron información sobre las operaciones que realizó Ceresia Services Limited. Aseguró que esa compañía “jamás utilizó o realizó ninguna actividad financiera y/o comercial”.
Narváez Tovar, a través de su contador Carlos Velueta, dijo a Proceso que Fasana Corp fue dada de alta en el paraíso fiscal, pero que “no tiene nada que esconder ni es extraño tener estas empresas”. Aclaró que se abrió para obtener un crédito y comprar una propiedad en Miami” y no cuenta con más movimientos financieros. Ante la pregunta de la relación entre adquirir una empresa en Miami y abrir una empresa en otro país como BVI, el contador aseguró que eso “es común en Estados Unidos cuando se adquiere una propiedad”.
De Fasana LLC dijo: se hace así porque una empresa es dueña de la otra para propósitos de adquirir la propiedad”. Sin embargo, dijo desconocer del resto de las empresas de su jefe en Miami, mismas que tienen a “agente registrador” relacionado con Mossack Fonseca. Aseguró que Fasana no tiene relación alguna con las empresas de quienes fueron dueños de Oceanografía.
A Martín Díaz Álvarez no se le pudo localizar en su domicilio de Miami, Florida.
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Linkurious.
Lavado de dinero
El 28 de febrero de 2014, Banamex denunció a Oceanografía por un fraude de 585 millones de dólares operado mediante la entrega en garantía de documentos falsos de Pemex. El 31 de marzo PGR anunció el embargo de la naviera que pasó a ser administrada por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
La PGR abrió la averiguación previa UEIORPFAM/AP/065/2014 dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de ahí ordenó el aseguramiento de todas las cuentas bancarias y de negocios de dos accionistas de Oceanografía: los hermanos Rodríguez Borgio y de Martín Díaz Álvarez.
El 19 de junio de 2014, meses después de abierta la indagatoria en SEIDO, el ministerio público ordenó liberar las cuentas de Rodríguez “al haberse acreditado su legítima procedencia”. Cheques, inversiones bursátiles, créditos en garantía, fideicomisos, valores, ahorros, pólizas que existan a nombre o beneficiarios de “Francisco Javier Rodríguez Borgio y Shipping Group Mëxico SGM SAPI de CV y/o GGM Shipping SA de CV” quedaron fuera de toda investigación.
A Amado Yáñez Osuna, propietario original de la empresa y dueño del 80 % de las acciones se le abrió en paralelo otra averiguación previa, la UEIORIFAM/AP/115/2014.
En marzo de 2012, la PGR detectó la ordeña a ductos de Pemex que a su vez se depositaba en los contenedores de la empresa GGM en Querétaro, de ahí que abrió la averiguación previa AP/PGRJQR0/QR0-IV1090/2012 contra los accionistas del grupo, que eran los hermanos Rodríguez Borgio y Marín Díaz Álvarez
El 16 de diciembre de 2013, la PGR inició el “acta circunstanciada”: PGR/SEIDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013 en la que solicitó todos los movimientos bancarios de Martín Díaz a partir de 2005 a esa fecha. El 19 de febrero de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ante un posible lavado de dinero, inició una revisión de las operaciones de la financiera Caja Libertad, de la cual Martín Díaz era presidente del consejo de administración y los hermanos Rodríguez Borgio, miembros.
Siete días después, el 27 de febrero de 2014, Banamex hizo público un presunto fraude por alrededor de 500 de dólares de Oceanografía.
A lo largo de esos años, Mossack Fonseca creó a nombre de los hermanos Borgio, Martín Díaz, Amado Yañez y el encargado de la nómina de Oceanografía, empresas en paraísos fiscales donde ellos figuran como directivos.
Suiza indaga lavado
En el expediente de los socios de Oceanografía en Mossack Fonseca, hay oficios certificados que la PGR, el Ministerio Público de la Confederación Suiza y un despacho de aquel país, Nobel & Hug en torno a “la probable responsabilidad” de los hermanos Rodríguez Borgio y Martín Díaz en el “blanqueo de capitales”.
Para el 10 de noviembre de 2014 ya existía el intercambio de comunicaciones entre ellos. El principal, un requerimiento de información que hace el despacho Suizo a la procuradora de su país. Ésta lo consulta con México vía la representación de PRG en la Unión Europea con sede en España. Érica Cervantes Albarrán, funcionaria establecida en España, quien pide referencias sobre estas personas y su posible participación en lavado de dinero; las oficinas a las que consulta dicen que no han encontrado.
Oceanografía, la empresa predilecta de Fox y Calderón, enganchada a los paraísos fiscales:
El problema es que la consulta no se hace a la Unidad Especializada en Investigación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, sino a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia (UEIDCSPCAJ) de la propia SIEDO, a pesar de que los involucrados no son servidores públicos.
La historia es la siguiente: el 27 de noviembre en el oficio UEIDCSPCAJ/2763/2014 emitido por Gerardo Raymundo Arizaga Cortés, encargado de despacho de la UEIDCSPCAJ, revela que Suiza está indagando por lavado de dinero a los mexicanos.
El funcionario de la PGR detalla en el escrito: “…la Procuraduría General de la República recibió asistencia jurídica formulada por el Ministerio Público de la Confederación Suiza, la cual tiene por objeto recabar diversa documentación relacionada con Oscar Rodríguez Borgio, Francisco Javier Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez, a fin de integrar la instrucción número SV.14.0338-BAN que se lleva en ese país por el delito de blanqueo de capitales”.
La carta va dirigida al director general de Procedimientos Internacionales de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y pide que se informe si en la base de datos de dicha Unidad existen registros de averiguaciones en contra de los hermanos y Martín Díaz.
En particular, le pidió que precisara “si la investigación tiene relación con el delito de blanqueo de capitales que se investiga en Suiza, y en caso afirmativo proporcionar copia certificada de todo lo actuado”.
En el tercer párrafo, Arizaga Cortés dice que no se localizó antecedente. Un segundo oficio fechado el mismo 27 de noviembre de 2014 por la Secretaría Técnica” del delegado de PGR en el Distrito Federal, y también dirigida al director general de Procedimientos Internacionales, José Manuel Merino Madrid, dice que los subdelegados y el encargado de Oficialía de Partes tampoco encontraron antecedentes.
Todos estos oficios los reenvió la Agregaduría Legal para Europa con sede en Madrid, España dependiente de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, Erika Cervantes Albarrán, a la procuradora Suiza el 25 de febrero de 2015, misma que llegó a su destino el 3 de marzo de 2015.
El intercambio de escritos obtenido de la base de datos de Mossack Fonseca, concluye cuando la procuradora suiza, Angéla Wellauer los remite al despacho Nobel & Hug de Suiza bajo la leyenda: “procedimiento penal abierto en contra de Francisco Javier Rodríguez Borgio, Oscar Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez por blanqueo de dinero (artículo 305 bis CP)”.
Las autoridades mexicanas informaron a Suiza que no hay indagatoria contra Martín Díaz Álvarez, sin embargo existe la UEIORPIFAM/AP/05/2014, y hay una orden de aprehensión en su contra, aunque éste litiga un amparo para evitar su captura. También, bajo el mismo proceso penal, los juzgados rechazaron entregarle 23 cuentas bancarias que éste reclamó suyas. El área de comunicación social de la PGR ratificó a Proceso que la investigación sigue radicada en SEIDO pero rechazó detallar la situación de Díaz y de los hermanos Rodríguez Borgio.
Empresas en paraísos fiscales
Mossack Fonseca empezó a trabajar con los dueños de Oceanografía a partir de 2011 sin problema alguno hasta que Banamex destapó el presunto fraude por 585 millones de dólares cometidos por los dueños de la naviera.
A partir de ese momento demandó nuevas diligencias a sus clientes, pero fue el 18 de marzo de 2015 cuando se establecieron “resultados adversos” sobre los propietarios de Linard Consultants Inc: los hermanos Roríguez Borgio y Marín Díaz Álvarez quienes el 23 de junio de 2011 la crearon, aunque éste último les vendió sus acciones el 4 de enero de 2013.
En los correos, empleados de Mossack Panamá le dicen a Olga Santini de Mossack Miami que PGR abrió una indagatoria contra Francisco Javier Rodriguez Borgio y “es acusado de lavado de dinero”, además de que PGR lo investiga por presuntamente comprar hidrocarburos robados para su Grupo Gasolinero México (GGM).
Respecto a su hermano Oscar, Mossack Fonseca le informa a Olga Santini que es sobrino de Ángel Isidoro Rodríguez, alías El Divino, quien se vio envuelto en un escándalo de fraude bancario en los año noventa. Además que en 2012 estuvo bajo investigación por tener nexos con grupos del crimen organizado y que tiempo después encontraron en una de sus propiedades de Querétaro un significativo cargamento de balas, según notas de prensa.
Santini responde el 24 de marzo de 2015 “este mismo problema lo tuvimos hace como 4/5 años …podrías mirar antes de volver a molestar al cliente”.
Mossack insiste a Santini que revise la información reciente del cliente (Rodríguez Borgio) pues la que tienen, entre ella una carta de no antecedentes penales, data de junio de 2014.
La base de datos muestras las misivas enviadas a Mossack por Francisco Javier. Las dos están fechadas el 11 de marzo de 2013. Una de ellas es de la Procuraduría General de Justicia de Querétaro en la que consta “en todos los años anteriores a la fecha” no hay antecedentes penales. La segunda es de la Coordinación general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Gobernación en donde sostiene que el Archivo Nacional de Sentenciados “no registró sentencias irrevocables condenatorias” en el ámbito federal.
Mossack central le pide nuevas referencias.
Entre los documentos que se envían, esta una carta del 19 de mayo de 2015 de Banorte en la que dice tenerlo como cliente desde abril de 1999 y que ha cumplido siempre con las leyes; una más a su favor es del intermediario Jordan Castellon & Company PL que revela es su cliente desde hace diez años.
El 7 de octubre de 2015 Mossack envía a Santini un “world chek” que reporta es dueño de Caja Libertad y existió un procedimiento en su contra por posible lavado de dinero en 2014. A pesar de la gravedad de los señalamientos, Mossack Fonseca mantuvo como clientes a los entonces socios de Oceanografía.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435745/oceanografia-la-empresa-predilecta-fox-calderon-enganchada-a-los-paraisos-fiscales
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron a Felipe de Jesús Chamlati Albores como probable responsable del delito de feminicidio en agravio de Maricarmen Escobar López, de 16 años, en el municipio de Pijijiapan, un crimen que conmocionó a toda una comunidad.
La dependencia informó esta tarde que elementos del grupo interinstitucional en Tuxtla Gutiérrez capturaron al presunto delincuente en atención a una orden de aprehensión girada por el juez del ramo penal.
Posteriormente el sujeto fue trasladado al Centro de Reinserción Social para Sentenciados con sede en Tonalá y puesto a disposición del juez de control y garantías de dicho distrito judicial.
El pasado 31 de marzo la víctima fue encontrada sin vida en las inmediaciones de un predio rústico ubicado a un costado de la carretera de terracería que conduce al ejido El Llanito, en el municipio de Pijijiapan.
La Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio inició la carpeta de investigación 0029-069-0705-2016 al tiempo de ordenar la localización y detención del presunto responsable.
Según las investigaciones, la participación del indiciado en el feminicidio de Maricarmen Escobar fue como autor material.
FUENTE: PROCESO.
FECHA: 3 ABRIL 2016.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435711/detienen-a-presunto-asesino-jovencita-16-anos-en-chiapas
