La discusión por el peritaje en Cocula: la PGR niega violar acuerdo de confidencialidad con el GIEI

El acuerdo con el grupo de expertos expiraba el 31 de marzo, y se hizo público el 1 de abril. Lo que no se acordó fue la forma en que se daría a conocer, dice el subprocurador Eber Betanzos.

La PGR rechazó que haya violado el acuerdo de confidencialidad que tenía con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al dar a conocer el tercer peritaje realizado en el basurero de Cocula por el grupo de expertos en fuego.

Eber Betanzos, subprocurador en Derechos Humanos y Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que el acuerdo con el GIEI expiraba el 31 de marzo, y los resultados se dieron a conocer un día después, el 1 de abril en una conferencia de prensa dada por Ricardo Damián Torres, representante del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego.

En la conferencia, el grupo de expertos en fuego presentó el tercer estudio que concluyó que hubo un evento de “fuego controlado”, de grandes dimensiones en el basurero de Cocula, Guerrero, y hallaron evidencias de que “al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar”.

Aunque aclararon que es necesario hacer más pruebas para determinar si los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el lugar.

Tras la difusión de los resultados del tercer peritaje, el GIEI acusó a la PGR de romper el acuerdo de confidencialidad del proceso hasta tener resultados del peritaje y de cómo transmitir esas conclusiones.

“Es claro que alguien tomó la decisión de romper dicho acuerdo de consenso y de no escuchar las propuestas hechas por el GIEI, tomando una decisión unilateral por parte de la PGR. En base a todo ello el GIEI considera roto el acuerdo de trabajo sobre el tema del basurero, visto la falta de cumplimiento del acuerdo de Washington y de los acuerdos tomados para este caso en el camino”, abundó el GIEI en su comunicado.

Betanzos dijo que el resultado del peritaje fue abierto en presencia de la PGR y del GIEI, y que la procuraduría no tuvo inconveniente en que Torres lo hiciera público. Añadió que lo que no acordaron con el grupo de expertos fue de la forma en la cual estos resultados serían comunicados”.

Betanzos dijo que esta semana acudirá a la Universidad de Innsbruck para recoger los resultados de los análisis de restos óseos.


“Solamente voy a recoger un sobre cerrado con resultados, los traigo y aquí (en México) serán abiertos” frente a los representantes de los 43 normalistas, la PGR, el GIEI y el grupo de forenses argentinos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-discusion-por-el-peritaje-en-cocula-la-pgr-niega-violar-acuerdo-de-confidencialidad-con-el-giei/

“Una burla”, ofrecimiento de AMLO de echar atrás la reforma educativa en Oaxaca: Nuño

CIUDAD DE MÉXICO: El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Meyer, calificó como “una burla” el ofrecimiento que el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hizo al magisterio disidente de dar marcha atrás a la reforma educativa en Oaxaca.

“Este acuerdo que López Obrador ha ofrecido a la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) me parece que es una burla. Es una burla para regresar al pasado, es una burla para los niños y las niñas, los jóvenes, los padres y las madres de familia de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, de todo México. Es una burla porque lo que López Obrador está proponiendo, y nos lo está diciendo de manera transparente, (es) que regresemos a un sistema educativo en el que se vendan y hereden plazas”, apuntó.

La semana pasada se dio a conocer que el tabasqueño firmó un acuerdo con el magisterio disidente de Oaxaca para echar atrás la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto en caso de que el candidato de Morena, Salomón Jara Cruz, obtenga la gubernatura en la entidad.

No obstante líderes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –agrupada en la CNTE— negaron que ese pacto existiera.

Pese a ello, el titular de la SEP criticó que el excandidato presidencial quiera echar abajo la reforma educativa que ha acarreado expresiones de descontento entre los maestros de diversas entidades del país.

“Lo que está proponiendo es que los maestros no tengan acceso a la capacitación, que sigan haciendo marchas que dejen a los niños sin clases. Es una burla porque lo que está proponiendo López Obrador, su propuesta educativa es restituirle a un pequeño grupo de líderes sindicales sus privilegios en detrimento del derecho de los niños y de las niñas de México”, dijo en entrevista.

Y advirtió: “No lo vamos a permitir. No lo van a permitir millones de mexicanos, porque nadie quiere regresar a una condición de ese antiguo sistema que López Obrador quiere poder volver a restituir, ese sistema de venta de plazas, donde los maestros no se evaluaban, ese sistema al que nadie quiere regresar, pero eso no se va a permitir”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.proceso.com.mx/435779/una-burla-ofrecimiento-amlo-echar-atras-la-reforma-educativa-en-oaxaca-nuno

El gobierno propicia una campaña contra la CIDH, denuncia su presidente

El secretario de Gobernación dijo en una reciente entrevista radiofónica que el GIEI terminará su labor este mes y ya no se necesitarán sus servicios para saber qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa; pero el presidente de la CIDH, James L. Cavallaro, lo desmiente: no le toca a Osorio Chong decidir eso, afirma, sino a la Comisión Interamericana. En entrevista con Proceso, el abogado estadunidense asegura que hay una campaña de desprestigio contra esa institución y reitera que existe en México una muy grave crisis de derechos humanos.

WASHINGTON: No –le dice la CIDH al gobierno de Enrique Peña Nieto–; no es prerrogativa de la Secretaría de Gobernación decidir si amplía o termina la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

“No es decisión del señor (Miguel Ángel) Osorio Chong, secretario de Gobernación, dar por terminada la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa”, dice James L. Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA.


“Extender o ampliar la prórroga de trabajo del GIEI es decisión de la CIDH”, subraya Cavallaro, quien durante una larga entrevista telefónica con Proceso denuncia la campaña de desprestigio que se lleva a cabo en México contra los integrantes del GIEI y contra Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión.

El martes 29 de marzo, en entrevista con Radio Fórmula, Osorio Chong declaró que no habría otra prórroga para el GIEI, que el próximo 30 de abril concluye su labor como coadyuvante del gobierno mexicano en la investigación del caso Ayotzinapa.

“Estamos dentro del plazo. Estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que viene realizando y en abril termina ese trabajo”, indicó el secretario de Gobernación en esa entrevista radiofónica.

Con un aplomo que refleja seguridad en lo que dice, el estadunidense Cavallaro enfatiza que, como lo establece el acuerdo firmado el 18 de noviembre de 2014 entre la CIDH, el Estado mexicano y los representantes de los jóvenes desaparecidos, el futuro de la participación del GIEI en el caso Ayotzinapa es un punto que nada tiene que ver con lo que quiera o no quiera el gobierno de Peña Nieto.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2057, ya en circulación

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435621/gobierno-propicia-una-campana-contra-la-cidh-denuncia-presidente

Yunes Linares defiende a su hijo Omar por escándalo #PanamaPapers

XALAPA, Ver: El candidato a gobernador por la coalición PAN-PRD Miguel Ángel Yunes Linares rechazó tajantemente que su hijo, el empresario Omar Yunes Márquez, esté envuelto en los paraísos fiscales asesorados por Mossack-Fonseca en Panamá.


Entrevistado en Coatzacoalcos, Yunes Linares aseguró que existen “20 Omar Yunes” en su círculo social. Así respondió ante el escándalo de presunta evasión fiscal en la que su hijo fue mencionado en la investigación denominada #PanamaPapers, compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y más de 100 medios de comunicación en el mundo.

Aunque Omar Yunes Márquez se encuentra alejado del servicio público, sus dos hermanos son activos importantes del PAN. Fernando es senador de la República y Miguel Ángel es alcalde de Boca del Río, el municipio turístico y empresarial del territorio veracruzano. Además su padre, Yunes Linares es candidato a gobernador.


“Mi hijo Omar no trató de crear un fideicomiso en Nueva Zelanda poniéndose como beneficiario junto con su esposa Ángela Ruiz en un posible intento de evasión fiscal, como se dio a conocer durante el fin de semana. No hay ningún señalamiento importante contra mi familia, hay un señor que se llama Omar Yunes, que nadie dice que sea mi hijo, hay 20 Omar Yunes en mi familia para empezar y muchos fuera de la familia”, atajó.

A manera del deslinde del escándalo #PanamaPapers, Yunes Linares aseguró que lo importante en Veracruz es sancionar e investigar los “Duarte-Papers”. Apenas la víspera del domingo, el candidato del PAN-PRD interpuso una denuncia contra Javier Duarte por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos.

Yunes Linares reviró que el gobernador priista trata de desviar la atención de la denuncia penal que interpuso en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

“Duarte no va a desviar la atención, aquí lo importante son los Duarte-Papers”, dijo.

El candidato insistió en que su hijo Omar Yunes se dedica desde hace 19 años a la industria restaurantera. Negó que esté “al nivel” de los jefes de Estado y otros empresarios de talla mundial que aparecen en la investigación periodística.

Este fin de semana, Proceso público en su página de Internet que entre los familiares de políticos a los que Mossack-Fonseca les abrió la puerta sin mayor cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

En un reportaje firmado por el periodista Jorge Carrasco se consigna que el empresario Omar Yunes avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa.


La operación no se realizó porque el hijo de Yunes desistió. Sin embargo, el departamento de debida diligencia de Mossack-Fonseca nunca alertó que la ley en México considera como PEP expuesto a familiares hasta cuarto grado y Yunes Márquez es hijo de un político y hermano de otros dos, el actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435794/yunes-linares-defiende-a-hijo-omar-escandalo-panamapapers

Siete empresas mexicanas son sancionadas en EU por vínculos con el narcotráfico

Los bienes de las empresas quedaron congelados y los ciudadanos estadounidenses no deben realizar negocios con ellas, por sus vínculos con la organización criminal de Los Cuinis, liderada por Abigael González Valencia.

Siete empresas mexicanas fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados por sus vínculos con la organización Los Cuinis, dedicada al tráfico de drogas y con su líder, el ciudadano mexicano Abigael González Valencia.

La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) integró a su lista negra a las empresas: Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola Verde de Sayula, Step Latinamédica, Asesores Turísticos y Status Administrativo.

Cuatro de las empresas designadas hoy son las empresas agrícolas ubicadas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; en tanto Asesores Turísticos, está localizada en la Ciudad de México y Step Latinamédica una empresa de consultoría de tecnología biomédica que se encuentra ubicada en Guadalajara, detalló la OFAC en un comunicado.

Los bienes e intereses de estas entidades en jurisdicción de EU quedan congelados, y a los ciudadanos estadounidenses les queda prohibido participar en transacciones con ellos, según la lista de Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).

“La acción de hoy es un paso más en la desarticulación de la red empresarial mexicana controlada por la organización de tráfico de drogas de Los Cuinis”, expresó el Director Interino de la OFAC, John E. Smith.

La OFAC identificó a Abigael González Valencia, Jeniffer Beaney Camacho Cázares (esposa de González Valencia), Diana María Sánchez Carlón, Silvia Romina Sánchez Carlón y/o Fernando Torres González como parte de la organización de Los Cuinis.

Abigael González Valencia, tiene como aliado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) liderado por Nemesio Oseguera Cervantes ‘el Mencho’. Ambos fueron acusados varios cargos, incluyendo ser los líderes principales de una empresa criminal activa por un jurado en EU.

Desde junio del año 2000, más de 1,800 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.


El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares, detalló la OFAC en un comunicado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/siete-empresas-mexicanas-son-sancionadas-en-eu-por-vinculos-con-el-narcotrafico/

La PGR investiga si César Duarte depositó recursos públicos en su propio banco

La Unidad de Análisis Financiero investiga si hay dinero federal en los depósitos por cerca de 80 mil mdp que hizo el gobierno de Chihuahua en un banco donde el gobernador invirtió recursos propios a través de un fideicomiso.

Entre 2012 y 2014 la administración de Cesar Duarte hizo depósitos por casi 80 mil millones de pesos a una sociedad financiera privada de la que su actual Secretario de Hacienda resultó ser abogado y accionista. Inicialmente se denunció penalmente que se trataba de recursos públicos de Chihuahua, pero la Procuraduría General de la República (PGR)  indaga ahora el desvío de recursos federales en esas transacciones.

Esto luego de que en diciembre de 2015, abogados que colaboran en la investigación presentaron ante la Unidad de Análisis Financiero de la PGR solicitudes de nuevas diligencias, para que no solo se comprobaran los depósitos, sino el origen del dinero que se envió a dicha sociedad financiera a través de casi 350 transferencias.

“Se tienen indicios que han surgido en el transcurso de la indagatoria iniciada desde 2014 de que dinero de programas federales está mezclado en estas operaciones. La PGR tiene a un equipo indagándolo (…) estaría obligada a actuar en defensa del erario de la federación” dijo en entrevista  Jaime García Chávez, presidente de Unión Ciudadana, la organización que funge como coadyuvante en el caso.


Las operaciones sospechosas, que Duarte admite que se hicieron sin su conocimiento ni autorización, enriquecieron a la sociedad financiera Unión Progreso que junto con otras, se fusionaron para formar el Banco Progreso, del cual el propio gobernador buscó tener participación accionaria a través de un fideicomiso.

Depósitos Gobierno de Chihuahua a Union de Credito Progreso:

  Depósitos Gobierno de Chihuahua a Union de Credito Progreso by http://www.animalpolitico.com

García Chávez detalló a Animal Político que luego de que la promoción de las nuevas diligencias fue acepada por la PGR en diciembre pasado, un equipo de la Unidad de Análisis Financiero de la PGR estuvo trabajando diez días en la ciudad de Chihuahua para recabar la información relacionada con los depósitos.

“Se busca diseccionar la mezcla de recursos estatales o federales de que ha dispuesto César Duarte y Jaime Herrera Corral (secretario de Hacienda), en movimientos que obran ya agregados al expediente. En otras palabras, se quiere saber qué recursos son de Chihuahua y cuáles federales (…) de confirmarse el desvío de recursos federales le da mayor gravedad al asunto” dijo Jaime García.

Cabe señalar que la Auditoría Superior de la Federación, en su análisis de la cuenta pública 2014,  advirtió irregularidades de Chihuahua en casi todos los programas y subsidios federales revisados, incluyendo operaciones en donde el destino del dinero no fue corroborado.

Esta línea de investigación se integra a la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19 que la PGR integra a partir de la denuncia que se interpuso en septiembre de 2014 por enriquecimiento ilícito, uso indebido del servicio púbico y otros delitos. El expediente ya tiene hoy más de 95 mil páginas y continúa en integración.

“El banco del Gobernador”

En septiembre de 2014 el colectivo Unión Ciudadana denunció ante la PGR y ante la Fiscalía de Chihuahua al gobernador Cesar Duarte,  a su secretario de Hacienda Jaime Herrera Corral, y a otros funcionarios que presuntamente utilizaron dinero público y de origen dudoso para impulsar una sociedad financiera de la que eran accionistas.

Uno de los puntos clave fue el Fideicomiso número 74474 abierto en 2012 por el gobernador Cesar Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, con un fondo de 65 millones de pesos,.

El contrato de ese fideicomiso, del que Animal Político tiene copia también, establece en el apartado B de las declaraciones que el objetivo del mismo es que “en el futuro se adquieren las acciones de BANCO que integran el patrimonio del presente fideicomiso”.


En las definiciones se establece como BANCO a la institución de banca múltiple denominada Banco Progreso, que surgirá de una reestructura de sociedades financieras. En 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la creación de dicho banco de la fusión de la sociedad financiera Unión Progreso y otras.

Cesar Duarte dio varias declaraciones a finales del 2012 para intentar explicar el fideicomiso, que según la denuncia en PGR se implementó con recursos que no se justifican de acuerdo a los ingresos del mandatario estatal. El gobernador dijo que el dinero era resultado de su actividad empresarial de venta de autos y como ganadero.

Sobre el objetivo del fideicomiso, Duarte dijo primero que este solo se creó para fortalecer la reestructura de varias sociedades financieras en un banco y que no quería ser socio del mismo, pero luego reconoció que había firmado el fideicomiso “sin leerlo”.

El caos cobró relevancia porque entre 2012 y 2014 el gobierno estatal hizo depósitos e dichas sociedades financieras por cientos de millones de pesos, lo que contribuyó a su fortalecimiento.

Sobre esos depósitos, Duarte di primero que era un “conflicto de interés relativo” y justificó que se llevaron a cabo porque Unión Progreso ofrecía las mejores tasas de interés, pero luego admitió que esos movimientos fueron autorizados por su secretario de Hacienda sin su conocimiento. “De haberlo sabido no los hubiera autorizado” confesó.

Secretario incómodo

Pese a ser secretario de Hacienda en funciones, Herrera Corral mantuvo su empleo en Unión Progreso. En la autorización de la fundación del Banco Progreso que publicó la Comisión Bancaria en abril de 2014,  aparece el nombre del funcionario como representante legal de las sociedades financiera.

En una entrevista en diciembre de 2014 Herrera confirmó públicamente que fue abogado de la referida sociedad y que luego se convirtió en accionista de la misma. Reconoció también que la dependencia que encabezaba hizo múltiples depósitos en su sociedad financiera pero no lo consideró como un conflicto de interés.

Hasta ahora la investigación por estos hechos sigue en curso enl a PGR y no hay conclusiones, pero la Auditoría Superior de la Federación en su revisión de la cuenta pública 2014 identificó irregularidades que involucran a la Secretaría de Hacienda estatal en el manejo de 15 partidas de recursos públicos federales.

Dichas deficiencias van desde la no comprobación adecuada del destino del dinero, el  no gastar el recursos para los conceptos que se destinan y retenerlos, la expedición de facturas irregulares, anomalías en procesos de contratación, ausencia de políticas de gasto y comprobación de resultados etcétera.

En uno de los dictámenes remitidos por los auditores, el relacionado con el manejo de 600 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, se estableció incluso que la dependencia  no tenía un código de ética para el manejo del dinero ni una forma de sancionar comportamientos no éticos detectados en el manejo del dinero.

A esto se suman incumplimientos en la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Tan solo en el caso de la auditoría de este Fondo Múltiple, se concluyó que se desconocía el destino real de 100 de los 600 millones de pesos entregados por la Federación.

Pedirán cierre del expediente

Los denunciantes y coadyuvantes en este caso, el colectivo Unión Ciudadana, dará a conocer en las próximas dos semanas una carta dirigida a la procuradora Arely Gómez para que en breve se concluya con la integración de la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19 y se determine si se procede o no penalmente en contra de los funcionarios.

Jaime García señaló que el expediente ya consta de 95 tomos con más de 95 mil páginas, por lo que dijo que al parecer de los abogados, una vez esclarecido el origen de recursos estatales y federales puede tomarse una resolución.

“Se ha hecho una investigación profunda.  Hay infinidad de informes de la Comisión Nacional Bancaria del Banco de México, de las contralorías, de informes fiscales, del ejercicio e intercambio crediticio con tarjetas, de las cuentas del propio Duarte y sus familiares. Este cumulo de diligencias ha arrojado nuevos elementos” dijo.

Desde su punto de vista, la evidencia que el Ministerio Público federal ha recabado hasta ahora , la información pública disponible y las propias declaraciones del gobernador y funcionarios involucrados, comprueban que hubo un enriquecimiento ilícito y un ejercicio ilegal del servicio público por el abuso en el manejo de dinero


“No puede ser legal que deposites dinero de los contribuyentes de Chihuahua o recursos federales en el banco del cual su Secretario de Hacienda es accionista y tú también querías serlo.  Esto cae por su propio peso” dijo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-pgr-indaga-si-cesar-duarte-deposito-dinero-publico-en-el-banco-de-su-secretario-de-hacienda/

Mañana entregarán análisis de la Universidad de Innsbruck sobre Cocula

CIUDAD DE MÉXICO: Eber Betanzos, subprocurador en Derechos Humanos y Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que la Universidad de Innsbruck entregará el martes nuevos resultados sobre el análisis de restos humanos y ropa hallado en el basurero de Cocula, Guerrero.


Precisó que los resultados serán abiertos en presencia de elementos de la PGR, padres de los normalistas desaparecidos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el equipo argentino de antropología forense.

“Solamente voy a recoger un sobre cerrado con resultados, los traigo y aquí (en México) serán abiertos”, añadió el funcionario en entrevista radiofónica.


El 31 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó a la PGR un sobre cerrado con el resultado del tercer estudio de fuego efectuado en el basurero de Cocula, Guerrero.

El grupo colegiado de expertos concluyó que “se puede establecer la hipótesis sobre las condiciones, cantidad de combustible, tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos” en el basurero de Cocula.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) afirmó que el nuevo peritaje de fuego en Cocula no es concluyente: “No hay una respuesta concluyente por el momento por parte del panel de expertos en fuego sobre si fue o no posible la incineración de 43 estudiantes la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014. Por lo tanto, dicha conclusión por el momento, no afirma ni niega la hipótesis de la PGR”.


En la entrevista, Betanzos rechazó que se haya violado un acuerdo de confidencialidad al adelantar los resultdos del informe: “No establecimos una determinación respecto de la forma en la cual estos resultados serían comunicados”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435749/manana-entregaran-analisis-la-universidad-innsbruck-cocula

El SAT anuncia que investigará a contribuyentes implicados en #PanamaPapers

CIUDAD DE MÉXICO: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que revisará “en los casos que sea procedente” a los contribuyentes mexicanos vinculados a complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del alcance del fisco.


En un escueto comunicado, el SAT anunció que serán investigados los personajes señalados en la investigación periodística mundial Panamá Papers de hacer tratos con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore.

“La información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”, manifestó el SAT.

“Asimismo, la autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario”, añadió.

El SAT recordó que el 29 de octubre de 2014 México firmó junto con 50 países el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente durante la séptima Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.


El acuerdo entrará en vigor a partir de 2017 y permitirá el intercambio inmediato de información de inversiones, transferencias y cuentas financieras de mexicanos y sus empresas en más de 80 naciones, incluidos los denominados “paraísos fiscales”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435736/sat-anuncia-investigara-a-contribuyentes-implicados-en-panamapapers

#PanamaPapers: El (indeseable) dinero de Carlos Hank Rhon

CIUDAD DE MÉXICO: El 24 de septiembre de 2013, después de revisar los antecedentes del financiero Carlos Hank Rhon, el área de cumplimiento de Mossack Fonseca advirtió en un correo electrónico dirigido a la filial del despacho en Jersey: “Hemos encontrado información negativa relacionada con este individuo y su familia (…) No recomendamos vender compañías a este cliente si el Sr. Hank Rhon se encuentra involucrado”.


Con esa contundente negativa acabó el intento del hijo del fallecido profesor Carlos Hank Gonzalez de comprar una compañía offshore en Panamá al despacho especializado en paraísos fiscales Mossack Fonseca, según los documentos internos de esa firma a los que Proceso tuvo acceso como parte de los #PanamaPapers.

El de Hank González es el único caso de un empresario millonario de México al que Mossack Fonseca le cerró las puertas. Así lo demuestra la masiva información del despacho obtenida de manera anónima por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/) y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.

El semanario fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca, que duró casi un año. En el proyecto de colaboración periodística internacional más grande hasta ahora participaron aproximadamente 376 reporteros alrededor del mundo.

Los más de 10 millones de dólares que Carlos Hank Rhon ofreció movilizar a través de una compañía offshore no fueron suficiente atractivo para el despacho panameño, en el que pesaron más los antecedentes de la familia icónica del Grupo Atlacomulco al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.


Contrario a otros grandes poderosos de México que lograron crear complejas estructuras financiera para esconder sus recursos, como los contratistas Juan Armando Hinojosa Cantú y Ramiro Garza Cantú, Hank Rhon no pasó la aduana de Mossack Fonseca, pese a la flexibilidad que ha caracterizado a la firma en su relación con políticos de primer nivel o delincuentes.

El programa de revisión internacional que emplea Mossack Fonseca para evaluar los riesgos asociados con los beneficiarios finales de sus estructuras arrojó el expediente negro del financiero mexicano, quien a finales de los años 90 fue mencionado en un informe de inteligencia estadunidense en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Consecuencia de ello el despacho panameño se negó a incorporar una compañía en las islas de Bahamas –un paraíso bancario ubicado entre Cuba y Florida–, a través de la cual Hank Rhon pretendía poseer una cuenta de 10.7 millones de dólares en un banco suizo, cifra muy inferior a la que depositó en otro banco, también suizo, y que ascendió a más de 150 millones según otra investigación del ICIJ.

No era la primera vez que Hank Rhon se acercaba a Mossack Fonseca. En 1996 Interacciones Casa de Bolsa figuraba ya como “prospecto de cliente” de esa firma, es decir, como intermediario entre el despacho y las personas que quieren ocultar su dinero.

Años después Mossack Fonseca prefirió deslindarse de Carlos Hank Rhon. El pasado 24 de septiembre, Sandra de Cornejo, empleada del área de cumplimiento de Mossack Fonseca, adjuntó a su correo electrónico los resultados de “World Check”, el programa de revisión internacional de los “Personajes Políticamente Expuestos” (PEP, por sus siglas en inglés) relacionados con Hank Rhon.

El programa señaló al actual presidente de Grupo Hermes y Grupo Interacciones como “hijo de Carlos Hank González, exsecretario de agricultura y recursos acuíferos” durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. Pero no mencionó que su padre, fallecido en 2001, encabezó el “Grupo Atlacomulco” –al que pertenece Enrique Peña Nieto–, gobernó el Estado de México entre 1969 y 1975 e integró el Consejo Político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI de 1997 hasta su muerte.

Además de ser el hijo de un exsecretario –por lo que lo catalogó como PEP–, el programa de verificación internacional encontró artículos “adversos” publicados en la prensa estadunidense sobre el polémico banquero.


Entre ellos destacó el artículo “Prominente familia mexicana, vista como amenaza contra Estados Unidos”, que publicó The Washington Post el 2 de junio de 1999. Este reportaje señalaba que Carlos Hank González y sus hijos Carlos y Jorge Hank Rhon “lavaron dinero de manera masiva, apoyaron organizaciones narcotraficantes en transportar cargamentos de droga y se involucraron en corrupción pública a gran escala”, con base en un informe “reciente” de la principal agencia de inteligencia sobre drogas estadunidense.

Este informe sostenía que la familia –“muchas veces descrita como los Rockefellers de México”, precisó la nota– “representa una amenaza criminal significativa para Estados Unidos”.

Otro reportaje, publicado por Los Angeles Times el 5 de junio de 2011, recordó que integrantes del Ejército mexicano detuvieron a Jorge Hank Rhon –el hermano de Carlos Hank Rhon, exalcalde de Tijuana– el día anterior.

Además de las notas periodísticas, el programa de revisión internacional encontró una resolución que adoptó el Consejo de la Reserva Federal estadunidense el 31 de mayo de 2001 contra la compañía Incus Co. Ltd. y su dueño Carlos Hank Rhon, por “varias violaciones” contra las leyes bancarias estadunidenses.


Las publicaciones periodísticas siguieron a la investigación conocida como Tigre Blanco, emprendida durante varios años por distintas agencias de seguridad de Estados Unidos a mediados de los años noventa, que derivaron en la expulsión de Hank Rhon del sistema bancario estadunidense, donde era dueño del Laredo National Bank, en Texas.

“¿Pueden proceder?”

El pasado 20 de septiembre no fue el financiero mexicano quien estableció la comunicación con el despacho panameño, sino un asesor de nacionalidad británica, Trevor Pinchemain. En un correo que envió a la filial de Mossack Fonseca en la Isla de Jersey, planteó: “Necesitamos urgentemente una compañía incorporada de Bahamas para un cliente nuestro. ¿Pueden proceder?”.

Pinchemain funge como socio de Virtus Trust, un despacho establecido en el paraíso bancario británico de Guernsey, una pequeña isla del Canal de la Mancha. Además de ofrecer sus servicios como prestanombres en fideicomisos, el despacho propone asesoría en “cualquier asunto” relacionado con “planes de sucesión”, “optimización fiscal” y “protección de bienes”, entre otros.

En su página de Internet, la empresa señala que Pinchemain “laboró en varias instituciones financieras en los paraísos bancarios de Guernsey y en Bermuda” desde 1977, y destaca su “amplia experiencia en el manejo de fideicomisos y de estructuras corporativas para familias de fortunas altas y ‘ultra’ así como sus asesores a nivel global”.

En el correo del 20 de septiembre Pinchemain indicó a los empleados de Mossack Fonseca que la futura compañía en Bahamas se llamaría Aztec Holdings Limited y sería “dirigida” por los directores de Virtus Trust, en tanto que Virtus Trust NZ Limited –la compañía fiduciaria que tiene Carlos Hank Rhon en Nueva Zelanda– aparecería como fideicomitente.

El 23 de septiembre, después de un intercambio de correos, el trato estuvo a punto de concretarse: Pinchemain envió a Mossack Fonseca un formato para adquirir en Bahamas la compañía Duridgebay, S.A., junto con información sobre Carlos Hank Rhon, el “beneficiario final” de la compañía. La información consistió en una copia de su pasaporte y un estado de cuenta abierta en su propia empresa, Banco Interacciones, con un saldo de 29 mil 385 pesos.

En la escritura de adquisición de la sociedad, Virtus Trust planteó que después de la compra sustituiría el nombre Duridgebay Limited por Aztec Holdings Limited, e indicó que esta sociedad “poseerá un depósito bancario de alrededor de 10.7 millones de dólares con un banco suizo”.

Debajo de la instrucción “Favor indique si alguna de las personas que estarán mencionadas en este documento son PEP”, Virtus marcó el cuadro “Sí” con una palomita y precisó: “El Sr. Rhon ha sido cliente de Virtus Trust desde 2008. Está sujeto a los procedimientos de monitoreo mejorado que se llevan a cabo en Virtus Trust. Además, una reunión en persona con el Sr. Rhon se realiza cada año”. Informó que la fuente de financiamiento de la compañía consistirá en “ganancias de negocios”.


Al percatarse de que Carlos Hank Rhon era “políticamente expuesto”, Jennifer Fahy –directora de operación de Mossack Fonseca en Jersey– solicitó más información a Pinchemain acerca del financiero. De manera paralela envió los documentos al área de cumplimiento del despacho, en la sede central de Panamá, que emitió su opinión negativa al día siguiente.

Ese día, el 25 de septiembre de 2013, Andrzej Radomski, director de gestión de Mossack Fonseca en Jersey, advirtió que había cancelado el trato con Virtus Trust. En un correo electrónico precisó que no explicaba a los asesores de Vitrus Trust las razones de la cancelación, pero estimó que “deben estar totalmente enterados sobre quien es Carlos Hank Rhon”.

tras recordar que Virtus Trust trabaja con Hank Rhon desde 2008, añadió con un tono preocupado, resultaría “prudente” asegurarse que “ninguna otra compañía que mantienen con Mossack Fonseca esté vinculada con Carlos Hank Rhon”.


No es la primera vez que el nombre de Hank Rhon aparece en una investigación global del ICIJ: en enero de 2015 el consorcio detectó que el financiero tuvo una cuenta bancaria de 157 millones 946 mil dólares en la filial de HSBC en Ginebra, Suiza. La investigación, bautizada Swissleaks, exhibió a 100 mil titulares de cuentas en Ginebra –tanto empresas como personas–, los cuales guardaron más de 100 mil millones de dólares en el secreto bancario suizo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435746/panama-papers-indeseable-dinero-carlos-hank-rhon

El Gobierno federal adjudica a una empresa, sin licitación, 400 mdp para “eventos especiales”

En la presente administración, los magnos eventos han significado el otorgamiento de por lo menos 97 contratos para una sola empresa: Actidea, S.A. de C.V.  A esa entidad, se le ha pagado más de 500 millones de pesos por organizar brindis, el Grito de Independencia, la presentación de las reformas estructurales o la visita de los reyes de España. Del total, 88 convenios, unos 400 millones de pesos, fueron sin licitación de por medio. Eduardo Gama Pizarro dirige a esta compañía cuyo crecimiento ha sido exponencial desde que Enrique Peña Nieto inició su Gobierno. En el sexenio anterior, de Felipe Calderón Hinojosa, apenas si consiguió 10 contratos por 47.1 millones de pesos.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto tiene una empresa consentida en el sector de las celebraciones y los magnos eventos. La ha llamado casi siempre cuando ha tenido la necesidad de hacer un brindis, organizar el Grito de Independencia en el Zócalo, o cualquier acto público emblemático como la presentación de las reformas estructurales, recepciones a deportistas o la visita de los reyes de España. Así, en la presente administración, los magnos eventos han significado el otorgamiento de por lo menos 97 contratos por más de 500 millones de pesos de 2013 hasta ahora, para una sola empresa: Actidea, S.A. de C.V.

De esos convenios, 88 fueron otorgados bajo adjudicación directa; es decir, sin mediar invitación a concursar a otras firmas. Juntos, esos contratos fueron por 428 millones 54 mil 523 pesos con 61 centavos. Seis de estos 88 se desprendieron de un contrato marco; es decir, hubo otros participantes que también pudieron ser requeridos, pero sobre los cuales, Actidea fue la seleccionada. Las razones sociales de esas otras empresas no están especificadas en la página Compranet. Otros tres contratos fueron por invitación y seis bajo licitación pública.

Para los gobiernos de México, hay tres maneras de brindar contratos: la licitación pública que implica concurso abierto, la invitación a tres personas y la adjudicación directa. Hay una figura legal a la que la autoridad puede apegarse: el contrato marco que implica que varias compañías estén a disposición de las dependencias para brindar un servicio y que está regido por la fracción XX del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Actidea ha sido la reina en la obtención de contratos sin mediar concurso en el terreno de los festejos y actos públicos. Y cuando ha competido o está en un contrato marco casi siempre ha resultado ganadora.


Lo anterior resulta de una revisión de los datos abiertos del Portal de Obligaciones y Transparencia (POT). Cada contrato otorgado a Actidea fue ubicado y puesto en una lista. El mecanismo tópico en ese aglomerado de datos es la adjudicación directa (se adjunta al final un documento en Excel). Al evaluar los resultados del ejercicicio, Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expuso: “Aquí lo que vemos es una tendencia muy clara de beneficiar a un proveedor específico del Gobierno Federal”. Doctor en Gobierno por la London School of Economics y Maestro en Economía por la Universidad de Sophia en Tokio, Japón, abundó que en esta historia, es llamativa la forma en que el Gobierno ha realizado sus ventas justo ahora cuando se requieren empresarios que vivan del mercado y tengan modelos de negocio en procesos determinados por la competencia.



Hubo un tiempo en que no todo era dinero del Gobierno. En el sexenio anterior, de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), Actidea apenas si consiguió diez contratos. Uno en 2006, cinco en 2009 y otros cuatro en 2012. En total, tuvo 47 millones 189 mil 682 con 75 centavos, también por adjudicación directa. En aquellos años, competía con otras entidades como Eventos Especiales Creativos S.A. de C.V., Imagen y Espacio Alternativo S.A. de C.V.; Landucci S.A. de C.V. (a cargo del Grito de Independencia en 2011 y 2012).

Pero en 2013, el destino cambió. No sólo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresó al poder presidencial, Actidea empezó a ganar contratos de la bolsa del Gobierno. Si en 2006 –el primer año calderonista- tuvo poco más de 74 millones de pesos; en 2013, cuando Enrique Peña Nieto inició su Gobierno, sus contratos fueron de 180 millones 176 mil 612 pesos con 23 centavos.

Fue un año en que cualquier comentario sobre México en la prensa extranjera iba acompañado de esperanza. El semanario británico The Economist resumió esos tiempos con el epíteto de The Mexican Moment. Era un voto de confianza basado en el optimismo para el nuevo Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y su agenda basada en impulsar reformas estructurales.

El ánimo era celebrativo. El 20 de diciembre de 2013, Peña Nieto cumplió uno de los puntos más estratégicos de esa agenda: abrió el petróleo mexicano al mundo. Firmó el decreto de la reforma energética y con ello, pasó a la Historia como el Mandatario que logró la enmienda que más habían anhelado los Presidentes mexicanos. Por la noche, los miembros del Gabinete legal y ampliado fueron invitados a brindar por el fin de año. Actidea fue la anfitriona y por sus servicios cobró 525 mil 480 pesos.

A partir de ese año, la Presidencia de la República ha firmado con Actidea 16 contratos por un monto de 46 millones ocho mil 793 pesos con 68 centavos.

Después, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero; el asesinato de 22 civiles, cometido por elementos del Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de México; el descubrimiento periodístico de venta con créditos blandos de propiedades multimillonarias al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al mismo Presidente Enrique Peña Nieto; además de la desaceleración en la economía, lograron descubrir a ese dorado instante como un espejismo. La aceptación de la gestión del Primer Mandatario cayó al 39 por ciento en todas las encuestas.

Aquella, la del 20 de diciembre de 2013, fue la última vez que se alzaron las copas. En el POT no se encuentra otro contrato por concepto de brindis. En paralelo, The Economist renunció al epíteto The Mexican Moment. Luego, lo puso en duda.

GRITO DE INDEPENDENCIA

Pero la celebración de la Independencia continuó. Cada año, con un gasto mayor. Siempre Actidea como organizadora. Los abucheos al Presidente cuando ha salido  años salió al balcón a gritar “¡Viva México!” no han minado ni desalentado el gasto. En 2013, la inversión fue de 17 millones 422 mil 783 pesos con cuatro centavos; en 2014, de 18 millones 996 mil 331 pesos con 17 centavos y en 2015; de 19 millones 137 mil 152 pesos con 78 centavos.

La cena que de manera tradicional se ofrecía en un salón del Palacio Nacional fue suspendida en 2015 por razones de austeridad, según informó la misma Presidencia de la República. Pero ese ahorro no se nota en la erogación por el festejo de la Patria: Actidea recibió poco más de 19 millones de pesos, 140 mil 821 pesos más que el año anterior y un millón 714 mil 369 más que el primer año.

Juan E. Pardinas observa que estos números son una narrativa que se contrapone al discurso de este Gobierno. “La austeridad ha sido estrictamente de discurso y testimonial, no refrendada en los hechos. Esta es una evidencia que demuestra que una cosa es lo que están diciendo, su aspiración, y otra la que se está reflejando en el presupuesto”.

Para Rafael García Aceves, coordinador de proyectos en Transparencia Mexicana, “salta a la vista un riesgo. Este tipo de eventos (el Grito de Independencia) es planeado. Sucede cada año. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se decidió adjudicar este evento cuando sabemos que se realiza de manera anual y planeada? La información sobre cuáles fueron las razones, debiera ser pública”.


Entre los contratos más caros que ha firmado el Gobierno Federal con Actidea está el AD-CAAS-038-14, de la Presidencia de la República. Implicó la organización del evento “Primera Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe y costó cuatro millones 249 mil 146 pesos con tres centavos. Tuvo vigencia por una semana.

INFORMACIÓN DE LOS DATOS EN EXCEL

EVENTOS Y DESLICES

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuando José Antonio Meade la llevó y ahora también con Claudia Ruiz Massieu, se distingue como la mayor organizadora de eventos entre las entidades del Gobierno con nueve contratos con Actidea. Juntos significan un aproximado de 176 millones de pesos.

Uno de los eventos a cargo de esta dependencia fue la visita de Estado de los reyes de España. Actidea organizó la logística para el viaje a Zacatecas y la Cancillería pagó tres millones de pesos, según el contrato SRE-DRM-AD-33/15. Mientras ese flujo de dinero corría, el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, protagonizaban el primer episodio en el que dieron a entender que su relación estaba fracturada. Fue en el museo de Guadalupe, en Zacatecas, cuando Angélica Rivera se molestó porque al intentar tomarle del brazo, él simplemente la olvidó. Segundos después, Peña Nieto intentó darle la mano y ella lo rechazó sin disimulo; lo dejó con el brazo extendido, mientras lo recorría de pies a cabeza con la mirada.

Hacienda y Crédito Público, a cargo de Luis Videgaray Caso, se ubica en el segundo sitio entre las dependencias con más eventos. La presentación de las iniciativas de la reforma financiera y la hacendaria fueron organizadas por personal de esta dependencia. La primera costó 685 mil pesos según el contrato AD-41-33903-179/2013 que se inició el 23 de abril de 2013 y concluyó dos días después. El evento para presentar la segunda fue de dos millones 200 mil pesos, de acuerdo con el contrato AD41-33903-263/2013 con fecha de inicio del 8 de septiembre de 2013 y culminación el 30 del mismo mes y año.

Para montar la exposición “Mayas, revelación de un tiempo sin fin”, la SHCP pagó un millón 278 mil 419 pesos a Actidea, monto que quedó estipulado en el contrato 095-ADN-42-075/2014.



En este texto faltarán rostros y respuestas. No estarán los rostros de los dueños de Actidea S.A. de C.V., Eduardo y Mariano Gama Pizarro que a juzgar por los contratos recibidos han experimentado un crecimiento exponencial a través de su empresa. Y tampoco estarán, las respuestas de ellos mismos sobre cómo lograron esta expansión.

SinEmbargo obtuvo los nombres del Director y el representante legal de la empresa en la misma oficina de Actidea; pero no le fue concedida una entrevista. Eduardo es el Director y Mariano, el representante legal. Son hermanos y llevan el apellido Gama Pizarro.

No hay información disponible sobre el pastel de sus contratos. En su página cibernética aparece una lista de clientes y otra de eventos realizados. La de clientes incluye a 56 entidades gubernamentales que en la cartera total representan el 31 por ciento. Pero algunas de ellas no aparecen con contratos en el POT.

Los 500 millones de pesos ejercidos en eventos en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto equivalen a la inversión “inédita” que anunció el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, en octubre de 2015, para “reconstruir el tejido social” en esa entidad. Ese dinero se destinará a los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Cocula, los dos últimos escenarios de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Es también el mismo monto que el pasado 31 de marzo anunció el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para adquirir autobuses nuevos que ayuden a amainar la crítica emisión de contaminantes en el Valle de México.


“Este Gobierno es de la eventocracia, tiene eventitis, es el Gobierno de los eventos”, exclama Juan E. Pardinas, director general del IMCO. Se pregunta: “¿Cómo es posible que el Gobierno federal no tenga infraestructura propia ni personal para ejecutar este tipo de ocasiones, de circunstancias, de momentos de celebración? Eso preocupa, pero también la manera en que asigna sus recursos”.

LOS CLIENTES

En su página cibernética, la compañía reconoce como clientes a las entidades gubernamentales aquí listadas que representan el 31 por ciento de su cartera. Algunas no aparecen en el POT con contratos de Actidea. Como compradores de sus servicios también se encuentran Wal-Mart, Prodigy, X-Box, Motorola, Lego, HP, Honda, Fundación Miguel Alemán y Avon.

1.- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca).

2.- Bancomext.

3.- Canadevi.

4.- Casa de Moneda México.

5.- Comisión Federal de Electricidad.

6.- Comce.

7.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

8.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

9.- Comisión Nacional de Derechos Humanos.

10.- Comisión Nacional del Agua.

11.- Comisión Nacional del Deporte.

12.- Comisión Nacional del Sistema De Ahorro Para El Retiro.

13.- Comunicación Social Presidencia de la República.

14.- Conavi.

15.- Concanaco.

16.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

17.- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

18.- Consubanco.

19.- Consupago.

20.- Consejo de Promoción Turística de México.

21.- DIF.

22.- Gobierno del Estado de Guanajuato.

23.- Gobierno del Estado de México.

24.- Gobierno del Estado de Puebla.

25.- Gobierno del Estado de Veracruz.

26.- Inadem.

27.- Infonavit.

28.- Instituto Nacional de las Mujeres.

29.- Instituto Politécnico Nacional.

30.- Nacional Monte de Piedad.

31.- Policía Federal Preventiva.

32.- Presidencia de la República.

33.- Procuraduría General de la República.

34.- ProMéxico.

35.- Pronafin.

36.- Protección Civil.

37.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

38.- Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

39.- Secretaria de Desarrollo Social.

40.- Secretaria de Economía.

41.- Secretaria de Educación Pública.

42.- Secretaria de Energía.

43.- Secretaria de Gobernación.

44.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

45.- Secretaria de la Defensa Nacional.

46.- Secretaria de la Función Pública.

47.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

48.- Secretaría de Relaciones Exteriores.

49.- Secretaria de Salud.

50.- Secretaria de Seguridad Pública

51.- Secretaria de Trabajo Y Previsión Social

52.- Secretaria de Turismo

53.- Secretaría del Medio Ambiente Y Recursos Naturales.

54.- Servicio de Administración Tributaria.

55.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.


56.- Turissste.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN, UNIDAD DE DATOS, LINALOE R. FLORES, ALEJANDRA PADILLA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-04-2016/1643052

Agentes del INM torturan hasta a mexicanos en operaciones para frenar a migrantes

The Guardian cuenta la historia de los hermanos Juárez: Amy, Esther y Alberto provenientes de Ocosingo, Chiapas, quienes en septiembre pasado abordaron un autobús privado para ir a trabajar al norte del país. Al realizar una revisión, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) los retuvieron bajo el argumento de que eran de Guatemala y habían presentado documentos falsos. Sin embargo, su caso no es único. El medio británico dice que la CNDH ha investigado 15 casos similares -incluyendo al menos otras ocho víctimas de Chiapas – y encontró que 22 agentes de inmigración violaron varios derechos.

Ciudad de México: Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) están involucrados en la detención de mexicanos, a quienes, por provenir de comunidades indígenas, intentan deportar a Centroamérica mediante amenazas y malos tratos, revela un reportaje publicado este día por The Guardian.

El diario británico menciona que esta ofensiva ocurre en medio del Plan Frontera Sur y de la estrategia impulsada desde el Gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo de migrantes que atraviesan México para cruzar su frontera norte.

Los datos refieren que agentes migratorios han recurrido a amenazas, malos tratos e incluso tortura, contra mexicanos indígenas para obligarlos a decir que provienen de otros países de Centroamérica. Organizaciones sociales consultadas por el medio dijeron que lo anterior es para cubrir “cuotas”.

The Guardian cuenta la historia de los hermanos Juárez: Amy, Esther y Alberto provenientes de Ocosingo, Chiapas, quienes en septiembre pasado abordaron un autobús privado, acompañados por Fernando, novio de Esther, para ir a trabajar al norte del país.

A la mitad de su recorrido, en Querétaro, agentes del INM detuvieron el camión para hacer una revisión y ordenaron a los hermanos Juárez y a Fernando a descender del camión.

Las autoridades dijeron que los integrantes de la familia Juárez eran migrantes provenientes de Guatemala, pese a que ellos presentaron documentos que los acreditaban como mexicanos. Mientras, a Fernando lo dejaron en libertad a pesar de identificarlo como traficante de personas.

Los tres hermanos Juárez, que hablan con dificultades el español, fueron llevados a un centro de detención migratorio. Ahí, Alberto fue metido a un cuarto donde cuatro agentes le dijeron que si no firmaba unos documentos en los admitía ser de Guatemala, moriría.

“Uno de ellos me empujó, otro me pateó la pierna, y un tercero, que era muy gordo, me dio una descarga eléctrica aquí, en la parte posterior de mi mano derecha”, dijo Alberto a The Guardian a través de un traductor.

“Realmente pensé que iba a morir, así que firmé un montón de hojas de papel, pero no puedo leer ni escribir, así que no sabía lo que estaba firmando”, agregó Alberto, quien tiene 18 años.

Junto a él, sus hermanas Amy y Esther permanecieron retenidas durante ocho días antes de que un abogado de un grupo de activistas presentara una demanda legal para finalmente asegurar su liberación.

“Siguieron diciendo que éramos de Guatemala, y les decía que no, somos de Chiapas, pero no nos creían y se ponían más y más furiosos. Alberto no podía dejar de temblar, estábamos todos llorando. ¿Cómo podíamos volver a nuestra casa en Chiapas cuando ni siquiera sabíamos dónde está Guatemala? “, contó Esther, de 15 años.

Sus documentos de identidad no fueron devueltos porque no pudieron pagar los 200 pesos que exigían las autoridades.

Su caso, de acuerdo con The Guardian, ejemplifica el número cada vez mayor de mexicanos indígenas que están siendo detenidos y amenazados con ser expulsados del país por parte de los agentes de inmigración que buscan indocumentados centroamericanos.

El medio menciona que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recientemente investigó 15 casos similares -incluyendo al menos otras ocho víctimas de Chiapas – y encontró que 22 agentes de inmigración violaron varios derechos.

En el resto de los casos, las víctimas fueron detenidas en autobuses o en la calle basados en “características físicas, ropa y apariencia”. Algunos fueron detenidos durante varias semanas antes de convencer los funcionarios que eran mexicanos.

El INM dijo que los agentes están autorizados legalmente para solicitar la identificación de cualquier persona.

Un portavoz del Instituto afirmó a The Guardian que los hermanos Juárez fueron detenidos “porque Fernando dijo que eran de Guatemala, y las documentos de identidad de las hermanas expresaron su preocupación de que podrían ser víctimas de tráfico de personas. Su detención fue prolongada por el desafío legal de IMUMI”.

“Es imposible que alguien pudiera ser torturado en una estación de la inmigración, ya que son monitoreadas permanentemente por la CNDH, organizaciones internacionales como la Cruz Roja y ONGs. Si él [Alberto] fue torturado, ¿por qué no informó de ello en el momento?, ¿por qué esperar hasta después?”, dijo el vocero del INM.

Activistas consultados por el medio dijeron que los funcionarios de migración mexicanos están llevando a cabo un sistema secreto de cuotas para aumentar el número de expulsiones.

Dijeron que el Instituto Nacional de Migración funciona cada vez más como “una fuerza policiaca sin control”, y dijeron que al igual que las fuerzas de seguridad del país, “parece ser qué esta utilizando la tortura contra los detenidos”.

Gretchen Kuhener, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la organización que ayudó a los hermanos Juárez a evitar su deportación, dijo a The Guardian que “la orden parece ser la de detener a los centroamericanos a cualquier precio, incluso si eso significa violar la Constitución, recogiendo la gente en base a criterios racistas y deteniendo y deportando a los jóvenes indígenas de México a lo largo del camino”.

“Este caso demuestra el poder y la impunidad del Instituto Nacional de Migración. Ellos pueden salirse con la suya porque impactan a poblaciones altamente vulnerables que no hablan español, no conocen sus derechos, y es improbable que se quejan”, dijo Kuhener.

Carolina Jiménez, subdirectora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, dijo al diario británico:

“Hemos documentado un patrón verdaderamente inquietante de violaciones graves de derechos humanos contra los migrantes que viajan a través de México. Pero viendo a funcionarios de inmigración involucrados en la tortura contra mexicanos para «confesar» que son migrantes lleva esta situación preocupante a un nivel más siniestro “.

La publicación detalla que preocupación por la conducta de los agentes de inmigración está aumentando ya que grupos de defensa han cuestionado al titular del INM Ardelio Vargas, quien estaba a cargo de las fuerzas federales cuando las protestas campesinas en el pueblo de San Salvador Atenco fueron violentamente reprimidos por la policía en 2006.

Alejandro Martínez, ex jefe de asuntos de migrantes centroamericanos en el INM, dijo que Vargas dirige el instituto como una fuerza de policía.

“El error más grande fue mezclar la policía y la inmigración. [El caso de los hermanos Juárez] me hace aún más seguro de que las cuotas ilegales dentro del instituto están impulsando el aumento exponencial de las detenciones. No importa cómo lo hacen los agentes, siempre y cuando cumplan con las cuotas”, comentó.


El INM negó a The Guardian el uso de cuotas. Sin embargo, dice el medio, el enorme aumento en las detenciones y deportaciones es innegable. En 2015, 190 mil personas fueron detenidas por agentes del INM – 120 por ciento más que en 2013.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN, UNIDAD DE DATOS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-04-2016/1643979