Las alarmas sobre el dictamen de suspensión de garantías derivan en cambios de postura dentro de la Cámara de Diputados. Morena acusa que incluso se violó el proceso legislativo al haberse aprobado el documento sólo en la Comisión de Gobernación en lugar de que fuera en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos.
La duda se apodera de las bancadas de oposición que aprobaron el dictamen que expide la ley para reglamentar la suspensión de garantías y derechos de los mexicanos. En la recta final del periodo ordinario de sesiones, los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN) amagan con echarse para atrás.
El dictamen aprobado el martes 29 de marzo en la Comisión de Gobernación pretende regular la suspensión de garantías y derechos, tal como se expone en el artículo 29 de la Constitución, en casos de perturbación de la paz y el orden.
Sin embargo, las críticas hacia el dictamen, por dejar vacíos que podrían alentar la represión de la ciudadanía, ha terminado por hacer mella dentro de los legisladores del PAN y PRD que votaron, junto con el partido oficial, a favor del dictamen.
Cómo explican las bancadas este cambio de parecer en menos de una semana. De acuerdo con Soriano, el voto a favor del PRD fue hecho con base en un análisis jurídico del dictamen.
No obstante, expuso, el hecho de que este dictamen sea una mezcla entre una propuesta enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto y otra de senadores conlleva el riesgo de que sea un premio inmerecido al dirigente del país.
“Muchos partidos calculan que Peña Nieto va ir a la ONU [este mes] y va decir que hay una ley secundaria en materia de suspensión de garantías que obedece los derechos humanos. Hay una carga política muy fuerte en este tema, que yo como última decisión política pudiera compartir. El Gobierno federal no merece que se le dé ningún aval político por la continúa violación a los derechos humanos”, detalló el legislador.
También, el PAN que apoyó el dictamen en la Comisión de Gobernación podría desestimar su apoyo.
“Estamos todavía consensuando al mismo interior de la fracción en qué sentido pueda ir nuestro voto. Todavía no estamos muy claros con respecto a esa determinación”, dijo el Diputado blanquiazul José Antonio Salas Valencia, quien pertenece a la Comisión de Derechos Humanos.
MOMENTO POLÍTICO
El partido Movimiento Ciudadano (MC), que en la primera votación del dictamen se abstuvo alegando que la propuesta les fue enviada durante Semana Santa, sin tiempo de analizarla a cabalidad, reiteró su decisión de rechazarla por las circunstancias que atraviesa el país.
“Esta ley reglamentaria no puede obviar el momento político que atraviesa el país. Ni quien sería el encargado de hacer uso de esta ley, y por lo tanto su interpretación, que es el Gobierno federal”, dijo el coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda Hoeflich.
De acuerdo al artículo 29 constitucional, no podrá restringirse ni suspenderse el derecho a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, a los derechos políticos, a las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
Queda prohibida la pena de muerte, la esclavitud, la servidumbre, la desaparición forzada y la tortura.
El dictamen aún conlleva serias dudas, de acuerdo con la coordinadora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Rocío Nahle García, quien el martes de la semana pasada dio una conferencia de prensa para rechazar el dictamen.
En este sentido, organizaciones de derechos humanos han dicho que el dictamen podría ser una puerta para aumentar la represión de comunidades en resistencia y movimientos civiles. El Comité Nestora Libre estima que en México hay alrededor de 500 presos políticos.
Castañeda Hoeflich expuso que el Gobierno ha estado lejos de cumplir con los derechos humanos: “Como demuestran los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, no trabajan con los organismos internacionales, sino los persiguen como en el caso de Álvarez Icaza o el relator de la ONU en materia de Tortura”, agregó.
¿PROCESO AMAÑADO?
Según el proceso legislativo, después de pasar por la Comisión de Gobernación este dictamen debía hacer una última escala para ser votado en la Comisión de Derechos Humanos el pasado 31 de marzo. Pero ese día se anunció la cancelación de la reunión.
Una misiva de Morena a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados califica este asunto como un “grave problema de legalidad”.
Una misiva de Morena a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados califica este asunto como un “grave problema de legalidad”.
Y aunque la Mesa no tome cartas en el asunto, el apoyo podría surgir dentro de las comisiones pertinentes.
“El PRD estará de acuerdo en revisarlo nuevamente de forma conjunta. Hemos visto que en la opinión pública ha tomado mucha fuerza y queremos convocar a los sectores interesados en materia de derechos humanos para que den su opinión”, dijo el Diputado David Gerson García Calderón, integrante de la comisión de Gobernación.
Por su parte, el legislador del PAN, José Salas Valencia, dijo: “Sí creo que tiene razón Morena, es que son comisiones unidas, y deberíamos de haber sesionado en conjunto para tomar una decisión. Cosa que nosotros mismos dijimos. Pero por otro lado creo que buscan justificaciones cuando no tienen argumentos “.
Sobre el aparente cambio de postura del PAN y PRD, Rocío Nahle aseguró que es lo mínimo que se espera de ellos. “Es lo menos que deben de hacer, responder por las garantías de los ciudadanos, precisamente para velar por el Estado de derecho y sus garantías”.
Los legisladores coincidieron en que mañana será un día decisivo para medir si el dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional será aprobado en este periodo de sesiones que termina este mes.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-04-2016/1644150
El dictamen aprobado el martes 29 de marzo en la Comisión de Gobernación pretende regular la suspensión de garantías y derechos, tal como se expone en el artículo 29 de la Constitución, en casos de perturbación de la paz y el orden.
Sin embargo, las críticas hacia el dictamen, por dejar vacíos que podrían alentar la represión de la ciudadanía, ha terminado por hacer mella dentro de los legisladores del PAN y PRD que votaron, junto con el partido oficial, a favor del dictamen.
“Seguro si este tema se lleva a tribuna, el PRD y el PAN votaremos en contra porque no vemos voluntad política de parte del Ejecutivo federal [para respetar los derechos humanos]”, consideró el Diputado la bancada del sol azteca Rafael Hernández Soriano, quien hace una semana votó a favor del dictamen.
Cómo explican las bancadas este cambio de parecer en menos de una semana. De acuerdo con Soriano, el voto a favor del PRD fue hecho con base en un análisis jurídico del dictamen.
No obstante, expuso, el hecho de que este dictamen sea una mezcla entre una propuesta enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto y otra de senadores conlleva el riesgo de que sea un premio inmerecido al dirigente del país.
También, el PAN que apoyó el dictamen en la Comisión de Gobernación podría desestimar su apoyo.
“Estamos todavía consensuando al mismo interior de la fracción en qué sentido pueda ir nuestro voto. Todavía no estamos muy claros con respecto a esa determinación”, dijo el Diputado blanquiazul José Antonio Salas Valencia, quien pertenece a la Comisión de Derechos Humanos.
MOMENTO POLÍTICO
“Esta ley reglamentaria no puede obviar el momento político que atraviesa el país. Ni quien sería el encargado de hacer uso de esta ley, y por lo tanto su interpretación, que es el Gobierno federal”, dijo el coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda Hoeflich.
De acuerdo al artículo 29 constitucional, no podrá restringirse ni suspenderse el derecho a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, a los derechos políticos, a las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
Queda prohibida la pena de muerte, la esclavitud, la servidumbre, la desaparición forzada y la tortura.
El dictamen aún conlleva serias dudas, de acuerdo con la coordinadora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Rocío Nahle García, quien el martes de la semana pasada dio una conferencia de prensa para rechazar el dictamen.
“No puedes quitar garantías. ¿Por cierto tiempo?, ¿por cuánto?, especifícalo, ponlo en la Ley, pon la reglamentación en la Ley, pon cuándo va a determinar el Presidente que hay condiciones, colócalo. Si hay una guerra, en una pandemia, coloca las situaciones, pon las condiciones, no lo hicieron, lo dejan abierto. Amén de quitarle garantías cuando se les ocurra”, dijo la Diputada.
En este sentido, organizaciones de derechos humanos han dicho que el dictamen podría ser una puerta para aumentar la represión de comunidades en resistencia y movimientos civiles. El Comité Nestora Libre estima que en México hay alrededor de 500 presos políticos.
Castañeda Hoeflich expuso que el Gobierno ha estado lejos de cumplir con los derechos humanos: “Como demuestran los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, no trabajan con los organismos internacionales, sino los persiguen como en el caso de Álvarez Icaza o el relator de la ONU en materia de Tortura”, agregó.
¿PROCESO AMAÑADO?
Según el proceso legislativo, después de pasar por la Comisión de Gobernación este dictamen debía hacer una última escala para ser votado en la Comisión de Derechos Humanos el pasado 31 de marzo. Pero ese día se anunció la cancelación de la reunión.
Esta última Comisión espera reanudar la discusión mañana. Pero, Morena ha señalado una supuesta omisión en el proceso que debía seguir el dictamen, lo que podría anular la primera votación.
“Voy a pedir concretamente que se deje sin efecto la aprobación que se hizo en la comisión de Gobernación porque viola el procedimiento del reglamento interior de la Cámara de diputados. Se supone que cuando un asunto se turna a comisiones conjuntas [en este caso Gobernación y Derechos Humanos] no pueden sesionar por separado”, dijo el Diputado de Morena Alfredo Basurto Román.
Una misiva de Morena a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados califica este asunto como un “grave problema de legalidad”.
Una misiva de Morena a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados califica este asunto como un “grave problema de legalidad”.
Y aunque la Mesa no tome cartas en el asunto, el apoyo podría surgir dentro de las comisiones pertinentes.
“El PRD estará de acuerdo en revisarlo nuevamente de forma conjunta. Hemos visto que en la opinión pública ha tomado mucha fuerza y queremos convocar a los sectores interesados en materia de derechos humanos para que den su opinión”, dijo el Diputado David Gerson García Calderón, integrante de la comisión de Gobernación.
Por su parte, el legislador del PAN, José Salas Valencia, dijo: “Sí creo que tiene razón Morena, es que son comisiones unidas, y deberíamos de haber sesionado en conjunto para tomar una decisión. Cosa que nosotros mismos dijimos. Pero por otro lado creo que buscan justificaciones cuando no tienen argumentos “.
Sobre el aparente cambio de postura del PAN y PRD, Rocío Nahle aseguró que es lo mínimo que se espera de ellos. “Es lo menos que deben de hacer, responder por las garantías de los ciudadanos, precisamente para velar por el Estado de derecho y sus garantías”.
Los legisladores coincidieron en que mañana será un día decisivo para medir si el dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional será aprobado en este periodo de sesiones que termina este mes.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-04-2016/1644150
