Ciudad de México. Luego de señalar que el caso Iguala sigue siendo un expediente abierto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pidió que la ciencia sea la que guíe la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Al rendir su informe anual de actividades 2015, ante el presidente Enrique Peña Nieto, el ombudsman nacional dijo que en éste y en todos los casos, la verdad no puede construirse o negociarse, sino que debe desprenderse de las pruebas y elementos de convicción que obren en los expedientes.
En la residencia oficial de Los Pinos, el titular de la CNDH señaló que el país y los mexicanos no podemos permitir la impunidad. Por el contrario, la investigación de estos asuntos deben volverse un referente sobre el compromiso y capacidades del Estado y de la sociedad mexicana con la justicia y el respeto de la dignidad humana.
González Pérez señaló que para la CNDH, el caso Iguala sigue siendo un expediente abierto, cuya investigación realiza un ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Pidió que sea la ciencia la que guíe la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Ante varios secretarios de estado, incluso los militares, el ombudsman nacional insistió en la necesidad de que la instancia que lleva a cabo la investigación penal del caso, continúe con el seguimiento hasta que se atiendan por completo las observaciones hechas por la CNDH.
González Pérez dijo al presidente Peña que es urgente que se cumplan las órdenes e instrucciones que se han girado para que todas las instancias de gobierno, sin excepción, reconozcan, respeten y promuevan los derechos humanos. “Debemos trascender las etapas del discurso y la denuncia para consolidar en los hechos, acciones que materialicen la voluntad expresada y encaucen las denuncias formuladas”.
Insistió en que no hay niveles o cifras aceptables de tortura, de desapariciones forzadas, de ejecuciones arbitrarias o de ataques a periodistas y defensores civiles. Un sólo caso, agregó, es demasiado y debe mover a todas las instancias del Estado a la acción para que cada caso se castigue y prevenir que se repita.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN, ROSA ELVIRA VARGAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/05/caso-iguala-aun-abierto-la-ciencia-debe-guiar-la-pesquisa-cndh
CIUDAD DE MÉXICO: Desde hace más de una década, el vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia Noriega está en los archivos de Mossack Fonseca, el despacho con sede en Panamá dedicado a la creación de empresas en paraísos fiscales.
Agentes de la firma panameña que está considerada entre las primeras cinco empresas más importantes del mundo en la creación de offshore, estructuras financieras para ocultar dinero, hicieron entonces varias visitas a su despacho corporativo en busca de clientes poderosos de México.
La firma de abogados Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes era desde entonces un prospecto para que Mossack Fonseca incrementara su cartera de clientes mexicanos. Entre ellos, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean.
Así consta en archivos internos de Mossack Fonseca entregados de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung. La información filtrada abarca los casi 40 años de existencia de la firma panameña. Está contenida en 2.6 terabytes que se traducen en 11.5 millones de documentos.
La información obtenida por el diario de Münich fue compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso y más de cien medios asociados en el mundo.
Ante el volumen de la información, el ICIJ, que tiene su sede en Washington, organizó una investigación global en la que participaron 376 reporteros alrededor del mundo, en lo que ha sido hasta ahora el proyecto de colaboración periodística más grande en la historia.
Alfonso de Angoitia Noriega on Linkurious.
De acuerdo con la información disponible, fue hasta 2014 cuando Angoitia creó su propia empresa, Ucetel Incorporated, en las islas Bahamas, entre Cuba y Florida. El 11 de diciembre de ese año, la oficina de Mossack Fonseca en Bahamas recibió el certificado de incorporación de la empresa propiedad del ejecutivo de Televisa.
Tres meses después, Angoitia le pidió a la firma panameña incorporar como titular de una sola acción, con valor de un dólar, a la empresa JTC Corporated Services (Suisse) Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británica, pero con dirección en Ritter House, 5th Floor, Wickhams Cay II, Roadtown, en Miami, Florida.
Con ese sólo movimiento de una acción, el ejecutivo de Televisa pidió también que se registrara como director de Ucetel Incorporated a JTC Directors (Suisse) Ltd, con sede en el territorio británico del Caribe.
En el formulario que entregó a Mossack Fonseca para esa incorporación, Alfonso de Angoitia reportó que Ucetel había sido creada como socio general de una Sociedad Limitada de Canadá y que su capital era de 50 mil dólares, divididos en 50 mil acciones de un dólar cada una. Aseguró que era el único beneficiario y que la procedencia de los fondos eran ahorros de su salario y compensaciones.
Angoitia admitió haber adquirido esta empresa en Bahamas “con el propósito de comprar un departamento y una membresía en un club de buceo náutico ubicado precisamente en Bahamas, deporte que practica desde hace muchos años”.
En respuesta a Aristegui Noticias, que junto con Proceso fue el otro medio mexicano que participó en la investigación, el vocero de Televisa, Alejandro Olmos, afirmó que “la adquisición de esa sociedad fue pública y transparente. Tan es así que esa empresa quedó inscrita en el Registro Público de Bahamas, información que puede ser consultada por cualquier persona. El licenciado Angoitia se encuentra en pleno cumplimiento de las disposiciones fiscales que le son aplicables en México en relación con UCETEL.
“No encontramos mayor relevancia en el tema, pero estamos atentos por si se requiere mayor información”, agregó Olmos en la respuesta que pidió se transmitiera de forma íntegra.
El interés de Mossack Fonseca en Angoitia ha ido más allá de la compra de un departamento o un yate. En sus primeros contactos con el bufete de abogados mexicano, los agentes de la firma panameña ofrecieron sus servicios a los socios del alto ejecutivo de Televisa.
Los documentos obtenidos compartidos con Proceso indican que un empleado de Mossack Fonseca identificado como J Palacios, se reunió con Carlos Malpica Hernández, entonces socio del despacho mexicano para explicarle los servicios de la firma especializada en la creación de empresas offshore. Uno de ellos, el MF Trust, que administra fundaciones privadas, apertura de cuentas bancarias y administración general, así como los servicios de administración de Mossack Fonseca.
Según el reporte de J Palacios, Malpica le dijo que para entonces el uso de las corporaciones offshore se habían reducido en ese tiempo en México, pero que estaba muy interesado en la creación de fundaciones privadas, uno de los servicios de la firma panameña.
Malplica “incluso tenía en mente que el principal dueño de Televisa, que es uno de sus clientes, estaba buscando una manera de organizar sus activos”, según el reporte del enviado de Mossak Fonseca. Y agregó: “Las fundaciones privadas serían una forma diferente e interesante de asistir a su cliente”, es decir, a Azcárraga Jean.
Otro informe en el que se hace seguimiento y evaluación del despacho Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, señala que gran parte de sus clientes son mexicanos y destacan que son los abogados de Televisa. “Han utilizado LLCs (sociedades de responsabilidad limitada) de Dellaware y fideicomisos de las Islas Caimán para fondos privados de capital”.
Explica: “Pueden utilizar Caimán legalmente porque solicitan al gobierno de Caimán un certificado de transparencia, en el que se declaran las personas que aportan al fideicomiso o a título personal. Con este requisito, la secretaría de Hacienda mexicana no los graba como paraíso fiscal y pueden hacer deducciones”.
Según el documento, el abogado del despacho del ejecutivo de Televisa Fernando Borja Mújica, “los fondos privados se seguirán desarrollando y, “según él, serán el sustituto de la Bolsa Mexicana”. Más aún, que a pesar de las prohibiciones legales a la banca privada para sugerir inversiones fuera de México, “en realidad existe” esa conducta.
Optimista, el agente de Mossak Fonseca aseguró que tenían cien por ciento de probabilidades de hacer negocios con los abogados de Televisa. En la información filtrada no aparece en lo inmediato que los hayan concretado. Sólo está el archivo de Angoitia. En la secuencia de documentos que presentó al despacho panameño para acreditarse como beneficiario principal de Ucetel Incorporated, Alfonso de Angoitia Noriega entregó una copia de su pasaporte mexicano.
La dirección que acreditó el “cerebro” de la reestructuración financiera de Grupo Televisa y estratega de la expansión de la compañía televisiva hacia el área de telecomunicaciones a partir de 2006, es la de Cumbres de Acultzingo 185-PH, en la Colonia Lomas Altas, de la Ciudad de México.
Esta dirección privada de De Angoitia es la misma que fue objeto de una denuncia penal interpuesta por el arquitecto Manuel Reyero Cornejo, el 5 de mayo de 2007, en contra de Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia Noriega y José Bastón, los llamados Cuatro Fantásticos de Televisa, a quienes se les escrituraron cuatro departamentos de lujo en un área natural protegida de la calle Cumbres de Acultzingo 185.
De acuerdo con la ficha informativa de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuya copia tiene Proceso, los cuatro principales ejecutivos de Televisa “se valen del señor Joaquín López Dóriga y de su esposa, Adriana Pérez Romo de López Dóriga, presidenta del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, para frenar cualquier intento de suspensión de la obra”.
Son los mismos personajes que aparecen en el litigio de 2015 de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, exsocia de Televisa, por el presunto delito de extorsión en relación con su proyecto inmobiliario en la calle Rubén Darío, de Polanco.
“Los Cuatro Fantásticos” son acusados en la demanda de 2007 de “robarle” al Bosque de Chapultepec mil metros cuadrados, perteneciente al área natural protegida decretada por el presidente de la República el 8 de junio de 1992, de utilizar “escrituras apócrifas” por una superficie total de 8 mil 107 metros cuadrados para construir en una superficie de 7 mil 66 metros cuadrados un edificio de 10 pisos con departamentos de lujo con valor de 3 millones de dólares.
Uno de esos departamentos tiene la dirección de cumbres de Acultzingo 185, la misma que Mossak Fonseca registró como el domicilio particular de Alfonso de Angoitia.
Ucetel fuera de Televisa
El nombre de Ucetel no aparece en ninguna de las compañías filiales de Grupo Televisa en México o en Estados Unidos y mucho menos en las Islas Bahamas. Mucho menos figura la otra compañía intermediaria que funge públicamente como “directora” de Ucetel: JTC Corporate Services.
En los documentos oficiales de Grupo Televisa ante la Bolsa Mexicana de Valores y ante la Securities Exchange Commision (SEC) de Estados Unidos, Alfonso de Angoita aparece como vicepresidente ejecutivo de Televisa y presidente del Comité de Finanzas del Grupo Televisa. Es miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de la televisora desde 1997. Forma parte de los consejos de administración de todas las empresas filiales de Televisa en el área de televisión restringida y telefonía como son Cablevisión, Sky, Cablemas, Operbes (Bestel), TVI, así como en la principal cadena de televisión de habla hispana, Univisión, en donde la empresa de Azcárraga es socio de Haim Saban.
De Angoitia participa también en los consejos de administración de Grupo Financiero Banorte y de Fomento Económico México, y es presidente del patronato de la Fundación Kardias, que combate las enfermedades cardiacas infantiles, organización civil que dirige junto con su esposa María de la Concepción Legorreta.
El poder De Angoitia
Abogado especializado en reestructuraciones financieras, Alfonso de Angoitia se incorporó en abril de 1997 al equipo directivo de Grupo Televisa que Emilio Azcárraga Jean armó tras la muerte de su padre, Emilio El Tigre Azcárraga Milmo.
Desde 1994, De Angoitia, abogado egresado de la UNAM, fundó el despacho Mijares, Angoitia, Cortés, Fuentes y Asociados que se convirtió en pocos años en uno de los más influyentes debido a las redes de poder de Televisa y al vínculo político que estableció De Angoitia con el gobierno de Ernesto Zedillo, el artífice de una auténtica “operación de Estado” para que la mayoría accionaria de la televisora recayera en manos de Emilio Azcárraga Jean y se evitara la pulverización de la compañía por las disputas entre los familiares de El Tigre Azcárraga.
De Angoitia pronto se convirtió, junto con Bernardo Gómez, amigo de la infancia de Azcárraga Jean, en el otro pilar de esta especie de triunvirato que dirige los destinos de Televisa. El otro integrante de “Los Cuatro Fantásticos”, José Bastón, está al frente de la parte de contenidos y programación del consorcio, pero tiene mucho menos poder que Angoitia y Gómez.
Durante el sexenio de Felipe Calderón y especialmente en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, el poder y la influencia de De Angoitia crecieron al interior de Televisa, al grado que es común que se maneje al interior de la compañía que entre él y Bernardo Gómez, el operador político y responsable del área informativa del consorcio, se disputan las principales decisiones de la empresa y de la sociedad.
De Angoitia fue el artífice entre 2006 y 2010 del crecimiento de Televisa en los dos segmentos que se convirtieron en el ancla de sus futuros negocios: la televisión de paga y los servicios de telecomunicaciones. En ese periodo, las ventas del segmento de televisión de paga o restringida (cableras y Sky) crecieron 23.7 por ciento que contrastaron con el magro crecimiento de 0.5 por ciento en el segmento de televisión abierta, el origen del poder y la fortuna de los socios y accionistas de Televisa.
Este avance en el mercado del triple play (video, telefonía e internet) llevó a Televisa a la confrontación directa con Carlos Slim, el magnate de América Móvil que ayudó a la reestructuración financiera del grupo y se transformó en su competidor en el mercado de telecomunicaciones. De Angoitia aprovechó al máximo la prohibición en el título de concesión de Telmex para ofrecer servicios de televisión restringida y con el apoyo de las autoridades de telecomunicaciones y de competencia (CFC y Cofetel) Televisa acaparó en menos de un lustro el 60 por ciento los servicios de televisión de paga.
La única competencia que tuvo Televisa en este terreno fue Grupo Dish, una alianza formada en 2009 entre la empresa Multivisión (MVS), EchoStar y Telmex. De Angoitia y su equipo de abogados comenzaron desde esa fecha una disputa política y legal para acusar de “ilegal” esta sociedad.
El 10 de julio de 2012, De Angoitia fue el responsable de la operación tras bambalinas y de dar a conocer la incorporación de Emilio Azcárraga Jean al Consejo de Administración de Grupo Iusacell, en compañía de su presunto competidor Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, De Angoitia fue el artífice de la negociación con Humberto Castillejos, director jurídico de Los Pinos, para que Televisa saliera beneficiada en la nueva reforma de telecomunicaciones, de tal forma que no se reconociera su papel como “agente económico preponderante” en televisión restringida.
De Angoitia y sus principales colaboradores, como Francisco Fuentes Ostos del despacho Minjares, Angoitia y Cortés, Alejandro Bustos Olivares, vicepresidente jurídico del consorcio, y Adolfo Lagos, vicepresidente de Telecomunicaciones de Televisa, realizaron un intenso cabildeo en el seno del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre agosto y septiembre de 2015, para impedir que el organismo regulador decretara a Televisa con “poder sustancial” en el mercado de televisión por cable y televisión satelital (ver la edición 2031 de Proceso).
A pesar del poder acumulado y de su fama como negociador implacable, De Angoitia enfrenta ahora el desafío de una nueva crisis al interior de Grupo Televisa ante la disminución de la venta de publicidad en televisión abierta, la caída de los ratings en sus principales contenidos, el surgimiento de una nueva competencia que es la tv on line, cuyo crecimiento ha sido exponencial (como en el caso de Netflix), y las deudas acumuladas en dólares por Grupo Televisa. La solución de Los Cuatro Fantásticos ha sido emprender un recorte del 30 por ciento del personal de la empresa, incluyendo a corresponsales, técnicos, administrativos, artistas, etc.
Televisa es una empresa en crisis, pero sus cuatro principales ejecutivos, especialmente Alfonso De Angoitia, están en su mejor momento y poseen una fortuna personal incalculable. Por supuesto, buena parte de los accionistas minoritarios de Televisa desconocen la existencia de, cuando menos, una empresa “fantasma” a nombre del jefe de las finanzas de la televisora.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435661/las-bahamas-refugio-de-la-empresa-de-alfonso-de-angoitia-el-cerebro-financiero-de-televisa
CIUDAD DE MÉXICO: La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto es un crimen sin castigo, y ahora, en un nuevo escándalo de alta corrupción, la evasión fiscal del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú por esconder en paraísos fiscales al menos mil 800 millones de pesos apunta a quedar también impune.
El nombre del contratista favorito de Peña emergió de entre los millones de documentos que, desde el año pasado, examinaron periodistas de más de cien medios de comunicación del mundo –Proceso el único escrito de México–, y aparecieron además los de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y del cerebro financiero de Televisa, Alfonso de Angoitia.
Igual que narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y empresarios como Amado Yáñez, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, además de Omar Yunes Márquez, hijo del candidato panista a gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, Hinojosa Cantú ocultó “una pequeña parte” de su fortuna –100 millones de dólares– en empresas offshore con el claro fin de no pagar impuestos, un delito contra la sociedad que no puede quedar sin castigo.
Pero todo apunta a que así será: Para empezar, Hinojosa Cantú es amigo y compadre del presidente de la República, a quien le obsequió la mansión de Las Lomas de Chapultepec a través de La Gaviota Angélica Rivera, a cambio de obtener multimillonarios contratos, desde 2005, en los gobiernos del Estado de México y el federal.
Luego, como en la Casa Blanca con Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, será también un subordinado de Peña, Luis Videgaray, secretario de Hacienda y responsable del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien eventualmente investigará los 100 millones de dólares que Hinojosa Cantú sacó del país y los depositó en paraísos fiscales.
Y además, en lo que también podría tipificarse como conflicto de interés, Videgaray es otro beneficiario de Hinojosa Cantú, quien le vendió una mansión en Malinalco, Estado de México, a precio de regalo de 7 millones de pesos y con todas las facilidades.
No sólo eso: El propio Aristóteles Núñez, jefe del SAT y subordinado de Videgaray, exoneró en los hechos a Hinojosa Cantú y todos los mexicanos que han optado por el esquema de crear empresas offshore, con el fin de ocultar sus fortunas y evadir el pago de impuestos.
Es verdad que no es ilegal tener recursos en el extranjero o en paraísos fiscales, como asegura Aristóteles, sino que la ilegalidad se materializa si esos recursos generaron dividendos y no se pagaron los impuestos correspondientes.
¿Pagaron impuestos? No lo sabemos, y pienso que no lo sabremos jamás, porque a cualquier solicitud de información la autoridad se amparará en el secreto fiscal para el ocultamiento, tal como lo han hecho los gobiernos más recientes con todas las grandes empresas que no pagan impuestos.
Y aun si, en el extremo, sabemos que no pagaron impuestos, y los magnates pueden acogerse al “programa de retorno de inversiones”, un esquema para que los contribuyentes regresen los recursos que mantienen en el extranjero no reportados en México, incluidos los de regímenes fiscales preferentes, y que estará vigente hasta junio de este año, como lo explicó el jefe del SAT.
¿Por qué digo que está garantizada la exoneración –y la impunidad– de los magnates que ocultan sus fortunas en paraísos fiscales? Porque, aun en el caso de que haya quienes se acojan a programa de retorno de inversiones”, el beneficio es el perdón: Se dan por cumplidas las obligaciones fiscales y no se generan multas ni recargos adicionales a las sanciones. Tantán…
A esta mecánica de impunidad en México –que también se produce en muchos países del mundo– debe contraponerse el periodismo, cuyo deber supremo es hacer pública la información que concierne a los ciudadanos, como en este caso los archivos del Grupo Mossack-Fonseca, de Panamá, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore.
Esta filtración de los archivos –#PanamaPapers– al periódico alemán Süddeutsche Zeitung fue compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con más de cien medios en el planeta, en lo que es la revelación más grande en la historia: Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.
Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack-Fonseca que duró casi un año y que, como se informó también, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435838/otra-del-intocable-compadre-de-pena-nieto
Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo este martes que desde la gran crisis financiera la recuperación de la economía global sigue “demasiado lenta y frágil” y, agregó, se han debilitado las previsiones de crecimiento para los próximos seis meses.
El dólar en bancos ha vuelto al piso de los 18 por uno, del cual se alejó desde el 17 de marzo. Este martes la divisa estadounidense se oferta en 18.05 pesos en Banamex, 24 centavos más que al cierre de ayer, de la mano de un desplome en los precios del petróleo y un pronóstico negativo sobre la economía mundial ofrecido por la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. En otras ventanillas, se vende en 17.90 (Bancomer e Inbursa).
“La recuperación [económica] sigue siendo demasiado lenta, demasiado frágil”, dijo Christine Lagarde en un discurso el martes en Fráncfort, Alemania. Las previsiones globales se han debilitado para los próximos seis meses por la ralentización de China, la caída de los precios de las materias primas y las perspectivas de restricción financiera para muchos países, apuntó sugiriendo que el FMI podría revisar su pronóstico de crecimiento.
En México, los analistas consultados por el Banco de México (Banxico), por tercera vez en el año, ajustaron a la baja su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2016 de 2.45 a 2.40 por ciento y para 2017 de 2.98 por ciento a 2.92 por ciento. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda aún calcula que el país se expandirá este año en un rango entre 2.6 y 3.6 por ciento.
En los primeros minutos de la sesión, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdía 0.68 por ciento y los precios de las acciones también bajaban en la Bolsa de Valores de Nueva York: el promedio industrial Dow Jones perdía 0.31 por ciento, mientras el Standard & Poor’s 500 cedía 0.66 por ciento.
En cuanto al oro negro, el petróleo de Texas (WTI) para entrega en mayo abrió hoy con un descenso del 0.06 por ciento y cotizaba a 35.68 dólares, mientras que el barril de petróleo Brent inició en 37.62 dólares, un 0.44 por ciento menos que al cierre de la jornada anterior.
Los precios están cayendo progresivamente desde el segundo semestre de 2014 por un exceso de oferta en el mercado.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se ha negado, de momento, a reducir sus cuotas de producción.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-04-2016/1644332
Walter Zuk apeló la decisión y denunció que en el interior del Centro de Readaptación social de Acapulco, donde se encuentra recluido, no le dan atención médica, alimentos ni medicamentos, pese a que ha presentado fiebre y se ha sentido mal por la diabetes que padece.
El Juzgado Quinto de lo Penal dictó auto de formal prisión contra el turista canadiense Walter Zuk, de 69 años, como presunto responsable de los delitos de abuso sexual de menores de edad y corrupción de menores.
Notificado de la resolución, el inculpado apeló, dentro del término constitucional de cinco días, contra la determinación que inicia formalmente el proceso penal en su contra.
La audiencia en la que se decretó la prisión preventiva para el canadiense se realizó en presencia de la juez Beatriz Fuentes Navarro; el vice fiscal, José Antonio Bonilla Uribe, el abogado defensor Jorge Medina Vargas y la secretaria de acuerdos, Yolanda Martínez.
A través de un traductor y de su abogado, el turista extranjero se inconformó con la resolución y denunció que en el interior del Centro de Readaptación social de Acapulco, donde se encuentra recluido, no le dan atención médica, alimentos ni medicamentos, pese a que ha presentado fiebre y se ha sentido mal por la diabetes que padece.
También se quejó de que no se le permiten las visitas, por lo que la juez Beatriz Fuentes pidió a la secretaria de acuerdos, Yolanda Martínez, que se gire oficio a la Comisión de Derechos Humanos y al director del penal, para que se atienda al detenido su problema de salud y la falta de alimentos.
Además, pidió un traductor para poder platicar con su abogado cuando lo visita, ya que sólo tiene el apoyo de un custodio que habla inglés.
El canadiense Walter Zuk, quién es pensionado, fue detenido el 28 de marzo pasado por besar a una niña en la boca en plena zona turística y ello fue grabado en un video que después círculo en redes sociales.
Fiscalía de Tabasco investiga presunto caso de pederastia
La Fiscalía General de Tabasco inició una investigación por un presunto caso de pederastia denunciado en las redes sociales, donde se difundió un video en el que se observa a un hombre subirle la falda a una niña.
De acuerdo con las autoridades de Tabasco, los hechos ocurrieron en el restaurante El Teapaneco, ubicado en la zona de Tabasco 2000, lugar en el que un sujeto sienta a la pequeña entre sus piernas y luego empieza a tocarla.
De acuerdo con el video subido en el perfil Grupo de Apoyo Especial México, en Facebook, una empleada del lugar captó el momento del abuso sexual, sin que los acompañantes se percataran del hecho o hicieran algo al respecto.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/inician-juicio-contra-el-canadiense-que-besaba-en-la-boca-a-ninas-de-3-anos-en-acapulco/
Al menos 38 mil personas que usan drogas en el país están internados, contra su voluntad, en centros que no cumplen con la ley. Este escenario es común en países de América Latina y el Caribe.
Malos tratos y tortura, alimentos en descomposición, humillaciones e instalaciones insalubres son solo algunas de las técnicas que se utilizan en los centros de rehabilitación en México para el tratamiento de personas que usan drogas.
Estos centros operan bajo un esquema de internamiento forzado que atenta contra normas locales e internacionales, alerta el informe ‘Ni socorro, ni salud: abusos en vez de rehabilitación para usuarios de drogas en América Latina y el Caribe’ que presentó este lunes Open Society Foundations con estudios de caso de seis países de la región, incluido México.
“Si (el encadenamiento, humillación pública y secuestro) fueran tratamientos ofrecidos para la diabetes o para enfermedades del corazón, automáticamente los consideraríamos crueles y abusivos. Aún así, estas son tácticas usadas frecuentemente para el tratamiento y rehabilitación de personas que usan drogas en América Latina y el Caribe pues el uso de drogas es visto como un fracaso moral en vez de una condición médica”, cita el reporte.
Los servicios sanitarios por el uso de drogas deben operar en México bajo la “Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones”. Ésta señala que el ingreso debe ser “estrictamente voluntario” y que las acciones de los centros de rehabilitación deben estar enfocados en reducir los riesgos por el uso o abuso de drogas pero también en “incrementar el grado de bienestar físico, mental y social” de los usuarios.
El reporte de Open Society Foundations destaca que en México al menos 38 mil personas que usan drogas en el país se encuentran, contra su voluntad, en centros que no cumplen con esa norma; además de violar los principios de tratamiento que marca la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Según las cifras del Centro Nacional para la Prevención y el Control de Adicciones (Cenadic), en el país operan 2,027 centros de rehabilitación pero sólo 426 cumplen con la norma oficial, es decir, el 12%.
Diferentes personas en centros de rehabilitación entrevistadas por el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD) dijeron:
“Yo les dije que por qué me estaban agarrando, que qué les hice y me dijeron ‘Te llevamos a un lugar para que te alivianes’. Yo les dije ‘no estoy preguntando por un lugar que le aliviane, no te estoy pidiendo ayuda’ y de todos modos me subieron”.
“Me daban para bañarme media cubeta de agua, como para cinco personas y una vez a la semana”.
“Era un servicio donde ellos no tenían drenaje, entonces había dos tazas de baño, pero hay una fosa donde caía todo. De un lado era donde se llenaba, caía todo y se iba llenando la fosa. Cuando se llenaba te hacían sacarlo con las manos y tirarlo en la calle”.
“Yo vi cómo se quisieron fugar unos chavos y los amarraron así, entre ellos iba una mujer, hasta al último la amarraron a ella, manos y pies. Por ejemplo decían al baño y tenían que ir todos así juntos, amarrados. Fueron veinticinco días que estuvieron así”.
Los centros de rehabilitación en el país, indica ese Colectivo, carecen de supervisión de parte de autoridades. Sólo en la Ciudad de México, en donde es más común que haya atención gubernamental a estos sitios, sólo el 12.1% se verificaron.
La operación fuera de Norma también está vinculada al “apoyo social” que reciben los centros de rehabilitación pese a las condiciones. La Encuesta Nacional de Adicciones de 2011 muestra que el 46.4% de la población del país considera que la mejor forma de tratar a los usuarios de droga es “que los metan en granjas especiales para adictos, lejos de la ciudad”, en las que se privilegia el abuso y maltrato.
La responsabilidad de las autoridades sobre lo que ocurre en estos centros también se vincula a la falta de servicios. Los datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones señalan que en el país sólo existen 43 centros públicos de internamiento; cuando el número aproximado de personas con dependencia de drogas en el país asciende a 550 mil.
Si bien no todas las personas buscan un tratamiento de rehabilitación, el sistema público tampoco tiene capacidad para atenderlos.
El informe ‘Ni socorro, ni salud: abusos en vez de rehabilitación para usuarios de drogas en América Latina y el Caribe’ concluye que el tratamiento que prevalece en la región “es de hecho abuso: trato cruel, inhumano y degradante, detención arbitraria y violación al derecho a la salud, a la privacidad y, algunas veces, hasta al derecho a la vida. Los pacientes salen sintiéndose violados, derrotados y aterrados”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/malos-tratos-y-tortura-el-tratamiento-en-los-centros-de-rehabilitacion-en-mexico/
De acuerdo con un cúmulo de solicitudes de información realizado por SinEmbargo, Grupo Higa consiguió 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos por siete contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sólo en 2014. Unos seis meses después (la investigación del ICIJ indica que fue en el verano de 2015), el dueño del consorcio, Juan Armando Hinojosa Cantú, creó tres fideicomisos repartidos en varias cuentas bancarias para resguardar su dinero en dólares. A nombre de su madre y suegra –mujeres octogenarias– él quedó como único beneficiario.
Seis meses antes de que Juan Armando Hinojosa Cantú lograra resguardar 100 millones de dólares a través de tres fideicomisos en Mossack Fonseca de Panamá; en su país, en México, los negocios no habían ido nada mal. Sólo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –la dependencia clave para su emporio de construcción– completó 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos en siete contratos en 2014.
Lo anterior se desprende de las 36 solicitudes de información dirigidas por SinEmbargo a 26 instituciones y dependencias del Gobierno Federal para conocer si habían firmado contratos con Grupo Higa, S.A. de C.V. o sus filiales en la década de 2005 a 2015. A cada institución le fue solicitado el número de contratos, la copia de los mismos, el tipo de procedimiento por el que fue adjudicado y las razones para concederlo en caso de que se tratara de una convocatoria o invitación. La SCT, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco de Comercio Exterior (Bancomext), así como Pemex Exploración y Producción (PEP) respondieron que sí firmaron con Grupo Higa en ese periodo. Las primeras entidades enviaron sus respuestas a través del sistema Infomex y mediante copias certificadas. Por su parte, PEP entregó sólo contratos de 2011; es decir, firmados por el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
En 2014, Guerrero estaba devastado en toda su costa. Los huracanes Ingrid y Manuel azotaron en su territorio y mataron a 105 personas. Poblaciones enteras fueron arrasadas. Para enfrentar la contingencia se creó el Fondo Guerrero, en la entraña del Fondo de desastres naturales (Fonden) y se destinó una bolsa de millones de pesos.
Tres de los contratos del Fonden los consiguió el Grupo Higa a través de la SCT, el 2014-632-CA-FONDEN-010-W-0-2014, el 2014-632-CA-Fonden-005-W-0-2014 y el 2014-632-CA-Fonden-006-W-2014, lo que le dio un monto de poco más de 746 millones de pesos.
En noviembre de 2014, una investigación periodística de Aristegui Noticias dio con una casa de 86 millones de pesos vendida con un crédito laxo a la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto. El Mandatario nombró Secretario en la Función Pública a Virgilio Andrade, cuando el cargo había permanecido acéfalo, y le ordenó una investigación de sí mismo. Hasta agosto de 2015, las pesquisas de la dependendencia reconocieron siete contratos que sumaron 774 millones 242 mil 263 pesos en un periodo de dos años y medio entre el Gobierno federal y el Grupo Higa. Esa cifra no coincide con lo obtenido por este diario digital: sólo en la SCT hay siete convenios firmados en 2014 y por un monto de más de 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos.
Eso, en cuanto a contratos. Respecto a lo fiscal, esos meses también fueron benditos para el Grupo de Juan Armando Hinojosa Cantú. Si en el verano de 2015, el empresario logró crear fideicomisos para resguardar dólares, para el invierno del mismo año, sus abogados lograron que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito cancelara en definitiva el adeudo de 86 millones de pesos que debía la Constructora Teya, una de la filiales de su Grupo Higa.
En sentencias notificadas en octubre de 2015, ese tribunal determinó que el procedimiento para fincar el adeudo fiscal a la constructora había estado viciado desde el origen.
NADIE SABÍA DE ÉL, PERO EL GOBIERNO SÍ
Banobras –una de las instituciones crediticias más antiguas de la Administración federal con ocho décadas de operación– firmó contratos con Eolo Plus, la filial dedicada a las aeronaves del Grupo Higa en 2013, cuando el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú no decía mucho. La bitácora de Eolo registró seis vuelos de entre una y dos horas de duración, con un costo total de 46 mil 295 dólares.
Los pasajeros de estos viajes fueron Alfredo del Mazo Maza, primo del Presidente Enrique Peña Nieto y quien fungía como Director General del organismo, como Luis Dosal, el Director de Proyectos.
En el mismo año, también con Eolo, Nacional Financiera hizo un contrato para transportación por 46 millones 560 mil pesos, y la SCT solicitó servicios de “taxi aéreo” por 40 millones 493 mil 085 pesos.
La Secretaría de Economía también recurrió a los servicios de Eolo Plus con varios contratos anuales por 211 mil 120 pesos por el arrendamiento de vehículos aéreos. Según facturas que fueron entregadas a la SFP, esos viajes fueron para transportar al Secretario Idelfonso Guajardo, de la colonia Polanco en la Ciudad de México a Toluca, la capital mexiquense.
En 2013, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), estaba a cargo de Jorge Carlos Marín (el ex Procurador Jesús Murillo Karam lo sustituyó; hoy la tiene Rosario Robles Berlanga) y contrató a Publicidad y Artículos Creativos -otra de las filiales de Higa-, para la impresión de viniles, cartulinas y tarjetones por 814 mil 107 pesos y también para la adquisición de tarjetones colgantes de estacionamiento en cartulina opalina por 16 mil 32 pesos (Información en el Portal de Obligaciones y Transparencia, POT).
“Contratista favorito del Presidente de México” dice del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, el perfil que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) después de que fueran descubiertas sus operaciones con el despacho panameño Mossack Fonseca para sacar de México 100 millones de dólares. El escándalo fue titulado Panama Papers y el nombre del empresario sobresale entre millonarios del mundo que intentaron poner en “paraísos fiscales” el dinero que ganaron en sus propios países.
Antes de 2014, el de Hinojosa Cantú era de los perfiles más discretos entre los empresarios mexicanos. Pero ese año, en noviembre, se suscitó el escándalo “Casa Blanca”. Seis meses después, el empresario sacó del país millones de dólares mediante la creación de tres fideicomisos en Mosack Fonseca, la firma panameña que durante 40 años ha vendido servicios financieros basados en la secrecía, incluso para clientes relacionados con la delincuencia organizada o notables evasores de impuestos.
“A lo largo del verano y otoño de 2015, no mucho después de la controversia sobre la Casa Blanca, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias. Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte”, se expone en la página de Internet del ICIJ, a propósito del empresario mexicano.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR. UNIDAD DE DATOS, LINALOE R. FLORES, ALEJANDRA PADILLA, DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-04-2016/1644108
Las alarmas sobre el dictamen de suspensión de garantías derivan en cambios de postura dentro de la Cámara de Diputados. Morena acusa que incluso se violó el proceso legislativo al haberse aprobado el documento sólo en la Comisión de Gobernación en lugar de que fuera en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos.
La duda se apodera de las bancadas de oposición que aprobaron el dictamen que expide la ley para reglamentar la suspensión de garantías y derechos de los mexicanos. En la recta final del periodo ordinario de sesiones, los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN) amagan con echarse para atrás.
El dictamen aprobado el martes 29 de marzo en la Comisión de Gobernación pretende regular la suspensión de garantías y derechos, tal como se expone en el artículo 29 de la Constitución, en casos de perturbación de la paz y el orden.
Sin embargo, las críticas hacia el dictamen, por dejar vacíos que podrían alentar la represión de la ciudadanía, ha terminado por hacer mella dentro de los legisladores del PAN y PRD que votaron, junto con el partido oficial, a favor del dictamen.
“Seguro si este tema se lleva a tribuna, el PRD y el PAN votaremos en contra porque no vemos voluntad política de parte del Ejecutivo federal [para respetar los derechos humanos]”, consideró el Diputado la bancada del sol azteca Rafael Hernández Soriano, quien hace una semana votó a favor del dictamen.
Cómo explican las bancadas este cambio de parecer en menos de una semana. De acuerdo con Soriano, el voto a favor del PRD fue hecho con base en un análisis jurídico del dictamen.
No obstante, expuso, el hecho de que este dictamen sea una mezcla entre una propuesta enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto y otra de senadores conlleva el riesgo de que sea un premio inmerecido al dirigente del país.
“Muchos partidos calculan que Peña Nieto va ir a la ONU [este mes] y va decir que hay una ley secundaria en materia de suspensión de garantías que obedece los derechos humanos. Hay una carga política muy fuerte en este tema, que yo como última decisión política pudiera compartir. El Gobierno federal no merece que se le dé ningún aval político por la continúa violación a los derechos humanos”, detalló el legislador.
También, el PAN que apoyó el dictamen en la Comisión de Gobernación podría desestimar su apoyo.
“Estamos todavía consensuando al mismo interior de la fracción en qué sentido pueda ir nuestro voto. Todavía no estamos muy claros con respecto a esa determinación”, dijo el Diputado blanquiazul José Antonio Salas Valencia, quien pertenece a la Comisión de Derechos Humanos.
MOMENTO POLÍTICO
El partido Movimiento Ciudadano (MC), que en la primera votación del dictamen se abstuvo alegando que la propuesta les fue enviada durante Semana Santa, sin tiempo de analizarla a cabalidad, reiteró su decisión de rechazarla por las circunstancias que atraviesa el país.
“Esta ley reglamentaria no puede obviar el momento político que atraviesa el país. Ni quien sería el encargado de hacer uso de esta ley, y por lo tanto su interpretación, que es el Gobierno federal”, dijo el coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda Hoeflich.
De acuerdo al artículo 29 constitucional, no podrá restringirse ni suspenderse el derecho a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, a los derechos políticos, a las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
Queda prohibida la pena de muerte, la esclavitud, la servidumbre, la desaparición forzada y la tortura.
El dictamen aún conlleva serias dudas, de acuerdo con la coordinadora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Rocío Nahle García, quien el martes de la semana pasada dio una conferencia de prensa para rechazar el dictamen.
“No puedes quitar garantías. ¿Por cierto tiempo?, ¿por cuánto?, especifícalo, ponlo en la Ley, pon la reglamentación en la Ley, pon cuándo va a determinar el Presidente que hay condiciones, colócalo. Si hay una guerra, en una pandemia, coloca las situaciones, pon las condiciones, no lo hicieron, lo dejan abierto. Amén de quitarle garantías cuando se les ocurra”, dijo la Diputada.
En este sentido, organizaciones de derechos humanos han dicho que el dictamen podría ser una puerta para aumentar la represión de comunidades en resistencia y movimientos civiles. El Comité Nestora Libre estima que en México hay alrededor de 500 presos políticos.
Castañeda Hoeflich expuso que el Gobierno ha estado lejos de cumplir con los derechos humanos: “Como demuestran los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, no trabajan con los organismos internacionales, sino los persiguen como en el caso de Álvarez Icaza o el relator de la ONU en materia de Tortura”, agregó.
¿PROCESO AMAÑADO?
Según el proceso legislativo, después de pasar por la Comisión de Gobernación este dictamen debía hacer una última escala para ser votado en la Comisión de Derechos Humanos el pasado 31 de marzo. Pero ese día se anunció la cancelación de la reunión.
Esta última Comisión espera reanudar la discusión mañana. Pero, Morena ha señalado una supuesta omisión en el proceso que debía seguir el dictamen, lo que podría anular la primera votación.
“Voy a pedir concretamente que se deje sin efecto la aprobación que se hizo en la comisión de Gobernación porque viola el procedimiento del reglamento interior de la Cámara de diputados. Se supone que cuando un asunto se turna a comisiones conjuntas [en este caso Gobernación y Derechos Humanos] no pueden sesionar por separado”, dijo el Diputado de Morena Alfredo Basurto Román.
Una misiva de Morena a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados califica este asunto como un “grave problema de legalidad”.
Una misiva de Morena a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados califica este asunto como un “grave problema de legalidad”.
Y aunque la Mesa no tome cartas en el asunto, el apoyo podría surgir dentro de las comisiones pertinentes.
“El PRD estará de acuerdo en revisarlo nuevamente de forma conjunta. Hemos visto que en la opinión pública ha tomado mucha fuerza y queremos convocar a los sectores interesados en materia de derechos humanos para que den su opinión”, dijo el Diputado David Gerson García Calderón, integrante de la comisión de Gobernación.
Por su parte, el legislador del PAN, José Salas Valencia, dijo: “Sí creo que tiene razón Morena, es que son comisiones unidas, y deberíamos de haber sesionado en conjunto para tomar una decisión. Cosa que nosotros mismos dijimos. Pero por otro lado creo que buscan justificaciones cuando no tienen argumentos “.
Sobre el aparente cambio de postura del PAN y PRD, Rocío Nahle aseguró que es lo mínimo que se espera de ellos. “Es lo menos que deben de hacer, responder por las garantías de los ciudadanos, precisamente para velar por el Estado de derecho y sus garantías”.
Los legisladores coincidieron en que mañana será un día decisivo para medir si el dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional será aprobado en este periodo de sesiones que termina este mes.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-04-2016/1644150
México ha entrado a una nueva fase gubernamental: el Estado de excepción o lo que es lo mismo, el uso de mecanismos utilizados por regímenes totalitarios para el control de la población.
Enrique Peña Nieto se acaba de iniciar su etapa de fascismo al más puro estilo mexicano reglamentando el artículo 29 de la Constitución para la suspensión de garantías o el establecimiento de un estado de excepción por orden de él mismo.
Como cualquier dictatorzuelo, Peña Nieto quiere pasar a la historia manipulando la Constitución a su antojo bajo el pretexto de que su nueva medida autoritaria, es por si México sufre una “invasión, perturbación grave de la paz pública o bien un grave peligro o conflicto’’.
Analicemos las posibles “invasiones” que México pueda sufrir. Empecemos por Estados Unidos. ¿Le interesaría invadir nuestro país? Tal vez, le interese nuestro petróleo, pero no creo que le interesen los ciudadanos mexicanos, por lo tanto queda descartado.
El delirio suele confundir a los hombres enfermos de poder. La pregunta es pertinente: ¿Ha entrado Peña Nieto en un estado de delirio? Todo parece indicar que el señor inquilino de Los Pinos, siente pasos en la azotea y cree que una potencia extranjera invadirá México.
Tal vez, el verdadero argumento no está dicho en esa solicitud de Peña Nieto enviada al Congreso de la Unión para que sea aprobada ipso facto la suspensión de garantías. Tal vez, lo que realmente quiere el inquilino de Los Pinos es controlar la protesta social, apaciguar el enojo de los mexicanos que ya en una ocasión quemaron la puerta de Palacio Nacional por el caso de la desaparición forzada de los 43 normalista de Ayotzinapa.
Peña Nieto está asustado. Y cree que es mejor legislar el estado de excepción, la suspensión de garantías individuales y la posterior instauración de un régimen dictatorial. ¿Será capaz de dar ese paso tan decisivo en su carrera política a punto de extinguirse luego que deje Los Pinos?
Por si acaso, la reforma al artículo 29 determinará que en caso de que exista una “perturbación grave de la paz pública u otros actos que pongan a la sociedad ‘‘en grave peligro o conflicto’’, el tendrá la facultad de dar un golpe de estado para controlar a la chusma, a la prole, pues.
Los niveles de popularidad de Peña Nieto son tan bajos que ya nadie en Presidencia de la República se atreven a medirlos. Anda por los suelos. Le llueven las críticas. Los mexicanos están hartos de tanto aumento y de sobrevivir con los minisalarios; están hartos de la violación constante a los derechos humanos, del desempleo, la pobreza, el hambre, la corrupción de sus funcionarios, del saqueo de los políticos, de los gobernadores rateros, de la podredumbre del sistema.
Tal vez por eso, Peña Nieto convenció a todas las fuerzas política a aprobar semejante atentado a la libertad de los mexicanos. Y así la comisión avaló sin cambios y con los votos de PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal la legislación que apenas en diciembre envió el Ejecutivo para obtener los votos del Senado.
A los que si no pudo convencer fue a las diputadas de Morena Rocío Nahle García y Sandra Luz Falcón, quienes valientemente hablaron en contra de la iniciativa presidencial y votaron en contra.
Los que francamente si fueron exhibidos en su real dimensión fueron los legisladores del Movimiento Ciudadano como el legislador Salomón Tamez, quién al final se abstuvo, mientras que el coordinador de esta bancada, Clemente Castañeda, cobardemente no se presentó a la votación.
Después de esto, los mexicanos debemos saber que la represión gubernamental ya es legal. Ahora si que reprimir las protestas será bajo el imperio de la ley, como en las famosas dictaduras del Cono Sur.
Tal vez por eso, Peña Nieto prefirió no definir lo que se entiende por “perturbación grave de la paz pública”. Tampoco nos explica que significa eso de la existencia de un “conflicto’’, para justificar la represión.
Esta iniciativa de ley, otorga al Ejecutivo un alto margen de maniobra. Finalmente nadie podrá impugnar su autoridad.
Lo más grave, es que parece que todos están de acuerdo. Supuestamente hasta la ONU, porque según la presidenta de la comisión, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), cuentan con “el aval” del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
El otro silencio ensordecedor es el de Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que como de costumbre no ha dicho ni pío. El Ombudsman Luis Raúl González Pérez, anda ocupado y no puede contradecir a su patrón, al que le paga el extraordinario sueldo que gana.
Finalmente, Peña Nieto se decidió a legalizar el estado de excepción que vivimos con el ejército y la marina en las calles. Los mexicanos padecemos un estado criminal, cuyas autoridades que se supone deben protegernos, se dedican a torturar, desaparecer y ejecutar ciudadanos. Institucionalizar vía la Constitución, es solo un paso al fascismo.
La ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución solo viene a consolidar la masiva violación a los derechos humanos que padecemos. El sistema está rebasado, el sistema no funciona, el sistema gubernamental , el sistema político mexicano está podrido.
Con esta ley México deja de ser una democracia. Tal vez, nunca lo fue. Pero está claro que ahora es una partidocracia donde impera la corrupción de los partidos, las instituciones, los funcionarios, los políticos, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los senadores…
Es evidente que el acuerdo unánime se debe a que estos señores pretenden seguir cometiendo todo tipo de fechorías gozando de una patente de corso, ahora bajo el nombre de ley reglamentaria del artículo 29. No por nada, México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayor impunidad.
¿Quién se atreverá a interponer un recurso de inconstitucionalidad? Nadie. Los ciudadanos no estamos representados realmente en ninguna de las instituciones que componen el gobierno, ni siquiera en las que supuestamente nos representan en la Cámara de Diputados y la de Senadores, convertidos en simples borregos a las órdenes del Ejecutivo. ¿Dónde quedó la separación de poderes?
En fin, más nos vale irnos preparando. Un país sin derechos humanos, sin libertad, sin estado de derechos, esta encaminado al abismo… ¿Qué sigue?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/04-04-2016/47796
CUERNAVACA, Mor: Mientras el Congreso del estado se prepara para desechar la segunda demanda de juicio político contra el gobernador Graco Ramírez, los autores de la misma, integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) presentaron dos denuncias más ante la Fiscalía Superior de la Federación (FSF) por desvío de recursos.
En entrevista, el vocero de este organismo, Gerardo Becerra Chávez de Ita, aseguró que saben que el Legislativo local le hará el trabajo a Graco Ramírez, y que desechará la denuncia de juicio político presentada hace unos meses, basada en el desvío de recursos del crédito por dos mil 806 millones de pesos que autorizó la anterior Legislatura para la realización de obra pública.
Y aunque no descartó el hecho de que presenten una nueva demanda de juicio político en el momento en que sea desechada la anterior, dijo que tienen conciencia de que en Morelos no se puede hacer mucho porque el mandatario tiene control del Legislativo, dijo. Además también tiene sus representantes que “le hacen el trabajo” en el Poder Judicial.
Es por ello que desde la semana pasada, una representación de la Coordinadora acudió a la Ciudad de México para presentar dos denuncias “ciudadanas” contra el gobierno del perredista Graco Ramírez ante la ASF, por la probable comisión del delito de desvío de recursos en la construcción de obra de remodelación, que luego se convirtió en reconstrucción del estadio de futbol de Zacatepec, Agustín Coruco Díaz, una obra con un costo de 600 millones de pesos.
La otra denuncia es por el mismo delito, el desvío de recursos, pero del proyecto de remodelación de la Plaza de Armas Emiliano Zapata Salazar, ubicada en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Y es que para empezar, no hay claridad del proyecto, y el mismo, aunque tiene un costo oficial de 49 millones de pesos, no se licitó si no que se asignó de manera directa a la empresa Kurse SA de CV, misma que tiene señalamientos de parte de al Auditoría por obras realizadas en Cuernavaca, en la administración municipal de Manuel Martínez Garrigós.
Y es que, el reporte final de la auditoría especial practicada al crédito, entregado hace unas semanas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Morelos, en realidad “limpió”, dice Becerra Chávez de Ita, los malos manejos y los dejó como “faltas administrativas” en contra no de los secretarios de despacho o el mandatario, sino contra funcionarios menores.
Además, el Congreso local calificó como “válido” este informe aunque no se ha dado a conocer públicamente. Esto ha dado pie a que el Legislativo esté listo para que en la sesión de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, se deseche la solicitud de juicio político.
“Por ello hemos presentado las denuncias ante la Auditoría de la Federación”, dijo Becerra Chávez de Ita.
“Lo que entregó Vicente Loredo (el auditor estatal) de la auditoría (especial al crédito) referente a lo que nosotros consideramos ‘la joya de la corrupción’, es lo que tiene que ver con la construcción del estadio Agustín Coruco Díaz y no le quita más de 10 a 15 renglones (al informe), y consideramos que eso no puede ser. No puede ser que se destinen 400 millones de pesos de forma unilateral y que el auditor no se refiera a este hecho en el reporte final”, lamentó.
Mientras tanto, Vicente Loredo Méndez, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, informó en breve entrevista que son alrededor de 30 funcionarios los que serán sancionados por las observaciones de la revisión del crédito millonario aprobado al Poder Ejecutivo en 2013. Sin embargo, evadió el tema de las irregularidades en concreto y con el pretexto de una reunión se dio la vuelta y cortó la entrevista.
Antes de marcharse dijo: “Sólo son faltas administrativas, (las sanciones) pueden ser amonestación, puede ser suspensión del cargo, puede ser inhabilitación. Son como unos 30 (funcionarios) aproximadamente, la mayoría son faltas administrativas, faltas a los manuales de contabilidad, faltas a la Ley General de Auditoría. No son graves”, sostuvo.
Se le inquirió porqué de no auditar los recursos del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), dado que parte del recurso del crédito, como lo informó la propia Secretaría de Hacienda al Congreso hace unos meses, se utilizó para pagar salarios, lo cual es ilegal. Dijo que la auditoría se realizó con una muestra de los 2 mil 806 millones de pesos, “nosotros hacemos muestras y en esa muestra puede que entre, puede que no entre” el recurso del IEBEM, justificó.
Y respecto de la pobre argumentación en su informe sobre la construcción del estadio Agustín Coruco Díaz, como lo denunció la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, respondió: “Yo creo que las obras más relevantes que se hicieron con ese crédito fueron auditadas debidamente. (Se auditó) el C5, el Coruco (Díaz), etcétera”, dijo, y cortó la entrevista.
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435858/denuncias-contra-graco-ante-la-asf-desvio-recurso
CIUDAD DE MÉXICO: La Fiscalía General del estado de Tabasco inició una investigación por un presunto caso de pederastia denunciado ayer en las redes sociales, donde se observa a un hombre tocar las partes íntimas de una niña de cinco años de edad.
Los hechos ocurrieron en el restaurante El Teapaneco, ubicado en la zona de Tabasco 2000, lugar en el que un sujeto – acompañado con otras personas en una mesa– sienta a la pequeña entre sus piernas y luego empieza a tocarle sus partes íntimas con la mano derecha.
De acuerdo con el video subido en el perfil Grupo de Apoyo Especial México, en Facebook, una empleada del lugar captó el momento del abuso sexual, sin que los acompañantes se percataran del hecho o hicieran algo al respecto.
Por ese hecho el fiscal tabasqueño Fernando Valenzuela Pernas ordenó una investigación, pero hasta ahora se desconoce la identidad del agresor.
Luego de conocer que el video circulaba en las redes sociales, los dueños del restaurante subieron un comunicado donde señalan que no son ni serán partícipes de ningún hecho, y aseguran que no despidieron a la empleada que grabó el abuso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435763/investiga-fiscalia-tabasco-caso-pederastia-subido-a-las-redes-sociales
