“Un gobierno democrático escucha a la gente, todas las voces, aunque no estemos de acuerdo; ya canalizamos sus demandas”, justificó.

Por esta razón, adelantó, “he solicitado, con profundo respeto y ánimo de colaboración entre poderes –a los coordinadores parlamentarios– promuevan una acción de inconstitucionalidad respecto de esta ley”, anunció.

Ávila Villegas indicó que tuvo que recurrir a esta vía porque la Constitución no faculta a los Ejecutivos locales a promover esa figura.

“He solicitado a los diputados locales la promuevan, no porque considere que esta ley viola la Constitución, nosotros la promovimos, sino porque es la única vía para pedir a la SCJN que la revise y verifique si es respetuosa de los derechos humanos y los argumentos vertidos son correctos”, reconoció.

Esta acción, aseguró, ya fue consensuada con los coordinadores parlamentarios, con la finalidad de que sea la Corte la que oriente, establezca un parámetro y emita la verdad jurídica sobre los límites, candados y sanciones en el uso de la fuerza pública.

Esta promoción, afirmó, será paralela a la solicitud planteada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que revise el contenido de la ley.

Adicionalmente, Ávila Villegas indicó que el secretario general de Gobierno ya está preparando una iniciativa para que los Ejecutivos tengan la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad.

También recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó el 31 de diciembre pasado la regulación del uso de la fuerza pública, establecer protocolos por ley para regularla y no dejarla a criterio del comandante en turno, del comisario, del elemento o del policía, porque ese escenario es el más favorable a la violación de los derechos humanos.

Derogación parcial

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhem), Baruch Delgado, adelantó que a más tardar el próximo lunes el organismo dará a conocer si promoverá alguna iniciativa de reforma o acción de inconstitucionalidad, pero aclaró que en ambos casos será parcial, es decir, sólo habrá algunas consideraciones.

Los artículos octavo –relacionado con el uso de armas letales–, 12, 14, 15, 16, 17 y 19 –del capítulo de manifestaciones, asociaciones y reuniones– son los que, indicó, se sugerirá sean derogados.

El resto de la norma, consideró, no es necesario modificarla, pues los organismos internacionales han propuesto regular el uso de la fuerza pública.

El ombudsman mexiquense precisó que a la fecha ha recibido tres solicitudes de revisión de esta norma, remitidas por parte de los partidos Acción Nacional (PAN) –que avaló la iniciativa–, Morena y PRD.

Ninguna organización civil, precisó, se ha acercado a la Comisión con esta finalidad.

Aunque el dictamen aprobado por los diputados locales afirma en su texto que la Codhem participó y dio su aval al ordenamiento, Delgado Carbajal precisó que el organismo a su cargo no recibió alguna petición de análisis previo a la aprobación, ni tampoco dio su visto bueno porque no existe marco jurídico que así lo obligue.

El día en que los integrantes del Poder Legislativo discutieron la iniciativa, recordó, la bancada panista pidió la presencia de uno de los visitadores del organismo, pero ese mismo día se aprobó, “entonces no tuvimos oportunidad de emitir una opinión o hacer un análisis sobre el particular”.

Lo único que quedó establecido en la ley, dijo, es que la Codhem estará atenta para recibir quejas o denuncias por cualquier violación a derechos humanos que puedan cometer los funcionarios en su aplicación.

“Mentiras”

Ana Yurixi Leyva, secretaria general del PRD en la entidad, acusó que el gobierno del estado mintió en busca de legitimar esta ley, al asegurar que tenía el visto bueno del alto comisionado de las Naciones Unidas y de la Codhem.

La dirigente partidista adelantó que en días próximos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) se reunirán con el alto comisionado de la ONU, con el objetivo de aclarar si el organismo respalda el ordenamiento, como lo aseguró Luz María Zarza, consejera jurídica del gobierno mexiquense.

La duda, expuso, surge tras la consulta de un medio de comunicación, al que la oficina internacional señalada le aclara que no tuvo la oportunidad de revisar la propuesta, por tanto no compartió comentarios ni apreciaciones sobre esta norma.

“Hay medios que hicieron ya la consulta, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU responde categóricamente que no tuvo la posibilidad de hacer una revisión de dicha iniciativa, por lo tanto, no compartió con las autoridades del Estado de México ningún comentario ni apreciación sobre la misma”, aclaró.

El acercamiento, dijo, además servirá para que la ONU exponga sus observaciones con la finalidad de enriquecer la ley.

Javier Salinas, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, puntualizó que sólo sesionó una vez la comisión para dictaminar, pero no se realizaron ocho reuniones con los diputados locales, como lo aseguró el secretario general de Gobierno, José Manzur.

También confirmó que la Codhem no participó activamente ni dio su aval al ordenamiento, como se asegura en el dictamen, pues el primer visitador sólo se reunió con los diputados del PAN.