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#Másde72: Las víctimas del pacto de silencio en las carreteras

CELAYA, Gto. (apro).- Rosa Rodríguez de Lara se mantiene pegada al auricular hasta por 20 minutos aunque solo se escuche silencio. Asegura que del otro lado quien sostiene el teléfono es Paco, su hijo desaparecido en marzo del 2011.

Tras el secuestro de su hijo Francisco, Rosa recibe “misteriosas” llamadas desde diferentes claves de lada. Ella las interpreta como una señal de que él está vivo, aunque sólo descuelgue el celular y no escuche voz alguna.

Para Rosa no es casualidad que la llamen en ocasiones especiales como el día de las madres o navidad. Ella le habla, le dice cuánto lo extraña, le dice que vuelva. Nadie responde.

Francisco Lara Rodríguez fue forzado a bajar del autobús Ómnibus donde viajaba acompañado de varios conocidos el 24 de marzo del 2011, a la altura de San Fernando, Tamaulipas, por una célula de Los Zetas coludida con policías municipales. El había salido de la ciudad de Guanajuato en la corrida de las 19:50 horas.

Francisco Lara tenía 24 años en ese entonces. Iba acompañado de una persona que fue testigo de cómo un grupo de hombres con el rostro cubierto bajaron a varios pasajeros que parecían elegidos al “detinmarín”. Pensaba que al rato lo iban a soltar. La persona, como el resto de los pasajeros, siguió el trayecto hasta la frontera. Ahí lo esperó sin éxito.

“Bajaron a puros hombres jóvenes. Iba un señor ‘más grande’ pero a él no lo bajaron”, asegura Rosa, en su casa en Salamanca. Ella fue informada por la persona sobreviviente de lo ocurrido. Otros tres guanajuatenses fueron capturados con su hijo; entre ellos el coyote que los ayudaría a cruzar. También varios centroamericanos, aunque no tiene datos precisos de cuántos ni de que nacionalidad.

Su destino era Reynosa, de ahí, el coyote los cruzaría a Estados Unidos.

Lo que la madre sabe es que cuando entraban a San Fernando, cerca de las 7 de la mañana, una camioneta se acercó al autobús, lo interceptó y hombres armados subieron para seleccionar a sus víctimas. Primero les pidieron que salieran para revisarlos. Los esculcaron. Vieron sus identificaciones. Después les ordenaron recoger su equipaje: estarían retenidos.

Cuando Francisco abordó de nuevo, su acompañante intentó bajar con él. Alcanzó a decirle: “Tú quédate ahí”. El camión siguió su camino dejando atrás a varios pasajeros, “como si nada hubiera pasado”.

Entrevistada en su domicilio una tarde de domingo, Rosa recrea la escena con agobio, cómo si reviviera en cada palabra una escena que nunca presenció: “A mí esto no se me olvida, eso yo lo traigo, me acuesto con eso. A mí eso no se me borra, para nada se me borra”.

Al poco tiempo del secuestro, los sobrevivientes sintieron un poco de alivio: una patrulla de la policía municipal se dirigía hacia ellos. El policía subió para preguntarle al chofer “¿Y ahora a cuántos te bajaron?” El conductor le pasó una lista con los nombres y el funcionario se limitó a pasear por los asientos. Pidió a los pasajeros dinero para “su refresco”. Y se fue.

Nunca nadie más volvió a ver a los hombres que fueron forzados a bajar. Una semana después, en abril de 2011, en San Fernando, Tamaulipas, comenzaron a descubrirse cadáveres enterrados en fosas clandestinas con 196 cadáveres.

En respuesta inmediata al hallazgo de las 47 fosas, el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Morelos Canseco Gómez, relacionó a las víctimas con dos secuestros de pasajeros ocurridos el 24 y 29 de marzo de ese mismo año en la zona. Uno de los días que desapareció Francisco.

Pero la captura y desapariciones de viajeros no fueron sólo esa semana. Por lo menos siete meses el gobierno mexicano cedió a Los Zetas el control de los caminos que llevan a la frontera. Los integrantes de la célula criminal apostada en ese municipio bisagra, paso obligado para llegar a las ciudades de Matamoros o Reynosa, cual si fueran dioses ebrios definieron todo ese tiempo a quién permitían el paso, a quién secuestraban, a quién mataban.

La desgracia tocó especialmente a varones, jóvenes, mexicanos y extranjeros, que viajaban en autobuses o en autos particulares y que a sus verdugos les parecieron sospechosos. Sospechosos de haber sido reclutados –o con posibilidad de ser reclutables– por el cártel rival, el Cártel del Golfo, que dominaba las dos ciudades fronterizas donde desembocaba esa carretera.

Operaron siempre con el apoyo de toda la corporación de seguridad pública municipal. Nunca se ha informado el papel que jugó durante esos tiempos de barbarie el alcalde en turno Tomás Gloria Requena, hoy delegado nacional de la CNC. Aún no queda claro por qué la Marina, la Policía Federal y el Ejército no intervinieron a pesar de que tenían presencia en la zona.

Aunque familiares de las personas desaparecidas en ese municipio pusieron denuncias recurrentes y avisaron a las autoridades estatales y federales de lo que ocurría, éstas nunca advirtieron del embudo mortal en que se había convertido esa carretera. No previnieron a los viajeros para que dejaran de utilizar esa ruta. No hicieron nada para evitar más muertes. Fallaron en su función de brindar seguridad a los ciudadanos.

El 27 de abril de 2011, el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré dio una conferencia de prensa en la que recriminó los delitos a las autoridades estatales. Señaló la colusión de los policías municipales en los crímenes y su complicidad en estas desapariciones que, muchas veces, terminaron en masacres. Justo 21 días después del hallazgo de las fosas.


No desaparecieron, se los llevaron
“Para nosotros es muy evidente que los querían reclutar”. Rosa está convencida. “Cuando me dicen no sé qué de los desaparecidos yo les respondo es que no son desaparecidos, se los llevaron”.

La madre conserva el boleto de autobús Ómnibus con folio: TCH00852219. Se lo dio la persona sobreviviente. Tiene una leyenda que dice: Este boleto ampara el seguro de viajero.
“Ya había sabido que secuestraban los autobuses, muy poco sabía pero sí, pero lo raro es que casi todos los autobuses que secuestraban eran de esta línea de autobuses, llegué a escuchar que pararon lo más seguro a tres de la misma marca”.

A cinco años de la desaparición de su hijo Rosa sigue sin tener noticias de su paradero. Sólo esas llamadas “misteriosas”, cada tanto, que alimentan su fe de que su hijo está vivo y en el silencio intenta decirle que lo sigue buscando.

Hasta abril de 2014, la PGR había citado a declarar a 34 choferes de autobuses y dos representantes legales de líneas de transporte (uno de ellos de Ómnibus), así como cinco empleados de centrales camioneras, quienes son considerados testigos en la investigación de las fosas clandestinas. Uno de ellos declaró que desde que comenzaron a registrase los secuestros avisó al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tamaulipas para que avisara a la PGR, pero nadie intervino.

Hasta hace dos años 67 personas estaban presas y 16 habían sido liberadas. Se desconoce cuál fue el destino de los 17 policías municipales acusados de colaborar con Los Zetas. Muchas madres, como Rosa, siguen sin conocer el paradero de sus hijos.



Fuente: Proceso
Autora: Maricela Turati
http://www.proceso.com.mx/436181/las-victimas-del-pacto-silencio-en-las-carreteras

Derechos humanos le estorban a la Ley que impulsan PRI, PAN y PRD, denuncian grupos civiles

El dictamen establece que cuando el Presidente considere que se afecta el orden social puede solicitar la suspensión o restricción de garantías en determinado lugar y por un determinado lapso de tiempo. Un proceso que contará con el aval en menos de 24 horas del Congreso, si se encuentra reunido, y de la SCJN para validar su constitucionalidad.

Organizaciones civiles que conforman la plataforma Por México Hoy acusaron al Congreso de la Unión de pretender dejarlas fuera de la discusión del proyecto de ley sobre los estados de excepción, aprobada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), cuyo contenido actual, dijeron, es violatorio de los derechos humanos.

En una conferencia de prensa en el Senado, los representantes de las organizaciones acusaron que después de recibir un análisis del Doctor Raúl Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, al dictamen que ya fue aprobado en la Comisión de Gobernación, se determinó que concibe a los derechos humanos como un obstáculo para garantizar el orden público y no la situación.

“Esto es un asunto muy grave, es decir, los derechos humanos son el obstáculo que hay que atacar para lograr el control de una situación determinada. Por eso es importante que los órganos encargados por velar por el respeto de derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncien”, dijo Félix Hernández, integrante de Por México Hoy.

El dictamen establece que cuando el Presidente considere que se afecta el orden social puede solicitar la suspensión o restricción de garantías en determinado lugar y por un determinado lapso de tiempo. Un proceso que contará con el aval en menos de 24 horas del Congreso, si se encuentra reunido, y de la SCJN para validar su constitucionalidad.

Hasta ahora, el artículo 29 de la Constitución establece que hay derechos humanos que el Estado no puede suprimir, aun cuando se declare la supresión de garantías a raíz de una causa que perturbe el orden social.

Sin embargo, la argumentación citada en el dictamen aprobado, si bien reconoce derechos elementales, también apunta excepciones: “No es descartable que ciertos derechos humanos puedan ser suspendidos o restringidos en su ejercicio, pero en todo caso, deberá existir una razón legítima fundamentada”, describe el documento –al que SinEmbargo tuvo acceso– en la página 8.


Legisladores de oposición han insistido que la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional abre la puerta para que las autoridades violenten de distintas formas al menos 15 derechos de la ciudadanía. El documento con el que se pretende reglamentar el Estado de excepción abonaría a la permanente violación de las garantías individuales en el país, han dicho.



Por su parte, Osmar León, representante del Estado de México dentro de la plataforma, explicó que la llamada Ley “Eruviel” aprobada el pasado 17 de marzo representa un riesgo para las protestas ciudadanas, y da vía libre para que la represión de las fuerzas de seguridad.

El Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificó de maniobra política el reciente anuncio del Gobernador Eruviel Ávila Villegas de solicitar al Congreso del estado que solicite una controversia inconstitucional a la propia Ley que el Gobernador propuso.

“Es una maniobra para ver si a lo mejor la Suprema Corte de Justicia termina por aprobarla”, apuntó.

En la conferencia los senadores del PRD, compararon esta Ley con la “Ley bala” del Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle. “Esta ha sido un desastre y dejado víctimas”, dijo el Senador Luis Sánchez Jiménez.

Por su parte, León expuso que la creciente oposición de parte de la ciudadanía a la Ley “Eruviel” crece, en tanto que la ley supuso un periodo de 90 días para entrar en vigor. Anunció que habrá una ola de amparos ciudadanos. Y una propuesta al Congreso local para que se derogue esta ley: “de tal forma que sería como empezar en una página nueva”.


Las organizaciones recordaron que tanto la ley que pretende reglamentar el artículo 29 constitucional como la Ley “Eruviel” se adhieren a una antigua petición para se realicen reformas legales que integren a la ciudadanía en las discusiones de las leyes. Por lo que exhortaron a la Cámara de Diputados a que se realicen foros para este tipo de leyes y que además se sometan a un referéndum.



La legislación que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México permite el uso de armas letales “cuando sea estrictamente inevitable”, así como de esposas rígidas, semirrígidas, candados de pulgares y cinturones plásticos; de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente. También avala el uso de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias irritantes en aerosol.

La Ley busca definir los casos en los que las policías mexiquenses podrán intervenir para restablecer el orden en desalojos, embargos, además en los centros de readaptación social. La Ley detalla también que el uso de la fuerza pública podrá aplicarse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y que se vuelvan violentas.

Por ejemplo, el artículo 8 faculta el uso de armas letales a los agentes policiacos en casos “estrictamente inevitables”.


“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”, detalla el artículo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645344

Narco, zetas y paramilitares, la nueva realidad en Chiapas

En los últimos años –desde que el PVEM y el PRI llegaron a la gubernatura– la violencia vinculada al crimen organizado se desató en Chiapas. Los Zetas protagonizan la lucha por plazas estratégicas, multiplican la distribución de droga y amplían su repertorio delictivo; todo, impunemente. Y no es la única señal de descomposición durante el gobierno de Manuel Velasco: grupos paramilitares de infame memoria como Paz y Justicia, Los Chinchulines y MIRA han resurgido al amparo del poder político.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (Proceso).- En el norte, Los Altos y la frontera de Chiapas con Guatemala se desató una pelea entre grupos del crimen organizado de la que muy pocos quieren hablar. Se trata de zonas a las cuales ni siquiera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se mete, pues las bandas criminales se han fortalecido al fundirse con paramilitares e integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La vida en algunas de las comunidades indígenas de estas zonas cambió radicalmente. Entre los jóvenes indígenas aumentó la adicción a la cocaína y el crack que circula en sus pueblos, comunidades o colonias, como la famosa Hormiga –a las afueras de San Cristóbal de las Casas–, conocida porque ahí se venden drogas, armas y autos robados.

Un hecho reciente exhibió la virulencia en la batalla por el control del territorio. El 17 de julio de 2015 fue reportada la desaparición del activista Toni Reynaldo Gutiérrez López en el municipio de Tila a manos de policías municipales y civiles armados. Una semana después, fue encontrado muerto con huellas de tortura, la cara desollada y sin ojos.

Magaly del Carmen Cruz Pérez, esposa de Gutiérrez, y habitantes de Tila han denunciado la presencia de Los Zetas y de paramilitares en esta parte del estado. También lo han hecho los sacerdotes Blas Alvarado, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, y Marcelo Pérez, de Simojovel, quienes acusan al gobernador Manuel Velasco –quien llegó al poder en diciembre de 2012 como abanderado del PVEM y del PRI– de intentar ocultar la presencia de la delincuencia organizada en Chiapas para no ensombrecer sus pretensiones de lanzarse como candidato a la Presidencia de la República en 2018.

El desvanecimiento

Desde 1994, la atención pública sobre Chiapas se concentró en el EZLN, luego de la declaración de guerra que lanzó al Estado mexicano. Pero ya desde entonces era evidente la presencia de poderosos grupos del narcotráfico en la entidad.

En mayo de 1993, Joaquín Loera Guzmán fue capturado por primera vez en la frontera de Guatemala y Chiapas. Hubo versiones de que el jefe del Cártel de Sinaloa se paseaba por San Cristóbal de las Casas (Proceso 867). En 2010 se reportó nuevamente su presencia en el municipio de Villa Flores y, más recientemente, después de su segunda fuga, fue visto por Comitán tras haberse escapado de un operativo de la Marina en Tamazula, Durango, donde se había refugiado (Proceso 2033).

Luis Alonso Abarca González, del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (DH-DO), sostiene en entrevista que el asesinato de Toni Reynaldo es una señal clara de la presencia de grupos del narcotráfico, como Los Zetas, que están peleando el control de la zona al Cártel de Sinaloa y sus aliados del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El activista social observa que, a partir de las elecciones municipales del año pasado –en las cuales el PVEM, partido del gobernador Manuel Velasco, se llevó 57 de las 122 alcaldías en disputa–, hubo un repunte de la presencia de grupos paramilitares, como Paz y Justicia, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Los Diablos, Los Gómez y Los Petules, entre otros, que se han vinculado con el narcotráfico y la trata.

“Se trata de la disputa por plazas estratégicas en la lógica de la delincuencia organizada. Pretenden controlar Comitán y Frontera Comalapa por su cercanía con Guatemala y por el corredor que va desde Comitán hasta Palenque, para el movimiento y trasiego de drogas y armas.

“En Tila, por su cercanía con Tabasco, está una nueva ruta migrante. En Nueva Esperanza se menciona que hay gente que se dedica al tráfico de migrantes y que tiene protección del ayuntamiento.

“Ése es el contexto de violencia. Y ahora hablamos de la reactivación de un grupo paramilitar, pero con componentes distintos a 1994, porque entonces surgió para contener al EZLN y evitar que la gente simpatizara o se sumara a él. Ahora se le agrega el factor de delincuencia organizada y un reordenamiento territorial con intereses de minería y petróleo.”

De acuerdo con el mapeo que hacen algunas organizaciones, los brotes de violencia han ocurrido en Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tila, Palenque, Ocosingo, Marqués de Comillas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, El Bosque, Oxchuc y San Cristóbal de las Casas –otrora áreas de influencia del EZLN.

Pero ahora los zapatistas se han replegado o sólo mantienen posiciones de alerta, señala Luis Alonso Abarca González, del DH-DO.

–¿Qué ha pasado con el EZLN? –se le pregunta.

–En Tila el EZLN se ha mantenido al margen, pensamos que ya no tiene un papel significativo en la región. Hay bases de apoyo, pero se han reducido drásticamente en los últimos años. Ahí han avanzado grupos paramilitares y de la delincuencia organizada. Vemos que el EZLN está en una situación de impasse o de repliegue indefinido. Ya no tiene la fuerza que tuvo hasta 1998 o 1999.

Incluso en la región de Las Cañadas, observa, donde el EZLN nació en 1983, el zapatismo ha mantenido un silencio total y no se ha pronunciado respecto del narcotráfico.

“Hay total hermetismo y, de repente, lo único que se sabe es que hay ciertos roces en las comunidades. Recuerdo una anécdota que me decía un compañero: el impacto del avance del narco lo puedes ver por el tipo de grupo musical que llega a Las Cañadas, incluso en comunidades zapatistas. Antes era impensable que fueran grupos como banda Maguey, Calibre 50 o El Komander.”

El Ejército, recuerda, declaró que destruyó mil hectáreas de amapola en Las Cañadas, pero él considera que esa afirmación sólo intentó vincular al zapatismo con el crimen organizado.

–El crimen organizado ha tenido presencia desde hace tiempo en Chiapas, ¿pero está resurgiendo? –se le inquiere.

–Sí, pero el componente nuevo es que hay un fin estratégico: el control del territorio. Hay interés en apropiarse de los recursos mineros, por el agua, por los recursos de la selva y por la frontera.

–¿Los Zetas?

–En el caso de Tila hay pintas del Z-40 y el Z-42. En San Cristóbal hay pintas de MS-13, de los Mara Salvatrucha 13. Estos grafitis coinciden con el cambio de las rutas de los migrantes, porque el ferrocarril de Tapachula y Ciudad Hidalgo fue cerrado y la gente se está internando hacia el centro. San Cristóbal está en el camino y el corredor sigue hacia San Juan Chamula, Bochil, Pueblo Nuevo y Tabasco. La otra ruta es de San Cristóbal a Ocosingo, Yajalón y Tila, hacia Tabasco.

Asevera que en Pueblo Nuevo Solistahuacán hay grupos criminales que son parte del gobierno, y que bandas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación también buscan entrar.

Frontera Comalapa, indica, es una plaza estratégica porque hace frontera con Guatemala. Está controlada por Los Zetas.

“Desde 2009 el gobierno de (el entonces mandatario perredista) Juan Sabines reconoció en un informe que Chiapas estaba controlado por Los Zetas, y por eso no había violencia. Pero creemos que hoy con el PVEM hay un cambio y una disputa de nuevos grupos. Esto reactivó la violencia aparentemente paramilitar. Creemos que hay más cosas detrás, que hay delincuencia organizada como en otras partes del país, y que no se trata de casos aislados.”

Paramilitares y narcos

En Chiapas, los grandes grupos del crimen organizado se fusionaron o aliaron con bandas locales –cuyo origen se remonta al paramilitarismo que el gobierno de Ernesto Zedillo impulso en 1996 contra el EZLN.

El párroco de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Blas Alvarado Jiménez, coordinador regional de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos (Limeddh) y fundador del albergue de migrantes conocido como La 72, en Tenosique, Tabasco, advierte en entrevista que Manuel Velasco quiere ocultar a los paramilitares por convenir a sus aspiraciones presidenciales.

“Los grupos que podríamos llamar oriundos seguramente se han relacionado con algún cartel fuerte que los financie. Tienen cuernos de chivo, armas que perforan blindajes… Y no se dedican sólo al narcotráfico, sino que cobran cuotas para que la gente pueda seguir trabajando. Ya han quitado cafetales, quemado casas y desplazado familias completas a otras comunidades.”

–¿Hay presencia de zetas? –se le pregunta.

–Sí, vienen del norte de Chiapas, de Reforma, Pichucalco, de la zona de Teapa. Esa gente trabaja y maneja la zona de los migrantes allá en Tenosique y está incursionando en el norte de Chiapas. Los Zetas no sólo manejan armas y secuestros, también las drogas y el tráfico de personas. En realidad Los Zetas están en todos lados acá, por el sureste.

El 1 de enero de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH-BC) denunció que el PVEM está vinculado con el grupo paramilitar Paz y Justicia en Tila y Sabanilla (norte de Chiapas), municipios que ganó en las elecciones de junio de 2015.

“Paz y Justicia nunca fue desmantelado como tal. Desde la década de los noventa hasta la del 2000 realizaron acciones ofensivas, y la estructura nunca fue desarmada”, acusó entonces Jorge Luis Hernández, coordinador del Área de Incidencia del CDH-BC.

Luis Alonso Abarca González, del DH-DO, indica que los vecinos de Tila aseveran que los traficantes de personas tienen protección del ayuntamiento.

En ese municipio, ejidatarios adherentes al EZLN han denunciado al exalcalde Linder Gregorio Gutiérrez Gómez; a su esposa, la diputada local por el PVEM Sandra Luz Cruz Espinoza, y al actual munícipe, Leopoldo Édgar Gómez Gutiérrez, de formar parte de Paz y Justicia.

En esta región, acusan, siguen operando los rescoldos de otra agrupación paramilitar conocida como Los Chinchulines, mientras que, en la selva, el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), fundado por los hermanos María Gloria y Norberto Santiz, ahora está vinculado con el tráfico de migrantes.

Las adicciones

Los cárteles también han multiplicado la distribución de droga entre los jóvenes indígenas.

“En Tila ya es una constante, los jóvenes no sólo consumen mariguana, también cocaína. Además vemos un cambio en la aspiración de los muchachos. Ahora quieren trabajar en el crimen organizado, y esto se ve incluso en San Cristóbal de las Casas”, señala Luis Alonso Abarca.

Marcelo Pérez, presbítero de Simojovel, ha sido amenazado por Juan y Ramiro Gómez –exalcaldes priistas conocidos como Los Gómez–, vinculados con el tráfico de armas y estupefacientes. En entrevista, reconoce el problema de adicción a los enervantes en las comunidades indígenas.

“Simojovel y Pueblo Nuevo ya se volvieron mercados. En Simojovel está el grupo de Los Diablos, que ha atemorizado a la población, ha causado desplazamientos y hace poco mató a dos personas”, Además, abunda, cobra derecho de piso a los comerciantes.

Denuncia que, de hecho, él ya fue amenazado e incluso supo que esa banda ofrece “mucho dinero” para que lo maten.

El párroco de Pueblo Nuevo, Blas Alvarado, confirma el consumo de coca y crack en los pueblos indígenas, no sólo del norte sino en el centro de Chiapas: “Las drogas duras ya están entrando. Antes la cocaína era la máxima, ahorita ya venden piedra y toda esa porquería. Hay muchachitos de 12 años, de secundaria, entrándole al crack.

–¿Eso en Tila? –se le inquiere.

–No solamente ahí, también en Los Altos, en toda la zona de San Juan Chamula…

–¿Por qué todo esto se está manteniendo en silencio?

–Porque hay intereses grandes metidos ahí, y estas gentes que manejan las drogas duras son gentes que financian las cuestiones políticas. Han creado un ambiente de terror, y nadie se mete, de tal manera que ellos van a terminar agarrando el control de todo, ellos van a poner y quitar autoridades, ellos van a controlar todo.



Fuente: Proceso
Autor: José Gil Olmos
http://www.proceso.com.mx/436192/narco-zetas-paramilitares-la-nueva-realidad-en-chiapas

¿Qué tiene el aire de CDMX? Nadie lo sabe realmente desde 2012

De acuerdo con datos de la dirección de Monitoreo Atmosférico de la autoridad local, la última vez que se realizó un Inventario de Emisiones fue en 2012, aunque el compromiso era actualizarlo cada dos años.

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace ya cuatro años que el gobierno de la Ciudad de México desconoce de dónde proviene la contaminación que causa la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana. 

De acuerdo con datos de la dirección de Monitoreo Atmosférico de la autoridad local, la última vez que se realizó un Inventario de Emisiones fue en 2012, aunque el compromiso era actualizarlo cada dos años. 

Hasta esa fecha se había cumplido con el objetivo, ya que existen datos provenientes de 2010, 2008, 2006 y 2004. 


El Inventario de Emisiones ayuda a los gobiernos locales a detectar las fuentes contaminantes que emiten componentes nocivos al ambiente capitalino. 

Según la misma descripción del documento de 2012, firmado por Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, y la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, “un inventario es una de las herramientas más importantes con que cuentan todas las autoridades involucradas en el fomento y cuidado del medio ambiente, para instrumentar medidas de mejora de la calidad del aire”. 

También fue un compromiso adquirido durante la firma del Programa para Mejorar la Calidad del Aire (Proaire), que incluye acciones específicas hasta 2020. 

También, a nivel federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha fallado en actualizar la información de las fuentes contaminantes, ya que los últimos datos que se tienen registrados fueron presentados en 2011. 

Luis Miguel Martínez, especialista de la Universidad Iberoamericana, aseguró en entrevista que no existe transparencia en la información con la cual se toman decisiones para diseñar las políticas públicas.

Agregó que de los 30 equipos con los que se cuenta para monitoreo de la calidad atmosférica, sólo 18 se reportan públicamente y de estos sólo tres miden todos los contaminantes. Dijo que la mayoría de estos equipos son obsoletos y que la información que brindan no se hace pública. 

“Desde hace 10 años los equipos son los mismos. No se pueden tomar decisiones de políticas públicas sin certidumbre en las mediciones”, agregó.


Fuente: El Financiero
Autora: Mariana León
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desde-2012-nadie-investiga-que-tiene-el-aire-de-la-ciudad.html

Desalojan a familias por incendio forestal en Tepoztlán

El incendio, que comenzó hace dos días, había sido sofocado al 40%, pero debido a fuertes rachas de viento que se registraron el miércoles por la noche volvió a intensificarse, indicó el director de Protección Civil del Morelos.

CUERNAVACA.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos desalojó a dos familias que se encontraban en riesgo debido a la cercanía del incendio que se registra en la región de Santo Domingo, municipio de Tepoztlán, cerca de Prolongación Mextitla.

El incendió que comenzó hace dos días había sido sofocado al 40 por ciento, pero debido a fuertes rachas de viento que se registraron este miércoles por la noche volvió a intensificarse, indicó el director de Protección Civil del estado, Javier Bermudes.

El funcionario aseguró que a las 3:30 de este jueves las condiciones climáticas mejoraron por lo que el fuego ha disminuido y no representa peligro para las poblaciones aledañas.


Al reiniciarse las labores esta mañana, están en combate 98 brigadistas forestales: de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la brigada León de Santo Domingo, nueve.

También participan la brigada Camaleón de San Juan Tlacotenco, Brigada Amatlán, Protección Civil Tepoztlán, Protección Ambiental, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Indicó que en estos momentos la estrategia de combate es el control contra el fuego y combate directo, y la causa de este incendio es una quema agrícola que se salió de control.

A la población pidió no acercarse a la zona o intentar apoyar en las labores de combate, ya que pueden poner en peligro su vida debido a que es una zona de alto riesgo.

La administración estatal mencionó que Personal del Mando Unificado de Incendios Forestales sesiona de manera permanente en el Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales de Acapantzingo para la operación táctica y estratégica que permita su control y liquidación al 100 por ciento.



Fuente: El Financiero
Autor: Notimex
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/proteccion-civil-desaloja-a-familias-por-incendio-forestal-en-tepoztlan.html

CIDH lamenta ataques contra Álvarez Icaza

Ciudad de México. En la serie de audiencias públicas que tiene esta mañana el Estado mexicano ante dicho organismos internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó los ataques en contra de su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Alvarez Icaza.

El presidente de la CIDH, James Cavallaro, cuestionó al Estado mexicano sobre la negativa de las Fuerzas Armadas a publicar datos sobre muertes de civiles. En tanto, la cancillería defendió las labores del Ejército en materia de seguridad.

La CIDH expresó su grave preocupación por la respuesta conjunta dada por el gobierno de que el informe de la visita in loco realizada el año pasado a territorio nacional “no refleja la situación actual” de los derechos humanos.

Las acusaciones judiciales en México contra Álvarez Icaza y las críticas al grupo de expertos del GIEI constituyen un "fuerte ataque" contra ese organismo, denunció el comisionado Paulo Vannuchi.

"La Comisión acaba de recibir un fuerte ataque de autoridades públicas de México", dijo Vannuchi, acotando que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya rechazó esas acusaciones.

En la sesión, realizada en las instalaciones de la CIDH en Washington, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, señaló que las Fuerzas Armadas en México brindan un “apoyo” a la población en materia de seguridad pública.

Incluso, dijo que el desarrollo de sus actividades lo realiza en “áreas críticas” que enfrentan problemas de seguridad y delincuencia organizada, donde incluso ha sido rebasada la capacidad preventiva y defensiva de las policías locales o estatales.


En tanto, los representantes de la organización civil criticaron severamente la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de respeto de los derechos humanos de la población. Advirtieron que “si organismos internacionales son atacadas, imaginemos lo que viven organizaciones en zonas rurales”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/07/cidh-cuestiona-a-mexico-sobre-muertes-de-civiles

Recapturan a yerno de “El Mencho”

GUADALAJARA, Jal: Fue recapturado Julio Alberto Rodríguez Castillo, yerno del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho.”


Elementos de la Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, así como de la Policía Federal, realizaron un operativo al medio de ayer, en una finca ubicada en la calle Garibaldi 2764, entre Terranova y Rubén Darío, en la colonia Providencia, en Guadalajara.

Los elementos mantuvieron cerrado el paso a la circulación en una de las colonias más pudientes de la capital del estado, al tiempo que un helicóptero de la PGR sobrevoló la zona por unos momentos. Después aterrizó en las inmediaciones del campo de golf del Country Club a donde llegaron tres vehículos militares.

Rodríguez Castillo ya había sido detenido en Zapopan, el 23 de junio del año pasado, junto con Rubén Oseguera González, hijo de El Mencho, pero fue liberado el 1 de julio de 2015.


Según las investigaciones, en esta ocasión al detenido -esposo de Jessica Oseguera, hija de El Mencho- se le encontró en posesión de cuatro armas largas. Además, se decomisaron dos vehículos y maletas cuyo contenido se desconoce.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA MEZA M.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436170/recapturan-al-yerno-mencho

Menores en México, los más susceptibles de entrar al crimen organizado: CIDH

CIUDAD DE MÉXICO: A partir de los 10 años, los niños mexicanos son susceptibles de ser integrados a la larga cadena del crimen organizado y tráfico de estupefacientes, alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Violencia, niñez y crimen organizado”.

Realizado por la Relatoría Especial de la Niñez, el documento abordó la preocupante ausencia de políticas públicas en América Latina para detener la incorporación de niños y adolescentes a bandas del crimen organizado y maras, así como la nula reacción punitiva de los gobiernos.

En el informe, la Comisión revisó la situación de los menores en países particularmente aquejados por la presencia de grupos delictivos dedicados al tráfico y venta de narcóticos.


Con amplitud, abordó la respuesta de los Estados a cuestionarios enviados por la Relatoría, así como por visitas en 2013 y 2014 a México, Brasil y Honduras, entre otros países.

En el caso mexicano, la CIDH destacó que, de acuerdo con la información proporcionada por el Estado, “se desprende que los niños son integrados a organizaciones criminales a partir de los 10 y 11 años de edad, o incluso a edades más tempranas para trabajar para traficantes”.

De acuerdo con las respuestas del Estado mexicano, éste reconoció que hay aproximadamente “un millón y medio de niños de 5 a 17 años que no estudian ni trabajan, quienes son más fácilmente captados y explotados por el narcotráfico y la delincuencia organizada”.

La Relatoría Especial de la Niñez de la CIDH aplicó los cuestionarios también a organizaciones de la sociedad civil mexicanas, las cuales estiman que unos 30 mil menores de 18 años forman parte de las filas de la delincuencia organizada.

Las agrupaciones consultadas agregaron que niños de 9 a 10 años son víctimas de trata de personas y que hay casos de más pequeños que son “usados como vigías”.

Según los reportes de la sociedad civil, niños de 12 años son usados para cuidar casas de seguridad y a partir de los 16 ya portan armas y participan en secuestros o asesinatos.

“En lo que se refiere al narcotráfico, los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de los 16 empiezan a ser contratados como sicarios”, según el estudio.

Niñas y migrantes, en mayor riesgo

Además de la ausencia de políticas públicas para evitar la incorporación de menores en el crimen, tampoco hay atención para los migrantes, advirtieron las organizaciones sociales a la CIDH.

La Comisión fue notificada de que niños y adolescentes migrantes centroamericanos “son secuestrados por las organizaciones criminales a su paso por México y, en caso de que la familia no cuente con recursos para pagar su rescate, los obligan a realizar acciones para el grupo criminal”.

El organismo interamericano alertó sobre la discriminación de la que son víctimas los menores de la región, sobre todo los varones de “barrios pobres y periféricos estigmatizados como peligros sociales, que deben ser controlados”.

Sin embargo, apuntó que los más jóvenes son el grupo social más afectado por la violencia y quienes están en mayor riesgo “de vulneración a derechos y actuar del crimen organizado”.

La Relatoría responsable del documento lamentó que los Estados del continente americano “siguen priorizando la respuesta punitiva y retributiva a través del sistema penal y la reinserción social, encerrando a los adolescentes en condiciones muy precarias, exponiéndolos a situaciones de abuso y violencia en las prisiones, sin ofrecer apoyos necesarios para su efectiva revinculación de forma positiva y constructiva en la sociedad”.

Al recordar que América Latina es el continente de mayor violencia en el mundo, donde el homicidio es la principal causa de muerte entre los niños y adolescentes –en una tasa de 30 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y el de mayores desigualdades sociales–, el documento destacó que la infancia sufre violencia y abusos en todos los escenarios donde se desenvuelve y carece de alternativas educativas.

Peor aún, en las zonas donde “operan organizaciones criminales y maras, a menudo los niños y adolescentes sufren presiones, amenazas o engaños para que colaboren con esas organizaciones”. No obstante, hay quienes se acercan a los criminales “en búsqueda de oportunidades, reconocimiento, protección y sentido de pertenencia, aspectos que de otro modo no consiguen obtener”.

Para la CIDH, “la forma y el contexto en los cuales ocurre la captación de niños y adolescentes a estructuras criminales, así como las características que tiene esta vinculación al grupo delictivo pueden ser consideradas en muchos casos como situaciones de abuso y explotación”.

El género influye en esa relación, apuntó la CIDH en su informe, pues mientras los niños son utilizados para el tráfico y venta de droga, robos extorsiones y acciones violentas, “las niñas generalmente son víctimas de violencia sexual y de género, muchas son forzadas a mantener relaciones con integrantes de los grupos criminales, son abusadas sexualmente y tratadas y explotadas con fines sexuales”.


Para estas niñas, lamentó la CIDH, no existen políticas suficientes para su atención; por el contrario, son criminalizadas, sobre todo en estados donde está penalizada la prostitución.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436153/menores-en-mexico-los-susceptibles-a-entrar-al-crimen-organizado-cidh

La paz en México “mejoró”… 0.3% en 2015: Índice global; detecta chapuza en cifras oficiales

El estado que presenta mejores niveles de paz es Hidalgo, seguido por Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y San Luis Potosí. Por el contrario, Guerrero es el estado menos pacífico, y después se encuentran Sinaloa, Morelos, Baja California y Baja California Sur. Esta última región “sorprende” porque se ha posicionado entre las más violentas, dado que su tasa de homicidios se ha triplicado debido a, entre otros factores, la delincuencia organizada.

Los niveles de paz permanecen estancados en México, arrastrados por una tasa de homicidios en la que las propias autoridades discrepan, aseguró hoy la coordinadora del Instituto de Economía y Paz en México, Patricia de Obeso.

El pasado año, el nivel de paz mejoró únicamente 0.3 por ciento, cifra que representa el menor avance en los últimos cinco años, informa el Instituto en su informe Índice de Paz México 2016.

Esto se debe, principalmente, al incremento de 6.3 por ciento en la tasa de homicidios -que aumenta por primera vez en cinco años-, así como en la de delitos cometidos con armas de fuego, afirmó De Obeso en entrevista con Efe.

La experta advirtió que “cada vez hay mayor discrepancia” entre las cifras oficiales sobre los homicidios, y que las cifras presentadas por diversas instituciones llegan a diferir hasta en 20 por ciento.

“El Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra homicidios a través de actas de defunción, mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública toma los datos de las fiscalías estatales”, abunda De Obeso, quien reitera que es necesaria una “verificación de las cifras oficiales” para evitar que haya casos que se queden sin investigación.

Es “preocupante” que en estados como Jalisco, ejemplifica la coordinadora, “cuando encuentran una fosa clandestina y hay 90 cuerpos en ella, se abre una averiguación previa (investigación preliminar) como si solo hubiera un cuerpo o un homicidio”.

Un aspecto en el que el Instituto de Economía y Paz quiere hacer énfasis es en el aumento en la tasa de presos sin condena en el país, motivado por la frecuente utilización enMéxico de la figura de la presión preventiva.

“Esto daña mucho a la sociedad porque hay personas que pasan muchos meses en la cárcel sin ninguna sentencia y muchas veces son inocentes”, consideró la experta, y enfatizó que en el país las prisiones son lugares de hacinamiento en los que a veces “las personas salen conectadas con el crimen organizado”.

Por ello, el Instituto resalta la importancia de que se concrete la instrumentación total de la reforma de la justicia, para que se pueda recurrir a otras herramientas (como la mediación) que no pasen necesariamente por la prisión preventiva.

El estado que presenta mejores niveles de paz es Hidalgo, seguido por Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y San Luis Potosí.

Por el contrario, Guerrero es el estado menos pacífico, y después se encuentran Sinaloa, Morelos, Baja California y Baja California Sur.

Esta última región norteña, comentó De Obeso, “sorprende” porque se ha posicionado entre las más violentas, dado que su tasa de homicidios se ha triplicado debido a, entre otros factores, la delincuencia organizada.

La coordinadora del Instituto aseveró que aunque en los últimos cinco años los delitos asociados al crimen organizado -como las extorsiones y los secuestros- han disminuido, eso no quiere decir que el problema esté superado, sino que ha habido cambios en sus actividades.

Alrededor de 2011 predominaba el fuego cruzado, que dejaba altas tasas de homicidio; más tarde las prácticas de los grupos criminales “migraron” a las extorsiones y “probablemente lo que estamos viendo otra vez son enfrentamientos directos (entre esos grupos) que se cobran en homicidios”, detalló la experta.

Añadió que, en total, 50 % de los homicidios registrados el año pasado están asociados a la delincuencia organizada.

El impacto económico de la violencia ese año fue de 2,12 billones de pesos (unos 134.000 millones de dólares), que equivalen al 13 % del PIB.

“El gasto gubernamental en contención de la violencia sigue ascendiendo (…). Sin embargo, no vemos que se esté reflejando realmente en una reducción” de los crímenes, subrayó De Obeso.

Aproximadamente 90 % de las extorsiones y 83 % de las violaciones en México no se denunciaron ante las autoridades, señala el reporte.

La desconfianza de los ciudadanos guarda relación con las altas cifras de impunidad: mientras que en 2007 había cuatro condenas por cada cinco casos de homicidio, a partir de 2013 se pasó a una sentencia por cada cinco asesinatos.


El informe se realiza a partir de los datos oficiales que conciernen a siete aspectos, entre los cuales se encuentran la eficiencia del sistema judicial, el financiamiento de las fuerzas policiales y los delitos cometidos con armas de fuego. EFE


FUENTE: SIN EMBARGO, EFE.
AUTOR: ISABEL VALLEJO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645245

En las buenas y en las malas estamos con el GIEI, evitaremos que se vayan: Padres de los 43

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa respaldan el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a menos de un mes de que éste termine su mandato después de la prórroga otorgada en septiembre.

Los padres de familia de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos en Iguala, Guerrero, anunciaron que abogarán ante las autoridades para que se le otorgue una prórroga al mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vence este mes.

A falta de conclusiones en la investigación de los hechos ocurridos la noche entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron los jóvenes, los padres de los 43 consideran necesario que el GIEI siga sus labores en el país.
“Desgraciadamente ustedes saben los ataques de desprestigio que tuvieron hacia sus personas. Nunca los dejaron trabajar, y  cuántas trabas no les pusieron para los expedientes y para lo que ellos querían. Nosotros lo que exigimos es la permanencia del GIEI, y nosotros vamos a seguir luchando por la permanencia”, dijo Mario César González Contreras, padre del estudiante Manuel González Hernández.

González Contreras explicó que la ausencia de los padres en la conferencia de prensa realizada ayer por los integrantes del GIEI fue una decisión de la Junta de los padres; sin embargo, el apoyo hacia los expertos internacionales es total.

“Nosotros los vamos a respaldar en las buenas y en las malas. No queremos que digan lo que nosotros queremos que digan, sino que digan la verdad. Y que el Estado les dé las facultades para hacer su trabajo”, dijo el padre de familia.

Hasta el momento las divergencias entre el GIEI y la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a las investigaciones se han concentrado en la posibilidad de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero.

Los resultados preliminares de un tercer peritaje en el basurero dados a conocer de forma unilateral por la PGR el 31 de marzo han orillado al grupo de expertos a estar a punto de romper con la coadyuvancia para esclarecer si el basurero tiene algo que ver con la desaparición de los 43.

“Las discrepancias se centran en el basurero porque eso es lo que hasta ahora ha sido la ’versión histórica’ de la PGR. Ellos prefieren salir a decir que al menos 17 fueron calcinados ahí, porque de alguna forma valida su versión”, detalló la Diputada Araceli Damián González, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Claudia Paz y Paz, una de las expertas internacionales del GIEI, expuso durante la conferencia que al dar a conocer los resultados preliminares de forma pública y sin consenso, se revictimizó a los familiares, quienes tampoco estaban enterados y debían ser los primeros en conocer los resultados.
“Nosotros no vamos a dar información sobre el informe preliminar. Porque nosotros sí lo respetamos, si la reunión de este viernes no escuchamos dar las explicaciones pertinentes de parte de los peritajes. Ahí terminamos esta colaboración [estrictamente sobre el peritaje del basurero]”, agregó la experta colombiana Ángela María Buitrago.
El Diputado del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Víctor Sánchez Orozco, quien también es miembro de la comisión especial de seguimiento al caso en la Cámara de Diputados, interpretó las recientes acciones de la PGR como un intento de darle “carpetazo al caso”.
“Nosotros creemos que sería importante que se le dé una prórroga al GIEI, porque se ha querido cuestionar un trabajo serio formal e importante. Nosotros lo respaldamos, el trabajo ha venido a confirmar las deficiencias en la investigación”, agregó.

La resistencia del Gobierno federal también se ve en el trabajo legislativo que hacen los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo Sánchez. Ayer, por ejemplo, usaron la mayoría para descartar dos propuestas en el orden del día de la Comisión Especial para este caso, que trataban sobre otorgar la palabra en tribuna a los padres de los 43 estudiantes y de que la comisión hiciera un pronunciamiento de respaldó la labor del GIEI.

QUINTO AUTOBÚS

Otro de los puntos en los que han mostrado distintas posturas es la hipótesis del quinto autobús, que el GIEI ha puesto sobre la mesa de líneas de investigación, y que supondría que el traslado de droga en el transporte motivo un ataque a los estudiantes.
“El quinto autobús, hemos dicho nosotros, necesita verificaciones de que sea el bus que se nos puso en el presente, después de que estuvo tanto tiempo fuera de la escena de investigación. Ese hecho nunca ha acontecido. El origen de esa información de prensa, la desconozco, pero sí es cierto que se realizaron revisiones dentro de la investigación de ese bus que hemos puesto entre interrogantes [por no saber si es el bus correcto]”, dijo Buitrago.

La experta colombiana explicó que el GIEI ha hecho solicitudes para verificar si ese autobus corresponde al que salió por la calle Altamirano el 26 de septiembre del 2014, de las cuales la PGR no tiene pruebas.

Damián, quien es miembro de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, expuso que hasta ahora la falta de conclusiones sólidas en la investigación recae en las autoridades, y no precisamente, en el GIEI.

“En realidad ha habido una resistencia del Gobierno federal de atender muchas de las recomendaciones del GIEI. La falta de entrevista con presencia del grupo interdisciplinario de los militares que estuvieron presentes la noche del 26 y 27. No hubo ninguna investigación en torno a los mandos medios. Lo que se tienen son presuntos responsables que generalmente son la policía municipal, sin embargo, hubo policía estatal, federal y hasta los propios militares”, dijo Damián.


Por ahora, el GIEI se centrará en su informe final, que deberá estar listo este mes y del que se espera información sobre avances en otras las líneas de investigación sobre el caso.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645107

Diputada aconseja a indígenas: “No dejen de vender sus nopalitos y artesanías”

GUANAJUATO, Gto: Integrantes de grupos indígenas se reunieron con diputadas de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso para exponer la falta de trabajo y opciones educativas.

En respuesta, la presidenta de la comisión Luz Elena Govea del PRI, les pidió que “no dejen de vender sus nopalitos y sus artesanías. No me imagino a las mujeres indígenas en una fábrica, haciendo el aseo en un edificio o detrás de un escritorio…”.

El encuentro se realizó este miércoles en el Palacio Legislativo, a donde acudieron representantes de distintas etnias y del Consejo Indígena de León, quienes además denunciaron que el gobierno municipal del PAN en esa ciudad los mantiene asolados, impidiéndoles vender sus artesanías y productos.

Sin embargo, fue la diputada priista Luz Elena Govea quien, después de escuchar las preocupaciones que por la falta de opciones de trabajo o para obtener ingresos y de alternativas educativas le expresaron los representantes indígenas, sorprendió a los presentes cuando les externó un mensaje al final de la reunión:

“Se los digo con todo respeto, cuando ustedes piden trabajo es necesario que manifestemos cuáles son nuestras aptitudes… no me imagino a las mujeres indígenas en una fábrica, haciendo el aseo de un edificio, detrás de un escritorio. Me las imagino en el campo, en sus casas haciendo artesanías, haciendo el trabajo de sus comunidades indígenas”, fueron las palabras de la diputada.

“A eso dirijamos la visión del trabajo que ustedes están solicitando, porque si ustedes deciden abandonar su tierra y sus tradiciones, el pueblo mexicano nos quedamos sin nuestras raíces. Piensen en eso cuando quieran ver un futuro”, justificó.

Govea incluso mencionó que para ella es un ejemplo a imitar “la dignidad con la que ustedes visten, cargan ese rebozo o calzan esos zapatos. Es parte de lo que nosotros (sic) les imitamos”.

La legisladora del PRI continuó con su discurso:

“Creo que algunos nos ganamos la vida detrás de un escritorio, otros labrando la tierra, otros cortando los nopalitos. Entiendo que el trabajo es duro, sin embargo, analicemos y pensemos en ese futuro como pueblos indígenas, ustedes no pueden ser sustituidos por nadie. No busquen espacios porque los tienen, donde podemos proporcionarles apoyo…”.

En el encuentro, Juan Margarito Sánchez Hernández, del Consejo Ide León, expuso que la comunidad ha sido desalojada totalmente de los paraderos del Sistema Integral de Transporte, donde ya no se les permite vender sus productos.

“Dos compañeras otomíes han sido desalojadas por la fuerza pública”, señaló. “Otros han sido movidos por guardias privados cuando no les compete, sería la Dirección de Comercio y Consumo”.

Luego comentó que ante esta situación, se sigue vendiendo “a escondidas o buscando otras áreas”.

También reclamó que el gobierno municipal sólo les haya brindado una alternativa temporal en enero, durante la Feria de León, cuando se brindó un espacio a 40 personas de distintas culturas, “pero la gente no puede vivir de lo que se vendió en la feria el resto del año”.


Amalia Hernández, una indígena tzotzil, se quejó del maltrato de los empleados municipales. “Nos han tratado muy mal, nos quitan la ropa y de eso vivimos, queremos un espacio de artesanía, todo lo que vendemos es mexicano, no viene de otro lado”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436162/diputada-aconseja-a-indigenas-dejen-vender-sus-nopalitos-artesanias

Incentivar el uso del automóvil “no nos conviene”: Mario Molina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los gobiernos de la Ciudad de México privilegiaron el uso del automóvil al invertir en infraestructura en lugar de mejorar el transporte público y el aumento en el uso del coche estancó las medidas establecidas para controlar la contaminación, afirmó el premio Nobel de Química Mario Molina Pasquel.

Para el ingeniero químico mexicano destacado por ser uno de los descubridores de las causas del agujero de ozono antártico, la manera de hacer frente a la contaminación ambiental en esta ciudad es aplicar más restricciones a los automóviles y mejorar el sistema de transporte público.

En entrevista con Radio Fórmula, afirmó que se debe explicar a la población que el aumento del uso del coche “no nos conviene”.

“Si los gobiernos fueran muy generosos, por qué no regalarle un automóvil o bajar el precio de la gasolina; al cabo de un rato ya no podríamos salir a la calle”, estimó el experto.

Aún con los niveles de contaminación registrados en días recientes, que han provocado el endurecimiento del programa Hoy No Circula, Molina Pasquel afirmó que han disminuido en comparación con los últimos 10 o 15 años cuando los niveles de ozono “tenían que ser mucho más elevados” para declarar una contingencia ambiental.
Sin embargo, aclaró, aún no se logran las metas deseadas para tener un nivel de vida adecuado.

“Se ha aumentado tanto el tamaño de la flota vehicular en la Ciudad de México que por eso se estancó ese progreso que teníamos, aunado a las dificultades como la verificación, con niveles de corrupción extraordinarios. Esas son cosas que hay corregir ya de emergencia”, apremió.

Molina, cuyas investigaciones y publicaciones sobre la capa de ocono condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, dijo que no sólo se deben controlar los niveles de ozono sino establecer medidas para frenar la corrupción, “cómo medir en la calle si un automóvil está emitiendo, o sea, si realmente hubo corrupción y no debería haber pasado la verificación”.

De acuerdo con el químico mexicano las medidas anunciadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para resolver en el corto plazo el problema ambiental, como las modificaciones al programa Hoy No Circula, fueron correctas.

Sin embargo, dijo, se deben de tomar medidas a largo plazo para asegurar un nivel de vida adecuado a la población.
“Lo único que se puede hacer es tener alternativas de transporte público de primera y mayores restricciones a los vehículos.

“Si el transporte público fuera de primera calidad y llegáramos rápido al lugar de trabajo, la calidad de vida sería mejor”, subrayó.

Finalmente comentó que el gobierno capitalino y la CAMe están trabajando para acordar un plan de cómo controlar las emisiones de contaminantes y establecer mayores restricciones a los vehículos.



Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/436173/incentivar-uso-del-automovil-nos-conviene-mario-molina

Los puertos del país no se van a militarizar, asegura la Semar

CIUDAD DE MÉXICO: El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, aseguró que los puertos del país no se van a militarizar. Lo único que se está tratando de hacer ahí, dijo, es aumentar la seguridad y hacerlos más eficientes ante el creciente flujo de mercancías por la vía marítima.

Para cumplir con ese objetivo, agregó, la Semar no requiere más presupuesto porque es la misma estructura con los activos que tengan ahora las Capitanías de Puerto, el equipo, instalaciones, presupuesto para operar y personal, que pasarían a formar parte de la Marina para hacer más eficientes sus funciones.

La declaración de Soberón Sanz se dan luego de que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado una iniciativa de ley para incorporar las Capitanías de Puerto a la Semar. De aprobarse, éstas pasarían a formar parte de la Subsecretaría de la dependencia federal.


“Sé que ha habido algunos comentarios con respecto a que se van a militarizar los puertos y quiero comentar con toda apertura que obviamente no se van a militarizar los puertos”, señaló en conferencia de prensa.

El funcionario federal recordó que la recuperación de los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima, que estaban tomados por grupos criminales, dio pauta a esta nueva estrategia ante los resultados favorables obtenidos.

Luego explicó que la subsecretaría de Marina trabaja con personal civil y militar, y ahí hay otras actividades, oceanografía, hidrografía y cartografía náutica, realizadas por personal militar y personal civil.


“Estas Capitanías de Puerto pasarían a ser parte de la subsecretaría de Marina, que es la parte civil de la Secretaría de Marina y pasarían a formar parte de la Semar con los mismos efectivos que están laborando en los puertos, es decir, los mismos capitanes de puerto que están ahora en funciones pasarían con su personal a la Secretaría de Marina, respetando todo lo que les corresponda por ley que tienen en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No es una militarización, lo que estamos tratando nosotros es de aumentar la seguridad en los puertos”, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436057/los-puertos-del-pais-se-van-a-militarizar-semar

#PanamaPapers: Sólo se han publicado los archivos de interés público

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diario alemán Sueddeutsche Zeitung (SZ) que recibió y repartió con más de un centenar de medios de 76 países los documentos del despacho panameño Mossak Fonseca, afirmó que no publicará todos los archivos porque no todos son de interés público.

Y reiteró que el lote completo de 11.5 millones de documentos “no se ofrecerá al público o a agencias de seguridad. Eso se debe a que el SZ no es una extensión de la fiscalía o los investigadores fiscales”.

Las autoridades, abundó, tienen competencia legal para obtener los documentos de las personas sospechosas de malas prácticas y en muchos casos no hay un interés público en revelar operaciones financieras de personas o empresas en el extranjero.

En respuesta a preguntas de sus lectores sobre la ausencia de políticos alemanes o estadunidenses en el caso, el Sueddeutsche Zeitung refirió que hasta el momento no se han encontrado nombres de ciudadanos de esos países en los documentos.

En los archivos hay copias de pasaportes de 200 estadunidenses y unos tres mil 500 accionistas de empresas extranjeras indicaron direcciones en Estados Unidos.

Sin embargo, señaló el diario alemán, “un posible motivo por el que en comparación aparecen pocos estadunidenses en los documentos, podría ser que los ciudadanos estadunidenses no tienen motivos para contactar con una firma legal en Panamá” y eso se debe, abundó, “a que resulta fácil crear empresas extranjeras en estados como Wyoming, Delaware o Nevada”.

Los documentos que integran la investigación global #PanamaPapers, están relacionados con el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que ayuda a crear empresas fachada para ricos y famosos.

Según la empresa los datos se robaron en un ataque informático y el Sueddeutsche Zeitung dijo desconocer cómo había obtenido los datos la fuente anónima que se los entregó, pero que él o ella expresó “un impulso moral muy fuerte” y quería hacer “públicos estos delitos”.

Tras el escándalo, países como Francia han incluido a Panamá en su lista de paraísos fiscales y además pidió a la Organización para la Competencia y Desarrollo Económico (OCDE) que haga lo propio.

Los legisladores alemanes informaron este jueves que tienen previsto celebrar un debate urgente la próxima semana sobre las filtraciones.

“Las revelaciones en los #PanamaPapers han desatado un amplio debate entre los políticos y el público sobre las necesarias consecuencias”, dijo Christine Lambrecht, legisladora del Partido Socialdemócrata, que forma parte de la coalición de gobierno de la canciller Angela Merkel.

Por su parte, el gobierno de Panamá ha acusado a otros países adinerados de atacar injustamente al país centroamericano y hacer oídos sordos a sus propios fallos.

El presidente Juan Carlos Valera, anunció la creación de un comité de expertos internacionales que recomiende formas de impulsar la transparencia en el sector financiero que maneja dinero de extranjeros en Panamá.

Expertos señalan que si bien las empresas en el extranjero se pueden utilizar para evadir impuestos y lavar dinero, también existen motivos legítimos y legales para crearlas.

Desde que se publicaron los primeros reportes de #PanamaPapers, el domingo pasado, las operaciones financieras de políticos destacados, famosos y empresarios en el extranjero han arrastradas a la luz pública y han dado paso a dimisiones e investigaciones.



Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/436175/panamapapers-se-han-publicado-los-archivos-interes-publico