CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En privado y durante más de tres horas, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, recibió de la oposición cuestionamientos sobre la investigación que encabezó ante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde buscó dar ‘carpetazo’ al tema cuando hace poco más de un año se refirió a la presunta quema de los jóvenes en el basurero de Cocula como “la verdad histórica”.
La reunión de la Comisión de Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, presidida por la panista Guadalupe Murguía, siguió ante Murillo Karam la misma tónica del encuentro que por la mañana sostuvieron los legisladores, y donde la oposición se enfrentó a gritos con representantes del PRI.
Los diputados Víctor Sánchez, de MC; Aracely Damián, de Morena, y Marbella Toledo Ibarra, también de MC, acorralaron al exprocurador, quien se mostró molestó y luego intentó salirse por la tangente formulando chistes.
Sin embargo, en todo momento Murillo Karam sostuvo su “verdad histórica”, e incluso comentó que el último comunicado de la PGR del pasado viernes, sobre el tercer peritaje de fuego en Cocula, “así lo avala”.
Además, asumió como propio el reporte preliminar difundido de manera unilateral por la PGR el viernes pasado, en el sentido de que “al menos 17 cuerpos de adultos”, y no 43, fueron incinerados en el basurero de Cocula.
La única revelación de Murillo Karam fue el aceptar finalmente que el representante de la PGR en Iguala sí abrió un acta circunstanciada de lo que estaba sucediendo en ese municipio guerrerense.
Lo anterior revela que funcionarios de la PGR estuvieron enterados en todo momento de los acontecimientos. Murillo Karam también defendió el papel de los militares y, ante la pregunta de por qué no actuó si hubo un acta circunstanciada, el exprocurador evadió toda respuesta.
Antes, por la mañana, la comisión se reunió de manera extraordinaria para determinar si manifestaba o no su apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), pues así lo establecía el orden del día fijado desde hace una semana.
Sin embargo, el PRI decidió poner a votación el tema y, como en las últimas reúnes, frenó los acuerdos al hacer uso de su “mayoría ponderada”, donde con el respaldo de PVEM, Panal y PES, avasalla a PRD, PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y Morena.
Se pretendía avalar dos puntos por la mañana: uno dar respaldo al GIEI y pedirle al gobierno, como comisión, que los expertos independientes se quedarán el tiempo que fuera suficiente para cumplir con su encomienda. Y segundo, pedir que se investigue a todos los mandos y fincar las responsabilidades correspondientes.
No obstante, ambos puntos fueron rechazados por la “aplanadora” encabezada por el PRI.
Durante la discusión incluso se llegó a los gritos, pues el PRI insistía en someter a votación los temas, mientras que Marbella Toledo y Víctor Sánchez, de MC, asó como Cristina Gaytán, de PRD, y el perredista Roberto Guzmán Jacobo reclamaban a los priistas que estuvieran bloqueando los trabajos de la comisión. La oposición sostuvo que no está dispuesta a que se les trate como a una comisión “burocrática”.
El PRI reorientó la discusión sobre las responsabilidades políticas, regresó al viejo tema de que Iguala estaba gobernada por el PRD, por lo que ellos eran los responsables de lo ocurrido a los normalistas.
La perredista Cristina Gaytán no aguantó y cayó en la provocación cuando la priista Silvia Rivera dijo que los perredistas quieren “echarle la culpa” a su partido.
“Aquí la diputada del PRD como que quiere echarnos la culpa a nosotros de la situación que hubo en Iguala. En Iguala está muy claro: gobernaba el PRD el municipio, gobernaba en el estado el PRD. Quiero decirles que el PRI y el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, buscan darle seguimiento a la investigación, puntual”, sostuvo la priista.
Gaytán respondió que el PRD no es responsable de que el GIEI mostrara las inconsistencias de las investigaciones y también dijo que cuando ocurrieron las desapariciones, el PRD asumió las responsabilidades en la designación del exgobernador Angel Aguirre y del exalcalde de Iguala José Luis Abarca.
“¡Permítame terminar, su tarea de reventar la sesión, no va a venir aquí, diputada, no, no!”, exclamó Gaytán Hernández cuando la priista intentó interpelarla.
“Señoras diputadas, se solicita moción de orden y el respeto que nos merecemos”, demandó Gaytán.
“Estoy en el uso de la palabra. La investigación y todos los señalamientos que ha hecho el Grupo Interdisciplinario hacia el gobierno federal no son responsabilidad del PRD. El uso político que está dando la PGR a la información que tiene, como ya lo vimos con el tercer dictamen del basurero de Cocula, no es responsabilidad del PRD. La pérdida de pruebas, los señalamientos claros hacia las instituciones federales, no son responsabilidad del PRD”, expuso.
Y añadió: “Abarca está en la cárcel, diputada. ¿Qué pasó con el alcalde de Cocula? ¿Qué pasa con los integrantes de la Policía Federal que han sido acusados? ¿Qué pasa con el actuar del Ejército Mexicano?, eso no es una tarea municipal ni estatal, esa es una responsabilidad del gobierno federal”, puntualizó la legisladora del PRD.
Intervino entonces la diputada presidenta, Guadalupe Murguía, quien reclamó también que se pretendiera “mayoritear” y no lograr los consensos como al arranque de la comisión. Incluso habló del bloqueo a la solicitud de información y de los trabajos.
También reclamó que ya no se puedan alcanzar acuerdos y que el PRI recurra al voto ponderado apoyado por Panal, PVEM y PES,
Luego se preguntó si debe continuar una comisión que es bloqueada, si se rechazan todas las propuestas y ya ni siquiera puede solicitar información.
“Yo lamento que la comisión haya perdido la capacidad de diálogo, desafortunadamente ahorita ya desde el orden del día se eliminan los temas y se acalla la expresión de fuerzas políticas representadas en esta comisión, que no pueden expresarse ni siquiera en un punto del orden del día, que se excluye. Creo que sería importante considerar el sentido de una comisión que ya no discute, que no puede pedir información y que no puede hacer solicitudes respetuosas a una autoridad”, sentenció Murguía.
Fuente: Proceso
Autor: Jesusa Cervantes
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