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No al Mando Único en Chéran. “Con lo que tenemos nos basta y nos sobra”: Consejo Mayor de Cherán

Cherán, Michoacán. “No necesitamos el Mando Único, no necesitamos ese tipo de seguridad porque sentimos que con lo que tenemos nos basta y sobra”, fue la respuesta de Pedro Jiménez Ceja, miembro del Consejo Coordinador de los Barrios de la comunidad indígena purépecha de Cherán, en Michoacán, a la tentativa de los gobiernos estatal y federal de incorporar la seguridad comunitaria al acuerdo del Mando Único.

En la sierra purépecha, la comunidad de Cherán es la más resguardada, ya que cuenta un sistema propio de seguridad articulado en la Ronda Comunitaria, la Ronda de Voluntarios y los Guardabosques; lo integran más de 200 personas, y es regulado por el Consejo de Honor y Justicia.

El Consejo de Honor y Justicia es una instancia operativa que forma parte del Consejo Mayor, órgano conformado por representantes de las asambleas de los Barrios y Fogatas, explica Pedro Chávez Sánchez, miembro del Consejo Mayor.

El 10 de marzo 2016, el gobierno de Silvano Aureoles recibió un contundente rechazo por parte del Consejo Mayor de Cherán frente a la propuesta de establecer en la localidad el Mando Único de policías: “como comunidad ratificamos la posición de seguir nuestra organización política en base a la libre determinación, lo cual nos da derecho de ejercer la autonomía en materia de seguridad a través de nuestra Ronda Comunitaria tradicional”, al mismo tiempo que exigen el respeto a sus derechos como pueblo originario.

El Mando Único es un acuerdo de las entidades estatales y federales en materia de seguridad y consiste en quitar a los municipios la responsabilidad de la seguridad pública, que será asumida por una unidad de policía estatal.

Se ha escrito en diversas investigaciones que el Mando Único puede fomentar y profundizar la distancia entre los gobiernos y la población, fortalecer un estado policial, fracturar la soberanía municipal y estatal, fomentar la violación de los derechos humanos y generar una mayor militarización del país.

A principios de marzo, varios medios de comunicación anunciaron que Cherán se adhería a dicho acuerdo. Enedino Santaclara Madrigal, miembro del Consejo Mayor, aclara: “nosotros sabemos que el gobierno nos quiso involucrar al Mando Único, pero nosotros estamos bien definidos, nuestro Mando Único son las Fogatas, las Asambleas de Barrios, esta estructura es nuestro mando.

Tenemos nuestras propias leyes, nuestra forma de organizarnos, nosotros servimos a nuestro mando que es el pueblo. Al gobierno no tenemos que hacerle caso, solo quiere imponer”.

El Mando Único lo quisieron imponer en la comunidad, se consultó a las Asambleas de los Barrios y se dijo “que es preferible confiar nuestra seguridad en nuestra gente” y se ratificó que “al único mando al que se debe obediencia: al pueblo constituido en asamblea”, precisa Rubén Fabián Madrigal, miembro del Consejo de Honor y Justicia.

El 15 de abril del 2011, cuando la comunidad se levantó en contra de la delincuencia organizada, “nos tocó la conciencia, las fibras más íntimas; se creó un sentimiento de autoprotección en la comunidad”, señala Fabián Madrigal.

Antes del 2011 en Cherán existía un caos, ya que la tala de árboles estaba en manos de organizaciones delictivas; en el 2008 esto se agravó de manera alarmante, señala Pedro Chávez Sánchez.

Según los testimonios, entre 2008 y 2011 se contaban más de 200 camiones repletos de madera del bosque que cada día y noche los talamontes bajaban del cerro, con el respaldo del crimen organizado, narra Chávez Sánchez.

“La gente armada se paseaba en la comunidad para burlarse, nos gritaban y amenazaban. Ellos llegaban y saqueaban las tiendas, nosotros no podíamos ni siquiera mirarlos, ni estar en alguna esquina”, recuerda Enedino Santaclara Madrigal, del Consejo Mayor.

A las mujeres jóvenes se les faltaba el respeto, pasaban los carros en fila con gente armada, en las escuelas existían clases y en la calle fiestas, todo con mucho temor de asistir; los comuneros o campesinos no podían ir a trabajar la tierra y menos subir al bosque, rememora Pedro Chávez Sánchez.

A nosotros, expone Chávez Sánchez, “nos tocó ser jóvenes en ese tiempo, pero la rabia y el temor era compartida por todos. Eran las armas que tenían ellos, que hacían sentir su poder y someter a un pueblo. Ahora después del levantamiento nosotros controlamos nuestra seguridad”.

Nuestra seguridad comunal

Los ronderos son los que caminan, los que “rondan por la comunidad” y son elegidos por las Fogatas, “en el movimiento nosotros desarmamos a la policía municipal y tomamos las armas y es ahí donde surge de manera más activa nuestra Ronda Comunitaria”, señala Pedro Chávez Sánchez, miembro del Consejo Mayor.

La comunidad de Cherán está dividida en cuatro Barrios. En cada Barrio se realiza semanalmente una asamblea, misma que nombra el Coordinador del Barrio; entre todos se encargan de la organización de la seguridad y del control en las “barricadas”, puntos de revisión ubicados en las entradas de la comunidad y vigilados por miembros de la Ronda Comunitaria.

El grupo de Guardabosques se encarga de salvaguardar el bosque.
La Ronda Voluntaria está compuesta por comuneros y comuneras, que se organizan en las Asambleas de los Barrios y los fines de semana participan en la vigilancia de los barrios. “No están armados, ellos vigilan las calles y ayudan en las tareas de la Ronda Comunitaria”, explica Pedro Chávez Sánchez.


“Esta Ronda de Voluntarios es una práctica de nuestros antepasados y que hemos retomado”, expone Enedino Santaclara. “Ahora estamos retomando lo de antes, el arma fundamental es que la población tiene la misma convicción de resguardar y cuidarse el uno al otro”.

Entonces ahora se retoma otro modelo de seguridad, antes del movimiento era la policía municipal al mando del Ayuntamiento Constitucional, esa estructura desapareció con el movimiento, explica Rubén Fabián Madrigal.

“El pueblo tomó el control de la comunidad, hubo desaparecidos, asesinados. Por eso, sabemos que la misión de todos es salvaguardar la comunidad”, relata Pedro Chávez Sánchez; “descubrimos la policía local coludida, la policía municipal en contubernio con el crimen organizado y autoridades municipales y locales. Fue hasta que nos levantamos en defensa de nuestra propia vida que voltearon a vernos”.

“Nosotros realizamos nuestra propia seguridad por medios de las Rondas. No quisiéramos vivir lo que viven en otras comunidades con la seguridad del gobierno, porque la gente que integra nuestra seguridad son personas que conocemos; son vecinos, el pintor, el cartero, el de la tienda, aquí todos nos conocemos, y por eso todo participan”, explica el representante comunal Rubén Fabián.


“El Mando Único en nuestra comunidad está en la organización de los barrios, en los coordinadores de fogata. Nosotros al único que reconocemos es al pueblo”, concluyen las autoridades comunitarias.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: JAIME QUINTANA GUERRERO.
LINK: http://desinformemonos.org.mx/91797-2/

Senadores piden “libertad absoluta” para abogado al que PGR le sembró pistola

Paulo Díez fue detenido en septiembre pasado, luego de que un grupo de agentes le sembraran un arma.

Senadores presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a que determine el no ejercicio de la acción penal y decrete la libertad absoluta de Paulo Díez, abogado de Infraiber, al que agentes de la PGR le sembraron una pistola en septiembre del año pasado, con el fin de detenerlo.

El documento recuerda que el Ministerio Público “mantiene abierta la averiguación previa contra Paulo Díez, por el falso delito de portación de arma de fuego”, pues hasta ahora no se ha determinado el no ejercicio de la acción penal.

Los senadores sostienen que en el intento de detención -que duró unas horas- está involucrada OHL, con quien Infraiber mantiene un conflicto legal y público.


El punto de acuerdo y el comunicado que envió Infraiber a los medios:

20160406122317571.pdf by Aristegui Noticias:



Comunicado Infraiber 070416 by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0704/mexico/senadores-piden-libertad-absoluta-para-abogado-al-que-pgr-le-sembro-pistola-documento/

Conflicto por rutas de mototaxis puede generar conatos de violencia en Atenco, EdoMéx

Conflicto entre mototaxistas del municipio de Atenco y “auto transportes Ixtlixochitl” pudiera provocar un conato de violencia de no llegar a acuerdos para que se respeten las rutas de pasaje.

El representante de la Unión de moto taxistas; Lázaro Huerta Pajaro denunció el que la colocación de mantas de la línea de transporte “Ixtlixochitl” donde anuncian la ampliacion de la ruta Texcoco – Acuexcomac es una provocación.

Ademas de que dicho anunció cae en contrariedad ya que aun no se les ha autorizado por parte de movilidad terrestre del Gobierno Estatal.

Mencionó que son 65 moto taxista los que recorren esa ruta la cuál quiere ser invadida por auto transportes “Ixtlixochitl” y no lo van a permitir pero dijo estar abiertos al diálogo ya que “todos tenemos derecho a trabajar”.

Ademas anunció la creación de la Unión oriente del Estado de México de moto taxistas.

Cabe destacar que en la reunión realizada por la administración municipal y los moto taxista acordaron el “no autorizar la ampliación de la ruta Ixtlixochitl “así como el que el gobierno municipal da el apoyo a la union de moto taxista para solucionar este problema.


Fuente: Contrapapel Noticias
Autora: Claudia Bautista Justo
https://contrapapelnoticias.wordpress.com/2016/04/05/conflicto-por-rutas-de-mototaxis-puede-generar-conatos-de-violencia-en-atenco/

CIDH: “Altas autoridades” de México están detrás del “ataque cobarde” contra Álvarez Icaza

El día de ayer, tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron al Gobierno de México a contrarrestar activamente “la actual campaña de difamación” en contra de defensores de derechos humanos y lamentaron el que el GIEI  haya sido objeto “de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.

Paulo Vannuchi, integrante de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), condenó la demanda en contra del Secretario Ejecutivo de ese organismo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, la cual calificó de “cobarde” y lamentó que la Comisión sufriera “ataques por parte de altas autoridades del Estado mexicano”.

“Ya se provocó un daño irreparable a la persona de nuestro Secretario Ejecutivo, Emilio, y un poco cobarde, porque debía ser un ataque a la Comisión. Todo el trabajo de Emilio fue en nombre de los comisionados”, dijo Vannuchi durante la audiencia “Situación de los Derechos Humanos en México”.

En el marco de esta audiencia que lleva a cabo en el 157 periodo de sesiones de la CIDH en Washington, representantes de organizaciones civiles también manifestaron su preocupación por “la campaña de ataques y desprestigio” contra asociaciones civil y defensores de derechos humanos. Dijeron que “si organismos internacionales son atacados, imaginemos lo que viven organizaciones en zonas rurales”.

En respuesta, Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, aseguró que “no hay nadie del Gobierno mexicano” involucrado en la campaña en contra de Álvarez Icaza, ni en contra de la CIDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuva en la investigación del caso Iguala, o defensores de derechos humanos.

“No fue nadie del Gobierno de México, ningún funcionario del Gobierno de México tuvo nada que ver en la denuncia penal en contra del Secretario Ejecutivo de la CIDH, ni mucho menos fue un ataque a la CIDH de parte del Gobierno de México”, aseguró Ruiz Cabañas.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR) inició el pasado 22 de marzo la averiguación previa contra el Secretario Ejecutivo de la CIDH a raíz de la denuncia interpuesta por el Consejo Ciudadano por la supuesta “conducta antisocial” de Álvarez Icaza en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. La demanda fue desechada el pasado 5 de abril.

El presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, acusó Álvarez Icaza de haber cometido fraude al Gobierno mexicano de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares al no cumplir con el acuerdo en el que, como parte de la investigación del caso Iguala, “la CIDH enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario”.

La Comisión Interamericana dijo en días pasados que la averiguación previa iniciada por la PGR contra Alvarez Icaza era “temeraria e infundada”. Además, condenó “la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.

Este día, el Subsecretario de Relaciones Exteriores explicó que la Procuraduría explicó que al tratarse de una denuncia formal, la PGR tenía la obligación legal de revisarla. Sin embargo, dijo, fue desechada por que no cumplía con los requisitos y no por una cuestión política.

Ruiz Cabañas insistió que el Gobierno de México no está detrás de lo que se ha denunciado como una campaña de desprestigio en contra de defensores de derechos humanos o instancias internacionales.”México es una sociedad compleja y democrática, y hay libertad de expresión y es un derecho humano fundamental, y en esa libertad de expresión hay que respetar la opinión de todos”, dijo.

El día de ayer, tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron al Gobierno de México a contrarrestar activamente “la actual campaña de difamación” en contra de defensores de derechos humanos y lamentaron el que el GIEI  haya sido objeto “de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.

Mediante un comunicado de prensa fechado en Ginebra, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; el relator sobre libertad de opinión y de expresión, David Kaye; y el relator sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai hicieron el llamado “en el contexto de una ola de críticas en diversos medios mexicanos contra defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y miembros de organismos internacionales de derechos humanos”.

Los relatores dijeron que estas críticas y campañas de difamación sólo empeoran el clima para la promoción y protección de los derechos humanos en México. Recordaron que en el último mes, “a través de una campaña mediática”, varios defensores y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han sido acusados de fraude y corrupción, de defender presuntos delincuentes y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura.


Los relatores dijeron a su vez que varias organizaciones nacionales e internacionales y expertos involucrados en la investigación del caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, incluido el Grupo de Expertos Independientes de la CIDH, “han sido objeto de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.

FUENTE: LA JRONADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645278

Inflación de 0.15% en marzo: Inegi

Ciudad de México: El crecimiento mensual promedio de los precios al consumidor en marzo del año en curso fue de 0.15 por ciento, la menor tasa de elevación observada en 8 meses, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El crecimiento en la cotización de los servicios turísticos en paquete fue el genérico que tuvo mayor incidencia en el alza general de precios durante el tercer mes del año, indicó el organismo. Como si por el tipo consumo la población de México hubiera mutado de migrante a viajante.

En su trayectoria de marzo de 2015 al mismo mes de 2016, la inflación anual fue de 2.60 por ciento, desde un ritmo de aumento de 2.87 por ciento registrado en febrero de este mismo año, precisó el Inegi.

Esa desaceleración inflacionaria de marzo, se presentó con todo y que ese mes los precios de los alimentos del campo, frutas y verduras, reportaron una tasa de incremento anual de 20.87 por ciento; una proporción siete veces más elevada que la inflación general.

Los productos y servicios que por su consumo tuvieron mayor incidencia en el crecimiento general de precios de marzo respecto a febrero, fueron los servicios turísticos en paquete, con una alza de 9.17 por ciento y una incidencia de 0.049 puntos; el limón, con 38.21 por ciento de encarecimiento y 0.035 unidades de contribución a la inflación del mes, así como la vivienda propia, con una alza de 0.20 por ciento y una incidencia de 0.027 puntos.

En el lado opuesto, los productos y servicios que con sus reducciones hicieron mayor contrapeso a la inflación mensual, figuraron: la cebolla, con un desplome de 21.82 por ciento; el jitomate, con un abaratamiento de 7.15 por ciento y la gasolina de bajo octanaje, la cual disminuyó 0.59 por ciento su precio respecto a lo que se pagaba por ella en febrero de este año.

Por el lado de la inflación anual, el índice subyacente, aquel que elimina de su medición a los precios y tarifas de mayor volatilidad en sus precios, registró en marzo un incremento de 2.76 por ciento, mayor a la de 2.45 por ciento de un año antes, debido al impacto de la devaluación del peso frente al dólar corrida en los últimos 12 meses.

Hacia su interior, el rubro de las mercancías se elevó a 3.23 por ciento en marzo, desde otra tasa anual de 2.60 por ciento en el mismo mes de 2015; en tanto que el apartado de servicios reportó una elevación anual de 2.37 por ciento, desde otra de 2.32 por ciento hace un año.

En cuanto a la inflación no subyacente, en cuyo cálculo se consideran los productos y servicios de mayor volatilidad en sus precios, el índice correspondiente marcó en marzo un aumento anual promedio de 2.12 por ciento, desde otro de 5.29 por ciento en el mismo mes de 2015.

Los precios de los productos agropecuarios registraron un aumento anual de 6.21 por ciento en marzo, como resultado de una alza promedio de 20.87 por ciento en las frutas y verduras y una reducción de 1.26 por ciento en las carnes de animal.

El rubro de “energéticos y tarifas autorizadas por gobierno” reportó un decrecimiento anual de 0.37 por ciento en marzo, desde una elevación de 3.52 por ciento hace un año.


La caída anual de precios de ese rubro registrada en marzo, precisó el Inegi, fue resultado del abaratamiento anual de 2.19 por ciento en los energéticos, combinado con un encarecimiento de 3.13 por ciento en las tarifas autorizadas por gobierno.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN ANTONIO ZUÑIGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/07/inflacion-de-0-15-en-marzo-inegi

#Másde72: Las víctimas del pacto de silencio en las carreteras

CELAYA, Gto. (apro).- Rosa Rodríguez de Lara se mantiene pegada al auricular hasta por 20 minutos aunque solo se escuche silencio. Asegura que del otro lado quien sostiene el teléfono es Paco, su hijo desaparecido en marzo del 2011.

Tras el secuestro de su hijo Francisco, Rosa recibe “misteriosas” llamadas desde diferentes claves de lada. Ella las interpreta como una señal de que él está vivo, aunque sólo descuelgue el celular y no escuche voz alguna.

Para Rosa no es casualidad que la llamen en ocasiones especiales como el día de las madres o navidad. Ella le habla, le dice cuánto lo extraña, le dice que vuelva. Nadie responde.

Francisco Lara Rodríguez fue forzado a bajar del autobús Ómnibus donde viajaba acompañado de varios conocidos el 24 de marzo del 2011, a la altura de San Fernando, Tamaulipas, por una célula de Los Zetas coludida con policías municipales. El había salido de la ciudad de Guanajuato en la corrida de las 19:50 horas.

Francisco Lara tenía 24 años en ese entonces. Iba acompañado de una persona que fue testigo de cómo un grupo de hombres con el rostro cubierto bajaron a varios pasajeros que parecían elegidos al “detinmarín”. Pensaba que al rato lo iban a soltar. La persona, como el resto de los pasajeros, siguió el trayecto hasta la frontera. Ahí lo esperó sin éxito.

“Bajaron a puros hombres jóvenes. Iba un señor ‘más grande’ pero a él no lo bajaron”, asegura Rosa, en su casa en Salamanca. Ella fue informada por la persona sobreviviente de lo ocurrido. Otros tres guanajuatenses fueron capturados con su hijo; entre ellos el coyote que los ayudaría a cruzar. También varios centroamericanos, aunque no tiene datos precisos de cuántos ni de que nacionalidad.

Su destino era Reynosa, de ahí, el coyote los cruzaría a Estados Unidos.

Lo que la madre sabe es que cuando entraban a San Fernando, cerca de las 7 de la mañana, una camioneta se acercó al autobús, lo interceptó y hombres armados subieron para seleccionar a sus víctimas. Primero les pidieron que salieran para revisarlos. Los esculcaron. Vieron sus identificaciones. Después les ordenaron recoger su equipaje: estarían retenidos.

Cuando Francisco abordó de nuevo, su acompañante intentó bajar con él. Alcanzó a decirle: “Tú quédate ahí”. El camión siguió su camino dejando atrás a varios pasajeros, “como si nada hubiera pasado”.

Entrevistada en su domicilio una tarde de domingo, Rosa recrea la escena con agobio, cómo si reviviera en cada palabra una escena que nunca presenció: “A mí esto no se me olvida, eso yo lo traigo, me acuesto con eso. A mí eso no se me borra, para nada se me borra”.

Al poco tiempo del secuestro, los sobrevivientes sintieron un poco de alivio: una patrulla de la policía municipal se dirigía hacia ellos. El policía subió para preguntarle al chofer “¿Y ahora a cuántos te bajaron?” El conductor le pasó una lista con los nombres y el funcionario se limitó a pasear por los asientos. Pidió a los pasajeros dinero para “su refresco”. Y se fue.

Nunca nadie más volvió a ver a los hombres que fueron forzados a bajar. Una semana después, en abril de 2011, en San Fernando, Tamaulipas, comenzaron a descubrirse cadáveres enterrados en fosas clandestinas con 196 cadáveres.

En respuesta inmediata al hallazgo de las 47 fosas, el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Morelos Canseco Gómez, relacionó a las víctimas con dos secuestros de pasajeros ocurridos el 24 y 29 de marzo de ese mismo año en la zona. Uno de los días que desapareció Francisco.

Pero la captura y desapariciones de viajeros no fueron sólo esa semana. Por lo menos siete meses el gobierno mexicano cedió a Los Zetas el control de los caminos que llevan a la frontera. Los integrantes de la célula criminal apostada en ese municipio bisagra, paso obligado para llegar a las ciudades de Matamoros o Reynosa, cual si fueran dioses ebrios definieron todo ese tiempo a quién permitían el paso, a quién secuestraban, a quién mataban.

La desgracia tocó especialmente a varones, jóvenes, mexicanos y extranjeros, que viajaban en autobuses o en autos particulares y que a sus verdugos les parecieron sospechosos. Sospechosos de haber sido reclutados –o con posibilidad de ser reclutables– por el cártel rival, el Cártel del Golfo, que dominaba las dos ciudades fronterizas donde desembocaba esa carretera.

Operaron siempre con el apoyo de toda la corporación de seguridad pública municipal. Nunca se ha informado el papel que jugó durante esos tiempos de barbarie el alcalde en turno Tomás Gloria Requena, hoy delegado nacional de la CNC. Aún no queda claro por qué la Marina, la Policía Federal y el Ejército no intervinieron a pesar de que tenían presencia en la zona.

Aunque familiares de las personas desaparecidas en ese municipio pusieron denuncias recurrentes y avisaron a las autoridades estatales y federales de lo que ocurría, éstas nunca advirtieron del embudo mortal en que se había convertido esa carretera. No previnieron a los viajeros para que dejaran de utilizar esa ruta. No hicieron nada para evitar más muertes. Fallaron en su función de brindar seguridad a los ciudadanos.

El 27 de abril de 2011, el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré dio una conferencia de prensa en la que recriminó los delitos a las autoridades estatales. Señaló la colusión de los policías municipales en los crímenes y su complicidad en estas desapariciones que, muchas veces, terminaron en masacres. Justo 21 días después del hallazgo de las fosas.


No desaparecieron, se los llevaron
“Para nosotros es muy evidente que los querían reclutar”. Rosa está convencida. “Cuando me dicen no sé qué de los desaparecidos yo les respondo es que no son desaparecidos, se los llevaron”.

La madre conserva el boleto de autobús Ómnibus con folio: TCH00852219. Se lo dio la persona sobreviviente. Tiene una leyenda que dice: Este boleto ampara el seguro de viajero.
“Ya había sabido que secuestraban los autobuses, muy poco sabía pero sí, pero lo raro es que casi todos los autobuses que secuestraban eran de esta línea de autobuses, llegué a escuchar que pararon lo más seguro a tres de la misma marca”.

A cinco años de la desaparición de su hijo Rosa sigue sin tener noticias de su paradero. Sólo esas llamadas “misteriosas”, cada tanto, que alimentan su fe de que su hijo está vivo y en el silencio intenta decirle que lo sigue buscando.

Hasta abril de 2014, la PGR había citado a declarar a 34 choferes de autobuses y dos representantes legales de líneas de transporte (uno de ellos de Ómnibus), así como cinco empleados de centrales camioneras, quienes son considerados testigos en la investigación de las fosas clandestinas. Uno de ellos declaró que desde que comenzaron a registrase los secuestros avisó al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tamaulipas para que avisara a la PGR, pero nadie intervino.

Hasta hace dos años 67 personas estaban presas y 16 habían sido liberadas. Se desconoce cuál fue el destino de los 17 policías municipales acusados de colaborar con Los Zetas. Muchas madres, como Rosa, siguen sin conocer el paradero de sus hijos.



Fuente: Proceso
Autora: Maricela Turati
http://www.proceso.com.mx/436181/las-victimas-del-pacto-silencio-en-las-carreteras

Derechos humanos le estorban a la Ley que impulsan PRI, PAN y PRD, denuncian grupos civiles

El dictamen establece que cuando el Presidente considere que se afecta el orden social puede solicitar la suspensión o restricción de garantías en determinado lugar y por un determinado lapso de tiempo. Un proceso que contará con el aval en menos de 24 horas del Congreso, si se encuentra reunido, y de la SCJN para validar su constitucionalidad.

Organizaciones civiles que conforman la plataforma Por México Hoy acusaron al Congreso de la Unión de pretender dejarlas fuera de la discusión del proyecto de ley sobre los estados de excepción, aprobada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), cuyo contenido actual, dijeron, es violatorio de los derechos humanos.

En una conferencia de prensa en el Senado, los representantes de las organizaciones acusaron que después de recibir un análisis del Doctor Raúl Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, al dictamen que ya fue aprobado en la Comisión de Gobernación, se determinó que concibe a los derechos humanos como un obstáculo para garantizar el orden público y no la situación.

“Esto es un asunto muy grave, es decir, los derechos humanos son el obstáculo que hay que atacar para lograr el control de una situación determinada. Por eso es importante que los órganos encargados por velar por el respeto de derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncien”, dijo Félix Hernández, integrante de Por México Hoy.

El dictamen establece que cuando el Presidente considere que se afecta el orden social puede solicitar la suspensión o restricción de garantías en determinado lugar y por un determinado lapso de tiempo. Un proceso que contará con el aval en menos de 24 horas del Congreso, si se encuentra reunido, y de la SCJN para validar su constitucionalidad.

Hasta ahora, el artículo 29 de la Constitución establece que hay derechos humanos que el Estado no puede suprimir, aun cuando se declare la supresión de garantías a raíz de una causa que perturbe el orden social.

Sin embargo, la argumentación citada en el dictamen aprobado, si bien reconoce derechos elementales, también apunta excepciones: “No es descartable que ciertos derechos humanos puedan ser suspendidos o restringidos en su ejercicio, pero en todo caso, deberá existir una razón legítima fundamentada”, describe el documento –al que SinEmbargo tuvo acceso– en la página 8.


Legisladores de oposición han insistido que la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional abre la puerta para que las autoridades violenten de distintas formas al menos 15 derechos de la ciudadanía. El documento con el que se pretende reglamentar el Estado de excepción abonaría a la permanente violación de las garantías individuales en el país, han dicho.



Por su parte, Osmar León, representante del Estado de México dentro de la plataforma, explicó que la llamada Ley “Eruviel” aprobada el pasado 17 de marzo representa un riesgo para las protestas ciudadanas, y da vía libre para que la represión de las fuerzas de seguridad.

El Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificó de maniobra política el reciente anuncio del Gobernador Eruviel Ávila Villegas de solicitar al Congreso del estado que solicite una controversia inconstitucional a la propia Ley que el Gobernador propuso.

“Es una maniobra para ver si a lo mejor la Suprema Corte de Justicia termina por aprobarla”, apuntó.

En la conferencia los senadores del PRD, compararon esta Ley con la “Ley bala” del Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle. “Esta ha sido un desastre y dejado víctimas”, dijo el Senador Luis Sánchez Jiménez.

Por su parte, León expuso que la creciente oposición de parte de la ciudadanía a la Ley “Eruviel” crece, en tanto que la ley supuso un periodo de 90 días para entrar en vigor. Anunció que habrá una ola de amparos ciudadanos. Y una propuesta al Congreso local para que se derogue esta ley: “de tal forma que sería como empezar en una página nueva”.


Las organizaciones recordaron que tanto la ley que pretende reglamentar el artículo 29 constitucional como la Ley “Eruviel” se adhieren a una antigua petición para se realicen reformas legales que integren a la ciudadanía en las discusiones de las leyes. Por lo que exhortaron a la Cámara de Diputados a que se realicen foros para este tipo de leyes y que además se sometan a un referéndum.



La legislación que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México permite el uso de armas letales “cuando sea estrictamente inevitable”, así como de esposas rígidas, semirrígidas, candados de pulgares y cinturones plásticos; de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente. También avala el uso de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias irritantes en aerosol.

La Ley busca definir los casos en los que las policías mexiquenses podrán intervenir para restablecer el orden en desalojos, embargos, además en los centros de readaptación social. La Ley detalla también que el uso de la fuerza pública podrá aplicarse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y que se vuelvan violentas.

Por ejemplo, el artículo 8 faculta el uso de armas letales a los agentes policiacos en casos “estrictamente inevitables”.


“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”, detalla el artículo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645344

Narco, zetas y paramilitares, la nueva realidad en Chiapas

En los últimos años –desde que el PVEM y el PRI llegaron a la gubernatura– la violencia vinculada al crimen organizado se desató en Chiapas. Los Zetas protagonizan la lucha por plazas estratégicas, multiplican la distribución de droga y amplían su repertorio delictivo; todo, impunemente. Y no es la única señal de descomposición durante el gobierno de Manuel Velasco: grupos paramilitares de infame memoria como Paz y Justicia, Los Chinchulines y MIRA han resurgido al amparo del poder político.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (Proceso).- En el norte, Los Altos y la frontera de Chiapas con Guatemala se desató una pelea entre grupos del crimen organizado de la que muy pocos quieren hablar. Se trata de zonas a las cuales ni siquiera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se mete, pues las bandas criminales se han fortalecido al fundirse con paramilitares e integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La vida en algunas de las comunidades indígenas de estas zonas cambió radicalmente. Entre los jóvenes indígenas aumentó la adicción a la cocaína y el crack que circula en sus pueblos, comunidades o colonias, como la famosa Hormiga –a las afueras de San Cristóbal de las Casas–, conocida porque ahí se venden drogas, armas y autos robados.

Un hecho reciente exhibió la virulencia en la batalla por el control del territorio. El 17 de julio de 2015 fue reportada la desaparición del activista Toni Reynaldo Gutiérrez López en el municipio de Tila a manos de policías municipales y civiles armados. Una semana después, fue encontrado muerto con huellas de tortura, la cara desollada y sin ojos.

Magaly del Carmen Cruz Pérez, esposa de Gutiérrez, y habitantes de Tila han denunciado la presencia de Los Zetas y de paramilitares en esta parte del estado. También lo han hecho los sacerdotes Blas Alvarado, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, y Marcelo Pérez, de Simojovel, quienes acusan al gobernador Manuel Velasco –quien llegó al poder en diciembre de 2012 como abanderado del PVEM y del PRI– de intentar ocultar la presencia de la delincuencia organizada en Chiapas para no ensombrecer sus pretensiones de lanzarse como candidato a la Presidencia de la República en 2018.

El desvanecimiento

Desde 1994, la atención pública sobre Chiapas se concentró en el EZLN, luego de la declaración de guerra que lanzó al Estado mexicano. Pero ya desde entonces era evidente la presencia de poderosos grupos del narcotráfico en la entidad.

En mayo de 1993, Joaquín Loera Guzmán fue capturado por primera vez en la frontera de Guatemala y Chiapas. Hubo versiones de que el jefe del Cártel de Sinaloa se paseaba por San Cristóbal de las Casas (Proceso 867). En 2010 se reportó nuevamente su presencia en el municipio de Villa Flores y, más recientemente, después de su segunda fuga, fue visto por Comitán tras haberse escapado de un operativo de la Marina en Tamazula, Durango, donde se había refugiado (Proceso 2033).

Luis Alonso Abarca González, del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (DH-DO), sostiene en entrevista que el asesinato de Toni Reynaldo es una señal clara de la presencia de grupos del narcotráfico, como Los Zetas, que están peleando el control de la zona al Cártel de Sinaloa y sus aliados del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El activista social observa que, a partir de las elecciones municipales del año pasado –en las cuales el PVEM, partido del gobernador Manuel Velasco, se llevó 57 de las 122 alcaldías en disputa–, hubo un repunte de la presencia de grupos paramilitares, como Paz y Justicia, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Los Diablos, Los Gómez y Los Petules, entre otros, que se han vinculado con el narcotráfico y la trata.

“Se trata de la disputa por plazas estratégicas en la lógica de la delincuencia organizada. Pretenden controlar Comitán y Frontera Comalapa por su cercanía con Guatemala y por el corredor que va desde Comitán hasta Palenque, para el movimiento y trasiego de drogas y armas.

“En Tila, por su cercanía con Tabasco, está una nueva ruta migrante. En Nueva Esperanza se menciona que hay gente que se dedica al tráfico de migrantes y que tiene protección del ayuntamiento.

“Ése es el contexto de violencia. Y ahora hablamos de la reactivación de un grupo paramilitar, pero con componentes distintos a 1994, porque entonces surgió para contener al EZLN y evitar que la gente simpatizara o se sumara a él. Ahora se le agrega el factor de delincuencia organizada y un reordenamiento territorial con intereses de minería y petróleo.”

De acuerdo con el mapeo que hacen algunas organizaciones, los brotes de violencia han ocurrido en Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tila, Palenque, Ocosingo, Marqués de Comillas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, El Bosque, Oxchuc y San Cristóbal de las Casas –otrora áreas de influencia del EZLN.

Pero ahora los zapatistas se han replegado o sólo mantienen posiciones de alerta, señala Luis Alonso Abarca González, del DH-DO.

–¿Qué ha pasado con el EZLN? –se le pregunta.

–En Tila el EZLN se ha mantenido al margen, pensamos que ya no tiene un papel significativo en la región. Hay bases de apoyo, pero se han reducido drásticamente en los últimos años. Ahí han avanzado grupos paramilitares y de la delincuencia organizada. Vemos que el EZLN está en una situación de impasse o de repliegue indefinido. Ya no tiene la fuerza que tuvo hasta 1998 o 1999.

Incluso en la región de Las Cañadas, observa, donde el EZLN nació en 1983, el zapatismo ha mantenido un silencio total y no se ha pronunciado respecto del narcotráfico.

“Hay total hermetismo y, de repente, lo único que se sabe es que hay ciertos roces en las comunidades. Recuerdo una anécdota que me decía un compañero: el impacto del avance del narco lo puedes ver por el tipo de grupo musical que llega a Las Cañadas, incluso en comunidades zapatistas. Antes era impensable que fueran grupos como banda Maguey, Calibre 50 o El Komander.”

El Ejército, recuerda, declaró que destruyó mil hectáreas de amapola en Las Cañadas, pero él considera que esa afirmación sólo intentó vincular al zapatismo con el crimen organizado.

–El crimen organizado ha tenido presencia desde hace tiempo en Chiapas, ¿pero está resurgiendo? –se le inquiere.

–Sí, pero el componente nuevo es que hay un fin estratégico: el control del territorio. Hay interés en apropiarse de los recursos mineros, por el agua, por los recursos de la selva y por la frontera.

–¿Los Zetas?

–En el caso de Tila hay pintas del Z-40 y el Z-42. En San Cristóbal hay pintas de MS-13, de los Mara Salvatrucha 13. Estos grafitis coinciden con el cambio de las rutas de los migrantes, porque el ferrocarril de Tapachula y Ciudad Hidalgo fue cerrado y la gente se está internando hacia el centro. San Cristóbal está en el camino y el corredor sigue hacia San Juan Chamula, Bochil, Pueblo Nuevo y Tabasco. La otra ruta es de San Cristóbal a Ocosingo, Yajalón y Tila, hacia Tabasco.

Asevera que en Pueblo Nuevo Solistahuacán hay grupos criminales que son parte del gobierno, y que bandas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación también buscan entrar.

Frontera Comalapa, indica, es una plaza estratégica porque hace frontera con Guatemala. Está controlada por Los Zetas.

“Desde 2009 el gobierno de (el entonces mandatario perredista) Juan Sabines reconoció en un informe que Chiapas estaba controlado por Los Zetas, y por eso no había violencia. Pero creemos que hoy con el PVEM hay un cambio y una disputa de nuevos grupos. Esto reactivó la violencia aparentemente paramilitar. Creemos que hay más cosas detrás, que hay delincuencia organizada como en otras partes del país, y que no se trata de casos aislados.”

Paramilitares y narcos

En Chiapas, los grandes grupos del crimen organizado se fusionaron o aliaron con bandas locales –cuyo origen se remonta al paramilitarismo que el gobierno de Ernesto Zedillo impulso en 1996 contra el EZLN.

El párroco de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Blas Alvarado Jiménez, coordinador regional de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos (Limeddh) y fundador del albergue de migrantes conocido como La 72, en Tenosique, Tabasco, advierte en entrevista que Manuel Velasco quiere ocultar a los paramilitares por convenir a sus aspiraciones presidenciales.

“Los grupos que podríamos llamar oriundos seguramente se han relacionado con algún cartel fuerte que los financie. Tienen cuernos de chivo, armas que perforan blindajes… Y no se dedican sólo al narcotráfico, sino que cobran cuotas para que la gente pueda seguir trabajando. Ya han quitado cafetales, quemado casas y desplazado familias completas a otras comunidades.”

–¿Hay presencia de zetas? –se le pregunta.

–Sí, vienen del norte de Chiapas, de Reforma, Pichucalco, de la zona de Teapa. Esa gente trabaja y maneja la zona de los migrantes allá en Tenosique y está incursionando en el norte de Chiapas. Los Zetas no sólo manejan armas y secuestros, también las drogas y el tráfico de personas. En realidad Los Zetas están en todos lados acá, por el sureste.

El 1 de enero de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH-BC) denunció que el PVEM está vinculado con el grupo paramilitar Paz y Justicia en Tila y Sabanilla (norte de Chiapas), municipios que ganó en las elecciones de junio de 2015.

“Paz y Justicia nunca fue desmantelado como tal. Desde la década de los noventa hasta la del 2000 realizaron acciones ofensivas, y la estructura nunca fue desarmada”, acusó entonces Jorge Luis Hernández, coordinador del Área de Incidencia del CDH-BC.

Luis Alonso Abarca González, del DH-DO, indica que los vecinos de Tila aseveran que los traficantes de personas tienen protección del ayuntamiento.

En ese municipio, ejidatarios adherentes al EZLN han denunciado al exalcalde Linder Gregorio Gutiérrez Gómez; a su esposa, la diputada local por el PVEM Sandra Luz Cruz Espinoza, y al actual munícipe, Leopoldo Édgar Gómez Gutiérrez, de formar parte de Paz y Justicia.

En esta región, acusan, siguen operando los rescoldos de otra agrupación paramilitar conocida como Los Chinchulines, mientras que, en la selva, el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), fundado por los hermanos María Gloria y Norberto Santiz, ahora está vinculado con el tráfico de migrantes.

Las adicciones

Los cárteles también han multiplicado la distribución de droga entre los jóvenes indígenas.

“En Tila ya es una constante, los jóvenes no sólo consumen mariguana, también cocaína. Además vemos un cambio en la aspiración de los muchachos. Ahora quieren trabajar en el crimen organizado, y esto se ve incluso en San Cristóbal de las Casas”, señala Luis Alonso Abarca.

Marcelo Pérez, presbítero de Simojovel, ha sido amenazado por Juan y Ramiro Gómez –exalcaldes priistas conocidos como Los Gómez–, vinculados con el tráfico de armas y estupefacientes. En entrevista, reconoce el problema de adicción a los enervantes en las comunidades indígenas.

“Simojovel y Pueblo Nuevo ya se volvieron mercados. En Simojovel está el grupo de Los Diablos, que ha atemorizado a la población, ha causado desplazamientos y hace poco mató a dos personas”, Además, abunda, cobra derecho de piso a los comerciantes.

Denuncia que, de hecho, él ya fue amenazado e incluso supo que esa banda ofrece “mucho dinero” para que lo maten.

El párroco de Pueblo Nuevo, Blas Alvarado, confirma el consumo de coca y crack en los pueblos indígenas, no sólo del norte sino en el centro de Chiapas: “Las drogas duras ya están entrando. Antes la cocaína era la máxima, ahorita ya venden piedra y toda esa porquería. Hay muchachitos de 12 años, de secundaria, entrándole al crack.

–¿Eso en Tila? –se le inquiere.

–No solamente ahí, también en Los Altos, en toda la zona de San Juan Chamula…

–¿Por qué todo esto se está manteniendo en silencio?

–Porque hay intereses grandes metidos ahí, y estas gentes que manejan las drogas duras son gentes que financian las cuestiones políticas. Han creado un ambiente de terror, y nadie se mete, de tal manera que ellos van a terminar agarrando el control de todo, ellos van a poner y quitar autoridades, ellos van a controlar todo.



Fuente: Proceso
Autor: José Gil Olmos
http://www.proceso.com.mx/436192/narco-zetas-paramilitares-la-nueva-realidad-en-chiapas

¿Qué tiene el aire de CDMX? Nadie lo sabe realmente desde 2012

De acuerdo con datos de la dirección de Monitoreo Atmosférico de la autoridad local, la última vez que se realizó un Inventario de Emisiones fue en 2012, aunque el compromiso era actualizarlo cada dos años.

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace ya cuatro años que el gobierno de la Ciudad de México desconoce de dónde proviene la contaminación que causa la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana. 

De acuerdo con datos de la dirección de Monitoreo Atmosférico de la autoridad local, la última vez que se realizó un Inventario de Emisiones fue en 2012, aunque el compromiso era actualizarlo cada dos años. 

Hasta esa fecha se había cumplido con el objetivo, ya que existen datos provenientes de 2010, 2008, 2006 y 2004. 


El Inventario de Emisiones ayuda a los gobiernos locales a detectar las fuentes contaminantes que emiten componentes nocivos al ambiente capitalino. 

Según la misma descripción del documento de 2012, firmado por Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno, y la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, “un inventario es una de las herramientas más importantes con que cuentan todas las autoridades involucradas en el fomento y cuidado del medio ambiente, para instrumentar medidas de mejora de la calidad del aire”. 

También fue un compromiso adquirido durante la firma del Programa para Mejorar la Calidad del Aire (Proaire), que incluye acciones específicas hasta 2020. 

También, a nivel federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha fallado en actualizar la información de las fuentes contaminantes, ya que los últimos datos que se tienen registrados fueron presentados en 2011. 

Luis Miguel Martínez, especialista de la Universidad Iberoamericana, aseguró en entrevista que no existe transparencia en la información con la cual se toman decisiones para diseñar las políticas públicas.

Agregó que de los 30 equipos con los que se cuenta para monitoreo de la calidad atmosférica, sólo 18 se reportan públicamente y de estos sólo tres miden todos los contaminantes. Dijo que la mayoría de estos equipos son obsoletos y que la información que brindan no se hace pública. 

“Desde hace 10 años los equipos son los mismos. No se pueden tomar decisiones de políticas públicas sin certidumbre en las mediciones”, agregó.


Fuente: El Financiero
Autora: Mariana León
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desde-2012-nadie-investiga-que-tiene-el-aire-de-la-ciudad.html

Desalojan a familias por incendio forestal en Tepoztlán

El incendio, que comenzó hace dos días, había sido sofocado al 40%, pero debido a fuertes rachas de viento que se registraron el miércoles por la noche volvió a intensificarse, indicó el director de Protección Civil del Morelos.

CUERNAVACA.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos desalojó a dos familias que se encontraban en riesgo debido a la cercanía del incendio que se registra en la región de Santo Domingo, municipio de Tepoztlán, cerca de Prolongación Mextitla.

El incendió que comenzó hace dos días había sido sofocado al 40 por ciento, pero debido a fuertes rachas de viento que se registraron este miércoles por la noche volvió a intensificarse, indicó el director de Protección Civil del estado, Javier Bermudes.

El funcionario aseguró que a las 3:30 de este jueves las condiciones climáticas mejoraron por lo que el fuego ha disminuido y no representa peligro para las poblaciones aledañas.


Al reiniciarse las labores esta mañana, están en combate 98 brigadistas forestales: de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la brigada León de Santo Domingo, nueve.

También participan la brigada Camaleón de San Juan Tlacotenco, Brigada Amatlán, Protección Civil Tepoztlán, Protección Ambiental, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Indicó que en estos momentos la estrategia de combate es el control contra el fuego y combate directo, y la causa de este incendio es una quema agrícola que se salió de control.

A la población pidió no acercarse a la zona o intentar apoyar en las labores de combate, ya que pueden poner en peligro su vida debido a que es una zona de alto riesgo.

La administración estatal mencionó que Personal del Mando Unificado de Incendios Forestales sesiona de manera permanente en el Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales de Acapantzingo para la operación táctica y estratégica que permita su control y liquidación al 100 por ciento.



Fuente: El Financiero
Autor: Notimex
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/proteccion-civil-desaloja-a-familias-por-incendio-forestal-en-tepoztlan.html

CIDH lamenta ataques contra Álvarez Icaza

Ciudad de México. En la serie de audiencias públicas que tiene esta mañana el Estado mexicano ante dicho organismos internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó los ataques en contra de su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Alvarez Icaza.

El presidente de la CIDH, James Cavallaro, cuestionó al Estado mexicano sobre la negativa de las Fuerzas Armadas a publicar datos sobre muertes de civiles. En tanto, la cancillería defendió las labores del Ejército en materia de seguridad.

La CIDH expresó su grave preocupación por la respuesta conjunta dada por el gobierno de que el informe de la visita in loco realizada el año pasado a territorio nacional “no refleja la situación actual” de los derechos humanos.

Las acusaciones judiciales en México contra Álvarez Icaza y las críticas al grupo de expertos del GIEI constituyen un "fuerte ataque" contra ese organismo, denunció el comisionado Paulo Vannuchi.

"La Comisión acaba de recibir un fuerte ataque de autoridades públicas de México", dijo Vannuchi, acotando que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya rechazó esas acusaciones.

En la sesión, realizada en las instalaciones de la CIDH en Washington, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, señaló que las Fuerzas Armadas en México brindan un “apoyo” a la población en materia de seguridad pública.

Incluso, dijo que el desarrollo de sus actividades lo realiza en “áreas críticas” que enfrentan problemas de seguridad y delincuencia organizada, donde incluso ha sido rebasada la capacidad preventiva y defensiva de las policías locales o estatales.


En tanto, los representantes de la organización civil criticaron severamente la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de respeto de los derechos humanos de la población. Advirtieron que “si organismos internacionales son atacadas, imaginemos lo que viven organizaciones en zonas rurales”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/07/cidh-cuestiona-a-mexico-sobre-muertes-de-civiles

Recapturan a yerno de “El Mencho”

GUADALAJARA, Jal: Fue recapturado Julio Alberto Rodríguez Castillo, yerno del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho.”


Elementos de la Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, así como de la Policía Federal, realizaron un operativo al medio de ayer, en una finca ubicada en la calle Garibaldi 2764, entre Terranova y Rubén Darío, en la colonia Providencia, en Guadalajara.

Los elementos mantuvieron cerrado el paso a la circulación en una de las colonias más pudientes de la capital del estado, al tiempo que un helicóptero de la PGR sobrevoló la zona por unos momentos. Después aterrizó en las inmediaciones del campo de golf del Country Club a donde llegaron tres vehículos militares.

Rodríguez Castillo ya había sido detenido en Zapopan, el 23 de junio del año pasado, junto con Rubén Oseguera González, hijo de El Mencho, pero fue liberado el 1 de julio de 2015.


Según las investigaciones, en esta ocasión al detenido -esposo de Jessica Oseguera, hija de El Mencho- se le encontró en posesión de cuatro armas largas. Además, se decomisaron dos vehículos y maletas cuyo contenido se desconoce.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA MEZA M.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436170/recapturan-al-yerno-mencho

Menores en México, los más susceptibles de entrar al crimen organizado: CIDH

CIUDAD DE MÉXICO: A partir de los 10 años, los niños mexicanos son susceptibles de ser integrados a la larga cadena del crimen organizado y tráfico de estupefacientes, alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Violencia, niñez y crimen organizado”.

Realizado por la Relatoría Especial de la Niñez, el documento abordó la preocupante ausencia de políticas públicas en América Latina para detener la incorporación de niños y adolescentes a bandas del crimen organizado y maras, así como la nula reacción punitiva de los gobiernos.

En el informe, la Comisión revisó la situación de los menores en países particularmente aquejados por la presencia de grupos delictivos dedicados al tráfico y venta de narcóticos.


Con amplitud, abordó la respuesta de los Estados a cuestionarios enviados por la Relatoría, así como por visitas en 2013 y 2014 a México, Brasil y Honduras, entre otros países.

En el caso mexicano, la CIDH destacó que, de acuerdo con la información proporcionada por el Estado, “se desprende que los niños son integrados a organizaciones criminales a partir de los 10 y 11 años de edad, o incluso a edades más tempranas para trabajar para traficantes”.

De acuerdo con las respuestas del Estado mexicano, éste reconoció que hay aproximadamente “un millón y medio de niños de 5 a 17 años que no estudian ni trabajan, quienes son más fácilmente captados y explotados por el narcotráfico y la delincuencia organizada”.

La Relatoría Especial de la Niñez de la CIDH aplicó los cuestionarios también a organizaciones de la sociedad civil mexicanas, las cuales estiman que unos 30 mil menores de 18 años forman parte de las filas de la delincuencia organizada.

Las agrupaciones consultadas agregaron que niños de 9 a 10 años son víctimas de trata de personas y que hay casos de más pequeños que son “usados como vigías”.

Según los reportes de la sociedad civil, niños de 12 años son usados para cuidar casas de seguridad y a partir de los 16 ya portan armas y participan en secuestros o asesinatos.

“En lo que se refiere al narcotráfico, los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de los 16 empiezan a ser contratados como sicarios”, según el estudio.

Niñas y migrantes, en mayor riesgo

Además de la ausencia de políticas públicas para evitar la incorporación de menores en el crimen, tampoco hay atención para los migrantes, advirtieron las organizaciones sociales a la CIDH.

La Comisión fue notificada de que niños y adolescentes migrantes centroamericanos “son secuestrados por las organizaciones criminales a su paso por México y, en caso de que la familia no cuente con recursos para pagar su rescate, los obligan a realizar acciones para el grupo criminal”.

El organismo interamericano alertó sobre la discriminación de la que son víctimas los menores de la región, sobre todo los varones de “barrios pobres y periféricos estigmatizados como peligros sociales, que deben ser controlados”.

Sin embargo, apuntó que los más jóvenes son el grupo social más afectado por la violencia y quienes están en mayor riesgo “de vulneración a derechos y actuar del crimen organizado”.

La Relatoría responsable del documento lamentó que los Estados del continente americano “siguen priorizando la respuesta punitiva y retributiva a través del sistema penal y la reinserción social, encerrando a los adolescentes en condiciones muy precarias, exponiéndolos a situaciones de abuso y violencia en las prisiones, sin ofrecer apoyos necesarios para su efectiva revinculación de forma positiva y constructiva en la sociedad”.

Al recordar que América Latina es el continente de mayor violencia en el mundo, donde el homicidio es la principal causa de muerte entre los niños y adolescentes –en una tasa de 30 asesinatos por cada 100 mil habitantes, y el de mayores desigualdades sociales–, el documento destacó que la infancia sufre violencia y abusos en todos los escenarios donde se desenvuelve y carece de alternativas educativas.

Peor aún, en las zonas donde “operan organizaciones criminales y maras, a menudo los niños y adolescentes sufren presiones, amenazas o engaños para que colaboren con esas organizaciones”. No obstante, hay quienes se acercan a los criminales “en búsqueda de oportunidades, reconocimiento, protección y sentido de pertenencia, aspectos que de otro modo no consiguen obtener”.

Para la CIDH, “la forma y el contexto en los cuales ocurre la captación de niños y adolescentes a estructuras criminales, así como las características que tiene esta vinculación al grupo delictivo pueden ser consideradas en muchos casos como situaciones de abuso y explotación”.

El género influye en esa relación, apuntó la CIDH en su informe, pues mientras los niños son utilizados para el tráfico y venta de droga, robos extorsiones y acciones violentas, “las niñas generalmente son víctimas de violencia sexual y de género, muchas son forzadas a mantener relaciones con integrantes de los grupos criminales, son abusadas sexualmente y tratadas y explotadas con fines sexuales”.


Para estas niñas, lamentó la CIDH, no existen políticas suficientes para su atención; por el contrario, son criminalizadas, sobre todo en estados donde está penalizada la prostitución.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436153/menores-en-mexico-los-susceptibles-a-entrar-al-crimen-organizado-cidh

La paz en México “mejoró”… 0.3% en 2015: Índice global; detecta chapuza en cifras oficiales

El estado que presenta mejores niveles de paz es Hidalgo, seguido por Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y San Luis Potosí. Por el contrario, Guerrero es el estado menos pacífico, y después se encuentran Sinaloa, Morelos, Baja California y Baja California Sur. Esta última región “sorprende” porque se ha posicionado entre las más violentas, dado que su tasa de homicidios se ha triplicado debido a, entre otros factores, la delincuencia organizada.

Los niveles de paz permanecen estancados en México, arrastrados por una tasa de homicidios en la que las propias autoridades discrepan, aseguró hoy la coordinadora del Instituto de Economía y Paz en México, Patricia de Obeso.

El pasado año, el nivel de paz mejoró únicamente 0.3 por ciento, cifra que representa el menor avance en los últimos cinco años, informa el Instituto en su informe Índice de Paz México 2016.

Esto se debe, principalmente, al incremento de 6.3 por ciento en la tasa de homicidios -que aumenta por primera vez en cinco años-, así como en la de delitos cometidos con armas de fuego, afirmó De Obeso en entrevista con Efe.

La experta advirtió que “cada vez hay mayor discrepancia” entre las cifras oficiales sobre los homicidios, y que las cifras presentadas por diversas instituciones llegan a diferir hasta en 20 por ciento.

“El Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra homicidios a través de actas de defunción, mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública toma los datos de las fiscalías estatales”, abunda De Obeso, quien reitera que es necesaria una “verificación de las cifras oficiales” para evitar que haya casos que se queden sin investigación.

Es “preocupante” que en estados como Jalisco, ejemplifica la coordinadora, “cuando encuentran una fosa clandestina y hay 90 cuerpos en ella, se abre una averiguación previa (investigación preliminar) como si solo hubiera un cuerpo o un homicidio”.

Un aspecto en el que el Instituto de Economía y Paz quiere hacer énfasis es en el aumento en la tasa de presos sin condena en el país, motivado por la frecuente utilización enMéxico de la figura de la presión preventiva.

“Esto daña mucho a la sociedad porque hay personas que pasan muchos meses en la cárcel sin ninguna sentencia y muchas veces son inocentes”, consideró la experta, y enfatizó que en el país las prisiones son lugares de hacinamiento en los que a veces “las personas salen conectadas con el crimen organizado”.

Por ello, el Instituto resalta la importancia de que se concrete la instrumentación total de la reforma de la justicia, para que se pueda recurrir a otras herramientas (como la mediación) que no pasen necesariamente por la prisión preventiva.

El estado que presenta mejores niveles de paz es Hidalgo, seguido por Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y San Luis Potosí.

Por el contrario, Guerrero es el estado menos pacífico, y después se encuentran Sinaloa, Morelos, Baja California y Baja California Sur.

Esta última región norteña, comentó De Obeso, “sorprende” porque se ha posicionado entre las más violentas, dado que su tasa de homicidios se ha triplicado debido a, entre otros factores, la delincuencia organizada.

La coordinadora del Instituto aseveró que aunque en los últimos cinco años los delitos asociados al crimen organizado -como las extorsiones y los secuestros- han disminuido, eso no quiere decir que el problema esté superado, sino que ha habido cambios en sus actividades.

Alrededor de 2011 predominaba el fuego cruzado, que dejaba altas tasas de homicidio; más tarde las prácticas de los grupos criminales “migraron” a las extorsiones y “probablemente lo que estamos viendo otra vez son enfrentamientos directos (entre esos grupos) que se cobran en homicidios”, detalló la experta.

Añadió que, en total, 50 % de los homicidios registrados el año pasado están asociados a la delincuencia organizada.

El impacto económico de la violencia ese año fue de 2,12 billones de pesos (unos 134.000 millones de dólares), que equivalen al 13 % del PIB.

“El gasto gubernamental en contención de la violencia sigue ascendiendo (…). Sin embargo, no vemos que se esté reflejando realmente en una reducción” de los crímenes, subrayó De Obeso.

Aproximadamente 90 % de las extorsiones y 83 % de las violaciones en México no se denunciaron ante las autoridades, señala el reporte.

La desconfianza de los ciudadanos guarda relación con las altas cifras de impunidad: mientras que en 2007 había cuatro condenas por cada cinco casos de homicidio, a partir de 2013 se pasó a una sentencia por cada cinco asesinatos.


El informe se realiza a partir de los datos oficiales que conciernen a siete aspectos, entre los cuales se encuentran la eficiencia del sistema judicial, el financiamiento de las fuerzas policiales y los delitos cometidos con armas de fuego. EFE


FUENTE: SIN EMBARGO, EFE.
AUTOR: ISABEL VALLEJO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645245