jueves, 7 de abril de 2016

A 5 años de la masacre en San Fernando, las desapariciones siguen en los caminos de Tamaulipas

Tras la masacre de 72 migrantes, San Fernando se posicionó en el ojo internacional, pese a los operativos de seguridad federales, las desapariciones y secuestros continuaron. Estas son sus historias.

A pesar de que el municipio de San Fernando, Tamaulipas, estuvo ocupado por fuerzas federales y era foco de atención internacional por los escándalos suscitados a partir de la masacre de 72 migrantes en agosto de 2010 y siete meses después del hallazgo de 47 fosas clandestinas con 196 cadáveres de viajeros asesinados por Los Zetas, las desapariciones de personas continuaron.

Las carreteras no dejaron de ser peligrosas: la captura, retención y desaparición de pasajeros no cesaron pese a que la Marina y el Ejército, así como funcionarios de la PGR tenían presencia en la zona debido al levantamiento de los cadáveres.

Evidencia de ello son los casos de Josué Axel y Natanael Arturo Román García, hermanos de 21 y 35 años, quienes fueron secuestrados en un restaurante al pie de la carretera 101, dos días después de la masacre de 72 migrantes ocurrida en el rancho El Huizachal.

Los amigos Daniel Galindo Acosta y Karla Cruz García desaparecieron entre el 20 y 21 de abril de 2011, cuando pasaban por ese municipio con rumbo a Poza Rica, Veracruz, a pesar de que en ese momento el Ejército realizaba las exhumaciones de las fosas clandestinas y la Marina hacía patrullajes.

Las autoridades nunca alertaron sobre el peligroso recorrido, a pesar de las denuncias acumuladas por desapariciones. Los autobuses de pasajeros comerciales tampoco dejaron de vender boletos.

Las intercepciones en las carreteras y la captura de los viajeros se extendieron incluso a otros municipios y estados controlados por Los Zetas.

El guanajuatense Santiago Vázquez García, proveniente de Los Mezquites, Celaya, es otra de las víctimas. Él salió con un amigo, llamado Juan Carlos, el 14 de septiembre de 2011, con destino a Monterrey, Nuevo León, con el fin de tratar de cruzar a Estados Unidos. Pero un día después fueron secuestrados en General Treviño, Nuevo León: zona Zeta, al igual que San Fernando.

En el año 2011 fueron asesinados sin piedad, o capturados y enviados a campamentos, decenas de viajeros que se trasladaban en autos particulares o autobuses por Tamaulipas o Nuevo León.

Estas son tres historias de mexicanos desaparecidos en esos trayectos. Sus familias siguen buscándolos.

Arturo y Axel Román: dos hermanos desaparecidos en San Fernando 

Cuando cerraron la puerta de la cajuela, Axel atinó a mandar un mensaje: “Nos acaban de secuestrar en San Fernando, no hagas nada, si llega a pasar algo solo avísale a mis papás. Gracias, los quiero. A mi me metieron a la cajuela, no me marques ni nada”.


Era la noche del 25 de agosto de 2010. Los hermanos Axel y Arturo Román, de 21 y 35 años, habían viajado desde la Ciudad de México a la frontera con Estados Unidos y comenzaron el regreso a casa. Arturo solía hacer estos viajes desde hacía más de 10 años para comprar y vender patinetas en los tianguis de la capital.

Don Arturo Román, padre de los jóvenes, los esperaba por la mañana del día 26. Como no llegaron, comenzó su búsqueda y el amigo le avisó del mensaje. De inmediato tomó un vuelo para indagar sobre su paradero.

Llegó a Reynosa y condujo hasta San Fernando. No encontró policías en la oficina para pedir auxilio. Tampoco había instalaciones de Servicio Médico Forense en el municipio. Entonces acudió a las cuatro funerarias que había y rogó para que le permitieran ver los cadáveres. En una de ellas encontró los cuerpos apilados en el piso espolvoreados con cal, lo cual daña los restos para identificaciones genéticas. Ninguno de los cuerpos pertenecía a sus hijos.


Después, don Román acudió al restaurante Don Pedro, de donde le llamaron sus hijos por última vez. Ahí supo que llegaron la noche del 25 de agosto a cenar carne asada y, cuando esperaban los platillos, llegó un grupo de  hombres armados a bordo de una camioneta negra y un automóvil gris y se los llevaron. A Arturo lo subieron a la camioneta, a Axel a la cajuela del automóvil. Antes de partir, uno de los delincuentes se llevó la camioneta Gran Caravan donde los hermanos viajaban.
Señor, no le mueva. Mire, ¿ve ese helicóptero sobrevolando ahí? Es un campamento Zeta, pero quien se meta ahí, de ahí no sale, entonces no le mueva.
El restaurante donde secuestraron a sus hijos está ubicado en el libramiento de San Fernando, a menos de 500 metros del cuartel de la Policía Federal, pero nadie los auxilió.


Con esa reconstrucción, don Román se dirigió a la oficina de la Procuraduría estatal en San Fernando, pero no pudo denunciar el secuestro de sus hijos, porque el ministerio público Roberto Jaime Suárez había sido desaparecido por encabezar la investigación de la masacre de 72 migrantes, ocurrida 3 días antes, también en San Fernando. El funcionario apareció muerto en la semana siguiente.

Don Román tuvo que conducir 130 kilómetros hasta Matamoros para poner la denuncia penal, cuyo expediente terminó de vuelta en San Fernando, empolvándose.

Desesperado, sin encontrar apoyo en ninguna parte, acudió ante un retén de marinos, quienes le dijeron: “Señor, no le mueva. Mire, ¿ve ese helicóptero sobrevolando ahí? Es un campamento Zeta, pero quien se meta ahí, de ahí no sale, entonces no le mueva. Aquí no puede hacer nada y está haciendo muchas preguntas, mejor sálgase porque lo van a matar, aquí está la plaza muy caliente ahorita”.

En abril de 2011, cuando se descubrieron las 47 fosas clandestinas con 193 cadáveres en su interior, don Román viajó de nuevo a San Fernando para buscar alguna pista de sus hijos. Con otros cientos de familias reclamó al Servicio Médico Forense de Matamoros ver los cadáveres, pero solo pudo acceder a las fotografías. Durante más de dos horas observó detenidamente cerca de 200 fotos. No reconoció a sus hijos.


Las autoridades le tomaron pruebas de ADN, pero a la fecha, casi cinco años después, no le han dado respuesta alguna.



Daniel y Karla: desaparecidos a pesar de la Marina

Los veracruzanos Daniel Galindo Acosta y su excuñada Karla Cruz García vivían en Reynosa, Tamaulipas. Querían pasar las vacaciones de Semana Santa con sus familias en Poza Rica, Veracruz, así que se organizaron para irse juntos.

Planeaban un viaje tranquilo: a temprana hora del miércoles 20 de abril Karla metió a la agencia el automóvil Avenger, en el que siempre viajaban, para no tener complicaciones mecánicas. Daniel le avisó a su familia que saldrían la mañana del jueves para no tomar la carretera de noche, debido a la inseguridad; sin embargo, ese mismo miércoles les entregaron el auto, terminaron unos pendientes y comenzaron el viaje por la tarde. No llegaron a su destino.

Las familias empezaron con la búsqueda al día siguiente. Preguntaron en casetas, hospitales y cárceles, pero no encontraron pistas.

En la compañía telefónica, alguien les ayudó a revisar los registros de sus celulares: su último movimiento fue en San Fernando.

Luego acudieron a las instalaciones de la Marina, ahí les informaron que el día de los hechos hubo un retén a la altura de San Fernando: pero que los marinos se fueron a las diez de la noche y dejaron sola la carretera, de acuerdo con un familiar que pide el anonimato.

Justo en esos días, en ese municipio seguían los movimientos de militares, marinos y funcionarios de la PGR, así como de periodistas, asignados ahí por el hallazgo de las fosas que se exhumaban.

La denuncia por desaparición fue interpuesta el 23 de abril de 2011 en Reynosa y, al mismo tiempo, en Veracruz, en el municipio de Poza Rica, donde quedó asentada con folio PZR-1/281/2011-III.
A unos días de cumplirse cinco años de la desaparición de Daniel y Karla su caso sigue sin avances.


El horror no se detuvo

A cinco meses del hallazgo de las fosas de San Fernando, el horror para los viajeros continuaba en las carreteras del norte.
El guanajuatense Santiago Vázquez García salió con su amigo Juan Carlos el 14 de septiembre de 2011 de Celaya, con destino a Monterrey, para tratar de llegar a Estados Unidos. Un día después fueron secuestrados en el municipio de General Treviño. 

La última vez que alguien supo de Santiago fue el 19 de septiembre. Un hombre, prisionero como él, lo vio en una bodega amarrado junto a otros 27 hombres que Los Zetas habían  capturado cuatro días antes y que venían a bordo del mismo camión. El hombre pudo escapar e informó lo que vio en un retén militar, donde lo ignoraron.

“Si le hubieran hecho caso sabrá dios qué hubiera pasado”, lamenta María de Jesús García, su madre.

Ella sabe que dos días después, otro hombre logró escapar y regresó malherido a su pueblo para contar lo que había sucedido. Éste aportó la mayor cantidad de datos y dio una posible ubicación de la bodega a la Procuraduría General de la República. Pero María de Jesús dice que no lo escucharon a tiempo.

Cuando la PGR armó el operativo para entrar a la bodega señalada, ésta ya no existía: había sido  derribada. Y no volvió a saberse del resto de prisioneros que habían sido vistos con vida.

Cuatro años después del suceso en General Treviño, la investigación sigue sin avances. María de Jesús cuenta que cuando buscaba a su hijo —al lado de un grupo de familias de jóvenes desaparecidos en el mismo trayecto rumbo al norte— tuvieron una reunión con el subprocurador de Justicia de Celaya, Armando Amaro Vallejo. María lo cuestionó sobre los avances del caso, él se limitó a responder: “Parece que se los hubiese tragado la tierra”.

El 30 de enero de 2012, Enrique Aurelio Elizondo Flores, de apodo “El Árabe” y quien controlaba la zona de Nuevo León para Los Zetas, fue presentado por la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) y confesó por lo menos 75 asesinatos. La mayoría de sus víctimas eran pasajeros de autobuses interceptados entre marzo de 2010 (cinco meses antes de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando) hasta octubre de 2011.

El modus operandi que explicó —según las autoridades— consistía en bajarlos de los camiones, torturarlos, asesinarlos y calcinar los cuerpos.


En la conferencia de prensa que se llevo a cabo el día del anuncio de su captura, el procurador estatal, Adrián de la Garza, sostuvo que esta persona “privó de la libertad y asesinó a decenas de pasajeros de mínimo tres distintos autobuses procedentes de Reynosa, porque supuestamente al menos los 50 ocupantes de uno de los camiones pertenecían a una banda rival”.

Esta fue la misma versión que las autoridades dieron a María de Jesús y a los familiares del grupo con el que viajaba Santiago. En total, la Procuraduría recibió 28 denuncias por desaparición de pasajeros de ese mismo camión. Aunque pueden haber sido más los secuestrados.

La Procuraduría informó a esas familias que el 21 de enero de 2013 encontraron restos calcinados que correspondían a los viajeros desaparecidos.


“Pero son rumores, sólo son rumores”, dice la hermana de María de Jesús, Concha Vázquez, quien hasta ese momento escuchaba en silencio la entrevista.
No voy a dar cristiana sepultura a unas  cenizas que no vayan a corresponder con mi hijo
La familia de María de Jesús insiste en la búsqueda de su hijo. Las demás familias perdieron la  esperanza el día que la Comisión Estatal de Derechos Humanos los mandó llamar a Monterrey para mostrarles un video de la supuesta ejecución de las víctimas. A ella no le permitieron verlo.

“Ese día me quedé esperando a los compañeros pero nunca pasaron por mí, acordaron ir puros hombres y nadie tuvo el valor de ver los videos”. En la Comisión les advirtieron que las imágenes eran sumamente violentas. Les comentaron que los habían mutilado y después asesinado y que en realidad sería difícil reconocerlos porque todos tenían el rostro cubierto.

A pesar de ello, María insiste en que ella reconocería la silueta o las manos de su hijo si le hubieran permitido ver las imágenes. “Yo a lo mejor me hubiera desmayado, me hubiera vuelto loca, lo que dios hubiera querido, pero sí me hubiese gustado ver esos videos para ver si estaba”.

El 6 de diciembre de 2013 entregaron a dos familias las cenizas de dos cuerpos que, resignadas, los recibieron.

“Soy la persona que menos tiene dinero del grupo, pero yo no voy a dar cristiana sepultura a unas  cenizas que no vayan a corresponder con mi hijo”, asegura ella, valiente, a pesar de haber recibido en su hogar visitas “sospechosas” de hombres armados que mintieron diciendo que eran de la PGR.

Fue una vez en marzo, otra en septiembre de 2015. Los primeros dijeron ser de Durango, los segundos de Michoacán. La procuraduría negó que fueran enviados suyos.

La mujer vive una tortura todos los días cuando entra a trabajar en la maquiladora donde laboraba junto a Santiago, a quien ahora ve en sueños: a veces entrando a casa, otras pintando la ropa. A ratos alucina y cree que está cerca. Cuando dice esto sus lágrimas escurren por sus mejillas y mojan su puño cerrado.

“Yo no entiendo porqué las personas de acá ya no hicieron caso —dice—, pero yo seguiré”.


*Masde72.org es un proyecto de investigación realizado por un equipo de periodistas dedicados a investigar las masacres recientes de migrantes. En el sitio se puede consultar información forense de 120 de los cadáveres exhumados de las fosas de San Fernando, leer las historias de algunas víctimas y lo que enfrentan para obtener justicia. Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y con colaboración de Periodistas de a Pie.

FUENTE: PROCESO, #MÁSDE72.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/terror-en-carreteras-de-tamaulipas-historias-de-mexicanos-que-desaparecieron-en-esos-caminos/

Detienen a Enrique Capitaine de “Los Porkys”, giran orden de aprehensión a 9 personas

Xalapa, Ver.- En unas horas la Fiscalía General dará una conferencia de Prensa para informar la detención de uno de “Los Porkys”, Enrique Capitaine, por el delito de pederastía en agravio de la entonces menor Daphne Fernández.

La Fiscalía ejercitará acción penal contra 9 personas mas de ambos sexos por complicidad del ilícito que ha conmocionado al la sociedad veracruzana y a todo el mundo.

La Fiscalía considera que se tienen los elementos de los delitos por lo cuales ejercitar acción penal, entre los coacusados figuran los otros tres Porkys, Gerardo Rodríguez Acosta, Diego Cruz Alonso y Jorge Cotaita Cabrales, así como los amigos del círculo cercano de Daphne Fernández que son 5 a 6 muchachos que acompañaban a la menor el día de los hechos.

Entre los que tienen orden de aprehensión está Ricardo Fernández dueño de la Parroquia 200 años de Veracruz por Coautoría, porque en su oficina se grabaron los audiovisuales.

Mas tarde en Conferencia de Prensa la Fiscalía ampliará la información.

Hace un año Noreste , fue el primer medio que dio a conocer este caso de abuso sexual contra una menor.



Fuente: Noroeste
Autor: Redacción
http://noreste.net/noticia/detienen-a-enrique-capitaine-de-los-porkys/

Incendio consume cerro del Tepozteco sin intervención eficiente de las autoridades

Un incendio forestal registrado en Tepoztlán, Morelos, alertó a los pobladores del pueblo de Santo Domingo, por lo que advirtieron a las autoridades de Protección Civil para que combatiera el fuego sin ningún éxito, pues dejaron que las llamas consumieran la serranía del Tepozteco y se saliera de control.

La conflagración inició el 5 de abril por una quema agrícola, y no fue hasta el miércoles 6 que los brigadistas del gobierno estatal y municipal intentaron extinguirlo, sin realizar despliegue alguno.

Según un comunicado, las autoridades habían reducido hasta en un 80 por ciento el incendio hasta la tarde del miércoles, pero por la noche se intensificó y consumió casi por completo la serranía del Tepozteco, desde San Juan Tlacotenco hasta Santo Domingo.

El combate realizado por las autoridades estatales no se llevó a cabo desde el aire, a pesar de tener dos helicópteros a disposición de seguridad pública, hasta que llegó el apoyo aéreo desde la Ciudad de México.

Ante la fuerza de las llamas, pobladores y grupos como el Frente Juvenil En Defensa de Tepoztlán, solicitaron a los municipios vecinos apoyo para traer materiales como palas, rastrillos y paliacates, pues se habían agotado en las ferreterías del pueblo.



Fuente: Desinformémonos
Autor: Redacción
http://desinformemonos.org.mx/incendio-consume-cerro-del-tepozteco-sin-intervencion-eficiente-de-las-autoridades/

Decir que no hay violaciones de derechos humanos en México sería irreal: CIDH

El comisionado de la CIDH, Enrique Gil dijo que es preocupante que México no reconozca que hay violaciones a derechos humanos, como tortura y desaparición forzada. El país repondió que los informes de la comisión son parciales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a México reconocer que, pese a los avances que se han tenido, hay una crisis de derechos humanos.

El comisionado Enrique Gil Botero dijo que hay una actitud propositiva en México para actuar en el tema, pero añadió que “no se pueden desconocer las propias realidades”.
“Desconocer que hay violaciones a derechos humanos sería quebrantar el principio de realidad”, dijo el comisionado Enrique Gil.

El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas respondió que no está de acuerdo con el informe sobre el estado de los derechos humanos, que es un informe incompleto pues quedaron temas fuera y que solo concuerdan con algunas de las recomendaciones.

Añadió que son las organizaciones criminales y no el Estado el causante de la violencia en el país, por lo que éste ha tenido que hacer frente y reaccionar.

Ruiz Cabañas destacó en la audiencia que la apertura de México ante los comisionados de la CIDH  no puede quedar en duda.

“No hay Estado más abierto frente a la CIDH que el Estado mexicano, somos el Estado que más visitas recibe todo el tiempo, y nosotros solicitamos esta audiencia”.

Estos son los temas en los que las organizaciones de la sociedad civil  y la CIDH cuestionaron a México, durante la audiencia pública de este jueves 7 de abril.

Programa frontera sur

Las organizaciones civiles denunciaron que la aplicación del programa Frontera Sur no protege los derechos humanos, por el contrario militarizó la frontera y dio facultades de verificación migratoria a los elementos castrenses, quienes aplican criterios discriminatorios que afectan más  a niños y mujeres.

Además, se han incrementado las detenciones como resultado de los operativos para el control de fronteras. Esto ha derivado en la saturación de las estaciones migratorias, que han quedado rebasadas, y el deterioro de sus instalaciones.

La respuesta de México

La representación de México dijo que con el Programa Frontera Sur se buscan medidas para dar un trato cada vez más humano a los niños migrantes, y que el Estado mexicano actúa de buena fe, aunque reconoció que hay que hacer mayores esfuerzos en esa materia.

Desaparición forzada

Las organizaciones civiles pidieron a México que incluya nuevamente el capítulo sobre pruebas ilícitas en Ley de desaparición forzada, que dijeron “borró” el presidente Enrique Peña Nieto de la iniciativa que fue enviada al Congreso.

La CIDH también criticó que la secretaría de Gobernación decidiera unilateralmente el término de las funciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), pues debió der la comisión la que lo decidiera.

La respuesta

Sobre esto, Ruiz Cabañas dijo que el problema para llevar un registro es que al momento de presentar la denuncia no se conoce si fue una desaparición forzada o cometida por algún integrante del crimen organizado.

Añadió que con la nueva ley de desaparición forzada que se encuentra en discusión en el Congreso espera que mejore el registro nacional de personas extraviadas, añadió que ya se cuenta con un protocolo homologado y se cuentan con unidades de búsquedas y respuesta.

Estadísticas sobre muertes de civiles

El presidente de la CIDH, James L. Cavallaro, pidió a México que explicara porque a no se cuenta con la estadística de personas muertas y heridas en los enfrentamientos entre marinos y militares contra civiles.

La respuesta

El representante de México dijo que a partir de la reforma al fuero militar ahora estas estadísticas las realiza la PGR ya que cuando hay un enfrentamiento entre militares y civiles es el Ministerio Público federal el encargado de realizar las indagatorias y ya no los tribunales militares.

México se deslinda de desprestigio contra defensores

Luego que el comisionado de la CIDH, Paulo Vannuchi, denunciara que preocupan los ataques que han sufrido defensores de derechos humanos y el GIEI, el representante del Estado mexicano dijo durante la audiencia de la CIDH que ningún funcionario del gobierno mexicano estuvo involucrado en la denuncia presentada contra el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza.

Ruiz Cabañas explicó que la posibilidad que tiene todo ciudadano de presentar una denuncia es una conquista de la sociedad civil en materia de derechos humanos, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar todas las denuncias.

La PGR informó en un comunicado que desechó la denuncia porque no cumplía con los requisitos de procedibilidad pues el particular que lo presentó no tenía derechos sobre los bienes del Estado mexicano.

Las organizaciones de la sociedad civil dijeron que aunque los ataques contra defensores provenían de particulares, pidieron que el Estado mexicano reconozca el trabajo de los defensores de derechos humanos para revertir la tendencia de la criminalización de su labor.


La audiencia completa:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-cidh-pide-a-mexico-reconocer-violaciones-a-derechos-humanos-aunque-destaca-avances/

No al Mando Único en Chéran. “Con lo que tenemos nos basta y nos sobra”: Consejo Mayor de Cherán

Cherán, Michoacán. “No necesitamos el Mando Único, no necesitamos ese tipo de seguridad porque sentimos que con lo que tenemos nos basta y sobra”, fue la respuesta de Pedro Jiménez Ceja, miembro del Consejo Coordinador de los Barrios de la comunidad indígena purépecha de Cherán, en Michoacán, a la tentativa de los gobiernos estatal y federal de incorporar la seguridad comunitaria al acuerdo del Mando Único.

En la sierra purépecha, la comunidad de Cherán es la más resguardada, ya que cuenta un sistema propio de seguridad articulado en la Ronda Comunitaria, la Ronda de Voluntarios y los Guardabosques; lo integran más de 200 personas, y es regulado por el Consejo de Honor y Justicia.

El Consejo de Honor y Justicia es una instancia operativa que forma parte del Consejo Mayor, órgano conformado por representantes de las asambleas de los Barrios y Fogatas, explica Pedro Chávez Sánchez, miembro del Consejo Mayor.

El 10 de marzo 2016, el gobierno de Silvano Aureoles recibió un contundente rechazo por parte del Consejo Mayor de Cherán frente a la propuesta de establecer en la localidad el Mando Único de policías: “como comunidad ratificamos la posición de seguir nuestra organización política en base a la libre determinación, lo cual nos da derecho de ejercer la autonomía en materia de seguridad a través de nuestra Ronda Comunitaria tradicional”, al mismo tiempo que exigen el respeto a sus derechos como pueblo originario.

El Mando Único es un acuerdo de las entidades estatales y federales en materia de seguridad y consiste en quitar a los municipios la responsabilidad de la seguridad pública, que será asumida por una unidad de policía estatal.

Se ha escrito en diversas investigaciones que el Mando Único puede fomentar y profundizar la distancia entre los gobiernos y la población, fortalecer un estado policial, fracturar la soberanía municipal y estatal, fomentar la violación de los derechos humanos y generar una mayor militarización del país.

A principios de marzo, varios medios de comunicación anunciaron que Cherán se adhería a dicho acuerdo. Enedino Santaclara Madrigal, miembro del Consejo Mayor, aclara: “nosotros sabemos que el gobierno nos quiso involucrar al Mando Único, pero nosotros estamos bien definidos, nuestro Mando Único son las Fogatas, las Asambleas de Barrios, esta estructura es nuestro mando.

Tenemos nuestras propias leyes, nuestra forma de organizarnos, nosotros servimos a nuestro mando que es el pueblo. Al gobierno no tenemos que hacerle caso, solo quiere imponer”.

El Mando Único lo quisieron imponer en la comunidad, se consultó a las Asambleas de los Barrios y se dijo “que es preferible confiar nuestra seguridad en nuestra gente” y se ratificó que “al único mando al que se debe obediencia: al pueblo constituido en asamblea”, precisa Rubén Fabián Madrigal, miembro del Consejo de Honor y Justicia.

El 15 de abril del 2011, cuando la comunidad se levantó en contra de la delincuencia organizada, “nos tocó la conciencia, las fibras más íntimas; se creó un sentimiento de autoprotección en la comunidad”, señala Fabián Madrigal.

Antes del 2011 en Cherán existía un caos, ya que la tala de árboles estaba en manos de organizaciones delictivas; en el 2008 esto se agravó de manera alarmante, señala Pedro Chávez Sánchez.

Según los testimonios, entre 2008 y 2011 se contaban más de 200 camiones repletos de madera del bosque que cada día y noche los talamontes bajaban del cerro, con el respaldo del crimen organizado, narra Chávez Sánchez.

“La gente armada se paseaba en la comunidad para burlarse, nos gritaban y amenazaban. Ellos llegaban y saqueaban las tiendas, nosotros no podíamos ni siquiera mirarlos, ni estar en alguna esquina”, recuerda Enedino Santaclara Madrigal, del Consejo Mayor.

A las mujeres jóvenes se les faltaba el respeto, pasaban los carros en fila con gente armada, en las escuelas existían clases y en la calle fiestas, todo con mucho temor de asistir; los comuneros o campesinos no podían ir a trabajar la tierra y menos subir al bosque, rememora Pedro Chávez Sánchez.

A nosotros, expone Chávez Sánchez, “nos tocó ser jóvenes en ese tiempo, pero la rabia y el temor era compartida por todos. Eran las armas que tenían ellos, que hacían sentir su poder y someter a un pueblo. Ahora después del levantamiento nosotros controlamos nuestra seguridad”.

Nuestra seguridad comunal

Los ronderos son los que caminan, los que “rondan por la comunidad” y son elegidos por las Fogatas, “en el movimiento nosotros desarmamos a la policía municipal y tomamos las armas y es ahí donde surge de manera más activa nuestra Ronda Comunitaria”, señala Pedro Chávez Sánchez, miembro del Consejo Mayor.

La comunidad de Cherán está dividida en cuatro Barrios. En cada Barrio se realiza semanalmente una asamblea, misma que nombra el Coordinador del Barrio; entre todos se encargan de la organización de la seguridad y del control en las “barricadas”, puntos de revisión ubicados en las entradas de la comunidad y vigilados por miembros de la Ronda Comunitaria.

El grupo de Guardabosques se encarga de salvaguardar el bosque.
La Ronda Voluntaria está compuesta por comuneros y comuneras, que se organizan en las Asambleas de los Barrios y los fines de semana participan en la vigilancia de los barrios. “No están armados, ellos vigilan las calles y ayudan en las tareas de la Ronda Comunitaria”, explica Pedro Chávez Sánchez.


“Esta Ronda de Voluntarios es una práctica de nuestros antepasados y que hemos retomado”, expone Enedino Santaclara. “Ahora estamos retomando lo de antes, el arma fundamental es que la población tiene la misma convicción de resguardar y cuidarse el uno al otro”.

Entonces ahora se retoma otro modelo de seguridad, antes del movimiento era la policía municipal al mando del Ayuntamiento Constitucional, esa estructura desapareció con el movimiento, explica Rubén Fabián Madrigal.

“El pueblo tomó el control de la comunidad, hubo desaparecidos, asesinados. Por eso, sabemos que la misión de todos es salvaguardar la comunidad”, relata Pedro Chávez Sánchez; “descubrimos la policía local coludida, la policía municipal en contubernio con el crimen organizado y autoridades municipales y locales. Fue hasta que nos levantamos en defensa de nuestra propia vida que voltearon a vernos”.

“Nosotros realizamos nuestra propia seguridad por medios de las Rondas. No quisiéramos vivir lo que viven en otras comunidades con la seguridad del gobierno, porque la gente que integra nuestra seguridad son personas que conocemos; son vecinos, el pintor, el cartero, el de la tienda, aquí todos nos conocemos, y por eso todo participan”, explica el representante comunal Rubén Fabián.


“El Mando Único en nuestra comunidad está en la organización de los barrios, en los coordinadores de fogata. Nosotros al único que reconocemos es al pueblo”, concluyen las autoridades comunitarias.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: JAIME QUINTANA GUERRERO.
LINK: http://desinformemonos.org.mx/91797-2/

Senadores piden “libertad absoluta” para abogado al que PGR le sembró pistola

Paulo Díez fue detenido en septiembre pasado, luego de que un grupo de agentes le sembraran un arma.

Senadores presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a que determine el no ejercicio de la acción penal y decrete la libertad absoluta de Paulo Díez, abogado de Infraiber, al que agentes de la PGR le sembraron una pistola en septiembre del año pasado, con el fin de detenerlo.

El documento recuerda que el Ministerio Público “mantiene abierta la averiguación previa contra Paulo Díez, por el falso delito de portación de arma de fuego”, pues hasta ahora no se ha determinado el no ejercicio de la acción penal.

Los senadores sostienen que en el intento de detención -que duró unas horas- está involucrada OHL, con quien Infraiber mantiene un conflicto legal y público.


El punto de acuerdo y el comunicado que envió Infraiber a los medios:

20160406122317571.pdf by Aristegui Noticias:



Comunicado Infraiber 070416 by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0704/mexico/senadores-piden-libertad-absoluta-para-abogado-al-que-pgr-le-sembro-pistola-documento/

Conflicto por rutas de mototaxis puede generar conatos de violencia en Atenco, EdoMéx

Conflicto entre mototaxistas del municipio de Atenco y “auto transportes Ixtlixochitl” pudiera provocar un conato de violencia de no llegar a acuerdos para que se respeten las rutas de pasaje.

El representante de la Unión de moto taxistas; Lázaro Huerta Pajaro denunció el que la colocación de mantas de la línea de transporte “Ixtlixochitl” donde anuncian la ampliacion de la ruta Texcoco – Acuexcomac es una provocación.

Ademas de que dicho anunció cae en contrariedad ya que aun no se les ha autorizado por parte de movilidad terrestre del Gobierno Estatal.

Mencionó que son 65 moto taxista los que recorren esa ruta la cuál quiere ser invadida por auto transportes “Ixtlixochitl” y no lo van a permitir pero dijo estar abiertos al diálogo ya que “todos tenemos derecho a trabajar”.

Ademas anunció la creación de la Unión oriente del Estado de México de moto taxistas.

Cabe destacar que en la reunión realizada por la administración municipal y los moto taxista acordaron el “no autorizar la ampliación de la ruta Ixtlixochitl “así como el que el gobierno municipal da el apoyo a la union de moto taxista para solucionar este problema.


Fuente: Contrapapel Noticias
Autora: Claudia Bautista Justo
https://contrapapelnoticias.wordpress.com/2016/04/05/conflicto-por-rutas-de-mototaxis-puede-generar-conatos-de-violencia-en-atenco/

CIDH: “Altas autoridades” de México están detrás del “ataque cobarde” contra Álvarez Icaza

El día de ayer, tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron al Gobierno de México a contrarrestar activamente “la actual campaña de difamación” en contra de defensores de derechos humanos y lamentaron el que el GIEI  haya sido objeto “de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.

Paulo Vannuchi, integrante de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), condenó la demanda en contra del Secretario Ejecutivo de ese organismo, Emilio Álvarez Icaza Longoria, la cual calificó de “cobarde” y lamentó que la Comisión sufriera “ataques por parte de altas autoridades del Estado mexicano”.

“Ya se provocó un daño irreparable a la persona de nuestro Secretario Ejecutivo, Emilio, y un poco cobarde, porque debía ser un ataque a la Comisión. Todo el trabajo de Emilio fue en nombre de los comisionados”, dijo Vannuchi durante la audiencia “Situación de los Derechos Humanos en México”.

En el marco de esta audiencia que lleva a cabo en el 157 periodo de sesiones de la CIDH en Washington, representantes de organizaciones civiles también manifestaron su preocupación por “la campaña de ataques y desprestigio” contra asociaciones civil y defensores de derechos humanos. Dijeron que “si organismos internacionales son atacados, imaginemos lo que viven organizaciones en zonas rurales”.

En respuesta, Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, aseguró que “no hay nadie del Gobierno mexicano” involucrado en la campaña en contra de Álvarez Icaza, ni en contra de la CIDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuva en la investigación del caso Iguala, o defensores de derechos humanos.

“No fue nadie del Gobierno de México, ningún funcionario del Gobierno de México tuvo nada que ver en la denuncia penal en contra del Secretario Ejecutivo de la CIDH, ni mucho menos fue un ataque a la CIDH de parte del Gobierno de México”, aseguró Ruiz Cabañas.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR) inició el pasado 22 de marzo la averiguación previa contra el Secretario Ejecutivo de la CIDH a raíz de la denuncia interpuesta por el Consejo Ciudadano por la supuesta “conducta antisocial” de Álvarez Icaza en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. La demanda fue desechada el pasado 5 de abril.

El presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, acusó Álvarez Icaza de haber cometido fraude al Gobierno mexicano de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares al no cumplir con el acuerdo en el que, como parte de la investigación del caso Iguala, “la CIDH enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario”.

La Comisión Interamericana dijo en días pasados que la averiguación previa iniciada por la PGR contra Alvarez Icaza era “temeraria e infundada”. Además, condenó “la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.

Este día, el Subsecretario de Relaciones Exteriores explicó que la Procuraduría explicó que al tratarse de una denuncia formal, la PGR tenía la obligación legal de revisarla. Sin embargo, dijo, fue desechada por que no cumplía con los requisitos y no por una cuestión política.

Ruiz Cabañas insistió que el Gobierno de México no está detrás de lo que se ha denunciado como una campaña de desprestigio en contra de defensores de derechos humanos o instancias internacionales.”México es una sociedad compleja y democrática, y hay libertad de expresión y es un derecho humano fundamental, y en esa libertad de expresión hay que respetar la opinión de todos”, dijo.

El día de ayer, tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron al Gobierno de México a contrarrestar activamente “la actual campaña de difamación” en contra de defensores de derechos humanos y lamentaron el que el GIEI  haya sido objeto “de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.

Mediante un comunicado de prensa fechado en Ginebra, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; el relator sobre libertad de opinión y de expresión, David Kaye; y el relator sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai hicieron el llamado “en el contexto de una ola de críticas en diversos medios mexicanos contra defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y miembros de organismos internacionales de derechos humanos”.

Los relatores dijeron que estas críticas y campañas de difamación sólo empeoran el clima para la promoción y protección de los derechos humanos en México. Recordaron que en el último mes, “a través de una campaña mediática”, varios defensores y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han sido acusados de fraude y corrupción, de defender presuntos delincuentes y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura.


Los relatores dijeron a su vez que varias organizaciones nacionales e internacionales y expertos involucrados en la investigación del caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, incluido el Grupo de Expertos Independientes de la CIDH, “han sido objeto de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones”.

FUENTE: LA JRONADA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645278

Inflación de 0.15% en marzo: Inegi

Ciudad de México: El crecimiento mensual promedio de los precios al consumidor en marzo del año en curso fue de 0.15 por ciento, la menor tasa de elevación observada en 8 meses, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El crecimiento en la cotización de los servicios turísticos en paquete fue el genérico que tuvo mayor incidencia en el alza general de precios durante el tercer mes del año, indicó el organismo. Como si por el tipo consumo la población de México hubiera mutado de migrante a viajante.

En su trayectoria de marzo de 2015 al mismo mes de 2016, la inflación anual fue de 2.60 por ciento, desde un ritmo de aumento de 2.87 por ciento registrado en febrero de este mismo año, precisó el Inegi.

Esa desaceleración inflacionaria de marzo, se presentó con todo y que ese mes los precios de los alimentos del campo, frutas y verduras, reportaron una tasa de incremento anual de 20.87 por ciento; una proporción siete veces más elevada que la inflación general.

Los productos y servicios que por su consumo tuvieron mayor incidencia en el crecimiento general de precios de marzo respecto a febrero, fueron los servicios turísticos en paquete, con una alza de 9.17 por ciento y una incidencia de 0.049 puntos; el limón, con 38.21 por ciento de encarecimiento y 0.035 unidades de contribución a la inflación del mes, así como la vivienda propia, con una alza de 0.20 por ciento y una incidencia de 0.027 puntos.

En el lado opuesto, los productos y servicios que con sus reducciones hicieron mayor contrapeso a la inflación mensual, figuraron: la cebolla, con un desplome de 21.82 por ciento; el jitomate, con un abaratamiento de 7.15 por ciento y la gasolina de bajo octanaje, la cual disminuyó 0.59 por ciento su precio respecto a lo que se pagaba por ella en febrero de este año.

Por el lado de la inflación anual, el índice subyacente, aquel que elimina de su medición a los precios y tarifas de mayor volatilidad en sus precios, registró en marzo un incremento de 2.76 por ciento, mayor a la de 2.45 por ciento de un año antes, debido al impacto de la devaluación del peso frente al dólar corrida en los últimos 12 meses.

Hacia su interior, el rubro de las mercancías se elevó a 3.23 por ciento en marzo, desde otra tasa anual de 2.60 por ciento en el mismo mes de 2015; en tanto que el apartado de servicios reportó una elevación anual de 2.37 por ciento, desde otra de 2.32 por ciento hace un año.

En cuanto a la inflación no subyacente, en cuyo cálculo se consideran los productos y servicios de mayor volatilidad en sus precios, el índice correspondiente marcó en marzo un aumento anual promedio de 2.12 por ciento, desde otro de 5.29 por ciento en el mismo mes de 2015.

Los precios de los productos agropecuarios registraron un aumento anual de 6.21 por ciento en marzo, como resultado de una alza promedio de 20.87 por ciento en las frutas y verduras y una reducción de 1.26 por ciento en las carnes de animal.

El rubro de “energéticos y tarifas autorizadas por gobierno” reportó un decrecimiento anual de 0.37 por ciento en marzo, desde una elevación de 3.52 por ciento hace un año.


La caída anual de precios de ese rubro registrada en marzo, precisó el Inegi, fue resultado del abaratamiento anual de 2.19 por ciento en los energéticos, combinado con un encarecimiento de 3.13 por ciento en las tarifas autorizadas por gobierno.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JUAN ANTONIO ZUÑIGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/07/inflacion-de-0-15-en-marzo-inegi

#Másde72: Las víctimas del pacto de silencio en las carreteras

CELAYA, Gto. (apro).- Rosa Rodríguez de Lara se mantiene pegada al auricular hasta por 20 minutos aunque solo se escuche silencio. Asegura que del otro lado quien sostiene el teléfono es Paco, su hijo desaparecido en marzo del 2011.

Tras el secuestro de su hijo Francisco, Rosa recibe “misteriosas” llamadas desde diferentes claves de lada. Ella las interpreta como una señal de que él está vivo, aunque sólo descuelgue el celular y no escuche voz alguna.

Para Rosa no es casualidad que la llamen en ocasiones especiales como el día de las madres o navidad. Ella le habla, le dice cuánto lo extraña, le dice que vuelva. Nadie responde.

Francisco Lara Rodríguez fue forzado a bajar del autobús Ómnibus donde viajaba acompañado de varios conocidos el 24 de marzo del 2011, a la altura de San Fernando, Tamaulipas, por una célula de Los Zetas coludida con policías municipales. El había salido de la ciudad de Guanajuato en la corrida de las 19:50 horas.

Francisco Lara tenía 24 años en ese entonces. Iba acompañado de una persona que fue testigo de cómo un grupo de hombres con el rostro cubierto bajaron a varios pasajeros que parecían elegidos al “detinmarín”. Pensaba que al rato lo iban a soltar. La persona, como el resto de los pasajeros, siguió el trayecto hasta la frontera. Ahí lo esperó sin éxito.

“Bajaron a puros hombres jóvenes. Iba un señor ‘más grande’ pero a él no lo bajaron”, asegura Rosa, en su casa en Salamanca. Ella fue informada por la persona sobreviviente de lo ocurrido. Otros tres guanajuatenses fueron capturados con su hijo; entre ellos el coyote que los ayudaría a cruzar. También varios centroamericanos, aunque no tiene datos precisos de cuántos ni de que nacionalidad.

Su destino era Reynosa, de ahí, el coyote los cruzaría a Estados Unidos.

Lo que la madre sabe es que cuando entraban a San Fernando, cerca de las 7 de la mañana, una camioneta se acercó al autobús, lo interceptó y hombres armados subieron para seleccionar a sus víctimas. Primero les pidieron que salieran para revisarlos. Los esculcaron. Vieron sus identificaciones. Después les ordenaron recoger su equipaje: estarían retenidos.

Cuando Francisco abordó de nuevo, su acompañante intentó bajar con él. Alcanzó a decirle: “Tú quédate ahí”. El camión siguió su camino dejando atrás a varios pasajeros, “como si nada hubiera pasado”.

Entrevistada en su domicilio una tarde de domingo, Rosa recrea la escena con agobio, cómo si reviviera en cada palabra una escena que nunca presenció: “A mí esto no se me olvida, eso yo lo traigo, me acuesto con eso. A mí eso no se me borra, para nada se me borra”.

Al poco tiempo del secuestro, los sobrevivientes sintieron un poco de alivio: una patrulla de la policía municipal se dirigía hacia ellos. El policía subió para preguntarle al chofer “¿Y ahora a cuántos te bajaron?” El conductor le pasó una lista con los nombres y el funcionario se limitó a pasear por los asientos. Pidió a los pasajeros dinero para “su refresco”. Y se fue.

Nunca nadie más volvió a ver a los hombres que fueron forzados a bajar. Una semana después, en abril de 2011, en San Fernando, Tamaulipas, comenzaron a descubrirse cadáveres enterrados en fosas clandestinas con 196 cadáveres.

En respuesta inmediata al hallazgo de las 47 fosas, el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Morelos Canseco Gómez, relacionó a las víctimas con dos secuestros de pasajeros ocurridos el 24 y 29 de marzo de ese mismo año en la zona. Uno de los días que desapareció Francisco.

Pero la captura y desapariciones de viajeros no fueron sólo esa semana. Por lo menos siete meses el gobierno mexicano cedió a Los Zetas el control de los caminos que llevan a la frontera. Los integrantes de la célula criminal apostada en ese municipio bisagra, paso obligado para llegar a las ciudades de Matamoros o Reynosa, cual si fueran dioses ebrios definieron todo ese tiempo a quién permitían el paso, a quién secuestraban, a quién mataban.

La desgracia tocó especialmente a varones, jóvenes, mexicanos y extranjeros, que viajaban en autobuses o en autos particulares y que a sus verdugos les parecieron sospechosos. Sospechosos de haber sido reclutados –o con posibilidad de ser reclutables– por el cártel rival, el Cártel del Golfo, que dominaba las dos ciudades fronterizas donde desembocaba esa carretera.

Operaron siempre con el apoyo de toda la corporación de seguridad pública municipal. Nunca se ha informado el papel que jugó durante esos tiempos de barbarie el alcalde en turno Tomás Gloria Requena, hoy delegado nacional de la CNC. Aún no queda claro por qué la Marina, la Policía Federal y el Ejército no intervinieron a pesar de que tenían presencia en la zona.

Aunque familiares de las personas desaparecidas en ese municipio pusieron denuncias recurrentes y avisaron a las autoridades estatales y federales de lo que ocurría, éstas nunca advirtieron del embudo mortal en que se había convertido esa carretera. No previnieron a los viajeros para que dejaran de utilizar esa ruta. No hicieron nada para evitar más muertes. Fallaron en su función de brindar seguridad a los ciudadanos.

El 27 de abril de 2011, el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré dio una conferencia de prensa en la que recriminó los delitos a las autoridades estatales. Señaló la colusión de los policías municipales en los crímenes y su complicidad en estas desapariciones que, muchas veces, terminaron en masacres. Justo 21 días después del hallazgo de las fosas.


No desaparecieron, se los llevaron
“Para nosotros es muy evidente que los querían reclutar”. Rosa está convencida. “Cuando me dicen no sé qué de los desaparecidos yo les respondo es que no son desaparecidos, se los llevaron”.

La madre conserva el boleto de autobús Ómnibus con folio: TCH00852219. Se lo dio la persona sobreviviente. Tiene una leyenda que dice: Este boleto ampara el seguro de viajero.
“Ya había sabido que secuestraban los autobuses, muy poco sabía pero sí, pero lo raro es que casi todos los autobuses que secuestraban eran de esta línea de autobuses, llegué a escuchar que pararon lo más seguro a tres de la misma marca”.

A cinco años de la desaparición de su hijo Rosa sigue sin tener noticias de su paradero. Sólo esas llamadas “misteriosas”, cada tanto, que alimentan su fe de que su hijo está vivo y en el silencio intenta decirle que lo sigue buscando.

Hasta abril de 2014, la PGR había citado a declarar a 34 choferes de autobuses y dos representantes legales de líneas de transporte (uno de ellos de Ómnibus), así como cinco empleados de centrales camioneras, quienes son considerados testigos en la investigación de las fosas clandestinas. Uno de ellos declaró que desde que comenzaron a registrase los secuestros avisó al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Tamaulipas para que avisara a la PGR, pero nadie intervino.

Hasta hace dos años 67 personas estaban presas y 16 habían sido liberadas. Se desconoce cuál fue el destino de los 17 policías municipales acusados de colaborar con Los Zetas. Muchas madres, como Rosa, siguen sin conocer el paradero de sus hijos.



Fuente: Proceso
Autora: Maricela Turati
http://www.proceso.com.mx/436181/las-victimas-del-pacto-silencio-en-las-carreteras

Derechos humanos le estorban a la Ley que impulsan PRI, PAN y PRD, denuncian grupos civiles

El dictamen establece que cuando el Presidente considere que se afecta el orden social puede solicitar la suspensión o restricción de garantías en determinado lugar y por un determinado lapso de tiempo. Un proceso que contará con el aval en menos de 24 horas del Congreso, si se encuentra reunido, y de la SCJN para validar su constitucionalidad.

Organizaciones civiles que conforman la plataforma Por México Hoy acusaron al Congreso de la Unión de pretender dejarlas fuera de la discusión del proyecto de ley sobre los estados de excepción, aprobada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), cuyo contenido actual, dijeron, es violatorio de los derechos humanos.

En una conferencia de prensa en el Senado, los representantes de las organizaciones acusaron que después de recibir un análisis del Doctor Raúl Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, al dictamen que ya fue aprobado en la Comisión de Gobernación, se determinó que concibe a los derechos humanos como un obstáculo para garantizar el orden público y no la situación.

“Esto es un asunto muy grave, es decir, los derechos humanos son el obstáculo que hay que atacar para lograr el control de una situación determinada. Por eso es importante que los órganos encargados por velar por el respeto de derechos humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncien”, dijo Félix Hernández, integrante de Por México Hoy.

El dictamen establece que cuando el Presidente considere que se afecta el orden social puede solicitar la suspensión o restricción de garantías en determinado lugar y por un determinado lapso de tiempo. Un proceso que contará con el aval en menos de 24 horas del Congreso, si se encuentra reunido, y de la SCJN para validar su constitucionalidad.

Hasta ahora, el artículo 29 de la Constitución establece que hay derechos humanos que el Estado no puede suprimir, aun cuando se declare la supresión de garantías a raíz de una causa que perturbe el orden social.

Sin embargo, la argumentación citada en el dictamen aprobado, si bien reconoce derechos elementales, también apunta excepciones: “No es descartable que ciertos derechos humanos puedan ser suspendidos o restringidos en su ejercicio, pero en todo caso, deberá existir una razón legítima fundamentada”, describe el documento –al que SinEmbargo tuvo acceso– en la página 8.


Legisladores de oposición han insistido que la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional abre la puerta para que las autoridades violenten de distintas formas al menos 15 derechos de la ciudadanía. El documento con el que se pretende reglamentar el Estado de excepción abonaría a la permanente violación de las garantías individuales en el país, han dicho.



Por su parte, Osmar León, representante del Estado de México dentro de la plataforma, explicó que la llamada Ley “Eruviel” aprobada el pasado 17 de marzo representa un riesgo para las protestas ciudadanas, y da vía libre para que la represión de las fuerzas de seguridad.

El Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificó de maniobra política el reciente anuncio del Gobernador Eruviel Ávila Villegas de solicitar al Congreso del estado que solicite una controversia inconstitucional a la propia Ley que el Gobernador propuso.

“Es una maniobra para ver si a lo mejor la Suprema Corte de Justicia termina por aprobarla”, apuntó.

En la conferencia los senadores del PRD, compararon esta Ley con la “Ley bala” del Gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle. “Esta ha sido un desastre y dejado víctimas”, dijo el Senador Luis Sánchez Jiménez.

Por su parte, León expuso que la creciente oposición de parte de la ciudadanía a la Ley “Eruviel” crece, en tanto que la ley supuso un periodo de 90 días para entrar en vigor. Anunció que habrá una ola de amparos ciudadanos. Y una propuesta al Congreso local para que se derogue esta ley: “de tal forma que sería como empezar en una página nueva”.


Las organizaciones recordaron que tanto la ley que pretende reglamentar el artículo 29 constitucional como la Ley “Eruviel” se adhieren a una antigua petición para se realicen reformas legales que integren a la ciudadanía en las discusiones de las leyes. Por lo que exhortaron a la Cámara de Diputados a que se realicen foros para este tipo de leyes y que además se sometan a un referéndum.



La legislación que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México permite el uso de armas letales “cuando sea estrictamente inevitable”, así como de esposas rígidas, semirrígidas, candados de pulgares y cinturones plásticos; de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente. También avala el uso de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias irritantes en aerosol.

La Ley busca definir los casos en los que las policías mexiquenses podrán intervenir para restablecer el orden en desalojos, embargos, además en los centros de readaptación social. La Ley detalla también que el uso de la fuerza pública podrá aplicarse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y que se vuelvan violentas.

Por ejemplo, el artículo 8 faculta el uso de armas letales a los agentes policiacos en casos “estrictamente inevitables”.


“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”, detalla el artículo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645344

Narco, zetas y paramilitares, la nueva realidad en Chiapas

En los últimos años –desde que el PVEM y el PRI llegaron a la gubernatura– la violencia vinculada al crimen organizado se desató en Chiapas. Los Zetas protagonizan la lucha por plazas estratégicas, multiplican la distribución de droga y amplían su repertorio delictivo; todo, impunemente. Y no es la única señal de descomposición durante el gobierno de Manuel Velasco: grupos paramilitares de infame memoria como Paz y Justicia, Los Chinchulines y MIRA han resurgido al amparo del poder político.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (Proceso).- En el norte, Los Altos y la frontera de Chiapas con Guatemala se desató una pelea entre grupos del crimen organizado de la que muy pocos quieren hablar. Se trata de zonas a las cuales ni siquiera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se mete, pues las bandas criminales se han fortalecido al fundirse con paramilitares e integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La vida en algunas de las comunidades indígenas de estas zonas cambió radicalmente. Entre los jóvenes indígenas aumentó la adicción a la cocaína y el crack que circula en sus pueblos, comunidades o colonias, como la famosa Hormiga –a las afueras de San Cristóbal de las Casas–, conocida porque ahí se venden drogas, armas y autos robados.

Un hecho reciente exhibió la virulencia en la batalla por el control del territorio. El 17 de julio de 2015 fue reportada la desaparición del activista Toni Reynaldo Gutiérrez López en el municipio de Tila a manos de policías municipales y civiles armados. Una semana después, fue encontrado muerto con huellas de tortura, la cara desollada y sin ojos.

Magaly del Carmen Cruz Pérez, esposa de Gutiérrez, y habitantes de Tila han denunciado la presencia de Los Zetas y de paramilitares en esta parte del estado. También lo han hecho los sacerdotes Blas Alvarado, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, y Marcelo Pérez, de Simojovel, quienes acusan al gobernador Manuel Velasco –quien llegó al poder en diciembre de 2012 como abanderado del PVEM y del PRI– de intentar ocultar la presencia de la delincuencia organizada en Chiapas para no ensombrecer sus pretensiones de lanzarse como candidato a la Presidencia de la República en 2018.

El desvanecimiento

Desde 1994, la atención pública sobre Chiapas se concentró en el EZLN, luego de la declaración de guerra que lanzó al Estado mexicano. Pero ya desde entonces era evidente la presencia de poderosos grupos del narcotráfico en la entidad.

En mayo de 1993, Joaquín Loera Guzmán fue capturado por primera vez en la frontera de Guatemala y Chiapas. Hubo versiones de que el jefe del Cártel de Sinaloa se paseaba por San Cristóbal de las Casas (Proceso 867). En 2010 se reportó nuevamente su presencia en el municipio de Villa Flores y, más recientemente, después de su segunda fuga, fue visto por Comitán tras haberse escapado de un operativo de la Marina en Tamazula, Durango, donde se había refugiado (Proceso 2033).

Luis Alonso Abarca González, del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (DH-DO), sostiene en entrevista que el asesinato de Toni Reynaldo es una señal clara de la presencia de grupos del narcotráfico, como Los Zetas, que están peleando el control de la zona al Cártel de Sinaloa y sus aliados del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El activista social observa que, a partir de las elecciones municipales del año pasado –en las cuales el PVEM, partido del gobernador Manuel Velasco, se llevó 57 de las 122 alcaldías en disputa–, hubo un repunte de la presencia de grupos paramilitares, como Paz y Justicia, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Los Diablos, Los Gómez y Los Petules, entre otros, que se han vinculado con el narcotráfico y la trata.

“Se trata de la disputa por plazas estratégicas en la lógica de la delincuencia organizada. Pretenden controlar Comitán y Frontera Comalapa por su cercanía con Guatemala y por el corredor que va desde Comitán hasta Palenque, para el movimiento y trasiego de drogas y armas.

“En Tila, por su cercanía con Tabasco, está una nueva ruta migrante. En Nueva Esperanza se menciona que hay gente que se dedica al tráfico de migrantes y que tiene protección del ayuntamiento.

“Ése es el contexto de violencia. Y ahora hablamos de la reactivación de un grupo paramilitar, pero con componentes distintos a 1994, porque entonces surgió para contener al EZLN y evitar que la gente simpatizara o se sumara a él. Ahora se le agrega el factor de delincuencia organizada y un reordenamiento territorial con intereses de minería y petróleo.”

De acuerdo con el mapeo que hacen algunas organizaciones, los brotes de violencia han ocurrido en Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tila, Palenque, Ocosingo, Marqués de Comillas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, El Bosque, Oxchuc y San Cristóbal de las Casas –otrora áreas de influencia del EZLN.

Pero ahora los zapatistas se han replegado o sólo mantienen posiciones de alerta, señala Luis Alonso Abarca González, del DH-DO.

–¿Qué ha pasado con el EZLN? –se le pregunta.

–En Tila el EZLN se ha mantenido al margen, pensamos que ya no tiene un papel significativo en la región. Hay bases de apoyo, pero se han reducido drásticamente en los últimos años. Ahí han avanzado grupos paramilitares y de la delincuencia organizada. Vemos que el EZLN está en una situación de impasse o de repliegue indefinido. Ya no tiene la fuerza que tuvo hasta 1998 o 1999.

Incluso en la región de Las Cañadas, observa, donde el EZLN nació en 1983, el zapatismo ha mantenido un silencio total y no se ha pronunciado respecto del narcotráfico.

“Hay total hermetismo y, de repente, lo único que se sabe es que hay ciertos roces en las comunidades. Recuerdo una anécdota que me decía un compañero: el impacto del avance del narco lo puedes ver por el tipo de grupo musical que llega a Las Cañadas, incluso en comunidades zapatistas. Antes era impensable que fueran grupos como banda Maguey, Calibre 50 o El Komander.”

El Ejército, recuerda, declaró que destruyó mil hectáreas de amapola en Las Cañadas, pero él considera que esa afirmación sólo intentó vincular al zapatismo con el crimen organizado.

–El crimen organizado ha tenido presencia desde hace tiempo en Chiapas, ¿pero está resurgiendo? –se le inquiere.

–Sí, pero el componente nuevo es que hay un fin estratégico: el control del territorio. Hay interés en apropiarse de los recursos mineros, por el agua, por los recursos de la selva y por la frontera.

–¿Los Zetas?

–En el caso de Tila hay pintas del Z-40 y el Z-42. En San Cristóbal hay pintas de MS-13, de los Mara Salvatrucha 13. Estos grafitis coinciden con el cambio de las rutas de los migrantes, porque el ferrocarril de Tapachula y Ciudad Hidalgo fue cerrado y la gente se está internando hacia el centro. San Cristóbal está en el camino y el corredor sigue hacia San Juan Chamula, Bochil, Pueblo Nuevo y Tabasco. La otra ruta es de San Cristóbal a Ocosingo, Yajalón y Tila, hacia Tabasco.

Asevera que en Pueblo Nuevo Solistahuacán hay grupos criminales que son parte del gobierno, y que bandas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación también buscan entrar.

Frontera Comalapa, indica, es una plaza estratégica porque hace frontera con Guatemala. Está controlada por Los Zetas.

“Desde 2009 el gobierno de (el entonces mandatario perredista) Juan Sabines reconoció en un informe que Chiapas estaba controlado por Los Zetas, y por eso no había violencia. Pero creemos que hoy con el PVEM hay un cambio y una disputa de nuevos grupos. Esto reactivó la violencia aparentemente paramilitar. Creemos que hay más cosas detrás, que hay delincuencia organizada como en otras partes del país, y que no se trata de casos aislados.”

Paramilitares y narcos

En Chiapas, los grandes grupos del crimen organizado se fusionaron o aliaron con bandas locales –cuyo origen se remonta al paramilitarismo que el gobierno de Ernesto Zedillo impulso en 1996 contra el EZLN.

El párroco de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Blas Alvarado Jiménez, coordinador regional de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos (Limeddh) y fundador del albergue de migrantes conocido como La 72, en Tenosique, Tabasco, advierte en entrevista que Manuel Velasco quiere ocultar a los paramilitares por convenir a sus aspiraciones presidenciales.

“Los grupos que podríamos llamar oriundos seguramente se han relacionado con algún cartel fuerte que los financie. Tienen cuernos de chivo, armas que perforan blindajes… Y no se dedican sólo al narcotráfico, sino que cobran cuotas para que la gente pueda seguir trabajando. Ya han quitado cafetales, quemado casas y desplazado familias completas a otras comunidades.”

–¿Hay presencia de zetas? –se le pregunta.

–Sí, vienen del norte de Chiapas, de Reforma, Pichucalco, de la zona de Teapa. Esa gente trabaja y maneja la zona de los migrantes allá en Tenosique y está incursionando en el norte de Chiapas. Los Zetas no sólo manejan armas y secuestros, también las drogas y el tráfico de personas. En realidad Los Zetas están en todos lados acá, por el sureste.

El 1 de enero de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH-BC) denunció que el PVEM está vinculado con el grupo paramilitar Paz y Justicia en Tila y Sabanilla (norte de Chiapas), municipios que ganó en las elecciones de junio de 2015.

“Paz y Justicia nunca fue desmantelado como tal. Desde la década de los noventa hasta la del 2000 realizaron acciones ofensivas, y la estructura nunca fue desarmada”, acusó entonces Jorge Luis Hernández, coordinador del Área de Incidencia del CDH-BC.

Luis Alonso Abarca González, del DH-DO, indica que los vecinos de Tila aseveran que los traficantes de personas tienen protección del ayuntamiento.

En ese municipio, ejidatarios adherentes al EZLN han denunciado al exalcalde Linder Gregorio Gutiérrez Gómez; a su esposa, la diputada local por el PVEM Sandra Luz Cruz Espinoza, y al actual munícipe, Leopoldo Édgar Gómez Gutiérrez, de formar parte de Paz y Justicia.

En esta región, acusan, siguen operando los rescoldos de otra agrupación paramilitar conocida como Los Chinchulines, mientras que, en la selva, el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), fundado por los hermanos María Gloria y Norberto Santiz, ahora está vinculado con el tráfico de migrantes.

Las adicciones

Los cárteles también han multiplicado la distribución de droga entre los jóvenes indígenas.

“En Tila ya es una constante, los jóvenes no sólo consumen mariguana, también cocaína. Además vemos un cambio en la aspiración de los muchachos. Ahora quieren trabajar en el crimen organizado, y esto se ve incluso en San Cristóbal de las Casas”, señala Luis Alonso Abarca.

Marcelo Pérez, presbítero de Simojovel, ha sido amenazado por Juan y Ramiro Gómez –exalcaldes priistas conocidos como Los Gómez–, vinculados con el tráfico de armas y estupefacientes. En entrevista, reconoce el problema de adicción a los enervantes en las comunidades indígenas.

“Simojovel y Pueblo Nuevo ya se volvieron mercados. En Simojovel está el grupo de Los Diablos, que ha atemorizado a la población, ha causado desplazamientos y hace poco mató a dos personas”, Además, abunda, cobra derecho de piso a los comerciantes.

Denuncia que, de hecho, él ya fue amenazado e incluso supo que esa banda ofrece “mucho dinero” para que lo maten.

El párroco de Pueblo Nuevo, Blas Alvarado, confirma el consumo de coca y crack en los pueblos indígenas, no sólo del norte sino en el centro de Chiapas: “Las drogas duras ya están entrando. Antes la cocaína era la máxima, ahorita ya venden piedra y toda esa porquería. Hay muchachitos de 12 años, de secundaria, entrándole al crack.

–¿Eso en Tila? –se le inquiere.

–No solamente ahí, también en Los Altos, en toda la zona de San Juan Chamula…

–¿Por qué todo esto se está manteniendo en silencio?

–Porque hay intereses grandes metidos ahí, y estas gentes que manejan las drogas duras son gentes que financian las cuestiones políticas. Han creado un ambiente de terror, y nadie se mete, de tal manera que ellos van a terminar agarrando el control de todo, ellos van a poner y quitar autoridades, ellos van a controlar todo.



Fuente: Proceso
Autor: José Gil Olmos
http://www.proceso.com.mx/436192/narco-zetas-paramilitares-la-nueva-realidad-en-chiapas