CELAYA, Gto. (apro).- Rosa Rodríguez de Lara se mantiene pegada al auricular hasta por 20 minutos aunque solo se escuche silencio. Asegura que del otro lado quien sostiene el teléfono es Paco, su hijo desaparecido en marzo del 2011.
Tras el secuestro de su hijo Francisco, Rosa recibe “misteriosas” llamadas desde diferentes claves de lada. Ella las interpreta como una señal de que él está vivo, aunque sólo descuelgue el celular y no escuche voz alguna.
Para Rosa no es casualidad que la llamen en ocasiones especiales como el día de las madres o navidad. Ella le habla, le dice cuánto lo extraña, le dice que vuelva. Nadie responde.
Francisco Lara Rodríguez fue forzado a bajar del autobús Ómnibus donde viajaba acompañado de varios conocidos el 24 de marzo del 2011, a la altura de San Fernando, Tamaulipas, por una célula de Los Zetas coludida con policías municipales. El había salido de la ciudad de Guanajuato en la corrida de las 19:50 horas.
Francisco Lara tenía 24 años en ese entonces. Iba acompañado de una persona que fue testigo de cómo un grupo de hombres con el rostro cubierto bajaron a varios pasajeros que parecían elegidos al “detinmarín”. Pensaba que al rato lo iban a soltar. La persona, como el resto de los pasajeros, siguió el trayecto hasta la frontera. Ahí lo esperó sin éxito.
“Bajaron a puros hombres jóvenes. Iba un señor ‘más grande’ pero a él no lo bajaron”, asegura Rosa, en su casa en Salamanca. Ella fue informada por la persona sobreviviente de lo ocurrido. Otros tres guanajuatenses fueron capturados con su hijo; entre ellos el coyote que los ayudaría a cruzar. También varios centroamericanos, aunque no tiene datos precisos de cuántos ni de que nacionalidad.
Su destino era Reynosa, de ahí, el coyote los cruzaría a Estados Unidos.
Lo que la madre sabe es que cuando entraban a San Fernando, cerca de las 7 de la mañana, una camioneta se acercó al autobús, lo interceptó y hombres armados subieron para seleccionar a sus víctimas. Primero les pidieron que salieran para revisarlos. Los esculcaron. Vieron sus identificaciones. Después les ordenaron recoger su equipaje: estarían retenidos.
Cuando Francisco abordó de nuevo, su acompañante intentó bajar con él. Alcanzó a decirle: “Tú quédate ahí”. El camión siguió su camino dejando atrás a varios pasajeros, “como si nada hubiera pasado”.
Entrevistada en su domicilio una tarde de domingo, Rosa recrea la escena con agobio, cómo si reviviera en cada palabra una escena que nunca presenció: “A mí esto no se me olvida, eso yo lo traigo, me acuesto con eso. A mí eso no se me borra, para nada se me borra”.
Al poco tiempo del secuestro, los sobrevivientes sintieron un poco de alivio: una patrulla de la policía municipal se dirigía hacia ellos. El policía subió para preguntarle al chofer “¿Y ahora a cuántos te bajaron?” El conductor le pasó una lista con los nombres y el funcionario se limitó a pasear por los asientos. Pidió a los pasajeros dinero para “su refresco”. Y se fue.
Nunca nadie más volvió a ver a los hombres que fueron forzados a bajar. Una semana después, en abril de 2011, en San Fernando, Tamaulipas, comenzaron a descubrirse cadáveres enterrados en fosas clandestinas con 196 cadáveres.
En respuesta inmediata al hallazgo de las 47 fosas, el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Morelos Canseco Gómez, relacionó a las víctimas con dos secuestros de pasajeros ocurridos el 24 y 29 de marzo de ese mismo año en la zona. Uno de los días que desapareció Francisco.
Pero la captura y desapariciones de viajeros no fueron sólo esa semana. Por lo menos siete meses el gobierno mexicano cedió a Los Zetas el control de los caminos que llevan a la frontera. Los integrantes de la célula criminal apostada en ese municipio bisagra, paso obligado para llegar a las ciudades de Matamoros o Reynosa, cual si fueran dioses ebrios definieron todo ese tiempo a quién permitían el paso, a quién secuestraban, a quién mataban.
La desgracia tocó especialmente a varones, jóvenes, mexicanos y extranjeros, que viajaban en autobuses o en autos particulares y que a sus verdugos les parecieron sospechosos. Sospechosos de haber sido reclutados –o con posibilidad de ser reclutables– por el cártel rival, el Cártel del Golfo, que dominaba las dos ciudades fronterizas donde desembocaba esa carretera.
Operaron siempre con el apoyo de toda la corporación de seguridad pública municipal. Nunca se ha informado el papel que jugó durante esos tiempos de barbarie el alcalde en turno Tomás Gloria Requena, hoy delegado nacional de la CNC. Aún no queda claro por qué la Marina, la Policía Federal y el Ejército no intervinieron a pesar de que tenían presencia en la zona.
Aunque familiares de las personas desaparecidas en ese municipio pusieron denuncias recurrentes y avisaron a las autoridades estatales y federales de lo que ocurría, éstas nunca advirtieron del embudo mortal en que se había convertido esa carretera. No previnieron a los viajeros para que dejaran de utilizar esa ruta. No hicieron nada para evitar más muertes. Fallaron en su función de brindar seguridad a los ciudadanos.
El 27 de abril de 2011, el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré dio una conferencia de prensa en la que recriminó los delitos a las autoridades estatales. Señaló la colusión de los policías municipales en los crímenes y su complicidad en estas desapariciones que, muchas veces, terminaron en masacres. Justo 21 días después del hallazgo de las fosas.
