CIUDAD DE MÉXICO: Con pancartas alusivas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto fue recibido en Alemania por unos 30 manifestantes que le exigieron luchar contra la impunidad y al unísono le gritaron: “asesino”. La protesta se realizó esta mañana frente al museo Martin Gropius Bau, donde Peña Nieto y el presidente alemán, Joachim Gauck, inauguraban la exposición “Los mayas: el lenguaje de la belleza”, con la que se dio inicio al Año Dual México-Alemania. Los inconformes portaban pancartas en las que se recordaba a los desaparecidos, y colocaron en una acera 43 pares de zapatos en memoria de los normalistas de Ayotzinapa, mientras gritaban “Fue el Estado”.
Mañana, frente a la sede del Gobierno, donde el Ejecutivo mexicano tiene previsto entrevistarse con la canciller Angela Merkel, se realizará otro acto de protesta “contra las desapariciones y la tortura” en México, organizado por Amnistía Internacional (AI). En un comunicado, AI denunció el uso “extendido” de la tortura entre la policía y los militares mexicanos, sin miedo a ser perseguidos judicialmente, y también recordó que, según cifras oficiales, hay 27 mil personas desaparecidas en México.
Desde la semana pasada, colectivos integrados por mexicanos y personas de diversas partes del mundo rechazaron la vista de Peña Nieto a Alemania, Dinamarca y Países Bajos, y destacaron los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán y Tierra Blanca como un ejemplo de que las autoridades están involucradas en diversos delitos.
Esta mañana el presidente mexicano fue recibido con honores militares por su homólogo alemán Joachim Gauck, luego de lo cual colocó una ofrenda floral ante el monumento a las víctimas de la guerra y las dictaduras en la Neue Wache, en pleno corazón histórico de Berlín. Por la tarde, luego de un almuerzo de trabajo con la canciller Angela Merkel, al que también están invitados representantes del sector industrial y empresarial, volará hacia Hamburgo, donde será recibido por el alcalde de esa ciudad-Estado y sede del principal puerto de Alemania, Olaf Scholz. Al día siguiente Peña Nieto continuará su viaje a Copenhague para efectuar la primera visita de un jefe de Estado mexicano a Dinamarca. En un posicionamiento, los colectivos de activistas en Europa condenaron que esos países otorguen legitimidad a la forma de gobernar de Peña Nieto cuando bajo su mandato México “se ha hecho más pobre, violento, injusto y corrupto”. “Durante el periodo presidencial de Peña Nieto han desaparecido alrededor de 26 mil 500 personas y ha habido más de 57 mil homicidios dolosos; 22 periodistas han sido asesinados y han aparecido 125 fosas comunes por todo el país”, destaca el posicionamiento. Destaca, asimismo, que de los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ostenta el primer lugar en el índice de percepción de la corrupción, “lo cual es demostrable con el nuevo caso de los Panama Papers, en los que se descubrió el uso de empresas offshore por parte del contratista Juan Armando Hinojosa, el vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia Noriega, y del presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, tres empresarios muy ligados a la Presidencia y a Enrique Peña Nieto”. Agrega: “Repudiamos el trato preferencial, motivado por intereses económicos, con el que fue recibido el mandatario en Londres y París, exigimos un posicionamiento público y oficial por parte de la Unión Europea respecto de la situación en México”. Los colectivos también demandaron que en apego a lo estipulado en los tratados comerciales, las naciones europeas aborden los temas de derechos humanos, corrupción y justicia en México durante las visitas de Estado. “Los invitamos a comparar los discursos del presidente Peña Nieto con los datos duros de la realidad mexicana”, expresaron.
Los colectivos que firmaron el pronunciamiento son: Catalunya contra la impunitat (Catalunya), Latir por México (Francia), Bordamos por la paz Paris (Francia), Colectivo Ciudadanos Belgicanos (Bélgica), Nodo MXM (Madrid, España), Colectivo Saving Mexico (Países bajos), Casa del Corazón. Voten Etxea (Euskal Herria, Estado Español), Manchester for Ayotzinapa (Reino Unido), Justice Mexico Now (Reino Unido), Mexico Sheffield Solidarity (Reino Unido), Alerta! Lateinamerika Gruppe Düsseldorf (Alemania) y Solidaritè Pour le Mexique (Strasbourg, Francia). FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/436581/asesino-gritan-a-pena-nieto-en-alemania
CIUDAD DE MÉXICO: A partir de este lunes, la Procuraduría General de la República (PGR) difundió la segunda parte de la versión pública de la averiguación previa sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Esta segunda parte se puso a disposición del público en general seis meses después de que la primera se puso en línea para su consulta abierta. La PGR informó en un comunicado que la integración de la segunda parte de la versión pública del expediente del caso Iguala consta de 48 mil 583 fojas divididas en 69 tomos y 14 anexos. Su elaboración llevó alrededor de dos meses y en ella participaron poco más de 30 servidores públicos.
El testado de la información clasificada fue apegado a lo ya verificado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y al debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables. La totalidad de la segunda parte de la versión pública está disponible para descarga en línea en formato PDF. En caso que la persona interesada requiera acceder al expediente de forma física, así como solicitar copia simple o certificada del mismo, puede realizar una solicitud de acceso a la información a través del sistema Infomex. La primera parte fue publicada el 10 de octubre de 2015 y es más extensa: consta de 85 tomos y 13 anexos que contienen alrededor de 54 mil fojas.
Baja recaudatoria y en producción y costo del petróleo, entre las razones: SHCP. Se proyecta que el déficit fiscal como proporción del PIB disminuya de 3 a 2.5% el año próximo.
A alrededor de 283 mil 400 millones de pesos asciende el monto de los recursos que dejará de recibir el sector público mexicano en 2017 debido a la disminución de la producción del petróleo y a un menor precio del crudo y del gas natural, así como a una baja en la recaudación de ingresos no tributarios, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los cálculos oficiales, sobre los cuales se elaboraron los llamados precriterios de política económica para 2017, consideran una caída de ingresos por 227 mil 200 millones de pesos respecto del monto previsto en la Ley de Ingresos de la Federación de 2016, debido fundamentalmente a la disminución de la producción de petróleo, así como a un menor precio del crudo y el gas natural. Contemplan también una menor captación de ingresos propios por 13 mil 800 millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad y otras entidades de control directo, a consecuencia de la reducción en las tarifas eléctricas asociadas y un menor costo en la generación de luz. Además, se calcula una percepción menor, por 42 mil 400 millones de pesos, en la captación de ingresos no tributarios, como reflejo del efecto de ingresos que, por única ocasión, se espera recibir en 2016. En total la caída de los ingresos presupuestarios brutos de la Federación en 2017 ascenderá a unos 283 mil 400 millones de pesos, respecto de los contemplados en la Ley de Ingresos 2016, según las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En contrapartida, los expertos en finanzas públicas del gobierno federal calcularon también un incremento de alrededor 165 mil 100 millones de pesos en la recaudación de impuestos en 2017, debido al efecto de la mayor actividad económica. De tal manera que la reducción neta de los ingresos presupuestarios de la Federación el año próximo podría ser de 118 mil 200 millones de pesos. Al respecto, especialistas del Banco Santander México recordaron que durante 2015 la producción de petróleo registró una caída anual de 6.7 por ciento. Apuntaron que la producción de crudo, promedio diario durante marzo, implicó un descenso de 4.1 por ciento respecto del volumen obtenido en el mismo mes de 2015. Con ello, apuntaron, la producción diaria de petróleo durante el primer trimestre de 2016 fue de 2 millones 232 mil barriles en promedio, volumen 3 por ciento menor al reportado en el primer cuarto del año anterior. Sin embargo, la variable de ajuste determinante para alcanzar las metas de balance de las finanzas públicas será el gasto programable, el cual, para su cálculo, incorpora el efecto de la evolución esperada de la recaudación federal participable, determinada a su vez por los ingresos, así como por los compromisos de pagos inerciales implícitos en el nivel de diferimiento de pagos y la deuda pública, las tasas de interés y el tipo de cambio. Se pretende que el déficit fiscal, como proporción del producto interno bruto (PIB), disminuya de 3 por ciento en 2016 a 2.5 por ciento en 2017. Para ello se requiere que la meta de déficit presupuestario para el año próximo, sin considerar la inversión de alto impacto económico y social, sea menor en 218 mil 100 millones de pesos respecto del monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. Eso representa una disminución anual de 5 por ciento en términos reales. Al considerar la inversión en proyectos de alto impacto, precisan los cálculos oficiales, el techo del gasto neto presupuestario pagado disminuye en 203 mil 600 millones de pesos en relación con lo aprobado en 2016, 4.2 por ciento. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: JUAN ANTONIO ZUÑIGA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/11/calculan-caida-de-283-mil-millones-de-ingresos-en-2017
Dependencias han tenido que regresar más de $63 millones.
Como parte de la fiscalización del presupuesto federal, entre 2009 y 2014 distintas dependencias del gobierno, organismos, estados y municipios han tenido que devolver 63 mil 237.4 millones de pesos; en ese periodo prevaleció la práctica de incrementar el costo de las obras adjudicadas a empresas privadas, así como la subcontratación como método para eludir las licitaciones públicas. En su análisis al informe de la cuenta pública 2014, que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados refirió que al 5 de febrero se había reportado una recuperación de 6 mil 116.1 millones de pesos, de los 42 mil 702 millones que se presentaron como irregularidades en el gasto de ese año. La UEC –órgano de la cámara revisor de la ASF– informó que en los dos primeros años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto las recuperaciones ascienden a 12 mil 692.6 millones, y el resto a los últimos cuatro del sexenio de Felipe Calderón. El documento señala que en los procesos de adquisición dos elementos propician riesgos: cuando la entidad a la que se adjudican los contratos no posee la capacidad técnica para cumplirlos, y el exceso en el límite permitido de subcontratación, que es de sólo 49 por ciento. ‘‘Así, los niveles altos de subcontratación resultantes no están sujetos a las medidas de control que se establecen en un proceso de licitación, y por ende se propician incentivos para actuar con discrecionalidad’’, expuso. Señaló que se detectaron prácticas irregulares, que llegan a una subcontratación al ciento por ciento, sobreprecios, pruebas insuficientes de la realización de trabajos contratados y proveedores comunes.
Presentó como ejemplos de la subcontratación a las universidades de El Carmen, Autónoma del estado de México y Autónoma del estado de Morelos, en contra de las cuales la ASF determinó recuperaciones probables por mil 157.6 millones, 120.4 millones y 13 millones de pesos, respectivamente, que corresponden a distintos contratos que les fueron asignados, pero que cedieron a empresas privadas. Además alertó que es práctica común que las obras públicas se entreguen a la iniciativa privada, y que si bien las figuras de licitación o adjudicación directa se aplican para intentar que el costo y calidad de las construcciones sean los mejores para el Estado, al final no ocurre así. ‘‘Se observan problemas recurrentes en obra pública en torno a los procesos de planeación, contratación y ejecución de los trabajos; modificaciones al proyecto ejecutivo original, ocasionando incrementos importantes en el monto de inversión o prórrogas en los plazos de contratación, ejecución y puesta en operación, con la consecuente repercusión social y económica de no contar con las obras y servicios en el plazo y monto contratados, y limitaciones en el control y supervisión de los proyectos’’, indicó la UEC. Refirió que ante ese panorama la ASF ha propuesto a la Cámara de Diputados aprobar una ley general de obra pública, que imponga un control estándar, para dar solidez técnica y rigor administrativo a los procesos de contratación. La UEC expuso que de la cuenta de 2014 aún quedan por aclarar 42 mil 702 millones de pesos, que podrían exigirse si los entes auditados no presentan la documentación comprobatoria del gasto.
Detalló que de las recuperaciones de ese año la mayoría corresponden al sector Hacienda, con 16.9 por ciento; Comunicaciones y Transportes, 25.5, y del Fondo de Apoyo a la Educación Básica, 18.4 por ciento. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ENRIQUE MÉNDEZ. LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/11/politica/004n1pol
CIUDAD DE MÉXICO: Con la reforma energética aprobada nos fue prometido un cambio sustancial en el sector: un mayor, mejor, más económico y más seguro acceso de los mexicanos a los beneficios que esa industria genera; que bajarían los precios de la oferta energética para todo tipo de consumidor; que habría mayores volúmenes disponibles tanto de hidrocarburos como de capacidad de generación eléctrica, y que dicha oferta sería más confiable, segura y de mayor calidad. La promesa es que eso se alcanzaría liberando al sector, por fin, de todos los males derivados del populismo –plasmado en el dominio nacional íntegro de la riqueza petrolera y eléctrica y hecho efectivo principalmente por medio de dos brazos del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– y de la supuestamente onerosa y parasitaria carga de los trabajadores no solamente en la operación, sino en la conducción de la industria energética. A poco más de tres años de aprobada la reforma constitucional, es palpable que, en lo referente a la producción petrolera, se buscaba más que nada sobreexplotar los yacimientos en la mayor medida posible y exportarlos en masa también con la mayor rapidez posible. Toda vez que con la reforma se trataba de ejercer un cambio, resulta obligado señalar que nada de esto es nuevo. El rasgo definitorio de la supuestamente novedosa política petrolera resulta ser el mismo que se puso en marcha desde el sexenio de José López Portillo.
A diferencia de las medidas de racionalización de las reservas petroleras aplicadas desde entonces por las grandes potencias capitalistas, principalmente Estados Unidos, el gobierno de López Portillo optó por la exportación alegre de crudo, política que fue criticada constante y agriamente por el ingeniero Heberto Castillo, quien solía afirmar que detrás de cada barril de petróleo crudo exportado a Estados Unidos se iban nueve mexicanos detrás a ese país en busca de empleo. Así, en vez de cambiar de rumbo o al menos reformar el paradigma seguido desde los años setenta del siglo pasado, éste se reforzó y se dio la bendición jurídica a la extracción desmedida de petróleo para convertirla en capital líquido, en divisas, principalmente dólares estadunidenses, para financiarizarlo, como se expresa en la jerga económica neoliberal que aún domina. Lo sucedido en los más de tres años transcurridos a partir de la aprobación de la mal llamada “reforma” no ha sido sino un afianzamiento práctico, financiero, político y jurídico de extracción irracional y exportación a mansalva de los preciados hidrocarburos que se tornó tradicional desde que Cantarell, descubierto en 1974, entró en operaciones en 1979. Otro aspecto de las promesas de la “reforma energética” que no se corresponde con la realidad es el magro aumento de las reservas observado hasta ahora. Aun cuando se aseguró que éstas se ampliarían enormemente, ello no ha ocurrido; más todavía, cada vez se vuelve más difícil reponer con nuevos descubrimientos el petróleo extraído, es decir, elevar la llamada “tasa de reposición de reservas”. En este sentido, nuevamente la realidad nos lleva a observar una situación que no ha corregido, enderezado ni reformado el modelo petroenergético instituido desde hace 35 años, sino que lo ha reforzado. En lo que toca al gobierno de Enrique Peña Nieto, no son aceptables los argumentos de que el desplome del precio internacional del petróleo y la incertidumbre geopolítica en el mercado internacional del crudo dieron al traste con gran parte de las expectativas prometidas: haber hecho “las cuentas de la lechera” sobre variables que México no controla es una justificación inaceptable. Lo único cierto es que el modelo petrolero extractivista, irracional y cortoplacista se toparía tarde o temprano con variaciones y retos inevitables en una industria mundial como es la petrolera. Haber confiado en que el modelo privatizador o liberalizador a mansalva llevaría al mejor cuidado de nuestros recursos y a que los inversionistas privados generaran nuevo valor agregado de manera gradual, además de reemplazar así la participación en la renta petrolera perdida por el Estado, no puede entenderse sino como una ilusión. La creciente deuda de Pemex y del sector público no son casualidades ni fatalidades, sino resultantes de la aplicación persistente de un liberalismo dogmático al que se sumaron la ineficiencia y buenas dosis de corrupción que dicho modelo ampara en el desempeño distorsionado de la acción pública, la permisividad de la acción privada, o ambas combinadas. Y, para colmo de todo, es obligado señalar que Pemex sigue siendo rentable antes de impuestos, pese a que los precios del barril de la mezcla se ha llegado a cotizar en casi 20 dólares por unidad. Ni qué decir de la entrega del proceso “río abajo” o downstream de la industria a los agentes privados, que abarca todas las actividades posibles en todas las áreas: exploración, extracción, distribución, almacenamiento, refinación, procesamiento petroquímico y comercialización. Por ejemplo, en 2015 México alcanzó el nivel más alto de importación de gasolinas de toda su historia, cercano a 130 millones de barriles –que integraron 60% de su consumo–, contra casi sólo 40% de gasolina producida en el país; conjunto de gasolinas que ahora será comercializado en nuestro mercado interno por particulares, quienes se beneficiarán con un mínimo riesgo y esfuerzo. Es el caso de Oxxo y Gulf, entre otras compañías.
A más de tres años de haber sido aprobada y puesta en marcha la tan aplaudida “reforma energética”, encontramos que la aplicación de las mismas viejas políticas –las cuales han erosionado al sector energético nacional en beneficio de intereses privados nacionales y extranjeros– están dejando promesas incumplidas, fracasos, nuevos y mayores riesgos y decenas de miles de desempleados. Vino viejo en odres nuevos… l FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN JOSÉ DÁVALOS, *ELIESER MORALES (ANÁLISIS). LINK: http://www.proceso.com.mx/436386/petroleo-una-reforma-depredadora * Profesores de la Facultad de Economía de la UNAM e integrantes del Foro Petróleo y Nación.
CUERNAVACA, Mor: El pasado viernes 8 Francisco Eduardo Cruz Peña, residente de esta capital, presentó una denuncia contra el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo y otros funcionarios del ayuntamiento por el delito de “defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, por un monto superior a los tres millones de pesos.
La denuncia, cuya copia obra en poder de este medio, considera que “el ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos no realizó el pago de enteros correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal del año 2016, por un total de $3,003,741.00”. El denunciante hace referencia a informaciones periodísticas en las que se da cuenta de la detención del extesorero de Cuernavaca, Nelson Torres Mondragón, quien habría omitido pagar tres millones 258 mil pesos en 2011, lo que dice, derivó en la causa penal 42/2015 en el Segundo Juzgado de Distrito del Decimo Circuito Judicial, la que sirvió para detener en Quintana Roo al exfuncionario y trasladado al penal de Atlacholoaya, Morelos, en marzo pasado. Entre las notas cita la publicada por este medio el 21 de marzo pasado: “Detiene la PGR a extesorero de Cuernavaca por defraudación fiscal”. La denuncia se presenta contra el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, contra la síndica municipal Denise Arizmendi Villegas, el secretario general Roberto Carlos Yáñez Moreno, el secretario técnico (representante legal del exfutbolista) José Manuel Sáenz, el regidor presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo, Pedro Linares Manuel y el actual tesorero Alejandro Villarreal Gasca. El denunciante asegura en su documento que los funcionarios “causaron prejuicio a la Hacienda Pública de la Federación”, y luego cita los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación para sustentar los supuestos delitos: “comete delito de defraudación fiscal quien (…) omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal”, es decir, quien omita total o parcialmente “los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio”. La denuncia fue presentada a las 12 horas del pasado viernes 8 de abril en la Oficialía de Partes de la Procuraduría General de la República (PGR) en Cuernavaca, Morelos. Segunda denuncia No es la primera renuncia que se presenta contra Cuauhtémoc Blanco en los 100 días de su gobierno en Cuernavaca. Hace exactamente un mes, el 10 de marzo, la regidora del Partido Social Demócrata (PSD), Amelia Fernández Aguilar, solicitó al alcalde de Cuernavaca dar trámite a la denuncia ciudadana presentada en su contra y de cuatro de sus colaboradores por realizar obras de reencarpetamiento con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con la edil, el ciudadano que se mantiene en el anonimato hasta ahora demanda “que la Contraloría municipal investigue y presente un informe ante el Cabildo sobre las condiciones en las que se han realizado las obras de reencarpetado (pavimentación) en el municipio de Cuernavaca”, mismas que de acuerdo con los dichos del alcalde, se han hecho por medio de donaciones de empresas. Por ello además, se pide “transparentar el supuesto convenio de donación inexistente y se dé vista al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Morelos para su investigación y para que, en caso de existir alguna irregularidad, se actúe conforme a derecho corresponda”. Fernández Aguilar es madre de Erick Yair Salgado, exlíder del PRI en Cuernavaca y personaje muy cercano al exalcalde capitalino Manuel Martínez Garrigós, quien fuera uno de los principales aliados de la campaña y el equipo de Blanco Bravo, pero que luego rompieron de manera violenta. Salgado ha sido acusado de utilizar la presencia de su madre en el Cabildo para obstaculizar las acciones y programas de Blanco. Los otros funcionarios señalados en la denuncia, además del alcalde son: el secretario general del ayuntamiento, Roberto Yáñez Moreno; el tesorero municipal Alejandro Villarreal Gasca; así como el titular de la Secretaría de Obras Públicas. Los delitos que dan sustento a la denuncia son “administración, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso de la función pública en perjuicio del erario del ayuntamiento” de Cuernavaca.
La regidora Amelia Fernández Aguilar es madre del exdirigente del PRI en Cuernavaca, Erick Salgado Fernández, brazo derecho del exalcalde capitalino Manuel Martínez Garrigós, uno de los aliados de Cuauhtémoc Blanco durante la campaña, pero que luego del triunfo fue hecho a un lado, lo que propició un rompimiento que se materializó en una guerra desde fuera del gobierno y, particularmente, dentro del cabildo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JAIME LUIS BRITO. LINK: http://www.proceso.com.mx/436555/denuncian-a-cuauhtemoc-blanco-fraude-fiscal
GUADALAJARA, Jal: A más de un año del ataque contra agentes de la Gendarmería Nacional registrado en el municipio de Ocotlán, donde fallecieron cinco integrantes de esa corporación, autoridades federales informaron de la detención de un expolicía relacionado con esos hechos. El exagente fue identificado como Abraham Pérez Munguía, de 26 años de edad, presuntamente relacionado con una célula del CJNG que enfrentó a los agentes de la gendarmería en el referido municipio de Ocotlán, en la región Ciénega, y una población localizada a menos de media hora de La Barca, donde fueron halladas decenas de narcofosas en los límites entre Jalisco y Michoacana, en los bordes del río Zula, a finales de 2013. En el mes de noviembre de ese año, dos policías federales de nombres René Rojas Márquez y Gabriel Quijadas Santiago fueron “levantados” mientras hacían labores de investigación en la zona, motivo por el cual se realizó un operativo policíaco para tratar de ubicarlos. Fue entonces que autoridades federales descubrieron decenas de fosas clandestinas al borde del río Zula de donde extrajeron osamentas y cuerpos en estado de descomposición.
Con relación al ataque contra agentes de la Gendarmería en Ocotlán (en 2015), las autoridades federales establecieron que el expolicía Pérez Munguía reconoció “trabajar para un grupo delictivo con sede en el estado de Jalisco” y haber participado en el ataque donde fallecieron los cinco integrantes de la Gendarmería. En esa fecha tres presuntos sicarios fueron abatidos por las balas de los uniformados y al menos dos civiles perdieron la vida en medio del fuego cruzado o al ser alcanzado por las balas en forma accidental. La detención de ese expolicia se logró después de una serie de indagatorias y recorridos de “inteligencia operativa” en la región de la Ciénega, según la referida corporación. La captura se llevó a cabo en el domicilio del exagente municipal, en una finca localizada en la colonia El Fuerte, en el mismo municipio de Ocotlán.
El detenido fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de México.
Los padres de Uriel Pérez y Luis Humberto Morales estarán este lunes en la Ciudad de México para demandar que las autoridades federales atraigan el caso. Denuncian que a casi un mes del caso, la Fiscalía veracruzana no les ha dado información sobre sus hijos.
Familiares de Uriel, Luis Humberto y Jesús Alán, desaparecidos el pasado 19 de marzo en el municipio de Papantla, al norte del estado de Veracruz, temen que el caso se quede en el olvido y en la impunidad cuando restan apenas seis días para que se cumpla un mes del suceso sin que, hasta ahora, haya ninguna pista del paradero de los jóvenes. A pesar de que van ocho policías municipales presos, incluyendo el comandante de seguridad pública de Papantla, acusados por la Fiscalía veracruzana de haber desaparecido forzadamente a los jóvenes y de entregarlos al crimen organizado, Blanca Ninfa Cruz, madre de Uriel Pérez, denunció que las investigaciones para encontrar a su hijo “van muy lentas”. “Queremos que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto le entre a este caso y que apoye en la búsqueda de nuestros muchachos, porque tememos que la investigación se están quedando estancadas en Papantla”, dijo en entrevista con Animal Político Blanca Ninfa, quien informó que este lunes 11 de abril se trasladará a la Ciudad de México para exigir a las autoridades federales que atraigan el caso luego de que, a 24 días, la Fiscalía de Veracruz no haya informado de ninguna pista del paradero de los tres jóvenes. Humberto Morales, padre de Luis Humberto, también viajará a la capital mexicana para demandar el apoyo del Gobierno de la República. “Ya han pasado muchos días y no hay nada de nada en nuestro caso. No nos han informado ni de una pista”, lamentó en entrevista el padre del joven de 18 años de edad, y amigo “de toda la vida” de Uriel Pérez, joven de 19 años que ocasionalmente trabajaba como ‘moto-tortillero’ y taxista en Papantla.
“Le pedimos al Gobierno Federal que busquen a nuestros hijos, que los encuentren, y que quienes hayan hecho esto lo paguen –insistió por su parte Blanca Ninfa Cruz-. No queremos que el caso se quede en el olvido. Porque, independientemente de que los muchachos aparezcan muertos, seguiremos luchando hasta que todos los culpables paguen por el daño que nos han hecho”.
Por su parte, Alberto Ticante, hermano de Jesús Alán Ticante, de 24 años y egresado de Ingeniería en la Universidad Veracruzana, no viajará por el momento a la Ciudad de México, pero también demandó la intervención del Gobierno Federal en el caso.
“Necesitamos más gente y por eso le pedimos al presidente Peña Nieto que nos ayuden con rastreos aéreos y con más personal que apoye la búsqueda. Porque pasan los días y seguimos con esta angustia de no tener ninguna respuesta”, dijo a Animal Político el pasado 8 de abril. Las claves del caso Papantla 1.- El 19 de marzo, Uriel Pérez y su amigo Luis Humberto Morales salieron entre las ocho y las nueve de la mañana de su casa a bordo de un automóvil rojo para ir a ver a la novia de Uriel. De acuerdo con el testimonio de ésta, en el coche también viajaba un tercer joven de nombre Noé. 2.- Según contó Blanca Ninfa Cruz, varias patrullas comenzaron a seguir el auto de su hijo porque éste había tomado y discutido con su novia. “Al darse cuenta de que lo seguían las patrullas, mi hijo trata de escapar y comienza una persecución” que terminó con varios disparos en las llantas. 3.- La novia de Uriel contó que atestiguó los hechos y que vio que tras bajar a los jóvenes del auto, los presuntos policías municipales los sometieron, les taparon la cabeza, y los subieron a una patrulla sin que se haya vuelto a tener noticias de ellos. 4.- El tercer joven, según varios testigos, consiguió escapar de los policías. Blanca Ninfa dijo a Animal Político que ella y su nuera vieron a Noé en su casa una noche después de la desaparición de los jóvenes. Poco después, Blanca Ninfa asegura que el muchacho abandonó Papantla. 5.- Jesús Alán Ticante salió de su casa alrededor de las 8:30 de la mañana del 19 de marzo para ir a visitar a su abuela. Media hora después, Jesús Alan le habló a su abuela para decirle que ya faltaban pocos minutos para que la viera. Sin embargo, nunca llegó. 6.- Aunque en un principio se manejó que la desaparición de Jesús Alán fue un hecho aislado del caso de Uriel y Luis Humberto, su hermano Alberto Ticante admite que creen que se produjo “una terrible confusión”, ya que éste pudo haber sido “levantado” por los elementos policiacos “creyendo que se trataba de Noé”, el tercer joven que viajaba en el coche y que se escapó de las patrullas. 7.- A pesar de esta hipótesis, Alberto explica que para su familia “el principal sospechoso” de la desaparición de Jesús Alán es otro policía municipal cuyas iniciales son M.O.G., contra quien presentaron formalmente un denuncia el pasado 21 de marzo ante el Ministerio Público de Papantla, con número de folio UIPJ/DUIII/5/338/2016. 8.- Este policía local es el padrastro de la novia de Jesús Alán, quien “tan solo un par de semanas antes” habría agredido verbalmente y físicamente al joven, según la denuncia de la familia Ticante. 9.- A pesar de esta denuncia, Alberto Ticante señaló que las autoridades ministeriales no han llamado a declarar al policía municipal para interrogarlo por su posible relación con los hechos del 19 de marzo. 10.- El 3 de abril, un juez dictó la orden de formal prisión contra ocho policías municipales, incluido el comandante de la Secretaría de Seguridad Pública de Papantla, por este caso. Sin embargo, por ahora, no se tiene ninguna pista del paradero de los tres jóvenes.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes tiene 20 millones de pesos para operar en 2016; ese monto es inferior a lo que gastan otros órganos de Gobernación sólo en salarios.
El compromiso del gobierno federal de proteger a la infancia del país no tiene fondos. El órgano que se creó para coordinar las políticas públicas a favor de 39 millones de niños, niñas y adolescentes apenas recibió, por decreto, lo que se gasta cada año en nómina y prestaciones. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se instaló —como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Gobernación— en diciembre de 2015, un año después de que el presidente, Enrique Peña Nieto, promulgó la ley en la materia. El órgano inició operaciones sin estar contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año; por lo que Gobernación le entregó 20.8 millones de pesos que recuperó en septiembre de 2015 tras la abrogación de la Comisión para la Seguridad de Michoacán. Es decir, los 20.8 millones que no gastó la Comisión de Michoacán antes de su desaparición y que fueron añadidos al presupuesto de Gobernación, se destinaron a la protección de la infancia.
Sin embargo, esa cifra es incluso inferior a lo que otros órganos administrativos desconcentrados de Gobernación gastan cada año sólo en la partida “servicios personales” (nómina, prestaciones económicas o seguridad social); sin contar otros de gasto corriente o subsidios.
Y la misión que tiene esta Secretaría Ejecutiva no es menor. Según indica La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes —que ha sido la única iniciativa preferente de Peña Nieto y fue promulgada en diciembre de 2014— debe coordinar la creación de un Programa Nacional de Protección Integral de la infancia y trabajar para tener un Sistema Nacional de información que permita saber cómo se está beneficiando cada niño del país de los programas y políticas públicas en los tres niveles de gobierno. Presidencia dijo a Animal Político que los tiempos y plazos legales no han coincidido para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen recursos: la ley se promulgó después de que el presupuesto de 2015 ya había sido aprobado y la Secretaría Ejecutiva se instaló cuando el de este año ya había sido votado en la Cámara de Diputados. Organizaciones civiles bajo la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) denuncian que 20 millones de pesos son insuficientes para echar a andar la maquinaria a favor de la infancia que recae sobre esa Secretaría Ejecutiva. “Para este año a la Secretaría Ejecutiva le toca el acompañamiento a los gobiernos estatales y municipales para establecer sus propios sistemas (de protección integral a la infancia) y lo hará con los remanentes de un programa en Michoacán”, dijo Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red. En México viven 39 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y de ellos, 12.7 millones, son niños y niñas menores de cinco años, según los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El 55.8% de los niños menores de cinco años viven en situación de pobreza y de ese porcentaje, 12.5% en pobreza extrema, según cifras del Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La Redim considera que permitir que el trabajo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se realice correctamente también es una oportunidad para identificar en que se está gastando y en dónde se debe hacer inversión estratégica por la infancia. En 2013, México invirtió 0.8% del PIB en primera infancia —niños de entre 0 y 5 años—. En todo el grupo de niños, niñas y adolescentes entre 2008 y 2011 ese porcentaje fue del 6%, según el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef, por sus siglas en inglés). Ese organismo internacional alerta que el país concentra su inversión en infancia en educación y salud —el 99%—, mientras deja de lado los temas relacionados a los derechos a la protección y a la participación. “Los recursos públicos para la infancia deben asignarse con el objetivo de que todos los niños y niñas gocen de manera integral de sus derechos. Lo anterior significa que no sólo hay que invertir el máximo de los recursos económicos en educación, salud, sino hacer una inversión en otros derechos fundamentales como la protección contra la violencia, el abuso y la explotación; la protección especial a niños en contextos de vulneración de derechos; el derecho a la identidad y el derecho a la participación”, según Unicef.
CHILPANCINGO, Gro: El exalcalde priista de Cualac, Rolando Sánchez Sosa, fue encontrado ejecutado esta tarde en las inmediaciones del municipio de Tlapa de Comonfort en la región de la Montaña.
Sánchez Sosa estaba secuestrado desde hace 12 días y sus familiares habrían entregado un millón de pesos a los plagiarios para que liberaran al político y empresario, indican reportes oficiales. Cerca de las 13:00 horas de este domingo se reportó el hallazgo de un hombre asesinado a tiros que estaba tirado sobre la carretera federal Tlapa-Chialapa a la altura de la comunidad de Paraiso la nueva soledad. La víctima presentaba al menos tres impactos de bala calibre .9 milímetros y horas más tarde fue identificado por sus familiares como Rolando Sánchez, refieren los mismos informes. El pasado 29 de marzo, un grupo armado interceptó a Sánchez Sosa cuando se trasladaba a bordo de un auto particular sobre el tramo carretero que une los municipios de Huamuxtitlán y Cualac en la Montaña guerrerense. Las autoridades estatales asumieron una actitud hermética mientras la familia negociaba con los plagiarios que exigían tres millones para liberar al priista, quien fue alcalde Cualac en el periodo 2008-2012 y actualmente era propietario de una empresa enfocada en la extracción de material pétreo del río tlapaneco en el municipio vecino de Huamuxtitlán.
CIUDAD DE MÉXICO: Andrés Manuel López Obrador denunció que Elba Esther Gordillo pidió al expresidente Felipe Calderón que le entregara la gubernatura de Puebla a Rafael Moreno Valle, como pago al apoyo dado para consumar el supuesto fraude electoral del 2006.
También, añadió, Calderón ya no habla de la maestra Gordillo porque como cayó en desgracia, ya no quieren saber de ella aun cuando les ayudó. Desde Atencingo, municipio de Chietla, Puebla, el excandidato presidencial indicó que en ese entonces como tenían agarrado por corrupto al priista Mario Marín, lo sometieron, y Felipe Calderón ayudó para que le facilitaran la gubernatura a Moreno Valle. Asimismo, añadió, la lideresa magisterial recibió la Subsecretaría de Educación Básica y el ISSSTE, cuyo titular fue el panista Miguel Ángel Yunes. López Obrador pidió a Moreno Valle que visite a Elba Esther Gordillo en la cárcel, que no sea ingrato, ya que por ella es gobernador de Puebla. “Moreno Valle es fruto de ese acuerdo perverso de ese fraude que se llevó a cabo en el 2006”. Por otra parte, el presidente nacional de Morena calificó como una gran injusticia que los consejeros del Instituto Nacional Electoral sólo castiguen a ese partido político y le prohíba las candidaturas en Zacatecas y Durango por consigna de la mafia del poder. Consideró que le quitaron la candidatura a Morena en Durango porque supuestamente José Guillermo Favela Quiñones no comprobó 2 mil 900 pesos y en el caso de Zacatecas utilizaron otro pretexto porque Morena está arriba en las encuestas, “a la mala quieren en la mesa eliminarnos, los corruptos, el PRI, es lo mismo el PRI y el PAN, reiteró. Sobre si espera que el Tribunal Electoral decida quitar las candidaturas a Morena, López Obrador respondió que esperará pues no quiere adelantar vísperas, pero anticipó que habrá marchas grandes en Zacatecas y Durango para defender la democracia, “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”. Señaló que en México impera la corrupción, la impunidad, sino poderosos que lavan dinero de procedencia ilícita en paraísos fiscales y uno de ellos es el constructor del Museo Barroco en Puebla, Armando Hinojosa, quien cobró 12 mil millones de pesos en contubernio con Moreno Valle. “Yo no creo que los poblanos voten ni por el PRI, ni por el PAN, porque votar por el PRI o por el PAN es ser masoquista”, concluyó. En asamblea informativa, López Obrador destacó que actualmente hay más desigualdad social en México que en los años 80 del siglo pasado, según el informe del investigador del Colegio de México, doctor en Harvard, Gerardo Esquivel. Señaló que esa época no es más que el neoporfirismo que contempla los gobiernos desde Miguel de la Madrid, pasando por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, hasta llegar a Enrique Peña Nieto.
Señaló que por la corrupción en México unos cuantos lo tienen todo, y se ha venido destruyendo la clase media y la clase mayoritaria es la clase pobre porque hay 80 millones de personas en la pobreza, es decir, “hay una monstruosa desigualdad social, caso contrario a los países como Dinamarca que no tiene corrupción y que la clase media es más fuerte”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/436556/calderon-gordillo-pactaron-dar-gubernatura-a-moreno-valle-amlo
Lo que revelan los #PanamaPapers es algo mucho más complejo –y turbio– que evasión tributaria. De acuerdo con el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona, la investigación periodística evidencia la estructura que los grupos criminales han construido desde 2005 para blanquear y mover dinero. Este enmarañado método, que consiste de cuatro pasos, protege a la agrupación criminal y a sus líderes incluso si son capturados varios de los integrantes de la trama. Pero las autoridades mexicanas no están investigando esto, sino que siguen pensando en términos de lo que ocurría hace una década…
CIUDAD DE MÉXICO: Las operaciones del despacho panameño Mossack Fonseca no revelan la existencia de paraísos fiscales para evadir impuestos, sino que muestran “estructuras financieras con el ánimo de ocultar el origen del dinero, el verdadero dueño del dinero y el destino de ese dinero”. En suma, evidencian las complejas estructuras financieras del crimen organizado. La revelación internacional llamada #PanamaPapers –que el pasado domingo 3 hicieron más de cien medios en diversos países del mundo, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (www.icij.org) y en la que participó Proceso– puso de relieve la práctica que desde 2005 emprendieron integrantes del crimen organizado para evitar ser detectados y detenidos: la creación de un sistema financiero informal impulsado por “los grandes consorcios de la economía informal”, según el exprocurador fiscal de la federación, Gabriel Reyes Orona. En entrevista, Reyes, quien indago las entrañas de los delitos fiscales en este país, aclara que los #PanamaPapers hacen la distinción entre paraísos fiscales y la creación de estructuras financieras que tienen cuatro etapas, cuyo fin último es blanquear dinero. Para aclarar e investigar si los involucrados, como Juan Armando Hinojosa Cantú, Martín Díaz Álvarez, Alfonso de Angoitia, Ricardo Salinas Pliego, Luis Doporto y Melissa Flores Alcántara, entre otros, incurrieron en delitos, no basta con ver la creación de empresas en “paraísos fiscales” o “verificar que los ingresos que están utilizando en sus operaciones tengan o guarden congruencia con las utilidades e ingresos de las operaciones que realizan en México. Eso no conduce a nada”, sostiene. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2058, ya en circulación. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES. LINK: http://www.proceso.com.mx/436508/panamapapers-revelo-el-objetivo-final-ocultar-el-origen-del-dinero
Héctor Cruz, padre de uno de los jóvenes implicados en la violación de una menor, dijo que fueron amenazados por el padre de ésta para declararse culpables en un video, y que no hubo ninguna agresión sexual.
El video en el que cuatro jóvenes confiesan haber abusado sexualmente de Daphne fue grabado bajo amenazas del padre de la menor, dijo Héctor Cruz, padre de uno de los presuntos agresores. En entrevista con Radio Fórmula, el padre de Diego Cruz Alonso dijo que durante la reunión – realizada en abril de 2015 – entre Javier Fernández, los jóvenes y sus padres hubo golpes y amenazas. “En esa reunión hubo gritos, amenazas, de Javier Fernández a Gerardo, y lo golpeó muy fuerte, cuando ve que lo golpea el papá se para y nos damos cuenta que ese señor venía armado”, dijo Héctor Cruz. Explicó que el padre de Daphne los obligó – con amenazas de muerte y con el arma – a declararse culpables. Héctor Cruz pidió que se presenten los videos completos de la reunión, que duró más de cuatro horas, sin editar. Dijo que Diego Cruz Alonso ya tenía planeado el viaje a Bilbao, España para estudiar un semestre, por lo que no realizó el viaje para huir.
Están bajo el control del dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps. Son trabajadores en activo que reciben importantes incentivos y préstamos preferenciales.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que encabeza Carlos Romero Deschamps, tiene más de mil 280 trabajadores ‘‘comisionados’’ en diversas secciones y Petróleos Mexicanos (Pemex) entrega mensualmente a esta organización 7 millones de pesos para el pago de transporte y viáticos de esas personas, así como para gastos de administración, operación y mantenimiento de las instalaciones de su gremio. Una copia del acuerdo firmado por la ‘‘comisión mixta especial’’ respecto de la cláusula 251 del contrato colectivo de trabajo detalla que Pemex incrementó este pago a partir del año pasado de 2 millones 842 mil a 7 millones de pesos al mes, lo que significa una partida anual de 84 millones de la empresa al sindicato por esos conceptos. Según esta cláusula, los ‘‘comisionados’’, quienes son petroleros activos que no laboran en la empresa sino hacen ‘‘trabajo’’ para el sindicato o son funcionarios del mismo, reciben cuotas diarias de apoyo económico. Por ejemplo, a los 36 secretarios generales de los comités ejecutivos locales y a los representantes de las secciones de la rama marina, y los considerados foráneos, que están en un sección fuera de su adscripción, les pagan mil 370.75 pesos diarios por viáticos, más mil 144.75 pesos por ayuda para transporte y gastos conexos. A los ‘‘comisionados locales’’ les pagan 542.75 pesos por viáticos, más 484 pesos por transporte. Además, todos estos trabajadores tienen derecho a que la empresa les otorgue ‘‘préstamos sin intereses por el equivalente a 12 meses de las cuotas de ayuda para transporte’’ que tienen, según pactó el sindicato con la petrolera.
En cuanto a la lista de estos trabajadores, una copia de la misma señala que tan sólo del comité ejecutivo son 73 personas que están como funcionarios sindicales, más asesores e integrantes del consejo general de vigilancia, así como 90 miembros de las comisiones nacionales mixtas, 158 nacionales y otros ‘‘12 comisionados adscritos directamente a las órdenes del secretario general del sindicato, Carlos Romero Deschamps’’. Entre las secciones sindicales del país que tienen más trabajadores designados por el sindicato para estar en esta condición están la de Nanchital, Veracruz, donde hay 85 trabajadores comisionados; Poza Rica, 65; en la sección de la Ciudad de México, casi 300 trabajadores no laboran en la empresa, sino para el gremio; Tula, 49 más. También en la sección 36 de Reynosa, Tamaulipas, hay 46 ‘‘funcionarios sindicales’’; en la 44 y 48 de Villahermosa, Tabasco, hay otros 65 petroleros en esta condición; en Ciudad del Carmen, Campeche, se agregan 46. La lista rebasa los mil 280 y los nombres de los mismos están ligados a los líderes seccionales y nacionales del sindicato. La ya referida cláusula 251, que fue modificada el 9 de septiembre de 2015, señala que Petróleos Mexicanos pagará los sueldos, gastos y pasaje redondo a los funcionarios sindicales de los comités ejecutivos, o a las personas designadas por las asambleas, ‘‘cuando concurran a las convenciones general o extraordinarias que sean convocadas por el sindicato…’’ Además, detalla que los funcionarios y comisionados, cuando terminan esta designación y regresan al servicio de la empresa, ‘‘disfrutarán de vacaciones y de una compensación extraordinaria de 45 días de salario ordinario por cada ciclo de vacaciones vencido’’. Si lo solicitan al vencimiento de los ciclos anuales de vacaciones recibirán el importe integro de las mismas (salario, prima vacacional y compensación extraordinaria), ‘‘sin interrumpir su comisión’’. Incluso, la empresa reconocerá como profesionales los accidentes que puedan sufrir en sus tareas.
Cabe referir que, según la lista de estos trabajadores, prácticamente no hay ninguna sección del país en la que el sindicato no tenga este tipo de ‘‘funcionarios sindicales’’. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: PATRICIA MUÑOZ RÍOS. LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/11/politica/003n1pol
Los actos de violencia contra las mujeres en México se mantienen sin castigo por la falta de voluntad de las autoridades de cumplir con sus responsabilidades. ¿Qué rol juega la corrupción y la impunidad?
La indiferencia del Estado mexicano ante la violencia que sufren las mujeres ha intensificado el clima de agresiones en días recientes, aseveraron organizaciones no gubernamentales. “Hay una crisis muy profunda en México. El tema del feminicidio nos evidencia la podredumbre, la normalización de la violencia y los ríos de sangre que están corriendo actualmente”, dijo Rodolfo Manuel Domínguez Márquez , investigador del Observatorio Nacional del Feminicidio (ONCF). Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) apuntan que el año pasado mil 432 mujeres fueron asesinadas. Parte del letargo en las acciones del Estado provienen de lo extendido de la impunidad ,detalló Domínguez Márquez. “No veo un Estado que esté actuando a la altura de lo que se requiere, con el objetivo de garantizar un Estado de derecho”. La falta de acceso a la justicia es una de las formas en las que la corrupción afecta a las víctimas de violencia de género. De acuerdo con el Índice de Impunidad México 2016, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), las 32 entidades federativas reportan niveles reprobatorios en materia de seguridad, procuración y administración de justicia y el funcionamiento del sistema penitenciario. Esta situación se hizo más esta semana más evidente en Puebla. Esta semana la cifra de feminicidios ascendió a 26, un alza que ha puesto a las organizaciones civiles que trabajan la defensa de los derechos de la mujer en alerta; el año pasado la cifra fue de 50 casos, de los cuales sólo uno tiene sentencia, denunciaron. “¿Cuál es el mensaje? Si tú matas a una mujer no pasa nada. No todos los feminicidios que reconoce la Fiscalía tienen un presunto culpable atrapado”, dijo Vianeth Rojas Arenas, directora de la asociación civil Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr). Esta problemática no ha querido ser reconocida por el Gobernador del Partido Acción Nacional (PAN) Rafael Moreno Valle, apuntó la directora: “No he visto o escuchado una sola vez que haya dicho ‘vamos a en contra de la violencia’. Evidentemente es un tema que no le interesa. Del que no habla y no ha hecho público su interés de erradicar”. Asimismo, el Odersyr se ha dedicado a hacer una recopilación de casos, en los que destacan otras formas de violencia a la mujer. “La violencia empieza de a poquito, con violencia física, psicológica”, dijo Rojas.
“LOS PORKYS”
Un caso que generó revuelo en la última semana fue el de Daphne Fernández, una adolescente que fue abusada sexualmente hace más de un año por cuatro jóvenes adinerados. Mientras los padres de la muchacha han hecho las denuncias del caso pertinentes, la Fiscalía no ha tomado cartas en el asunto. Esta semana se supo que dos de los jóvenes implicados huyeron al extranjero: Enrique Capitaine Marín, a The Woodlands, Texas, y Diego Cruz Alonso a Madrid, España. El caso ya había tomado un revuelo en marzo, cuando tres de los presuntos responsables aparecieron en un video pidiendo disculpas, difundido por el grupo de Hackers internacional Anonymus. Material al que el Fiscal estatal, Luis Ángel Bravo descartó como apto para ser parte de la investigación. Domínguez detalló que si bien no tenía los documentos del caso, el OCNF ha documentado numerosos casos en los que la condición económica de una persona juega un papel decisivo para evadir la justicia. Durante el primer trimestre se han reportado 33 feminicidios en el estado gobernado por Javier Duarte de Ochoa, de acuerdo con datos del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres. “Los casos se han mantenido, lo que te podría decir es que se ha modificado el contexto. Sabemos que en Veracruz se ha incrementado la violencia feminicida, y que la violencia sexual es parte, la mayoría cuenta entre 14 y 29 años, y el incremento de abusos se presume tiene que ver con trata”, dijo Araceli González Saavedra de la Asociación Equifonía. Entre el 2010 y 2015 se registraron al menos 10 mil 295 casos de violencia sexual, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). “La mayoría de los casos se da en el ámbito familiar, y sabemos que hace falta mucho por hacer en el reconocimiento de la problemática” , dijo González. Las organizaciones consultadas se mostraron escépticas, incluso ante la petición de Alerta de Violencia de Género, que incluye una serie de medidas para frenar las agresiones a la mujer; la falta de voluntad política ha permeado en aquellos lugares donde ya funciona. “Lamentablemente en los estados donde se ha dado entrado, no ha funcionado porque básicamente, al Gobierno no le interesa realmente generar las acciones recomendadas desde el Conavim. De qué sirven ciertas demandas si el Gobierno no sigue esta recomendación”, acusó Rojas.
CONCIENCIA CIUDADANA
El acoso también ha dado de qué hablar recientemente. Un reciente sondeo de la Fundación Thomson Reuters, hecho de la mano con la encuestadora YouGov, apuntó que la Ciudad de México es la localidad donde las mujeres sufren mayor acoso sexual en el mundo, sólo detrás de Bogotá, Colombia. “Hay un problema de cultura machista muy fuerte. Las autoridades como las policías, cuando la mujer va y se queja, muchas veces las victimizan, y las mujeres han terminado por contenerse, incluso, con sus parejas”, dijo Claudia Jusidman, directora de Incide Social. Otro sondeo, “La Calidad del Transporte Público en el Valle de México”, también confirmó la existencia de altos niveles de acoso. “Entre el 60 y 70 por ciento de las mujeres decían que en algún momento habían sido acosadas, ya sea física, verbal, o visualmente”, dijo el ingeniero Daniel Zamudio Zamora, coordinador del área de Transporte de la organización El Poder del Consumidor. De acuerdo con el especialista, ha hecho falta una campaña de concientización de parte de las autoridades para que las agresiones a las mujeres en el transporte público desciendan.
“Estaríamos hablando de una campaña integral de respeto. Algo que no hay que perder de vista. Eso de segregar a la población por género, en mi opinión no es la solución a largo plazo. Aunque sí, las mujeres, casi un 80 por ciento ha dicho que son de gran ayuda estas acciones”, consideró Zamudio.
