CHILPANCINGO, Gro: Durante el primer semestre de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo se han registrado mil 46 ejecuciones en distintos puntos de la entidad, principalmente en el puerto de Acapulco, indica un reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP).
Tan sólo en marzo se registraron 188 homicidios dolosos en la entidad, es decir, un promedio de seis ejecuciones diarias, hecho que representa un incremento de 12.5% en comparación con octubre pasado, cuando se registraron 167 ejecuciones.
Las ejecuciones registradas el mes pasado (marzo) es la cifra más alta en lo que va del año, ya que en enero se reportaron 166 homicidios dolosos y en febrero 160, indica el informe que proporcionó a Apro el titular de la dependencia, el general Pedro Almazán Cervantes.
El documento oficial denominado “Comportamiento delictivo en el estado durante el nuevo gobierno”, incluye sólo cifras de octubre de 2015 a marzo de este año sobre homicidios dolosos, privación ilegal de la libertad, secuestros y extorsión.
A pesar de que Astudillo rindió protesta como gobernador el 27 de octubre, la dependencia estatal incorpora la incidencia delictiva total de ese mes.
En el caso de homicidios dolosos, en octubre pasado se reportaron 167; en noviembre 173, y diciembre cerró con un incremento significativo de 192. Este año comenzó con 166 ejecuciones en enero; en febrero fueron 160, y en marzo la cifra se elevó a 188, indica el informe de la SSP.
El delito de privación ilegal de personas también refleja un incremento en marzo de 6.6% en comparación con octubre pasado, haciendo un total de 114 casos denunciados, y destaca febrero como el mes con mayor incidencia con 22 reportes.
En tanto que los secuestros suman 40 casos denunciados en este periodo de seis meses, cifra que representa una disminución de 33.3% de octubre a marzo de este año.
Mientras que la extorsión marca un incremento de 8.3%, de octubre a marzo, con una cifra de 73 denuncias en este semestre.
A pesar de estas cifras, el secretario de Seguridad en la entidad, Pedro Almazán, aseguró que a partir de 2015 y lo que va de 2016 se ha registrado una disminución en la mayoría de los delitos, y Guerrero pasó del lugar 12 al 15 en la estadística nacional de incidencia delictiva.
Lo anterior durante un acto oficial realizado en el Congreso estatal donde se presentó el resultado de la “Encuesta interestatal” y la “Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2015”, donde el coordinador del Inegi en Guerrero, Eladio Hernández Montúfar, mostró los datos recabados en 2014.
Al respecto, el titular de la SSP señaló que hace dos años la violencia e inseguridad alcanzaron su máximo nivel en Guerrero, y atribuyó el hecho a una “evidente debilidad institucional que se viene arrastrando desde décadas”.
Con ello replicó el discurso del gobierno federal, al señalar que en materia de seguridad pública no se hizo el trabajo correspondiente y por ello la delincuencia rebasó a las autoridades estatales.
Luego, consideró que actualmente el problema de inseguridad y violencia que se vive en la entidad es de “percepción”, pues mientras en unos foros se clasifica al estado como el más violento e inseguro, en los eventos culturales y turísticos se considera a Guerrero como un lugar seguro “para el turismo, para los visitantes y un lugar de oportunidades para todos”, remató el funcionario estatal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436810/suman-mil-46-ejecutados-en-6-meses-astudillo-inseguridad-percepcion-autoridad
CIUDAD DE MÉXICO: El Senado aprobó por 84 votos a favor modificaciones a los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para eliminar al salario mínimo como referencia y ser sustituido por la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La senadora María Elena Barrera Tapia, del PRI, advirtió que los créditos con Infonavit pactados en veces de salario mínimo y no en UMA no perderán sus condiciones, y argumentó que “esta reforma necesaria, mandatada desde la Constitución, es una aportación a los más de 50 millones de trabajadores que cotizan en la seguridad social”.
A su vez, el senador del Partido Verde, Jorge Aréchiga Avila, afirmó que la reforma responde a la necesidad de eliminar las referencias del salario mínimo para evitar impactos financieros en el Infonavit, asegurando que los rendimientos mínimos de la subcuenta de vivienda sean un reflejo de rendimiento de los activos de los trabajadores y sean sanos activos de rentabilidad.
Derecho a la alimentación nutritiva
Durante la misma sesión se aprobó con 82 votos a favor y cero en contra, modificaciones a la reforma a la Ley General de Desarrollo Social para incorporar el concepto de derecho a la alimentación nutritiva y de calidad, así como instrumento para superar la pobreza.
Este indicador será incorporado a las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y será utilizado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para la definición, identificación y medición de la pobreza.
La senadora Lizbeth Hernández Lecona, del PRI, argumentó a favor del dictamen al sostener que estos cambios obligarán a concretar programas gubernamentales que, de forma transversal, es decir, desde la producción de alimentos hasta su proporción en escuelas, hospitales y distribución a sectores vulnerables, permiten elevar el desarrollo social de la población en cuanto a su alimentación.
En el debate, el senador del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, afirmó que no es posible confiar en un gobierno que aplica recortes al presupuesto destinado a la producción de alimentos, cuando la Cepal informó que México es el único país de la región que no ha reducido la pobreza y 30 millones de personas padecen pobreza alimentaria.
“¿De qué ha servido la famosa Cruzada contra el Hambre? Hemos sostenido que no es con asistencialismo como se harán cumplir estos derechos. Se debe impulsar la producción de alimentos”, sentenció el legislador.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436838/senado-elimina-salario-minimo-referencia-infonavit
El secretario de Gobernación dijo que lo ocurrido lastima a los mexicanos, pero que hasta el momento nada apunta a que el gobierno federal o el presidente hayan tenido alguna responsabilidad; descartó que haya prisa por cerrar la investigación o una ruptura con el GIEI.
Ni el gobierno federal o el presidente Enrique Peña Nieto tienen responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, y los señalamientos en ese sentido apuntan a “otros intereses”, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, un año y medio después de los hechos en Iguala, Guerrero.
“No es un tema que atañe al gobierno de la República respecto a que haya tenido algo qué ver. Aquí hay el señalamiento directo a autoridades municipales, a cuerpos de seguridad de los propios tres o cuatro municipios. Nada qué ver con el gobierno de la República. Nosotros somos los primeros interesados en saber lo que ahí sucedió”, dijo el pasado martes 12 de abril en entrevista con la cadena Radio Fórmula.
“No es un tema que pudiera lastimar, por decirlo así, directamente, que sí nos lastima como mexicanos lo que ahí sucedió, pero que en el que no tiene nada absolutamente qué ver, ni hasta hoy nada se ha señalado respecto al gobierno de la República.
Se ha querido llevar hacia acá, se ha querido llevar hacia el señalamiento hacia el propio presidente de la República, y lo que te quiero decir es que son más otros intereses”, expresó Osorio Chong.
El secretario dijo que el gobierno federal no tiene ninguna prisa por cerrar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, pero el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) ya ha tenido tiempo suficiente para trabajar el tema, y su periodo de labor concluye el próximo 30 de abril.
“Lo que estamos pidiendo con ellos es que nos den sus conclusiones”, dijo el funcionario federal.
Si el GIEI considera que las conclusiones a las que llegó la PGR con Jesús Murillo Karam no fueron ciertas, agregó el secretario, entonces los especialistas deben dar su aportación para esclarecer lo ocurrido.
“No estamos en disputa, estamos del mismo lado, pero sí creemos que ya es justo y que es muy necesario saber sus conclusiones para que, sí existe otra línea que nos lleve a otra conclusión, con todo gusto nosotros estamos abiertos para poderlo, no solo entender, sino buscar e investigar hasta el más mínimo de los detalles, para que entonces todos estemos ciertos de lo que ahí sucedió en Iguala hace, insisto, casi dos años”, agregó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/el-caso-ayotzinapa-no-es-nuestra-culpa-ni-lastima-directamente-al-gobierno-federal-osorio/
Las órdenes de aprehensión fueron liberadas el pasado 3 de abril contra Enrique Capitaine, Jorge Cotaita y Diego Alonso Cruz.
La Interpol México giró este miércoles las fichas rojas para localizar a Enrique Capitaine, Jorge Cotaita y Diego Cruz Alonso, implicados en la violación de la menor Daphne.
La fiscalía de Veracruz solicitó manera formal a la Procuraduría General de la República (PGR) su intervención para tramitar las fichas rojas, de acuerdo a funcionarios de la fiscalía.
La solicitud llegó ayer a las 17:00 horas a la PGR y fue la Subprocuraduría Jurídica quien inició los trámites para poder ordenar la elaboración de las fichas rojas.
Este martes, un juez federal libro órdenes de aprehensión en contra de tres de los cuatro jóvenes implicados en la violación.
Dos de ellos salieron del país el mes pasado. Cruz Alonso dejó México el 28 de marzo para viajar a Bilbao, España para cumplir con compromisos académicos, informó su padre. Mientras que Enrique Capitaine se encuentra en Texas, Estados Unidos, junto a su padre. Jorge Cotaita estaría también en Estados Unidos.
La violación de Daphne, menor de edad, ocurrió en enero de 2015, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, pero fue hasta mayo de ese año que se interpuso una denuncia ante las autoridades.
Su padre, Javier Fernández Gómez, relató en una carta que su hija fue subida a un automóvil en contra de su voluntad. “Fue incomunicada, fue vejada, fue sometida, fue abusada sexualmente y fue violada”.
Sobre el tiempo que ha tomado la investigación, el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dijo el pasado 8 de abril que se debe cumplir un marco legal y que a pesar de que puede parecer mucho tiempo las autoridades han trabajado en el caso.
Un día antes, el jueves 7 de abril, el fiscal dijo a la cadena Radio Fórmula que “en horas” se tendrán resultados para que haya justicia en el caso. Sin embargo, un día antes hizo la misma declaración a los medios, de que solo era cuestión de horas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/juez-federal-gira-ordenes-de-aprehension-contra-3-implicados-en-el-caso-daphne/
CIUDAD DE MÉXICO: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó iniciar un paro de labores a partir del 15 de mayo en protesta por la falta de respuestas a sus peticiones.
“Ante la cerrazón del gobierno estatal y federal, ante la represión administrativa, judicial, salarial, y política que hemos venido viviendo en los últimos días, la Sección 22 ha decidido el estallamiento del paro de actividades”, sentenció el líder de la Sección 22, Rubén Núñez.
El dirigente añadió que el paro incluiría los 23 estados del país donde hay presencia de maestros disidentes y que la jornada de lucha, previa a este paro, comenzará el próximo viernes con los bloqueos carreteros que realizarán maestros de la CNTE en todo el país.
Asimismo, previó que el 1 de mayo el magisterio disidente y las organizaciones afines realizarán actividad unitaria para celebrar el día del trabajo.
“Hemos insistido permanentemente que las mesas de negociación a nivel nacional y estatal se tengan que aperturar, sin embargo, sobre todo en Oaxaca, como sección, como movimiento democrático no hemos tenido respuesta de ninguno de los niveles de Gobierno”, dijo Núñez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436839/anuncia-la-cnte-paro-labores-a-partir-del-15-mayo
CIUDAD DE MÉXICO: Este martes el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) alertó sobre el preocupante aumento del número de fosas clandestinas halladas durante la gestión de Enrique Peña Nieto, así como la opacidad para conocer cuántos cuerpos se han encontrado, y la ausencia de tecnología para identificar a las víctimas.
Francisco Rivas, director del ONC, dijo que “hemos visto un aumento en el hallazgo de estas fosas y ha tenido una particular relevancia en el aspecto del crimen organizado”.
También precisó que es en Guerrero donde se ha hallado el mayor número de fosas, “y sabemos que lo que más llama la atención en este caso son los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa”.
De acuerdo con el Observatorio, sólo de 2006 a 2014 se han encontrado “587 cuerpos o restos humanos en 164 fosas clandestinas, principalmente en Guerrero y Tamaulipas”.
Además, deploró que pese al llamado a fiscalías y procuradurías para atender ese fenómeno, persiste la opacidad en entidades como el Estado de México, Colima, Nayarit, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, donde no se transparenten los hallazgos, lo que se traduce en un profundo dolor para las familias en búsqueda de sus seres queridos.
“Desafortunadamente no todas las procuradurías se suman en esto, tengo que hacer un llamado de atención muy doloroso al Estado de México, que una vez más nos ha dado atole con el dedo”, denunció Rivas.
Enseguida precisó que aunque por dos años se ha intentado trabajar con la PGJEM, “no han hecho absolutamente nada, y es una pena porque esa entidad está sumida en una crisis de inseguridad y violencia, aunque quieran aparentar en cifras otra cosa”.
El director del Observatorio también reveló que en el tema de las fosas clandestinas en México se desconoce cuántas de ellas existen, así como cuántos cuerpos han sido inhumados de forma clandestina, pues “existe una alta cifra negra alrededor de la materia”.
En su intervención, el visitador de la CNDH, Francisco Guadarrama, llamó a las autoridades a impulsar el apoyo presupuestal para contar con mayor equipo y capacitación para el personal forense.
Por último Lucía Chávez, integrante de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, llamó a acelerar la transparencia en cuanto a estadísticas de cuerpos o restos hallados en fosas clandestinas, con el fin de crear registros confiables y abatir la impunidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436856/pena-fosas-clandestinas-se-sabe-cuantas-ni-numero-cuerpos-onc
CIUDAD DE MÉXICO: Luego del hallazgo de prendas ensangrentadas y cartuchos en Amatlán de los Reyes, Veracruz, donde la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos se encuentra tratando de localizar a posibles víctimas, esta mañana desconocidos amenazaron a los integrantes y periodistas que se encuentran en el área.
Previo a las amenazas, ayer mismo se informó sobre el hallazgo de kilos de ropa ensangrentada, así como de cartuchos y, posterior a ello, el grupo de activistas recibió llamadas telefónicas para desistir de su búsqueda y ya no seguir en Amatlán de los Reyes.
Un desconocido, al otro lado de la línea, advirtió a los brigadistas que desistieran de sus tareas pues se encontraban en “una zona caliente”.
Sin embargo Mario Vergara, quien se sumó a la brigada después de que en Guerrero ayudó a encontrar 145 cuerpos y cientos de huesos, advirtió que “si el gobierno no busca a nuestros familiares, nosotros lo haremos, no importa que excavemos todo Veracruz”.
La historia de Mario, destacó el portal informativo e-consulta.com, está ligada a una desgracia propia: El 5 de julio de 2012 su hermano Tomás fue secuestrado en el municipio de Huitzuco, a una hora de Iguala, donde dos años después serían desaparecidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
No obstante, la búsqueda de Mario no inició sino hasta después de que los padres de los normalistas hallaran cinco fosas con 30 cuerpos, los cuales no correspondían a los normalistas.
El brigadista que ahora participa en las revisiones en suelo veracruzano señala que “a partir de ese entonces nos planteamos de que nuestros familiares estaban enterrados y que al menos podíamos saber que ya estaban en otra vida. Pero antes todo fueron amenazas y temor a que también te pasara lo mismo”.
Luego explica el objetivo de la búsqueda de desaparecidos: “Este es apenas un camino para la justicia que todos anhelamos, pero ellos (el gobierno) no quieren aceptar que vivimos una crisis severa de derechos humanos”, cuenta con el ánimo de que más veracruzanos se solidaricen en la campaña.
El objetivo de la Brigada Nacional de Búsqueda es repetir el ejercicio en todos los estados del país, “para que llegue el momento en que todos nos busquemos entre todos”.
En tanto, la veintena de familiares procedentes de siete entidades del país continuará con su labor durante diez días más y no descansará hasta encontrar, por lo menos, una pista sobre las vítimas.
Ayer, en la primera jornada de reconocimiento de campo, los brigadistas encontraron pantalones rotos, blusas deshilachadas y hasta una chamarra del Cruz Azul desgarrada, posiblemente con sangre, además de sábanas, una bala y un juguete sexual.
Los indicios, según reportó el portal informativo sinembargo.mx, fueron hallados a unos cien metros del famoso árbol de Pochota, a unos tres kilómetros de la cabecera municipal de Amatlán de los Reyes.
Uno de los brigadistas explicó que “son indicios de que pudiera tratarse de algo más serio, eso no lo sabemos, se tendrán que hacer cruces de investigación, triangulaciones con fechas de sucesos, pero eso ya le corresponderá a la autoridad”.
Además, acotó que los hallazgos se suman a testimonios de vecinos que advierten que ahí han observado movimientos sospechosos de camionetas y han escuchado gritos de tortura.
La brigada, conformada por unas 50 personas, fue acompañada de observadores de la CNDH, y darán parte a la Policía Federal (PF) cuando se integren las carpetas completas de los hallazgos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 12 DE ABRIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436837/amenazan-a-brigada-busqueda-desaparecidos-en-veracruz
Hacinamiento, falta de custodios, sin protocolos en caso de motín, penales donde los presos asumen las funciones de la autoridad... La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elaboró un diagnóstico sobre la situación de violaciones a derechos humanos en las cárceles mexicanas.
Las violaciones a derechos humanos en las cárceles mexicanas continúan siendo una constante año tras año.
Esta es una de las principales conclusiones que expone la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, en el que subraya graves deficiencias en el sistema penitenciario mexicano, como que hasta 73 cárceles están autogobernadas por los reos, la persistente falta de atención médica y las malas condiciones de higiene, o que en algunas cárceles las celdas alberguen a 30 ocupantes cuando están diseñadas para cuatro personas.
“En la mayoría de las prisiones mexicanas no hay condiciones de vida dignas para los presos”, concluyó el ombudsman nacional, Luis Raúl González, durante la presentación del Diagnóstico de la CNDH.
En Animal Político te exponemos una radiografía de la situación de las cárceles, a partir del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:
Sin avances en el 2015
Para realizar el diagnóstico la CNDH midió cinco rubros: aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno; y grupos de internos con requerimiento específico.
Tras evaluar esos cinco rubros, la Comisión señaló que, del 1 al 10, el promedio nacional de calificación de los centros penitenciarios estatales fue de 6.21 en el año 2015. Cifra que si bien supone un ligero aumento respecto de 2014 (6.02), “no implica un avance o cambio radical” en el panorama de las prisiones.
13 estados tienen cárceles en situación grave de violaciones a derechos humanos
Los tres estados con peores prisiones son Nayarit, Quintana Roo y Guerrero. Por el contrario, los tres con mejores calificaciones fueron Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua.
No obstante, el informe hace hincapié en que hasta 13 estados tienen prisiones en situación grave por violaciones a los derechos humanos de los internos: Campeche, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca, Baja California Sur, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.
La prisión que enfrenta peores condiciones en cuanto al respeto a los derechos humanos es la Cárcel Pública Municipal de Bahía de Banderas, en Nayarit, con una calificación de 3.9 puntos sobre 10.
El Centro de Reinserción Social Benito Juárez de Cancún, en Quintana Roo, es la segunda peor cárcel, con 4.38 puntos.
Faltan custodios, malas condiciones de higiene, sin protocolos en caso de motín..
Del total de los 130 centros penitenciarios estatales visitados, la CNDH refiere que en 104 detectaron que personas procesadas –aún sin condena- y presos ya condenados conviven en las mismas habitaciones y espacios comunes.
Asimismo, en 92 casos se observó falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo; en 95 hay falta de personal de seguridad y custodia; y en 86 falta de prevención y atención de incidentes violentos como riñas, lesiones, fugas, homicidios y motines.
En 84 centros visitados no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, mientras que en 81 prevalecen malas condiciones de higiene en dormitorios, cocina y comedor.
Además, hasta en 75 centros es una constante la falta de manuales de procedimiento para ingreso, traslado de internos en caso de motín, uso de la fuerza, visita íntima, así como una deficiente difusión de la normatividad.
Sobrepoblación, privilegios y falta de oportunidades laborales
La CNDH subraya que otro problema reiterado en 65 prisiones estatales es la sobrepoblación de reos y la falta de oportunidades para la mayoría de los internos de servicios y de actividades educativas, laborales y deportivas.
Además, en 71 centros existe hacinamiento. En este sentido, la tercera visitadora general, Ruth Villanueva, explicó que detectaron centros donde 30 reos comparten una celda diseñada para cuatro personas.
Otro problema: en 73 centros se detectaron áreas de privilegios, así como presencia de objetos, sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.
Prisiones autogobernadas por los reos
En su diagnóstico, la CNDH documenta otra deficiencia grave: en al menos 71 cárceles los presos asumen las labores propias de la autoridad. Es decir, son los mismos presos quienes brindan ‘seguridad’ a otros reos y ‘gobiernan’ la prisión.
En este apartado destacan los casos de la Ciudad de México y el Estado de México, con cinco y seis centros penitenciaros, respectivamente, autogobernados por los prisioneros.
En la Ciudad de México, la CNDH documentó que esta situación de autogobierno se da en los Reclusorios Prevenivos Varonil Oriente, Norte y Sur; en Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla; y en la Penitenciaría del Distrito Federal Santa Martha Acatitla.
En el Edomex, en los Centros Preventivos y de Readaptación Social de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Santiaguito, Tlalnepantla, y Cuatitlán.
Las riñas, el acontecimiento violento más recurrente
Otra situación grave que expone la CNDH hace referencia a las riñas en los penales.
De los 2 mil 110 incidentes registrados en 2015 (mil 142 en cárceles estatales y 968 en cárceles federales), el acontecimiento violento con mayor número de incidencia corresponde a las riñas con un total de mil 382 (808 en cárceles estatales y 574 en centros federales).
Le siguen los desórdenes con 280 (205 en prisiones estatales); los homicidios con 54 (52 en centros estatales); los abusos con 55 (48 en cárceles estatales); los suicidios con 23 (todos en prisiones estatales), y los motines con 6 (también todos en cárceles estatales).
Sonora, donde más riñas se producen en sus penales y con más eventos violentos
Por estados, Sonora destaca como el estado donde se producen más riñas al interior de sus penales, con un total de 220 casos. Le siguen el Edomex (87), Chihuahua (75), Nuevo León (74) y Michoacán (51).
Asimismo, Sonora también es el estado con mayor número de incidentes violentos en sus cárceles, con 359 casos. Una cifra muy superior a la del segundo clasificado, el Edomex, con 99 casos.
Prisiones de la CDMX, donde más homicidios dolosos
La Ciudad de México ocupa el primer lugar de prisiones con mayor número de homicidios dolosos registrados: 14. Le sigue Tamaulipas con 6.
Las deficiencias en cárceles federales
En cuanto a las cárceles federales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que en 16 casos hay insuficiente personal de seguridad y custodia; en 15, deficiencias en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; en 14, insuficientes actividades laborales, en 11 se mezclan procesados y sentenciados; y en 8 hay hacinamiento.
En Ciudad Juárez y Sonora, las peores cárceles federales
La cárcel federal peor clasificada en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos de los presos es el Centro Federal de Readaptación Social número 9 de ciudad Juárez, en Chihuahua.
La segunda es el Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Sonora.
El informe completo:
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 by http://www.animalpolitico.com:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/10-problemas-que-enfrentan-las-carceles-en-mexico/
En México la mayoría de las universidades públicas y privadas no cuentan con protocolos para atender las denuncias de las alumnas que sufren acoso y violencia.
“Perra”, escuchó Martha mientras caminaba por los pasillos de su universidad. Se lo dijo un hombre al que no pudo identificar porque traía puesto el gorro de la sudadera y un cubrebocas. Él traspasó una pequeña caseta de vigilancia y la insultó cuando la tuvo a unos pasos de distancia. No fue un grito, sino casi un murmullo que la dejó helada.
Martha se detuvo un instante, sorprendida, pero siguió caminando. “Me sentí mal y me dio mucho coraje”. El incidente ocurrió en marzo pasado pero Martha lleva un año y medio alerta, desde que en octubre de 2014 denunció que un compañero del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la había violado, y sólo encontró hostilidad en su contra.
Sin sanciones
El 16 mayo de 2014 Martha y sus compañeros del ICN celebraban con una fiesta su participación exitosa en la reunión anual de la Sociedad Mexicana de Física. Al departamento llegó Víctor Hugo Flores Soto, estudiante de posgrado del ICN y compañero de Martha, quien le ofreció alcohol que llevaba guardado en una botella de plástico.
Después de tomar un trago Martha sólo recuerda haber amanecido desorientada y con dolor en todo el cuerpo: “Fue como despertarme de una pesadilla, no sabía en dónde estaba ni lo que había pasado, no recordaba nada”. Se vio en el espejo y su cabello estaba completamente enredado, como si le hubieran hecho nudos. Temblaba.
Fue cinco meses después, en octubre, que Martha supo que Víctor Hugo Flores la había violado mientras estaba inconsciente. Se lo contó una amiga que atestiguó los hechos, pero que no había dicho nada antes porque pensó que se había tratado de una relación sexual consensuada. Tras el shock, Martha decidió enfrentar a su agresor y denunciarlo ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) –por el que se abrió el expediente FDS/FDS-2/T1/00568/14-10– y la UNAM.
Después de más de 15 meses de litigios y un proceso largo –y según Martha, revictimizante– que aún no termina del todo, ella y su abogada lograron que el 21 de marzo de 2016 se le dictara auto de formal prisión a Flores Soto. Durante este tiempo, las autoridades universitarias nunca emitieron una sanción definitiva en su contra.
Cuestionamientos
La UNAM, la mayor y más prestigiada universidad de México, carece de un protocolo para atender denuncias de violencia sexual. Ante esta situación, son los directores de cada facultad o instituto quienes deciden qué casos son lo suficientemente importantes como para llegar al Tribunal Universitario, encargado de emitir los fallos y en donde participan seis personas: profesores, investigadores, el Abogado General de la UNAM y dos alumnos. El de Martha fue el primer caso de violencia sexual en llegar a esa instancia.
En la audiencia ante ese tribunal, ella escuchó: “¿Para el día de los hechos eras virgen?¿Tu consumo de alcohol en fiestas es alto?¿Sueles dormir fuera de tu casa?¿Tal día te acostaste con tal persona?”. Las preguntas las hizo la defensa del acusado con el permiso del Tribunal Universitario, que solo desechó el cuestionamiento sobre la virginidad de Martha. Todo lo demás, dice, tuvo que responderlo.
En la audiencia un testigo de Víctor Hugo Flores, una persona que ella asegura que jamás había visto, la describió como una mujer que suele emborracharse y tener sexo en las fiestas. Tras este encuentro, en el que Martha expuso su caso ante las autoridades universitarias, llegó “derrumbada” a su terapia.
El Tribunal Universitario, según su reglamento, tiene cinco días para emitir un fallo, pero en este caso demoró más de un año. La académica especializada en temas de género Natalia Flores dice que uno de los defectos del procedimiento actual para atender y sancionar la violencia sexual en la UNAM es la opacidad: “Es un misterio. Es como una caja negra, nadie sabe lo que pasa”.
Cuando el Tribunal finalmente decidió expulsar a Flores Soto por el delito cometido contra su compañera, este se amparó ante la justicia federal y pudo seguir estudiando mientras aguardaba la resolución definitiva de la Comisión de Honor de la UNAM, instancia ante la que apeló su expulsión.
El pasado 10 de enero, Martha supo que la Comisión de Honor decidió no sancionar a Flores Soto pues los hechos ocurrieron fuera de la escuela. Aún estando encarcelado en el Reclusorio Oriente para enfrentar el juicio por violación, Víctor Hugo Flores podrá continuar estudiando en esa universidad.
Martha jamás fue notificada oficialmente por las autoridades de la UNAM sobre las determinaciones tomadas en el caso. “Soy un cero a la izquierda para ellos”, señala.
Las autoridades universitarias tienen una opinión distinta. La presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, Leticia Cano Soriano, dice que existen “más que condiciones favorables” para que las víctimas denuncien.
Cano Soriano destaca que “hasta en los materiales de bienvenida” se invita a la comunidad universitaria a que acuda a la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD) dentro de la UNAM para presentar una queja, y adelantó que la casa de estudios está “por concluir” un documento de política institucional de género. Ni la Oficina de la Abogada General ni el área de Comunicación Social de esa institución dieron su punto de vista sobre las fallas o beneficios del procedimiento que está vigente para denunciar violencia sexual, pese a que fueron consultadas vía telefónica y correo electrónico.
Las cifras
El 10 de marzo de 2016, un día después del episodio en el que un desconocido insultó a Martha en al campus de la universidad, el secretario de Gobernación, anunció que el gobierno federal “trabaja para combatir y poner fin a la violencia de género en todas sus manifestaciones”. Dos días antes, durante el Día Internacional de la Mujer, el presidente Enrique Peña Nieto celebró que “sin duda” el país ha hecho avances “en erradicar la violencia contra las mujeres”.
En México se cometen alrededor de 600,000 delitos sexuales al año, según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en su primer Diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México, que publicó en marzo de este año.
El documento calcula que entre 2010 y 2015 se realizaron dos millones 996 mil de ellos, si se toma en cuenta la cifra negra de denuncias -que alcanza 94.1%-. De las víctimas, ocho de cada diez son mujeres.
De ese estudio sobresalen dos datos: de ese total de 600,000 crímenes que se calcula se cometen anualmente, las autoridades de procuración de justicia solo integran 20,000 averiguaciones previas. Y de ellas solo en 6,000 -1 por ciento de los casos- se consigna al agresor ante un juez.
Entre las personas que figuran como víctimas de delitos sexuales en las averiguaciones previas, ser estudiante es la ocupación más frecuente: 25.6 por ciento de los casos.
Por ejemplo, en la UNAM, 49.3 por ciento de las alumnas -34,642 personas- dijo haber sufrido algún tipo de hostigamiento en la universidad, de acuerdo con la encuesta más reciente (2009) que realizó el Programa Universitario de Equidad de Género (PUEG).
De ellas 27.1 por ciento dijo haber experimentado “miradas morbosas o gestos molestos”; 22.1 por ciento señaló “frecuentes piropos no deseados acerca de su apariencia”; 2.1 por ciento tuvo que cambiarse de grupo o dar de baja una materia por acoso sexual; y 71 alumnas, 0.2 por ciento, sufrió amenazas y castigos para realizar actos sexuales no deseados.
La UNAM no es la única universidad que no cuenta con un procedimiento específico y claro para atender casos de violencia sexual. En México existen al menos 32 universidades autónomas locales, una por cada entidad federativa, y solo cuatro de ellas -la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Quintana Roo- tienen un protocolo diseñado para la atención de hostigamiento y abuso sexual.
De esas cuatro universidades, el reglamento de la Universidad Michoacana contempla atender únicamente los casos que ocurren dentro de sus instalaciones y la Universidad de Quintana Roo prevé atender a los trabajadores, más no a los alumnos.
Son esas mismas cuatro escuelas las únicas que incluyen de manera particular la sanción de delitos sexuales. El resto enuncia de forma general en sus reglamentos o estatutos “actos contrarios a la moral”, “faltas de respeto” u “hostilidad”. Conductas como llegar en estado de ebriedad a clase o falsificar documentos escolares sí son tipificadas con precisión por la mayoría de las casas de estudio.
De las 24 universidades que no cuentan con protocolo, sólo la UNAM y la Universidad de Guanajuato tienen un anteproyecto que está en proceso de aprobación. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) cuenta con un procedimiento que realizaron dos profesoras del plantel San Lorenzo Tezonco, tras darle seguimiento a un caso de acoso sexual en 2013, pero que no ha sido institucionalizado. Es decir, se utiliza de forma no oficial en ese plantel para atender los casos que ahí suceden, pero no está en el reglamento general.
La situación en las universidades privadas no es mejor. Ninguna de las más grandes a nivel alumnado cuenta con un protocolo, aunque algunas de ellas especifican el acoso sexual como una falta disciplinaria en su reglamento general.
En 2014 el Tecnológico de Monterrey tenía, dentro del campus Estado de México, un Procedimiento para Atención de Quejas contra Acoso y Hostigamiento Sexual, pero las propias autoridades escolares -Amparo Dueñas, directora de Talento y Cultura del Campus Estado de México- admitieron para este reportaje que ya no está vigente y que el Comité de Equidad de Género, encargado de su funcionamiento, ya no existe.
La Universidad Panamericana sanciona el acoso sexual en sus respectivos reglamentos, pero de manera general y sin un procedimiento. La Universidad Anáhuac no menciona el tema en sus documentos.
En la Universidad Iberoamericana tampoco existen protocolos para atención de violencia o acoso sexual; sin embargo, el Programa de Género está diseñando los protocolos que de acuerdo con la procuradora de Derechos Universitarios, Patricia de los Ríos, serán publicados “en unos meses”.
La institución, dijo, se encuentra en un periodo de transformación que comenzó hace año y medio con la creación de la Procuraduría de Derechos Universitarios, encargada de atender las denuncias, investigar los casos y publicar recomendaciones. También dijo que está pendiente la conformación del Tribunal Universitario, que será el máximo órgano para debatir estos temas.
En la Universidad Autónoma de Guadalajara se prohíbe expresamente que las mujeres utilicen ropa transparente o que las blusas y faldas sean “extremadamente cortas”, así como la ausencia de ropa interior o el uso de esta de manera visible pues, señala, “con ello se puede provocar la falta de respeto de sus compañeros”.
Las redes
Colectivos feministas y académicas insisten en que la existencia de protocolos para atender casos de violencia sexual en universidades es necesaria para evitar que estos casos continúen. Martha, la estudiante de la UNAM, ahora forma parte de la Red No Están Solas, un colectivo feminista integrado en su mayoría por sobrevivientes de violencia sexual. Afirma que si las universidades permiten que los casos queden en la impunidad, perpetúan esas conductas.
Al respecto la académica Natalia Flores afirma: “Los protocolos deben ser claros y específicos para evitar vacíos legales y que las víctimas sean obligadas, en la práctica, a convivir con sus agresores en la escuela. Tienen que ser una ruta interna a seguir que indique dónde poner una queja y que estipule que el trato a los denunciantes debe apegarse a los derechos humanos”.
Andrea Ramírez, integrante de la Red No Están Solas, agrega sobre el tema: “Estos procedimientos tendrían que considerar no solo sanciones para los agresores, sino para los funcionarios que revictimicen a las personas que denuncian”.
Por ejemplo, afirma, ella y otras compañeras fueron agredidas por Juan Carlos Sosa, estudiante y profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Al denunciar los hechos, el ofrecimiento de la institución fue un cubículo apartado para ella y préstamo de libros a domicilio, para que pudiera continuar con sus estudios “sin riesgo”. Decidió dejar de ir a la universidad.
Por su parte Melissa Lailson, abogada de Martha, va más allá y propone que se legisle en la materia, al menos a nivel estatal, pues los agresores pueden ampararse ante la justicia y evitar las sanciones universitarias argumentando que se les niega su derecho a la educación.
Yolanda Pineda, una de las profesoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que impulsa la institucionalización del procedimiento que ha atendido al menos 11 casos, llama la atención sobre el tema de las sanciones, pues cree que un protocolo debe ser un espacio de resolución de conflictos. Afirma en entrevista que cambiar de plantel al agresor, como dice que se ha hecho en algunos casos de los que tiene conocimiento, solamente es llevar el problema a otro lado. Se debe proteger a las víctimas, pero también hay que trabajar más a fondo con las personas violentas.
Según ella, hubo casos “muy bonitos en los que a través del diálogo logramos que las personas dijeran ‘yo no sabía que estaba ejerciendo violencia’ y a partir de eso dejaron de violentar a las compañeras”.
En octubre de 2014, cuando Martha supo que había sido víctima de violación, la violencia sexual en universidades ocupaba algunas primeras planas en Estados Unidos. Denuncias como la de Emma Sulkowicz, estudiante de la Universidad de Columbia que decidió caminar por el campus con un colchón a cuestas para exigir la expulsión de su violador, provocaron una respuesta gubernamental. El presidente Barack Obama lanzó la campaña “It’s On Us” (Está en nosotros) y creó la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca para Proteger a los Estudiantes del Acoso Sexual. Su gobierno también publicó una lista de 55 universidades investigadas por su forma de atender casos de violencia de género.
A través de pintas y marchas al interior de la universidad, como lo ha hecho la Red No Están Solas, o por medio de las redes sociales como lo hacen alumnas de la Universidad Iberoamericana, algunas estudiantes mexicanas han seguido los pasos de sus colegas estadounidenses y señalan que seguirán exigiendo justicia a las autoridades tanto escolares como gubernamentales.
*Esta es una versión de un reportaje realizado originalmente por Distintas Latitudes para el portal Desigualdad, de Univision, que coordina la fundación española porCausa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO, DISTINTAS LATITUDES.
AUTOR: ARTURO ILIZALITURRI.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/universidades-reprobadas-solo-4-tienen-protocolos-contra-el-acoso-sexual/
OAXACA, Oax: A la gira del presidente Enrique Peña Nieto por Alemania lo “acompañaron” los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa con protestas en Berlín y Hamburgo para denunciar que “la crisis de derechos humanos en México ha adquirido dimensiones catastróficas”.
Así lo dijeron la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México e integrantes de Initiative Mexiko en un comunicado en el que le hicieron saber al presidente Joachim Gauck y a la canciller federal alemana Angela Merkel que el caso Ayotzinapa es “sólo la punta del iceberg sobre las graves violaciones a los derechos humanos”.
Desde ayer y hoy, agregaron, la sombra de los normalistas y las masacres de Apatzingán y Tlatlaya persiguieron a Peña Nieto en su visita de Estado.
El colectivo de organizaciones alemanas resaltó que, de acuerdo con cifras oficiales, se desconoce el paradero de casi 27 mil personas desaparecidas en México y las autoridades “casi no han adoptado medidas para aclarar estos crímenes”.
Como ejemplo de esta inacción, citó el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que desde septiembre del 2014 desaparecieron y que “ha desatado un gran desconcierto en México y a nivel internacional, pues ha revelado la colaboración entre las autoridades estatales con el crimen organizado”.
Según los activistas, las autoridades mexicanas comenzaron la investigación, tras la fuerte presión internacional. Sin embargo, dijeron, los resultados fueron refutados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el destino de los estudiantes “permanece sin ser aclarado”.
Para ellos, “no únicamente el crimen organizado sino también las fuerzas estatales de seguridad son responsables de graves violaciones de derechos humanos en México… La impunidad es de un 98% y la corrupción alcanza hasta los niveles más altos de la política nacional. Por eso no parece ser probable recibir una sanción por crímenes de violaciones de derechos humanos”.
Agregaron que las detenciones arbitrarias así como la tortura ejercida por la policía y el Ejército Mexicano “se cometen a la orden del día, so pretexto de la lucha contra el crimen organizado”.
Los activistas reiteraron la situación que se vive en el sistema de justicia mexicano: “El objetivo es que a través de la tortura se consigan las confesiones sobre delitos y así se logren rápidamente las averiguaciones. Los policías y militares que torturan no tienen que temer por un procesamiento penal, mientras en la mayoría de los casos la víctima permanece en la cárcel a pesar de falta de evidencias del delito”.
Según su punto de vista, después de la presión internacional el gobierno mexicano ha presentado “un bosquejo” de leyes contra la tortura y la desaparición forzada de personas. Sin embargo, éstas “no corresponden con los estándares internacionales”.
Por el contrario, añadieron, el gobierno mexicano ha rechazado las recomendaciones y resultados de investigación de organizaciones internacionales de derechos humanos y comités de las Naciones Unidas.
De hecho, recordaron que expertos como el relator especial sobre la Tortura de las Nacionales Unidas, Juan Méndez y los integrantes del GIEI han sido atacados y difamados públicamente.
En tanto, aseguraron, el gobierno de Peña Nieto “trata de promocionar la inversión de mercados internacionales y presentar a México como un lugar interesante para la economía con nuevas leyes aprobadas en las áreas de energía, minería, extracción de gas y petróleo, aunque tienen repercusiones considerables hacia las casi 32 mil comunidades agrícolas en México y a los casi 28 millones de personas que viven en zonas rurales”.
Enseguida denunciaron que los ejidos de comunidades indígenas –garantizados en la Constitución–, han sido excavados. “El derecho al consentimiento libre, informado y previo es violado con la realización de numerosos megaproyectos”, afirmaron.
En la lista de críticas al gobierno mexicano, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México e integrantes de Initiative Mexiko aseguraron que defensores de derechos humanos y periodistas, “quienes denuncian y critican estas irregularidades y quienes exigen reformas, son víctimas de campañas de desprestigio, represión e incluso asesinato”.
Por último, los activistas aseguraron que el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas amenazados establecido en el 2012, así como la Ley de Protección para las Víctimas “han sido medidas insuficientes de protección, de acuerdo con los recientes y numerosos asesinatos de periodistas críticos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436867/crisis-dh-en-mexico-dimensiones-catastroficas-activistas-alemanes
LERMA, Edomex: Comuneros de San Francisco Xochicuautla, directivos de Higa y empleados del gobierno estatal dieron marcha atrás en el establecimiento de una mesa de diálogo que ya habían pactado, en virtud de que la empresa se niega a suspender los trabajos de desalojo y demolición de viviendas para construir la autopista Toluca-Naucalpan.
Después de varias horas de reunión con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, y cuando ya existía un acuerdo para que Higa respetara la suspensión definitiva de la obra ordenada por los amparos 1117/2015 y 1123/2015 y para iniciar negociaciones formales en la sede de la CNDH, la empresa se retractó.
José Luis Fernández, vocero de la comunidad, indicó que el corporativo, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, reculó en su oferta de detener las máquinas y anunció que mañana regresan al bosque de agua; además, asumió la “postura intransigente” para que la mesa de diálogo se instale en la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.
No obstante, advirtió que cualquier reunión en Toluca o en otro punto de la entidad no garantiza la seguridad para pobladores y dirigentes del movimiento otomí.
“No hay condiciones de seguridad para nosotros, nos han hostigado mucho, hemos sido perseguidos, y más por gobierno del estado”, acusó.
Por estas razones, indicó que la comunidad decidió tomar otro tipo de acciones políticas y legales.
Este día los inconformes entablaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y aparte esperan que en breve la CNDH tenga lista la recomendación correspondiente y que la oficina del Alto Comisionado de la ONU tome acciones y decisiones tras constatar hoy la violación a los derechos humanos de los habitantes.
En tanto, para este miércoles 13 se espera el arribo de una caravana que integra una campaña por la Defensa de la Madre Tierra, con 178 comunidades y organizaciones de todo el país, quienes han ofertado realizar una valla humana en torno al trazo, y en conjunto se decidirán las acciones de resistencia pacífica subsecuente.
Mientras, esta mañana cerca de mil granaderos fueron dispuestos a lo largo del trazo carretero que construye la empresa de uno de los principales contratistas del sexenio.
Los policías pretendían demoler la casa de Celestino Fernández, indígena otomí de 78 años, quien vive solo, y la ermita sagrada, una capilla de la comunidad, pero se detuvieron sólo ante la posibilidad de un enfrentamiento.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/436836/higa-trabajos-en-xochicuautla-comuneros-piden-dialogo-en-la-cdmx
En la mañana de este martes 12 de Abril, mientras las fuerzas policiales del Estado de México continuaban avanzando en el otro extremo del estado, en San Francisco Xochicuautla, un convoy de de militares ingresaron a terrenos ejidales de la comunidad para escoltar a una cuadrilla de trabajadores de una de las empresas privadas encargadas de la construcción de un nuevo Aeropuerto para la ciudad de México.
Integrantes de la comunidad que resiste desde hace más de diez años a la expropiación de sus tierras relataron a Desinformémonos que el día anterior, lunes 11, un funcionario de la empresa ya se había hecho presente en las tierras comunales, sobre la base del Cerro Huatepec (que significa Cerro del agua, en Náhuatl) con la intención de “realizar mediciones”. Ante la intromisión, los pobladores se acercaron y reaccionaron.
“Los compañeros le dijeron que no podían estar en tierras comunales porque estamos en litigio, que no les permite entrar en el terreno. Les dijeron que entendemos que ellos son trabajadores y no tienen nada que ver con el conflicto, pero para no meterse en el problema, les pedimos que se retiraran y así lo hicieron.”
Para cuando volvieron en el mediodía del martes 12, lo hicieron escoltados por personal del ejército.
¿Tiene que ver esta incursión con la avanzada que resisten en Xochicuautla?
“Sí, entendemos que sí. El proyecto de la autopista es parte de la comunicación que pretenden darle al Aeropuerto que quieren construir aquí. Ellos saben que en Atenco siempre vamos a dar una respuesta, a esta intromisión como al ataque en Xochicuautla. La reacción de la gente de aquí fue de molestia ante la imposición de uno de los proyectos más impopulares de Enrique Peña Nieto. No los queremos aquí.”
Así como la comunidad otomí, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que parió Atenco en los comienzos de la lucha, participan de la Campaña por la Defensa de la Madre Tierra que fue lanzada el último domingo y son son parte clave del Fuego de la Digna Resistencia, la coordinación de las luchas del Estado de México que combaten la recientemente aprobada “Ley Eruviel” que “reglamenta” el uso de fuerza letal en manifestaciones públicas, así como de otros elementos que hasta ahora estaban prohibidos (como los aparatos para dar descargas eléctricas) cuyo uso sólo dependerá de las jerarquías policiales que lleven adelante los operativos, dejando en las sombras al poder político, que siempre tiene un costo que pagar cuando manda reprimir una manifestación popular.
En el caso de Atenco, también tienen ganado un amparo que aleja a los constructores de las tierras disputadas. Pero tampoco desoyen lo que sucede en este momento en Xochicuautla: la comunidad otomí lleva dos días resistiendo al atropello policial, comandado por el departamento de sistemas de autopistas del Estado de México y funcionarios de la empresa Higa, que entraron a tierras comunes, violando la sentencia del amparo promovido por la comunidad indígena en contra del decreto presidencial de julio de 2015. La sentencia obtenida en Marzo de este año obliga a detener la expropiación de esas tierras para construir una parte del trazado de la autopista que una Toluca y Naucalpan, “hasta tanto no se soluciones el conflicto de fondo” entre la comunidad y el gobierno.
Con esa violación en mente, la comunidad de Atenco comenzó desde esta tarde a realizar guardias diarias, para evitar que sigan las incursiones a las tierras ejidales. “Llamamos a las organizaciones solidarias a sumarse a acciones como esta y otras que estaremos comunicando posteriormente.”
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ya está instalado en ambos pueblos, desde dónde analizaron la situación: “No es coincidencia que estos hechos se den en días sucesivos. La presencia militar en Atenco demuestra que de la coordinación represiva también participa el gobierno federal. Esto es un intento de legitimar por vía de la fuerza, la imposición de la Ley Eruviel en el estado de México”
La Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los derechos humanos interpuso el “incidente” ocurrido en Xochicuautla frente al juez que resolvió el amparo para solicitar su actuación al respecto.
Por su parte, el Zeferino Ladrillero emitió una comunicación urgente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitando que emita medidas cautelares en favor de la población indígena de San Francisco Xochicuautla y también, enviaron una nota recordatoria del mismo pedido que ya fue solicitado en favor de San Salvador Atenco.
“Desde el Zeferino Ladrillero estimamos que estos atraque son un viraje en la estrategia del gobierno del estado de México para provocar la imposición de la Ley Eruviel, en los 90 días que tiene de plazo legal para hacerlo. Lo que están buscando es una confrontación física con los pueblos y organizaciones del estado para cosechar argumentos favorables a la necesidad de una ley violatoria de los derechos humanos como es esta, que permite atacar con munición real a población civil desarmado. Alertamos que así como Xochicuautla y Atenco están en la mira los pueblos de Tecámac, Coyotepec y San Francisco Magú. Estamos alerta.”
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ELIANA GILET.
LINK: http://desinformemonos.org.mx/ejercito-irrumpe-en-tierras-ejidales-de-san-salvador-atenco/
El gobierno federal ya ha asegurado que no habrá prórroga para el grupo de expertos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará el domingo 24 de abril lo que podría ser su último informe sobre el caso Ayotzinapa.
El lunes por la noche, se dio a conocer la invitación a los medios:
Esta semana se realizan reuniones en las que se determinará si el GIEI continúa en el país o no. Sin embargo, el gobierno federal ya ha adelantado que no habrá prórroga.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora general de la República, Arely Gómez, participaron el lunes en una mesa de trabajo con integrantes del grupo de expertos.
Durante el encuentro celebrado en oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR), se abordaron aspectos relacionados con los últimos avances en la investigación del caso Iguala.
En la reunión estuvieron presentes el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad , Eber Omar Betanzos Torres, y el jefe de la Oficina de la procuradora, Christian Ramírez Gutiérrez, ambos de la PGR.
También acudió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, así como Carlos Martín Beristain, Alejandro Valencia y Francisco Cox Vial, integrantes del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1204/mexico/giei-presentara-lo-que-podria-ser-su-ultimo-informe-sobre-ayotzinapa/
Previamente, la constructora se comprometió a pagar las multas impuestas y aseguró que se ponía "punto final al proceso de investigación" en su contra.
La empresa Infraiber sostuvo que “el caso OHL no está cerrado, ni se limita al pago de una multa de $71.9 millones de pesos”, que le impuso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En un desplegado publicado en varios medios este martes, dirigido a la Secretaría de Hacienda, la CNBV, agencias calificadoras, al público inversionista y a la opinión pública, titulado “OHL: un asunto de interés público”, la compañía llamó a la constructora a “reformular sus estados financieros”; “hacer pública toda la información relacionada con las sanciones y acciones correctivas impuestas a OHL”; además de que pidió al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, que revele el monto de la inversión que hizo OHL en el Circuito Exterior Mexiquense.
Primera Pag3 by Aristegui Noticias
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1204/mexico/caso-ohl-no-esta-cerrado-ni-se-limita-al-pago-de-una-multa-infraiber/
