Elementos de la Policía de Investigación (PDI) adscritos a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, en coordinación con personal de la Policía Federal, cumplimentaron una orden de cateo otorgada por el juez 28 Penal, en el establecimiento mercantil, logrando asegurar a:

1) Ignacio Alcántara Cante.

2) Ezequiel Zamora Mayorga.

3) Andrés Rojas González.

4) Rosalinda León Avalos.

5) Sergio Ramírez Gorospe.

La explotación sexual consistía en reclutar a las mujeres para prestar servicio como bailarinas; una vez contratadas, eran obligadas a ejercer el sexo servicio en un cubículo privado, ubicado al interior del bar. También salían del local para sostener relaciones sexuales en los hoteles del rumbo por espacio de 45 minutos.

Las ofendidas debían cubrir una cuota de consumo de bebidas alcohólicas e ingerirlas con los clientes, si no alcanzaban la cantidad requerida recibían una sanción económica. El copeo incluía bailes eróticos y permitir que los consumidores les hicieran tocamientos de índole sexual.

De igual manera, las víctimas debían realizar bailes privados en las mesas de los asistentes y ejecutar esta misma acción en la pista, por lo menos tres veces por jornada, debiendo quedar completamente desnudas.

De las declaraciones, se desprende que los administradores se quedaban con el mayor porcentaje del dinero obtenido por todos los servicios que realizaban las afectadas.

Al momento de realizar la diligencia de cateo se encontró a una víctima realizando el sexoservicio con un cliente en el área de privados. En el lugar se hallaron preservativos, por lo que se dio intervención a peritos en la especialidad de genética forense.

Las 47 mujeres rescatadas, originarias de México, Venezuela, República Dominicana, Honduras, Cuba, Colombia y Eslovenia, recibieron apoyo psicológico, médico y orientación jurídica. El dictamen de psicología forense determinó afectación y alto grado de vulnerabilidad, por lo cual la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad intervino para brindarles apoyo integral.

Como parte de las diligencias ministeriales, la Fiscalía aseguró el inmueble que será propuesto para la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio; recabó declaración a las víctimas, quienes previo reconocimiento en la cámara de Gessel formalizaron la denuncia y se ejerció acción penal contra los cinco imputados.

Los hombres fueron consignados al Reclusorio Preventivo Oriente y la mujer al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, a disposición del juez penal en turno, como probables responsables de delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual por prostitución ajena.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/437520/rescatan-a-47-mujeres-explotadas-sexualmente-en-la-alvaro-obregon

Se trata de Elí Omar Alejo Lozano, de 30 años de edad; Javier García Pérez, de 39; Higinio Lopez Núñez, 37; Roberto Carlos Rodríguez Martínez, 21; José Ángel Rodriguez Trujillo, 51; Francisco Rubio Rivas, 22, y Jesús Alejandro Martínez Martínez, de 21 años.

De acuerdo con un informe del gobierno estatal, las primeras diligencias indicaron que la masacre derivó de un alto consumo de droga en el lugar, donde supuestamente los vecinos no tenían conocimiento de que ahí acudían adictos a consumir.

Según el informe pericial, dos de las víctimas presentaron heridas de arma blanca, y los siete restantes huellas de ahorcamiento.

El procurador del estado, Roberto Flores, informó que en el lugar donde los nueve cadáveres fueron encontrados se hallaron instrumentos para fumar drogas, aunque no precisó el tipo de sustancia, ni las dosis encontradas. El funcionario detalló que los cuerpos estaban maniatados, y algunos fueron encontrados en el baño y otros en la sala del domicilio.

Sobre el automóvil, el camión de mudanzas y la motocicleta que señalaron testigos, quienes presuntamente estarían involucrados en los hechos, el procurador dijo que eso y el análisis del video forman parte de las investigaciones.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/437536/identifican-a-siete-los-nueve-ejecutados-en-nuevo-leon

XALAPA, Ver. (apro).- Basilio Camerino Picazo Pérez, candidato del PRI a diputado local por el distrito de Papantla, presuntamente involucrado en el homicidio de Miguel Alfonso Vázquez, exsíndico de Coyutla –ocurrido el 6 de mayo de 2005–, amenazó de muerte a la reportera del ‘Diario de Xalapa’ María Elena Ferral, a quien textualmente dijo en un restaurante: “Te vamos a levantar”.

Considerado un cacique en el norte de la entidad, Picazo Pérez ha sido alcalde de Coyutla y ha ocupado diversos cargos en el PRI. Su actual abanderamiento se debe al padrinazgo político del candidato a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, y a su cercanía con el exlíder estatal priista y hoy legislador federal, Jorge Carvallo Delfín.

Tras las amenaza del político priista, Elena Ferral, con más de dos décadas en el ejercicio periodístico, presentó la denuncia penal correspondiente en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, porque –dijo– teme por su integridad física y la de su familia.

En su querella la comunicadora refiere que Basilio Camerino Picazo siempre se hace acompañar de pistoleros y de escoltas privados.

“Yo estaba en un restaurante de Papantla y dejé comiendo a mis hijos cuando Basilio llegó acompañado de su esposa, con su hijo, y empezó a decir que me haría daño, que ya me dejó vivir mucho tiempo (sic) y que me desaparecerá en estos días, delante de su esposa y un niño de nueve años, y me habla mi hija espantada”.

A decir de la periodista, el candidato priista “ya perdió piso” y suele tornarse violento en contra de sus detractores o enemigos; asegura que el actual candidato siempre ha contado con la protección de la justicia, y la muestra más clara es la averiguación previa por un homicidio que continua en la impunidad.

Semanas atrás, militantes priistas del norte de la entidad se quejaron de que el Comité Directivo Estatal del PRI y el candidato a gobernador, Héctor Yunes, le apostaran a alguien con la reputación de Picazo Pérez.

“Una década después el PRI, nuestro partido, apuesta al olvido y a postular como candidato a alguien que debería de estar en la cárcel”, expusieron militantes del distrito de Papantla que viajaron a la capital del estado para recriminar el registro de Picazo Pérez como candidato a diputado.

En noviembre de 2006 el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Boca del Río le negó un amparo a Basilio Camerino Picazo, entonces alcalde de Coyutla, por considerar que existían elementos para hacerlo responsable del homicidio de su síndico.

“El tema es que sí Basilio Picazo Pérez se declaró inocente del asesinato del exsindico, ¿por qué se amparó? Y por qué hoy el PRI le permite postularse por un cargo de elección popular, sabiendo la fama de cacique que tiene en la Cuenca del Papaloapan”, destacaron los priistas inconformes con su postulación.

En aquel entonces, para evitar ser detenido, el exalcalde tramitó otro juicio de amparo número 672/05, concedido por el Juzgado Décimo Primero de Distrito con sede en Poza Rica.

Según las diligencias, dos pistoleros –uno de ellos hijo del comandante de la policía municipal de Coyutla– mataron al síndico después de que el alcalde Picazo Pérez les pagó 70 mil pesos.

Los dos sicarios, Vicente Rodríguez y Rodolfo Carballo, fueron condenados a 29 años de prisión, mientras el llamado autor intelectual nunca fue investigado ni se libró orden de aprehensión en su contra.

El hoy líder estatal del PRI, Amadeo Flores Espinosa, fungió como procurador general de Justicia del estado (PGJE) al inicio del sexenio de Javier Duarte (2011-2014), y tampoco quiso reactivar la investigación en contra de su correligionario.

En el sexenio pasado el entonces líder estatal del PRD, Rogelio Franco Castán, pidió a la policía ministerial “protección” y “medidas cautelares” para la exregidora Hortensia Escudero y el dirigente de Movimiento Ciudadano, Sergio Rivera, luego de que ambos fueron amenazados de muerte por el propio Picazo Pérez.

Fuente: Proceso

Autor: Noé Zavaleta

http://www.proceso.com.mx/437538/te-vamos-a-levantar-advierte-a-reportera-candidato-del-pri-en-veracruz

La empresa Dine, representante de desarrollos turísticos de Punta de Mita, propiedad de empresarios nacionales y extranjeros, se apoderó de todo en este poblado turístico del municipio de Bahía de Banderas, lo mismo de playas que de la escuela primaria, la plaza pública y los accesos a la bahía.

Hace 22 años, agentes federales desalojaron a pescadores locales a punta de culatazos. Los sacaron de sus casas por órdenes de Rigoberto Ochoa Zaragoza, entonces gobernador de Nayarit, aseguró Justino Niebla González, uno de los afectados. Éramos 274 personas, sostuvo.

Las casas de los pescadores junto al mar fueron derribadas. En su lugar fueron construidos hoteles donde una suite cuesta 15 mil dólares por noche. Asimismo se venden casas por más de 7 millones de dólares, mientras a los pescadores desalojados se les edificó el poblado Nuevo Corral del Risco, a dos cuadras de la entrada al hotel Saint Regis.

Las casas de los pescadores, que colindan con restaurantes y negocios de lujo, están hechas de bloques; miden menos de 50 metros cuadrados y por temporadas carecen de agua potable. Las calles se hallan en pésimas condiciones y por ellas corren aguas residuales.

José Anaya Aguirre, presidente de la asociación civil Unidos por la Dignidad de Corral del Risco, asegura que desde 1994 “nada ha cambiado, no se ha cumplido los compromisos.

La escuela primaria, el kínder, la plaza pública, la cancha de futbol, el estacionamiento: todas esas áreas son privadas. Yo tengo las claves catastrales. La mayoría de esas propiedades están a nombre de Banca Serfin (ya desaparecida), añadió.

Con documentos, minutas y acuerdos en mano, Anaya asegura que existen anomalías en la escrituración de las propiedades; afirma tener la escritura madre de nuestro pueblo, que es la 3 mil 689. Esa se registró en 1994, año que nos reubicaron. Estas escrituras están en el catastro de (la comunidad) Bucerías.

Agregó que Dine no ha cumplido los más de 30 compromisos firmados a lo largo de 20 años, y junto con autoridades municipales, estatales y federales han cometidoarbitrariedades.

Sin derecho a la playa

María Alonso Montaño recordó que un sujeto entró hace años a su casa y le dijo: “‘Tenemos tres demandas en tu contra, del gobierno federal, de Banca Serfin y de los gobiernos estatal y municipal’. Me llevaron al Ministerio Público. Yo no firmé nada”, contó.

Alonso asegura que ya está acostumbrada a su pequeña casa. No tengo otro lugar donde vivir, pero este pueblo de verdad es un corral. Indicó que sólo se puede salir por la carretera y los vecinos parecen acorralados por un desarrollo que no les ha dejado beneficio alguno. Tampoco tenemos derecho a andar por la playa.

Cuando los pescadores de Punta de Mita fueron desalojados les prometieron que les darían los mejores trabajos en los nuevos negocios. Les mintieron. Este pueblo está en el limbo. No crece y la economía apenas da para sobrevivir, lamentó María Alonso, quien destacó que la comunidad está rodeada de oro (el turismo de gran lujo), pero nosotros no alcanzamos nada de eso.

Figuras del espectáculo y la política hallan en Punta de Mita refugio y privacidad. “Una vez nos dijo un candidato: ‘Aquí viene el señor Presidente de la República (Enrique Peña Nieto). Le encanta aquí’. Le dije: ‘¿Sí? Dígale que se dé una paseadita por el pueblo para que vea cómo está. Si tanto le gusta, que dé un billetito para que arreglen las calles”.

Muchos pescadores de Corral del Risco han vendido sus viviendas. Ya ni siquiera la cooperativa de su gremio es de su propiedad. La fundaron en 1980 y hoy está en manos de extranjeros, al igual que una escollera que Dine prometió construir tras el desalojo.

Justino cuida un terreno frente al mar, donde vende botanas y refrescos. Su edad es avanzada y padece diversas enfermedades.

Ningún compromiso ha cumplido Dine. Los verdugos fueron el entonces alcalde Crescenciano Flores y el gobernador Rigoberto Ochoa Zaragoza. Nos atacaron, nos obligaron a aceptar, metieron gente a la cárcel hasta que aceptamos la reubicación.

Indicó que ejecutivos de los hoteles ordenaron acabar con arroyos para construir campos de golf frente al mar; además, los fertilizantes sintéticos para el césped de esos campos terminan en el mar. Antes había mucho que comer al borde de la playa; ahora sólo hay piedras.

Veintidós años después del desalojo, el pueblo sólo tiene una calle pavimentada por donde pasan a veces las lujosas camionetas de los huéspedes que salen de compras. Pero nada de ese dinero se queda entre la población.

Fuente: La Jornada

Autor: Javier Santos

http://www.jornada.unam.mx/2016/04/18/estados/028n1est

En entrevista, el miembro del FDOMEZ señaló los dos integrantes de esta organización "que evitaron el allanamiento a todas luces ilegal y arbitrario, fueron amenazados de desaparición forzada y se les amedrentó al señalarles que regresarían con más elementos castrenses para apoderarse de la Casa Campesina-Popular-Cultural".

Los militares exigían que los integrantes de FDOMEZ se identificaran, aseguró, "y lo que los compañeros dijeron es que ellos no tenían identificación y la respuesta de los militares fue que si no tenían identificación era más fácil desaparecerlos".

Como organización se hizo esta marcha por el intento de allanamiento porque representa violación a los derechos humanos, "pero fueron nuevamente acosados, principalmente al pasar por la localidad de Chapopote en la que los elementos del Ejército adscritos al 40 Batallón de Infantería se colocaron en posiciones de ataque, tras sus pertrechos, cortaron los cartuchos de las armas de fuego, fotografiaron y por orden de uno de sus superiores filmaron selectivamente a varios manifestantes".

Ya instalaron un campamento en la Casa Ejidal de Chapopote, sostuvo el integrante del Frente Democrático Oriental de México "Emiliano Zapata", dentro del municipio de Chalma y con esto, han iniciado patrullajes sobre veredas, es una amenaza a la tranquilidad, es un intento de criminalizar la zona, aunque dicen que es para llevar desarrollo a las comunidades y acabar con el abigeato.

Fuente: La Jornada Veracruz

Autora: Norma Trujillo Báez

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=160416_070931_060

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Elementos de la Policía aseguraron un cargamento de aparente narcótico el cual era transportado por un connacional procedente de Bogotá en vuelo comercial con destino a la Ciudad de México.

La Policía Nacional de Colombia informó a su contraparte mexicana la identificación de un viajero, el cual presuntamente transportaba -en compartimentos ocultos de su equipaje- diversos envoltorios con una sustancia similar a narcótico.

Ante esta situación, elementos de la Policía Federal, adscritos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, implementaron un operativo en la salas de última espera en el área de llegadas internacionales para identificar al connacional procedente de Bogotá, Colombia.

Una vez que descendió de la aeronave, policías federales identificaron a un sujeto a quien aseguraron una maleta. Durante una revisión a su equipaje fueron hallados ocho envoltorios confeccionados en material obscuro que contenían cocaína.

El viajero, su equipaje y los envoltorios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien determinará el peso exacto y tipo de sustancia.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/437493/detienen-a-pasajero-en-aicm-cocaina-en-equipaje

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Antiguo contratista de Petróleos Mexicanos, José Ramiro Garza Cantú es uno de los mexicanos más beneficiados de las empresasoffshore de Mossack Fonseca. Con la ayuda del despacho panameño especializado en paraísos fiscales, integró una vasta red de compañías de papel para rentarle a Pemex plataformas para la exploración en aguas profundas por casi un millón y medio de dólares al día, sin que a la fecha se haya anunciado hallazgo alguno.

Con 84 años recién cumplidos y nacido en Reynosa, Tamaulipas, Garza Cantú es desde hace casi cuatro décadas contratista de la principal empresa del Estado mexicano. Sus relaciones económicas con Pemex las comenzó en los setenta al lado del entonces poderoso líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, su paisano ya fallecido Joaquín Hernández Galicia, La Quina.

Las distintas administraciones de Pemex durante los gobiernos priistas lo hicieron crecer como contratista. Pero fue en el gobierno del panista Felipe Calderón cuando consiguió multimillonarios contratos para encaminarse en la explotación de lo que el expresidente llamó “un tesoro escondido en el fondo del mar”.

El gobierno de Enrique Peña Nieto se los ha ampliado hasta diciembre del próximo año, a pesar de que la empresa estatal enfrenta la caída de los precios internacionales del crudo. Apenas la semana pasada, la Secretaría de Hacienda anunció una inyección de 123 mil 500 millones de pesos para pagar a proveedores y reducir su deuda.

Para lograr los millonarios contratos, Garza Cantú recurrió a complejas estructuras financieras que impulsó desde el inicio del gobierno de Calderón a través de dos grandes operadores: el propio Mossack Fonseca y la firma Igmasa, experta también en la creación de empresas en paraísos fiscales e involucrada en escándalos de evasión de impuestos en la compra-venta de jugadores en el futbol europeo.

Gracias a esas estructuras, Garza Cantú es ahora uno de los pocos mexicanos que ha capitalizado “el tesoro” anunciado por Calderón, según muestran los documentos que forman parte de la investigación periodística internacional #PanamaPapers, de la que Proceso formó parte.

Fuente: Proceso

Autores: Jorge Carrasco y Mathieu Tourliere

http://www.proceso.com.mx/437454/laberinto-empresas-fantasma-exprimir-a-pemex

Gracias a un acuerdo tributario, el movimiento de capitales entre México y Singapur se incrementó… y se abrieron nuevas posibilidades para la defraudación, el ocultamiento y el lavado de capitales. En un tinglado que incluye a altos funcionarios mexicanos de varios gobiernos, por ejemplo, Pemex fue desangrada mediante contratos onerosos y opacos que enriquecieron a empresarios a ambos lados del Pacífico, y que desvalijaron las arcas públicas. Así, llegó el momento de sacar a la luz los #SingapurPapers, de acuerdo con el exprocurador fiscal federal Gabriel Reyes Orona.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A partir de 2006 los cuantiosos recursos de mexicanos en el extranjero dejaron de preferir los tradicionales paraísos fiscales –como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Aruba o Bahamas– para empezar a moverse a los nuevos “paraísos operativos”, con Singapur a la cabeza. Esto gracias a los “nulos mecanismos de fiscalización” impulsados entre ambas naciones.

“El mejor escondite que se diseñó desde México es Singapur, y no es casual, basta con revisar el último convenio modificatorio de doble tributación (CM2T) entre ambas naciones, con el cual los mecanismos de fiscalización no son laxos, sino nulos”, dice a Proceso quien fuera procurador fiscal del país en 2001, Gabriel Reyes Orona, al explicar cómo operan esos refugios financieros.

Con el CM2T, las inversiones del país asiático en México aumentaron, igual que los viajes de algunos mexicanos hacia aquella nación. Incluso la empresa estatal más importante, Pemex, al arranque del sexenio peñista anunció la compra de 10 plataformas petroleras en aquel país. Un encargo nunca antes visto en esta materia.

Entre los viajeros frecuentes al país asiático destaca el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin; el director en México del principal fondo de inversiones de Singapur, Temasek, Lorenzo González Bosco, y Gonzalo Gil White, director de la empresa de servicios petroleros Oro Negro e hijo del exsecretario de Hacienda en el sexenio foxista, Francisco Gil Díaz.

En los tres primeros años del gobierno peñista, estos hombres hicieron de Singapur su lugar para las inversiones.

El principal operador de la firma del convenio modificatorio de doble tributación original (C2T), ocurrido el 9 de noviembre de 1994 en Singapur, fue el entonces subsecretario de Ingresos del gobierno salinista, Francisco Gil Díaz, y quien dio el impulso final para hacer nula la información fiscal o indagar el origen de los recursos de una empresa (es decir, quien finalmente hizo una redacción que se “presta al ocultamiento de identidad”) fue José Antonio Meade, al firmar como canciller el CM2T el 8 de diciembre de 2011.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2059, ya en circulación.

Fuente: Proceso

Autora: Jesusa Cervantes

http://www.proceso.com.mx/437455/vienen-los-singapurpapers

El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó que seis integrantes de un grupo delincuencial que opera en el municipio Nuevo Laredo perecieron al incendiarse el vehículo en que huían luego de haber agredido a elementos de la Policía Federal.

Indicó que los hechos se registraron a las 8:52 horas de este sábado en el cruce de las calles Lerdo de Tejada y Tamaulipas de la colonia Guerrero de esa ciudad fronteriza.

En dicho lugar se había impactado una camioneta en la que iban los seis supuestos infractores y como consecuencia del choque se incendió y calcinó por completo.

Los individuos se desplazaban en una camioneta Dodge Durango de modelo no reciente, en cuyo interior quedaron sus cuerpos: uno en el asiento del piloto, otro en el asiento del copiloto, tres más en el asiento trasero y el sexto en el espacio de cajuela.

Del interior de la camioneta se recuperaron restos de cinco armas largas con sus respectivos cargadores, 24 cargadores extras, cuatro placas balísticas para chalecos antibalas, dos equipos de comunicación, diversas puntas metálicas y un juego de esposas policiacas.

Según el informe oficial, los policías federales se trasladaban por la avenida Lerdo de Tejada y al llegar a la altura de la calle Tamaulipas fueron agredidos con disparos de armas de fuego por los delincuentes, por lo que repelieron la agresión. De esto último no se dieron mayores detalles. 

El vehículo de los ahora occisos intentó escapar por la calle Tamaulipas, hacia el poniente, impactándose contra un automóvil estacionado y un inmueble abandonado con nomenclatura 2400, para posteriormente comenzar a incendiarse con los resultados ya descritos.

Las investigaciones corren a cargo del Ministerio Público de la Federación. (Con información de Notimex y gobierno de Tamaulipas).

Fuente: Aristegui Noticias

Autor: Redacción

http://aristeguinoticias.com/1604/mexico/tamaulipas-agreden-a-federales-huyen-chocan-y-se-incendia-su-camioneta/

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- El colegio privado Montessori Matatena, ubicado en la Extremadura Insurgentes de la Ciudad de México, fue clausurado tras denuncias de abuso sexual contra al menos cinco menores de edad por parte de Leopoldo Rafael Duarte Pereda, esposo de la directora de la institución.

La delegación Benito Juárez informó el pasado viernes a través de un comunicado que la suspensión del instituto privado se debía a que el establecimiento no contaba con aviso de apertura y las instalaciones representaban un riesgo inminente para trabajadores, vecinos y alumnos.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades capitalinas y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que “den a los padres de familia una solución y una explicación a la brevedad sobre las denuncias presentadas contra Leopoldo Rafael Duarte Pereda, esposo de la dueña del Colegio, Patricia Guitián Galán, por el presunto abuso sexual a menores que asistían a este kinder”.

Los padres de cuatro alumnos de Montessori Matatena presentaron desde el pasado 9 de abril ante la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) las denuncias en las que imputan como presunto responsable de las agresiones a Leopoldo Rafael Duarte, de 59 años de edad y quien desempeñaba un cargo administrativo en el plantel.

De acuerdo con un oficio dirigido a Beatriz Cruz Serrano, coordinadora de Educación Preescolar Número 3 de la SEP, por un padre de familia con fecha del 7 de diciembre de 2015 y número de folio 004970, “el esposo de la directora [Patricia Guitián Galán] está conviviendo con los niños sin ser personal docente”. La funcionaria no ha sido citada a declarar.

Rafael Duarte, con base en la indagatoria FDS/FDS-6/T3/199/16-04, no cuenta con antecedentes penales o denuncias previas. Fue citado a declarar el pasado martes, pero no se presentó. Alicia Rubi, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Sexuales, informó ayer que el presunto pederasta había sido ubicado, aunque hasta el momento no se ha logrado su detención.

La Fiscal señaló que los directivos y personal docente del instituto ya acudieron a comparecer, entre ellos Patricia Guitián Galán, dueña del plantel y cónyuge del presunto pederasta, quien de acuerdo con la PGJDF podría por el delito de omisión a pesar de que ha colaborado y entregando documentación de su marido y de los niños afectados.

Los padres de las víctimas de entre tres y cinco años de edad detallaron que las agresiones que refieren los menores van desde golpes hasta obligarlos a comer excremento, realizar tocamientos genitales y sexo oral.

El caso salió a la luz cuando uno de los cinco niños declaró ante un psicólogo y, posteriormente, personal ministerial de la dependencia, que determinó que su señalamiento sería suficiente para indagar a Duarte Pereda por abuso sexual agravado.

La madre del menor de tres años de edad detectó un cambio de conducta de su hijo desde enero pasado, incluso le pedía que no lo llevara a la escuela, pero pensó que se trataba de un berrinche. Fue hasta hace unos días cuando el niño le dijo a su niñera que le “daría su medicina” y acercó su pene a la boca de ella, relató “Sandra”, mamá de la víctima, quien no desea ser identificada con su nombre real.

“Sandra” llevó a su hijo con una terapeuta, a quien narró cómo “jugaba” en el colegio Montessori Matatena con el “tío Rafa”, como identificó el menor a Rafael Duarte, con quien, dijo, hacían “el juego de los bebés” en los baños de la escuela, se escondían y se quitaban la ropa.

La madre del niño contactó a una ex maestra del instituto que fue despedida por denunciar a Duarte con la directora por un caso de abuso sexual contra un alumno. En octubre del año pasado, los padres de un menor sacaron a su hijo de ese escuela porque decía que “Rafa” le hacía cosas que no le gustaban.

“Sandra” acudió al colegio, encaró a Rafael Duarte, quien, dijo, no le pudo sostener la mirada. Después fue con la directora para informarle que sacaría a su hijo de la escuela porque mostraba signos de abuso sexual, esta no no se inmutó ante la denuncia y le pidió a la madre que le firmara en un papel los motivos por los que se quería llevar a su hijo del colegio.

De acuerdo con información extraoficial, la directora entró a la oficina de su esposo a quien le gritó: “Te lo juro, te lo juro, aquí no, aquí en Matatena no”.

“María”, mamá de otro niño de cuatro años, quien tampoco quiso usar su nombre real, agregó que su hijo se alteraba cuando ella se acercaba a él. “Yo no quiero tocar y no me gusta que me toquen”, le decía el menor.

En los peritajes psicológicos, el niño dijo que Duarte los obligaba a meter sus manos en la orina y en los genitales de otros menores.

“También jugaba al termómetro y metía el ‘palo’ que tiene debajo de la panza a la boca, hasta que decía que estaba caliente”, refirió en el peritaje psicológico uno de los niños agredidos.

“Laura”, mamá de una menor de cinco años percibió una conducta extraña en su hija, quien desde hace meses lloraba al ir a la escuela y le pedía que no la dejara ahí porque “los maestros y los niños hacían cosas malas”.

La PGJDF también abrió una investigación contra Rafael Duarte por pornografía infantil, luego de que los menores señalaron que el presunto pederasta utilizaba una computadora. Tras revisar el equipo, la Fiscalía detectó que material pornográfico infantil había sido borrado, por lo que agentes cibernéticos investigarán si las fotografías y videos corresponden a los niños abusados.

Una computadora encontrada en la escuela, presuntamente usada por Duarte, contenía material pornográfico infantil, parte del cual pudo haber sido borrado, aunque especialistas intentan rescatarlo.

Los padres exigen a la la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales que se realicen las investigaciones hasta las últimas consecuencias para que el caso no quede impune y que no se permita al presunto pederasta salir del país.



Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/17-04-2016/1649540

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– Eruviel Ávila Villegas ha dado muestras de que su Gobierno no tolerará las manifestaciones en contra de las decisiones que se tienen tomadas desde el Gobierno federal, pese a la oposición y la protesta ciudadana.

Muestra de ello es la destrucción del “Campamento de Paz y de la Digna Resistencia” y de varias casas en la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, realizada por trabajadores al servicio de Grupo Higa, corporativo al que le fue concesionada la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

El lunes pasado, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) desalojaron a golpes y amenazas al los opositores al proyecto carretero privado y decretado por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Durante dos días, los efectivos de seguridad estatales resguardaron los trabajos de la empresa Autovan-Teya, filial del Grupo Higa.

Tras desatarse el escándalo por las agresiones a las propiedades y miembros de la comunidad indígena, los afectados, autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob) firmaron un acuerdo en el que las autoridades se comprometen a suspender los trabajos de la autopista en tanto se buscan “alternativas” para su construcción.

Al respecto, el Gobierno mexiquense dijo en un comunicado que “fue respetuoso en todo momento de todos los procesos jurídicos interpuestos acerca de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan”.

A la par de los trabajos en Xochicuatla, comuneros de San Salvador Atenco denunciaron que un camión del Ejército mexicano, que escoltaba a un grupo de personas con material de medición topográfica, irrumpió en el cerro de Huatepec que se ubica a dos kilómetros de los terrenos donde ahora se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“Eran alrededor de unos 10 militares y comenzaron a entrar en el ejido de Atenco. Entre varios compañeros –15 ó 20– acudimos al encuentro de la tanqueta. Y lo único que se nos dijo fue que no teníamos por qué estar aquí”, dijo César del Valle, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Este caso no es menor si se considera que en el sexenio de Vicente Fox Quesada y la administración de Peña Nieto como Gobernador, ejidatarios de esta comunidad fueron reprimidos en 2006 por oponerse a la creación de un nuevo aeropuerto internacional; el resultado fueron 200 detenidos y mujeres abusadas sexualmente por efectivos policiacos. El caso llegó incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde que en febrero pasado el Congreso del Estado de México avaló la iniciativa enviada por Eruviel Ávila –con la que se avala el uso de la fuerza policial durante manifestaciones públicas– organizaciones de la sociedad civil alertaron con ello se justificaba de facto la represión a los ciudadanos inconformes.

Este situación fue reiterada esta misma semana por parte de José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organización que asesora jurídicamente a la población otomí:

“Les están agrediendo para justificar que la ‘Ley Eruviel’ adquiera vigencia, precisamente con el argumento de que los pueblos tengan que ser reprimidos”.

Las relaciones del Gobierno de Eruviel Ávila con grupos directamente relacionados con el gobierno federal no es nuevo.

SinEmbargo dio a conocer que Apolinar Mena Vargas, involucrado en el escándalo de presunta corrupción con la empresa Obrascon Huarte Lain (OHL) en el Estado de México, recientemente regresó a la administración deEruviel Ávila como Secretario Técnico de su Gabinete.

El funcionario dejó su cargo tras darse a conocer audios que los exhibían solicitando pago en especie, vacaciones en Navidad para él y para su familia en el hotel de lujo Fairmont Mayakoba, propiedad de la constructora y ubicado en la Riviera Maya; en otra se le escucha en un acuerdo para dar sobreprecio a una carretera.

Fuente: Sin Embargo

La llegada de la Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas causó conmoción en el municipio de Amatlán de los Reyes, en Veracruz. Sus integrantes son rastreadores de pistas con años de experiencia en la búsqueda de personas y fosas clandestinas, que acudieron a compartir sus experiencias y conocimientos con los veracruzanos que sufren del mismo dolor. Los une una certeza: que la autoridad no va a hacer nada por ellos.

AMATLÁN, Ver. (Proceso).– No hay obstáculos que Simón Carranza no pueda superar en la búsqueda de desaparecidos. Camina entre huizaches y cañaverales observando con detenimiento el terreno; trepa cerros pedregosos, desciende a pozos tapados con basura; “vuela” sobre el caudaloso río Blanco, amarrado por la cintura con una cuerda de nylon para otear entre una presa de troncos; e incluso se mete a escarbar una fosa de al menos cinco metros de profundidad.

Nada parece detener a este cincuentón bajito, delgado y correoso, quien no tiene familiares desaparecidos pero se convirtió en una pieza fundamental en el arduo trabajo de localizar fosas clandestinas.

En Guerrero descubrió 60 cuerpos enterrados. Es tan eficiente en la ubicación de fosas que él y Mario Vergara, integrante de la organización Los Otros Desaparecidos de Iguala, han sido contratados por la Procuraduría General de la República (PGR).

“En Delicias encontramos una fosa con 80 cuerpos. Para hacer eso usaron máquinas. Esa gente no tiene madre: si ya los mataron para qué los entierran”, dice Simón, albañil cuando no busca entierros.

Amenazado por Guerreros Unidos, Carranza tuvo que huir de su pueblo en Cocula para continuar con la tarea. Y ésta lo trajo a Veracruz. “Se siente bien el agradecimiento que muestra la gente cuando encontramos un cuerpo, es mejor que ganarte cien pesos”, dice el rastreador, quien decidió compartir sus conocimientos con las familias veracruzanas interesadas en aprender su técnica.

“Yo no confío en la varilla (que se introduce en la tierra para oler la punta); hay cuerpos que ya no huelen porque han pasado mucho tiempo enterrados. Lo mejor es observar: cuando se abre una fosa, tierra de abajo queda encima, en los borditos, y es de otro color. Así he sacado cuerpos con cuatro años de muertos”.

El sábado 9 de abril Carranza llegó a Veracruz como parte de la Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, encabezada por la Red de Enlaces Nacionales, en la que participan integrantes de colectivos de Guerrero, Sinaloa y Coahuila afiliados a esa red y que ante la indolencia gubernamental decidieron buscar a sus seres queridos.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2059, ya en circulación.

Fuente: Proceso

Autora: Gloria Leticia Díaz

http://www.proceso.com.mx/437450/busqueda-ciudadana-ante-la-inaccion-gubernamental

Ahora que el GIEI deja sus indagatorias sobre el caso Atoyzinapa, se torna más difícil saber cuál fue la participación de los militares la noche en que desparecieron los 43 normalistas. Más todavía ahora que la PGR dio a conocer las contradictorias declaraciones de varios oficiales y soldados que estuvieron en Iguala aquella ocasión.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de dar por concluida la asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, aleja las posibilidades de establecer la participación de las Fuerzas Armadas la noche del 26 de septiembre en Iguala.

Impedidos desde su primer mandato para interrogar a integrantes del 27 Batallón de Infantería, los miembros del GIEI fueron excluidos de las 50 comparecencias de militares ante agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. De ellas, 42 fueron declaraciones ministeriales y ocho sólo ampliaciones de seis elementos.

Fuera de la investigación, el GIEI está imposibilitado para aclarar por qué las ampliaciones de los testimoniales de al menos dos elementos –el capitán José Martínez Crespo y del soldado Eduardo Mota Esquivel, adscrito al área de inteligencia militar– modificaron drásticamente su versión original sobre la presencia de las tropas en las calles de Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con las declaraciones originales del personal castrense a las que tuvo acceso este semanario, no atendían precisamente una emergencia ciudadana; acudieron a rescatar la motocicleta en la que se desplazó el soldado para documentar las agresiones a los estudiantes de parte de los policías municipales. Esa fue la coartada para explicar la presencia de los soldados ante el juez de barandilla, que no fue consignada en sus primeras testimoniales.

Las declaraciones de los militares aparecen censuradas en la versión pública de los nuevos tomos de la indagatoria, subida al portal de la Procuraduría General de la República (PGR) la semana pasada, lo que impide a los usuarios advertir las inconsistencias de las declaraciones.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2059, ya en circulación.

Fuente: Proceso

Autora: Gloria Leticia Díaz

http://www.proceso.com.mx/437451/contradictorias-declaraciones-de-los-militares-sobre-iguala

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, se reunió esta tarde con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, a quienes aseguró que la búsqueda continuará pese a la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del país.

En demanda de la permanencia de los expertos, los padres de familia mantienen desde ayer un plantón que durará 43 horas afuera de la Segob. Algunos de ellos se encadenaron a las rejas.

Durante la reunión de 45 unos minutos en la carpa principal del plantón, Campa se comprometió a que habrá una reunión de los padres con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong aunque aún no está definida la fecha.

“El compromiso del Gobierno se traduce en mantener la búsqueda”, sostuvo el funcionario federal a la salida del encuentro, “el compromiso es que cualquier indicio o información para dar con el paradero de los normalistas será atendido”.

Y añadió: “El segundo compromiso, que se deriva de las medidas cautelares, es continuar con la investigación hasta concluirla, y la conclusión de la investigación tiene como referente las sentencias condenatorias del Poder Judicial”.

Por su parte, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, afirmó que los padres reclamaron a Campa que el GIEI no haya contado con las condiciones necesarias para continuar en México, debido a las campañas de desprestigio y a los obstáculos puestos por el gobierno federal.

“No hemos tenido el compromiso de Segob ni la palabra de nadie de que la investigación va a continuar, tenemos el riesgo fundado de que se vaya a cerrar”, reviró.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/437459/busqueda-de-normalistas-se-mantendra-reitera-campa-a-padres-de-los-43

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- Al menos 14 presidentes municipales, junto con sus cabildos, podrían ser destituidos o sometidos a arresto administrativo, derivado del incumplimiento del pago de laudos laborales. Entre los que se encuentran en riesgo, está el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, alcalde de Cuernavaca.

La crisis financiera de los municipios, aunado al abuso de las administraciones salientes que no resuelven la situación laboral de sus trabajadores y a la tradición de las administraciones entrantes que al llegar despiden indiscriminadamente para ocupar plazas con su gente y para el pago de cuotas y apoyos de campaña electoral.

Esto ha traído como consecuencia, que en lo que va de las nuevas administraciones municipales, que iniciaron el pasado 1 de enero, han acumulado al menos 600 demandas laborales, mismas que se sumarían a la deuda millonaria que supera más de 500 millones de pesos de las administraciones anteriores. Todo esto se agrega a las deudas por otros conceptos como pago de proveedores y contratación de empréstitos anteriores.

El problema es más grave porque por el descuido jurídico de los funcionarios municipales al menos cinco ayuntamientos, entre ellos Cuernavaca, están en riesgo de ser destituidos, comenzando con los presidentes municipales, dado que no se ha cumplido el ordenamiento de tribunales laborales para el pago de los laudos, pero tampoco se ha tenido la atención de acudir, en muchos casos, a las audiencias.

De acuerdo con la titular de la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal, Gabriela Gómez Orihuela, al menos hay 52 funcionarios, entre presidentes municipales e integrantes de los cabildos y gabinetes, que al no atender las demandas en el plazo requerido por la autoridad jurisdiccional, están en riesgo de ser destituidos.

Según dice la funcionaria estatal, la desatención del área jurídica del ayuntamiento de Cuernavaca a las ordenanzas y procedimientos en torno a diversos laudos laborales vencidos, el primero en enfrentar esta situación será el alcalde de la capital, Cuauhtémoc Blanco Bravo. De hecho, en lo que va del mes de abril, el edil capitalino ha enfrentado al menos tres resoluciones de diversos Juzgados Federales de Distrito que le ordenan la destitución del edil por incumplir con los resolutivos emanados de estas instancias.

De hecho, este viernes, el alcalde habría recibido una notificación de un proceso de destitución que fue iniciado en un juzgado federal. Gómez Orihuela aseguró que los funcionarios de la Consejería Jurídica del ayuntamiento de Cuernavaca, incluso han dejado plantados en varias ocasiones a los actores de la demanda, así como a los propios tribunales. “Si no le ponen atención a los asuntos laborales, pueden llevar a término (un procedimiento de destitución) muy complicado para el alcalde de Cuernavaca”, sostuvo.

En el mismo riesgo están los alcaldes de Temoac, Cuautla, Amacuzac, Zacatepec y Tlaquiltenango. Son un total de 52 funcionarios en Morelos entre presidentes municipales, incluído Cuauhtémoc Blanco Bravo, síndicos municipales y regidores, quienes están en riesgo de destitución por el incumplimiento en el pago de un pasivo laboral contingente que alcanza los 525 millones de pesos.

Arrestos administrativos

Por su parte, el magistrado presidente de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos, Martín Jasso Díaz, informó que derivado justamente del desinterés que han mostrado las autoridades municipales en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, durante las próximas semanas, funcionarios de al menos 12 ayuntamientos deberán cumplir con arrestos administrativos.

En este supuesto se encuentran los alcaldes, integrantes de cabildo e incluso secretarios y directores de áreas de los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Ayala, Temixco, Zacatepec, Puente de Ixtla, entre otros. Estos funcionarios dependen de la sentencia, pero podrían ser sometidos a una sanción de hasta 36 horas de arresto, informó el magistrado de Justicia Administrativa.

Explicó que con el inicio de las nuevas administraciones municipales han reiniciado los procesos para cumplimentar las sentencias y por ello han dado los plazos para que los ayuntamientos cumplan con las mismas, desde un día hasta la imposición de multas, sin embargo, ante la renuencia para cumplir ahora seguirán las órdenes de arresto.

“Vamos a empezar con los apercibimientos de arresto que van hasta 36 horas dependiendo de la autoridad sentenciada y de su trascendencia en el juicio, en riesgo encontramos cerca de 10, 12 municipios, ya seguirían los arrestos por desacato, su argumento es que no tienen el presupuesto para pagar, que no tienen los fondos, que tienen demasiadas sentencias”, sostuvo.

Desafortunadamente, el magistrado sostuvo que los ayuntamientos tampoco han mostrado un interés por querer llegar a un arreglo a través del TJA o directamente con las personas agraviadas, por ello espera que una vez que se ejecuten estos arrestos finalmente las autoridades cumplan con las sentencias al precisar que si existe renuencia, lo que sigue es la destitución.

“Es complicado que tampoco ellos entablen una forma de comunicación con los actores en juicio, se puede llegar a un acuerdo y cumplir con la sentencia en parcialidades o llegar a un acuerdo y acabarlo”, agregó Jasso Díaz. En esto coincide con lo dicho por la secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, el problema no sólo es la falta de recursos y la crisis de los municipios, sino también la desidia de los funcionarios, incluidos los alcaldes, como el de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, que podría ser destituido o sometido a arresto administrativo por el incumplimiento de pagos.

Fuente: Proceso

Autor: Jaime Luis Brito

http://www.proceso.com.mx/437461/alcaldes-de-morelos-incluyendo-cuauhtemoc-blanco-podrian-ser-destituidos

La atroz realidad es que la tortura y el soborno son las herramientas que la PGR ha aplicado, no para esclarecer los hechos de la noche trágica de Iguala, sino para apuntalar la “verdad histórica” decretada por el exprocurador Murillo Karam. Expedientes judiciales del caso Ayotzinapa, cartas de denuncia de algunos detenidos y documentos que relatores de la ONU enviaron al gobierno federal así lo revelan. Esta investigación fue llevada a cabo con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley y el Fondo para Periodismo de Investigación (FIJ, con sede en Washington).

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Jesús Murillo Karam, exprocurador general; Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, y Gustavo Salas Chávez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), accedieron a que se recurriera a la tortura –y los dos primeros incluso ofrecieron sobornos millonarios– para manipular el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Esto se revela en expedientes judiciales –de los cuales se tiene copia–, y cartas enviadas a la reportera, que contienen esas imputaciones directas contra Murillo, Zerón y Salas, principales responsables de la investigación sobre la desaparición de los normalistas ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.

En la investigación documentada se encontró que al menos 15 detenidos habrían sufrido violencia sexual –amenazas de violación contra sus familiares y la consumación de algunas de ellas, asfixia, toques eléctricos en genitales y violación– para obligarlos a confesar su participación en los hechos, imputar a otros y firmar declaraciones prefabricadas.

A casi 19 meses de la desaparición de los estudiantes, la versión oficial que hasta ahora sostiene la Procuraduría General de la República (PGR) es que los 43 fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula. La versión se sustenta con testimonios de presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías de Iguala y Cocula, quienes habrían confesado su participación en los hechos.

La violencia sexual usada como método de tortura para obtener confesiones fue abordada en dos cartas enviadas en febrero y julio de 2015 al gobierno de Enrique Peña Nieto por altos funcionarios de la ONU, a raíz de varios procedimientos especiales ordenados por el Consejo de Derechos Humanos de esa Organización, ante las “serias” acusaciones de “detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes” por parte de 13 detenidos entrevistados directamente por relatores de las Naciones Unidas.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2059, ya en circulación.

Fuente: Proceso

Autora: Anabel Hernández

http://www.proceso.com.mx/437449/sobornos-torturas-atras-la-verdad-historica