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La tortura militar, casi un deporte

CIUDAD DE MÉXICO: La tortura en el Ejército Mexicano contra civiles es una inmunda práctica cotidiana, casi recreativa o deportiva: Los soldados pueden someter a castigos físicos y sicológicos a quien deseen, en todo momento y en todo lugar, a muchas de cuyas víctimas desaparecen si les da la gana.


Cada 15 días se registra en México, en promedio, un caso de tortura a manos de militares, dos al mes y 25 al año. Así fue en todo el sexenio del panista Felipe Calderón y así ha sido en los tres primeros años del priista Enrique Peña Nieto, unidos en esta infamia como en tantas otras.

La fuente de estas cifras que ofuscan no es una contestataria organización no gubernamental ni un radical organismo mundial que defiende los derechos humanos, sino la propia justicia militar de México: Entre 2007 y 2015 se registraron 229 casos de tortura cometidos por militares y 102 desapariciones forzadas.

Estos datos proporcionados por el procurador de Justicia Militar, general Jesús Gabriel López Benítez, en entrevista con el diario Milenio y la agencia EFE, revelan la gravedad del problema de la tortura en México por parte del Ejército.

Se trata sólo de casos documentados, que han sido parte de un proceso judicial, por lo que se puede presumir que la “cifra negra” es mucho mayor, sobre todo desde que Calderón puso a las Fuerzas Armadas en funciones de policía y cuyas violaciones de derechos humanos se dispararon.

Por eso la única razón por la que el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, depuso su habitual arrogancia para ofrecer una “sentida disculpa” pública por los “sucesos repugnantes” de tortura en Guerrero es que la deshonra de las Fuerzas Armadas –y el gobierno todo– ha llegado a niveles intolerables.

Pero este giro histórico en el discurso del máximo jerarca del Ejército, que se materializó este sábado 16 de abril tras difundirse tres días antes el video en el que dos militares y tres elementos de la Policía Federal torturan a una mujer, no implica necesariamente un cambio de fondo en el combate a la impunidad castrense, que sería lo deseable, porque él mismo advirtió que se trata de “hechos aislados”.

No es cierto y el general secretario lo sabe (en realidad lo sabe todo el mundo): Además de las cifras hechas públicas por el procurador militar, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió 4 mil 55 denuncias por tortura en sólo ocho años –del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014–, de las cuales mil 273 involucran a militares.

No pasa desapercibido el insólito mensaje que Cienfuegos dirigió a decenas de miles de soldados en el Campo Militar Número Uno, donde han sido torturados mexicanos que nada tienen que ver con conductas delincuenciales –y transmitida en televisión a los cuarteles en el país–, pero parece inscribirse en la misma línea discursiva que ha dado a su gestión, avalado sin duda por Peña, comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Nunca antes un titular de la Sedena como Cienfuegos (quien además vivió desde dentro la actuación del Ejército en el movimiento estudiantil de 1968, la guerra sucia de los sesenta y setenta, así como la “guerra” que inició Calderón contra un sector de la delincuencia organizada) había sido tan activo mediáticamente.

En todo caso, ojalá que la cerrazón que el general secretario ha mostrado ante el escrutinio internacional por los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya –“no permitiré que nos traten como criminales”– se transforme en medidas que honren su promesa de que toda conducta delictiva de los militares, como la tortura y las desapariciones forzadas, no queden impunes a ningún nivel:

“Desde el cabo hasta el general con mando de tropas somos responsables de los soldados puestos a nuestras órdenes, y también somos responsables de lo que hagan o dejen de hacer. No se deben emitir ni cumplir órdenes contrarias a la disciplina militar, esto está en nuestras funciones, en nuestra cultura profesional militar, en nuestra doctrina, y en nuestras leyes y reglamentos.”


Que se cumpla…

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437583/la-tortura-militar-casi-deporte

“Hagan lo que hagan voy a ir por ellos”, advierte Aureoles a criminales

APATZINGAN, Mich: El gobernador Silvano Aureoles advirtió a los criminales que, “hagan lo que hagan, voy a ir por ellos, no habrá tolerancia”, luego de reconocer que la inseguridad no está solucionada en esta región, debido a los hechos registrados hace unos días con bloqueos y quema de vehículos.


Previo a la conferencia Alianzas para una Cultura de la Paz, de Jorge Melguizo, Aureoles Conejo señaló que tener zonas controladas por el crimen es muestra de que el gobierno no está cumpliendo con su tarea, y luego recordó que en años recientes la región de Tierra Caliente se vio convulsionada por la ingobernabilidad y el caos, pues “los criminales tenían el control de todo”, aunque, añadió, “se ha ido avanzando pero no se puede cantar victoria”.

En este sentido, consideró que se tiene que modificar la cultura que sostiene que las personas de la Tierra Caliente son violentas y les gusta andar armados, “porque no es así”.

En su oportunidad, el edil de Apatzingán César Chávez Garibay reconoció que en los últimos años la localidad enfrentó la desconfianza y rupturas del tejido social y, pese a eventos que distorsionan la realidad, acusó, “en Apatzingán se han recuperado los espacios públicos”.

Luego precisó que en la localidad se implementó la cultura de la legalidad con la que se ha logrado recuperar poco a poco la confianza de la ciudadanía.

También aprovechó para agradecer la reactivación del proyecto Rosa de los Vientos, con un monto de 28 millones de pesos, y que permitirá la recuperación de la cultura y de espacios públicos de la localidad.


En tanto, José Carreño, titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), señaló que el apoyo en proyectos de cultura para Apatzingán se debió al reclamo de la población de no violencia, de sobreponerse de estereotipos violentos en contra de la imagen de las comunidades, “que son todo lo contrario, es decir, productivas y trabajadoras”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437568/hagan-lo-hagan-voy-a-ir-advierte-aureoles-a-criminales

Critica Astudillo a quienes “disfrutan” hablar mal de Acapulco

CHILPANCINGO, Gro: El gobernador priista Héctor Astudillo Flores dijo sin precisar que “existen actores que disfrutan” hablar mal de Acapulco y “sobreestiman” la información sobre el tema de inseguridad y la ola de violencia que no cesa en el principal destino turístico de la entidad, a pesar de la estrategia de seguridad dirigida por el Ejército.


El mandatario se refirió nuevamente a la alerta emitida por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para no viajar al puerto de Acapulco, argumentando que este hecho no va a afectar la afluencia de paseantes porque el mayor número de turistas proceden del centro del país y no del extranjero.

“No es la primera vez que hay una alerta, ha habido alertas también en otro tiempo, eso no nos justifica, pero hay que ubicar en su real dimensión la alerta. Acapulco se nutre de turismo de la zona más grande, una de las zonas más pobladas del mundo, que es el Distrito Federal y la zona conurbada, y nosotros pues seguimos convocando a la lealtad del turismo”, expresó Astudillo.

Consultado ayer durante una gira que realizó en la región centro de la entidad, el mandatario señaló que la alerta para no viajar a la entidad y en especial a Acapulco no sólo está motivada por la inseguridad y la violencia que mantienen asfixiada a la sociedad, sino también por los constantes bloqueos a la Autopista del Sol en Chilpancingo.

Las protestas sociales y bloqueos sobre esa vía, dijo, “no ayudan en nada” a que el turismo tenga certeza de arribar al puerto de Acapulco.

Luego, reiteró que la violencia que se vive en Acapulco no está enfocada en ciudadanos norteamericanos y, por lo tanto, la alerta emitida por Estados Unidos y Canadá no tiene sustento, dijo el gobernador, quien ha solicitado a los medios de comunicación asumir un “pacto de silencio” ante la barbarie que se vive en la entidad

“Esta alerta hay que ubicarla en su justa dimensión, no nos va acabar, pero también tiene que hacernos reflexionar, porque hay actores que están en Guerrero que les da gusto hablar mal de Acapulco y destacan con una gran facilidad y sobreestiman las notas que salen”, acusó Astudillo.

Apenas ayer en Acapulco se registraron 10 ejecuciones en diferentes puntos del puerto, donde las autoridades documentaron 93 de los 188 homicidios dolosos registrados el mes pasado.


De octubre a marzo se han reportado oficialmente mil 46 ejecuciones en la entidad durante los primeros seis meses de la administración de Astudillo, es decir, un promedio de 174 asesinatos al mes, sin considerar los datos de lo que va de abril.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437567/critica-astudillo-a-quienes-disfrutan-hablar-mal-acapulco

Los 150 mil muertos prueban que la guerra contra las drogas fracasó, a México le queda legalizar: ONGs

Analistas, organizaciones civiles, personalidades del mundo e incluso Hillary Clinton, la precandidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, reconocen la necesidad de un cambio en la política de drogas en la región. ¿Por qué Enrique Peña Nieto no?

México necesita regularizar las drogas si desea reducir el número de muertes que ha dejado la guerra contra el narcotráfico, apuntaron especialistas. En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el tema de las drogas que inicia hoy, recordaron que la guerra contra los estupefacientes fracasó y más de 150 mil personas pagaron con su vidas en los últimos diez años.
“Tenemos desde el 2006 más de 150 mil personas asesinadas, desde el 2011 tenemos más de 280 mil personas desplazadas por la violencia. La tortura se ha vuelto generalizada en nuestro país. Creo que los riesgos de las policías prohibicionista rebasan por mucho los riesgos que las mismas políticas pueden llegar a generar”, consideró Amaya Ordorika Imaz de la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Aunque el Presidente Enrique Peña Nieto se ha pronunciado en contra, hasta ahora la apertura del Gobierno se ha visto en la realización de foros sobre el uso medicinal y recreativo de la mariguana. De acuerdo con los Centros de Integración Juvenil (CIJ), la cannabis tuvo un consumo más extendido que el del alcohol en el 2014.

La investigadora refirió que, aunque los riesgos a la salud existen, la mayor causa de muertes en este momento es generada por el Estado, por lo que se hacen necesarias nuevas políticas dedicadas a la prevención y rehabilitación; así como al respeto de los derechos humanos.
“En el caso de la mariguana no hay una sola muerte registrada como resultado de una estrategia del combate hacia las drogas. Tenemos un modelo prohibicionista que incluye una centralización o estrategia de seguridad militarizada para el combate al narco, que ha generado graves violaciones a los derechos humanos en el territorio nacional”, dijo Ordorika.

Previo a la UNGASS, una ola de organizaciones y personalidades a nivel internacional ha calificado el actual modelo de prohibición de las drogas como un fracaso.
“Hay una reticencia en la clase política de Latinoamérica a hacer cambios, en parte porque son muy ignorantes, en parte porque se percibe como si fuera un riesgo de perder capital político. Cuando yo creo que nuestras sociedades están más que hartas de la fórmula ensayada”, explicó Jorge Hernández Tinajero socio fundador del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas AC (Cupihd).

Por su parte, el Gobierno mexicano ha querido desmentir que sea meramente prohibicionista. El 29 de marzo, durante un foro organizado por el Senado el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb resaltó que la Ley General de Salud permite la posesión de diferentes drogas: 50 miligramos de heroína, medio gramo de cocaína y hasta 5 gramos de mariguana, recordó en aquella oportunidad.

De acuerdo con la CMDPDH, estas permisiones no han disminuido la violencia porque las autoridades han fallado en la regularización del mercado de las drogas, que incluye la producción, distribución y venta.

“La portación de cantidades mayores están criminalizadas, entonces, no hay manera de conseguir esta planta o sustancia a menos que te caiga del cielo sin cometer un ilícito. Por lo tanto se está obligando a los consumidores de todas formas a delinquir para conseguir estas plantas”, planteó Ordorika.


¿DAÑOS A LA SALUD?

Liberar el consumo de drogas ilegales es visto como una amenaza para el sistema de salud mexicano por Manuel Mondragón y Kalb, quien ha sostenido que el consumo de la mariguana puede derivar en una adicción. Y el 9 por ciento de los consumidores se convertirán en dependientes.

Esta situación ha hecho que las personas que guardan reservas ante una liberalización de las drogas se pregunten en qué riesgo pondría el Estado a la población en caso de abrir candados para el consumo de ciertas drogas ilegales.
“En mi opinión debe ir más allá del cannabis, deben de pensar en necesidades específicas para cada una de estas plantas y sustancias. Al final son eso, no son entes malignos, que tienen internaciones con nuestro cuerpo, como tienen todas las otras sustancias que ya regulamos en la actualidad, un ejercicio que ponemos en práctica con el alcohol, azúcar, tabaco”, dijo Ordorika.

Erubiel Tirado Cervantes, investigador de la Universidad Iberoamericana, apuntaló que hace falta evidencia científica para suponer que habría un aumento en el número de adictos.

“No tendría porque haber un disparo. No se ha observado eso en los estados de la Unión Americana donde se ha establecido la permisibilidad legal del consumo de mariguana”, ejemplificó.


PRESIDENTE SIN IDEAS

De acuerdo a los consultados, el Presidente Enrique Peña Nieto ha dado indicios de que se empeñará en reafirmar la guerra contra las drogas durante la cumbre de las Naciones Unidas, sin proponer un cambio en las políticas antidrogas que la sociedad civil reclama.

“Yo creo que el tema en sí mismo le ha resultado a este Gobierno particularmente incómodo. Y eso es porque en realidad no tienen ninguna convicción, ni ningún plan sobre cómo tratar el asunto de las drogas. Pero no ha tenido más opción que encarar un asunto que desde hace tiempo es urgente para ello utilizó unos foros, cuyos resultados nadie conoce sus resultados”, consideró el Jorge Hernández Tinajero.

Pese a que Peña Nieto anunció en un primer momento que no asistiría a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el tema de las drogas, que se celebrará en Nueva York a partir del 19 de abril, el mandatario hizo saber su cambio de parecer cuatro días antes del evento.

Sin embargo, la postura del Gobierno aún es confusa, y los acuerdos que se lograrán en el conclave están delimitados de antemano, apuntó el también investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“El documento final, o que se votará, de hecho querían redactarlo antes de que se llevarán a cabo los debates. Hay muchas omisiones en ese documento, apenas es el atisbo de temas largamente reclamados por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, penas de muerte, políticas de reducción de daños, mayores margen para los Estados en términos del control de drogas dentro de las soberanías nacionales. De hecho está vetada la discusión sobre la mariguana”, dijo Hernández.

De acuerdo con el investigador, la UNGASS no será el conclave que ayude a dar un nuevo giro a la política de antidrogas. Hasta ahora cambios en México visibles han venido de parte de la ciudadanía.

“Los que se han quedado atrás son los gobiernos, de hecho la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar el consumo medicinal de la mariguana se dio por un juicio de la sociedad civil, entonces, aquí los que van rezagados son los políticos”, dijo el también investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).


CARAVANA REGIONAL

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia conformada por grupos civiles de cinco países que partieron el 28 de marzo de Honduras protestó esta tarde en una reconocida área verde de Manhattan, Nueva York, llamada Foley Square contra la política prohibicionista de las drogas.

En el evento realizado al medio día los representantes de grupos civiles iniciaron la jornada con una oración por la ola de muertes y desapariciones que ha dejado el combate a las drogas, en países que son recorridos por miembros del crimen en el traslado de estupefacientes.

Como parte de la actividad, alrededor de 50 familias de Canadá, Filipinas, Kenia, Honduras, Estados Unidos y México intercambiaron experiencias sobre cómo la guerra contra las drogas afecto a por lo menos uno de los miembros de sus núcleos familiares.

Resaltó el caso de Maria Herrera, mexicana y madre de cuatro hijos desaparecidos, dos de ellos en el municipio Atoyac de Álvarez, Guerrero, quién aseguró en su momento a SinEmbargo emprender este recorrido en apoyo a las víctimas que han pasado por lo mismo y señaló a las autoridades policiales de haber sido lo autores de la desaparición de sus hijos.

Los peregrinos, que han hecho un llamado a las autoridades de centro y Norteamérica sobre los impactos de una política prohibicionista de las drogas, se reunieron por la tarde en la iglesia baptista Abyssinian.

El recinto es conocido por reunir a una importante comunidad afrodescendiente, una de las poblaciones más afectadas en los Estados Unidos por la persecución de los consumidores, aseguró previamente a SinEmbargo Ted Lewis, Director de Derechos Humanos de la organización civil Global Exchange.

Entre tanto, en México más de un centenar de organizaciones civiles calificaron de fracaso el enfoque con el que la administración de Enrique Peña Nieto continuó encarando el tráfico de drogas.

“Las autoridades mexicanas han utilizado como indicadores de éxito, la cantidad de hectáreas de amapola y marihuana erradicadas, de laboratorios de cocaína destruidos, personas detenidas y kilos de droga incautados. Este tipo de indicadores transmiten una sensación de efectividad en las políticas de combate a las drogas, pero no indica si las tácticas empleadas se traducen en avances reales hacia el objetivo principal, que es la reducción de su uso”, citó una misiva presentada este lunes en el marco de la UNGASS.


MISIVA INTERNACIONAL

El 14 de abril, en una carta abierta enviada al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con el respaldo de mil firmas de diversas personalidades, entre ellas, los ex presidentes de México, Vicente Fox Quesada y Ernesto Zedillo Ponce de León, informó la agencia internacional AP.

La lista sin precedentes incluyó a hombres de negocios Warren Buffett, George Soros, Richard Branson, Barry Diller, la estrella del rock Sting, a los mexicanos Ricardo Salinas, Antonio del Valle Perochena y Eugenio Clariond Reyes Retana.

“El régimen internacional de control de drogas, surgido durante el siglo pasado”, citó la misiva, “ha demostrado ser desastroso para la salud global, la seguridad y los derechos humanos. Centrado exclusivamente en la criminalización y el castigo, el sistema creó un mercado ilícito extenso, responsable por el enriquecimiento de organizaciones criminales, la corrupción de gobiernos, el crecimiento de una violencia explosiva, la distorsión de mercados económicos y el debilitamiento de valores morales básicos”, informó la agencia internacional.

Los firmantes creen que la estrategia debe ver el consumo de drogas como un problema de política sanitaria centrada en “reducir los daños” y que incluya financiamiento para tratamiento de adicciones y la atención a adictos que contrajeron enfermedades como el VIH/sida o la hepatitis al consumir drogas.


Asimismo, la precandidata a la Presidencia de los Estados Unidos Hillary Clinton, declaró esta semana a la La W Radio de Colombia estar consiente de los daños que reciben los países de Latinoamérica por el narcotráfico. Por lo que se hacía necesario cambiar la estrategia para aminorar el consumo de estupefacientes en Estados Unidos. El mayor consumidor de drogas en el mundo.

Colombia es junto a México y Guatemala, uno de los tres países que hicieron un llamado a la Organización de Naciones Unidas en el 2012 para llevar a cabo una conferencia internacional sobre reformas a las políticas antidrogas.

Hernández consideró que cuatro años después México no supo innovar en el tema, ni ser un líder en la región.

“Hubo una transformación de la retórica de los países, pero no se ha reflejado en políticas públicas, o leyes particulares al respecto en Latinoamérica, con excepción de Uruguay. Por otro lado, Estados Unidos siempre ha tenido una importante opinión y ha ejercido una presión sobre México y otros países s, e incluso, a nivel global con respecto a la estrategia punitiva contra las drogas”, recordó.

Las organizaciones civiles mexicanas que han presionado al Gobierno para un cese a la guerra contra el narcotráfico prevén que en la UNGASS no habrá un cambio de timón en la política de drogas de la región, sin embargo, insistirán para que México inicié cambios.

“La UNGASS puede que sea un espacio muy limitado para lograr cambios en sí mismo, pero México no tiene que esperar que el resto del mundo se ponga de acuerdo para poner fin al prohibicionismo”, dijo Ordorika.


El jueves, devuelta en México, el Presidente Enrique Peña Nieto tiene previsto hacer un anuncio de medidas derivadas de los foros sobre el uso de la mariguana.

FUENTE: SINEMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-04-2016/1650116

Periodistas mercenarios contra Ayotzinapa:

Dicen que son periodistas, pero en realidad son voceros del gobierno. En los últimos meses, su función ha sido muy concreta: crear confusión en la opinión pública sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la implicación del Ejército mexicano que el Gobierno de Enrique Peña Nieto se ha negado a investigar.

Son mercenarios, no periodistas. Y no es la primera vez que confunden, manipulan, dicen medias verdades, vierten mentiras, lanzan barullo, crean un revoltijo, enredan lo obvio… todo, con la finalidad de proteger a los verdaderos culpables de los crímenes cometidos por el Estado.

No es la primera vez que estos “merolicos” pagados por el Gobierno se encargan de desvirtuar la verdad. Es su especialidad, su negocio, su modus vivendi.

Lo hicieron con la matanza de Acteal, la masacre de campesinos de Aguas Blancas, la ejecución extrajudicial de Digna Ochoa y antes fueron los mercenarios que les antecedieron, los que se encargaron de manipular la verdad sobre la matanza de Tlatelolco y tantos otros crímenes cometidos por el Estado mexicano.

¿Por qué hay periodistas vendidos al poder?… Por dinero. El dinero compra conciencias. Y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es especialista en repartir dinero para extender el velo de silencio en torno a sus crímenes, cada vez más terribles.

¿Cómo identificar a esos periodistas vendidos al poder?… Muy fácil. Se dedican a lavarle la cara al Gobierno, a sembrar la duda sobre la autoría de los crímenes, incluso a denostar a las víctimas y a quienes las defienden.

El periódico La Razón, por ejemplo, lleva meses denostando a los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Algunos reporteros y editorialistas de este diario, vinculado con el poder no solo en la propiedad, sino en negocios, han difamado a los expertos publicando historias sobre su vida, mintiendo, utilizando sucesos para desvirtuarlos y enlodar a quienes se dedican a investigar la verdad sobre el crimen de Ayotzinapa.

Los ataques contra el GIEI provienen también de radiodifusoras como MVS, donde algunos locutores por consigna se dedican a denigrar y calumniar a los expertos y a entrevistar a sus detractores vinculados siempre con el gobierno.

La línea editorial de algunos periódicos ha sido reafirmar la llamada “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam sobre el basurero de Cocula y la noche de Iguala. Editorialistas de Milenio no solo defienden la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) sino que se dedican a crear confusión y francamente a desinformar, mezclando eventos, testimonios, hechos, nombres, fechas… haciendo un revoltijo de lo que ya sabemos.

Pero si alguien ha jugado un papel importante en reafirmar las verdades históricas del Gobierno mexicano, ha sido la revista Nexos propiedad del escritor Héctor Aguilar Camín.

Aguilar Camín y sus amanuenses, se encargaron de “exculpar” a los detenidos por la matanza de Acteal. En tres entregas, publicadas en la revista Nexos, el intelectual beneficiado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue reafirmando la versión del gobierno, hasta conseguir, junto a Ricardo Rapahel, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), liberar a los detenidos, bajo el argumento de la ausencia de debido proceso, algo que beneficiaba directamente a Ernesto Zedillo, en ese momento, demandado en un tribunal de Estados Unidos, por la matanza de Acteal, considerada un delito de lesa humanidad.

Siempre que el Estado ha necesitado a Aguilar Camín, este ha respondido como corresponde a todo un intelectual orgánico. Y Ayotzinapa no iba a ser la excepción. Desde las páginas de su revista se ha vertido la versión oficial de la supuesta conexión de los normalistas de Ayotzinapa, con el crimen organizado, en concreto con Los Rojos, grupo antagónico a Guerreros Unidos.

Otros medios, por ejemplo, se han encargado de difundir los audios que ilegalmente fue grabando el gobierno para después filtrarlos. Audios de conversaciones privadas, para denostar a las víctimas y a sus defensores. El Gobierno mexicano a través del Cisen o inteligencia militar, se ha gastado cantidades ingentes del presupuesto en vigilar a todo actor crítico.

Periódicos como El Financiero Bloomberg, cuya auténtica propiedad está en duda porque aparece nuevamente el nombre de Carlos Salinas de Gortari, han difundido en sus páginas y televisión, que los normalistas de Ayotzinapa llevaban 3 cadáveres en los autobuses que secuestraron aquel 26 y 27 de septiembre. Citando la versión de Sidronio Casarrubias, líder de “Guerreros Unidos”, el diario ofrece su espacio, sin investigación alguna, solo reproduciendo las declaraciones de un presunto delincuente, y termina por no decirle a su audiencia, dónde quedaron dichos cadáveres.

En fin, el Gobierno no solo tiene toda la maquinaria del Estado para imponer su versión, sino el aparato propagandístico del duopolio televisivo, y por si fuera poco, también una larga lista de mercenarios que se hacen llamar “periodistas”.

En este laberinto de confusiones, medias verdades, mentiras, manipulación, difamación, espionaje ilegal y desinformación, brilla la luz de la verdad. Una luz que conduce al Ejército mexicano, la Policía Federal, la Policía Municipal de Iguala y a otros actores políticos y de seguridad, que participaron directa o indirectamente en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A diferencia de 1968, año de la matanza de Tlatelolco, cuando el Gobierno controlaba casi por completo la prensa a través del monopolio estatal del papel y de la compra de conciencias periodísticas, en pleno Siglo XXI con Internet y las redes sociales, los periodistas independientes y críticos y algunos medios de comunicación críticos, será muy difícil que el gobierno imponga definitivamente su verdad histórica.

Tal vez, el cacareo de sus merolicos y mercenarios de la pluma, haga ruido, pero en la memoria colectiva, las manos de Enrique Peña Nieto estarán manchadas por la sombra, por una pesada losa que lo perseguirá hasta el fin de sus días, como en el caso de Ernesto Zedillo y Acteal o Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría y Tlatelolco.

Enrique Peña Nieto, ya tiene en su curriculum, su más emblemático crimen de Estado, se llama Ayotzinapa.

FUENTE: SINEMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desnudan a dos mujeres policía por “infraccionar” a un regidor en Oaxaca

OAXACA, Oax: La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) investiga el caso de dos mujeres policías de tránsito que fueron desnudadas, tocadas en sus partes íntimas y auscultadas por autoridades de Santa Lucía del Camino, luego de que pretendieron “infraccionar” al regidor de Hacienda Jorge Alberto Gamiño García en un operativo de alcoholimetría.

El organismo inició el expediente DDHPO/943/(01)OAX/2016 en el que son denunciados Gamiño García; el director de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Pedro Francisco Cruz, y la policía primera encargada de Vialidad, Flor de María Peralta, todos del municipio señalado.

Además de ser vejadas y violados sus derechos humanos, las mujeres policía fueron obligadas a firmar hojas en blanco, razón por la cual la DDHPO emitió medidas cautelares ante posibles abusos de poder, y solicitó a los funcionarios señalados que se abstengan de presionar a las agentes para que renuncien.

Las afectadas relataron que la madrugada del sábado 16 participaban en el operativo de alcoholimetría en Santa Lucía del Camino, y ahí le marcaron el alto a un vehículo modelo Atos. Al acercarse a la unidad se percataron de que el conductor tenía aliento alcohólico, por lo que le solicitaron presentar sus documentos.

El sujeto se negó y de manera agresiva se identificó como chofer del regidor de Hacienda de Santa Lucía del Camino, quien ocupaba el asiento del copiloto. Una de las agentes dijo que el conductor le ofreció dinero para que lo dejara continuar, pero ella se negó.

Y como sus jefes les han dado la instrucción de que cuando intercepten en el alcoholímetro a trabajadores del municipio sólo les hagan “recomendaciones”, eso fue lo que hicieron y los dejaron pasar el filtro sin que mostraran sus documentos.

Sin embargo, el regidor de Hacienda y su chofer acudieron a la sede policíaca del municipio para quejarse de las agentes viales, con el argumento de que les habían quitado dinero. De inmediato, el director de Seguridad Pública municipal dio la instrucción de detener y revisar a las dos mujeres.

Policías encargados de vialidad las detuvieron en el mismo sitio del filtro, las pusieron contra una pared, las revisaron sometiéndolas a tocamientos en todo el cuerpo, y las obligaron a quitarse las botas, calcetines, suéter y billeteras, sin encontrar el dinero que buscaban.

Las dos afectadas refirieron que después de esa agresión las trasladaron en una patrulla a las oficinas del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino y ahí les ordenaron desvestirse completamente. Ya desnudas les ordenaron hacer sentadillas y después las regresaron a donde se encontraban realizando el alcoholímetro.

No obstante, el comandante Pedro Francisco Cruz insistió en que les entregara el dinero que supuestamente habían robado al regidor, o de lo contrario que solicitaran su baja voluntaria antes de que procediera contra ellas, “porque se iban a manchar sus documentos”.

Las quejosas respondieron que no habían tomado ningún dinero, pero en la corporación las obligaron a firmar dos hojas que sólo contenían sus nombres completos, por lo que temen que las usen en su contra.

Ambas recurrieron a la DDHPO para pedir que investigue la acción de los citados funcionarios. En consecuencia, el organismo solicitó al encargado de la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, Carlos Girón Navarrete, instruir a los servidores públicos involucrados para que en un plazo de cinco días hábiles emitan un informe detallado para dar seguimiento al caso.

También demandó la adopción de una medida cautelar, consistente en instruir a esos servidores públicos para que se abstengan de causar actos de molestia a las agraviadas que carezcan del debido fundamento y motivos, y específicamente que eviten coaccionar a las peticionarias para que renuncien a su empleo.

De igual manera, solicitó que de no existir impedimento legal se permita el ingreso de las denunciantes a su centro de trabajo, ya que de lo contrario los funcionarios municipales podrían incurrir en responsabilidad administrativa o incluso penal, según lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.


La Defensoría advirtió al encargado de la presidencia municipal de Santa Lucía que la falta de rendición de informes que solventen la medida cautelar o el retraso injustificado en su presentación tendrán como efecto que se tengan por ciertos los hechos reclamados, salvo pruebas en contrario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437575/desnudan-a-dos-mujeres-policia-infraccionar-a-regidor-en-oaxaca

Ahora la CNDH promueve acción de inconstitucionalidad contra “Ley Eruviel”

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, la llamada “Ley Eruviel”.


En un comunicado, el organismo indicó que reconoce y apoya la necesidad de regular el uso de la fuerza pública por parte del Estado que si bien “sirve para garantizar la sana convivencia y respeto entre las personas”, también “debe garantizar la protección más amplia del ejercicio de los derechos humanos de todos”.

Desde la publicación de la ley, el pasado 18 de marzo en el Periódico Oficial del Estado de México, añadió, la CNDH se dio a la tarea de analizarla de manera integral, contrastándola con la Constitución y los instrumentos internacionales que existen en la materia.

De esa revisión, abundó, detectó algunas posibles inconstitucionalidades y algunos de esos elementos coincidieron con los argumentos planteados en solicitudes de promoción de acción de inconstitucionalidad que presentaron ante la CNDH diversos organismos políticos y no gubernamentales, a las que les preocupa la restricción a los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión, entre otros.

Asimismo, refirió, recibió la solicitud de revisar la ley por parte del Ejecutivo y del Congreso del Estado de México que también interpusieron una acción de inconstitucionalidad.

La CNDH destacó que en el análisis de la citada ley, trabajó en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con la que coincidió en el tratamiento de las temáticas.

El organismo nacional señaló que la Corte, “como último y máximo intérprete de la Constitución”, decidirá sobre la validez de la norma impugnada o sobre su interpretación.

“Con la correspondiente definición que el Supremo Tribunal haga, existirá certeza jurídica, tanto para los elementos de las instituciones de seguridad encargados de aplicar la ley, como para las personas que de manera libre ejerzan sus derechos humanos”, subrayó la CNDH en su comunicado.

El pasado 6 de abril el gobernador priista reculó y solicitó a la Legislatura mexiquense promover ante la Corte una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Atenco que él mismo alentó.


Y según dijo, reconoció que su determinación surgió tras escuchar las voces que se han pronunciado en contra de la Ley Eruviel.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437577/ahora-la-cndh-promueve-accion-inconstitucionalidad-contra-ley-eruviel

Difunden audio de los Yunes sobre presunta compra inmobiliaria en NY por casi 60 mdd

XALAPA, Ver: La cadena Univisión tuvo acceso a un audio en el que se da a conocer que el candidato de la coalición PAN-PRD al gobierno de Veracruz, el expriista Miguel Ángel Yunes Linares, debate con su hijo el empresario Omar Yunes Márquez por una compra inmobiliaria en Nueva York con costo cercano a los 60 millones de dólares.


Tras el escándalo de #PanamaPapers –donde Yunes Márquez pretendió entrar al terreno de los paraísos fiscales bautizados como offshores y del cual dimitió sobre la marcha–, ahora la cadena estadunidense dio a conocer la conversación telefónica en la que éste consulta al candidato a suceder a Javier Duarte en el próximo periodo constitucional.



Según la nota de Univisión, los audios y fotografías de dicha propiedad ya empezaron a circular, tras presuntamente salir del Comité Directivo Estatal del PRI y la oficina de prensa del propio Duarte de Ochoa para filtrarse a diversos medios de comunicación y hacerlo viral en las redes sociales.

En el audio se escucha la siguiente consulta entre padre e hijo:


“Es la 55, entre Park y Lexington. Este… el precio de venta. Tienen dos ofertas ellos ahorita: 55 y 58. Obviamente, pues se irían por la de 58. Entonces al menos habría que igualar eso. Y la única diferencia entre la nuestra y la de ellos es que actualmente ese inmueble está rentado. Están rentados dos de los inmuebles y dos que son de un mismo dueño los usan ellos para oficinas personales”.



La fecha de la filtración coincidió con el debate organizado por Olmeca Multimedios al sur de la entidad, a donde asistieron seis de los siete aspirantes a gobernar Veracruz.

El nuevo escándalo envolvió al candidato de la coalición PAN-PRD fue aprovechado por su primo-hermano, el candidato del PRI Héctor Yunes, para recordarle que la oposición también está inmersa en situaciones de corrupción.

Según el audio, se propone cerrar la compraventa en breve para dar factibilidad a la diligencia inmobiliaria.

“Las condiciones serían este viernes (sic) tenemos que presentar una oferta y poner, no sé si este viernes eso tengo que hablarlo ahorita con Lin (sic). Que me diga exactamente cuándo poner el 10% en un escrow en lo que haces las diligencias”, le enfatiza Omar Yunes al candidato de la coalición “Para Rescatar Veracruz.

“Te estoy poniendo una renta de $83 mil (…) Al menos sí generaría una rentita ¿no? Obviamente, nada bueno en cuanto a retorno, pero pues, la verdad, es que como sea te está generando ahí algo”, dijo Yunes Márquez a su padre al teléfono.

La respuesta de la familia Yunes no ha sido dada a conocer a ningún medio local. Omar Yunes apenas ejerció su derecho de réplica con Univisión y reviró que era parte de un negocio para otros inversionistas con quienes trabaja y lidera en Estados Unidos. Atajó que no involucra dinero de su familia.

“Lo que yo hago es ser promotor inmobiliario, lo que en Estados Unidos llaman un developer (sic). Lo que hacemos es buscar oportunidades de inversión, la viabilidad del negocio, ver que efectivamente se cumple con las expectativas de un inversionista. Yo gano por montar todo eso. Eso no significa que yo sea dueño de los proyectos”, dijo.

El empresario de 38 años aseguró que la conversación con su padre se centraba en un proyecto que lideró en 2014 para la venta de cuatro townhouses de tres dueños distintos, que ofrecería a sus clientes. Pero el negocio, al igual en el que salió vinculado en #PanamaPapers, dijo, no se concretó.

A 48 días de que se lleven a cabo las elecciones para renovar el gobierno de Veracruz, la familia Yunes Linares y los priistas, tanto el candidato, Héctor Yunes, como el propio gobernador Javier Duarte han entrado en una guerra de desacreditaciones y acusaciones mutuas por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y el más reciente, el de los paraísos fiscales.

Desde que Yunes Linares renunció en el 2004 al PRI, tras militar más de 30 años, se ha enfrascado en poner denuncias penales en contra del exgobernador Miguel Alemán, Fidel Herrera y el actual, Javier Duarte.


En contraparte, diputados federales y locales del PRI han acusado vía penal y por la prensa, que Miguel Ángel Yunes posee varias mansiones y residencias en México y en el extranjero y que también se ha enriquecido ilícitamente en los cargos públicos que ostento en el sexenio panista de Felipe Calderón y de Vicente Fox, como director general del ISSSTE y como subsecretario de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437638/difunden-audio-los-yunes-presunta-compra-inmobiliaria-en-ny-casi-60-mdd

Analistas dicen a Bloomberg que Gobernadores con estados casi quebrados desvían a campañas

La deuda de Pemex no es la única que preocupa a los inversionistas, la deuda total de los estados asciende a 28 mil millones de dólares, la más elevada en dos décadas, destacó Bloomberg. De acuerdo con el medio especializado en economía y negocios, las finanzas estatales están al borde del deterioro y aún así algunos gobernadores utilizan recursos para apoyar a sus candidatos en las elecciones de junio próximo.

La deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha dominado la atención de los inversionistas en los últimos meses por la amenaza que representa para el Gobierno, pero no es la única crisis potencial que enfrenta el país. La deuda total de los estados asciende a 28 mil millones de dólares, la más elevada en dos décadas, destacó Bloomberg.

De acuerdo con el medio especializado en economía y negocios, los estados como Veracruz, donde gobierna Javier Duarte de Ochoa; Nayarit de Roberto Sandoval Castañeda y Zacatecas de Miguel Alejandro Alonso Reyes, “están ahogados en números rojos”.

Francisco Vázquez, analista de Moody’s, dijo a Bloomberg que las finanzas estatales están al borde del deterioro y aún así algunos gobernadores utilizan recursos para apoyar a sus candidatos en las elecciones de junio próximo.

“Una crisis de Estado está llegando”, dijo a la agencia Rodolfo Navarrete, un analista con sede en la Ciudad de México en Vector Casa de Bolsa.”
“Los gobiernos estatales van a buscar más financiación, ya sea tratando de aumentar las transferencias del Gobierno federal o elevando la deuda bancaria. Esto aumentará la deuda del sector público, lo que podría afectar la calificación crediticia de la nación”, añadió.

México ya está en riesgo de una rebaja después de que Moody‘s ajustó la perspectiva de la calificación de México de estable a negativa porque el débil rendimiento económico y las continuas dificultades externas, así como la situación de Pemex, aumentan el riesgo de que la deuda no se estabilice por encima del horizonte de calificación e inclusive aumente más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por el momento, la calificación del país sigue en A3. En los próximos dos años, Moody’s evaluará los progresos realizados en la consolidación fiscal y los resultados del ajuste preventivo al gasto público por 132 mil 300 millones de pesos, el cual fue principalmente en Pemex por 100 mil millones de pesos ante la caída de un 70 por ciento en los precios del petróleo desde mediados de 2014.

La deuda del gobierno federal alcanzó el 34.4 por ciento del PIB en 2015, desde el 27.9 por ciento en 2011. Moody’s estima que la deuda seguirá aumentando poco a poco, pero probablemente se estabilizará en torno al 37 por ciento del PIB en 2018.


Al cierre del cuarto trimestre de 2015, el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 6 billones 230 mil 564.4 millones de pesos, lo que representa el 33 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Algunos analistas todavía ven riesgos en la economía mexicana.

“Los estados están muy por sobre sus cabezas”, dijo a Bloomberg, Luis Maizel, co-fundador de LM Capital Group en San Diego. “Es uno de los mayores problemas que tiene México en este momento que una gran cantidad de personas ha estado ignorando”, mencionó.

Bloomberg destacó a Veracruz como uno de los estados que no sólo enfrenta un problema en sus finanzas, también políticos y sociales.

“Veracruz también está contendiendo con los crecientes costos de la seguridad ante la violencia relacionada con las drogas. Además, se enfrenta a denuncias penales Veracruz falsificar la devolución de 4.8 millones de pesos a su tesorería, de acuerdo con el auditor federal de México, que en febrero ubicó al estado como el menos transparente en el país”, detalló.
Sin embargo, Veracruz no es el único, otros trece son acusados ​​de violaciones similares.


El pasado 15 de marzo, el Senado aprobó la Ley de Disciplina Financiera, con la que se regulará y controlará el endeudamiento de estados y municipios, sin embargo, para Moody’s esta medida no tendrá mucho impacto en el corto plazo.

Este lunes, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, reconoció en entrevista con para Financial Times, que el respaldo financiero de 73 mil 500 millones de pesos que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destinó a Petróleos Mexicanos (Pemex), no serán suficientes para sanear sus finanzas.

A pregunta expresa de la periodista Jude Webber, sobre si los resultados del primer trimestre que Pemex presentará el próximo 28 de abril podrían ser peores que el último trimestre del año pasado, Anaya respondió: “Creo que sí”.

Sobre si la ayuda del gobierno mexicano será suficiente para rescatar a Pemex, Anaya mencionó: “Tendremos que ver”.

Este lunes y martes, José Antonio González Anaya, y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, se reunirán en Nueva York, Estados Unidos, con inversionistas, días después de que el Gobierno mexicano anunciara una inyección de capital a la atribulada petrolera estatal.

“El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray y el director ejecutivo de Pemex, José Antonio González Anaya, se reunirá con inversores en Nueva York para ratificar el apoyo del gobierno para la empresa y subrayar su importancia para la economía mexicana”, anunció la SHCP en un comunicado.


“Ellos asistirán a un ‘road show’ con inversionistas. Los acompañará el director corporativo de Finanzas de Pemex, Juan Pablo Newman”, dijo una fuente enterada de la reunión al diario Economía Hoy.

FUENTE: SINEMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-04-2016/1649933

Amnistía reconoce disculpas del General Cienfuegos, pero exige ver más por Derechos Humanos

Este día, Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, ofreció una disculpa por los hechos ocurridos en febrero del año pasado en Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, donde una joven de 22 años de edad, detenida por portación de armas y presuntamente perteneciente a una organización criminal, fue torturada por una agente de la Policía Federal y elementos castrenses. Hace dos días el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, hizo lo propio en un mensaje dirigido a las tropas mexicanas en el Campo Militar Número 1.

Amnistía Internacional reconoció que la disculpa pública del Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, por la conducta de militares torturaron a una mujer hace 14 meses en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, “constituye un primer paso que debe impulsar un nuevo enfoque oficial a la hora de emprender acciones eficaces para sancionar y prevenir las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en México”.

La organización internacional dijo que la declaración del General Cienfuegos se inserta en un contexto en el que Amnistía junto a organizaciones nacionales ha documentando casos desde hace 20 años en los que las fuerzas armadas han participado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, entre otras.

No obstante, Amnistía condenó que la construcción del discurso del Gobierno mexicano, se articulara nuevamente en torno a la calificación de los hechos como “hechos aislados” cometidos por personas que actuaban por su cuenta.

Hoy, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, pidió perdón porque policías y militares torturaron a una mujer que se encontraba detenida, un acto que consideró ofende a la ciudadanía y deshonra a las instituciones. La tortura fue filmada en video y difundida por las redes sociales y la televisión.

Sales se comprometió a tener “tolerancia cero” y “sin ninguna excepción”. Dijo que el gobierno será “implacable” en la investigación y la sanción. Anunció la puesta en marcha de un grupo para reforzar la perspectiva de derechos humanos en las fuerzas de seguridad.

En el video, grabado el 5 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, se observa a una joven con la cara cubierta a la que una militar apunta con un fusil a la cabeza y luego una policía federal le cubre la cabeza con una bolsa de plástico simulando asfixiarla. La tortura por parte de policías y soldados ha sido denunciada por organizaciones nacionales e internacionales desde hace tiempo como una medida frecuente para obtener información o confesiones de sospechosos.

El comisionado dijo que estas prácticas no deben empañar la labor de la mayoría, que son agentes “honestos”, pero Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció que la tortura persiste en “distintos ámbitos” de la cadena de seguridad pública.

El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, anunció la suspensión de tres efectivos de su cuerpo que participaron en los hechos registrados en el video aunque en la grabación sólo se ve a una agente. “No es cometiendo ilegalidades como se protege a la comunidad”, dijo.

Las disculpas del comisionado de Seguridad se unen a las dadas el fin de semana por el jefe de las fuerzas armadas, el general Salvador Cienfuegos, en un acto que muchos analistas consideraron sin precedentes.

LA CUESTIONADA ESTRATEGIA

A la par, organizaciones no gubernamentales denunciaron mediante una declaración conjunta los “efectos nocivos” para los derechos humanos que ha conllevado la estrategia de seguridad implementada en México para combatir el cultivo, el tráfico y la posesión de drogas.

“La evidencia nacional e internacional, muestra que las políticas encaminadas a prohibir y castigar el cultivo, venta y uso de ciertas drogas han resultado desproporcionadas y no han tenido efecto en la erradicación de la producción o el uso problemático de drogas. Por el contrario, las consecuencias colaterales de las políticas prohibicionistas han sido profundamente dañinas”, dijeron 20 organismos nacionales como el Centro Prodh, Asilegal, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto a la Red Todos los Derechos para Todas y Todos conformada por 79 organizaciones en 21 estados del país.

Este día, Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, también ofreció una disculpa por los hechos ocurridos en febrero del año pasado en Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, donde una joven de 22 años de edad, detenida por portación de armas y presuntamente perteneciente a una organización criminal, fue torturada por una agente de la Policía Federal y elementos castrenses.

“No debemos enfrentar a quienes violan la Ley, violando la Ley”, dijo Sales Heredia durante la presentación del Programa Nacional de Capacitación en Derechos Humanos que busca contribuir a la profesionalización de elementos de la Policía Federal.

El mensaje del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, se dio a dos días de la disculpa ofrecida por el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, luego de que la semana pasada se filtrara el video donde dos elementos de las fuerzas federales son captados mientras torturan a un mujer, identificada como Elvira Santibáñez, de 22 años de edad.


La grabación, filtrada a algunos medios mexicanos, así como al sitio estadounidense Breitbart Texas, muestra a una integrante de la Policía Militar y a un agente de la Policía Federal, interrogar a la mujer con una bolsa en la cabeza. En las imágenes se distingue, además de los dos elementos que llevan a cabo los actos de tortura, a otro integrante de la Policía Militar que presencia todo lo ocurrido sin intervenir. La persona que grabó el video pertenece a una de estas corporaciones de seguridad. La agresión ocurrió en Ajuchitán, Guerrero, en febrero de 2015.

Para Amnistía es necesario que el gobierno y particularmente las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el personal militar en el desempeño de operaciones de seguridad pública en los últimos años, y que actúen rápidamente para cambiar esta tendencia.

Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, dijo que es notable que esta sea la primera vez que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) pide disculpas públicas por un caso de tortura y dijo que “esto tendría que ser el comienzo de una toma de responsabilidad inmediata del Estado mexicano en su conjunto por todas las violaciones graves a los derechos humanos por las cuales el personal militar tenga que responder”.

Amnistía dijo que la condena pública es un paso importante, “pero no es suficiente por sí sola para evitar y poner fin a los abusos, sino se acompaña de un ejercicio de rendición de cuentas que garantice por parte de autoridades civiles investigaciones serias sobre las acciones, estrategias y políticas de las fuerzas armadas”.

“Es muy cuestionable que existan casos en donde se ha corroborado la participación de personal militar, y a más de 6 años de los hechos las familias sigan esperando ese reconocimiento de responsabilidad y justicia, como el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos alumnos de excelencia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que murieron a manos de integrantes del Ejército. Se necesita que el Estado mexicano tomen acciones reales frente a la impunidad existente.” señaló Perseo Quiroz.

Por ello, Amnistía hizo un llamado al gobierno de México para poner fin de inmediato al desempeño de funciones habituales de la policía, como detener, investigar e interrogar por parte de las fuerzas armadas. Aunque la organización reconoció las dificultades de seguridad pública a las que se enfrenta el Gobierno mexicano, recordó al Estado que la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante estos abusos.

“El delito no se combate con más delito”, refirió.

En tanto, las agrupaciones civiles que suscribieron la declaración contra la política prohibicionista cuestionaron si en verdad se está ante un “problema mundial de drogas” o si el problema es resultado de las políticas implementadas por los Estados para combatir a las drogas. Dijeron que cada vez más organismos sociales han documentado la incidencia de tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones arbitrarias y demás violaciones a derechos humanos en el país.

Refirieron que también se tienen documentadas: la vulneración en la que se encuentran niños y adolescentes frente al crimen organizado; la violación a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pueblos y comunidades forzadas a cultivar enervantes; los riesgos que enfrentan personas y familias enteras forzadas a desplazarse de sus hogares; las violaciones a derechos humanos que viven día con día las y los migrantes que cruzan el país y la violencia de la que son víctimas; los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos que documentan la violencia generada por la guerra con las drogas; la fabricación de culpables y la restricción de libertades fundamentales en el marco de una política de seguridad fallida.

Es por ello que, en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones sobre “el problema mundial de las drogas”, a celebrarse en abril del 2016, lanzaron un llamado de atención sobre los diagnósticos de fuentes nacionales e internacionales que evidencian la relación entre las políticas de seguridad de combate a las drogas ilícitas y el grave aumento de la violencia en nuestro país.

Dijeron que en México, el impacto del régimen internacional de control y fiscalización de drogas ha sido devastador y  ha propiciado el desarrollo de leyes y figuras que se contraponen con el debido proceso y las garantías judiciales, la presunción de inocencia, los derechos a una defensa adecuada y a una sanción acorde con la gravedad del delito.

“Las autoridades mexicanas han utilizado como indicadores de éxito, la cantidad de hectáreas de amapola y mariguana erradicadas, de laboratorios de cocaína destruidos, personas detenidas y kilos de droga incautados. Este tipo de indicadores transmiten una sensación de efectividad en las políticas de combate a las drogas, pero no indica si las tácticas empleadas se traducen en avances reales hacia el objetivo principal, que es la reducción en el uso de drogas en el país”, dijeron.

Las casi cien organizaciones nacionales cuestionaron el que por un lado se implementan estrategias de seguridad para reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas, mientras que por el otro, las acciones de combate al narcotráfico resultan insostenibles a largo plazo, al ignorar las fronteras nacionales, la capacidad operativa y la diversificación del crimen organizado.

Las agrupaciones civiles dijeron que para iniciar un debate serio sobre el diseño de nuevas políticas públicas que regulen el uso de drogas, es primordial reconocer el fracaso del modelo prohibicionista y de las políticas de seguridad encaminadas al combate de la producción, distribución y posesión de drogas en el país.


Por ello, y ante la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, hicieron un llamado para que la política de seguridad en contra del crimen organizado sea reformulada desde un enfoque de derechos humanos y género.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-04-2016/1649928

El GIEI no aportó nada distinto a la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa: Osorio Chong

CIUDAD DE MÉXICO: Colocado como el presidencial puntero entre los priistas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, descalificó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) porque, dijo, no aportó nada distinto a la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, y acusó a Andrés Manuel López Obrador de actuar contra las instituciones.


Osorio Chong, quien en entrevista con el diario El Universal también ratificó que para el gobierno de Enrique Peña Nieto la tortura es inaceptable, evaluó hoy el trabajo del GIEI y aseguró que sus integrantes no aportaron ningún elemento contrario a la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam.

“Hasta hoy todas las evidencias nos llevan a lo que ya ha sido anunciado por parte de la Procuraduría General de la República (PGR)”, declaró en entrevista con Joaquín López Dóriga.

–¿Me quiere decir, secretario Osorio Chong, que en casi un año de gestión y de labores del GIEI no han hecho aportación importante que se pueda agregar a lo que se llamó en su momento “verdad histórica”?

–No tenemos más elementos que obren en nuestro poder, hay señalamientos que se han investigado, creo que de las conclusiones de su primer periodo, los primeros seis meses que estuvieron en nuestro país, fueron las conclusiones respecto a si hubo fuego o no, en el basurero de Cocula.

El exgobernador de Hidalgo recordó que el peritaje que se hizo, a petición del GIEI, concluyó que en el basurero sí hubo fuego intenso que pudo quemar cuerpos en este lugar, presumiblemente los normalistas de Ayotzinapa, tal como lo dio a conocer Murillo Karam.

“Creo que los padres merecen la verdad. El gobierno de la República nada tuvo que ver en estos hechos, y así ha sido manifestado incluso por el grupo de expertos y diferentes organismos. Nos interesa la verdad, y lo que tenemos hoy como evidencia nos lleva a las conclusiones que ya se han dado a conocer por parte de la PGR”.

–O sea que estaríamos en el mismo lugar, secretario.

–En el mismo lugar y lo que podría decir es: con mayores evidencias, porque de que llegaron para acá hemos seguido deteniendo a más y más personas que participaron en estos hechos y han venido comentando las mismas circunstancias que los otros detenidos, los de los cuerpos de seguridad que participaron en la detención, y otros que participaron en los hechos lamentables, los hechos trágicos.

“Hemos detenido a muchos más, importantes, los hemos dado a conocer, se les ha entrevistado y las conclusiones siguen siendo prácticamente las mismas”.

En otro tema, la carrera presidencial, Osorio Chong reiteró que él conoce las encuestas que lo colocan como el puntero de los priistas por la candidatura presidencial, pero insistió en que él está trabajando y no tiene “las obsesiones de algunos que lo único que les interesa es ganar las elecciones y no les importa hacer alianzas, incluso, con quienes transgreden la ley”.

–¿Me está hablando, secretario, de López Obrador y la Coordinadora (Nacional de Trabajadores de la Educación), por ejemplo?

–Por ejemplo o, más bien, directamente. Hay este grupo de maestros que no van y asisten a clases, que toman edificios públicos, que enfrentan a la autoridad y entonces, digo, hay elecciones en este estado, pues hago un acuerdo y me reúno con ellos, y no me importa si éstos están en contra de la educación, contra nuestras niñas y niños, lo importante es ganar la elección. O me reúno con otros que transgreden la ley.

“Esas son obsesiones, eso no le sirve al país, pero cada quien hace su propia luchita. Qué pena que no se piense en México, que se piense nada más en ese interés, en esa obsesión de poder ganar, no importa a partir de qué y contra qué, sino alcanzar ese espacio, cuando hay muchos en los que se puede aportar, en el que se puede lograr que a este país le vaya mejor y no solamente polarizando, y no solamente atacando a las instituciones, y no solamente obedeciendo a lo que me gusta, a lo que me gusta hoy”.

Osorio Chong también criticó la “incongruencia” de López Obrador sobre las encuestas, como la del diario “Reforma”, ya que, dijo, aplaudió los resultados que ayer le dieron ventaja, pero descalificó la de diciembre, que lo colocó en prácticamente en un empate con él y con la panista Margarita Zavala.

“Cuando salió la misma la vez pasada dijo, ya no recuerdo exactamente, pero dijo que ya había pasado por un departamento de corte y confección, porque no le gustaba la encuesta, y criticó otra, a la vez que ahora que sale con otro resultado dice sí, sí me gusta, ya me gusta, ya estoy de acuerdo.


“Eso es actuar a conveniencia, eso es ser incongruente, eso es no ver más que los que quieren ver sus ojos, y eso creo que no le sirve a nuestro país, pero cada quien puede actuar de la manera que mejor le venga en su consideración, y yo creo que los electores, yo creo que los ciudadanos siempre nos están observando”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437593/giei-aporto-nada-distinto-a-la-verdad-historica-ayotzinapa-osorio-chong

El Verde evalúa acudir a la CoIDH por “violación a sus derechos”

CIUDAD DE MÉXICO: Este día el PVEM sostuvo que el TEPJF está vulnerando sus derechos al ordenar al INE que emita una segunda sanción por los informes de labores de sus legisladores, situación que ya había sido juzgada y sancionada en 2015.


El portavoz del Verde, Carlos Puente, dijo en rueda de prensa que el partido está siendo gravemente afectado en sus derechos, toda vez que esta multa que se pretende imponer lo colocan en inequidad para este periodo electoral, pues el PVEM se encuentra casi sin prerrogativas.

Por ello, advirtió el senador del PVEM, dicho organismo político estudia presentar una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Puentes Salas argumentó que “el asunto de los informes legislativos ya había sido juzgado y sancionado. Estamos siendo afectados, agraviados, no es posible que se nos esté juzgando por segunda ocasión por una conducta que fue sancionada en diciembre del año pasado”.

También acusó que la Sala Superior del TEPJF y el INE “violentan de manera flagrante el principio non bis in ídem, que se refiere al derecho fundamental de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma conducta”.


Además lamentó que el Tribunal Electoral no haya resuelto de manera clara la situación, y en lugar de ello ha decidido darle la vuelta y retornarla al Órgano de Fiscalización del INE buscando que emita una nueva sanción.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437573/verde-evalua-acudir-a-la-coidh-violacion-a-sus-derechos