lunes, 25 de abril de 2016

Padres de Ayotzinapa piden a la CIDH un nuevo mecanismo de seguimiento internacional del caso

Los padres lo dejaron claro: si el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes mandatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos abandona el seguimiento del caso Ayotzinapa es porque el gobierno no tiene voluntad política para que continúe.
El emplazamiento por la responsabilidad de lo sucedido en la Masacre de Iguala, dónde Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón y Julio César Ramírez Nava fueron asesinados, Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano fueron gravemente heridos y 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron secuestrados por agentes de la policía en un operativo que congregó a las tres reparticiones de la fuerza y al ejército, y desde entonces se encuentran desaparecidos, trepó al más alto nivel del Ejecutivo Mexicano. Es a Enrique Peña Nieto, presidente de la República, a quien los padres apuntaron como responsable por la impunidad que sigue reinando a 19 meses de lo arriba descrito.
El agradecimiento a los expertos fue la tónica de las alocuciones de los papás durante la conferencia de prensa que brindaron este lunes 25 de Abril. El día anterior, domingo 24, los padres vivieron otro momento que los dejó al borde de las lágrimas: la presentación del segundo – y último – informe del GIEI, que se retira del país. “Desde que ellos llegaron, sentimos un poco de tranquilidad”, dijeron. Entonces, ¿cómo seguir ahora que les arrebatan ese tantito de responsabilidad?.
La tranquilidad de que mediante una investigación seria y metódica pudieron, paso a paso, ir desmantelando la “verdad histórica”, a la que las instituciones judiciales fueron acomodando las evidencias; y no al revés.
El GIEI aportó como prueba clave de la manipulación que se hizo de la investigación oficial, que integrantes de la Procuraduría estuvieron presentes en el basurero de Cocula – el señalado por la verdad histórica y oficial, como el destino final de los estudiantes a pesar de que no hay pruebas científicas o técnicas que así lo avalen – un día antes de lo que fue consignado en el expediente del caso.
Esto, además de levantar miles de preguntas y dudas acerca del porqué, es una violación al “debido proceso” y tiñe toda la investigación oficial posterior.
No sólo eso, sino que el informe del GIEI insiste en cómo algunas pruebas obtenidas en peritajes y testimonios eran desechadas de la investigación si no concordaban con la versión oficial. Es decir, las pruebas que cuestionaban esa versión eran eliminadas del expediente, o ignoradas, dejando miles de frentes y flancos de investigación abiertos e inconclusos, hasta hoy.
Desde hace más de siete meses, cuando el GIEI publicó su Primer Informe al año de los hechos, en setiembre de 2015, los padres reclaman por que se haga una investigación interna por obstrucción de la justicia, posible fabricación de evidencias y ahora se suma la tortura a detenidos para fabricar una teoría del caso.
Ese es otro de los puntos importantes fue el señalamiento de que ciertos testimonios incluidos en el expediente judicial del caso fueron obtenidos bajo tortura, sobre todo, de aquellos inculpados que hoy están presos. Sin embargo, desde enero, las cárceles se cerraron para el GIEI. No hubo posibilidad de que pudieran tener acceso a esos detenidos, que fueron torturados para que sostuvieran en sus declaraciones la versión oficial mandatada por el Estado.
Tampoco, y el reclamo ha sido repetido durante meses, se les permitió entrevistar, ni siquiera interrogar a ninguno de los integrantes del 27 Batallón del Ejército, situado en Iguala de la independencia.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no nos deja solos, lo que le pedimos es la creación de un mecanismo de seguimiento del caso, que esté encabezado por el actual presidente del organismo” El comisionado James Cavallaro ocupa este cargo y es, a su vez, es el relator de México para la Comisión.
El modelo de seguimiento por el que pugnan los padres y las organizaciones de derechos humanos y legales que los acompañan, tendría como propósito la investigación de los hechos, la búsqueda de los estudiantes y la atención de las víctimas, tal como lo indican las medidas cautelares que la CIDH emitió a México. Implicaría que el equipo del mecanismo que se forme viaje periódicamente al país, que se le permita tener acceso de manera directa a la información y el expediente y no mediante oficios, así como reclaman que al menos uno de los integrantes del GIEI forme parte del mecanismo de seguimiento a crearse.
Además, reclaman por el seguimiento de las líneas de investigación sobre el paradero de los muchachos marcadas por el GIEI en sus dos informes. Por un lado, los prófugos del caso, entre ellos los jefes de las policías municipales de Huitzuco e Iguala. Y otro, importante, es la línea de investigación que señala en el 27 Batallón del Ejército como la posible fuente del tráfico de armas en beneficio de organizaciones criminales de Iguala, así como el tráfico de drogas utilizando los autobuses públicos, entre Iguala y Chicago. Estas evidencias fueron aportadas por investigaciones de Estados Unidos, por lo que para los padres es clave apelar a la cooperación internacional de otros estados en la investigación porque no hay en México un sólo antecedente de haber investigado ese tráfico.
Y, tercero, la telefonía. Ya que la investigación oficial sostuvo que los estudiantes habían sido quemados en Cocula, junto con todos los teléfonos celulares que cargaban. Dato desmentido por las sábanas de registro de las comunicaciones que tienen mensajes enviados por los estudiantes pasadas la medianoche del 26 de setiembre.
También, en este segundo informe del GIEI, se prueba que todo la agresión fue coordinada por una persona, con quien se comunicaron los policías y detenidos y que estaba identificado “El Caminante”, en algunos de los celulares de estos.
Este martes 26, con un panorama difícil, los padres volverán a marchar a 19 meses de la Masacre. Porque no hay forma de detenerse ante tal arbitrariedad y violencia, porque la falta de un hijo sólo la calma la verdad y la justicia. Es por eso, que reiteraron el llamado “a amas de casa, trabajadores, campesinos, estudiantes” a que vuelvan a tomar las calles, uniéndose a sus reclamos.
“Lo que está en juego es la voluntad política del Estado. Ese reto necesita que la sociedad vuelva a entender lo que está en juego aquí. Es la historia de México pasando por este momento.”
Foto: lainfo.es

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ELIANA GILET
LINK: http://desinformemonos.org.mx/padres-de-ayotzinapa-piden-a-la-cidh-un-nuevo-mecanismo-de-seguimiento-internacional-del-caso/

Con nombres y detalles, la acción de la Policía Federal contra normalistas en Iguala

La participación activa de la Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ya no se puede disimular. Dos polícías federales fueron señalados por un testigo de la CNDH como activos participantes en el secuestro de más de 15 normalistas que viajaban en un autobús el 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con documentos oficiales, ambos pertenecen al grupo de siete integrantes de la PF que tuvieron alguna intervención en la trágica Noche de Iguala. Este reportaje se realizó con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.

CIUDAD DE MÉXICO: Por documentos internos de la base igualteca de la Policía Federal (PF) se conocen los nombres de los siete agentes de esta corporación que entraron en acción la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecieron.

Son Luis Antonio Dorantes Macías, suboficial jefe de la base de la PF en Iguala; el subinspector José Carlos Hernández Romero; los oficiales Víctor Manuel Colmenares Campos y Arturo Gómez Gómez; y los suboficiales Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, Marco Antonio Pérez Guzmán y Alfonso Ugalde Cámara.

Colmenares y Pérez Arizpe son dos de los policías reconocidos por un testigo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cómplices de la desaparición de los 15 o 20 normalistas que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531 el 26 de septiembre, revelaron fuentes vinculadas a la investigación de la CNDH.

Según ese testigo, entre las 22:00 y las 22:30 horas –cuando los policías municipales agredieron a los estudiantes en la autopista federal 95 y los obligaron a bajar del autobús para subirlos a vehículos de la Policía Municipal de Huitzuco–, Colmenares y Pérez Arizpe atestiguaron y permitieron que ocurriera la agresión en un tramo carretero que, según información de la propia PF y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), está bajo jurisdicción federal.

Según testimonios publicados desde septiembre de 2015 por esta reportera (Proceso 2029), a la altura del Palacio de Justicia los policías federales también apuntaron sus armas contra los normalistas, a la vista de decenas de automovilistas que habían quedado varados por el bloqueo instalado para atacar a los estudiantes.


Fragmento del reportaje publicado en la edición 2060, ya en circulación

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438261/nombres-detalles-la-accion-la-policia-federal-en-iguala

La reforma energética… en Pajaritos

Hace tres años Pemex entregó en comodato parte de 
la administración del Complejo Petroquímico de Pajaritos a la empresa Mexichem, con la promesa de que pronto llegaría el dinero a Coatzacoalcos. Pero no llegó. Lo que sí se presentó la semana pasada fue la tragedia, la más devastadora que se haya registrado en el sur de Veracruz. Familiares de los trabajadores subrogados de la paraestatal se lanzaron contra el presidente Peña Nieto –quien sólo estuvo tres horas en la planta siniestrada–, el gobernador Duarte y la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo. Y en un video que se hizo viral apareció la leyenda: “Ni tres, ni 13, ni 24. Son cientos (los muertos). Coatzacoalcos, no te calles”.

COATZACOALCOS/XALAPA, Ver: “¿Qué esperan? ¿Qué se desbaraten los cuerpos para no reconocerlos?”, grita una mujer. A su lado una treintena de trabajadores de Pemex y familiares de desaparecidos durante la explosión del miércoles 20 en el complejo petroquímico Pajaritos la escuchan, impotentes. Tienen la mirada vidriosa.

Frente a las instalaciones, con el rostro cubierto, efectivos del Ejército y la Marina forman una valla humana para impedirles el paso y atestiguan los lamentos y pataleos de los inconformes que llegaron de Coatzacoalcos, Agua Dulce, Las Choapas, Minatitlán y el Uxpanapa.

Un sobrecalentamiento en el área de hornos y la falta de mantenimiento en un complejo cuyas válvulas e infraestructura no lo recibieron de manera adecuada provocaron dos explosiones en una de las tres áreas del complejo, la de Clorados III.

Al cierre de edición se reportaban 27 muertos y más de 160 heridos –una veintena de ellos de gravedad– y 18 desaparecidos, según las autoridades de la paraestatal y del gobierno estatal. La nube tóxica se expandía, mientras los rescatistas sacaban los cadáveres en camionetas de redilas.

Adentro, en el área siniestrada –que desde hace tres años fue cedida a la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) y es administrada en comodato por la firma Mexichem, de Juan Pablo del Valle, y por Pemex–, el presidente Enrique Peña Nieto recorrió el lugar del desastre, el peor que se ha registrado en Coatzacoalcos.

Lo acompañaban el director de la paraestatal, José Antonio González Anaya, el gobernador Javier Duarte, el titular de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y la procuradora Areli Gómez.


Fragmento del reportaje publicado en la edición 2060, ya en circulación

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438259/la-reforma-energetica-en-pajaritos

“Botean” en casetas para pagar entierros de obreros fallecidos en Pajaritos

COATZACOALCOS, Ver. (apro).- Amigos y familiares de personas fallecidas en el complejo petroquímico de Pajaritos “levantaron las plumas” de peaje del puente Coatzacoalcos I para pedir “cooperación” y pagar el entierro de los obreros, y de paso exigir a las autoridades que investiguen este fatal accidente que hasta el momento ha dejado 32 muertos, según cifras oficiales.
La mayoría de los manifestantes eran originarios de la congregación Mundo Nuevo, comunidad marginal en donde vivía más de la mitad de las víctimas fatales; la protesta la encabezó Alexia Hernández Vázquez, hermana de Fernando –enterrado el sábado con música de mariachi–, quien dijo que estas acciones servirán como medida de presión para que las autoridades federales, estatales, de la Fiscalía General del Estado y de Petróleos Mexicanos indaguen el caso.
Mario Díaz Ortega, vocero de la Coordinadora por la Defensa de Pemex que aglutina a más de 340 trabajadores disidentes del sindicato oficial, acusó que los hechos del pasado miércoles pueden ser catalogados como un “genocidio industrial”, pues los directivos de Mexichem estaban conscientes de las fugas que ocurrían en sus hornos y los desfogues que habían estado ocurriendo hace seis días.
Díaz denunció que Mexichem y Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) tenían que haber parado labores desde muy temprana hora el miércoles 20, sin embargo no lo hicieron para no perder acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV): “No querían perder un centavo”, fustigó.

Bajo un sol inclemente que sobrepasa los 36 grados centígrados, un grupo de habitantes de la congregación de Mundo Nuevo, con cartulinas en mano, pedían a los automovilistas “no pagar casetas”, pero sí colaborar con algunas monedas para los deudos de las víctimas del complejo Pajaritos.
Los inconformes explicaron que lo recaudado sería dividido entre 17 familias de trabajadores que perecieron en el área de Clorados III.
“Que el dinero sea dado a los familiares que perdieron algún familiar o están en el hospital y también para que el gobierno nos haga caso y no nos evadan, porque esto no puede quedar impune. Esto no fue un accidente, fue una negligencia, los trabajadores son testigos de que había fugas desde el inicio de la semana. Esta tragedia se pudo haber evitado”.
William Gallardo López, hermano de Alexis Alejandro, otra de las víctimas, hizo un llamado a la población a sumarse a la causa, pues hay casos como el de su hermano en el que hubo que realizar un traslado al puerto de Veracruz por la gravedad de sus heridas.
Los manifestantes también hicieron hincapié en que aún existen empleados de empresas contratistas de Pemex que se encuentran desaparecidos ante la indiferencia de las autoridades.
Este lunes por la mañana trabajadores de PMV reprocharon que desde el viernes pasado no han podido cobrar su sueldo tras la explosión, y sólo los de la empresa contratista Welding sí lo pudieron hacer.
Al hacer un plantón frente al complejo de Pajaritos, los empleados reprocharon que hoy reina la zozobra entre cientos de trabajadores de varias empresas outsourcing, pues nadie les ha dicho si serán reacomodados en otra planta o quedarán en lista de espera a que reabra PMV.
Por separado, el secretario de la CTM en Villa Allende, José Roberto Nasta Ripol, informó que los trabajos de limpieza en la factoría podrían tomar 60 días, según estimaciones de las propias compañías.
“Esto debe ser de acuerdo a lo que marca el gobierno, hablan de 30 a 60 días para volver a reparar todo. Después de esto que acabamos de pasar yo creo que sería traumático para entrar a trabajar también”.
En rueda de prensa en el zócalo de Coatzacoalcos, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas del Petróleo reprochó que los dueños de Petroquímica Mexicana de Vinilo, con tal de no perder dinero violaron todos los protocolos de seguridad para los obreros que tenían subcontratados.
Mario Díaz, uno de los voceros del grupo, recriminó que a los obreros “los mandaron a morir” porque sabían que la planta ya operaba mal.
Díaz acusó que este acontecimiento fue provocado por la irresponsabilidad de la administración actual del gobierno de Enrique Peña Nieto, que en 2013, sin la reforma energética aprobada, entregó a Mexichem 58% de la propiedad del complejo Pajaritos.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: NOÉ ZAVALETA
LINK: http://www.proceso.com.mx/438441/botean-en-casetas-pagar-entierros-obreros-fallecidos-en-pajaritos

El honor de Jesús Ortega

Mi madre dice que quise ser periodista desde que tenía seis años: “A esa edad empezaste a entrevistar a cada persona que llegaba a casa”. Ante ese destino manifiesto, antes de entrar a la universidad, le pregunté por qué la vocación se me echó encima, tan definidamente, tan pronto.

Me miró obviando la respuesta: “Porque tienes una curiosidad infinita y porque te gusta ayudar a la gente”. Mi padre, un hombre que vivió indignado la cobertura oficiosa de la matanza de Tlatelolco y el asesinato de Manuel Buendía, sembró la duda: “Mejor estudia otra cosa, mi hijita, en México, a los buenos periodistas se los chingan”, dijo al más puro estilo norteño.

El mandato paterno se me quedó clavado en el alma, cuestionando mi orientación vocacional. Para entonces, leía y coleccionaba cada semana, la revista Proceso fundada por Julio Scherer y devoraba diariamente todos los periódicos que podía. La escritura llegó muy pronto a mi vida y se quedó, incluso hay algunos poemas, novelas y cuentos por allí guardados.

Intenté anular mi pasión por el periodismo. Me sometí durante varios días a los exámenes de admisión de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Los resultados fueron contundentes: “Le gusta la psicología, pero todo indica, que usted prefiere la información. Le sugiero que se inscriba en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y estudie la carrera de periodismo”, me dijo la maestra encargada de aplicar los tests.

Sentí un alivio. Mi padre, esperando que yo desistiera, se negó a apoyar económicamente semejante decisión. Y empecé a trabajar como secretaria en una compañía de seguros para costearme mis estudios, un empleo bien remunerado, que luego abandoné, cuando cursaba el cuarto semestre de la especialidad de periodismo, para entrar a trabajar de meritoria y sin percepción salarial, al Diario de Monterrey.

Tenía 20 años, y el jefe de información me mandó a la sección de cultura y sociales. Las mujeres generalmente no cubrían la sección política. Estuve cubriendo artistas y algunas exposiciones de pintura. Mi objetivo era escribir en la sección de locales. Me apasionaba la cobertura política: “Deme una fuente”, le decía todos los días al Sr. José de la Luz, jefe de información. Unos meses después me dijo: “La ciudad es suya”. Sorprendida, lo cuestioné: “¿Qué clase de fuente es esa?”. Con cierto hartazgo contestó: “La acabo de inventar para que me deje de fregar. La ciudad es suya, tráigame notas de la ciudad”.

Me sentí confundida. En parte, había conseguido lo que quería, pero no sabía por donde empezar en una ciudad como Monterrey. Empecé a patear la capital industrial y sus injusticias cotidianas. Fue así como llegué a los movimientos sociales: las manifestaciones de los obreros por el cierre de la Fundidora Monterrey, la huelga de las enfermeras de la Sección 50 de Maestros, las marchas por los desaparecidos de Doña Rosario Ibarra de Piedra…

Me comprometí. Las causas de los más vulnerables no me eran ajenas. A los dos años me gradué y obtuve el título de licenciatura en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Periodismo y con una tesis titulada: “Medios masivos: instrumentos de campañas políticas”, sobre las elecciones de 1988 y la “caída” del sistema.

Mi querido maestro de periodismo, José Luis Esquivel, fue presidente de los sinodales y me anunció el resultado: “Ha obtenido Matricula de Honor. A partir de ahora, tiene una misión: regirse por la ética, y servir a los que no tienen voz. Nunca olvide el significado de esta profesión, ser Periodista, es ser defensor de la verdad y la justicia. Estoy seguro que cumplirá”.

Durante más de 30 años, esa máxima ha sido mi guía en la vida. Como periodista, he recordado ese compromiso primigenio al cobijo de la convicción que me ha dado mi vocación, literalmente a prueba de balas. Bendita vocación. No ha sido fácil, porque decidí ejercer mi profesión en uno de los países más peligrosos.

Muy pronto, le di la razón a mi padre. Me adentré en el nauseabundo mundo de la corrupción institucional, investigué las cloacas del sistema político, descubrí las redes de malversación de caudales públicos y claro, tuve que pagar el precio por ello.

Tenía 23 años cuando las primeras llamadas llegaron a mi casa. Mi madre se asustó al principio: “Dígale a su hija que deje de investigar o la matamos”. Optamos por cambiar el número telefónico, descolgarlo, suspender el servicio… Luego, llegaron los coches raros con hombres estacionados frente a la casa, el espionaje, los seguimientos, los allanamientos, el acecho… Eran tiempos difíciles y estaba afectando a mi familia. Decidí dejar el país. Me despedí de mis padres: “Solo son dos años”.

Me fui con una mochila a estudiar un doctorado en periodismo político a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajé de obrera para sostener mis estudios. Luego, obtuve algunas becas, la mejor y la última, del Instituto de Cooperación Iberoamericano de España.

Me convertí en corresponsal de la revista Proceso y me quedé 20 años en Europa y Estados Unidos. Volví a México hace ocho años. Y muy pronto, volví a sentir ese fétido aliento del hostigamiento. El escándalo por los abusos sexuales del clero católico se extendió luego de que mis reportajes en torno a la protección del Cardenal Norberto Rivera a los curas pederastas, provocaron la apertura de los juicios en su contra por “conspiración a la pederastia”.

“Mi hijita, llevas unos meses aquí, y ya la armasté bien y bonito. ¿No pudiste estar quietecita un ratito?… ¡Piensa en tus hijos!”, me dijo mi madre preocupada cuando arreciaron nuevamente las amenazas, la persecución, los zarpazos del poder queriendo acallar la verdad.

Durante estos años, nuevamente le he dado la razón a mi padre sobre el ejercicio del periodismo en México. Hace tres años sufrí un encarcelamiento ilegal dictado por una jueza corrupta que violó la secrecía del albergue para mujeres maltratadas de Alternativas Pacíficas y secuestró a su directora. Mis reportajes la exhibieron y ella aprovechó mi divorcio para detenerme por una “falta administrativa” sin derecho a la fianza de mil pesos.

Mientras publicaba la investigación de los hornos crematorios del ejército en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, allanaron mi casa. Me dejaron un mensaje típico de inteligencia militar: defecaron en medio de mi habitación y manosearon mi ropa interior regándola por el piso. Lo denuncié, pero no lo hice público, creyendo que no pasaba nada.

Pocos días después, el 24 de diciembre del 2014, en plena preparación de la cena navideña, la Procuraduría General de la República (PGR) me “invitó” a comparecer por un supuesto “falso testimonio”. Me incomunicó y me retuvo varias horas, hasta que la presión social en las redes surtió efecto y pude pasar la Nochebuena con mi familia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) me otorgó medidas cautelares que consisten en la vigilancia esporádica de mi domicilio. Me negué a tener escolta, a convertir mi casa en un búnker, a someterme al confinamiento, a callar la voz.

El acoso de los poderosos no ha cesado. Conozco el fétido aliento de la podredumbre del sistema ya agotado, he sentido el miedo, el desasosiego por la seguridad de los que amo. Pero esta es mi opción de vida y con mi familia, hemos aprendido a vivir así, pensando que es el precio que tenemos que pagar quienes queremos un cambio para México, creyendo firmemente que nuestro país merece una clase política guiada por el compromiso de servir, la decencia y el honor.

El honor. ¿Y qué es el honor?, según el Diccionario de la Real Academia Española es la “cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se las granjea”.

En diciembre del 2013 publiqué en este mismo medio, una columna titulada “Consumidores de sexo comercial” y un reportaje “Infierno en el Cadillac: sexo poder y lágrimas”. Ambos textos incluyen el contenido del expediente judicial de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PJDF) en videos, sobre el caso de trata de mujeres con fines de explotación sexual en varios giros negros propiedad de Alejandro Iglesias Rebollo.

Las víctimas, denunciaron que políticos y funcionarios públicos eran asiduos visitantes del tabledance Cadillac, en el que no sólo las obligaban a todos los caprichos sexuales imaginables, sino que las tatuaban, las golpeaban, las mutilaban e incluso hay testimonios de asesinatos. Una de ellas, en un video grabado por la PGJDF, identificaba como cliente a Jesús Ortega, ex presidente de la Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ortega ejerció debidamente su derecho de réplica. Y anunció una demanda en mi contra. La interpuso el 6 de diciembre de 2013 en el poder judicial de Nuevo León, ya que la ley en el Distrito Federal es más garantista en términos de libertad de expresión y hubiera sido rechazada.

La demanda, contiene cientos de copias de los mensajes y comentarios que el Señor Ortega recibe en las redes sociales, en especial en Twitter, muchos de los cuáles, son ciertamente negativos y me acusa de dañar su honor y prestigio, de propiciar ese descrédito y mala fama, a partir de la publicación de mi artículo y reportaje.

“La demandada me ha causado daño moral, dañando mi prestigio y mi carrera, menoscabando mi seguridad e integridad física, afectando en mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, y la consideración que los demás tienen en mi persona… en los que la demandada, sin ninguna base de veracidad, me hace las imputaciones difamantes, degradantes y calumniosas…”.

Esas “imputaciones” las hizo una víctima que fue rescatada y entrevistada y videograbada por la PGJDF y el Señor Ortega se le olvidó señalar en su demanda, el hecho que él, es una figura pública y ha sufrido un desprestigio no a raíz de mis reportajes, sino desde antes, particularmente por su cuestionada actividad política.

Desde un principio la organización civil, Artículo 19 se hizo cargo de mi defensa y contestamos debidamente la demanda, resaltando la improcedencia de la misma. La demanda, en opinión de mis abogados, está mal hecha y es un delirio, sin fundamento. Me tranquilizaron, diciéndome que su destino sería seguramente ser desechada por el juez.

Para mis abogados, afincados en la Ciudad de México, era difícil defender mi caso, así que decidieron solicitar el traslado. A los pocos meses de intensa búsqueda, nos dijeron que el expediente se había “perdido”. Solicitamos la ayuda de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal quien abrió un expediente al caso y efectivamente confirmó que el expediente no aparecía por ningún lado y que era muy difícil estar rastreando día con día los 73 juzgados de primera instancia, los 26 de cuantía menor y los 20 de proceso oral civil.

En 2015 finalmente el expediente fue ubicado en el juzgado 69 a cargo de la jueza Martha Roselia Garibay Pérez, quién se declaró incompetente para resolver el caso y lo devolvió a Nuevo León. En ese ir y venir, el expediente nuevamente se “perdió”.

Mientras tanto, el Señor Ortega me mandó decir que me retractara y retiraba la demanda y que le diera los nombres de las víctimas. Me negué a ambas cosas. Las víctimas son las más vulnerables.

El pasado martes, empecé a recibir decenas de mensajes en Twitter, en una acción coordinada de bots, señalándome como una “difamador” e informando sobre un supuesto “triunfo” del Señor Ortega.

¿Triunfo? Pero si el Señor Ortega jugó solo en la cancha, sin más jugadores que él mismo, y metió gol sin portero. ¿Cuál triunfo? No se me notificó en tiempo y forma, no se me permitió defenderme, ni tuve derecho a un debido proceso, mucho menos a un juicio justo.

Mis abogados consideran necesaria la reposición del proceso, ni más ni menos. El derecho a estar en igualdad de circunstancias, aunque sabemos que él es un político con todo el poder en un partido que actualmente gobierna la Ciudad de México.

En este procedimiento, el Señor Ortega, no tiene la última palabra. Vamos a luchar. No podemos permitir que se siente este precedente. Nos afecta a todos. Con el “triunfo” del Señor Ortega queda un peligroso e inaceptable precedente para la libertad de expresión. Publicar el contenido de una investigación judicial no debe ser considerado un delito. La batalla acaba de empezar y es por todos.

En estos días, he recordado otra vez a mi padre, que en paz descanse, y le he dado la razón: “En México, a los buenos periodistas, se los chingan”. Es verdad.


Lástima que ya no lo tenga aquí a mi lado, para decirle con un abrazo prolongado y amoroso, que algunos de esos periodistas idealistas que aún creemos en un cambio para México, hemos decidido no dejarnos, no callarnos; aunque en ello, nos juguemos la vida.

FUENTE: SINEMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/25-04-2016/48307

Los padres de los 43 exigen la renuncia de Tomás Zerón por posible manipulación de pruebas

El Grupo de Expertos presentó el día de ayer su último informe sobre el caso Iguala en el que dieron a conocer toda clase de irregularidades en la investigación, como alteraciones de escenas y evidencias, así como los bloqueos en sus diligencias. El documento también da cuenta de la coordinación entre las diferentes corporaciones policiales y los criminales que actuaron en la noche de Iguala. Menciona que el territorio en donde se llevó a cabo la agresión se extendió al menos 80 kilómetros en línea por la carretera Iguala-Chilpancingo.

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acusaron al Gobierno de impedir que los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigarán lo sucedido a sus hijos hace más de un año y medio.
“No hay verdad de dónde pudieran estar los jóvenes, pero sí en lo podrido que tenemos nuestro sistema judicial y de investigación. Queda al descubierto que no podemos confiar en un Estado fallido como el que hoy tenemos”, dijo Felipe de la Cruz en conferencia de prensa en el Centro Prodh.
El día de ayer, el Grupo de Expertos presentó su último informe sobre el caso Iguala en el que dieron a conocer toda clase de irregularidades en la investigación, como alteraciones de escenas y evidencias, así como los bloqueos en sus diligencias.

El documento también da cuenta de la coordinación entre las diferentes corporaciones policiales y los criminales que actuaron en la noche de Iguala. Menciona que el territorio en donde se llevó a cabo la agresión se extendió al menos 80 kilómetros en línea por la carretera Iguala-Chilpancingo.

De igual forma se confirmó que tanto elementos del Ejército y de la Policía Federal estuvieron al tanto de lo que ocurrió en la noche del 26 y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014 sin que hayan intervenido.

Los padres sentenciaron que el informe de ayer despejó las dudas de que pruebas fueron sembradas. Un día después del último informe del GIEI, los padres exigieron el cese de Tomás Zerón como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por manipular las pruebas de lo sucedido la noche del 26 y 27 de septiembre del 2015.
“Qué estaba haciendo un día antes en Cocula. Sembrando las pruebas. Qué estaba haciendo en ese día. Por eso queremos que se cese a Tomás Zerón. Estaban sembrando las pruebas”, acusó César González Contreras, uno de los padres.
Los padres reiteraron en diversas oportunidades su agradecimiento al GIEI, por coadyuvar en la investigación y ofrecer datos veraces, a diferencia de las autoridades, a las que acusaron de no cumplir con sus compromisos.
“Queremos recordarle a Peña Nieto que en la primera reunión en octubre con 2014, él dijo que se iba a saber la verdad, hoy queremos recordarle que el compromiso era que si no tenía la capacidad para darnos respuesta se tenía que ir, porque no puede ser que alguien inepto siga representando a México. Son miles y miles los desaparecidos”, dijo Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos.

“Hoy se van los expertos no porque no hayan cumplido su objetivo, sino porque el Gobierno no les permitió hacerlo. Osorio Chong en Acapulco se comprometió a dar una prórroga si no se llegaban a conclusiones, hoy dice de forma descarada que se vayan los expertos”, recordó Campos.
“A los militares que den declaración que hacen falta, porque esa negatividad, qué los militares no están para servir a la nación, o están para agredir a la población. Nosotros queremos respeto. Si ellos están sirviendo intereses de la gente que tiene dinero, que no se metan con la gente pobre”, dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete.
Todos los padres de los 43 desaparecidos se dieron cita al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Portaron carteles con los rostros de sus hijos y que exigían justicia. En el evento apuntaron que el año siete meses que lleva la desaparición de sus hijos ha sido una tortura psicológica, de la cual responsabilizaron al Gobierno.

Los padres de los 43 solicitaron a las autoridades que se establezca un mecanismo , cuyo cumplimiento se pueda supervisar en cada una de las recomendaciones hechas por el GIEI:
“Y que el Gobierno nos garantice que la atención y las medidas de seguridad para cada uno de los familiares sea la adecuada, oportuna y sea cabalmente como lo recomienda el GIEI”, dijo Nicolás Andrés Juan, papá de Edgar Andrés Vargas.

De esta cuenta llamaron a la población a participar en la marcha de exigencia de la aparición con vida de los normalistas, que se realizará mañana, desde el Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

FUENTE: SINEMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/25-04-2016/1652729

Ocultó PGR que estuvo, un día antes, en lugar donde “encontraron” restos de normalista: GIEI

Según la PGR, el 29 de octubre 2014, en el río San Juan de Cocula, Guerrero, fue encontrada una bolsa con restos óseos, que después se confirmó pertenecían a Alexander Mora, uno de los normalistas desaparecidos. Lo que no se sabía es que peritos de la Procuraduría estuvieron en ese mismo lugar un día antes.

La Procuraduría General de la República ocultó que, un día antes de reportar el hallazgo de restos óseos en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero -los cuales corresponden al normalista Alexander Mora, uno de los 43 desaparecidos- elementos de esa dependencia estuvieron en ese mismo lugar, sin que hasta ahora exista “ningún registro” de ello en el expediente del caso.

Así lo reveló Carlos Beristain, uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quien presentó este domingo un video que muestra a los funcionarios de la Procuraduría, así como a supuestos buzos de la Marina, en las orillas del río San Juan, el día 28 de octubre 2014. 

Además, apuntó que debido a este operativo que no fue reportado de manera oficial, hubo un bloqueo del camino, por el que incluso se quedaron parados algunos miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes bajaban del basurero de Cocula, donde tomaban muestras.

“¿Por qué bajaron tan pronto?“, le preguntó un funcionario a uno de los peritos argentinos, quienes observaban a lo lejos la presencia de los peritos de la PGR.

Cuando presentaron su propio informe, el EAAF denunció que no estuvo presente en el momento en que se encontró la bolsa con restos óseos del normalista de Ayotzinapa, que según la PGR fue encontrada en el río San Juan.

El 29 de octubre, consta en el expediente que dos inculpados fueron llevados a las orillas del Río San Juan, en Cocula, supuestamente para reconocer el lugar a donde habían llevado a tirar los restos de los normalistas, presuntamente incinerados.

Lo que no se indicó en el expediente es que un día antes, el 28 de octubre 2014, al mismo lugar fue llevado uno de los inculpados, en presencia del jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. 

“Empezamos a revisar el expediente… no encontramos ningún informe sobre esos hechos, ninguna diligencia sobre esos hechos del día 28”, reveló Beristain.

“Ese lugar (las orillas del río) es el lugar en el que al día siguiente aparece la bolsa (con restos)”, apuntó.

Además, en el video mostrado se observa que los peritos de la Procuraduría recogen “muestras óseas” que tampoco son mencionadas en el expediente, ni queda claro si son de humanos o de animales.

Esto “nos pareció muy preocupante”, subrayó el experto, y llamó a investigar estos hechos a la misma PGR.


Es un “problema serio que tiene que ser investigado”, sostuvo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2404/mexico/oculto-pgr-que-estuvo-un-dia-antes-en-lugar-donde-encontraron-restos-giei/

Agradece Peña Nieto la información y recomendaciones de los expertos

Con responsabilidad y apego a derecho, la PGR trabajará para que haya justicia, indica.


En respuesta al informe final que ayer presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) analizará el documento en su totalidad.

A través de su cuenta de Twitter, y casi dos horas antes que la propia dependencia diera respuesta pública al informe del GIEI, el Ejecutivo federal tuiteó: La PGR_MX analizará el informe completo, para enriquecer su investigación sobre los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Peña Nieto todavía envió dos tuits más antes de que la propia PGR fijara la postura oficial. El presidente comunicó: “Con apertura, responsabilidad y apego a Derecho, la @PGR_MX seguirá trabajando para que haya justicia”.

En su primer mensaje, Peña Nieto agradeció el aporte de los expertos: “El @gobmx le agradece al GIEI la información y las recomendaciones incluidas en su segundo informe”.

Horas más tarde de los tuits del Ejecutivo federal, el titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Betanzos Torres, anunció en conferecia de prensa que la PGR cerrará la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas hasta que el último responsable de los hechos sea sancionado por los jueces.

Reconocimientos

El funcionario hizo ayer un reconocimiento público al trabajo de varios meses del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al dar lectura a un extenso comunicado, Betanzos Torres refrendó, en nombre del gobierno federal, el compromiso con las víctimas de los hechos ocurridos entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.

Los familiares de los estudiantes y el gobierno federal estamos del mismo lado y trabajamos por el mismo objetivo, el cual es saber qué pasó con los jóvenes y castigar a cada uno de los responsables.

Al hablar sobre el contenido del video presentado por el GIEI, del que se dijo que mostraba imagenes del 28 de octubre de 2014 que presuntamente demuestran que funcionarios de la PGR encontraron junto a un río una bolsa con restos óseos y realizaron una diligencia oficial, el subprocurador aseguró que analizará el material y en el contexto de la investigación determinará lo conducente.

Anunció que la dependencia tiene abiertas seis averiguaciones previas relacionadas con 32 presuntas víctimas de tortura en el caso Ayotzinapa.


Añadió que todas las hipótesis planteadas por el grupo de expertos, entre ellas la del quinto autobús o la de los policías municipales de Huitzuco y de agentes federales supuestamente involucrados en el caso, fueron desahogadas, pero ninguna de ellas prosperó.

Destacó que en ningún momento el gobierno mexicano se negó a que militares fueran interrogados por el caso Iguala, pero aclaró que haber permitido al GIEI que encabezarán el interrogatorio habría violado el debido proceso, y las pruebas contra los presuntos responsables, entre ellos José Luis Abarca (ex alcalde de Iguala) se hubieran contaminado.

Ante ello, permitir las entrevistas en los términos que pretendía el GIEI vulneraba el debido proceso.

Agregó que el cuestionario que el GIEI deseaba formular directamente, y que ayer fue difundido, será valorado por el Ministerio Público Federal en los términos que legalmente correspondan.

Betanzos subrayó que en la investigación del caso no se acredita la presunta participación de elementos del Ejército Mexicano o de la Policía Federal.

Respecto del informe del GIEI en el que documentó que al menos 17 detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados por diversas autoridades, entre ellos Gildardo López, El cabo Gil, identificado como líder del grupo criminal Guerreros unidos en Cocula, el subprocurador confirmó que las víctimas de tortura hicieron señalamientos contra servidores públicos de distintas instituciones.

Dijo que en relación con los funcionarios de la PGR, la Visitaduría General es la encargada de llevar a cabo la investigación correspondiente.

El funcionario de la PGR añadió que en ningún momento se obstaculizó la labor de los expertos de la CIDH, pues siempre fue un objetivo de la dependencia federal mantener una estrecha relación entre los funcionarios mexicanos y los miembros del GIEI.

La PGR reitera su compromiso permanente con las familias y todas las víctimas para esclarecer los hechos, así como con la promoción y defensa de los derechos humanos, indicó.

Anunció que esta semana la PGR dará a conocer un amplio informe con el estatus actual de la investigación, que contendrá una síntesis de los 201 tomos y 14 anexos del expediente.

Acatarán instrucción presidencial

En un mensaje conciliador, Betanzos agradeció las aportaciones y recomendaciones de los expertos del GIEI, las cuales, de acuerdo con las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, serán analizadas con apertura, responsabilidad y apego de derecho, para enriquecer la investigación sobre estos trágicos hechos.

Destacó que el caso Iguala representa la investigacion más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en Mexico. Ha contado con ejercicios inéditos de colaboracion internacional, de transparencia y de trabajo con las víctimas. Fija un estándar en materia de procuración de justicia y de derechos humanos en tres sentidos: atención a victimas, búsqueda de personas desaparecidas y una investigacion amplia de los delitos para que estos hechos no queden impunes.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ, ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/25/politica/003n1pol

El periodista Francisco Pacheco Beltrán es asesinado en Taxco, Guerrero

El periodista fue asesinado a balazos cuando salía de su domicilio en Taxco de Alarcón, la mañana de este lunes 25 de abril, confirmaron medios en los que laboraba.

El periodista Francisco Pacheco Beltrán, fue asesinado este lunes 25 de abril cuando salía de su domicilio en Taxco de Alarcón, Guerrero, confirmaron dos de los medios en los que laboraba.

Los medios El Sol de Acapulco y de El Foro de Taxco, del cual también era fundador, confirmaron la muerte del reportero y pidieron se esclarezca lo sucedido y se castigue a los culpables.





De acuerdo con El Sol de Acapulco, los hechos ocurrieron cerca de las 06:30 de la mañana de este lunes, aunque las autoridades no han proporcionado más detalles del homicidio.


Pacheco Beltrán es el segundo colaborador de la Organización Editorial Mexicana (OEM) que es asesinado este año. En febrero pasado un grupo de hombres armados secuestró en su casa a la reportera Anabel Flores Salazar, quien cubría la fuente policíaca para el diario El Sol de Orizaba, en Veracruz.









FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/el-periodista-francisco-pacheco-beltran-es-asesinado-en-taxco-guerrero/

Secretario de Marina llama a erradicar corrupción

"Ejerzamos cada profesión con honradez, justicia y ética", pidió.

El secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, llamó a la sociedad a ejercer cada profesión con honradez, justicia y ética, para así erradicar cualquier acto de corrupción, violencia o delincuencia, y poner juntos en alto el nombre de México honrando a la Bandera.

Al encabezar el izamiento de bandera en el Campo Marte, el almirante dijo que es en la niñez y en la juventud del país, donde están el presente y el futuro de la nación.

Ante alumnos de las escuelas secundarias, número 11 Manuel Sandoval Vallarta; 24 Felipe Carrillo Puerto, y secundaria 86, el secretario de Marina señaló que “como sociedad estamos llamados a fortalecer los lazos que nos identifican, luchar juntos por forjar el México que todos queremos”.

“Hagamos nuestro el compromiso de defenderlo, que sean acciones y no palabras las que hablen por cada mexicano que ama a este país”.

“Ejerzamos cada profesión con honradez, justicia y ética, erradiquemos cualquier acto de corrupción, violencia o delincuencia, pongamos juntos en alto el nombre de esta gran nación, que es México y honremos a nuestra Bandera”, señaló.

Soberón Sanz pidió proteger con acciones cotidianas y continuas, desde los hogares, inculcando principios y valores, así como desde las escuelas “procurando siempre ser el mejor alumno, y por supuesto el mejor profesor”.

Dijo que en las Fuerzas Armadas el lábaro patrio simboliza el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo, por ello en cada unidad o instalación militar y naval ondea la Bandera nacional como símbolo de libertad, unión y entrega.

“Es el emblema que nos recuerda lo que somos y estamos hechos para su protección salvaguardar la insignia nacional es el honor más grande que podemos tener”, expresó el titular de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

Recordó que la Bandera de México está forjada por las luchas de los pueblos de México y la sangre derramada por los héroes y que cada vez que se iza, exhorta su grandeza y significado como el símbolo patrio más preciado y en él se encuentran fundido el orgullo de ser mexicanos.

En este marco reafirmó el compromiso que asumió desde joven cuando formó parte como cadete de la Escuela Naval Militar para defenderla “con mi propia vida si fuera necesario”.


El secretario de Marina agregó que “todos los mexicanos hemos hecho un juramento de una u otra forma, que cada ciudadano proteja desde su propia trinchera a la patria”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2504/mexico/secretario-de-marina-llama-a-erradicar-corrupcion/

La PGR investiga presuntos casos de tortura cometidos contra detenidos por caso Ayotzinapa

Se han iniciado 6 averiguaciones previas, relacionadas con 31 presuntas víctimas, indicó el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos.

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga los señalamientos sobre supuestos actos de tortura cometidos en contra de personas detenidas por su probable relación con el caso Ayotzinapa.

Así lo dio a conocer el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos, quien agregó que se han “iniciado 6 averiguaciones previas, relacionadas con 31 presuntas víctimas, quienes hacen señalamientos en contra de servidores públicos de distintas instituciones”, tal como lo señalaron los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su segundo informe presentado la mañana de este domingo 2 de abril.

“En los casos en donde se señala a servidores públicos de esta Institución, es la Visitaduría General la encargada de llevar a cabo la investigación. Esta área actualmente integra siete actas circunstanciadas y 3 averiguaciones previas en contra de servidores públicos de la PGR”, dijo el funcionario en conferencia de prensa este domingo 24 de abril.

La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales es la que se encarga de la indagatoria.

Al referirse a la investigación del quinto autobús relacionado con los hechos ocurridos la noche de 26 y la madrugada de 27 de septiembre de 2014, el subprocurador señaló “su presencia fue integrada en el expediente desde que la PGR atrajo la investigación” y agregó que se le ha dado “seguimiento puntual”.

Tras señalar que los integrantes del GIEI hicieron 19 peticiones relacionadas con la investigación del quinto autobús, el funcionario detalló que el 11 de septiembre de 2015, personal de la Oficina de Investigación se trasladó a Cuautla, Morelos, para practicar una nueva inspección, “de la que resultó que dicho camión no contaba con alteración alguna como podría ser compartimentos ocultos para esconder droga”.

“El 2 de octubre de 2015, el chofer de este autobús amplió su declaración manifestando: Que el camión asegurado es el mismo que salió de la central de autobuses, una vez que fue tomado por estudiantes, que éstos descendieron por su propia voluntad calles adelante y que jamás fue detenido por elementos de la policía de ninguna corporación.

Además, dijo, el 29 de septiembre de 2015, compareció el apoderado legal de la empresa Estrella Roja, quien exhibió el Reporte de Velocidad de la unidad correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Betanzos expresó que no existe un antecedente que vincule jurídico-penalmente al Ejército Mexicano con los hechos de la desaparición y lesiones a normalistas.

Además, el 17 de julio de 2015, los integrantes del GIEI estuvieron presentes durante la toma de declaración de ocho estudiantes normalistas agredidos y ninguno de ellos formuló imputaciones a corporaciones federales de estar involucrados en el ataque, anotó.

Rechazó que la investigación está fragmentada como indicaron los expertos independientes y precisó que “el expediente del caso consta de una sola averiguación en la cual se han integrado las actuaciones de cuatro investigaciones relacionadas con el secuestro y desaparición de los estudiantes normalistas”.

Antes de finalizar, el funcionario dio a conocer que la PGR analizará el video mostrado hoy por los expertos independientes en el que se ve a supuestos agentes de la Procuraduría realizando diligencias, las cuales no están incluidas en el expediente.

Betanzos adelantó que se dará a conocer un amplio informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa y reiteró que la indagatoria continúa abierta.

Dijo que, como resultado de la investigación en curso, se ha consignado a 168 personas, de las cuales ya están detenidas 123 dentro de ellos: 54 policías municipales de Iguala, 19 de Cocula y 50 integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, entre los que se encuentran integrantes de células que operaban en Huitzuco.

Finalmente, Betanzos señaló que la PGR reconoce la labor de los integrantes del GIEI, cuyas aportaciones a la investigación han sido incorporadas al expediente, y, abundó que, en todo momento, la PGR ha brindado al GIEI las mayores facilidades y acceso pleno a la información para el desarrollo de su labor.

“De acuerdo con las instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, serán analizadas con apertura, responsabilidad y apego a derecho”.

La mañana de este domingo 24 de abril, los integrantes del GIEI dieron a conocer su segundo informe sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa. Los expertos independientes acusaron que “en todos los casos hay indicios de malos tratos y tortura”, tras revisar los informes médicos y de lesiones de 17 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.


El mensaje completo del subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 24 ABRIL 2016.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-pgr-investiga-presuntos-casos-de-tortura-cometidos-contra-detenidos-por-caso-ayotzinapa/

Dictan auto de formal prisión contra agente de la PF por torturar a una mujer

CIUDAD DE MÉXICO: El juez Quinto de Distrito con sede en Iguala, Guerrero, dictó auto de formal prisión contra la policía federal Karla ‘N’, acusada del delito de tortura.

La mujer policía apareció en un video difundido en las redes sociales, donde se observa cómo un capitán del Ejército, una soldado de la Policía Militar y la agente de la Policía Federal (PF) golpean, humillan y asfixian a Elvira Santibáñez Margarito.

El pasado jueves 21 la Procuraduría General de la República (PGR) cumplimentó la orden de aprehensión por el delito de tortura en contra de la agente Karla ‘N’.

Ese día la dependencia informó en un comunicado que la inculpada fue entregada por su propia corporación.

Posteriormente fue trasladada por la Agencia de Investigación Criminal de la PGR al penal de Iguala, donde quedó a disposición del juez de la causa.

Ese mandamiento judicial fue uno de los cinco que el pasado martes 19 obtuvo la PGR por parte del Juez Quinto de Distrito en contra de tres elementos de la Policía Federal y dos pertenecientes al Ejército Mexicano.


El mismo día se cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de dos elementos de la Policía Federal del sexo masculino y de dos miembros del Ejército Mexicano, quienes fueron trasladados a una prisión militar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438422/dictan-auto-formal-prision-contra-agente-la-pf-torturar-a-una-mujer

Rapiña, incertidumbre y más desaparecidos en Pajaritos a 5 días de la explosión

COATZACOALCOS, Ver: Una treintena de obreros de Pemex y empleados de empresas contratistas de Petroquímica Mexicana de Vinilo se arremolinan alrededor de un tambo de tamales: “éntrenle, éntrenle, ahora que hay”, grita un coordinador de grupo, Javier, chaparrito, con el pelo cortado como si fuera militar, pero enfundado en el tradicional traje naranja de petrolero. Repara: “aquí nos agandallamos la papa, pero adentro ya está la rapiña”.


Por la explosión del pasado miércoles, en donde han muerto hasta el momento 28 personas, más de 160 resultaron heridas y hay cifras inexactas sobre las decenas de desaparecidos, administrativos foráneos de Pemex, militares y marinos mantienen el control del complejo Pajaritos.

En contraste, en oficinas de empresas subrogadas de la paraestatal como ICA, Gamsa, Welding y demás ya empezaron a “desaparecer” computadoras, herramienta industrial, mochilas con prendas y objetos personales y otros dispositivos electrónicos.

“Por la explosión vino mucha gente de (la ciudad de) México, entró mucha gente externa y varios administrativos de los contratistas ya se están quejando de robos, de saqueo de oficinas. La rapiña allá adentró está a todo lo que da”, explica Javier, quien presta sus servicios a Gamsa.

Y mientras varios empleados se arremolinan alrededor de la “tamaliza”, otros obreros rodean a los enviados de Proceso. Como desahogo, hacen ver su siguiente miedo: la incertidumbre.

“Seguimos llorando a nuestros amigos. Nos duele en el alma tener que ir ayer y antier a dos velorios por día, pero queremos ver, ¿Qué sigue?, la familia tiene que comer, de dónde va a salir la papa, hemos escuchado que la planta va a estar cerrada muchos meses, ¿de qué vamos a vivir?”.

La zozobra se multiplica, las empresas contratistas se están desentendiendo del reacomodo de sus empleados, en los murmullos y lamentos de los empleados petroleros apenas una empresa de nombre Welding está respaldando a sus empleados e incluso pudieron cobrar su semana el pasado viernes.

Del resto de las outsourcing del petróleo sólo hay quejas, mentadas y recriminaciones de sus empleados. Incluso, los trabajadores petroleros recriminan que muchas de ellas, ni siquiera pagaron los gastos funerarios de las víctimas.

Este domingo, dos unidades móviles de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para continuar con el trámite de identificación de cuerpos y de los exámenes de ADN y mapeo genético.

La primera camioneta tenía la siguiente leyenda: “laboratorio móvil de criminalística, de los servicios periciales” y la otra, “servicios pericial forense”, una vez que entraron las unidades, familiares de personas desaparecidas se concentraron para poder entrar al doloroso pase de lista y ver los cuerpos, la mayoría ya en avanzado estado de descomposición.

Sobre la tarde, había la promesa de que arribarían binomios caninos para recorrer el “sector 400” -sitio donde ocurrió la explosión- y así continuar con la búsqueda de más personas fallecidas.

Roberto, empleado de Welding, cuenta que en el caso de esta empresa hay 20 obreros que fueron contratados de municipios marginales del estado de Oaxaca y que hasta el momento no se habían apersonado para su búsqueda.

“Aquí a los locales vienen sus familiares, la hacen de pedo (sic), mientan madres a los militares y exigen al gobierno que les entregue sus difuntos, pero a estos chavos de Oaxaca, a sus familias no las hemos visto por aquí. El número de muertos podría ser mayor”.

Ayer, un centenar de manifestantes -la mayoría de la congregación de Mundo Nuevo- se arremolinaron en la entrada de Pajaritos para patear, aventar piedras y mentar madres, como medida de presión para que Petroquímica Mexicana de Vinilo abra por completo las compuertas del área de Clorados III y se pueda espulgar la zona afectada, en donde aún se continúa regando líquidos.

“Uno no quiere ser amarillista, pero de los compañeros que aún continúan en los hospitales y que la banda (sic) ya fue a visitar, nos han dicho que mientras salían de la zona de fuego, veían cuerpos colgados en arneses y en las torres. Hasta allá los aventó la explosión”, resume Joaquín, otro de los empleados de PMV.

Hasta ahora, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, suspendió el sábado y este domingo sus habituales ruedas de prensa, para dar avances del número de muertos y heridos. En el área de Pajaritos, los empleados administrativos piden a la prensa “ceñirse” a la información oficial y a los “comunicados puntuales” de la paraestatal.


Al final -resume Javier-, las dudas sobre las verdaderas causas del accidente continúan: “sólo sabemos que hubo un desfogue, algo explotó y después vino el diablo y sopló (sic)”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438365/rapina-incertidumbre-desaparecidos-en-pajaritos-a-5-dias-la-explosion