A unos cuantos días de que los cinco expertos del GIEI abandonen el país, ya con las maletas hechas, su mayor preocupación es la seguridad de los padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Ciudad de México, 26 de abril: Para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que revisó la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, lo más preocupante ahora es el futuro que espera a los padres de los jóvenes.
Y no sólo por la falta de justicia o de al menos avances en la investigación del crimen, sino por los potenciales riesgos de que sean sometidos a prácticas de criminalización o revictimización.
Esto, plantea el integrante del GIEI, Alejandro Valencia Villa, después de la difusión de conversaciones telefónicas que fueron interceptadas de manera ilegal tanto a padres de familia como a los coadyuvantes en la investigación.
“Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe”, dice el experto.
En entrevista con SinEmbargo, los integrantes del GIEI Ángela María Buitrago y Valencia Villa hablaron sobre las características que observaron como únicas del sistema judicial mexicano y observaron que aquí, a diferencia de otros países, la “forma por la forma” burocratiza y dilata la práctica judicial, además, de que el peso que se les da a las declaraciones, dice Valencia, es enorme.
“O la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos vinculados, hay cadenas de mando, etcétera… Uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan”, dice Valencia.
“O volvemos al tema de las víctimas […] muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer”, agrega.
–Con los detalles de la información, si nos pudieran auxiliar un poco para ubicarnos, sobre el papel de “El Caminante”. No sé cuál sea la interpretación que hagan al margen de lo que se plasma en el expediente, de este personaje.
–Ángela Buitrago [AB] Digamos dentro de la investigación ‘El Caminante’ es uno de los interlocutores que tienen más contacto con las personas que están inculpadas hoy en día, que son parte, se investigan en términos de tiempos y frecuencias de llamadas. Es una línea de investigación que está dentro del expediente, que debería estar dirigida toda la mirada hacia esos elementos, para poder concluir y relacionar a ese cruce de agendas que se tienen. Definir quién era, qué relaciones tenía con otros actores, a cómo todos los antecedentes de esta persona pueden llevar a muchas conclusiones dentro de la investigación. Por qué la relación y la frecuencia que existe dentro de esa comunicación, en las horas críticas; por qué cuando se establecen esos patrones, lo que permite decir también que es una comunicación múltiple en horas que tendrían que llamar la atención desde el punto de vista investigativo.
–Alejandro Valencia [AV] Vemos que puede ser un enlace operativo importante, por eso, en los hechos.
–En el informe ustedes detallan con un diagrama con todos los que tuvo relación. Que habló hasta con Guerreros Unidos, ¿por qué no está detenido este personaje?
–[AB] Porque no se ha individualizado. No se sabe quién es.
–¿Cuál fue el tratamiento que le dio la Procuraduría General de la República (PGR) a este personaje inicialmente?
–[AB] Lo tienen como punto de observación. Ese cuadro sale a raíz que puede estar ahí y nosotros solicitamos toda la información para corroborar las líneas de investigación.
–Con respecto a toda la investigación, nos gustaría ver si ustedes podrían identificar a alguno de los funcionarios que estuvieren manipulando la investigación, ¿se podrían fincar responsabilidades aquí en México?
–[AB] Mira, nosotros somos cuidadosos: lo primero que nosotros ponemos a disposición de la autoridad mexicana son los elementos que hemos visto, pero nosotros no asignamos responsabilidades, ni en el tema de quiénes se llevaron a los muchachos, ni en ningún otro tema. La autoridad es la que tiene que investigar y fallar. Para nosotros decir ‘los hacemos responsables de’, se necesita de un juicio, una investigación y una cantidad de cosas. Pero sí ponemos de precedente que hay una serie de elementos que fueron retrasados o una interrupción que decimos nosotros a partir de enero, que significa que hay un tema que debe llamar a la reflexión en términos de por qué se hizo. Lo segundo es que en particular se encontraron unos elementos y se encuentra material gráfico y fílmico para poder llegar a un momento dado, a que por lo menos se diga y se constante que en el expediente y averiguación eso no existe. Si no existen esas constancias, si no existe esa acta, si se trasladó a un inculpado y existen unas personas que se desplazan un día antes de lo que dice toda la AP01/2015 [la averiguación previa sobre el caso Iguala], pues por lo menos en un formalismo como es el mexicano en donde todo tiene que ser registrado, todo tiene que tener acta, todo tiene que tener constancia, inclusive, verificación por testigos de asistencia, no encuentro una explicación para que no esté. Además es evidente de que hay material que se recoge ese día que no está registrado en el expediente. Ponemos todo eso sobre la mesa para decir ‘mire, aquí tenemos estos elementos y la lectura nuestra es de que se debe investigar, saber qué pasó’. No podemos decir que quedemos satisfechos de que eso sucede y que no se haga, estamos diciendo el competente es la fiscalía y los jueces para asignar responsabilidades.
–¿Qué papel jugó aquí Tomás Zerón [De Lucio, Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR] en la investigación con ustedes? ¿En la manipulación? Porque él estuvo ese día en el río.
–Ustedes tuvieron contacto con los más altos niveles y grupos políticos en México, que tuvieron relación en el caso Ayotzinapa. Si le pusieran nombre, ¿quién sí mostró apertura y quién se cerró? ¿Qué personas en concreto se cerraron con ustedes?
–[AB] Yo desde el campo investigativo tengo que decir que hubo una apertura por parte de la Procuradora Arely [Gómez González], tuvimos una apertura que nos ayudó mucho por parte de la Policía Federal (PF), que nos acompañó a las diligencias en particular la división de Gendarmería y tuvimos una apertura, en términos de grupo que eso lo tenemos claro, para mí del subsecretario [Roberto] Campa.
–¿Y quiénes se cerraron?
–[AB] Quienes se abrieron, te contesté.
–Pero mi pregunta también es: ¿Quiénes se cerraron?
–[AB] Lo que pasa es que si te estoy diciendo quiénes se abrieron, técnicamente creo que de todos modos, esos son por lo menos para mí, se lo reconozco en la parte de la apertura. El tema es que también hubo muchas cosas que no caminaron bien.
–¿Qué cosas no caminaron bien?
–[AB] Nosotros solicitamos con mucho tiempo de antelación la entrevista con personas que estaban inculpadas por segunda oportunidad, ahí hubo un cierre completo. En el segundo mandato no hubo posibilidad de entrevistar a estas personas. Tuvimos pretensión de conocer muchas de las AP [Averiguaciones Previas] con tiempo para poder evaluar qué relación tenían con el caso, y tampoco se pudieron conocer esas averiguaciones previas. Cuando hablas en esos términos, lo que estás diciendo es puede haber buena voluntad, pero en el camino están quedando todos esos hechos que generaron ese cierre que nosotros percibimos en enero de 2016.
–¿Hubo cerrazón del Ejército?
–Pero todas estas cerrazones o los problemas que tuvieron en el camino, ¿provenían directamente de la PGR?
–[AB] Son áreas diferentes. El tema del Ejército no lo maneja la PGR, directamente quien se encarga de manejar eso es el Secretario de Gobierno y sobre esos elementos sale el jefe de la institución a decir que no habrá acceso, nos tacha de extranjeros, nos dice que los extranjeros no podemos entrevistar a los militares, pero más que entrevistar a los militares, era conseguir el material que podía ayudarnos en la investigación: un informe, bitácoras, documentos que tuvieran relación con el hecho. Ahí hay claro una manifestación desde el principio de que eso no va a suceder.
–Nos pueden dar una radiografía, un balance de, ¿cómo observaron este intestino del Estado mexicano?, ¿hubo pugnas?, ¿quiénes son?
–[AV] Lo que hicimos fue presentar unas recomendaciones como línea de diagnóstico, pero en particular más del sistema mexicano y más específica de la investigación penal en el caso como éste. Ni siquiera un diagnóstico a profundidad, es una pincelada a partir de un caso, decir qué cosas de la investigación penal mexicana nos preocupa de una manera muy general, como un abre bocas.
–Ayer, Francisco Cox [otro integrante del GIEI] contestó cuando les preguntaron: ¿Con qué sabor de boca se iban? Y dijo ‘con el peor’ . Esa fue la respuesta. ¿Si ustedes pudieran decir con nombre y apellido quién o quiénes deberían de salir de su puesto, de las personas con las que estuvieron tratando y ser investigado por las autoridades mexicanas en relación al caso Ayotzinapa, quiénes serían estas personas?
–[AB] Ahí te quiero precisar el contexto en que lo dijo Francisco: con el peor, porque no pudimos encontrar a los desparecidos, el contexto de esa afirmación es que nosotros hubiéramos querido realmente encontrar a los muchachos. Nosotros no nos vamos con un sentido peyorativo frente al Estado mexicano. Nosotros hacemos esa manifestación en torno que no encontramos a los muchachos. Hecha esa aclaración, volvemos a lo mismo: nosotros no podemos hacer un juicio de responsabilidad sobre nadie; le compete al Estado mexicano realizar las indagaciones, a la sociedad mexicana hacer una fiscalización de todo esto, pero nosotros no somos quiénes para decir quién es responsable o no.
LAS REVELACIONES DEL CASO
–¿Qué revela el caso Ayotzinapa?
–[AV] Muchas cosas y lo que hemos intentado mirar es la punta del iceberg de la desaparición forzada en este país. Revela los dilemas a los que están sometidos las víctimas, de violaciones a derechos humanos. Revela cómo es la investigación penal de un caso de derechos humanos, para nosotros es una radiografía que permite ver muchas cosas en México.
–[AB] Debe ser un modelo, no debe ser aislado, nosotros tuvimos acceso a otras AP.
–[AV] Lo que nosotros señalamos, modestia aparte, es que debe haber lecciones aprendidas, a partir de nuestro trabajo, unas lecciones aprendidas frente a estos temas: cómo hacer una investigación en materia de derechos humanos en México, cómo deben ser los criterios para atención a las víctimas, cómo se deben desarrollar las búsquedas de las persona desaparecidas. Creemos que ahí estamos dando un aporte que esperamos sea recogido por algunos sectores, y sobre todo por las instituciones.
–Ustedes hablaban de toda esta burocracia a la que se enfrentaron siendo expertos que venían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ¿qué será para un mexicano común?
–[AV] El formalismo nos impresionó mucho. Uno está acostumbrado a un sistema legal escrito, es formal, pero aquí salimos realmente impresionados de lo excesivo en muchas formas. Por eso nos sorprende tanto este episodio del video, del 28 de octubre. Aquí para que un detenido vaya a una reconstrucción de hechos se necesitan un montón de permisos, de cosas y esto que pasó acá [en el río San Juan] nos llama tanto la atención. Un caso que lo ilustra es la situación de Julio César Mondragón: cómo una diligencia de exhumación por pedir una identificación de ADN tardó tres meses. Decimos sí había un grupo detrás de ellos, con toda la atención del mundo, qué será para un cuidando común que haga una diligencia de exhumación.
–[AB] Una de las garantías de un Estado democrático, es el acceso a la justicia.
–¿Qué observaron en México que sea particular sólo a los procedimientos de la justicia mexicana, aparte de estos formalismos?
–[AB] Parto de la base de una desconfianza institucional que debe surgir de algún conocimiento, pienso yo, ha de surgir de alguna percepción en las base social.
–¿Más grave que en Colombia?
–[AB] Claro. Por ejemplo, en Colombia, el documento público se reputa auténtico; es decir, es auténtico porque lo presenta un funcionario, que no necesita nada más. Aquí presenta un funcionario público un documento, lo tiene que ratificar, certificar, exhibir de nuevo su carnet, poner testigos, y eso a la vez el agente del Ministerio Público (MP) tiene que hacer un documento donde ponga el resumen de ese documento que rindió el perito para que tenga validez probatoria. Si bien es cierto nosotros somos formalistas, porque el sistema inquisitivo de nosotros es formalistas, digamos [aquí] es la forma por la forma, porque mientras tú haces todo eso, que gastas más o menos unas tres horas en un solo informe que puede tener 500, 600 o 700 páginas; entonces, a mí, ¿qué me preocupa? Que lleve la ratificación del Ministerio Público, que lleve la notificación del funcionario, la fotocopia del documento, que además no se me vaya a pasar el testigo de asistencia. O sea, cada diligencia necesita un MP, dos testigos de asistencia mínimo; entonces, eso te hace que en el fondo nadie se preocupe por qué fue lo que me dijo o el contenido, si no cómo tengo que acreditar el documento en el expediente, y eso quita mucho tiempo. Y si una de las cosas que requieren estos casos es la velocidad y la vertiginosidad de la prueba es el análisis, ¿a qué hora te queda tiempo si tienes que hacer tanto documento, tanta formalidad?
–[AV] Hay muchas cosas, mucho de lo que está en esas recomendaciones es porque lo vemos muy singularizado aquí: el tema de los testimonial y la prueba confesional, aquí eso tiene un valor enorme frente a otros contextos, o la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos, vinculados, hay cadenas de mando, etcétera; uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan, o volvemos al tema de las víctimas, tal vez porque no habido una suficiente experiencia en muchos temas. Por ejemplo, el tema de memoria de víctimas, muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer…
–Digamos que los mecanismos que activan la impunidad aquí son más…
–[AB] Sofisticados…
–Y eso ¿cómo opera? ¿Cómo responden cuando están haciendo una pregunta, cuando estamos tratando de investigar, qué actitud perciben?
–[AB] Primero, una desconfianza muy grande y eso lo ve uno, porque quizá nunca se entendió la verdadera dimensión de lo que quería la medida cautelar; uno. Y dos, porque somos extranjeros, eso sí nos lo han recalcado infinidad de veces, y tres: digamos que se logró con el nuevo equipo un acercamiento en ese sentido, de que se trataba de trabajar en conjunto, pero también creo, y es un tema que hay que evaluar mucho, es que una decisión de Estado debe asumirse con la connotación clara de que se aceptó. Entonces, si somos ambivalentes, pues nadie sabe qué es lo que realmente se quiere. Entonces, creo que se tendría que marcar muy claro la correspondencia entre lo que quiere quien asumió el compromiso y el resto de las instituciones, o definitivamente se asumió el compromiso en un sentido diferente al que cree que se asumió. Esas son dos cosas que se tienen que definir claramente.
–[AV] Y ha caído en lo formal; entonces, a veces todas las cosas son muy formales. Y uno dice aquí no solamente es el formalismo, aquí venimos a trabajar. También aquí el tema de la opinión pública, la imagen ante la opinión pública importa mucho a las instituciones.
–El Gobierno mexicano, ¿aceptaría que vinieran a México sólo por este asunto de la imagen internacional?
–[AB] Esa es una pregunta para el Gobierno mexicano.
–[AV] Sí, pero la presión internacional creo que sí fue un elemento capital para la constitución del grupo…
–¿Cómo se quedan las familias? ¿Qué riesgos ven alrededor? ¿A qué debemos estar atentos?
–[AV] Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe; es decir, independientemente de nuestro informe y las recomendaciones, nos importan más ellos, porque mal que bien nosotros nos convertimos en un paraguas, ellos se sentían ya acompañados; decíamos ‘si no sólo era una labor de esperanza, sino que estamos haciendo un labor de compañía’, y pues si nos vamos y para ellos fue muy imprevista esta salida. Entonces sí, uno ve. Lo hemos visto en las reuniones, incluso unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo; es decir, sentimos que se van a sentir solos, y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización por una parte, como de criminalización por la otra, nos preocupa mucho, y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos. Es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, temor que esto pase a mayores, que incluso se agraven las situaciones estas de victimización y de pronto de seguridad, y sobre todo cuando nos pierden a nosotros. Es, digamos, un golpe duro a sus esperanza, y como que si las vías legales se empezaran a agotar y lo que nos han manifestado ellos, que si la movilización social, que si la protesta, que si tendrán que regresar a eso; y nosotros les indicamos, ‘miren, por favor no, insístanle en el caso, en las vías legales, miren la Comisión Interamericana no los quiere dejar solos, ustedes tienen unos peticionarios responsables’… Pero uno no sabe, como dijimos, hay que estar muy atentos y estar con ellos…
–¿Estas escuchas son las que les dan estos indicios?
–[AV] Sí, justamente esos son como los radares, los focos que nos prenden las alertas, la alarmas frente a estos episodios.
–[AB] Y un punto importantísimo que creo que deberían trabajar es el tema de la visibilización de las víctimas, porque en este país están invisibles. Y con una crisis tan grave en términos de desaparición, en términos que uno ve que gracias al caso Ayotzinapa, y lo digo en el mejor de los sentidos, ojalá nunca hubiera existido, pero gracias al caso Ayotzinapa se encontraron muchísimos cuerpos de muchísimas desapariciones. Entonces, digamos que el tema es que el Gobierno sea receptivo de verdad, que dimensiones el tema pero además visibilice a la víctima. La víctima tiene que salir del ostracismo en el que la tienen, pero además de la marginación en que la tienen. Ayer había una señora en el evento que ha reclamado justicia por todas partes y el expediente ni siquiera se ha movido… Es un caso tras otro. No ha cerrado, ha aumentado y todos los días hablamos de cinco, seis, siete; ahorita el caso más reciente que ocurrió de seis personas, y yo creo que el Estado tiene que empezar a responder…. Entonces la pregunta es: no solamente son las víctimas del caso de los normalistas; ahí se representó una gran parte de lo que podrían haber hecho con las víctimas, pero las víctimas son miles de miles. Estamos hablando de 27 mil desapariciones, multiplica eso por víctimas indirectas, familias enteras, estamos hablando de cerca de tres o cuatro millones de personas, muy grave, me parece. Y el Estado, yo pienso, que sí tiene que visibilizar eso. Y en el caso en particular nuestro, de los desaparecidos que es por lo que estábamos en México, es necesario que apoyen y trabajen, y por eso el grupo promovió, en compañía de la CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas], un protocolo que elaboraron, en particular el grupo que tienen el conocimiento de eso, que son Carlos [Beristáin] y Alejandro, en términos de cómo lograr también efectivamente la reparación a la víctima, la restitución, el acompañamiento y no revictimizar, en términos de que el Estado ahora empiece a señalar con el dedo a las víctimas cuando al contrario, tienes que acogerlas…
–¿Sospechan que el resto de los papás o quienes han salido a la opinión pública estén intervenidos?
–[AB] Nosotros no podemos sospechar algo. Nosotros sólo hablamos cuando tenemos elementos. Pero además el tema particular es que eso se debe investigar.
–[AV] La intervención telefónica, eso debe ser con una intervención legal, judicial… A nosotros sí nos llama la atención eso: que aquí los medios de comunicación pues filtran información, incluso alguna que nosotros ni siquiera conocemos, hasta cosas del caso nosotros las conocemos por la prensa…
–¿Eso no se ve, por ejemplo, en Colombia?
–[AB] Sí, en Colombia se ve, y hay revistas que utilizan ese medio; pero, en lo judicial, inmediatamente lo que se hace es desechar esa evidencia, porque es ilegal, a todas luces eso no sirve para nada, pero además también investigar por qué hay filtración…
–¿Cómo definirían la justicia mexicana?
–[AB] Yo pienso que en cualquier sistema de justicia, no puedo desconocerlo, porque también lo viví en mi país, y desde el conocimiento académico de los sistemas: el sistema de justicia es un monstruo, un aparato muy grande, mientras no tenga coordinación y no tenga áreas especializadas en los temas, tendrá complejidades. Pero pienso que el aparato de justicia en México, como cualquier aparato, con sus defectos y virtudes, es el aparato que escogió la institucionalidad, y eso lo que hay que tratar es que mejore y que las críticas sean aceptadas. O sea, si a ti te dicen: ‘mire, por donde va no está bien’ y tú te empecinas, dice un amigo mío ‘un error una vez se acepta, pero cuando se insiste en el error ya muestra una intención’. Entonces, en justicia pasa lo mismo, si te estás dando cuenta que estás equivocando el camino, lo que uno tiene que hacer es recogerse e irse al otro lado. Pero el aparato como aparato tiene bondades, tiene una bondad por lo menos de un órgano investigador, tiene periciales y hay periciales muy buenos; lo que pasa es que aquí hay elementos que también hay que mirar que no solamente dependen de las normas sino de los valores de las personas; entonces, no le podemos cargar todo al sistema ni al diseño del sistema. Cuando tienes un muy buen sistema, pero malos seres humanos, el sistema no funciona..
–¿Y qué recomendación le dan a la sociedad civil mexicana, para que mejoremos esto?
–[AB] Que fiscalicen. El mejor secreto para la justicia es la publicidad, y el sistema democrático garantiza que el Estado se pone bajo el escrutinio de la sociedad, y ahí es donde debe reaccionar la sociedad: ‘bueno, sí, me estás diciendo esto’, y voy a poner un ejemplo, y si suena es coincidencia, por ejemplo, ‘me están diciendo que hubo 43 quemados en el basurero’, pura coincidencia, ¿qué debe hacer la sociedad? Muéstreme las pruebas. Y si las pruebas son contundentes o no, eso es un elemento.
–Exigir pruebas…
–[AB] ¡Claro! Te voy a poner el ejemplo que salió ayer: el quinto bus es una línea cerrada, y ya vi una comunicación del Estado en donde dice que el quinto bus es una línea cerrada. Yo quisiera preguntar cómo cierran una línea cuando tienes tantas dudas. Si no se sabe por qué mintieron o sí mintieron, si no se sabe si el documento sí lo escribió o no lo escribió (el chofer del quinto autobús), salvo el tema del dictamen pericial; tres, tengo cinco testigos que me están diciendo que sí lo escribió, no tengo conclusiones sobre las pruebas en Estados Unidos del FBI. Pregunta: ¿cómo cierro el caso, y cómo le agoto a la sociedad el tema de que cerré el caso?
–[AV] Lo otro es que reconozcan a las víctimas, que acompañen a las víctimas; es decir, miren más a las víctimas, eso le diría a la sociedad civil. Creo que eso es como ver a la persona que ha sido afectada, tenerla muy en cuenta, creo que eso es central…
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/SHAILA ROSAGEL, SANDRA RODÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-04-2016/1652885
Y no sólo por la falta de justicia o de al menos avances en la investigación del crimen, sino por los potenciales riesgos de que sean sometidos a prácticas de criminalización o revictimización.
Esto, plantea el integrante del GIEI, Alejandro Valencia Villa, después de la difusión de conversaciones telefónicas que fueron interceptadas de manera ilegal tanto a padres de familia como a los coadyuvantes en la investigación.
“Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe”, dice el experto.
“Lo hemos visto en las reuniones incluso, unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo […] Y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización, por una parte, como de criminalización, por la otra… nos preocupa mucho y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos; es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, nos da temor que esto pase a mayores”, agrega.
En entrevista con SinEmbargo, los integrantes del GIEI Ángela María Buitrago y Valencia Villa hablaron sobre las características que observaron como únicas del sistema judicial mexicano y observaron que aquí, a diferencia de otros países, la “forma por la forma” burocratiza y dilata la práctica judicial, además, de que el peso que se les da a las declaraciones, dice Valencia, es enorme.
“O la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos vinculados, hay cadenas de mando, etcétera… Uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan”, dice Valencia.
“O volvemos al tema de las víctimas […] muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer”, agrega.
–Ángela Buitrago [AB] Digamos dentro de la investigación ‘El Caminante’ es uno de los interlocutores que tienen más contacto con las personas que están inculpadas hoy en día, que son parte, se investigan en términos de tiempos y frecuencias de llamadas. Es una línea de investigación que está dentro del expediente, que debería estar dirigida toda la mirada hacia esos elementos, para poder concluir y relacionar a ese cruce de agendas que se tienen. Definir quién era, qué relaciones tenía con otros actores, a cómo todos los antecedentes de esta persona pueden llevar a muchas conclusiones dentro de la investigación. Por qué la relación y la frecuencia que existe dentro de esa comunicación, en las horas críticas; por qué cuando se establecen esos patrones, lo que permite decir también que es una comunicación múltiple en horas que tendrían que llamar la atención desde el punto de vista investigativo.
–Alejandro Valencia [AV] Vemos que puede ser un enlace operativo importante, por eso, en los hechos.
–En el informe ustedes detallan con un diagrama con todos los que tuvo relación. Que habló hasta con Guerreros Unidos, ¿por qué no está detenido este personaje?
–[AB] Porque no se ha individualizado. No se sabe quién es.
–¿Cuál fue el tratamiento que le dio la Procuraduría General de la República (PGR) a este personaje inicialmente?
–[AB] Lo tienen como punto de observación. Ese cuadro sale a raíz que puede estar ahí y nosotros solicitamos toda la información para corroborar las líneas de investigación.
–Con respecto a toda la investigación, nos gustaría ver si ustedes podrían identificar a alguno de los funcionarios que estuvieren manipulando la investigación, ¿se podrían fincar responsabilidades aquí en México?
–[AB] Mira, nosotros somos cuidadosos: lo primero que nosotros ponemos a disposición de la autoridad mexicana son los elementos que hemos visto, pero nosotros no asignamos responsabilidades, ni en el tema de quiénes se llevaron a los muchachos, ni en ningún otro tema. La autoridad es la que tiene que investigar y fallar. Para nosotros decir ‘los hacemos responsables de’, se necesita de un juicio, una investigación y una cantidad de cosas. Pero sí ponemos de precedente que hay una serie de elementos que fueron retrasados o una interrupción que decimos nosotros a partir de enero, que significa que hay un tema que debe llamar a la reflexión en términos de por qué se hizo. Lo segundo es que en particular se encontraron unos elementos y se encuentra material gráfico y fílmico para poder llegar a un momento dado, a que por lo menos se diga y se constante que en el expediente y averiguación eso no existe. Si no existen esas constancias, si no existe esa acta, si se trasladó a un inculpado y existen unas personas que se desplazan un día antes de lo que dice toda la AP01/2015 [la averiguación previa sobre el caso Iguala], pues por lo menos en un formalismo como es el mexicano en donde todo tiene que ser registrado, todo tiene que tener acta, todo tiene que tener constancia, inclusive, verificación por testigos de asistencia, no encuentro una explicación para que no esté. Además es evidente de que hay material que se recoge ese día que no está registrado en el expediente. Ponemos todo eso sobre la mesa para decir ‘mire, aquí tenemos estos elementos y la lectura nuestra es de que se debe investigar, saber qué pasó’. No podemos decir que quedemos satisfechos de que eso sucede y que no se haga, estamos diciendo el competente es la fiscalía y los jueces para asignar responsabilidades.
–¿Qué papel jugó aquí Tomás Zerón [De Lucio, Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR] en la investigación con ustedes? ¿En la manipulación? Porque él estuvo ese día en el río.
–[AB] Lo que nosotros podemos decir es que el jefe de la división criminalística es él. Nosotros podemos decir es que él aparece en el video del 28 de octubre de 2014, y que por esa razón y frente la presencia del jefe máximo de la división de criminalística, pues tendría que explicarse las razones por las cuáles no hay constancia de esos actos. Creo que eso es lo que tiene que verificar el Gobierno mexicano o la Fiscalía de la PGR.
–Ustedes tuvieron contacto con los más altos niveles y grupos políticos en México, que tuvieron relación en el caso Ayotzinapa. Si le pusieran nombre, ¿quién sí mostró apertura y quién se cerró? ¿Qué personas en concreto se cerraron con ustedes?
–[AB] Yo desde el campo investigativo tengo que decir que hubo una apertura por parte de la Procuradora Arely [Gómez González], tuvimos una apertura que nos ayudó mucho por parte de la Policía Federal (PF), que nos acompañó a las diligencias en particular la división de Gendarmería y tuvimos una apertura, en términos de grupo que eso lo tenemos claro, para mí del subsecretario [Roberto] Campa.
–¿Y quiénes se cerraron?
–[AB] Quienes se abrieron, te contesté.
–Pero mi pregunta también es: ¿Quiénes se cerraron?
–[AB] Lo que pasa es que si te estoy diciendo quiénes se abrieron, técnicamente creo que de todos modos, esos son por lo menos para mí, se lo reconozco en la parte de la apertura. El tema es que también hubo muchas cosas que no caminaron bien.
–¿Qué cosas no caminaron bien?
–[AB] Nosotros solicitamos con mucho tiempo de antelación la entrevista con personas que estaban inculpadas por segunda oportunidad, ahí hubo un cierre completo. En el segundo mandato no hubo posibilidad de entrevistar a estas personas. Tuvimos pretensión de conocer muchas de las AP [Averiguaciones Previas] con tiempo para poder evaluar qué relación tenían con el caso, y tampoco se pudieron conocer esas averiguaciones previas. Cuando hablas en esos términos, lo que estás diciendo es puede haber buena voluntad, pero en el camino están quedando todos esos hechos que generaron ese cierre que nosotros percibimos en enero de 2016.
–¿Hubo cerrazón del Ejército?
–[AB] Bueno eso es evidente. Hubo manifestaciones públicas del jefe de esa institución y desde el principio. Cuando nosotros intentamos entrevistar a los miembros del 27 Batallón, también solicitamos una información muy relevante para la investigación, las bitácoras, los informes de inteligencia. Supimos que ellos tomaron algunas fotografías y videos y esa información no fue ni suministrada ni a nosotros ni a la PGR, que era la autoridad de este país encargada de la investigación del caso.
–Pero todas estas cerrazones o los problemas que tuvieron en el camino, ¿provenían directamente de la PGR?
–[AB] Son áreas diferentes. El tema del Ejército no lo maneja la PGR, directamente quien se encarga de manejar eso es el Secretario de Gobierno y sobre esos elementos sale el jefe de la institución a decir que no habrá acceso, nos tacha de extranjeros, nos dice que los extranjeros no podemos entrevistar a los militares, pero más que entrevistar a los militares, era conseguir el material que podía ayudarnos en la investigación: un informe, bitácoras, documentos que tuvieran relación con el hecho. Ahí hay claro una manifestación desde el principio de que eso no va a suceder.
–Nos pueden dar una radiografía, un balance de, ¿cómo observaron este intestino del Estado mexicano?, ¿hubo pugnas?, ¿quiénes son?
–[AB] Nosotros no pudimos observar eso porque no nos metimos a la parte muy interna, de lo que tu llamas el intestino mexicano. Lo que pudimos observar desde nuestra competencia y para lo que veníamos es que sí hay una ambivalencia en determinados miembros. Qué podamos hacer un diagnóstico de Gobierno, mal lo haríamos. Lo segundo que podemos decir es que, y voy a utilizar una palabra que utilizó uno de los miembros del Gobierno, es que el Estado no es monolítico y cada uno tiene su posición, cada quien tiene una participación determinada, pero hacerlo nosotros, creo que les corresponde a ustedes que conocen realmente el manejo interno de acá.
–[AV] Lo que hicimos fue presentar unas recomendaciones como línea de diagnóstico, pero en particular más del sistema mexicano y más específica de la investigación penal en el caso como éste. Ni siquiera un diagnóstico a profundidad, es una pincelada a partir de un caso, decir qué cosas de la investigación penal mexicana nos preocupa de una manera muy general, como un abre bocas.
–Ayer, Francisco Cox [otro integrante del GIEI] contestó cuando les preguntaron: ¿Con qué sabor de boca se iban? Y dijo ‘con el peor’ . Esa fue la respuesta. ¿Si ustedes pudieran decir con nombre y apellido quién o quiénes deberían de salir de su puesto, de las personas con las que estuvieron tratando y ser investigado por las autoridades mexicanas en relación al caso Ayotzinapa, quiénes serían estas personas?
–[AB] Ahí te quiero precisar el contexto en que lo dijo Francisco: con el peor, porque no pudimos encontrar a los desparecidos, el contexto de esa afirmación es que nosotros hubiéramos querido realmente encontrar a los muchachos. Nosotros no nos vamos con un sentido peyorativo frente al Estado mexicano. Nosotros hacemos esa manifestación en torno que no encontramos a los muchachos. Hecha esa aclaración, volvemos a lo mismo: nosotros no podemos hacer un juicio de responsabilidad sobre nadie; le compete al Estado mexicano realizar las indagaciones, a la sociedad mexicana hacer una fiscalización de todo esto, pero nosotros no somos quiénes para decir quién es responsable o no.
–¿Qué revela el caso Ayotzinapa?
–[AV] Muchas cosas y lo que hemos intentado mirar es la punta del iceberg de la desaparición forzada en este país. Revela los dilemas a los que están sometidos las víctimas, de violaciones a derechos humanos. Revela cómo es la investigación penal de un caso de derechos humanos, para nosotros es una radiografía que permite ver muchas cosas en México.
–[AB] Debe ser un modelo, no debe ser aislado, nosotros tuvimos acceso a otras AP.
–[AV] Lo que nosotros señalamos, modestia aparte, es que debe haber lecciones aprendidas, a partir de nuestro trabajo, unas lecciones aprendidas frente a estos temas: cómo hacer una investigación en materia de derechos humanos en México, cómo deben ser los criterios para atención a las víctimas, cómo se deben desarrollar las búsquedas de las persona desaparecidas. Creemos que ahí estamos dando un aporte que esperamos sea recogido por algunos sectores, y sobre todo por las instituciones.
–Ustedes hablaban de toda esta burocracia a la que se enfrentaron siendo expertos que venían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ¿qué será para un mexicano común?
–[AV] El formalismo nos impresionó mucho. Uno está acostumbrado a un sistema legal escrito, es formal, pero aquí salimos realmente impresionados de lo excesivo en muchas formas. Por eso nos sorprende tanto este episodio del video, del 28 de octubre. Aquí para que un detenido vaya a una reconstrucción de hechos se necesitan un montón de permisos, de cosas y esto que pasó acá [en el río San Juan] nos llama tanto la atención. Un caso que lo ilustra es la situación de Julio César Mondragón: cómo una diligencia de exhumación por pedir una identificación de ADN tardó tres meses. Decimos sí había un grupo detrás de ellos, con toda la atención del mundo, qué será para un cuidando común que haga una diligencia de exhumación.
–[AB] Una de las garantías de un Estado democrático, es el acceso a la justicia.
–¿Qué observaron en México que sea particular sólo a los procedimientos de la justicia mexicana, aparte de estos formalismos?
–[AB] Parto de la base de una desconfianza institucional que debe surgir de algún conocimiento, pienso yo, ha de surgir de alguna percepción en las base social.
–¿Más grave que en Colombia?
–[AB] Claro. Por ejemplo, en Colombia, el documento público se reputa auténtico; es decir, es auténtico porque lo presenta un funcionario, que no necesita nada más. Aquí presenta un funcionario público un documento, lo tiene que ratificar, certificar, exhibir de nuevo su carnet, poner testigos, y eso a la vez el agente del Ministerio Público (MP) tiene que hacer un documento donde ponga el resumen de ese documento que rindió el perito para que tenga validez probatoria. Si bien es cierto nosotros somos formalistas, porque el sistema inquisitivo de nosotros es formalistas, digamos [aquí] es la forma por la forma, porque mientras tú haces todo eso, que gastas más o menos unas tres horas en un solo informe que puede tener 500, 600 o 700 páginas; entonces, a mí, ¿qué me preocupa? Que lleve la ratificación del Ministerio Público, que lleve la notificación del funcionario, la fotocopia del documento, que además no se me vaya a pasar el testigo de asistencia. O sea, cada diligencia necesita un MP, dos testigos de asistencia mínimo; entonces, eso te hace que en el fondo nadie se preocupe por qué fue lo que me dijo o el contenido, si no cómo tengo que acreditar el documento en el expediente, y eso quita mucho tiempo. Y si una de las cosas que requieren estos casos es la velocidad y la vertiginosidad de la prueba es el análisis, ¿a qué hora te queda tiempo si tienes que hacer tanto documento, tanta formalidad?
–[AV] Hay muchas cosas, mucho de lo que está en esas recomendaciones es porque lo vemos muy singularizado aquí: el tema de los testimonial y la prueba confesional, aquí eso tiene un valor enorme frente a otros contextos, o la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos, vinculados, hay cadenas de mando, etcétera; uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan, o volvemos al tema de las víctimas, tal vez porque no habido una suficiente experiencia en muchos temas. Por ejemplo, el tema de memoria de víctimas, muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer…
–Digamos que los mecanismos que activan la impunidad aquí son más…
–[AB] Sofisticados…
–Y eso ¿cómo opera? ¿Cómo responden cuando están haciendo una pregunta, cuando estamos tratando de investigar, qué actitud perciben?
–[AB] Primero, una desconfianza muy grande y eso lo ve uno, porque quizá nunca se entendió la verdadera dimensión de lo que quería la medida cautelar; uno. Y dos, porque somos extranjeros, eso sí nos lo han recalcado infinidad de veces, y tres: digamos que se logró con el nuevo equipo un acercamiento en ese sentido, de que se trataba de trabajar en conjunto, pero también creo, y es un tema que hay que evaluar mucho, es que una decisión de Estado debe asumirse con la connotación clara de que se aceptó. Entonces, si somos ambivalentes, pues nadie sabe qué es lo que realmente se quiere. Entonces, creo que se tendría que marcar muy claro la correspondencia entre lo que quiere quien asumió el compromiso y el resto de las instituciones, o definitivamente se asumió el compromiso en un sentido diferente al que cree que se asumió. Esas son dos cosas que se tienen que definir claramente.
–[AV] Y ha caído en lo formal; entonces, a veces todas las cosas son muy formales. Y uno dice aquí no solamente es el formalismo, aquí venimos a trabajar. También aquí el tema de la opinión pública, la imagen ante la opinión pública importa mucho a las instituciones.
–El Gobierno mexicano, ¿aceptaría que vinieran a México sólo por este asunto de la imagen internacional?
–[AB] Esa es una pregunta para el Gobierno mexicano.
–[AV] Sí, pero la presión internacional creo que sí fue un elemento capital para la constitución del grupo…
–¿Cómo se quedan las familias? ¿Qué riesgos ven alrededor? ¿A qué debemos estar atentos?
–[AV] Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe; es decir, independientemente de nuestro informe y las recomendaciones, nos importan más ellos, porque mal que bien nosotros nos convertimos en un paraguas, ellos se sentían ya acompañados; decíamos ‘si no sólo era una labor de esperanza, sino que estamos haciendo un labor de compañía’, y pues si nos vamos y para ellos fue muy imprevista esta salida. Entonces sí, uno ve. Lo hemos visto en las reuniones, incluso unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo; es decir, sentimos que se van a sentir solos, y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización por una parte, como de criminalización por la otra, nos preocupa mucho, y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos. Es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, temor que esto pase a mayores, que incluso se agraven las situaciones estas de victimización y de pronto de seguridad, y sobre todo cuando nos pierden a nosotros. Es, digamos, un golpe duro a sus esperanza, y como que si las vías legales se empezaran a agotar y lo que nos han manifestado ellos, que si la movilización social, que si la protesta, que si tendrán que regresar a eso; y nosotros les indicamos, ‘miren, por favor no, insístanle en el caso, en las vías legales, miren la Comisión Interamericana no los quiere dejar solos, ustedes tienen unos peticionarios responsables’… Pero uno no sabe, como dijimos, hay que estar muy atentos y estar con ellos…
–¿Estas escuchas son las que les dan estos indicios?
–[AV] Sí, justamente esos son como los radares, los focos que nos prenden las alertas, la alarmas frente a estos episodios.
–[AB] Y un punto importantísimo que creo que deberían trabajar es el tema de la visibilización de las víctimas, porque en este país están invisibles. Y con una crisis tan grave en términos de desaparición, en términos que uno ve que gracias al caso Ayotzinapa, y lo digo en el mejor de los sentidos, ojalá nunca hubiera existido, pero gracias al caso Ayotzinapa se encontraron muchísimos cuerpos de muchísimas desapariciones. Entonces, digamos que el tema es que el Gobierno sea receptivo de verdad, que dimensiones el tema pero además visibilice a la víctima. La víctima tiene que salir del ostracismo en el que la tienen, pero además de la marginación en que la tienen. Ayer había una señora en el evento que ha reclamado justicia por todas partes y el expediente ni siquiera se ha movido… Es un caso tras otro. No ha cerrado, ha aumentado y todos los días hablamos de cinco, seis, siete; ahorita el caso más reciente que ocurrió de seis personas, y yo creo que el Estado tiene que empezar a responder…. Entonces la pregunta es: no solamente son las víctimas del caso de los normalistas; ahí se representó una gran parte de lo que podrían haber hecho con las víctimas, pero las víctimas son miles de miles. Estamos hablando de 27 mil desapariciones, multiplica eso por víctimas indirectas, familias enteras, estamos hablando de cerca de tres o cuatro millones de personas, muy grave, me parece. Y el Estado, yo pienso, que sí tiene que visibilizar eso. Y en el caso en particular nuestro, de los desaparecidos que es por lo que estábamos en México, es necesario que apoyen y trabajen, y por eso el grupo promovió, en compañía de la CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas], un protocolo que elaboraron, en particular el grupo que tienen el conocimiento de eso, que son Carlos [Beristáin] y Alejandro, en términos de cómo lograr también efectivamente la reparación a la víctima, la restitución, el acompañamiento y no revictimizar, en términos de que el Estado ahora empiece a señalar con el dedo a las víctimas cuando al contrario, tienes que acogerlas…
–¿Sospechan que el resto de los papás o quienes han salido a la opinión pública estén intervenidos?
–[AB] Nosotros no podemos sospechar algo. Nosotros sólo hablamos cuando tenemos elementos. Pero además el tema particular es que eso se debe investigar.
–[AV] La intervención telefónica, eso debe ser con una intervención legal, judicial… A nosotros sí nos llama la atención eso: que aquí los medios de comunicación pues filtran información, incluso alguna que nosotros ni siquiera conocemos, hasta cosas del caso nosotros las conocemos por la prensa…
–¿Eso no se ve, por ejemplo, en Colombia?
–[AB] Sí, en Colombia se ve, y hay revistas que utilizan ese medio; pero, en lo judicial, inmediatamente lo que se hace es desechar esa evidencia, porque es ilegal, a todas luces eso no sirve para nada, pero además también investigar por qué hay filtración…
–¿Cómo definirían la justicia mexicana?
–[AB] Yo pienso que en cualquier sistema de justicia, no puedo desconocerlo, porque también lo viví en mi país, y desde el conocimiento académico de los sistemas: el sistema de justicia es un monstruo, un aparato muy grande, mientras no tenga coordinación y no tenga áreas especializadas en los temas, tendrá complejidades. Pero pienso que el aparato de justicia en México, como cualquier aparato, con sus defectos y virtudes, es el aparato que escogió la institucionalidad, y eso lo que hay que tratar es que mejore y que las críticas sean aceptadas. O sea, si a ti te dicen: ‘mire, por donde va no está bien’ y tú te empecinas, dice un amigo mío ‘un error una vez se acepta, pero cuando se insiste en el error ya muestra una intención’. Entonces, en justicia pasa lo mismo, si te estás dando cuenta que estás equivocando el camino, lo que uno tiene que hacer es recogerse e irse al otro lado. Pero el aparato como aparato tiene bondades, tiene una bondad por lo menos de un órgano investigador, tiene periciales y hay periciales muy buenos; lo que pasa es que aquí hay elementos que también hay que mirar que no solamente dependen de las normas sino de los valores de las personas; entonces, no le podemos cargar todo al sistema ni al diseño del sistema. Cuando tienes un muy buen sistema, pero malos seres humanos, el sistema no funciona..
–¿Y qué recomendación le dan a la sociedad civil mexicana, para que mejoremos esto?
–[AB] Que fiscalicen. El mejor secreto para la justicia es la publicidad, y el sistema democrático garantiza que el Estado se pone bajo el escrutinio de la sociedad, y ahí es donde debe reaccionar la sociedad: ‘bueno, sí, me estás diciendo esto’, y voy a poner un ejemplo, y si suena es coincidencia, por ejemplo, ‘me están diciendo que hubo 43 quemados en el basurero’, pura coincidencia, ¿qué debe hacer la sociedad? Muéstreme las pruebas. Y si las pruebas son contundentes o no, eso es un elemento.
–Exigir pruebas…
–[AB] ¡Claro! Te voy a poner el ejemplo que salió ayer: el quinto bus es una línea cerrada, y ya vi una comunicación del Estado en donde dice que el quinto bus es una línea cerrada. Yo quisiera preguntar cómo cierran una línea cuando tienes tantas dudas. Si no se sabe por qué mintieron o sí mintieron, si no se sabe si el documento sí lo escribió o no lo escribió (el chofer del quinto autobús), salvo el tema del dictamen pericial; tres, tengo cinco testigos que me están diciendo que sí lo escribió, no tengo conclusiones sobre las pruebas en Estados Unidos del FBI. Pregunta: ¿cómo cierro el caso, y cómo le agoto a la sociedad el tema de que cerré el caso?
–[AV] Lo otro es que reconozcan a las víctimas, que acompañen a las víctimas; es decir, miren más a las víctimas, eso le diría a la sociedad civil. Creo que eso es como ver a la persona que ha sido afectada, tenerla muy en cuenta, creo que eso es central…
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/SHAILA ROSAGEL, SANDRA RODÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-04-2016/1652885
