Tomás Zerón de Lucio, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, tergiversa la realidad y su comportamiento es impropio, criticaron este jueves 28 de abril integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Como respuesta a los dichos de Zerón, respecto a que su presencia en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014 había sido legal, los expertos resaltaron que ese conjunto de declaraciones confirman, en primer lugar, que la diligencia de aquel día no se encuentra registrada en algún expediente sobre el caso del ataque contra los 43 normalistas de Ayotzinapa. Carlos Beristain, del GIEI, dijo que no está en los expedientes el hallazgo de cuatro bolsas en el Río San Juan, a las que se refirió Zerón, respecto a la diligencia del día 28 de octubre, y que no se siguieron los protocolos adecuados para la toma de muestras por parte de los peritos de la PGR. Zerón dijo en la conferencia del miércoles 27 de abril que en un video que mostró el GIEI el domingo pasado se observa a un perito recogiendo un posible indicio en el Río San Juan, y que “ese indicio se entregó a un especialista en antropología forense, quien desde ese momento descartó que se tratase de un hueso humano, por lo que no tuvo ningún valor criminalístico” que ameritara incorporarlo a la averiguación previa. Al respecto, el GIEI señaló que ese procedimiento fue incorrecto.
“El señor (Zerón) señala que un antropólogo forense descartó que el hueso sea de origen humano, sin embargo el GIEI señala que no puede realizarse ningún descarte sin tener algún registro de la acción, sin un acta sobre la evidencia y de evaluación de la muestra”, dijo Beristain, del grupo de especialistas. Los expertos del GIEI se refirieron al traslado de un detenido al río San Juan, Agustín García Reyes, aquel día 28. “Con base en el informe Ayotzinapa II recientemente, Agustín García Reyes mostraba para entonces numerosas lesiones físicas, que suponen indicios serios de tortura cuando fue llevado a dicho lugar. El informe médico de la PGR, del 28 de octubre de 2014, a las 00:50 de la madrugada, es decir, dos horas después de su ingreso en la SEIDO, y 7 horas después del primer informe médico realizado posteriormente a su detención, refiere la existencia de 30 lesiones que no tenía al momento de ser revisado por el médico naval” en el momento de su detención, dijo Beristain. El detenido, García Reyes, dijo al psicólogo en una evaluación que fue torturado, que le pusieron una bolsa en la cabeza, que le pegaron y lo electrocutaron. En otro punto de su mensaje, los expertos mencionaron que el video que presentó Zerón para defender su actuación en la zona del Río San Juan está editado, y dijeron que la Agencia de Investigación Criminal debe quedar fuera del caso Ayotzinapa, para garantizar la imparcialidad mientras se hace una investigación sobre las irregularidades detectadas.
Giei. Nadie puede autoinvestigarse. La misma persona que aparece en el video no puede hacer su propia averiguación (Zeron)
“El video presentado por el señor Zerón está editado, apareciendo una parte que muestra cuando estaba en la escena del río San Juan, con el detenido Agustín García Reyes, y después un corte en el que aparece la Marina, para indicar que había testigos. El GIEI quiere señalar que, según los testimonios recogidos, cuando se llevó a Agustín García Reyes se había retirado la custodia del lugar, por lo que la aparición de miembros de la Marina corresponde a un momento posterior”, dijo Beristain. Zerón dijo que su presencia en la zona del río Cocula había sido atestiguada por representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sin embargo, los expertos del GIEI hablaron sobre una manipulación, ya que en ningún momento miembros de la ONU vieron al presunto responsable, García Reyes, ni estuvieron en el escenario del río San Juan. El comportamiento de Zerón, dijeron integrantes del GIEI, entra en contradicción con los estándares mínimos de investigación. “Las afirmaciones del señor Zerón en su conferencia de ayer constituyen una tergiversación de la realidad. Asegurar que la llegada de miembros del Alto Comisionado a Cocula y posteriormente al basurero de Cocula, reitero, no al río San Juan, suponen una verificación del traslado del señor García Reyes y de las condiciones legales del mismo, constituyen un comportamiento impropio de un director de la Agencia de Investigación Criminal”, dijo Beristain.
El video que Tomás Zerón presentó este 26 de abril en conferencia de prensa.
El Tribunal Electoral resolvió que el INE no notificó las causas por las cuales no fueron válidas las firmas descontadas, lo que limitó el derecho de los candidatos a demostrar su validez.
El INE deberá explicar a los candidatos independientes que no obtuvieron su registro las razones por las que fueron rechazados para el Constituyente de la Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no garantizó el derecho de audiencia de los candidatos independientes pues debió notificarles “de manera específica e identificable las cédulas de apoyo ciudadano que incumplían con las exigencias previstas en la normatividad aplicable”, informó el Tribunal en un comunicado. Con la resolución del TEPJF, el INE deberá especificar en forma individual a los aspirantes la causa de la negativa a otorgar el registro de candidato independiente; dar un plazo de 48 horas para que el candidato subsane los errores o faltas en los registros de sus firmas. Además, el INE deberá resolver sobre las candidaturas ciudadanas improcedentes durante su próxima sesión. La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa dijo durante la sesión del Tribunal que el INE tendría que notificar las causas por las cuales no fueron válidas las firmas descontadas y, con ello, ofrecer la oportunidad de desahogar las pruebas de los aspirantes al Constituyente. Alanís destacó la dificultad que tuvieron los candidatos para recabar las firmas de apoyo ya que el padrón electoral de la Ciudad de México tiene más de 7 millones de ciudadanos y deben contar con el 1% del apoyo. El magistrado Flavio Galván Rivera señaló que el INE violó el derecho de los ciudadanos de ser informados sobre las irregularidades que motivaron la negativa de otorgarles el registro como candidatos independientes. “Los candidatos estaban en toda la posibilidad de demostrar los errores claros en que incurrió la autoridad administrativa, (…) que las firmas rechazadas, sus nombres, estaban en el Listado Nominal a pesar de que la autoridad administrativa decía que no. Este fue un error que se podía haber subsanado si la autoridad administrativa hubiera atendido las réplicas, las contestaciones que los propios candidatos independientes ya tenían identificados, pero no lo hizo así”, dijo durante su intervención el magistrado Manuel González Oropeza. El magistrado Pedro Esteban Penagos López dijo que los candidatos ciudadanos debían cumplir el requisitos de reunir 73 mil 742 cédulas de apoyo ciudadano y en algunos casos presentaron más de 120 mil cédulas y se les negó el registro.
“¿Por qué? Porque una vez hecha la depuración correspondiente les falta, quizá, mil o mil 500 para llegar a esas 73 mil 792 cédulas, no obstante que, como mencioné, exhibieron más de 100 mil de las mismas. Y precisamente por ello se les niega el registro correspondiente sin otorgarles garantía de audiencia, sin darles la oportunidad de que comparezcan, desde luego aclarar o, en su caso, hacer las observaciones correspondientes”, dijo. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/el-ine-debera-explicar-a-independientes-porque-rechazo-candidaturas-y-escuchar-sus-argumentos/
A unos cuantos días de que los cinco expertos del GIEI abandonen el país, ya con las maletas hechas, su mayor preocupación es la seguridad de los padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Ciudad de México, 26 de abril: Para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que revisó la indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, lo más preocupante ahora es el futuro que espera a los padres de los jóvenes. Y no sólo por la falta de justicia o de al menos avances en la investigación del crimen, sino por los potenciales riesgos de que sean sometidos a prácticas de criminalización o revictimización. Esto, plantea el integrante del GIEI, Alejandro Valencia Villa, después de la difusión de conversaciones telefónicas que fueron interceptadas de manera ilegal tanto a padres de familia como a los coadyuvantes en la investigación. “Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe”, dice el experto.
“Lo hemos visto en las reuniones incluso, unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo […] Y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización, por una parte, como de criminalización, por la otra… nos preocupa mucho y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos; es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, nos da temor que esto pase a mayores”, agrega.
En entrevista con SinEmbargo, los integrantes del GIEI Ángela María Buitrago y Valencia Villa hablaron sobre las características que observaron como únicas del sistema judicial mexicano y observaron que aquí, a diferencia de otros países, la “forma por la forma” burocratiza y dilata la práctica judicial, además, de que el peso que se les da a las declaraciones, dice Valencia, es enorme. “O la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos vinculados, hay cadenas de mando, etcétera… Uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan”, dice Valencia.
“O volvemos al tema de las víctimas […] muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer”, agrega.
–Con los detalles de la información, si nos pudieran auxiliar un poco para ubicarnos, sobre el papel de “El Caminante”. No sé cuál sea la interpretación que hagan al margen de lo que se plasma en el expediente, de este personaje. –Ángela Buitrago [AB] Digamos dentro de la investigación ‘El Caminante’ es uno de los interlocutores que tienen más contacto con las personas que están inculpadas hoy en día, que son parte, se investigan en términos de tiempos y frecuencias de llamadas. Es una línea de investigación que está dentro del expediente, que debería estar dirigida toda la mirada hacia esos elementos, para poder concluir y relacionar a ese cruce de agendas que se tienen. Definir quién era, qué relaciones tenía con otros actores, a cómo todos los antecedentes de esta persona pueden llevar a muchas conclusiones dentro de la investigación. Por qué la relación y la frecuencia que existe dentro de esa comunicación, en las horas críticas; por qué cuando se establecen esos patrones, lo que permite decir también que es una comunicación múltiple en horas que tendrían que llamar la atención desde el punto de vista investigativo. –Alejandro Valencia [AV] Vemos que puede ser un enlace operativo importante, por eso, en los hechos. –En el informe ustedes detallan con un diagrama con todos los que tuvo relación. Que habló hasta con Guerreros Unidos, ¿por qué no está detenido este personaje? –[AB] Porque no se ha individualizado. No se sabe quién es. –¿Cuál fue el tratamiento que le dio la Procuraduría General de la República (PGR) a este personaje inicialmente? –[AB] Lo tienen como punto de observación. Ese cuadro sale a raíz que puede estar ahí y nosotros solicitamos toda la información para corroborar las líneas de investigación. –Con respecto a toda la investigación, nos gustaría ver si ustedes podrían identificar a alguno de los funcionarios que estuvieren manipulando la investigación, ¿se podrían fincar responsabilidades aquí en México?
–[AB] Mira, nosotros somos cuidadosos: lo primero que nosotros ponemos a disposición de la autoridad mexicana son los elementos que hemos visto, pero nosotros no asignamos responsabilidades, ni en el tema de quiénes se llevaron a los muchachos, ni en ningún otro tema. La autoridad es la que tiene que investigar y fallar. Para nosotros decir ‘los hacemos responsables de’, se necesita de un juicio, una investigación y una cantidad de cosas. Pero sí ponemos de precedente que hay una serie de elementos que fueron retrasados o una interrupción que decimos nosotros a partir de enero, que significa que hay un tema que debe llamar a la reflexión en términos de por qué se hizo. Lo segundo es que en particular se encontraron unos elementos y se encuentra material gráfico y fílmico para poder llegar a un momento dado, a que por lo menos se diga y se constante que en el expediente y averiguación eso no existe. Si no existen esas constancias, si no existe esa acta, si se trasladó a un inculpado y existen unas personas que se desplazan un día antes de lo que dice toda la AP01/2015 [la averiguación previa sobre el caso Iguala], pues por lo menos en un formalismo como es el mexicano en donde todo tiene que ser registrado, todo tiene que tener acta, todo tiene que tener constancia, inclusive, verificación por testigos de asistencia, no encuentro una explicación para que no esté. Además es evidente de que hay material que se recoge ese día que no está registrado en el expediente. Ponemos todo eso sobre la mesa para decir ‘mire, aquí tenemos estos elementos y la lectura nuestra es de que se debe investigar, saber qué pasó’. No podemos decir que quedemos satisfechos de que eso sucede y que no se haga, estamos diciendo el competente es la fiscalía y los jueces para asignar responsabilidades. –¿Qué papel jugó aquí Tomás Zerón [De Lucio, Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR] en la investigación con ustedes? ¿En la manipulación? Porque él estuvo ese día en el río.
–[AB] Lo que nosotros podemos decir es que el jefe de la división criminalística es él. Nosotros podemos decir es que él aparece en el video del 28 de octubre de 2014, y que por esa razón y frente la presencia del jefe máximo de la división de criminalística, pues tendría que explicarse las razones por las cuáles no hay constancia de esos actos. Creo que eso es lo que tiene que verificar el Gobierno mexicano o la Fiscalía de la PGR.
–Ustedes tuvieron contacto con los más altos niveles y grupos políticos en México, que tuvieron relación en el caso Ayotzinapa. Si le pusieran nombre, ¿quién sí mostró apertura y quién se cerró? ¿Qué personas en concreto se cerraron con ustedes? –[AB] Yo desde el campo investigativo tengo que decir que hubo una apertura por parte de la Procuradora Arely [Gómez González], tuvimos una apertura que nos ayudó mucho por parte de la Policía Federal (PF), que nos acompañó a las diligencias en particular la división de Gendarmería y tuvimos una apertura, en términos de grupo que eso lo tenemos claro, para mí del subsecretario [Roberto] Campa. –¿Y quiénes se cerraron? –[AB] Quienes se abrieron, te contesté. –Pero mi pregunta también es: ¿Quiénes se cerraron? –[AB] Lo que pasa es que si te estoy diciendo quiénes se abrieron, técnicamente creo que de todos modos, esos son por lo menos para mí, se lo reconozco en la parte de la apertura. El tema es que también hubo muchas cosas que no caminaron bien. –¿Qué cosas no caminaron bien? –[AB] Nosotros solicitamos con mucho tiempo de antelación la entrevista con personas que estaban inculpadas por segunda oportunidad, ahí hubo un cierre completo. En el segundo mandato no hubo posibilidad de entrevistar a estas personas. Tuvimos pretensión de conocer muchas de las AP [Averiguaciones Previas] con tiempo para poder evaluar qué relación tenían con el caso, y tampoco se pudieron conocer esas averiguaciones previas. Cuando hablas en esos términos, lo que estás diciendo es puede haber buena voluntad, pero en el camino están quedando todos esos hechos que generaron ese cierre que nosotros percibimos en enero de 2016. –¿Hubo cerrazón del Ejército?
–[AB] Bueno eso es evidente. Hubo manifestaciones públicas del jefe de esa institución y desde el principio. Cuando nosotros intentamos entrevistar a los miembros del 27 Batallón, también solicitamos una información muy relevante para la investigación, las bitácoras, los informes de inteligencia. Supimos que ellos tomaron algunas fotografías y videos y esa información no fue ni suministrada ni a nosotros ni a la PGR, que era la autoridad de este país encargada de la investigación del caso.
–Pero todas estas cerrazones o los problemas que tuvieron en el camino, ¿provenían directamente de la PGR? –[AB] Son áreas diferentes. El tema del Ejército no lo maneja la PGR, directamente quien se encarga de manejar eso es el Secretario de Gobierno y sobre esos elementos sale el jefe de la institución a decir que no habrá acceso, nos tacha de extranjeros, nos dice que los extranjeros no podemos entrevistar a los militares, pero más que entrevistar a los militares, era conseguir el material que podía ayudarnos en la investigación: un informe, bitácoras, documentos que tuvieran relación con el hecho. Ahí hay claro una manifestación desde el principio de que eso no va a suceder. –Nos pueden dar una radiografía, un balance de, ¿cómo observaron este intestino del Estado mexicano?, ¿hubo pugnas?, ¿quiénes son?
–[AB] Nosotros no pudimos observar eso porque no nos metimos a la parte muy interna, de lo que tu llamas el intestino mexicano. Lo que pudimos observar desde nuestra competencia y para lo que veníamos es que sí hay una ambivalencia en determinados miembros. Qué podamos hacer un diagnóstico de Gobierno, mal lo haríamos. Lo segundo que podemos decir es que, y voy a utilizar una palabra que utilizó uno de los miembros del Gobierno, es que el Estado no es monolítico y cada uno tiene su posición, cada quien tiene una participación determinada, pero hacerlo nosotros, creo que les corresponde a ustedes que conocen realmente el manejo interno de acá.
–[AV] Lo que hicimos fue presentar unas recomendaciones como línea de diagnóstico, pero en particular más del sistema mexicano y más específica de la investigación penal en el caso como éste. Ni siquiera un diagnóstico a profundidad, es una pincelada a partir de un caso, decir qué cosas de la investigación penal mexicana nos preocupa de una manera muy general, como un abre bocas. –Ayer, Francisco Cox [otro integrante del GIEI] contestó cuando les preguntaron: ¿Con qué sabor de boca se iban? Y dijo ‘con el peor’ . Esa fue la respuesta. ¿Si ustedes pudieran decir con nombre y apellido quién o quiénes deberían de salir de su puesto, de las personas con las que estuvieron tratando y ser investigado por las autoridades mexicanas en relación al caso Ayotzinapa, quiénes serían estas personas?
–[AB] Ahí te quiero precisar el contexto en que lo dijo Francisco: con el peor, porque no pudimos encontrar a los desparecidos, el contexto de esa afirmación es que nosotros hubiéramos querido realmente encontrar a los muchachos. Nosotros no nos vamos con un sentido peyorativo frente al Estado mexicano. Nosotros hacemos esa manifestación en torno que no encontramos a los muchachos. Hecha esa aclaración, volvemos a lo mismo: nosotros no podemos hacer un juicio de responsabilidad sobre nadie; le compete al Estado mexicano realizar las indagaciones, a la sociedad mexicana hacer una fiscalización de todo esto, pero nosotros no somos quiénes para decir quién es responsable o no.
LAS REVELACIONES DEL CASO –¿Qué revela el caso Ayotzinapa? –[AV] Muchas cosas y lo que hemos intentado mirar es la punta del iceberg de la desaparición forzada en este país. Revela los dilemas a los que están sometidos las víctimas, de violaciones a derechos humanos. Revela cómo es la investigación penal de un caso de derechos humanos, para nosotros es una radiografía que permite ver muchas cosas en México. –[AB] Debe ser un modelo, no debe ser aislado, nosotros tuvimos acceso a otras AP. –[AV] Lo que nosotros señalamos, modestia aparte, es que debe haber lecciones aprendidas, a partir de nuestro trabajo, unas lecciones aprendidas frente a estos temas: cómo hacer una investigación en materia de derechos humanos en México, cómo deben ser los criterios para atención a las víctimas, cómo se deben desarrollar las búsquedas de las persona desaparecidas. Creemos que ahí estamos dando un aporte que esperamos sea recogido por algunos sectores, y sobre todo por las instituciones. –Ustedes hablaban de toda esta burocracia a la que se enfrentaron siendo expertos que venían de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ¿qué será para un mexicano común? –[AV] El formalismo nos impresionó mucho. Uno está acostumbrado a un sistema legal escrito, es formal, pero aquí salimos realmente impresionados de lo excesivo en muchas formas. Por eso nos sorprende tanto este episodio del video, del 28 de octubre. Aquí para que un detenido vaya a una reconstrucción de hechos se necesitan un montón de permisos, de cosas y esto que pasó acá [en el río San Juan] nos llama tanto la atención. Un caso que lo ilustra es la situación de Julio César Mondragón: cómo una diligencia de exhumación por pedir una identificación de ADN tardó tres meses. Decimos sí había un grupo detrás de ellos, con toda la atención del mundo, qué será para un cuidando común que haga una diligencia de exhumación. –[AB] Una de las garantías de un Estado democrático, es el acceso a la justicia. –¿Qué observaron en México que sea particular sólo a los procedimientos de la justicia mexicana, aparte de estos formalismos? –[AB] Parto de la base de una desconfianza institucional que debe surgir de algún conocimiento, pienso yo, ha de surgir de alguna percepción en las base social. –¿Más grave que en Colombia? –[AB] Claro. Por ejemplo, en Colombia, el documento público se reputa auténtico; es decir, es auténtico porque lo presenta un funcionario, que no necesita nada más. Aquí presenta un funcionario público un documento, lo tiene que ratificar, certificar, exhibir de nuevo su carnet, poner testigos, y eso a la vez el agente del Ministerio Público (MP) tiene que hacer un documento donde ponga el resumen de ese documento que rindió el perito para que tenga validez probatoria. Si bien es cierto nosotros somos formalistas, porque el sistema inquisitivo de nosotros es formalistas, digamos [aquí] es la forma por la forma, porque mientras tú haces todo eso, que gastas más o menos unas tres horas en un solo informe que puede tener 500, 600 o 700 páginas; entonces, a mí, ¿qué me preocupa? Que lleve la ratificación del Ministerio Público, que lleve la notificación del funcionario, la fotocopia del documento, que además no se me vaya a pasar el testigo de asistencia. O sea, cada diligencia necesita un MP, dos testigos de asistencia mínimo; entonces, eso te hace que en el fondo nadie se preocupe por qué fue lo que me dijo o el contenido, si no cómo tengo que acreditar el documento en el expediente, y eso quita mucho tiempo. Y si una de las cosas que requieren estos casos es la velocidad y la vertiginosidad de la prueba es el análisis, ¿a qué hora te queda tiempo si tienes que hacer tanto documento, tanta formalidad? –[AV] Hay muchas cosas, mucho de lo que está en esas recomendaciones es porque lo vemos muy singularizado aquí: el tema de los testimonial y la prueba confesional, aquí eso tiene un valor enorme frente a otros contextos, o la ausencia de investigación de responsabilidades de superiores; es decir, en países de América Latina por casos de esos uno ve que investigan mandos medios, mandos altos, vinculados, hay cadenas de mando, etcétera; uno ve como que aquí hay cosas que se dificultan, o volvemos al tema de las víctimas, tal vez porque no habido una suficiente experiencia en muchos temas. Por ejemplo, el tema de memoria de víctimas, muchos países de América Latina, incluso países mucho más pequeños que México, sin tanta historia, tienen ya un recorrido súper interesante de un aprendizaje para atención a las víctimas y de trabajo psicosocial, y eso aquí apenas está empezando. Es decir, falta mucha concientización en muchos de estos temas que son clave y creo que hay mucho por aprender y por hacer… –Digamos que los mecanismos que activan la impunidad aquí son más… –[AB] Sofisticados… –Y eso ¿cómo opera? ¿Cómo responden cuando están haciendo una pregunta, cuando estamos tratando de investigar, qué actitud perciben? –[AB] Primero, una desconfianza muy grande y eso lo ve uno, porque quizá nunca se entendió la verdadera dimensión de lo que quería la medida cautelar; uno. Y dos, porque somos extranjeros, eso sí nos lo han recalcado infinidad de veces, y tres: digamos que se logró con el nuevo equipo un acercamiento en ese sentido, de que se trataba de trabajar en conjunto, pero también creo, y es un tema que hay que evaluar mucho, es que una decisión de Estado debe asumirse con la connotación clara de que se aceptó. Entonces, si somos ambivalentes, pues nadie sabe qué es lo que realmente se quiere. Entonces, creo que se tendría que marcar muy claro la correspondencia entre lo que quiere quien asumió el compromiso y el resto de las instituciones, o definitivamente se asumió el compromiso en un sentido diferente al que cree que se asumió. Esas son dos cosas que se tienen que definir claramente. –[AV] Y ha caído en lo formal; entonces, a veces todas las cosas son muy formales. Y uno dice aquí no solamente es el formalismo, aquí venimos a trabajar. También aquí el tema de la opinión pública, la imagen ante la opinión pública importa mucho a las instituciones. –El Gobierno mexicano, ¿aceptaría que vinieran a México sólo por este asunto de la imagen internacional? –[AB] Esa es una pregunta para el Gobierno mexicano. –[AV] Sí, pero la presión internacional creo que sí fue un elemento capital para la constitución del grupo… –¿Cómo se quedan las familias? ¿Qué riesgos ven alrededor? ¿A qué debemos estar atentos? –[AV] Eso nos preocupa bastante, incluso más que hasta el destino de nuestro informe; es decir, independientemente de nuestro informe y las recomendaciones, nos importan más ellos, porque mal que bien nosotros nos convertimos en un paraguas, ellos se sentían ya acompañados; decíamos ‘si no sólo era una labor de esperanza, sino que estamos haciendo un labor de compañía’, y pues si nos vamos y para ellos fue muy imprevista esta salida. Entonces sí, uno ve. Lo hemos visto en las reuniones, incluso unas reuniones muy fuertes anímicamente, una situación de desamparo; es decir, sentimos que se van a sentir solos, y pues con estas campañas que se vienen haciendo tanto de revictimización por una parte, como de criminalización por la otra, nos preocupa mucho, y nos preocupa mucho la protección y seguridad de ellos, así como de sus representantes, de las organizaciones peticionarias, y yo creo que hay que acompañarlos. Es decir, hay que estar pendiente de ellos porque nos da susto, temor que esto pase a mayores, que incluso se agraven las situaciones estas de victimización y de pronto de seguridad, y sobre todo cuando nos pierden a nosotros. Es, digamos, un golpe duro a sus esperanza, y como que si las vías legales se empezaran a agotar y lo que nos han manifestado ellos, que si la movilización social, que si la protesta, que si tendrán que regresar a eso; y nosotros les indicamos, ‘miren, por favor no, insístanle en el caso, en las vías legales, miren la Comisión Interamericana no los quiere dejar solos, ustedes tienen unos peticionarios responsables’… Pero uno no sabe, como dijimos, hay que estar muy atentos y estar con ellos… –¿Estas escuchas son las que les dan estos indicios? –[AV] Sí, justamente esos son como los radares, los focos que nos prenden las alertas, la alarmas frente a estos episodios. –[AB] Y un punto importantísimo que creo que deberían trabajar es el tema de la visibilización de las víctimas, porque en este país están invisibles. Y con una crisis tan grave en términos de desaparición, en términos que uno ve que gracias al caso Ayotzinapa, y lo digo en el mejor de los sentidos, ojalá nunca hubiera existido, pero gracias al caso Ayotzinapa se encontraron muchísimos cuerpos de muchísimas desapariciones. Entonces, digamos que el tema es que el Gobierno sea receptivo de verdad, que dimensiones el tema pero además visibilice a la víctima. La víctima tiene que salir del ostracismo en el que la tienen, pero además de la marginación en que la tienen. Ayer había una señora en el evento que ha reclamado justicia por todas partes y el expediente ni siquiera se ha movido… Es un caso tras otro. No ha cerrado, ha aumentado y todos los días hablamos de cinco, seis, siete; ahorita el caso más reciente que ocurrió de seis personas, y yo creo que el Estado tiene que empezar a responder…. Entonces la pregunta es: no solamente son las víctimas del caso de los normalistas; ahí se representó una gran parte de lo que podrían haber hecho con las víctimas, pero las víctimas son miles de miles. Estamos hablando de 27 mil desapariciones, multiplica eso por víctimas indirectas, familias enteras, estamos hablando de cerca de tres o cuatro millones de personas, muy grave, me parece. Y el Estado, yo pienso, que sí tiene que visibilizar eso. Y en el caso en particular nuestro, de los desaparecidos que es por lo que estábamos en México, es necesario que apoyen y trabajen, y por eso el grupo promovió, en compañía de la CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas], un protocolo que elaboraron, en particular el grupo que tienen el conocimiento de eso, que son Carlos [Beristáin] y Alejandro, en términos de cómo lograr también efectivamente la reparación a la víctima, la restitución, el acompañamiento y no revictimizar, en términos de que el Estado ahora empiece a señalar con el dedo a las víctimas cuando al contrario, tienes que acogerlas… –¿Sospechan que el resto de los papás o quienes han salido a la opinión pública estén intervenidos? –[AB] Nosotros no podemos sospechar algo. Nosotros sólo hablamos cuando tenemos elementos. Pero además el tema particular es que eso se debe investigar. –[AV] La intervención telefónica, eso debe ser con una intervención legal, judicial… A nosotros sí nos llama la atención eso: que aquí los medios de comunicación pues filtran información, incluso alguna que nosotros ni siquiera conocemos, hasta cosas del caso nosotros las conocemos por la prensa… –¿Eso no se ve, por ejemplo, en Colombia? –[AB] Sí, en Colombia se ve, y hay revistas que utilizan ese medio; pero, en lo judicial, inmediatamente lo que se hace es desechar esa evidencia, porque es ilegal, a todas luces eso no sirve para nada, pero además también investigar por qué hay filtración… –¿Cómo definirían la justicia mexicana? –[AB] Yo pienso que en cualquier sistema de justicia, no puedo desconocerlo, porque también lo viví en mi país, y desde el conocimiento académico de los sistemas: el sistema de justicia es un monstruo, un aparato muy grande, mientras no tenga coordinación y no tenga áreas especializadas en los temas, tendrá complejidades. Pero pienso que el aparato de justicia en México, como cualquier aparato, con sus defectos y virtudes, es el aparato que escogió la institucionalidad, y eso lo que hay que tratar es que mejore y que las críticas sean aceptadas. O sea, si a ti te dicen: ‘mire, por donde va no está bien’ y tú te empecinas, dice un amigo mío ‘un error una vez se acepta, pero cuando se insiste en el error ya muestra una intención’. Entonces, en justicia pasa lo mismo, si te estás dando cuenta que estás equivocando el camino, lo que uno tiene que hacer es recogerse e irse al otro lado. Pero el aparato como aparato tiene bondades, tiene una bondad por lo menos de un órgano investigador, tiene periciales y hay periciales muy buenos; lo que pasa es que aquí hay elementos que también hay que mirar que no solamente dependen de las normas sino de los valores de las personas; entonces, no le podemos cargar todo al sistema ni al diseño del sistema. Cuando tienes un muy buen sistema, pero malos seres humanos, el sistema no funciona.. –¿Y qué recomendación le dan a la sociedad civil mexicana, para que mejoremos esto? –[AB] Que fiscalicen. El mejor secreto para la justicia es la publicidad, y el sistema democrático garantiza que el Estado se pone bajo el escrutinio de la sociedad, y ahí es donde debe reaccionar la sociedad: ‘bueno, sí, me estás diciendo esto’, y voy a poner un ejemplo, y si suena es coincidencia, por ejemplo, ‘me están diciendo que hubo 43 quemados en el basurero’, pura coincidencia, ¿qué debe hacer la sociedad? Muéstreme las pruebas. Y si las pruebas son contundentes o no, eso es un elemento. –Exigir pruebas… –[AB] ¡Claro! Te voy a poner el ejemplo que salió ayer: el quinto bus es una línea cerrada, y ya vi una comunicación del Estado en donde dice que el quinto bus es una línea cerrada. Yo quisiera preguntar cómo cierran una línea cuando tienes tantas dudas. Si no se sabe por qué mintieron o sí mintieron, si no se sabe si el documento sí lo escribió o no lo escribió (el chofer del quinto autobús), salvo el tema del dictamen pericial; tres, tengo cinco testigos que me están diciendo que sí lo escribió, no tengo conclusiones sobre las pruebas en Estados Unidos del FBI. Pregunta: ¿cómo cierro el caso, y cómo le agoto a la sociedad el tema de que cerré el caso?
–[AV] Lo otro es que reconozcan a las víctimas, que acompañen a las víctimas; es decir, miren más a las víctimas, eso le diría a la sociedad civil. Creo que eso es como ver a la persona que ha sido afectada, tenerla muy en cuenta, creo que eso es central… FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN/SHAILA ROSAGEL, SANDRA RODÍGUEZ NIETO. LINK: http://www.sinembargo.mx/26-04-2016/1652885
En su informe final, presentado el domingo pasado, el GIEI cuestionó la alteración de las escenas del crimen en la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa como es la visita a escondidas que hizo el titular de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, en la zona aledaña del Río San Juan un día antes de que se hallará los únicos restos humanos, evidencia que dio pauta para la identificación del normalista Alexander Mora Venancio.
Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de la República (PGR), sostuvo esta noche que su visita al río San Juan, en Cocula, fue para auxiliar los actos de investigación del Ministerio Público y que estuvo sustentada legalmente. Además dijo que el video mostrado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre su visita a la zona, tiene varios errores, en fechas y horas, y presentó su propia grabación de su recorrido ese día en la zona. En una amplía conferencia de prensa, el funcionario federal precisó con detalle las actividades que realizó ese día en la zona del río San Juan y dijo que el 28 de octubre de 2014 se dirigió a Cocula para verificar lo declarado por el implicado Agustín García Reyes, quien dijo que los normalistas habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río. “Como he acreditado, las acciones de investigación realizadas el 28 de octubre de 2014 se realizaron con plena transparencia y ante periodistas que pudieron hacer su labor”, dijo Zerón de Lucio. Sus declaraciones se dan luego de que el pasado domingo el GIEI cuestionó, en su informe final, la alteración de las escenas del crimen en la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, como es la visita, que de acuerdo con el grupo de expertos, realizó a escondidas Tomás Zerón de Lucio en la zona aledaña del Río San Juan un día antes de que se hallarán los únicos restos humanos, evidencia que dio pauta para la identificación del normalista Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. El director de la AIC dijo hoy que lo que se registra en el video exhibido por el GIEI “es una de las múltiples visitas que [realizó] al estado de Guerrero para encabezar la investigación más profunda de un hecho delictivo”. Detalló que el implicado Agustín García rindió su declaración el 28 de octubre de 2014 a las 3:00 am, y refirió conocer el sitio donde se había cometido el crimen. “Fue por ello que nos dirigimos a Cocula”, para descartar o confirmar la información proporcionada por el detenido, reiteró Zerón. “Lo que se ve en el video presentado por el GIEI es a Agustín García Reyes conduciéndonos al lugar donde el detenido aseguró quemaron a los normalistas”, dijo. Precisó que durante su recorrido por la orilla del río San Juan realizó una llamada telefónica para solicitar que se resguardara la zona para que posteriormente entraran el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El funcionario federal aseguró que en la grabación difundida por el GIEI hay varios errores, entre otros, destacó que el video registra una hora equivocada. “Indica que mi recorrido por el río fue a las 17:40 horas”, sin embargo señaló que él y sus acompañantes arribaron a la Ciudad de México después de las 17:00 horas de ese día.
Por otra parte, Zerón reconoció que existe un error en la fecha de una fotografía sobre las evidencias halladas en el río Cocula. Dijo que una perito registró la imagen de una bolsa con restos el 28 de octubre de 2014 y su informe forense estableció que la prueba fue encontrada el día 29 del mismo mes. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos dijo esta noche a SinEmbargo que no creen en Tomás Zerón ni en su versión sobre la visita al río San Juan. El vocero dijo que incluso sus evidencias pueden ser un montaje, pues creen completamente en lo que encontraron los expertos del GIEI.
“No les creemos porque desde el inicio han mentido. No dudamos que sean montajes, que hayan acomodado ya las imágenes, hemos exigido que se llegue a fondo y que nos diga si era legal su visita, porqué no está en el expediente, porqué no la anotó”, dijo.
De la Cruz agregó que la intención del Gobierno de México al sacar del país a los expertos del GIEI es continuar insistiendo en la “verdad histórica”. A Zerón de Lucio le pidió que “deje el caso Ayotzinapa a otra persona más honesta, a un funcionario realmente honesto” y a la Procuradora General de la República Arely Gómez a “actuar y llegar a fondo”. “Es muy claro lo que pretende el Gobierno de México, no sólo Zerón, todo el gabinete con la insistencia en la verdad histórica. Pero es importante la herramienta que nos dejaron los expertos y vamos a seguir exigiendo, sabemos que ahora será más complicado llegar a la verdad”, indicó. El pasado lunes los padres de los 43 acusaron que el documento despejó las dudas de que pruebas fueron sembradas, por ello exigieron el cese de Tomás Zerón como titular de la AIC por manipular las pruebas de lo sucedido la noche del 26 y 27 de septiembre del 2015. “Qué estaba haciendo un día antes en Cocula. Sembrando las pruebas. Qué estaba haciendo en ese día. Por eso queremos que se cese a Tomás Zerón. Estaban sembrando las pruebas”, acusó César González Contreras, uno de los padres, durante una conferencia de prensa el lunes. Zerón de Lucio es considerado como el principal defensor de la “verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam. En febrero pasado fue señalado por el GIE por deformar y falsear declaraciones de inculpados y filtrarlas a los medios masivos con propósitos diversionistas, y fragmentar, bloquear y ocultar averiguaciones previas relacionadas con el caso. Además, de acuerdo con los expertos, Zerón de Lucio trató de posicionar en la opinión pública una quinta versión sobre los hechos: que sólo 17 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, dada la falta de solidez de la “verdad histórica”. Sin embargo, el 7 de septiembre de 2015, un día después de la presentación de un informe del GIEI, el propio Tomás Zerón dijo que las conclusiones de ese grupo no daría pie a una nueva investigación, y que seguirían trabajando sobre la versión del ex Procurador Murillo que sostiene que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. “Para nosotros es una verdad, que seguimos trabajando, que seguimos alimentando”, planteó.
“Lo tenemos sustentado y los peritajes realizados por los expertos de la Procuraduría General de la República y que obran en los expedientes son contundentes y no dejan lugar a dudas de que en el basurero de Cocula fueron quemadas un gran número de personas la noche del 26 y 27 de septiembre”, expuso. LA SOPECHOSA VISITA DE ZERÓN El GIEI destacó en su informe que Zerón de Lucio, junto a un agente vestido de civil y con Agustín García Reyes, “El Chereje”, uno de los inculpados en el caso, visitó, sin que esto haya sido consignado el expediente, la zona del Río de San Juan un día antes de que ahí fuera hallada una bolsa con restos humanos, evidencia que dio pauta para la identificación del normalista Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos. La llamada “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam está basada en la idea de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula. Por eso, para el Gobierno de México ha sido muy importante confirmar que hubo un gran incendio allí y que allí se quemaron, hasta su casi desaparición, los estudiantes.
“El análisis de las imágenes muestra que mientras los equipos periciales de PGR y el EAAF, así como la mayor parte de los periodistas que lograron acceder al lugar, se encontraban realizando los trabajos en el basurero de Cocula, uno de los inculpados, ya en la proximidad de las casas del pueblo, donde se señala que fue encontrada la bolsa con restos óseos que habrían sido sacadas del basurero de Cocula, fue llevado a la zona donde al día siguiente sería descubierta una de dichas bolsas. Estuvo acompañado por un escolta o custodio vestido de civil y por Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, en un lugar sin mayor presencia de seguridad que se habría retirado en ese momento”.
El documento explica que de esta pesquisa no existe registro en el expediente 001/2015 relativo al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Menciona que se supo de la presencia del titular de la AIC y “El Chereje” gracias a las grabaciones proporcionadas por periodistas gráficos al Grupo de Expertos. Refiere que tras haber estado en el lugar, el funcionario federal y el implicado en el caso se retiraron y poco después una patrulla bloqueó el acceso al camino. Todo ello queda consignado en la grabación difundida ayer por el GIEI. En el video se aprecia que tras el bloqueo al camino, uno de los forenses de servicios periciales encontró evidencia en el cauce del río. El perito recogió lo que parecían ser huesos o pedazos de hueso, sin que se pudiera identificar si correspondían a un humano o a un animal. Poco después, las imágenes muestran al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) bajar del basurero de Cocula en dirección a la zona aledaña del Río San Juan encontrándose con el bloqueo. Los forenses explicaron su retirada del basurero para poder bajar con luz dada la inseguridad de la zona. Mientras, el forense que se encontraba en una zona cercana es captado cuando baja de nuevo al cauce del río al parecer buscando nuevos elementos. El video captado por periodistas muestra cómo la responsable del EAAF, Mercedes Doretti, discute con un agente de la PGR que minutos antes estaba en el escenario del cauce del río. Según lo dicho por el EAFF el reclamo se originó porque los funcionarios de la PGR se quejaron que el Equipo Argentino “trabaja poco y han bajado temprano del basurero”. Posteriormente las imágenes captadas muestran al forense que estaba en el río subir de donde se estaba, encontrándose en el lugar una mujer vestida también con mono blanco de servicios periciales, junto con otros colaboradores. Ambas personas salen del lugar observando el suelo en un área aledaña al cauce. “De ninguna de estas diligencias existe registro en el expediente 001/2015 relativo al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Si bien la historia oficial sobre el lugar señaló que el descubrimiento se hizo el día 29 y que los inculpados fueron llevados posteriormente para reconstruir la secuencia de hechos, la evidencia muestra que el día anterior se llevó a cabo una preparación de dicho escenario sin que existiera ningún registro de estos hechos”, plantea el informe del GIEI.
“La evidencia muestra que uno de los inculpados (el Chereje) fue llevado a dicho lugar el día 28 de octubre de 2014, donde estuvo en el lugar en que al día siguiente sería descubierta la bolsa. También aparecen imágenes del trabajo de servicios periciales que recogen muestras del mismo lugar. De ninguna de estas diligencias existe registro en el expediente 001/2015 relativo al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Si bien la historia oficial sobre el lugar señaló que el descubrimiento se hizo el día 29 y que los inculpados fueron llevados posteriormente para reconstruir la secuencia de hechos, la evidencia muestra que el día anterior se llevó a cabo una preparación de dicho escenario sin que existiera ningún registro de estos hechos…” FUENTE: SINEMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL. LINK: http://www.sinembargo.mx/27-04-2016/1653951
Hace mucho que lloro sin lágrimas, me habita un llanto silencioso. Las causas son múltiples: la frecuencia de los actos violentos, las revelaciones de impunidad con las que se blinda a criminales, las sonrisas cínicas de autoridades en conferencias de prensa, la complicidad de muchos medios de comunicación, los mercenarios que desperdician una columna blasfemando contra inocentes, los funcionarios que, conociendo la inmundicia de las instituciones, permanecen en su puesto. Desde el domingo pasado que salí del Claustro de Sor Juana, tras escuchar el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de Ayotzinapa, tengo la voz atrapada en un nudo de garganta, la impotencia desarticulando mis pasos lentos, la desolación nublando la visibilidad de una salida. Si la Procuraduría General de la República destinara a la búsqueda de la verdad las energías, los recursos y el capital humano que desperdicia para obstaculizar investigaciones, la impunidad sería una excepción y quienes procuran la justicia estarían claramente diferenciados de quienes perpetúan los crímenes. Entre los cientos de asistentes que estuvimos en el recinto del Claustro, no hubo un solo funcionario del Gobierno federal, ningún interesado de la PGR dispuesto a escuchar de frente el inmenso listado de atrocidades con las que han fabricado verdades a medias sobre el destino de los normalistas de Iguala. Buena parte de las pruebas que presentó el GIEI son determinantes no sólo para mostrar negligencias, sino para evidenciar el interés de las autoridades por distorsionar las pruebas de la investigación: LA MENTIRA SOSTENIDA DE LA PGR Basta ver los diez y siete árboles enraizados sin marcas de combustión en el terreno del basurero de Cocula; analizar los reportes satelitales (fotos del Equipo Argentino de Antropología Forense y de la UNAM) que confirman que en esas fechas no sucedió ningún incendio de tal magnitud; además de observar las balas apiladas por decenas debajo de las piedras (tienen una exposición diferenciada al clima y al calor, algunas sin daño por radiación). El testigo confeso ha presentado muestras de tortura en los diferentes exámenes médicos que se le han realizado tras su detención, al igual que los otros diez y seis inculpados considerados integrantes de Guerreros Unidos. LO QUE LA PGR DECIDIÓ IGNORAR Como el GIEI lo fue relatando a la audiencia, la PGR no ha realizado mayores avances en otras líneas claves de la investigación: La salida de policías del municipio de Huitzuco y el retén que montaron con apoyo de la Policía Federal, mismo que fue declarado sin ningún motivo. Otra línea de investigación abandonada por la PGR es la tan anunciada negativa para realizar entrevistas a los militares del 27 batallón. ¿Qué esconde este batallón? ¿Quién y por qué los protege desde la PGR? ¿Por qué no hubo ningún movimiento del personal militar para proteger a los estudiantes cuando conocieron lo que estaba sucediendo? Otra de las omisiones inexplicables es la falta de investigaciones realizadas sobre la existencia del quinto autobús, que podría haber contenido una carga de la heroína de la que se produce en la zona, con esto se “podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los autobuses, al cerco en la carretera que se muestra en este estudio y a la agresión creciente contra ellos, con la desaparición forzada de los normalistas y el ataque masivo contra el autobús de los Avispones”, como lo redacta en su informe el GIEI. Obviaron también la investigación de los celulares, a pesar de que como el GIEI probó, algunos celulares de los normalistas permanecieron encendidos en horas en las que la PGR asegura que ya habían sido destruidos. Tras la detención del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, no hay una sola investigación a sus subordinados o a mandos superiores que pudieron participar en los crímenes. LO QUE LA PGR DECIDIÓ OCULTAR A pesar de que el expediente sólo incorpora una visita al Río San Juan en dónde el 29 de octubre del 2014 fue supuestamente encontrado el cuerpo de Alexander Mora, el GIEI mostró un video de una visita realizada por la PGR un día antes al mismo sitio, acompañados del detenido Agustín Reyes y liderados por Tomás Zerón, Director de la Agencia de Investigación Criminal. Es extraño que si realizaron una visita el día anterior no hayan encontrado el cuerpo hasta el día siguiente y que además hayan decidido no incorporar un reporte de esta primera visita al expediente. Con cada revelación crece la impotencia. El llanto contenido se transformó en el aplauso de cientos de asistentes que presenciamos el informe y nos pusimos de pie en reconocimiento al trabajo y tenacidad el GIEI. La carrera de obstáculos que el Gobierno federal ha habilitado para ocultar la verdad, es una muestra del lamentable estado de acceso a la justicia que nos ofrecen. Los padres de las víctimas no tendrán demasiadas alternativas ahora que el gobierno ha negado a GIEI continuar con su labor.
"La primera víctima del caso Ayotzinapa es la verdad", sentenció Alejandro Valencia.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes asistió este miércoles a la Normal Rural Rául Isidro Burgos, para presentar a los padres de los 43 su segundo y último informe del caso, tras poco más de un año en el país. Francisco Cox señaló que “el Estado debe preguntarse por qué un grupo pequeño como el GIEI pudo avanzar más que toda una corporación como la PGR”. “No nos olvidaremos de ustedes y tampoco de este caso y diremos todo lo que hemos visto”, prometió a los familiares. En tanto, Carlos Beristain indicó que en el informe se tratan de documentar “todas las cosas que quedan y esas cosas que quedan deben resolverse y deben afrontarse”. Sostuvo que con base en pruebas e investigación científica, las autoridades mexicanas deben “dar cuenta de los hechos, qué pasó con los desaparecidos, y qué pasó con las personas que fueron asesinadas y los heridos, esa documentación que puede contribuir a enfrentar todo ese impacto de la desaparición forzada, esa herida permanente que ustedes viven desde ese entonces”. Recordó que “hace 18 años estaba presentando un libro que se llamó Guatemala nunca más, también podría llamarse este Ayotzinapa nunca más, porque la voluntad del grupo y el trabajo del grupo ha sido para que estos hechos no vuelvan a suceder jamás”. Beristain llamó a “demostrar con pruebas, con análisis, con contraste de información, con testimonios, qué es lo que sí pasó y lo que no pasó”, así como lo que falta por descubrir. “Hemos dicho desde un principio que no hay una verdad sin las víctimas. La verdad no es una recolección de hechos simplemente de lo sucedido, no es una colección de declaraciones de perpetradores y acusados, sino que la verdad tiene que estar fundamentada también en la experiencia de las víctimas”, expuso. “No se va a poder hacer nada en la conclusión de este caso ni en otros casos de personas desaparecidas en México si no se aborda, se afronta y se escucha a los familiares, eso es un elemento central”, añadió. Por último, abordó la serie de “ataques” que, en lo personal, recibió el GIEI este año, lo cual consideró que buscaba “frenar la lucha por la verdad”. Su último informe, refirió, “no es para quedarse en una biblioteca, es para leerse, para subrayarse, para tener ideas de qué cosas hay que hacer”. “Hemos construido la verdad hasta donde hemos podido”, reconoció. Lo que apuntan, “es una verdad para transformar, para hacer cosas, para no quedarse quieta”. Por su parte, Ángela Buitrago llamó a los padres de Ayotzinapa a “enseñar que las cosas se hacen de otra manera”, en referencia a la actuación de las autoridades de procuración de justicia del país. “Nosotros no vinimos a destruir, vinimos a construir, hemos construido con ustedes esperanza, fe… consérvenla, tarde que temprano la verdad llega… creo que sus hijos que estuvieron estudiando aquí eran el futuro de México también”, señaló. “El futuro no se puede construir con desconfianza. Estamos en una sociedad violenta. Colombia también es violenta y yo no quiero perder la esperanza. Me han enseñado mucho. Me los llevo a todos en el corazón”, dijo entre lágrimas. A su vez, Alejandro Valencia consideró que “la primera víctima del caso Ayotzinapa es la verdad”. “Nuestra razón de ser han sido ustedes y los normalistas”, le dijo a los padres.
El partido exigió "se castigue a los asaltantes cibernéticos que violentaron nuestros protocolos de seguridad".
Movimiento Ciudadano admitió que subió una lista nominal de electores en México a un servidor propiedad de Amazon Web Services, el cual, según el partido, fue víctima de un “asalto cibernético”. En un amplio comunicado emitido este miércoles, expuso que “la Comisión Operativa Nacional (del partido) aprobó de manera unánime la decisión de realizar la salvaguarda de seguridad del padrón electoral en servidores propiedad de Amazon Web Services”. Detalló que “la empresa Indatcom S.A de C.V. realizó los trámites necesarios para la contratación de los servicios de Amazon Web Services, para salvaguardar la información, y entregó contraseñas y el uso exclusivo del servidor a la Dirección del Centro de Documentación e Información de Movimiento Ciudadano”. “El viernes 22 de abril fuimos informados, a través de nuestro proveedor de servicios tecnológicos, que la empresa Amazon Web Services notificó que el servidor contratado había sufrido un asalto cibernético, que la información salvaguardada estaba comprometida por un ataque externo y, como parte de su protocolo de seguridad, solicitó removerla”, refirió. El partido dio la instrucción “de que el contenido fuera removido de manera definitiva”, luego de que fue expuesta. “Para hacer pública la información que estaba salvaguardada en los servidores de Amazon Web Services fue necesario violar las medidas de seguridad a través de métodos altamente especializados, característicos de hackers profesionales”, aseguró el partido. “Una vez expuesto lo anterior, queda de manifiesto que la información salvaguardada nunca estuvo a la venta, no se comercializó ni se le dio mal uso; tampoco fue pública para usuarios en general, sino que fue necesario la intervención de hackers especializados en romper protocolos de seguridad para poder obtenerla”, agregó. Movimiento Ciudadano indicó que presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable. Sin embargo, de acuerdo con el empleado de la empresa de seguridad informática MacKeeper, quien dice que descubrió la Lista Nominal en la nube de Amazon, aseguró que se trataba de “una base de datos accesible públicamente”. A través de su blog, Chris Vickery expuso previamente que encontró “93.4 millones de registros de votantes” mexicanos. “(El 14 de abril), descubrí una base de datos accesible públicamente, alojada en un servidor de Amazon Cloud, que contenía estos registros. No se necesitaba ninguna contraseña ni autenticación de ningún tipo. Estaba configurada puramente para acceso público. ¿Por qué? No lo sé”, mencionó. Al respecto, un técnico consultado sobre el asunto comentó: “Amazon no te dice dame tu archivo y yo lo cuido, sino que ofrece servicios de hospedaje”.
CIUDAD DE MÉXICO: Samantha Power, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), urgió hoy al gobierno mexicano a seguir “seriamente todas las recomendaciones” que contiene el informe sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, presentado el domingo 24 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En un comunicado emitido esta tarde, Power insistió en la necesidad de “colaborar plenamente” con los mecanismos de seguimiento que instalará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y realizar una investigación “exhaustiva e imparcial” porque “las víctimas lo merecen”. “Más allá del caso de los 43 estudiantes, el informe resalta la importancia crítica de los esfuerzos en México para reforzar la rendición de cuentas y el estado de derecho”, apuntó. Ante la negativa del gobierno mexicano de renovar su mandato, los cinco integrantes del GIEI saldrán del país el próximo sábado. No obstante, a 19 meses de la tragedia en Iguala, Guerrero, aún se desconoce el paradero de los normalistas.
CIUDAD DE MÉXICO: A una semana de la explosión en el complejo petroquímico Pajaritos, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, que opera Mexichem y cobró la vida de 32 trabajadores, la empresa de Antonio del Valle anunció que el cobro de la póliza de seguros “pudieran tomarse varios meses”. Al dar a conocer ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) su reporte financiero correspondiente al primer trimestre del año, la compañía informó que mantiene seguros contratados para sus plantas, incluyendo las alianzas en donde tiene un interés mayoritario, contra daños a la propiedad y responsabilidad civil causados por accidentes u otros hechos similares y daños consecuenciales resultantes, incluyendo la interrupción del negocio. Según el reporte, Mexichem regularmente lleva a cabo a fondo análisis integrales de riesgos y actualiza los valores de sus activos para determinar una cobertura adecuada. Sin embargo, “debido a la extensión del daño y de la fase de la investigación actual, las cantidades a recuperarse bajo nuestras pólizas de seguro y el cobro de dichas cantidades, en su caso, pudieran tomarse varios meses”. La Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), donde ocurrió la explosión, contribuyó con 2% de las ventas totales de Mexichem y 5% del Beneficio Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones (EBITDA) total. PMV suministró 177 mil toneladas de Monómero de Cloruro de Vinilo (VCM), a los negocios de PVC como parte de las necesidades totales para la capacidad de producción total de mil 815 millones de toneladas, lo cual representa aproximadamente el 10% del suministro anual total de VCM. Después de la tragedia ocurrida en Veracruz, PMV declaró una condición de fuerza mayor en la proveeduría de Monómero de Cloruro de Vinilo, ácido muriático, etileno, dicloroetano y ácido clorhídrico anhidro, al tiempo que, como consecuencia del accidente, Mexichem Resinas Vinílicas y Mexichem Resinas Colombia informaron que en breve presentarán un plan base de racionalización de PVC con base a sus balances de materia prima de VCM para el mes de Mayo y los meses subsecuentes de 2016. Caen ventas de Mexichem, gana en EBITDA Según la empresa de donde proviene la mayor parte de la riqueza de Antonio del Valle, las ventas en los primeros tres meses del año alcanzaron los mil 262 millones de dólares, lo que representa una disminución del 12% respecto al año pasado o 180 millones menos. Lo anterior como resultado de la apreciación del dólar frente al resto de las monedas que contrajo las ventas de Mexichem en 123 millones y por la disminución en los precios de venta de resinas de PVC y la débil demanda de la fluorita de grado metalúrgico y ácido, así como en algunos países en América Latina. Según el reporte trimestral, la mayor presencia de Mexichem en Estados Unidos ha incrementado significativamente la participación de las ventas totales de la compañía, llegando a 16% en el periodo que se reporta. Además las operaciones de Brasil representaron 5% de las ventas totales (4% EBITDA total), mientras que Reino Unido y Alemania representaron 9% y 13%, de las ventas de Mexichem, respectivamente. Por su parte, el EBITDA durante el enero y marzo fue de 200 millones de dólares, es decir, 1% mayor comparado con mismo periodo del 2015. El margen EBITDA se expandió “A pesar de las condiciones difíciles en la industria, logramos un crecimiento en EBITDA tanto en lo reportado como en una base comparativa constante (ajustada por el efecto de conversión cambiaria gracias al diversificado modelo de negocio y a las coberturas naturales que este ofrece), así como un incremento en el enfoque hacia retornos a través de las economías de escala y otras eficiencias” señaló la compañía líder en sistemas de tuberías plásticas y petroquímica. Agregó que el negocio de Vinyl en ventas reflejaron prevalecientes precios bajos, mismos que han caído en promedio más del 10% comparado con el periodo del año pasado. Mexichem cuenta con un amplio portafolio de productos utilizados en sectores de mercado con crecimiento como construcción, vivienda, telecomunicaciones, agua potable y sistemas de drenaje en México, Estados Unidos, Europa, Asia, África (Sudáfrica), Medio Oriente (Omán) y Latinoamérica.
CIUDAD DE MÉXICO: El Instituto Nacional Electoral (INE) redujo de 329 millones de pesos a 215 millones de pesos, la multa que le había impuesto al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la compra ilegal de tiempos de radio y televisión para promover las labores de sus legisladores en tiempos electorales. Esta decisión fue avalada por nueve de los 11 consejeros electorales, acatando así la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quién ordenó al INE readecuar la multa que había impuesto basándose en la presunción de dolo por parte del Verde. El representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez cuestionó que la sanción se reduzca a 215 millones de pesos, cuando la suma del gasto real en la compra de esos spots asciende a 2 mil millones de pesos.
La consejera, Pamela San Martín también recordó que existen diferencias en cuanto a los costos reales del pago de los spots de senadores y diputados del PVEM. “Me parece que esta autoridad fiscalizadora, debiera partir de una base real del costo de la difusión realizada, ya que ésa es la base para determinar el beneficio y, en su momento, imponer la sanción aplicable. Esto se ve alterado al considerar precios más bajos que los que se pueden obtener en el mercado por cualquier otro sujeto interesado en comprar tiempos de televisión, cuestión que se acreditó por parte de esta autoridad”, indicó. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que la sanción corresponde a una acción desvirtuada de los legisladores que de repente, tras las restricciones a la compra de spots a los partidos políticos, rindieron sus informes de labores en medios electrónicos.
Por su parte, el consejero Ciro Murayama señaló: “Coincido, como lo ha señalado aquí la Consejera San Martín, de que el dolo no es lo que determina eventualmente una irregularidad, sino que es una característica que puede estar o no presente en la comisión de una irregularidad y, por lo tanto, creo que es de distinguir un acto que tenía como propósito, digamos, el ocultamiento de información y de aportaciones, como algo que puede ser caracterizable o no, como de dolo”, señaló. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSALÍA VERGARA. LINK: http://www.proceso.com.mx/438779/ine-reduce-al-pvem-multa-329-a-215-mdp
