jueves, 28 de abril de 2016

Peña Nieto presenta iniciativas sobre justicia cotidiana

Estas iniciativas son el resultado de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que identificaron los principales problemas y retos de justicia en el país, expuso.

Al presentar ocho iniciativas de reforma constitucional en materia de Justicia Cotidiana, así como tres modificaciones legales y un decreto, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que con estas propuestas se impulsa “una transformación estructural de la justicia en los ámbitos más cercanos, de todos los días de las personas”.

Estas iniciativas son el resultado de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que identificaron los principales problemas y retos de justicia en el país, expuso.

Ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial, tanto federales como locales, gobernadores e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, el mandatario destacó que casi 90 por ciento de las controversias que se presentan ante los poderes judiciales son distintos del ámbito penal.

Se refieren a litigios que “están en nuestra vida diaria”, que resuelven problemas del ámbito familiar, mercantil, civil, que “es la que reclaman los trabajadores, los vecinos, las madres y padres de familia.

Asimismo, sobre situaciones que se viven en las escuelas “y la que más frustración nos produce cuando se queda sin resolver. Es la justicia que más le importa a la gente”, dijo el Ejecutivo federal en el Patio Central de Palacio Nacional.

Peña Nieto también firmó una iniciativa para homologar el funcionamiento de los registros civiles, a fin de que se pueda obtener un acta de nacimiento o de matrimonio, vía internet, entre otros beneficios.


Ésta se complementa con la propuesta de una nueva Ley General de Registros Públicos y Catastros que brinde certeza sobre la propiedad de la vivienda y tierras.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2804/mexico/pena-nieto-presenta-iniciativas-sobre-justicia-cotidiana/

Tomás Zerón llevó a detenido torturado y “tergiversó” la realidad: GIEI

"Ningún forense puede entrar a una escena del crimen, manipular la evidencia", precisaron.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes respondió al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien el miércoles dijo que su visita al río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre 2014 -que no consta en el expediente-, fue “legal y transparente“.


Carlos Beristain indicó que el detenido Agustín García Reyes fue llevado al lugar, con signos de tortura.

El inculpado tenía “numerosas lesiones físicas cuando fue llevado a dicho lugar… (tenía) 30 lesiones que no tenía tras su detención“, refirió.

García Reyes había rendido su declaración la madrugada del 28 de octubre según el expediente de la PGR, es decir, el mismo día que fue llevado a las inmediaciones del río en Cocula.

Además, el experto señaló que, en su video presentado el miércoles, Zerón “manipuló” la presencia de dos enviados de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, quienes nunca estuvieron en el río San Juan, sino que fueron invitados a recorrer el basurero de Cocula

“En ningún momento (los dos enviados) vieron a García Reyes (el detenido) en el lugar”, apuntó.

“Las afirmaciones del señor Zeron constituyen una tergiversación de la realidad”, sostuvo Beristain. 

“El GIEI considera graves las declaraciones de Zerón”, agregó y llamó a hacer una investigación imparcial de los hechos, además de que “la Agencia de Investigación Criminal debe estar fuera de cualquier procedimiento de investigación para asegurar la imparcialidad de la misma”. En el mismo sentido, pidió que “se tome declaraciones a todos los funcionarios”.

El comportamiento de Zerón, señaló Beristain, es en “contradicción con los estándares mínimos de investigación y por el contrario agravan el problema”.

“El problema es la falta de documentación, el no seguimiento de protocolos en la recolección de evidencias”, recalcó.

Al respecto, Francisco Cox aseguró que comportamiento de la Agencia de Investigación Criminal deja dudas.

Es “inaceptable” que un perito desestime pruebas in situ, sin dejar ningún registro, agregó.

Por su parte, Claudia Paz indicó que la presencia de la oficina del Alto Comisionado de la ONU ocurrió “cuando ya se había realizado lo que nosotros vimos en el video”.

“Ellos fueron invitados junto con la prensa al basurero de Cocula, nunca estuvieron presentes en el río San Juan”, precisó. Pero Zerón “está sugiriendo que ellos estuvieron presentes en el río San Juan”, cuando “no estuvieron presentes, acudieron por invitación de PGR, se dirigieron hacia el basurero de Cocula”.

Sin embargo, “ni la presencia de ellos en el sitio podría legalizar la visita” de Zerón, aclaró, la cual “se aparta de los estándares mínimos internacionales”, dijo la experta.

“Ningún forense puede entrar a una escena del crimen, manipular la evidencia, ninguno de nosotros podría ir a una escena del crimen, pasearse sobre la escena del crimen, escoger la evidencia, y volver un día después”, finalizó.

A su vez, Ángela Buitrago añadió que “la toma en donde aparecen los miembros que ha mencionado él como parte del organismo internacional se encuentran donde está el helicóptero y ese sitio es Cocula, no es el río San Juan”. 

Insistió en que la presencia de Zerón en el río San Juan “no tiene ninguna acta circunstanciada sobre el día 28 de septiembre de 2014”.

“Si ese material (el video que presentó Zerón) pertenece a alguna investigación no tiene que estar en manos de una agencia de policía”, indicó.

Recordó que “jurídicamente una diligencia… donde hay una escena del crimen, o posible recolección de evidencia, debe quedar consignada desde el minuto cero”. 

“Una escena del crimen que fue procesada, como lo vieron ustedes en el video que presenta Zerón, el 28 de octubre 2014, tendría que haber quedado registrada, más si es la arroja resultados (al día siguientes)”, sentenció.

Además, “un traslado de inculpado como se trata del señor García Reyes, quien había rendido declaración la madrugada del día en que lo trasladan, debía haber sido realizada con un protocolo… todo debe quedar documentado”.


Postura íntegra del GIEI sobre Zerón:

Postura del GIEI by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2804/mexico/tomas-zeron-llevo-a-detenido-torturado-y-tergiverso-la-realidad-giei/

Ordena juez a Videgaray responder sobre caso OHL: Infraiber

CIUDAD DE MÉXICO: Este jueves la empresa Infraiber informó sobre la orden del juez quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México para que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, responda a sus solicitudes en el caso OHL.


El representante de Infraiber, Paulo Díez, destacó en un comunicado que “la resolución es muy importante, pues ahora Videgaray tendrá que pronunciarse formalmente sobre el tema. Si decide no denunciar, tendrá que decirlo formalmente y por escrito”.

También advierte que Videgaray “está obligado a responder, y debe hacerlo pronto. De modo que si el secretario desea seguir protegiendo los ilegítimos intereses de OHL, tendrá que asumir la responsabilidad ‘personal’ correspondiente”.

En un escrito presentado el 2 de febrero pasado, Paulo Díez solicitó al titular de Hacienda “las razones por las cuales la Secretaría no ha denunciado los actos referidos, respecto de los cuales se ha pronunciado ya la Comisión”.

Esos actos, abunda Díez, se refieren al registro de un falso ingreso y un falso activo en los estados financieros de OHL por decenas de miles de millones de pesos.

“¿Por qué no ha denunciado el Dr. Luis Videgaray a OHL y a Delolitte?

La respuesta reviste un evidente interés público que estamos seguros tomará en cuenta el secretario al redactar y firmar su respuesta.


Transparencia y legalidad es el reto. ¿Comparte este criterio el secretario de Hacienda?”, finaliza el comunicado de Infraiber.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438877/ordena-juez-a-videgaray-responder-caso-ohl-infraiber

Gobierno de Peña revisa una inyección de capital adicional por 136 mil mdp a Pemex

CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno de Enrique Peña Nieto revisa una inyección de capital adicional por hasta 136 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex).


Así lo informó este jueves la paraestatal, luego de que el pasado miércoles 13 el gobierno federal anunció una ayuda por 73 mil 500 millones de pesos para fortalecer su posición financiera ante la difícil situación que enfrenta en el contexto actual de los bajos precios del crudo.

Además, el gobierno de Peña informó de un cambio en el régimen fiscal de Pemex, con lo que el pago de derechos de la petrolera se reduciría en unos 50 mil millones de pesos, de acuerdo con información difundida por el diario El Financiero.

La petrolera reportó esta mañana una reducción en sus pérdidas de 38% anual en el primer trimestre del año, beneficiada por menores impuestos.


La empresa tuvo pérdidas por 62 mil 47 millones de pesos, frente a los 100 mil 546 millones de un año antes, de acuerdo con el reporte enviado al mercado local este jueves.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438853/gobierno-pena-revisa-una-inyeccion-capital-adicional-136-mil-mdp-a-pemex

La SEP provoca la pérdida de raíces en niños indígenas: CIESAS

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Programa de Educación Inicial (PEI) del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), vulnera tratados y convenios internacionales firmados por México que “velan y resguardan” derechos de los pueblos originarios, provocando la pérdida de raíces entre niños indígenas de cero a cinco años.

Así lo reveló un informe del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en el que difundió los resultados de la investigación titulada Análisis y propuestas para el fortalecimiento del Programa de Educación Inicial del Conafe.

“El estudio muestra que el PEI centra su función educativa en la preparación de las y los niños para su ingreso a la escuela desde una visión del desarrollo infantil eurocéntrica y subordina la participación de las familias a los objetivos de la escolarización”, destaca el texto.

De acuerdo con la investigación del CIESAS, a cargo de la doctora María Bertely Busquets, realizada a petición de UNICEF, el programa oficial es “limitado” y excluyente.

“El proceso de formación de los cuidadores de los menores indígenas excluye, entre otras cosas, los estilos de socialización y métodos de crianza del que son portadores.

“La participación de todos los integrantes de las unidades de parentesco, así como de las y los sabios y demás comuneros y comuneras en los procesos educativos destinados a la infancia indígena, no es sólo un derecho sino una obligación y condición indispensable para su formación integral”, escribe la especialista.

Ejemplifica: “Se encontró que desde el embarazo, y hasta que los menores cumplen cuatro años, el PEI hace dudar a las mamás acerca de los conocimientos y valores transmitidos generacionalmente. Ellas se preguntan a quién deben obedecer, al PEI o a la sabiduría y espiritualidad indígena”.

Para Bertely, el plan gubernamental provoca “efectos perversos” al imponer un concepto de autonomía infantil “definido como la capacidad que adquieren las y los infantes de resolver sus propias necesidades en solitario, mientras para las comunidades indígenas el ser autónomo se asocia con la capacidad progresiva de hacer, colaborar, asumir responsabilidades sociales e involucrarse de manera paulatina en las actividades familiares y comunitarias”.

Realizado en los estados de Chiapas, Coahuila, Hidalgo Oaxaca y Yucatán, el trabajo hace énfasis en diferenciar el concepto de “colaboración” al de trabajo infantil en las poblaciones indígenas.

“Para las comunidades indígenas, un menor de edad que no colabora con la familia es un niño que no se ha convertido en persona. Y aunque la Convención sobre los Derechos del Niño sanciona sus derechos culturales, algunos de estos entran en conflicto con las maneras en que son educadas las personas en las comunidades indígenas: se cuenta con legislaciones que regulan los derechos de pueblos indígenas, legislaciones a favor de la diversidad, pero faltan instrumentos jurídicos que establezcan, más allá de la Convención sobre los Derechos del Niño, los derechos específicos de la infancia indígena”.

El análisis concluye que para el diagnóstico, planeación, desarrollo y evaluación de su programa, la Conafe debería incluir conocimientos, valores y actividades educativas de las familias y comunidades indígenas.

“Este proyecto demostró que con una estrategia metodológica adecuada se podría involucrar más a las madres, abuelas y a los cuidadores de los niños, para que enriquezcan los programas, porque mientras avance la educación sin tomarlos en cuenta, el niño indígena se irá fragmentando y desarraigando cada vez más”, advierte el CIESAS.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTUA.

Que los periodistas empiecen a reclamar sus derechos: a 4 años del asesinato de Regina Martínez en Veracruz

“El propósito de la actividad de hoy es seguir exigiendo justicia. El asesinato de Regina, en 2012, fue el parteaguas que a los periodistas nos permitió levantar la voz, porque antes de ese crimen nadie exigía. Estábamos como espectadores de esa realidad, a partir de Regina hemos salido más a las calles”, explicó a Desinformémonos, Norma Trujillo, periodista integrante del Colectivo Voz Alterna, uno de los convocantes a la conmemoración de los 4 años del asesinato de la reportera veracruzana.

Regina Martínez fue la corresponsal de la Revista Proceso hasta que el 28 de Abril de 2012 fue asesinada en su casa, en dónde fue golpeada y ahorcada. El móvil que la procuraduría general del estado validó fue el de un robo o un crimen pasional.

Esta mañana, periodistas, familiares y compañeros de Regina, colocaron nuevamente una placa en la Plaza del centro histórico, frente a la catedral de Xalapa, que hace años lleva su nombre.

“Hoy se instituyó el premio Regina Martínez, que va dirigido a jóvenes que empiezan a hacer periodismo comprometido con la sociedad. Es un premio simbólico por lo que representaba Regina Martínez en Veracruz, que con su trabajo daba la oportunidad de expresarse a los más humildes, a campesinos, indígenas y también siguiendo casos de violaciones de derechos humanos”, relató Norma.

“Es un premio de periodistas a periodistas, que en este caso fue entregado a Miguel León Carmona, a él como periodista” por su compromiso ético y por seguir esta senda trazada por Regina.

El Colectivo Voz Alterna nació en el año 2012 y de a poco ha ido integrándose a lo que es hoy, uno de los medios independientes obligados del Estado y que puede leerse en facebook.

“El respaldo del Colectivo ha sido importante, pero lo que se necesita es hacer más periodismo. Nuestra exigencia es porque mejoren las condiciones de este gremio, que han sido muy precarias desde siempre. Es muy difícil que un periodista tenga prestaciones sociales, si acaso hay 4 medios en Veracruz que las ofrecen. A partir de ahí se crea un círculo vicioso entre el periodista, el empresario de los medios y el gobierno”

Bajos salarios, con un ritmo que exige entre 3 y 4 notas diarias, hace que para sobrevivir de una manera honesta, un reportero tenga que apelar necesariamente al multi-empleo, empobreciendo la tarea y la información que el resto consume.

“El empresario no aporta para hacer periodismo de investigación, mientras los reporteros atienden 2 o 3 trabajos, que en el diarismo, hace que tengan que entregar unas 8 notas mínimo por jornada. Eso genera una merma en la calidad de la presentación de la información, mientras el empresario cómodamente no paga lo que tiene que pagar y el gobierno transparenta sus apoyos por medio de la publicidad destinada a la difusión de su propia gestión. Ese es el círculo vicioso al que me referí.”

Relatan desde el Colectivo que el premio, más que para tener una presencia o un respaldo, busca empezar aunque sea de manera idealista, a tratar con (y reconocer) el trabajo de las nuevas generaciones. “Para que vayan haciéndose conscientes de sus derechos” y que empiecen también a exigirlos.

Además de la placa que remarcó ese bautismo popular del espacio público, en el piso de la Plaza Regina quedó estampado su nombre, así como el el de Ruben Espinosa, y Nadia Vera, fotoperiodista y activista cultural originarios de Xalapa, que fueron asesinados junto a otras 3 mujeres, en un departamento en la Colonia Narvarte, de la Ciudad de México, a dónde los dos se habían refugiado tras las constantes amenazas de que eran objeto en su ciudad natal.

Sobre la investigación del asesinato de Regina, puntualizaron que ha tenido serias inconsistencias y que muchos elementos y evidencias cosechados por la Fiscalía del Estado no han sido tomados en cuenta. Pero lo clave es que la investigación no ha seguido como motivo del crimen, su trabajo periodístico.

Es el mismo reclamo que se hace en relación a la investigación del homicidio de Ruben Espinosa y Nadia Vera, reclamo que es también levantado por familiares de estas víctimas y abogados vinculados al caso.

Fue muy emotivo, relata Norma, la actividad de esta mañana. Además de otros periodistas del estado, en la ceremonia estuvo también presente una organización civil llamada Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, muy cercana a Regina. Uno de sus integrantes compuso una canción para la reportera que entonó entre los presentes.


“Me gustaría destacar que la inseguridad que padecemos no se vive sólo en la capital o en el Puerto de Veracruz, hay compañeros de otras zonas que también son agredidos, por los que también se le pide al gobierno federal que ponga atención. No creemos que tengamos la prioridad, estamos exigiendo justicia como cualquier otro ciudadano de este país.”

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ELIANA GILET
LINK: http://desinformemonos.org.mx/93244-2/

Condenan 52 años a general del Ejército, por tortura

Ciudad de México. Un juez federal con sede en el estado de Chihuahua condenó este jueves a 52 años y seis meses de prisión al general de brigada, Manuel de Jesús Moreno Aviña, al comprobarse su responsabilidad en los delitos de tortura, homicidio y destrucción de cadáver en agravio de una persona.

La resolución condenatoria refiere que cuando el mando castrense estaba adscrito a la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua en 2008 y 2009, impuso un régimen de terror en la zona que incluyó múltiples ejecuciones, allanamientos, secuestros y tráfico de droga asegurada, indicaron fuentes del Poder Judicial Federal.


De su lado, el Consejo de la Judicatura Federal emitió una tarjeta informativa en la que precisó que además de los 52 años de cárcel, el juzgado décimo de distrito con sede en Chihuahua bajo la causa 49/2012, condenó a la Secretaría de la Defensa Nacional a brindar atención médica y psicológica a las víctimas (principalmente familiares de aquellas que fueron afectadas por las acciones del general Moreno, así como a “efectuar la declaración que restablezca la dignidad y reputación (de las víctimas) a través de medios electrónicos y escritos y ofrecer una disculpa pública”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/28/condenan-52-anos-a-general-del-ejercito-por-tortura

Socio de El Chapo se declara culpable en tribunal de Chicago

CIUDAD DE MÉXICO: Édgar Manuel Valencia Ortega, conocido socio de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de ayudar a trasladar más de 1.5 millones de dólares en efectivo provenientes del narcotráfico entre Estados Unidos y México.

De acuerdo con información difundida por el diario Chicago Tribune, Valencia Ortega presentó su declaración de culpabilidad el miércoles ante un tribunal federal en Chicago, en la que reconoció haber lavado dinero relacionado con la venta de cocaína en Chicago y Los Ángeles.

Los fiscales afirmaron que no se espera que afronte otras acusaciones relacionadas con la importación de drogas. El Zorro será sentenciado el próximo 3 de agosto y podría pasar hasta 20 años en prisión.

Valencia Ortega, de 28 años, fue detenido en Las Vegas en 2014 antes de ser trasladado a Chicago, donde han sido acusados otros supuestos subordinados de El Chapo.


El Chapo, líder del cártel de Sinaloa, fue capturado en enero después de haberse fugado nuevamente de una cárcel de alta seguridad en México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438828/socio-chapo-se-declara-culpable-en-tribunal-chicago

Regina Martínez: La herida sigue abierta

Desde hace más de mil 400 días, periodistas veracruzanos piden justicia por el asesinato impune de su compañera Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso. La lista de agravios en el sexenio del terror que encabeza el gobernador Javier Duarte ha afectado a otros 16 comunicadores; y aunque el miedo embarga al gremio, no cesa su reclamo. Lo que duele no es sólo la negligencia de las autoridades, sino también que muchos de los personajes del entorno del mandatario hayan sido premiados con ascensos.

XALAPA, VER: El tiempo se le agota al gobernador Javier Duarte de Ochoa –sólo le quedan siete meses de gestión– y los problemas se le multiplican. Inseguridad, extorsiones, levantones, desapariciones y asesinatos impunes, incluido el de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz.

Hoy jueves 28 se cumplen cuatro años de ese homicidio y las autoridades estatales han sido incapaces de atender el reclamo de justicia de familiares, amigos, lectores y reporteros de este semanario.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fuerza Civil y la Fiscalía General del Estado (FGE) desconocen el paradero de José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, quien presuntamente ahorcó a Regina con una jerga de baño y la golpeó en diversas partes del cuerpo con una manopla. Después le robó un celular, un reloj de pulsera y dinero en efectivo, según la investigación ministerial 019/2012/PC y el proceso penal 358/2012.

Proceso tuvo acceso una sola vez a las diligencias ministeriales, según lo determinó en mayo de 2012 el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado –antecesora de la FGE–, Felipe Amadeo Flores Espinosa, quien hoy es el líder estatal del PRI por recomendación de Héctor Yunes Landa, quien busca refrendar la gubernatura en los comicios del próximo 5 de junio.

Ya pasaron mil 400 días del homicidio de Regina y hasta ahora sólo ha sido recluido en el penal de Pacho Viejo Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, un enfermo de VIH que debe purgar una condena de 38 años y dos meses. Los custodios aseguran que “por órdenes de la dirección” El Silva se encuentra aislado.

La litigante Diana Coq Toscanini –ex­co­adyuvante de Proceso en el homicidio de Regina y actual defensora del Silva– critica la negligencia de las autoridades porque, dice, El Jarocho continua “paseándose” por la avenida Juan de la Luz Enríquez, en pleno centro histórico de Xalapa. Nadie lo detiene.

Según comentó el gobernador al reportero, El Jarocho “se ha escondido muy bien, pero lo vamos a encontrar”, mientras que el fiscal Luis Ángel Bravo respondió por escrito a un cuestionario que se le hizo llegar: la orden de aprehensión contra el otro coacusado ha sido boletinada a toda la República, incluso a la Policía Federal, y también está “alojada en Plataforma México”.

Y agregó: “Hay voluntad política y disposición jurídica. La FGE no conduce su actuar por lineamientos políticos o mediáticos. Nos ceñimos a un marco jurídico en el que agotamos todos los medios legales para su cumplimiento”.

Sin embargo, en el ámbito local, las inconsistencias no se han subsanado. La juez Beatriz Rivera, por ejemplo, nunca consideró las declaraciones de Jesús Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, un presunto operador de Los Zetas en Veracruz, pese a que aseguró (averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/133/2011) que en el homicidio de Regina estaban involucrados narcomenudistas de Xalapa (Proceso 1879).

Peor aún, según la toca 673-13 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, El Silva fue detenido seis meses después de los hechos y sentenciado en 2013, en flagrante violación al debido proceso, pues no hubo una orden de aprehensión en su contra, como lo indican los artículos 14 y 16 constitucionales.

Incertidumbre gremial

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, registra “medidas cautelares de protección” a 37 periodistas que ejercen su oficio en Veracruz, así como a 10 defensores de derechos humanos, entre activistas sociales y tuiteros.

Según los oficios UDDH/911/3089 y UDDH/911/3113/2015, sólo la Ciudad de México le gana a Veracruz con 47 comunicadores “beneficiarios” del mecanismo de protección. Sin embargo debe tomarse en cuenta que en la capital del país sólo han sido asesinados cuatro periodistas entre 2000 y octubre de 2015, contra los 17 ocurridos en Veracruz en el sexenio duartista, incluido el de Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista de Proceso y AVC Noticias, ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

Rubencillo, como le decían sus compañeros, salió de Veracruz el 11 de junio de 2015, dos días después de colocar la placa de Regina Martínez para rebautizar la Plaza Lerdo con el nombre de su colega. Había decidido autoexiliarse tras detectar que policías vestidos de civil y empleados del gobierno estatal lo perseguían.

“Me voy antes que me peguen una madriza y me dejen más loco de lo que ya estoy”, le dijo a sus allegados antes de despedirse. “Mi exilio es temporal. Mira carnal –dijo a este reportero–, hay que estar tranquilos. Después de lo que pasó con Regina, serían muy estúpidos si se metieran conmigo o contigo”.

El fotoperiodista se fue a la Ciudad de México. Cuarenta y siete días después fue ejecutado junto a la activista cultural Nadia Vera, la colombiana Mile Virginia Martín, la estilista Jesenia Quiroz y la empleada doméstica Alejandra Negrete.

El asesinato más reciente en el gremio veracruzano es el de Anabel Flores, de El Sol de Orizaba y de El Buen Tono, quien el 8 de febrero pasado fue sacada de su domicilio en Mariano Escobedo por un comando armado. Al día siguiente su cuerpo fue localizado en la carretera que va a Tehuacán, Puebla.

Alarmados por la incertidumbre, periodistas de Acayucan, Álamo Temapache, Boca del Río, Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Medellín de Bravo, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan y Xalapa han solicitado “medidas cautelares de protección” –desde el llamado botón de pánico hasta escoltas– al gobernador, la FGE, la SSP y otras instancias federales.

Inconsistencias e irregularidades

La investigación ministerial 019/2012/PC, el proceso penal 358/2012 y la toca 673-13 están plagados de inconsistencias y diligencias inverosímiles.

Según el expediente consultado sólo una vez por Proceso, la noche del 27 de abril de 2012 y la madrugada del día 28, el guardia de seguridad privada que vigilaba los alrededores de la calle Rodríguez Clara y la privada del mismo nombre, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, donde vivía Regina, se reportó enfermo.

La patrulla asignada a la vigilancia del sector que incluye esa colonia, así como las de Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, tampoco hizo su rondín en la calle Rodríguez Clara y privada del mismo nombre porque, según los uniformados responsables, el sector era muy extenso, por lo que decidieron hacer rondines aleatorios.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que durante el sexenio de Duarte fue transformada en la FGE, nunca incluyó la línea periodística crítica de Regina y decidió centrar las indagatorias en el entorno personal de la corresponsal de Proceso, una “persona altamente vulnerable” por ser mujer, entrada en años y vivir sola, según la investigación ministerial 019/2012/PC.

En su “disposición victimógena”, servicios periciales concluyó que Regina se encontraba en el “inicio de una relación”, porqué encontraron en su vivienda cosméticos y perfumes nuevos, así como insumos propios de una persona que “inicia una relación”.

En abril de 2013, un año después del asesinato de Regina, el reportero de Proceso Jorge Carrasco, parte coadyuvante en el caso, recibió informes acerca de que exfuncionarios y colaboradores de Duarte, de la SSP y de la propia PGJE se reunieron para instrumentar “acciones hostiles” contra él por sus reportajes sobre el asesinato de Regina.

En esa reunión presuntamente convinieron en “tener cuidado con las cámaras” de seguridad pública instaladas en la Ciudad de México, donde, dijeron, ya se encuentra “gente” del estado de Veracruz.

Los premiados

El jueves 28 se cumplen cuatro años de impunidad en torno al caso de Regina Martínez Pérez. Durante este periodo Proceso ha documentado las pifias de las autoridades estatales, así como los premios a varios personajes del entorno duartista.

Felipe Amadeo Flores Espinosa, el exprocurador que entrampó el expediente de los asesinatos de Regina, Goyo Jiménez y Víctor Manuel Báez Chino, entre otros, hoy está al frente de PRI estatal; su hijo Amadeo Flores Villalba fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aun cuando no ha hecho carrera judicial.

Beatriz Rivera Hernández, la juez que validó los desaseos en la detención del Silva y en las diligencias ministeriales, también fue ungida como magistrada del TSJ.

Marco Antonio Lezama Moo, el subprocurador de Justicia que llevó el caso al principio, despacha como magistrado en la Séptima Sala Penal desde hace dos años, pese a su negro historial. Él fue quien validó las irregularidades en el homicidio de Regina; también encaró un “juicio administrativo” de la propia PGJ por estar en la presunta nómina de Los Zetas.

Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango, declararon que Lezama Moo presuntamente recibía 80 mil pesos mensuales de la organización delincuencial a cambio de diligencias y favores cuando fungió como subprocurador en Córdoba.

Lezama Moo también se ganó el repudio de tuiteros, organizaciones y activistas sociales a raíz de una entrevista con reporteros de Xalapa en la que el funcionario aseguró que la mayoría de las desaparecidas eran gente que se “iba con el amante, otra novia o con el amiguito”.

El magistrado federal Agustín Romero Montalvo fue el encargado de desahogar la primera fase del amparo interpuesto por Alfonso Martínez Pérez, hermano de Regina, que recayó con la toca 673/13-SC en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito. A los tres meses de que ingresó el amparo, el gobierno de Duarte promovió a la esposa de Romero, María Dolores Silva Ovando, como Consejera del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado (PJE), a propuesta de Duarte.

El magistrado Edel Álvarez, exlíder estatal del PRI, fue quien “revocó” la sentencia contra El Silva, lo que le permitió al inculpado estar libre durante nueve meses, fue trasladado de la Séptima Sala Penal a la Tercera del Tribunal Superior de Justicia.

El presidente del PJE, Alberto Sosa Hernández, quien también dio curso legal a la investigación ministerial del expediente de Regina, se reeligió en diciembre de 2013.

Jorge Toss Capistrán, el juez federal que concedió “el amparo” en la segunda etapa del expediente, para que El Silva regresara a la cárcel, fue compensado, aunque de forma indirecta: uno de sus hermanos, Adolfo, es candidato del PRI a la diputación por Xalapa, mientras que otro, Leopoldo, pasó de ser un empleado en el PJE a juez de primera instancia.

Consuelo Lagunas, exdirectora de Investigaciones Ministeriales, fue removida dentro de la FGE; hoy es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata.

Otros reacomodos: Braulio Salazar Conde, excomandante de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) asignado al caso Regina, hoy es delegado regional de la Policía Ministerial en la zona sur; Marco Antonio Rodríguez, agente del Ministerio Público Especializado en Denuncias en Contra de Periodistas y/o Comunicadores, fue ascendido a juez interino de Procedimiento Penal Oral en Xalapa; Norberto Pérez, jefe de grupo de la antigua AVI, fue enviado como comandante de la Policía Ministerial en la zona sur, y Crosbi González Montiel pasó de director de Servicios Periciales del Estado a subprocurador regional de Justicia.

En los últimos cuatro años Regina Martínez Pérez ha recibido diversos homenajes dentro y fuera del país.

En Veracruz, sus amigos y colegas bautizaron en dos ocasiones la Plaza Lerdo con el nombre de la corresponsal de Proceso. Cada 28 de abril salen a las calles a exigir justicia al gobierno de Duarte por ella y los otros 16 periodistas veracruzanos.

En enero pasado, a instancias de los reporteros de la fuente legislativa, el Congreso local bautizó la Sala de Prensa de su recinto con el nombre de Regina. En esa ocasión recordaron que ella recorrió cientos de veces los pasillos del parlamento veracruzano para hacer sus reportajes y documentar sus denuncias, siempre puntuales.

Decenas de fotoperiodistas, reporteros, camarógrafos y directores de medios de comunicación que asistieron al homenaje aplaudieron a Ana Lilia Velázquez, reportera de Notiver y Plumas Libres, cuando leyó: “Es un pequeño y perenne homenaje a la reportera solidaria, profesional, firme, discreta, fuerte e independiente. Así fue ella”,

Asimismo se leyó el mensaje del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en el que reiteró: “Como lo hicimos en su momento, clamamos por una justicia que no llega. Reiteramos nuestro rechazo a las investigaciones y a los resultados que dicen haber obtenido las autoridades de Veracruz y una vez más, desde este recinto (el Congreso local), volvemos a decir: ¡No les creemos!

“El asesinato de Regina Martínez hirió a Proceso en lo más profundo y provocó un dolor que ha sido compartido por el gremio periodístico de Veracruz, del país entero y de muchas partes del mundo.


“De hecho, el crimen es un hito, un antes y un después, en la historia de las relaciones entre la prensa y el poder político en México, en particular en el depredado territorio veracruzano. Desde entonces, están y estarán marcadas por la amenaza latente, por la desconfianza, por la violencia y aun por la agresión. Pero el gremio que es fiel a los principios básicos del periodismo, aquel que tiene como razón de ser la búsqueda de la verdad, sigue adelante.”

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/438775/regina-martinez-la-herida-sigue-abierta

Recuerdan a Regina Martínez a cuatro años de su asesinato, aún impune

XALAPA, Ver: Con dos cubetas de yeso blanco y un rodillo de pintura activistas culturales, periodistas y amigos de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, escribieron su nombre en la plaza del centro histórico para recordar al gobierno del priista Javier Duarte que el asesinato de la reportera veracruzana continua impune.


Integrantes del grupo Decide –defensor de los derechos humanos y vejaciones a estudiantes—, del Colectivo Voz Alterna –que fundó el fotoperiodista asesinado, Rubén Espinosa—, así como amigos y colegas de Regina Martínez participaron en la recolocación, por tercera ocasión, de una placa de latón con el nombre de Plaza Regina para conmemorar el su cuarto aniversario luctuoso.

Además, sobre la plancha de concreto de la oficialmente llamada plaza Sebastián Lerdo de Tejada, activistas también escribieron: “Rubén Vive” y “Nadia Vive”, en alusión al multihomicidio de la Narvarte donde murieron asesinados el fotoperiodista de Proceso Rubén Espinosa y la activista cultural Nadia Vera, del que el próximo domingo se cumplen 9 meses y también continúa impune.

En el programa para conmemorar los 4 años del homicidio de Regina Martínez Pérez, el Colectivo Voz Alterna entregó el reconocimiento “Regina Martínez” al reportero de Blog Expediente, Miguel León Carmona, por su ética en el periodismo, por dar voz a las causas justas y documentar el dolor de las desapariciones forzadas.

Arantxa Arcos de AVC Noticias y Guadalupe López de El Heraldo de Xalapa leyeron una semblanza sobre la trayectoria de Regina Martínez quien siempre buscaba documentar las injusticias hacia los campesinos, los despojos de tierra, las negligencias en el sector salud y la corrupción que imperó en los sexenios de Patricio Chirinos, Miguel Alemán, Fidel Herrera y el primer año de gobierno de Javier Duarte.

Con la voz entrecortada Guadalupe López recordó que el día que mataron a Regina, en el Congreso Local los diputados del PRI –liderados en ese entonces por Eduardo Andrade, hoy magistrado—le regatearon a la periodista veracruzana otorgarle un minuto de silencio en su memoria.

López señaló que si no hubiera sido por legisladores de oposición, a Martínez Pérez ni siquiera le hubieran guardado luto en el recinto legislativo donde por más de una década se le vio reporteando en sus pasillos.

“Hoy creo que el mejor homenaje que se le puede hacer, es que se le haga justicia. El sexenio duartista afortunadamente está por concluir, a Javier Duarte lo juzgará la historia, el próximo sexenio esperamos que cesen las agresiones contra los comunicadores”, expresó López frente a unos 50 asistentes al homenaje a Regina.

Norma Trujillo del Colectivo Voz Alterna recriminó que hay elementos en el asesinato que no han sido explorados, como el trabajo editorial de la periodista, además de que hay “un prófugo” pese a que la Fiscalía General del Estado ya dio por resuelto el caso.

Han pasado mil 460 días sin que la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), Fuerza Civil, o la Fiscalía General del Estado (FGE) hayan podido dar con el paradero de José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, presunto autor intelectual del asesinato de Martínez Pérez.

Según la investigación ministerial 019/2012/PC y el proceso penal 358/2012, la periodista fue ahorcada con una jerga de baño y golpes en diversas partes del cuerpo con una manopla; le robaron un teléfono celular, un reloj de pulsera y dinero en efectivo.

A cuatro años y con dudas e inconsistencias en el proceso penal, sólo se encuentra en la cárcel Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, purgando una condena de 38 años y 2 meses de prisión.

Actualmente se encuentra enfermo de VIH y custodios que trabajan en el penal de Pacho Viejo, aseguran que por órdenes de la dirección está aislado y en inactividad física (Proceso 2060).


En redes sociales, con los hashtag #ContemosLaHistoria y #NoLesCreemos, la agencia AVC Noticias empezó a circular contenido multimedia en el que explica paso a paso porqué se cae la teoría ministerial de que a Regina Martínez la mataron sólo por robarle.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438846/recuerdan-a-regina-martinez-a-cuatro-anos-asesinato-aun-impune

Suavizan PRI y PVEM leyes anticorrupción

Ciudad de México. Los grupos parlamentarios del PRI y PVEM en el Senado de la República presentaron su proyecto de dictamen de legislación secundaria en materia anticorrupción, en el que disminuyen los alcances de la llamada ley 3 de 3.

La propuesta establece que en el caso de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos, podrá hacerse pública únicamente si los funcionarios lo deciden. Es decir, no será obligatorio como se plantea en el proyecto que elaboraron PAN y PRD conjuntamente con organizaciones sociales.

Igualmente, PRI y PVEM plantean que los cónyuges no estén obligados a presentar también sus tres declaraciones.


Los senadores de PAN y PRD analizan la propuesta, y de entrada consideran que lo que el PRI plantea es eliminar por completo la llamada ley 3 de 3, la iniciativa ciudadana que se integró a una de las leyes secundarias, la ley general de responsabilidades.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/28/suavizan-pri-y-pvem-leyes-anticorrupcion

MC guardó de forma “no segura” el padrón: Amazon

Ciudad de México. Sin aludir expresamente a un ataque de hackers a su base de datos, la empresa Amazon Web Services (AWS) dio a conocer que la copia de la Lista Nominal de Electores del partido Movimiento Ciudadano se realizó “de una manera no segura, en un espacio de almacenamiento de la nube AWS”.

La empresa solo fijó una postura oficial sin abundar mayormente argumentando que está imposibilitada de hacerlo puesto que hay una investigación en curso. No obstante apuntó:

“Todas las medidas de seguridad y redes de Amazon Web Services operaron –y continúan operando- como fueron diseñadas. Una vez que AWS fue notificado de que una base de datos con información sensible fue almacenada de una manera no segura en la nube de AWS y era accesible vía internet, seguimos nuestros protocolos de seguridad a fin de confirmar desde ese momento que la base de datos no fuese accesible”.

De acuerdo a la postura fijada por Movimiento Ciudadano, la víspera, como medida de seguridad para evitar “descuidos”, determinaron alojar la base de datos del padrón electoral que les proporcionó el Instituto Nacional Electoral en febrero de 2015, para su verificación, en el sitio de Amazon, a sugerencia de Indatalab S.A. de C.V., una empresa que les suministra servicios informáticos.


Sin embargo, según la versión de Movimiento Ciudadano, el pasado 22 de febrero se registró un ataque de hackers que permitió acceder a la información que por ley debe ser reservada pues involucra todos los datos personales de los ciudadanos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/28/mc-guardo-de-forma-201cno-segura201d-el-padron-amazon

Aseguran en Sinaloa laboratorio clandestino donde se producían drogas sintéticas

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) informó que personal de la dependencia desmanteló en Guasave, Sinaloa, un laboratorio clandestino donde al parecer se producían drogas sintéticas.


En un comunicado, la dependencia precisó que los marinos hallaron el laboratorio durante un recorrido de vigilancia terrestre y apoyo a la seguridad pública en inmediaciones del poblado Corerepe, en un camino de terracería entre canales de riego.

En el lugar encontraron objetos irregulares cubiertos con hule negro y maleza, y al descubrirlos se percataron de que se trataba de material y precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas, por lo que procedieron al aseguramiento del perímetro.

Los marinos localizaron dos bolsas con un polvo blanco granulado, 17 tinas de metal con capacidad de 50 litros, 10 tambos de plástico con capacidad de 80 litros, cuatro ollas de metal de diferentes tamaños y dos coladores de metal.

En el mismo sitio se hallaron seis frascos de plástico con capacidad de 100 litros con alcohol de caña; dos tambos de plástico con capacidad de 10 y 50 litros, cada uno con un líquido negro con olor ácido, y cuatro frascos de plástico con ácido clorhídrico, según la etiqueta colocada.

Además se aseguraron 24 cubetas de plástico vacías con capacidad de 19 litros, una cubeta de plástico con capacidad de 19 litros con un líquido negro con olor fuerte a ácido y penetrante, y un bidón con capacidad de 18 litros con ácido acetílico.


Al lugar arribaron autoridades del Ministerio Público Federal para dar fe de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438820/aseguran-en-sinaloa-laboratorio-clandestino-donde-se-producian-drogas-sinteticas

CFE reporta pérdidas por 20.2 mil mdp; atribuye la caída a baja en tarifas

CIUDAD DE MÉXICO: Durante el primer trimestre del año la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró pérdidas por 20 mil 219 millones de pesos, cifra 24% superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con su reporte financiero enviado hoy a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa productora del Estado reportó ventas por 71 mil 226 millones de pesos en el periodo enero-marzo, dos mil 223 millones menos que el año anterior.


Según CFE la caída se debe principalmente a la reducción en el valor de las tarifas de electricidad que anunció el gobierno federal, y que son determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además de la caída en sus ventas, los costos de CFE aumentaron 7.4% respecto del año pasado y cerraron en 85 mil 297 millones de pesos. En el primer trimestre del año pasado los costos fueron de 79 mil 384 millones de pesos.

Y debido a que sus costos fueron más altos que sus ventas, la empresa reportó una pérdida bruta de 14 mil 71 millones de pesos, que sumados a las pérdidas financieras, arrojó pérdidas totales por 20 mil 219 millones de pesos, según el reporte financiero.

En cuanto a la disparidad del peso contra el dólar, las pérdidas fueron de mil 685 millones de pesos. Dicho monto fue menor al reflejado al cierre de 2015, cuando sumaron 6 mil 572 millones de pesos.


Además, los pasivos a largo plazo por obligaciones laborales, es decir, las pensiones, llegaron a 634 mil 999 millones de pesos al 31 de marzo de 2016. Al cierre de 2015 fueron por 625 mil 083 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento de 1.5 por ciento en tres meses, reportó la CFE.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438818/cfe-reporta-perdidas-20-2-mil-mdp-atribuye-la-caida-a-baja-en-tarifas

“¿A quién protege el gobierno?”, cuestiona The Economist sobre Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO: Como un “crimen espantoso” calificó el semanario The Economist el caso Ayotzinapa, cuyo posible encubrimiento “recuerda a los mexicanos lo que más les disgusta de su gobierno”.


A unos días de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su informe sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el que critica al gobierno por obstaculizar su trabajo, el semanario británico publicó un artículo en el que describe así el ánimo entre los mexicanos:

“Nadie sabe lo que realmente sucedió (la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala), pero todo el país está especulando.

“¿A quién, se preguntan los mexicanos, está protegiendo el gobierno? Al Ejército y a la Policía Federal, sospechan muchos. Los mexicanos están aún más horrorizados por el comportamiento de los policías locales.

“La historia les recuerda que en algunas partes de su país el crimen organizado se ha infiltrado en la política local tan a fondo que los dos bandos son difíciles de diferenciar. También les recuerda que los crímenes en México rara vez son castigados: sólo uno de cada 100 llega a una condena”.

En su reciente edición el semanario británico reseña cómo el GIEI se ha quejado de que el gobierno mexicano obstruyó su investigación al no permitirle entrevistar a los soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.

Refiere también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dicho que, de acuerdo con un testigo, oficiales de la Policía Federal (PF) estaban presentes cuando los estudiantes fueron sacados de un autobús y agrupados en patrullas municipales sin haber interferido.

El GIEI, subraya The Economist, “cuestiona también si el Ejército no actuó cuando pudo hacerlo”.

Y se refiere a la “verdad histórica” del gobierno como “impactante”. Reseña The Economist:

“En septiembre de 2014 un grupo de normalistas de Ayotzinapa, en el suroeste del estado de Guerrero, decidió comandar algunos autobuses en la cercana ciudad de Iguala.

“Ellos querían ir a una reunión en la Ciudad de México, es común para los estudiantes en esa parte de México tomar autobuses para tales cosas. Por lo general, los devuelven. Cuarenta y tres de esos estudiantes desaparecieron y se presume que están muertos.

“El alcalde de Iguala y su esposa estaban enojados con ellos por haber interrumpido un evento político, dice el gobierno federal, y ordenaron a la policía local entregarlos a un grupo de narcotraficantes, los Guerrero Unidos. Los gánsteres confundieron a los estudiantes con los miembros de una banda rival. Los mataron, quemaron sus cuerpos en un vertedero de basura y arrojaron los restos en un río.

“O eso es en lo que el gobierno insiste. La verdad puede ser peor”, advierte el semanario.

Destaca además que fue debido a la presión de las familias de los estudiantes desaparecidos que el gobierno invitó a expertos extranjeros convocados CIDH, para investigar. Añade que el grupo no encontró evidencia alguna de que los estudiantes hubieran sido quemados en basurero de Cocula y que ha sugerido que uno de los autobuses quizá estaba siendo utilizado para transportar heroína de Guerrero a Chicago.

“Los estudiantes podrían haber sido asesinados porque sin darse cuenta se hicieron de millones de dólares en drogas”, arguye la revista.

Luego refiere que incluso los detalles en la que ambas partes están de acuerdo, son confusos:

“El 26 de septiembre, alrededor de las 21:30, cerca de 100 estudiantes dejaron Iguala en cinco autobuses. Tres de los autobuses fueron atacados por la policía local. Los estudiantes de uno de los autobuses fueron llevados por la policía y no han sido vistos desde entonces. Los otros dos autobuses, que tomaron una ruta diferente, también fueron detenidos.

“Una vez más, fueron sacados los estudiantes y no se han visto desde entonces. Los otros, que habían sido alertados de lo que estaba ocurriendo, se escaparon en la oscuridad. Posteriormente se encontraron los cuerpos de tres transeúntes y tres estudiantes. A uno de los estudiantes le habían arrancado los ojos y la piel de su cara”, relata The Economist.

Después de los hechos, sigue la revista, el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa están en custodia, al igual que 73 policías municipales y 50 miembros de los Guerreros Unidos. Destaca que la versión del gobierno se basa en gran parte en las confesiones de los criminales, y refiere que el GIEI ha alegado que 17 de los miembros de la banda criminal fueron torturados.

El grupo de expertos, subraya el medio, “ha citado fotografías que demuestran cómo, mientras los interrogatorios progresaban, los implicados lucían cada vez más maltratados”.

Un desastre de relaciones públicas

The Economist afirma que para el presidente Enrique Peña Nieto el caso ha sido “un desastre de relaciones públicas” pues le tomó un mes reunirse con las familias de las víctimas y 17 meses visitar Iguala.

“Ahora muchos mexicanos cuestionan su buena voluntad para confrontar la cultura de la corrupción que permite a la violencia prosperar”, sostiene el semanario y destaca que “el índice de aprobación del señor Peña es de un lamentable 30%, en parte debido a las acusaciones por corrupción”.

Pone como ejemplo que el empresario Juan Armando Hinojosa, el contratista favorito del gobierno que construyó la casa de su esposa, fue señalado en los documentos del #PanamaPapers por haber movido 100 millones de dólares a través de una empresa offshore.

Consultada por el semanario, Viridiana Ríos, del Centro Wilson, un centro de estudios en Washington opinó que “México está despertando”, y que una grande y más asertiva clase media “ya no está dispuesta a soportar la corrupción y la impunidad”.

Al respecto, The Economist destaca que el Congreso mexicano está pronto a considerar un paquete de leyes contra la corrupción y que en fechas recientes ha hecho esfuerzos por frenar su caída.

“El señor Peña, que ha impulsado las reformas de Energía y Telecomunicaciones, todavía tiene la capacidad de sorprender. La semana pasada, admitió que la guerra contra las drogas no iba bien. Propuso la legalización de la mariguana medicinal y la despenalización de la posesión de 28 gramos o menos de mariguana recreativa.

“Esto podría comenzar a desacelerar la guerra contra las drogas, sacar a los delincuentes inofensivos de las cárceles repletas de México y centrará las fuerzas de seguridad en los delitos que aterrorizan a los ciudadanos comunes, como la matanza de los futuros profesores de Ayotzinapa”, considera el medio pero advierte:


“El establecimiento del Estado de Derecho en México tomará años”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/438873/a-protege-gobierno-cuestiona-the-economist-ayotzinapa

La PGR investiga a Tomás Zerón y a otros funcionarios por la visita al Río San Juan

La Visitaduría General es el órgano encargado de la investigación al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y a otros servidores públicos por las diligencias realizadas el 28 de octubre de 2014 en las inmediaciones del Río San Juan, en Cocula, Guerrero.

La Procuraduría General de la República investiga a Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y a otros servidores públicos por los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2014, en las inmediaciones del Río San Juan, en Cocula, Guerrero.

“Con fecha 27 de abril del presente, la Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, dio vista de este asunto a la Visitaduría General para que en pleno ejercicio de sus atribuciones, proceda a investigar la actuación de los servidores públicos de la Institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes”, indicó la PGR en un comunicado.

El artículo 21 de la Ley Orgánica de la PGR establece que la Visitaduría General “es el órgano de supervisión, inspección, fiscalización, evaluación técnico-jurídica y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos, y de los demás servidores públicos de la institución en lo que se refiere a las funciones sustantivas que realizan, así como de investigación de los delitos en que eventualmente incurran”.

Además, el Órgano Interno de Control intervendrá para, en el ámbito de sus atribuciones, determinar si se incurrió en alguno de los supuestos de responsabilidad, previstos en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La investigación en contra de Zerón de Lucio se da a conocer cuatro días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) difundió un video en el que se ve al director de la AIC realizando diligencias en el Río San Juan, un día antes de que se encontraran los restos de uno de los 43 normalistas desaparecidos.

Sobre el video, Zerón de Lucio ofreció una conferencia el miércoles 27 de abril en la que aseguró que las diligencias realizadas el 28 de octubre de 2014 en el Río San Juan forman parte de investigaciones que se sustentan en un mandamiento ministerial.


Detalló que lo ocurrido un día antes de que se encontraran los restos óseos en el Río de San Juan, en Cocula, formó parte de múltiples visitas que realizó a Guerrero como parte “de la investigación más profunda de un hecho delictivo en la historia reciente de la procuración de justicia en México”.

Agregó que el recorrido por el Río Cocula del 28 de octubre de 2014 “terminó hacia las cuatro de la tarde, de lo cual pueden dar cuenta dos representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de nombres: Pilar San Martín y Omar Gómez Trejo, quienes junto con la prensa pudieron atestiguar  nuestra presencia junto al detenido.

“Vale recordar, que Omar Gómez Trejo se desempeña actualmente como Secretario Técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, dijo Zerón de Lucio.

En respuesta, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lanzaron este jueves 28 de abril críticas y aclaraciones respecto a los dichos de Zerón de Lucio.

La ONU-DH indicó que nunca llegó al Río San Juan y, por ende, no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR en esa zona de Guerrero, en contradicción con lo que dijo Zerón de Lucio.

“Por lo anterior, la ONU-DH manifiesta su extrañamiento por la mención a su presencia y rol en actividades de la PGR en las que nunca participó, así como por la innecesaria exposición mediática de la imagen y los nombres de una funcionaria y un exfuncionario de esta Oficina”, expuso ONU-DH en un comunicado.

Mientras que el GIEI expresó que Zerón tergiversa la realidad y su comportamiento es impropio.


Los expertos independientes señalaron que las declaraciones del director de la AIC confirman, en primer lugar, que la diligencia de aquel día no se encuentra registrada en algún expediente sobre el caso del ataque contra los 43 normalistas de Ayotzinapa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-pgr-investiga-a-tomas-zeron-y-a-otros-funcionarios-por-la-visita-al-rio-san-juan/