martes, 3 de mayo de 2016

Indomable, Guerrero exhibe la estrategia federal: 5.5 muertos promedio al día durante abril

Tan sólo en Acapulco se registraron en abril pasado al menos 97 homicidios, seis mas que en marzo de este año, cuando hubo 91 víctimas, según un recuento realizado por el diario El Sur, entre las víctimas hay 16 taxistas.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo/El Sur).- En los 30 días de abril ocurrieron 165 asesinatos en el estado, 97 se cometieron en Acapulco y 68 en otros municipios, lo que representa 5.5 homicidios dolosos diarios en promedio, indica un recuento de la información publicada en El Sur.

El mes inició con un enfrentamiento armado entre dos grupos de la delincuencia organizada en la zona serrana de Zihuatanejo, donde seis hombres fueron asesinados y uno de ellos fue decapitado, de ese caso la Fiscalía sólo confirmó una muerte.

En la población de Cuajinicuilapa fueron hallados los cuerpos calcinados de tres hombres al interior de un vehículo incendiado, cerca de la comunidad Barrajilla en la carretera federal que va a Acapulco.

El 4 de abril asesinaron en Chilpancingo a Juan Serrano Moreno, líder de la Unión de Comerciantes Fijos, Semifijos y Ambulantes Independientes del Mercado municipal R. Leyva Mancilla de Chilpancingo, el dirigente encabezó manifestaciones para exigir seguridad y espacios adecuados para los vendedores.

Después, en dos hechos distintos, en la periferia de la capital fueron ejecutados a balazos dos hombres, uno en la colonia 4 de Abril y otro cerca de la presa Cerrito Rico.

Otro caso de ejecuciones violentas que hubo en el estado fue el asesinato del ex Alcalde priista de Cualác, en la región de la Montaña, Rolando Sánchez Sosa, secuestrado 10 días antes y hallado a la orilla de la carretera vieja de Chilpancingo a Tlapa que comunica con el poblado de La Soledad, a orillas del río Petlacala y cerca del balneario Nuevo Paraíso Escondido.

En Chilpancingo el 13 de abril fue asesinada una mujer joven que fue torturada y apuñalada, además de que recibió un balazo en la cabeza y su cuerpo fue exhibido desnudo en una calle de terracería, en la colonia Villas del Sol en la periferia de la ciudad.

Entre las víctimas del mes pasado estuvo también un maestro de primaria de Tepecoacuilco. El 15 de abril fue hallado su cuerpo, tres días antes había sido privado de su libertad.

También fue asesinado el ex comisario de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, Edilberto Santiago Díazen en la carretera rumbo a su comunidad cuando viajaba con su hijo y otro joven.

Pese a que la presencia de las Fuerzas federales en el estado, los índices de violencia no han cesado, incluso se han recrudecido durante las últimas semanas.

En este contexto, ayer el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que todos los agentes de las bases de vigilancia en Acapulco, Chilpancingo e Iguala serán reemplazados por más de 400 militares, además se informó que se nombrará a un “vocero único” para contrarrestar las “campañas de desinformación de la delincuencia”.

El funcionario federal dijo que se construirá un Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicacio-nes y Cómputo (C-5) para dar mayor apoyo tecnológico a la estrategia de seguridad.

La Secretaría de Gobernación precisó que a partir de está semana la Sedena se hará cargo completamente de las cámaras de seguridad distribuidas en Acapulco, y explicó que el C-4 es “un lugar que no ha dado confianza a todos los ciudadanos” cuando “es un lugar estratégico para poder enfrentar cualquier problema de inseguridad”.

Tan sólo en Acapulco se registraron durante el mes pasado 97 homicidios. Foto: Cuartoscuro

97 ASESINATOS EN ACAPULCO

Tan sólo en Acapulco se registraron en abril pasado al menos 97 homicidios, seis mas que en marzo de este año, cuando hubo 91 víctimas, según un recuento de lo publicado en El Sur.

Con 97 muertos en abril es un promedio de tres muertes diarias, al igual que en marzo; entre las víctimas se contabilizaron 89 hombres y nueve mujeres, y de ellos 71 fueron identificados por sus familiares; hubo un desmembrado.

En el mismo mes del año pasado se contabilizaron 84 homicidios. Con respecto a las edades de las víctimas, de 20 a 29 años hubo 21; de 30 a 39, 16 asesinados; de 40 a 49, hubo 11, y de 60 años se contabilizaron cuatro. Hubo uno de 14 años y otro de 70.

Según el recuento de El Sur, entre las víctimas hay 16 taxistas, cuatro albañiles, un médico, dos recogedores de basura y uno más de aluminio y botes; un comerciante, dos mecánicos, además de un trabajador de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), un payaso, dos ayudantes de rotulista y una trabajadora de un sitio de taxis. Además de un chofer, un trabajador de una tortillería, dos taqueros, un acomodador de autos, un trabajador de funeraria, una empleada de un bar y un lavador de carros.

El mayor número de homicidios se dio en las colonias Icacos y Praderas de Costa Azul, seguido de la Progreso, la Costera y calles aledañas. Además La Mira, Bocamar, La Laja, Jardín, la Miguel Alemán, en la zona de tolerancia y en el centro.

Asimismo, en las colonias Industrial, Jacarandas, La Frontera, Las Cruces, Ciudad Renacimiento, Nuevo Puerto Marqués y Ampliación Miguel de La Madrid, todas ubicadas en la periferia de la ciudad. Además de poblados como San Isidro Gallinero, Los Órganos, Tres Palos, La Sabana, El Quemado y avenidas Cuauhtémoc, Vía Rápida y bulevar Vicente Guerrero.

De acuerdo con los registros de El Sur, en enero fueron asesinadas 70 personas, en febrero 73 y en marzo hubo 91. En ese último mes fueron encontradas cinco osamentas y restos humanos. En lo que va del año suman ya 348 víctimas de hechos violentos.

En abril en una semana, que comprendió del 17 al 23, fueron asesinados a balazos 11 taxistas en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos en la vigilada Costera. Sin embargo en todo el mes sumaron 16 los choferes.

En ese mes se destacó el sábado 23, cuando dos taxistas fueron acribillados en un día donde hubo seis ejecutados más, un día antes el mismo número de personas.

Cinco días antes, el 18 de abril, 10 personas fueron asesinadas, seis taxistas entre ellas, cinco choferes y una mujer en un ataque a un sitio de taxis en la parte alta de la colonia Icacos, y un taxista más ese día en la colonia Miguel Alemán, en la zona de tolerancia.

Seis de los taxistas fueron integrantes de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG), que dirige Juan Mendoza Tapia.

El 10 de abril, tres hombres fueron las víctimas, uno de ellos en la colonia Progreso, otro dentro de una casa en Lomas de Costa Azul y otro en la avenida Farallón a unos metros del módulo de la Policía Turística y una cuadra de la Costera, afuera del table dance Chicas.

Al menos dos niños y dos menores están entre las víctimas mortales en Guerrero en abril. Foto: Cuartoscuro

NIÑOS Y ADOLESCENTES ENTRE LAS VÍCTIMAS

El 7 de abril hombres armados entraron a la casa de una mujer de aproximadamente 30 años, a quien mataron y también a su hijo de 10 años, estudiante de quinto año de primaria en San Miguel Totolapan, el menor de edad tenía impactos de bala en el rostro.

Nueve días después fue asesinado otro niño en la comunidad Los Pericones, Teloloapan, también a balazos, tenía aproximadamente 13 años. Fue ejecutado a balazos y hallado la mañana del sábado 16 de abril en una brecha de terracería en la entrada a la comunidad, junto a la carretera que lleva a Apaxtla.

Según los reportes policiacos, la víctima recibió tres impactos de bala en la espalda y uno más en el pecho del lado derecho.

En otro caso, el 19 de abril, hombres armados asesinaron de varios balazos a un adolescente de 14 años en la comunidad de Puente Río San Juan, ubicada a un kilómetro al sur de Cocula.

Otro joven de 17 años, estudiante de preparatoria fue asesinado en un terreno baldío en Iguala, era hijo de una integrante del comité de familiares de víctimas de desaparición forzada Los Otros Desaparecidos de Iguala.



Fuente: Sin Embargo con información de El Sur
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/03-05-2016/1655831

Padres de dos de “Los Porkys” presentan denuncia contra Javier Fernández por secuestro y extorsión

Un juez local giró órdenes de arresto contra tres de los muchachos señalados públicamente por participar en la violación en enero de 2015 de la joven Daphne Fernández, de 17 años en el momento del suceso. Hasta el momento ninguno ha sido detenido.


Ciudad de México, 3 mayo (SinEmbargo).- Los padres de dos de los jóvenes acusados de abusar sexualmente de Daphne Fernández presentaron hoy una denuncia en contra del padre de la joven, Javier Fernández, por los delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y amenazas.

En una entrevista con Radio Fórmula, Felipe Capitaine, padre de Enrique Capitaine, sostuvo que fue retenido en el café La Parroquia, de Ricardo Fernández, a quien también denunció, el 29 de abril de 2015. Ese día, dijo, fue citado en el lugar “con engaños” y el lugar fue cerrado con “doble llave”.

“El día 29 de abril de 2015, en mi caso, yo fui invitado a visitar al señor Ricardo Fernández, dueño de la Parroquia, en ese local nos encerraron con doble llave, en los cuales no podíamos salir. Fui con engaños, no podíamos salir, hasta una tercera ocasión que les pedí que me dejaran salir [abrieron]. Iba con mi hijo y mi esposa. Pensé que se trataba de un negocio. Íbamos nosotros. Al entrar me dijeron que nos habían citado porque mi hijo estaba en problemas muy graves”, detalló Capitaine.

El padre del presunto agresor dijo además que durante esa reunión, les dijeron que estaban creando una fundación para ayudar a las jóvenes que habían sido abusadas sexualmente, para la cual le pidieron, aseguró, un millón de pesos.

“Cuando estábamos en esta reunión, ya casi al finalizar, nos dicen que están creando una fundación, y nos hablan de la aportación de 1 millón de pesos. A mí fue lo que me pidieron. Ricardo Fernández fue lo que me dijo que era lo que tenía que dar. Amenazan, nos dicen que si no damos esa aportación nuestros hijos iban a ser denunciados”, aseguró.

De acuerdo con el abogado de Daphne, Jorge Winckler, los jóvenes Enrique Capitaine, Jorge Cotaita y Diego Cruz, enfrentan cargos por pederastia simple y agravada.

Un juez local giró órdenes de arresto contra tres de los muchachos señalados públicamente por participar en la violación en enero de 2015 de la joven Daphne Fernández, de 17 años en el momento del suceso.

Luego de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el magistrado determinó que había elementos suficientes para pedir la orden de aprehensión contra tres implicados por el delito de pederastia, que permite configurar más agravantes y dar una mayor atención a la víctima.

El pasado 13 de abril, las Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la Interpol detener a los tres jóvenes. Diversos medios de comunicación detallaron que un juez local giró órdenes de arresto contra tres de los muchachos señalados públicamente por participar en la violación en enero de 2015 de la joven Daphne Fernández, de 17 años en el momento del suceso.

La dependencia precisó que la ficha roja se emitió el pasado 6 de abril, en los 190 países que forman parte de la red de Interpol en contra de los tres jóvenes.

En días pasados se informó también que uno de los jóvenes se encontraba en España y otro en Estados Unidos, sin embargo, Felipe Capitaine aseguró esta mañana que su hijo Enrique se encuentra en una ciudad de Veracruz.

“Mi hijo está en una ciudad del estado de Veracruz, está seguro, está con alguna actividad. No puede estar en las calles gracias a la orden que existe. Mi hijo jamás ha salido del país. Es totalmente falso”, indicó.

En enero de 2015 la joven fue atacada sexualmente por cuatro jóvenes, conocidos como “Los Porkys de Costa de Oro”, en una vivienda del lujoso fraccionamiento de Costa de Oro del municipio de Boca del Río, en la zona metropolitana del puerto turístico y comercial de Veracruz, en el Golfo de México.

Los familiares de Daphne no presentaron una denuncia penal hasta mayo de 2015 debido a que la víctima les había pedido no hacerlo, luego de un intento de pacto con los padres de familia de los cuatro jóvenes señalados del delito.

El acuerdo, que se incumplió, contemplaba que pidieran disculpas en una grabación de vídeo por lo sucedido, que recibieran atención psicológica y que se alejaran de la muchacha si se la encontraban en lugares públicos.

Sin embargo, fue a principios de este año, cuando el señor Javier Fernández, padre de la víctima, publicó una carta abierta y los videos de los jóvenes para denunciar una campaña de desprestigio en contra de su hija y la falta de resultados por parte de las autoridades.



Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/03-05-2016/1655836

Niños, violentados en sus derechos humanos

En México, 54 por ciento de la población menor de 18 años se encuentra en situación de pobreza multidimensional, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). De esto derivan otros problemas que vulneran su desarrollo: rezago educativo, marginación, discapacidad o trabajo infantil son algunos de los problemas que enfrentan.

De los 39 millones de niños y adolescentes que hay en el país, 21.4 millones se encuentra en situación de pobreza; es decir, no tienen garantizados al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y los ingresos que perciben no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

De éstos, 4.6 millones viven en pobreza extrema que ocurre cuando en un hogar se destinan todos los ingresos en la compra de alimentos e, incluso, así no pueden acceder a lo indispensable para tener una nutrición apropiada. Además, presentan al menos tres de las seis carencias sociales incluidas en el cálculo del índice de privación social. Otros 17 millones se encuentran en situación de pobreza moderada.

No obstante, 74.4 por ciento de niños y adolescentes mexicanos presenta al menos una carencia social: 62.6 por ciento no tiene acceso a la seguridad social; 27.6 por ciento tiene carencias en la alimentación; 24.8 por ciento no cuenta con los servicios básicos en su hogar; 16.7 por ciento presenta una carencia en la calidad y espacios de su vivienda; 16.2 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud; y 8 por ciento presenta algún rezago educativo.

El índice de mortalidad infantil es el indicador más confiable de bienestar social. De acuerdo con el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF, por su sigla en inglés), “más de un 70 por ciento de las muertes infantiles que se producen todos los años se deben a seis causas: diarrea, paludismo, infecciones neonatales, neumonía, parto prematuro o la falta de oxígeno al nacer”. El primer año de vida es el más peligroso y la mayoría de las muertes infantiles son evitables pues se producen en contextos de vulnerabilidad.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece, en su artículo 50, que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de acceder de forma gratuita al más alto nivel de salud. En materia internacional, el Artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho a la vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos internacionales para garantizar el acceso a la salud de los infantes, y aunque en México la mortalidad infantil ha ido a la baja, en el trienio 2011 a 2013 murieron 14.3 niños por cada 1 mil nacimientos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explican en el informe Interrelaciones Agua y Salud Pública en México, de 2008, que las muertes suelen ser por causas prevenibles como la diarrea. Según estimaciones internacionales: la higiene puede reducirla en 37 por ciento; el acceso al agua potable puede hacerlo en un 25 por ciento; y el acceso a drenaje puede evitar su incidencia en un 32 por ciento.

De acuerdo con el estudio Muertes evitables: magnitud, distribución y tendencias, de la Secretaría de Salud, realizado de 2000 a 2004, 48 por ciento de las muertes de niños menores de 14 años son causadas por padecimientos derivados de enfermedades infecciosas intestinales. 58 por ciento de estas muertes se originan por consumir alimentos, agua contaminada o alimentos putrefactos con alguna bacteria, sustancia, parásito o virus. También se originan de la presencia de rotavirus durante los meses fríos y secos.

La diarrea y gastroenteritis son la causa en el 86.9 por ciento de los decesos y se presentan principalmente en los menores de un año, uno de cada 100 fallece por esta causa. La promoción de la lactancia materna, la preparación adecuada de los alimentos, las medidas de higiene, la vacuna contra el rotavirus, la mejora del drenaje y el acceso al agua potable pueden prevenir estas enfermedades y evitar la muerte de los menores.

Los primeros cinco años de vida son vitales para la sobrevivencia de los niños, aquellos que se encuentran en un contexto de pobreza y ambientes hostiles son los más vulnerables.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) hay otros problemas que dificultan el acceso de los niños a sus derechos: 4.1 por ciento de los niños nacidos vivos de 2011 a 2013 no fueron registrados ante el Registro Civil. Además, en 2014, 2.6 por ciento de los niños nacidos no contaban con certificado de nacimiento lo cual les impedía llevar a cabo su registro.

De acuerdo con el UNICEF, el registro civil es indispensable para que puedan adquirir una identidad jurídica y puedan incorporarse como “sujeto de derecho dentro de un Estado y su acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos internacionalmente”.

Otro problema es el trabajo infantil. Según el UNICEF, “es un obstáculo para el desarrollo social y económico, ya que socava las competencias de su futura fuerza laboral y favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza, al tiempo que perpetúa las desigualdades existentes”.

Actualmente, 11 de cada 100 niños y 6 de cada 100 niñas se encuentran laborando. En 2013, 2.5 millones de niños entre 5 y 17 años se encontraban realizando alguna actividad económica según el Módulo de Trabajo Infantil (MTI). De estos, 67.4 eran niños y 32.6 eran niñas.

En México, 41 por ciento de los niños que trabajan tienen menos de 15 años, la edad mínima para trabajar. Además, según la Encuesta Intercensal 2015, de los 20.8 millones de niños y niñas en edad escolar (de 6 a 14 años) 3.5 por ciento no asiste a la escuela.

El acceso a la educación también es un factor esencial para desarrollar potencialidades y ampliar oportunidades. Sin embargo, la educación básica aún no es universal: de los 6.5 millones de niñas y niños de 3 a 5 años, 35.8 por ciento no asiste al preescolar; y el 26.5 por ciento de los 6.4 millones de adolescentes entre 15 y 17 años no asiste a la escuela.



Fuente: Contralínea
Autora: Karen Carrillo
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/05/01/ninos-violentados-en-sus-derechos-humanos/

Esime Zacatenco se va a paro en apoyo a 'vocas'

Ciudad de México. Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica (ESIME)-campus Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acordaron esta mañana realizar un paro de 48 horas en apoyo a las vocacionales de esa casa de estudios que permanecen sin actividades académicas desde hace casi dos semanas.

Alumnos y profesores señalaron que desde las primeras horas de este martes se tomó la decisión de ir desalojando los edificios y se prevé que se realice una asamblea estudiantil.

Autoridades de esta casa de estudios confirmaron la suspensión de actividades en la ESIME Zacatenco, pero destacaron que hasta el momento el resto de las escuelas superiores y centros del Politécnico permanecen abiertos y trabajan con normalidad en sus actividades académicas.



Fuente: La Jornada
Autora: Laura Poy
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/03/esime-zacatenco-se-va-a-paro-en-apoyo-a-vocas

Atiende Profepa derrame de cianuro en minera de Sonora

Ciudad de México. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que atiende el derrame de solución de cianuro de sodio ocurrido al interior de la Minera Santa Rita, Altar, Sonora, y verifica la posible afectación ambiental que se pudo haber generado.

En un comunicado informó que la empresa emitió el aviso inmediato de la emergencia en la delegación de la Profepa el 28 de abril. Se informó que el evento se originó por la ruptura en la soldadura de una tubería que lleva la solución de cianuro de sodio a los patios de lixiviación, se derramaron alrededor de diez metros cúbicos.

Entre las medidas de respuesta se interrumpió el bombeo y se condujo la solución derramada hacia una pileta de emergencia, neutralizando el remanente depositado en el suelo con hipoclorito de sodio en agua y enviándolo a los patios de lixiviación. Se estima una afectación de terreno natural de aproximadamente 600 metros cuadrados

La delegación de la Profepa hará la realiza visita de inspección a la empresa en materia de contaminación de suelo para identificar posibles afectaciones ambientales y si se requiere realizará el procedimiento administrativo correspondiente.



Fuente: La Jornada
Autor: Redacción
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/03/atiende-profepa-derrame-de-cianuro-en-minera-de-sonora

Acusan al PRI de usar Prospera en Veracruz con fines electorales

Ciudad de México. Los dirigentes nacionales del PAN y el PRD, Ricardo Anaya, y Agustín Basave, respectivamente, denunciaron que el delegado federal del programa Prospera en Veracruz, Alejandro Baquedano, pretende utilizar este programa social con fines electorales.

En conferencia de prensa, presentaron un audio en el que se escucha a Baquedano y al diputado del PRI, Raúl Zarrabal, decir que afiliarán a 3 mil familias veracruzanas al programa Prospera siempre y cuando voten por el PRI.

Los dirigentes partidistas señalaron que presentarán la denuncia correspondiente frente a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, a fin de que se sancione a los responsables.

Por otra parte, Anaya y Basave resaltaron que las alianzas electorales de los dos partidos están firmes y fuertes.



Fuente: La Jornada
Autora: Georgina Saldierna
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/03/acusan-al-pri-de-usar-prospera-en-veracruz-con-fines-electorales

No cambiar uso de suelo, exigen pobladores de Uruapan

Morelia, Mich. En una carta abierta, organizaciones independientes de Uruapan piden a los tres órdenes de gobierno que reparen los daños ocasionados por los incendios forestales provocados por presuntos productores de aguacate en los cerros de La Cruz, Charanda y Jicalán.

Exigen que se comprometan las instancias correspondientes a no permitir o autorizar cambio de uso de suelo en cerros incendiados recientemente donde se perdieron más de 300 mil hectáreas, la mayor parte bosque.

“Asimismo, por ningún motivo se permita más el aprovechamiento de tales áreas para otros fines que no sea para la reforestación de la flora autóctona como pinos, encinos y otros compatibles con su entorno”, señala el comunicado.

Los ambientalistas piden una reunión con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo federal y estatal; autoridades de seguridad, autoridades municipal de Uruapan, Paracho, Ziracuaretiro, Tancítaro, entre otras, para buscar la manera de proteger, reforestar y castigar a quienes dañan el bosque de manera impune.

“Que se trabaje de inmediato en la elaboración y determinación de un proyecto ejecutivo e integral que contemple todas las acciones relacionadas con la conservación, cuidado, protección, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales, y que dicho proyecto se ponga en marcha de inmediato, para que se comience a cumplir con los objetivos de tener resultados positivos a corto, mediano y largo plazo”, señala el documento.



Fuente: La Jornada
Autor: Ernesto Martínez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/03/no-cambiar-uso-de-suelo-exigen-pobladores-de-uruapan

Volcadura evita secuestro en Monterrey

Monterrey, NL. La volcadura de un vehículo en la autopista Monterrey-Reynosa puso al descubierto el secuestro de un hombre la mañana de este martes.

Andrés Sánchez, de 43 años de edad, fue plagiado cerca de las 9:00 horas por tres hombres armados que lo interceptaron en una tienda de conveniencia, cerca del aeropuerto internacional de Monterrey “Mariano Escobedo”.

Dos de los delincuentes esposaron a la víctima y la subieron a su propia camioneta, una pick up con camper y remolque, mientras el tercer cómplice los siguió en una camioneta Nissan Estaquitas.

Aparentemente el exceso de velocidad causó la volcadura de la camioneta de la víctima, cerca de la caseta de cobro del aeropuerto. Los delincuentes emprendieron la huida en el vehículo de su cómplice.

Sánchez quedó en su vehículo, donde lo hallaron elementos de Tránsito y policías de Fuerza Civil esposado y con golpes, pero en buen estado de salud.



Fuente: La Jornada
Autor: Erik Muñiz
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/03/volcadura-evita-secuestro-en-monterrey

Tras denunciar “bullyng” contra su hija, expulsan a madre y abogada de escuela primaria en Morelia

Una mujer y su abogada fueron expulsadas del plantel donde la hija de la primera estudia, cuando acudieron a verificar las condiciones en las que la menor se encontraba. Esto luego de que se denunciara el acoso escolar que sufre la menor por parte de sus compañeros y la omisión de personal docente y directivo.

La mujer acudió el pasado 27 de abril a presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por el acoso escolar que sufre su hija por parte de sus compañeros en la escuela primaria “Benito Juárez”, ubicada en el Centro de Morelia.

En dicha queja quedó asentada la omisión del personal docente y directivo, quien siendo enterado de la situación no ha hecho nada para remediarla. De la misma forma se denunciaron las agresiones y amenazas de las que son víctimas la mujer y su hija por parte de una niña -compañera de la afectada- y la madre de ésta, cosa de la que también están al tanto maestros de las menores y la directora de la escuela.

Luego de presentar la queja ante la CEDH, la mujer y su abogada acudieron al plantel educativo para supervisar el estado de la menor víctima de “bullyng”, pero el personal de la escuela se los impidió.

La directora Selene Dolores Martínez Equihua y trabajadores del lugar intentaron sacar a la denunciante y su abogada del plantel, incluso pidieron el apoyo de gendarmes de la Policía Federal que se encontraban cerca para finalmente expulsar a las mujeres.

Pese a la queja ante la CEDH los maestros omisos siguen al frente del salón y la víctima de bullyng sigue sufriendo del acoso escolar, sin que la autoridad educativa haga algo al respecto.



Fuente: Noventa Grados
Autor: Redacción
http://www.noventagrados.com.mx/nacional/tras-denunciar-bullyng-contra-su-hija-expulsan-a-madre-y-abogada-de-escuela-primaria-en-morelia.htm

Balconeando canales-MTEM o la inesperada virtud de cambiar de dueño


Nadie se esperaba ese cambio, desde hace algunos videos ocurrió , aquellos jóvenes emprendedores que solicitan de tu apoyo para que les deposites en el OXXO y sigan investigando noticias que alguien mas publicó y para que sigan entrevistando a personalidades que realmente han logrado un cambio en Mexico dentro de la partidocracia,han decidido ser libres, independientes.... Y afines a un gran estadista como lo es el señorón Jorge Castañeda.

Este medio que golpea bajito , al que no le podemos recriminar su autocensura porque no estamos en su lugar (¿Con que pantalones podemos exigirles a estos jóvenes que actúen sin dejar de hablar bien de sus amig@s?,¿Con que cara podemos preguntarles si sus pifias son a propósito o solo son errores humanos?),merece todo nuestro reconocimiento.

No podemos estar seguros de otros canales que proclaman ser independientes si sus creadores están fuera del país, tampoco de los que están aquí y no piden donativos, pues son calumniadores y tendenciosos,¿pero que se creen estas personas?.
Lo siento mucho pero el periodismo es un privilegio y una negociación inteligente,puff, nada que ver la gente que no da la cara en sus videos, si puedo poner a "dos chicas hermosas" para aumentar las visitas a mi canal.

Si bien esto puede resultar contraproducente,ya que una vez hicieron un experimento social sobre acoso sexual que resulto adecuado pero revelador, ya que por alguna extraña razón su audiencia le dio muchas manitas abajo,yo se que no solo hay acosadores sexuales y chairos viendo su canal,se que hay mas publico por ahí que se informa también viendo el Pulso.

En fin, estos jóvenes merecen nuestro respeto,hay que seguirlos apoyando y aplaudir sus acciones valientes.


Referencias:

Experimento sobre acoso sexual con muchos dislikes (?)
https://www.youtube.com/watch?v=2jcB2TOVj-Y

Simpatía por Jorge Castañeda (posible cambio de Jefe)
https://www.youtube.com/watch?v=tf48Qd3WAI0



¿Quieren honradez? ¡Voten por corruptos!




CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La corrupción en México no es cultural ni es consecuencia de la mala suerte o de una maldición divina, sino producto de las complicidades en la élite partidaria, empresarial, mediática y criminal que, a menudo, son toleradas y hasta premiadas por amplias porciones de la sociedad.

Por eso no hay ni habrá medidas institucionales de la dimensión estructural de la corrupción y la impunidad, porque a los políticos priistas, panistas y perredistas no les importa, como lo acredita el incumplimiento constitucional del Congreso para aprobar, en periodo ordinario, las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.

Si a los grupos parlamentarios que controlan el Congreso no les importó cumplir con su deber es porque, por una parte, el jefe del Estado, Enrique Peña Nieto, no quiere ir contra la corrupción que une a esos que son los principales partidos políticos del país, y porque, por otra parte, la sociedad se muestra más bien pasiva.

Es grave que los proyectos de ley del Sistema Nacional Anticorrupción dejen intocado al presidente de la República, el gran corruptor en un país constitucionalmente presidencialista, pero lo es también que sólo 600 mexicanos hayamos firmado a favor de la ley 3de3 para que los candidatos y funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de interés: Es decir, menos de 1% de los mexicanos.

Si el PRI pudo someter a los gerentes de los organismos civiles que promovieron la iniciativa #3de3, para que las declaraciones sean públicas sólo por voluntad del servidor público, y las leyes anticorrupción garantizan plena impunidad al titular del Ejecutivo, entonces mejor que no haya ningún cambio, porque es sólo simulación.

Y eso es lo que predomina: El PRI, con sus rémoras PVEM, Panal y Encuentro Social, es producto y reproductor de la corrupción desde la base hasta la punta de la pirámide, pero también lo son ya el PAN y el PRD, que no sólo no quieren combatir la corrupción, sino la enaltecen.

En las 12 elecciones de gobernador que están en curso, la coalición PRI-PVEM-Panal-Partido del Trabajo ha postulado ladrones, pero sus contrapartes de PAN-PRD impulsan a rufianes de la talla de los expriistas Miguel Ángel Yunes Linares, Antonio Gali, Jorge Estefan Garfias, José Rosas Aispuru, Francisco Xavier Berganza, Rafael Flores, Carlos Joaquín…

El más grotesco de los candidatos de PAN-PRD es Yunes Linares, quien lo es porque Felipe Calderón solapó el saqueo que hizo del ISSSTE como director general, en pago –claro– al fraude que orquestó a su favor en la elección interna del PAN, en 2005, y luego, junto a Elba Esther Gordillo, en la constitucional de 2006.

¿Cómo podía ir Calderón contra Vicente Fox y la corrupción de su parentela, como la fortuna de Marta Sahagún y sus hijos, si, desde el gobierno, operó para imponerlo, y cómo podría Peña Nieto ir contra el saqueo en el sexenio de Calderón si éste lo apoyó para ganar en 2012?

No: De este elenco no podrá venir un cambio para bien. Hay conversos de siglas, pero los corruptos lo son toda la vida.

Es triste y real, pero en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Durango y Quintana Roo los ciudadanos buscarán honestidad votando por corruptos…



Fuente: Proceso
Autor: Álvaro Delgado
http://www.proceso.com.mx/439219/quieren-honradez-voten-corruptos

A 10 años de Atenco: Tortura sexual, práctica común de la policía mexicana



CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- A 10 años de la tortura sexual perpetrada por agentes federales y estatales contra 27 mujeres en operativos policiacos realizados en las localidades mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, siguen saliendo a la luz casos similares que demostrarían que en México la violación sexual es una práctica común de las fuerzas de seguridad.


Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza si el Estado mexicano es responsable o no de la tortura sexual contra 11 de las 27 mujeres que decidieron denunciar sus casos, las organizaciones civiles continúan documentando nuevas violaciones.

De encontrar indicios de responsabilidad, la CIDH podría remitir el caso Atenco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el máximo tribunal continental que en 2009 condenó a México por los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas sexualmente por militares en el estado de Guerrero en 2002.

La CoIDH ha emitido tres condenas por violación sexual como forma de tortura: dos contra México y una contra Brasil. Y aunque no hay plazo para conocer la decisión de la CIDH respecto al caso Atenco, este es el tercer hecho de violación sexual cometida por agentes del Estado mexicano que se ventila ante una instancia internacional.

La CIDH analiza el caso de tortura sexual como una acción que se usó contra las mujeres que en 2006 protestaron por la reivindicación de sus derechos. En los operativos de aquel entonces hubo 207 detenidos, la mayoría gente que apoyaba a un grupo de floricultores que serían desalojados del Mercado Belisario Domínguez, aunque hubo otras personas arrestadas que no participaron en la movilización social.

Las sobrevivientes denunciantes son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

El caso llegó hasta la CIDH porque el 4 de abril de 2007 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México archivó la averiguación. Ante esta falta de justicia, el 29 de abril de 2008 las sobrevivientes solicitaron al organismo analizar el caso con el objetivo de buscar justicia a nivel internacional.

Aunque la CIDH sólo actúa cuando se agotan los mecanismos nacionales, el órgano interamericano decidió aceptar la solicitud ante la dilación e ineficacia de las instancias mexicanas.

“Tierra sí, aviones no”, el reclamo de Atenco en el Tribunal Agrario. Foto: Miguel Dimayuga

Caso abierto

La abogada Araceli Olivos Portugal, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a las 11 mujeres ante la CIDH, explica que el caso sigue abierto y en investigación, gracias a la presión de organismos internacionales como el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y a la insistencia de las sobrevivientes.

Mientras ellas litigan contra el Estado mexicano por el caso Atenco, a la fecha hay 50 personas acusadas de participar en la violación sexual: 12 policías presos, acusados de tortura por omisión; 21 médicos señalados por encubrimiento, quienes llevan el proceso en libertad; un agente del Ministerio Público imputado por tortura, y 16 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

Las primeras detenciones de los policías iniciaron hasta seis años después de los hechos, en julio de 2012, luego de que representantes del Estado mexicano se presentaron ante el CEDAW para informar que había “avances” en las investigaciones.

Sin embargo, hasta ahora no hay policías acusados de cometer tortura, sino de encubrirla. Aun así, Olivos Portugal asegura que la acusación es trascendente porque encubrir el delito invisibiliza el problema. Seguramente el caso Atenco, apunta la abogada, es uno de los pocos en México que tiene tantos procesos penales abiertos por tortura sexual.

Tampoco se ha investigado la responsabilidad de las personas al frente de esos operativos. Y es que, según la defensora, si bien desde 2012 hay una averiguación abierta para determinar probables conductas delictivas, no se especifica que sea para investigar a los mandos policiacos.

En 2006 el secretario de Gobierno del Estado de México era Humberto Benítez Treviño, actual presidente del Colegio Mexiquense; Wilfredo Robledo fungía como secretario de Seguridad Pública –hoy asesor de seguridad del candidato priista al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa–; el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva era Ardelio Vargas Fosado, ahora comisionado del Instituto Nacional de Migración, y el actual titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, era gobernador de la entidad.

Sigue la resistencia en Atenco contra el nuevo aeropuerto. Foto: Hugo Cruz

Inacción judicial

En meses recientes, otras de las 207 víctimas que fueron detenidas y sometidas a tratos crueles durante los operativos en Texcoco y Atenco declararon y dieron nombres de personas que, dijeron, deberían ser llamadas para que rindan su testimonio, ya que coordinaron los operativos. Sin embargo, esto no ha derivado en alguna orden ministerial para llamarlos a declarar.

Según Olivos Portugal, estos casos de tortura sexual reflejan el patrón de discriminación en razón de género en el contexto de represión de una protesta social, dado que el día de los operativos las mujeres estaban en el lugar apoyando una manifestación pacífica para evitar el desalojo de los vendedores de flores.

Desafortunadamente, explica la abogada, la tortura se sigue usando en el país en las mismas circunstancias, tomando en cuenta que el Centro Prodh ha documentado otros casos. Incluso en 2014 las sobrevivientes de Atenco lanzaron una campaña por la justicia, en la que reunieron otros testimonios de mujeres víctimas de violación sexual por parte de agentes de seguridad.

Entre estas mujeres están Norma Jiménez, Yolanda Muñoz, Verónica Razo, Belinda Garza, Valentina Rosendo, Inés Fernández, Yesenia Armenta, Cristel Piña, Miriam Isaura López y Claudia Medina.

Y resaltan también los casos de tortura durante el traslado de internas del Centro Federal Femenil Noroeste, en Tepic, Nayarit, en diciembre de 2015, y en febrero de 2016 contra internas del Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, cuando fueron llevadas al recién inaugurado Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Morelos.

De acuerdo con testimonios recibidos por el Centro Prodh, durante el traslado, las mujeres que estaban bajo custodia de agentes federales y/o de custodios fueron víctimas de tortura y malos tratos, incluidos actos de tortura sexual como violación, tocamientos, descargas eléctricas, golpes e incomunicación.

Estos casos aún están en proceso de documentación por parte de grupos civiles, por lo que no hay un número preciso de mujeres víctimas, aunque ya hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Para la litigante, estas denuncias son graves porque ocurren en las mismas circunstancias en que se dieron los casos de Atenco, es decir, tortura durante un traslado, en el que las mujeres son más vulnerables por encontrarse bajo custodia de policías y sin supervisión alguna. La única diferencia es que las internas no estaban en una protesta social.

Al respecto, entre 2014 y 2015 el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, Juan E. Méndez, recopiló información de los estados y encontró que las mujeres y las niñas están particularmente expuestas a sufrir torturas y maltratos al ser privadas de su libertad y permanecer en prisión preventiva.

En este contexto, el Senado analiza ahora una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, enviada por el Ejecutivo federal en 2015, y en la que las organizaciones buscan incidir para que se castigue la tortura sexual.

Sobre la denuncia internacional, luego de analizar la situación y recibir información de las víctimas y del Estado mexicano, la CIDH podría pasar el caso a la CoIDH para que dicte una posible sentencia, o bien llegar a una solución “amistosa” entre las partes, opción que las mujeres de Atenco descartan de antemano.



Fuente: Proceso
Autor: Anayeli García Martínez
http://www.proceso.com.mx/439222/a-10-anos-atenco-tortura-sexual-practica-comun-la-policia-mexicana

Tragedia en Pajaritos “ya se veía venir”



COATZACOALCOS, Ver. (apro).-“Hablamos de un genocidio industrial (sic). Mandaron al sacrificio a 58 obreros, según las cuentas que nos reportan los obreros que salieron vivos”, expresa Mario Díaz Ortega, integrante de la Coordinadora de la Defensa del Petróleo y agremiado de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros.


Dicha agrupación incluye a 320 empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) disidentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Con cejas canosas bien pobladas, Díaz Ortega es enfático: el “genocidio industrial” –explica– se viene dando desde que Pemex delegó la operación de la planta a Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) y a la empresa Mexichem que, con base en empresas outsourcing del petróleo, “relegó tareas delicadas” a gente joven, inexperta, sin preparación y sin una retribución salarial estable. Por esa razón, dijo, las familias de los fallecidos quedaron en el desamparo.

“Los petroleros tenemos otra responsabilidad. Con Mexichem sólo picamos los botones. Estamos en un cuarto de control, estamos operando. ¿Quiénes hacen la reparación?, pues los jóvenes de las empresas contratistas, gente humilde que no tiene preparación, a nosotros (los petroleros) nos fueron quitando materia de trabajo. Hoy en esta tragedia mueren los de las compañías contratistas”, ataja Ortega, flanqueado por un grupo de empleados del sindicato disidente y otros extrabajadores del petróleo jubilados.



Hasta pasado el mediodía de este lunes, los boletines de Pemex consignaban la cifra oficial de 32 muertos, más de 160 heridos, 12 de ellos de gravedad y cero desaparecidos.

Y es que, raíz de la visita del presidente Enrique Peña Nieto el pasado 21 de abril, el director general de la paraestatal José Antonio González Anaya y el gobernador priista Javier Duarte dieron por canceladas sus ruedas de prensa nocturnas y desde entonces todo se concentró en enviar escuetos despachos informativos.

Entierro de un trabajador fallecido en explosión Coatzacoalcos. Foto: Yahir Ceballos

“Chivos expiatorios”

En su oficina ubicada en pleno centro histórico de Coatzacoalcos, la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Rocío Nahle García advirtió del siguiente viacrucis al que quedarán expuestos mandos medios del complejo “Pajaritos” adscritos a Pemex, así como trabajadores inmersos en la nómina de PMV.

En el complejo petrolero, dijo, se vivía un esclavismo laboral con la reforma energética y anteriormente con la reforma laboral, pues a través de puras empresas outsourcing en la industria de los hidrocarburos, la mayoría de los 700 obreros de este complejo petroquímico trabajaban sin prestaciones laborales; no acumulaban antigüedad laboral ni tenían respaldo en accidentes de trabajo.

La legisladora de Morena fustigó que al iniciar las investigaciones, la Procuraduría General de la República (PGR), dirigida por Arely Gómez, intenta buscar a “los chivos expiatorios” de esta doble explosión en el área de Clorados III en el complejo Pajaritos. Agregó que “todo parece indicar” que serán los mandos medios en quienes se recargue la responsabilidad de la catástrofe.

“Vemos que hoy la PGR le está enviando requerimiento a los ingenieros de Pemex, para que la paraestatal absorba la responsabilidad de los privados. Yo voy a defender a los trabajadores… Sí, que vayan y expliquen a la Procuraduría en qué condiciones estaban trabajando, si no habían las condiciones óptimas al momento de operar, sí los obligaban por una cuestión económica. Pero no que los agarren de chivo expiatorio de este terrorismo laboral que desencadenó en tragedia”, dijo.

Rocío Nahle García, representante del distrito de Coatzacoalcos, fue enfática al soslayar que hay una empresa mexicana “responsable de la tragedia” y que se llama Petroquímica Mexicana de Vinilo, cuyo dueño de 58% de las acciones es el exbanquero mexicano (dueño de Bital), Juan Antonio del Valle.

“Creo que el manejo de hidrocarburos no es para cualquiera, sabíamos y lo habíamos advertido que los empleados operaban sin el equipo de seguridad básico, no seguían las normas de seguridad, además la falta de mantenimiento y la negligencia laboral de sus directivos llevó a esta atroz tragedia”, expuso.

Familiares despiden a uno de los trabajadores muertos en la explosión de Pemex en Coatzacoalcos. Foto: Yahir Ceballos

Jugar con la muerte…

Mario Díaz, integrante de la Coordinadora con la Defensa del Petróleo da una síntesis recabada con los obreros que sobrevivieron a la explosión del fatídico miércoles 20. Ataja que los “riesgos” en una planta de petroquímica siempre van a existir, pero serán menores cuando haya empleados calificados y de Pemex al frente.

“La información que hemos recibido es que primero se presenta la fuga. Los retiran (los directivos a los obreros), se van a comer. Luego los directivos dicen ‘ya no hay fuga’ (sic). Los vuelven a meter a trabajar… después sobreviene la explosión”, agregó.

Javier, un obrero de la cuadrilla de andamios lo explicó de una forma más puntual: “primero hubo un desfogue, cerramos válvulas, vino una fuga, sentimos que algo explotó. Luego vino el diablo y sopló”.

Díaz Ortega reparó en que cualquier petrolero de Pemex experto en contingencias habría sabido la receta para evitar la tragedia al pie de la letra: “Uno, sí hay una fuga, tienes que cortar y parar. De otro modo, ahí están los resultados”.

El pretexto de Mexichem y de PVM para no parar fue muy lógico –atajó Díaz–, más no admitido. Los mandos decidieron no parar por la cuestión económica, pues nunca una iniciativa privada va a perder un segundo de producción: “los puntos de la Bolsa Mexicana de Valores se vienen abajo y la empresa pierde… sí estuviera Pemex al frente de la planta, el sindicato no hubiera permitido reanudar labores”, expuso.

Los razonamientos de la Coordinadora en Defensa del Petróleo y de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros suenan obvios, según el periódico La Jornada en su edición del domingo 24 de abril, tras el fatal accidente y 4 días de receso-. Y es que, Mexichem había caído 4 mil 116 millones de pesos en su valor de mercado en relación con su valor de capitalización de la semana anterior.

Un día después del accidente, el propio José Antonio González Anaya, director general de Pemex, admitió que aunque la paraestatal logró amortizar el pago de impuestos en unos 50 mil millones de pesos por año, el diagnóstico del primer trimestre tendrá “muy malos resultados financieros”.

En otras compañías privadas como Breskan Idesa, quienes controlan el proyecto de Etileno XXI, sus directivos explicaron el desplome y la tragedia de “Pajaritos” de la siguiente manera: hubo una desincorporación del recurso humano, las instalaciones ya están convertidas en chatarra y con falta de mantenimiento, nulos recesos y producción forzada en aras de no caer en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), entre otros multifactores.

Mario Díaz coincidió, pero atajó que el remedio no llegó a tiempo, porque hoy “Pajaritos” depende del sector privado; sin embargo, Mexichem nunca respetó los protocolos ni las normas de seguridad, mucho menos –dijo– el respeto humanitario al trabajador.

Y eso es cierto, empresas como Ica Flour, Gamza, Peri-Gamza, entre otras, evadieron su responsabilidad de apoyar en los cortejos fúnebres de sus obreros fallecidos. Peor aún, ni siquiera dieron visos de una eventual indemnización conforme a la ley. Por ello, familiares de víctimas de la Congregación de Mundo Nuevo salieron a “botear” el pasado lunes en el Puente Coatzacoalcos I, para exigir y presionar a las autoridades federales a que asuman su responsabilidad de cubrir los gastos funerarios y dar una liquidación a los deudos.

“Peña llegó a decir lo que sabe decir, que estaba con nuestro dolor, nos prometió que el gobernador Javier Duarte se quedaría para agilizar los trámites de la entrega de muertos y la búsqueda de desaparecidos pero, apenas se fue Peña y a Duarte no le volvimos a ver ni el polvo”, dijo Lucero Rocha, viuda de Abigail Sánchez, quien murió en la explosión cuando ocupaba el cargo de supervisor de Andamios y empleado contratista de Gamza.

Al ver hacía delante de la tragedia, Mario Díaz pugnó porque esto no vuelva a suceder: “Exigimos que la PGR haga una exhaustiva investigación, tenemos toda la información. Vamos a empezar a actuar, por la vía legal y por la movilización social para exigir que ‘Pajaritos’ sea desincorporado de la iniciativa privada y regrese a manos del Estado”.

La explosión en el complejo de Pemex en Coatzacoalcos. Foto: Yahir Ceballos

Y en las perdidas, el drama…

En los alrededores del complejo “Pajaritos” reina la zozobra y la incertidumbre. Obreros de empresas contratistas se arremolinan y acercan a los reporteros para cuestionarlos “si supieran” de la fecha de la reapertura de la empresa, del despido de personal y de sí alguna “contratista” está pagando sueldos o liquidaciones.

Y en el caos y el reacomodo de la empresa, ya se presentan actos de rapiña: “Por la explosión vino mucha gente de (la ciudad de) México, y varios administrativos de los contratistas ya se están quejando de robos, de saqueo de oficinas. La rapiña allá adentro está a todo lo que da”, explica Javier, empleado de Gamza, pero no es lo único que le preocupa.

“Seguimos llorando a nuestros amigos. Nos duele en el alma tener que ir ayer y antier a dos velorios por día, pero queremos ver, ¿Qué sigue?, la familia tiene que comer. ¿De dónde va a salir la papa? Hemos escuchado que la planta va a estar cerrada muchos meses. ¿De qué vamos a vivir?”.

La zozobra se multiplica, las empresas contratistas se desentienden del reacomodo de sus empleados. En los murmullos y lamentos de los trabajadores petroleros, la empresa Welding los respalda y algunos hasta ya lograron cobrar su sueldo el pasado viernes.

El drama que conmovió a la comunidad petrolera fue el destino de los hermanos de la congregación de Mundo Nuevo, Óscar y Abigaíl Sánchez de la Cruz, quienes murieron abrazados en la doble explosión del área de Clorados III, del complejo petroquímico. Sus cuerpos fueron encontrados la tarde-noche del domingo 24, por binomios caninos, en el área de más difícil acceso por los estragos que causó la conflagración.

Empleados del Servicio Médico Forense y periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) sacaron en una sola camilla los cuerpos calcinados de los trabajadores de 24 y 30 años. En la plancha del forense tuvieron que realizar diligencias quirúrgicas para “separar a los cuerpos”, así como “evitar despellejarlos”, por el estado en que se encontraban.

Rutilio Sánchez Jiménez, padre de Óscar, andamiero de profesión y Abigaíl, supervisor de andamios, ambos de la empresa Gamsa, contó que, según testimonios de otros obreros, Abigaíl logró evadir la onda expansiva del fuego en una primera instancia. Sin embargo, al gritar desesperado por su hermano Óscar y no obtener respuesta, regresó por él. Pasaron cinco días después del accidente para conocer que ninguno sobrevivió.

Apenas el sábado 23, Jessica Jiménez –esposa de Óscar– y Lucero Rocha –cónyuge de Abigaíl– se atrincheraban en la entrada del complejo “Pajaritos” en búsqueda de noticias sobre sus maridos. Sentadas bajo un árbol que no daba sombra ni consuelo, Jessica no paraba de sollozar, mientras Lucero platicaba con reporteros con la mirada absorta y los ojos vidriosos. “Que me entreguen a mi marido ya como esté”, decía.

El funeral de los hermanos Sánchez fue el martes 26 al mediodía en el panteón municipal de la congregación de Mundo Nuevo, una localidad de apenas ocho mil habitantes, donde 75% de la economía se mueve por los ingresos de empleados de empresas outsourcing del petróleo, sin derecho a prestaciones, ganancias ni dividendos de la industria de los hidrocarburos.

La diputada de Morena Rocío Nahle aseguró que con este incidente, no hay que buscarla mucho: “la Reforma Energética ya es un fracaso… es lo peor que nos ha pasado”. Sería absurdo, agregó, que después de la tragedia de Coatzacoalcos, los directivos de Pemex y el gobierno federal quisieran privatizar las refinerías. “Es absurdo, pero el gobierno sería capaz”.

Ingeniera de profesión, aseguró que el área de Clorados y sus sectores dañados se tendrán que volver a construir y ser cambiados por un complejo petroquímico nuevo, pues un remozamiento volvería a poner en riesgo a cientos de trabajadores.

“La planta quedó desecha, hay que hacerla de nuevo. Y cuando digo nueva, es Pemex el encargado de hacerla. Que no nos salgan con que van a concesionar Mexichem y a los amigos de Salinas la construcción del nuevo complejo petroquímico”, concluyó.



Fuente: Proceso
Autor: Noé Zavaleta
http://www.proceso.com.mx/439213/tragedia-en-pajaritos-ya-se-veia-venir

lunes, 2 de mayo de 2016

El PRI parece boicotear a Peña desde el Congreso: le bloquea sus tres iniciativas “lucidoras”

En público, el Presidente Enrique Peña Nieto ha generado expectación alrededor de las iniciativas de ley que promueve, pero al interior de su partido, el interés por que se aprueben se diluye. Analistas apuntaron que pesar de que el titular del Ejecutivo se ha esmerado en la organización de eventos públicos con el fin de abonar a la imagen de ser un mandatario reformista, la realidad es que las iniciativas de ley que propone han sido frenadas en el Congreso por decisión propia, es decir, el mismo Gobierno boicotea las iniciativas de ley que envía al Congreso.

El saldo del segundo periodo de sesiones del Congreso, entre febrero y abril, dejó pendiente las leyes que generaron mayor expectación en la gestión de Enrique Peña Nieto como las reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la nueva regulación del cannabis y la reforma al modelo policial del país, propuestas, todas,  que el Presidente Enrique Peña Nieto respaldó en eventos mediáticos.

Analistas apuntaron que pesar de que Peña Nieto se ha esmerado en la organización de eventos públicos con el fin de abonar a la imagen de ser un mandatario reformista, la realidad es que las iniciativas de ley que propone han sido frenadas en el Congreso por decisión propia, es decir, el mismo Gobierno boicotea las iniciativas de ley que envía al Congreso.

No sería el único ámbito en el que el Gobierno mexicano y su partido se boicotean a sí mismos. Apenas la semana pasada, The New York Times, The New Yorker y otros medios resaltaron en sus portadas que la administración de Peña Nieto abrió las puertas al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para luego cerrarse a una investigación creíble.
“Pareciera que el Presidente como en muchas otras cosas, tiene como interés prioritario los efectos mediáticos. Es decir, empujar el Sistema Anticorrupción le queda muy bien a un Presidente, pero a la hora de la verdad, lo que pasa es que se trata de descafeínar las iniciativas”, consideró el analista político Eduardo Huchim May.
El 28 de mayo del 2015, Peña Nieto promulgó la reforma constitucional del SNA y reiteró su compromiso en el combate a la corrupción.
“Con esa misma convicción, el primer compromiso que firmé como candidato presidencial y la primera propuesta legislativa que impulsé como Presidente electo, estuvieron dirigidos, precisamente, en contra de la corrupción”, dijo Peña en esa oportunidad.

Pero, a casi un año del evento, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue la última en presentar sus propuestas para crear las leyes del SNA en el recién pasado periodo de sesiones.

Pese a reunirse con organizaciones de la sociedad civil, el presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado, Pablo Escudero Morales, del PVEM, entregó el último día sesiones los documentos correspondientes a cinco leyes reglamentarias del SNA, que excluían la obligatoriedad para los funcionarios de presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de interés, parte central de la iniciativa ciudadana “Ley 3 de 3”.

De acuerdo con Huchim May, una vez que las iniciativas salen de Los Pinos, el Consejero Jurídico de la Presidencia Humberto Castillejos Cervantes es quien se encarga de supervisarlas.

“Pareciera que él es el que está deteniendo todo. Recordemos que el propio Emilio Gamboa [coordinador del PRI en el Senado] calificó a Castillejos como el senador 129. Es decir, vale interpretar que no se mueve nada en la bancada más grande, si no lo aprueba él”, expresó


CLIMA ELECTORAL

Enrique Toussaint Orendáin, politólogo por la Universidad de Guadalajara, apuntó que el mismo el Presidente ordenó “congelar” otras debido al clima electoral por el que atraviesa el país.
“Es interesante ver como cambió el discurso del PRI sobre el Mando Único, se dieron cuenta que el partido gobierna el 60 por ciento de los municipios, y la Policía es lo que le da mayor poder a los alcaldes. Pasaron de proponer un mando centralizado, a uno flexible, y ante la posibilidad de que afectara en las elecciones, pues mejor congelaron el tema”, consideró el experto.

La iniciativa fue congelada en el Senado desde el 1 de diciembre del 2014, cuando Peña Nieto hizo su envío tres días después de haber organizado un evento masivo al que tituló “Por un México en Paz con Justicia y Desarrollo”, en el que había anunciado un decálogo de acciones en contra de la violencia.

Pero una vez en el Senado, la bancada del PRI no hizo por avanzar en su aprobación a pesar de que el Presidente volvió a hacer un llamado público en febrero con este objetivo. La falta de voluntad contrastó con el planteamiento de metas que la bancada hizo en el inicio del periodo de sesiones.

“Que los legisladores se fijen plazos, y no se cumplan, pues es muy grave, porque confirma una opinión que las reformas constitucionales y a las leyes, se han convertido en un recurso político, que sólo busca eludir el problema de fondo”, dijo Ricardo Espinoza Toledo, investigador de la facultad de Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La Senadora independiente Martha Tagle Martínez apuntó que los políticos están más concentrados en ganar las elecciones que en terminar de aprobar los temas pendientes en un periodo extraordinario antes de los sufragios.

“Les interesan más las elecciones, y ganar gubernaturas, y lo ponen por encima de cualquier otro tema importante en la agenda, porque eso les reditúa poder. Y por otro lado, están buscando evitar golpeteos políticos antes de las elecciones”, dijo Tagle.


DOBLE DISCURSO

Expertos vieron una lógica de retraso sobre la iniciativa de Peña Nieto, enviada al Congreso el 21 de abril, para permitir el uso medicinal de la mariguana y aumentar la portación legal de mariguana de 5 a 28 gramos.
“Lo que hicieron fue descafeinar la iniciativa. Porque no se planteaba regular la producción, distribución ni venta de la mariguana”, dijo Toussaint.

Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del PRI, afirmó este viernes al periodista Joaquín López Doriga que pudo haber sacado el tema gracias a la mayoría con la que cuenta la bancada en la Cámara Alta, “pero iba a dividir al Senado”.

Sin embargo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y un segmento el Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por el presidente del Senado Roberto Gil Zuarth, habían dado su visto bueno.


REFORMITIS

La semana pasada, el Presidente Peña Nieto hizo un evento público en el que presentó 12 iniciativas de reforma constitucional para mejorar la justicia en conflictos de convivencia social y laboral. Un síntoma de la “reformitis” que padece el Gobierno, calificó Espinoza Toledo.
“Se confirma con este Gobierno que la reforma es un recurso para prolongar al infinito la solución de los problemas. Está deteriorando la importancia fundamental del sistema jurídico e institucional, se está pervirtiendo la ley a través de esta reformitis obsesiva e interminable, que se presenta como el correctivo a lo que se hizo antes, cuando antes también se dijo que eso iba resolver los problemas”, dijo Espinoza.

De acuerdo con el especialista, el Ejecutivo se dedica a proponer reformas en vez de gobernar y a hacer cumplir la ley. La reformitis, aclaró, puede también ser una forma de corrupción, cuando el Gobierno no ataca los problemas de fondo como sucedió con el SNA.

“La sanción social tendría que darse desde antes, La corrupción pública no puede esperar a que esta reformas se realicen, porque entonces nunca va haber alguna”, explicó.

CORRUPCIÓN CONGELADA

La corrupción le costó a México el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2015, de acuerdo con el Banco de México. Sin embargo, el PRI no ha manifestado prisa por aprobar las leyes reglamentarias antes de que venza el plazo, el 28 de mayo.

Emilio Gamboa hizo público su interés porque la convocatoria a un periodo extraordinario se haga después de las elecciones, que se llevan a cabo el 5 de junio en 13 estados.
“Esa sería una muy mala señal, cuando se aplace más allá de lo que indica la Constitución. Nosotros mismos pusimos ese plazo. Yo no estoy de acuerdo y vamos a seguir impulsando para que esto ocurra antes”, dijo el Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Armando Ríos Piter.
Por su parte, las comisiones unidas de Anticorrupción, Justicia y Asuntos Legislativos podrían dictaminar los temas pendientes del periodo de sesiones si se lo propusieran.


“Es más, las comisiones deben de funcionar aunque estén en periodos de receso, tienen que sesionar de manera permanente y por lo menos una vez al mes. Incluso en periodo ordinario casi no funcionan, por ejemplo, en el tema de anticorrupción en febrero citaron sólo a una sesión, y después hubo sesiones hasta abril e iba a ser imposible aprobarlas”, denunció la Senadora Tagle Martínez.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-05-2016/1655612