Patricia Espinosa fue canciller mexicana de 2006 a 2012, y actualmente tiene el cargo de embajadora de México ante Alemania; el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la nominó como secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC).
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, nominó a la excanciller mexicana Patricia Espinosa como secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC).
De acuerdo con un mensaje difundido en la cuenta de Twitter de la actual secretaria ejecutiva de la UNFCCC, la diplomática costarricense Christiana Figueres, las consultas con el consejo de este organismo para aceptar la nominación de Espinosa ya iniciaron.
La UNFCCC es el órgano encargado de reforzar la consciencia mundial sobre el cambio climático, además de que será encargado de realizar las negociaciones necesarias para que la implementación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático sea exitosa.
Lee: ¿Por qué el cambio climático también es un asunto de salud pública? Estas son sus consecuencias
Espinosa, quien fuera canciller mexicana de 2006 a 2012, ostenta actualmente el cargo de embajadora de México ante Alemania. Espinosa además fue también embajadora en Austria, Eslovenia y Eslovaquia.
La diplomática mexicana, encargada de la Cumbre sobre Cambio Climático de la ONU realizada en 2010 en la ciudad de Cancún (COP16), reemplazará a Figueres, que termina en julio su segundo mandato de tres años tras anunciar que no buscaría un tercer mandato.
De manera específica, Espinosa deberá asegurar que los compromisos de financiamiento para implementar los acuerdos sobre cambio climático sean cumplidos, además de crear los mecanismos de seguimiento para que los países concreten sus planes de reducción de contaminantes.
Asimismo, la excanciller deberá liderar el proceso de ajustes del Acuerdo de París y de los compromisos nacionales de cada país, a fin de que se cumpla la meta de un aumento en la temperatura global no mayor de dos grados centígrados durante este siglo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/nominan-a-excanciller-espinosa-para-encabezar-convencion-de-onu-sobre-cambio-climatico/
CIUDAD DE MÉXICO: Las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y Reporteros sin Fronteras (RSF) lamentaron que el ejercicio de la libertad de expresión en el mundo sea cada vez más complicado y arriesgado.
Luego de destacar que muchos periodistas han sido víctimas de acoso, amenazas e intimidación, y algunos más incluso han perdido la vida, expresaron su preocupación por todos esos casos en los que se ha vulnerado el derecho a la libertad de prensa en el mundo, y exigieron el fin del acoso.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra este martes, RSF destacó que en México, por ejemplo, la libertad de información se ha deteriorado rápidamente en los últimos años, y la prensa sufre la doble amenaza de grupos criminales y organizaciones de narcotraficantes, pero también del gobierno, que usa leyes restrictivas para censurar a reporteros.
En el mundo, agregó, los periodistas son amenazados por gobiernos y poderes fácticos, y usados como moneda de cambio en conflictos por grupos terroristas.
En su informe anual, RSF constata el “deterioro profundo y preocupante de la capacidad de los periodistas para ejercer su oficio y su función en total libertad o independencia”.
La Organización No Gubernamental (ONG) critica especialmente a países “cuyos dirigentes pueden jactarse de haber amordazado la información” en el último año.
Algunos de ellos ya son reincidentes: Arabia Saudí, Irán, Corea del Norte, Burundi, Eritrea, Azerbaiyán, Cuba, Venezuela, Rusia o China, pero otros han entrado en esta nefasta lista: Egipto, Tailandia o Turquía, donde se han reforzado drásticamente los controles sobre los periodistas.
Los líderes de estos países –apunta– aducen que el control de los medios es necesario para mantener la seguridad y la estabilidad, y bajo este argumento, Egipto, por ejemplo, mantiene encarcelados a más de una veintena de periodistas, mientras en China cumplen penas decenas de informadores críticos al sistema.
“Incitar a la subversión contra el poder del Estado”, “difundir informaciones falsas” o “incitar a la violencia” se han convertido en la fórmula para hacer callar a quienes disienten de las opiniones de gobiernos o grupos armados.
En países occidentales, añade, la lucha contra el terrorismo, cada vez más activo, sirve de coartada para limitar la libertad de información a través de leyes represivas.
Por su parte, Amnistía Internacional sostuvo que periodistas en todo el mundo “son objeto de detenciones arbitrarias, prisión, tortura y otras formas de abuso. Están encarcelados, o incluso muertos, simplemente por hacer preguntas que inquietan a las autoridades”, indicó la directora de AI para la investigación, Anna Neistat.
Destacó que los casos son cientos en todo el mundo, sin embargo, enumeró nueve, por los que pidió una investigación transparente para llevar a los responsables ante la justicia y garantizar que el trabajo periodístico pueda hacerse sin temor a represalías.
Entre esos casos, AI resaltó el de la periodista Khadija Ismayilova, presa desde diciembre de 2014 por su investigación sobre la corrupción en Azerbaiyán, que involucra a familiares del presidente Ilham Aliyev.
En un comunicado conjunto, AI y RSF llamaron a la comunidad internacional a acabar con el hostigamiento hacia periodistas, estudiantes, escritores, artistas, manifestantes o cualquier persona que busque expresar públicamente sus ideas.
Según datos de RSF, en 2015 murieron 63 periodistas por causas relacionadas con el ejercicio de la profesión y otros 40 fueron asesinados sin que se conozca aún el motivo. A estas cifras se suma la muerte de 19 periodistas ciudadanos y seis colaboradores de medios.
En su último informe, RSF señala que 54 periodistas se encuentran secuestrados en el mundo por organizaciones terroristas o criminales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439347/amnistia-internacional-rsf-exigen-fin-del-acoso-contra-periodistas
CIUDAD DE MÉXICO: Mediante el despacho panameño Mossack Fonseca, Héctor Fernández Rousselon, miembro de los Legionarios de Cristo y exvocero del cardenal Norberto Rivera Carrera en la arquidiócesis primada de México, abrió dos compañías en las Islas Vírgenes Británicas, en mayo de 2011.
Fernández Rousselon creó primero un fideicomiso mediante el cual abrió las compañías Pongo Investments I y Pongo Investments Dos, figurando él mismo como su “único director”, según se desprende de varios correos electrónicos de dicho despacho, que forman parte de los #PanamaPapers.
Los correos forman parte de los 11.5 millones de documentos filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (www.seuddeutsche.de) y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés, www.icij.org) con más de 100 medios en todo el mundo, entre ellos Proceso.
Los correos electrónicos sobre Fernández Rousselon abarcan un periodo que va de mayo a junio de ese año, y revelan las gestiones realizadas por los abogados de Mossack Fonseca para abrirle al exvocero del cardenal Rivera sus dos empresas en ese paraíso fiscal del Caribe.
En un correo del 3 de mayo, Martha Rodríguez, del despacho estadunidense Gotlieb & Associates, de Miami, Florida, le informa a Daniel León, de Mossack Fonseca, que Fernández Rousselon está interesado en abrir ese fideicomiso, cuyos beneficiarios serían su esposa (Milagro Rocío Miranda) y su hijo (Sebastián), mientras que el director de las dos firmas manejadas por el fideicomiso será el mismo Fernández Rousselon.
Daniel León –a través de un correo electrónico enviado ese mismo día– le informa a su compañera Lurys Madrid, también de Mossack Fonseca, sobre este “nuevo cliente”.
Y le detalla: “El Sr. Héctor Fernández Rousselon desea constituir un fideicomiso en Panamá (…) y Mossack Fonseca actuará como agente y oficina registrada del fideicomiso.
“El cliente además desea incorporar dos sociedades de BVI (Islas Vírgenes Británicas, por sus siglas en inglés) que estarán bajo el fideicomiso y que el propio cliente actuará como director de ambas.”
A partir de ahí, éstos y otros gestores de Mossack Fonseca se intercambian correos electrónicos para hablar de los avances en la apertura de las dos empresas: comentan sobre sus trámites y se intercambian la documentación que desde México les envía Fernández Rousselon.
Finalmente, en un correo del 19 de mayo, Daniel León le pide a la encargada de “Corporaciones” del despacho, Karla Moreno, “proceder con la incorporación” de las dos empresas de Fernández Rousselon: “Pongo Investments I” y “Pongo Investments Dos”.
La “actividad” de la primera, dice, será para “mantener los bienes del banco”. Mientras que la segunda, agrega, se encargará de “realizar negocios con compañías estadunidenses”.
Y queda asentado que Héctor Fernández Rousselon figura como el único director de ambas empresas, mientras que su hermano, Carlos Esteban, aparece como su fideicomisario.
En el currículum que envió el propio Fernández Rousselon al despacho panameño, señala que tiene una maestría en economía y negocios en la Universidad Anáhuac –de los Legionarios de Cristo–, además de diplomados y cursos en universidades extranjeras.
Señala que fue el fundador del área de Comunicación Social del arzobispado de México, la cual dirigió siete años: de 1996 a 2002, por lo que durante todo ese periodo trabajó con el cardenal Rivera, cabeza de tal arquidiócesis de 1995 a la fecha.
Y al momento de crear sus dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas, Fernández Rousselon fungía como director corporativo del Grupo Juan Beckmann, perteneciente a la poderosa empresa tequilera Casa Cuervo.
Siempre se dijo que los Legionarios de Cristo, mediante Fernández Rousselon, fueron quienes al principio le manejaron la imagen y le montaron un sofisticado aparato de prensa al cardenal Rivera, quien además mantenía mucha cercanía con el sacerdote Marcial Maciel, fundador de esa congregación religiosa.
En una entrevista con el diario La Jornada, publicada el 13 de junio de 2010, el analista Bernardo Barranco aseguró que al cardenal “la legión lo asesoró, le diseñó un aparato de prensa pendiente de la coyuntura, del acontecer nacional y del mundo para así posicionarlo en los más altos niveles de la vida económica y mediática del país”.
Para conocer su versión, Proceso buscó a Fernández Rousselon en el Grupo Juan Beckmann, donde informaron que ya no trabaja ahí. También le telefoneó a su domicilio particular, en Huixquilucan, Estado de México, donde tampoco fue posible contactarlo hasta el cierre de esta edición.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RODRIGO VERA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439307/legionario-cristo-en-panamapapers
CUERNAVACA, Mor: Colectivos de familiares de víctimas emplazaron al gobierno federal a que abra las fosas clandestinas de Tetelcingo y sean identificados los más de 100 cuerpos que fueron depositados en ellas por la Fiscalía General de Morelos en 2014. El plazo vence el próximo miércoles 18; si no hay respuesta, afirman los demandantes, “nosotros iremos y las abriremos con nuestras propias manos”.
Luego de una reunión con los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Seguridad, enviados de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, la Red Enlaces Nacionales, la Red Retoño y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad aseguraron que todavía queda un ápice de confianza para que se haga justicia a las más de 100 personas depositadas en las fosas ilegales.
Por separado, los representantes de la Red Eslabones, Valentina Peralta Puga, y de la Red Enlaces, Juan Carlos Trujillo Herrera, coinciden en que no tienen confianza en las autoridades de Morelos, pues “ellos serían juez y parte, fueron ellos quienes depositaron esos cuerpos de manera clandestina en las fosas de Tetelcingo, no puede ser que sean ellos mismos quienes ahora vengan a prometer justicia”.
María Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao, un joven comerciante secuestrado y asesinado en 2013 y cuyo cuerpo fue inhumado en esas tumbas a pesar de estar plenamente identificado, aseguraron en entrevista que el fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, ha dicho que el gobierno estatal prácticamente tiene listas nuevas fosas en un panteón privado de Cuautla, donde depositarían los más de 100 cuerpos de Tetelcingo.
El tiempo apremia y a pesar de que la CNDH tiene conocimiento de este caso desde noviembre pasado y que familiares de víctimas de desaparición de varios estados han presentado denuncias ante la PGR para exigirle que intervenga en el caso, hasta el momento los representantes de ambas instituciones han dado informaciones vagas a las organizaciones.
“Sólo nos dijeron que están solicitando información a la fiscalía. Es desesperante, porque en Morelos el gobierno de Graco debe estar fabricando las carpetas de investigación de esos cuerpos”, advierte Peralta Puga.
Proceso fue el medio que dio a conocer este caso en noviembre pasado, pero se remonta al 28 de marzo de 2014, cuando se conmemoraba por primera vez el Día Estatal de las Víctimas.
Oliver Wenceslado Navarrete Hernández, un comerciante de Cuautla, fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en la colonia Ampliación Gabriel Tepepa por cuatro hombres mientras recogía a sus hijos de la escuela. Se abrió la carpeta de investigación CT-UIAE/83/2013 por el delito de desaparición de persona.
Diez días después, el 3 de junio, el cuerpo de Navarrete fue encontrado en un barranco en el municipio de Ayala, vecino de Cuautla, y se abrió una carpeta de investigación con el número CT-UIDD-A/1791/2013 por el delito de homicidio. Ahí se consigna que el cadáver estaba sin identificar.
Después de revisar sus pertenencias se encontró una credencial y se estableció que era Navarrete Hernández. Además, con ayuda de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero se realizó una prueba de ADN a partir de una muestra donada por su madre, María Concepción Hernández, y se estableció “un 99.99% de probabilidad” de identificación.
Sin embargo, las autoridades se negaron a entregar el cuerpo a la familia argumentando la necesidad de más estudios periciales. Así pasó más de un año.
Según los relatos de la madre y de la tía de Oliver, un funcionario de la fiscalía les dijo en diciembre de 2014, como rumor, que el cuerpo de su familiar ya no estaba en la cámara frigorífica del servicio forense. A fuerza de presiones, la familia logró que el fiscal regional José Manuel Serrano Salmerón les informara oficialmente, el 4 de diciembre de 2014, que Oliver había sido depositado en una “fosa común” desde el 28 de marzo de 2014.
La familia advirtió al funcionario que, si no le entregaban el cuerpo, lo denunciaría en los medios.
El 9 de diciembre de 2014 la fiscalía realizó una diligencia en la que la familia logró participar. Los peritos abrieron las fosas y desenterraron 150 cuerpos, según la familia que logró registrar las escenas en video –una copia del cual fue publicada en proceso.com.mx en noviembre pasado.
Los cadáveres estaban colocados sobre tablas y embalados con plástico. En el mejor de los casos tenían una botella de agua, vacía, con el número de su averiguación previa o carpeta de investigación escrito en cartón. El último cuerpo extraído ahí fue el de Oliver Wenceslao, que fue entregado a la familia, que lo inhumó en el panteón público de Cuautla.
María Concepción Hernández relata en entrevista cómo su vida no volvió a ser igual. Amalia Hernández, su hermana, hizo un trabajo de investigación para determinar de quién era el panteón de Tetelcingo, cómo funcionaba, si tenía permisos. Ambas decidieron iniciar denuncias por las irregularidades en el caso de su familiar, y luego, en noviembre pasado, hacer pública la existencia de las fosas.
Esto provocó una movilización nacional por parte de los colectivos de víctimas, quienes aseguran que tienen interés jurídico en el caso “pues sabemos que el crimen organizado no respeta los límites políticos de las entidades. Buscando personas desaparecidas de una entidad, resulta que son halladas personas de otro estado que fueron asesinadas en una tercera entidad. Así que nuestras familias tienen el derecho a que se abran las fosas y que peritos independientes los identifiquen”, demanda Valentina Peralta.
En ese contexto, las diferentes organizaciones acudieron al Programa de Atención a Víctimas y a la Comisión de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dado que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos no les hicieron caso.
De hecho, las familias que han presentado denuncias por estos hechos ante la PGR han señalado, con base en la Ley de Víctimas, a los peritos forenses de la UAEM como coadyuvantes en la identificación de los cuerpos.
“Es que no hay confianza en la fiscalía del estado. El anterior fiscal, Rodrigo Dorantes Salgado, que fue quien ordenó la inhumación de los más de 100 cuerpos en esas fosas, como basura, fue premiado con el nombramiento de delegado de la PGR en Durango. Y el nuevo fiscal, Pérez Durón, que al parecer no estaba involucrado, no ha sido capaz de mandarlo llamar y fincarle responsabilidades”, acusa Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
La CNDH, nada
En noviembre pasado hubo una primera reunión con la CNDH y la PGR, en la cual estuvieron presentes el ómbudsman Luis Raúl González Pérez y el subprocurador de Derechos Humanos, Éber Betanzos. Ambos se comprometieron a coadyuvar en las investigaciones.
La CNDH designó al segundo visitador Enrique Guadarrama López como el encargado de dar seguimiento al caso.
“Sin embargo, la verdad es que cinco meses después todavía no hay nada”, acusa Amalia Hernández. “De hecho, en la reunión (del 28 de abril) Luis Raúl González le pidió al visitador que informara de lo que ha hecho y no dijo nada. Sólo nos repitió varias veces que está actuando con sigilo. Pero no vemos resultados, mientras que tememos que el gobierno de Graco esté fabricando expedientes para curarse en salud”, asegura Valentina Peralta Puga, participante en ambas reuniones.
En tanto, la PGR no ha tenido actuaciones más allá de solicitar información a la Fiscalía de Morelos. Al menos eso fue lo que informaron los representantes de esa dependencia el 28 de abril.
En ese encuentro en las instalaciones de la CNDH, con la participación de González Pérez y de Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las organizaciones exigieron a ambas instituciones que se pronunciaran públicamente a favor de que la PGR atraiga el caso de las fosas de Tetelcingo. Se negaron rotundamente.
En cambio, acordaron gestionar una reunión con la titular de la PGR, Arely Gómez, para discutir el caso, y González Pérez y Rochín del Rincón se comprometieron a buscar una reunión con el gobernador de Morelos. “¿Para qué? No nos quedó claro, porque al final ya conocemos a Graco, no va a resolver nada, porque no lo ha hecho desde que denunciamos el asunto hace ya casi seis meses”, advierte Sicilia.
Además, una exigencia de las organizaciones de familiares de víctimas fue que la CNDH impida que la Fiscalía de Morelos meta mano a las fosas de Tetelcingo, por lo que este organismo emitió medidas cautelares para garantizar la protección y resguardo del predio.
Pero para los colectivos de familiares de víctimas esto no es suficiente. Hay molestia. Por ello, al término de la junta, los representantes de los colectivos de víctimas decidieron emplazar a las autoridades federales a que abran las fosas e identifiquen los cuerpos a más tardar el martes 17, o en caso contrario, al día siguiente, con el acompañamiento de los peritos de la UAEM, ellos mismos abrirán las fosas de Tetelcingo y comenzarán el proceso de identificación de los cuerpos.
“Es posible que nos metan a la cárcel con argumentos legales, pero su legalidad (de las autoridades) está muy lejos de nuestra legitimidad, de nuestro derecho a encontrar a nuestras víctimas. Las familias tienen la legitimidad y el derecho de buscar a sus víctimas. Vamos a ver si las instituciones pueden hacer que su legalidad se empate con nuestra legitimidad. Si no están a la altura, si no responden, abriremos las fosas con nuestras propias manos. Estamos dispuestos a ir a la cárcel. Los culpables serán ellos”, concluye Sicilia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439306/morelos-ultimatum-a-la-aberracion-tetelcingo
Integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán agredieron a golpes y detuvieron a dos miembros del Grupo Indignación, en Chablekal, donde ahora son transportados por las patrullas estatales 6262 y 6339.
Las víctimas son el abogado Jorge Fernández Mendiburu y Martha Capetillo Pasos, directora de comunicación de la asociación civil, quienes fueron golpeados y obligados a subir a las patrullas de la policía.
Indignación fue advertido de desalojos de casas en la comunidad en Chablekal, por lo que salieron a manifestarse contra el abuso de la policía, la cual respondió lanzando gases lacrimógenos a la población.
Martha Capetillo, quien se alejó del lugar de la protesta, fue interceptada por los elementos policiales, quienes la golpearon y la detuvieron. Por su parte, Fernández Mendiburu acudió a auxiliar a Capetillo, pero fue igualmente agredido por los oficiales.
Grupo Indignación es una asociación civil que ha apoyado diversas causas sociales, entre las que se encuentra un conflicto ejidal en Chablekal, donde sus habitantes se resisten a que empresarios de Mérida se adueñen de los predios.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://desinformemonos.org.mx/oficiales-golpean-a-miembros-del-grupo-indignacion-en-yucatan/
Adriana Molina tiene 19 años y desde la mañana de ayer está internada en coma, con un severo trauma en el cerebro, producto de los culatazos en la cabeza que le dio su ex pareja, un policía, en la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit. El estado de salud de Adriana es muy delicado, con pocas chances de mejoría.
Las versiones sobre cómo sucedieron los hechos aún difieren, pero de los puntos más dolorosos, además del ataque a la jovencita, es que su ex marido la agredió frente al hijo de ambos, un bebé de dos años.
Era la noche del 1 de Mayo, cuando Pedro Cervantes García, un agente policial de 34 años, llegó a la casa de Adriana, su ex-pareja, en un complejo de viviendas de Infonavit, llamado Los Fresnos. Fueron los vecinos quienes alertaron a la policía ante los gritos de dolor que salían del apartamento de la joven.
Al escuchar la llegada de la policía, y según reportes, de oficiales de la Fiscalía del estado, el agresor se encerró en una de las recámaras de la casa, y al verse acorralado, saltó por la ventana desde un tercer piso. Sobrevivió. Las láminas del techo de una de las casas de abajo le amortiguó el golpe.
Adriana está internada en el Hospital General de Tepic. Él, en el hospital del Seguro Social, dónde quedó a disposición de la justicia.
Esta mañana, se organizó una marcha por las calles de esa ciudad, capital del estado, para exigir justicia para Adriana. La Colectiva Feminista Nayarit, una de las existentes en la localidad, no convocó la marcha, pero sí se hizo presente, y relataron lo vivido a Desinformémonos.
La situación es muy difícil y muy dolorosa. En la marcha de esta mañana, las personas que se congregaron exigieron justicia, pero también por el alto a la violencia contra las mujeres y en reclamo de la tipificación del delito de feminicidio, que no existe en la entidad, y por la declaración de alerta de género en Nayarit.
“El reclamo fue por justicia para Adriana. Hubo mucho reclamo a los elementos policíacos que aparecieron a lo largo de la manifestación, ya que no es extraño que un uniformado haya violentado a una persona. Asesinos, les gritaban”
La marcha se detuvo en las puertas del hotel, exigiendo la presencia del gobernador, que extraoficialmente se sabía que estaba en ese punto, en una actividad. “La marcha partió del penal de Tepic y siguió hasta llegar a un hotel en dónde extraoficialmente sabíamos que se encontraba el gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda”
Primero salió el vocero, pero la marcha exigió al representante político.
“Cuando salió, la gente de la manifestación comenzó a hacer los reclamos del caso, pero no sólo eso. También surgieron de las mujeres que estaban, reclamos por sus hijas u otras mujeres golpeadas, por denuncias hechas que no fueron atendidas. También de arbitrariedades sufridas en las instituciones por mujeres al momento de denunciar violencias sufridas” explicaron integrantes de la Colectiva presentes en al marcha.
El reclamo unánime fue el de la tipificación del delito específico de “feminicidio”, punto al que el representante político se comprometió a atender esta semana.
“También se reclamó al poder público que se comprometiera a ayudar a la familia de la chica, sobre todo, que se apoye al hijo de ambos, un bebé de dos años”, un bebote que de un plumazo queda sin madre ni padre, y que hasta ahora no se tiene mayor información de quién se hará cargo de su atención y custodia.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ELIANA GILET.
FECHA: http://desinformemonos.org.mx/marchan-en-nayarit-por-justiciaparaadriana-victima-de-violencia-machista/
Durante los tres primeros meses de este año, Artículo 19 ha registrado 69 agresiones contra la prensa mexicana, de las cuales 33 fueron por parte de funcionarios públicos y se han concentrado en Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México. En este periodo tres periodistas fueron asesinados. Las condiciones para que los periodistas y comunicadores ejerzan su labor no han mejorado, al contrario, cada vez son más precarias, concluye el informe trimestral “Sin prensa no hay democracia”. El primer asesinato de un periodista este año ocurrió apenas durante los primeros 21 días de 2016.
México está inmerso en un panorama adverso e impune para la labor periodística, lo cual expone el nivel democrático del país. En los primeros tres meses de este año se documentaron 69 agresiones contra la prensa, de las cuales destacan los asesinatos de tres periodistas, reporta hoy Artículo 19 en su primer informe trimestral de 2016 “Sin prensa no hay democracia”.
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización internacional informa que en este periodo las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz, con 17; Guerrero, con 11; y Ciudad de México, con 9. Durante todo el año pasado también registraron la mayoría de ataques a la prensa.
“Cuando se agrede a la prensa se vulneran los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y a la información, y termina por desestimar la labor de los periodistas en la sociedad. Sin embargo, el Estado es omiso y negligente en su obligación por brindar justicia, verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra la prensa. La impunidad que prevalece en el país es un aliciente para la repetición constante de estos actos. Las condiciones para que los periodistas y comunicadores ejerzan su labor, no ha mejorado, al contrario cada vez son más precarias”, acusa Artículo 19.
Lucía Vergara, de Artículo 19, dijo a SinEmbargo que la impunidad también es parte de una agresión. “Cuando matan o amenazan a periodistas y no se investiga, se da un llamado a los agresores a que sigan cometiendo acciones contra los periodistas”, expuso.
De las 69 agresiones, 33 de los casos los responsables fueron funcionarios. De estos, 12 involucran a elementos del Ejército o Fuerzas federales.
“Las autoridades niegan responsabilidad y no existe iniciativa por abrir investigaciones en contra de ningún servidor público. Esto impide el acceso a la justicia y verdad para las víctimas”, denuncia el informe.
Vergara declaró en entrevista que es preocupante que las autoridades, en vez de investigar, desprestigien o desacrediten a los periodistas.
De enero a marzo, se tiene el registro de 15 amenazas; un ataque contra un medio de comunicación; 19 ataques físicos o materiales; 12 casos de hostigamiento y acoso, ocho actos de intimidación; seis privaciones ilegales de la libertad y cinco casos de violencia institucional.
Por tipo de medio, los medios digitales son los de mayor registro de agresiones, con 27; seguidos de los medios impresos, con 14; las agencias de información, con nueve; la televisión, con siete; y la radio, con seis.
Asimismo, se registraron seis agresiones contra periodistas independientes o freelance.
Del total de agresiones, 44 se dirigieron a hombres, 19 a mujeres y seis a medios de comunicación o colectivos.
Los periodistas de regiones del país donde mayor índice de agresiones se registra han encontrado en la autocensura una medida efectiva de protección. Sin garantías para realizar su trabajo, afirma el informe, la prensa ha cedido libertad en favor de su seguridad.
El silencio lacera más cuando la impunidad prevalece en la mayoría de los casos de agresiones. Aun así, en Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Chihuahua, por ejemplo, los periodistas crearon redes para la autoprotección y para levantar la voz, destaca el reporte de este día.
En 2015 Artículo 19 documentó 397, en comparación con 326 en 2014. Además, durante la actual administración federal (del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2016) se han registrado mil 142 agresiones.
De 2000 a la fecha, la organización ha registrado 93 asesinatos de periodistas y los últimos 20 han sido durante el Gobierno actual del Presidente Enrique Peña Nieto.
PERIODISTAS ASESINADOS
Durante los primeros 21 días de 2016 se reportó el primer periodista asesinado. En febrero Anabel Flores Salazar, de El Sol de Orizaba, y Moisés Dagdug Lutzow, de la estación “La Grande de Tabasco”, se unieron a la lista.
Artículo 19 agregó al informe el asesinato de Francisco Pacheco Beltrán, de Foro de Taxco, Guerrero, el pasado 25 de abril.
La obligación de investigar los asesinatos contra periodistas es de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Sin embargo, denuncia Artículo 19, ha eludido su responsabilidad de investigar los delitos que atentan contra la libertad de expresión.
Esta instancia de la Procuraduría General de la República (PGR) argumenta que las fiscalías locales son las que deben comprobar el nexo de la labor periodística para determinar la atracción de los casos.
Marco Hernández Bautista, corresponsal de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, fue atacado con un arma de fuego. Hasta ese día de enero él cubría el contexto local electoral y su impacto en los grupos de poder.
Siguió la reportera de El Sol de Orizaba Anabel Flores Salazar. Ella, quien investigaba sobre desapariciones forzadas en Veracruz, fue privada de la libertad, torturada y asesinada por sujetos que vestían prendas de tipo militar la madrugada del 8 de febrero de 2016. Su cuerpo fue encontrado en el municipio de Tehuacán, Puebla.
Las autoridades criminalizaron a la periodista al declarar que se investigaba su vínculo con integrantes del crimen organizado, por lo que descartaron la debida investigación basada en su labor.
En el interior de su domicilio en Villahermosa, Tabasco, Moisés Dagdug Lutzow, conductor de la estación XEVX “La grande de Tabasco” y del canal local de televisión TVX, fue asesinado con un arma punzocortante el 20 de febrero.
Dagdug Lutzow, quien había recibido amenazas, difundía temas críticos de la administración estatal del Gobernador Arturo Núñez Jiménez.
AGRESIONES CONTRA MUJERES PERIODISTAS
En el primer trimestre del año Artículo 19 documentó 19 agresiones contra mujeres periodistas, de las cuales al menos siete se dieron con componente de género.
Cuatro casos con clave de género se registraron en las redes sociales: dos actos de acoso y hostigamiento sexual, una amenaza de daño sexual y una amenaza de muerte.
La periodista Gloria Ruiz García, de Ciudad Acuña, Coahuila, fue acosada sexualmente y amenazada de muerte por redes sociales. Pero las autoridades federales y estatales intentaron desechar el caso al decir que no se consumó el delito, además buscaron una conciliación con el agresor, el líder de una organización política de la entidad.
AGRESIONES EN INTERNET
Los periodistas críticos se enfrentan a un contexto donde las leyes locales y federales permiten el uso de malware para el espionaje y la retención de metadatos y datos personales. De enero a marzo ocurrieron 15 agresiones en la red: seis amenazas por medio de redes sociales; ocho casos de hostigamiento y acoso, también por medio de redes sociales, y un ataque cibernético a un medio de comunicación.
Las autoridades, evidencia el informe, descartan los hechos o les dan poca importancia, argumentando que no hay delitos consumados por lo que en su mayoría la investigación es infructuosa.
Sin embargo, este tipo de agresiones también suelen causar estragos psicológicos en las víctimas al no saber con qué agresor se enfrentan, así como el nivel de riesgo en el que se encuentran.
ATAQUES CONTRA RADIOS
Durante los tres primeros meses del año, hubo seis agresiones contra estaciones de radio en el país, entre ellas, el asesinato del locutor Moisés Dagdug Lutzow, en Tabasco.
En este periodo se registraron tres agresiones contra radios comunitarias, que representan una herramienta para la denuncia y exigencia de derechos, y al mismo tiempo para difundir en un espacio propio su identidad cultural.
El Estado realiza operativos desproporcionados donde policías federales, y en algunos casos elementos del Ejército, agreden y detienen a quienes trabajan en las estaciones, denuncia Artículo 19.
La actuación del Gobierno federal en el tema de medios comunitarios e indígenas se reduce a la persecución de quienes los operan.
El 10 de febrero, Martha Izquierdo –locutora y directora de la radio comunitaria Bianii Luu Nezaa, en Ixtepec, Oaxaca– fue amenazada por un grupo de hombres a bordo de un automóvil Nissan color blanco.
El medio da cobertura y apoya las denuncias de los pobladores sobre malos tratos en instituciones públicas, particularmente de salud. Su trabajo ha generado tensión con autoridades de los municipios Santiago Laollaga y Guevea de Humboldt.
El 19 de marzo, alrededor de 60 agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) irrumpieron con violencia en las instalaciones de cuatro estaciones de radio: La Perla de la Mixteca 96.5, Radical Stereo 98.3, La Máxima 107.9 y La Tlaxiaqueña –estas dos últimas radios comunitarias–, para decomisar sus equipos de transmisión y otros dispositivos de trabajo.
63 PERIODISTAS MURIERON EN 2015: RSF Y AI
Profesionales de la comunicación y otras personas que expresan sus ideas a través de los medios de comunicación tradicionales y en el ámbito digital sufrieron persecución, amenazas, encarcelamiento, secuestros, tortura e incluso fueron asesinados el año pasado. Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional (AI) recuerdan hoy que en 2015 murieron 63 periodistas por causas relacionadas con el ejercicio de su profesión y otros 40 profesionales fueron asesinados sin que se conozca aún el motivo de su muerte.
A estas cifras se suman las muertes de 19 periodistas ciudadanos y seis colaboradores de medios, así como los 54 periodistas que se encuentran secuestrados en el mundo por organizaciones terroristas o criminales.
Ambas organizaciones han alertado que existen cuatro “puntos calientes” donde la libertad de prensa está cada vez más restringida, entre ellos, México.
“Durante 2015 continuaron las amenazas, el acoso y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos en México. A pesar de la existencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobado en 2012, la falta de recursos y coordinación provocó que no se ofreciera la protección adecuada”, denuncian en un comunicado.
Aunque el 90 por ciento de las peticiones de protección en virtud del Mecanismo fueron aceptadas, persistió la impunidad por amenazas y agresiones.
De acuerdo con datos de RSF, ocho periodistas fueron asesinados en 2015 -en cinco casos aún se desconoce la razón de su muerte-. En lo que va de 2016, ya han sido asesinados cinco periodistas.
El comunicado de este martes expone que el periodista maya Pedro Canché fue puesto en libertad, en junio, tras pasar nueve meses encarcelado en espera de juicio por cargos infundados de sabotaje, presentados contra él como represalia por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión en Quintana Roo.
El reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera Pérez y tres mujeres más aparecieron sin vida en un apartamento de Ciudad de México, en julio. Tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera habían abandonado el estado de Veracruz meses antes a causa de amenazas de muerte.
Además, otros periodistas continuaron sufriendo el hostigamiento de las autoridades y algunos de ellos huyeron de sus lugares de residencia o abandonaron su trabajo por temor a las represalias.
Egipto, con 24 periodistas encarcelados durante 2015 y uno de los países donde más se ha restringido el derecho a la libertad de información, también figura entre los “puntos calientes”.
Durante el año pasado se enjuició a varios periodistas que trabajaban para medios informativos críticos con las autoridades egipcias o vinculados con grupos de oposición por divulgar “noticias falsas”, entre otros cargos penales de motivación política.
Turquía fue el país europeo que más periodistas encarceló en 2015, y numerosos profesionales y medios de comunicación críticos fueron objeto de una fortísima presión.
En Rusia, el control directo del Estado sigue siendo el mayor obstáculo para la libertad de prensa y durante 2015 RSF denuncia que la política editorial de la mayoría de los medios de comunicación reprodujo fielmente las opiniones oficiales sobre sucesos clave del ámbito nacional e internacional.
Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional exigen el fin del acoso y el hostigamiento hacia periodistas, estudiantes, escritores, artistas, manifestantes o cualquier persona que busque expresar públicamente sus ideas.
“INFORMAR NO ES UN DELITO”
Bajo el lema “informar no es un delito”, periodistas y defensores de la libertad de expresión se solidarizaron con la periodista Sanjuana Martínez porque, dijeron, su caso compete al derecho de libertad de expresión y al derecho a la información de toda la ciudadanía.
Sergio Méndez Silva, de Pro Persona, informó que esta organización presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por no iniciar una investigación sobre el proceso judicial contra la columnista de SInEmbargo y sobre el expediente perdido.
Para que tenga peso esta acción, que también exige medidas de reparación, Pro Persona recabará firmas masivas.
“El acto de censura que está sufriendo por denunciar a cómplices de lugares de explotación sexual a mujeres no sólo afecta a Sanjuana, sino a todos como lectores”, expuso Méndez Silva.
Sanjuana Martínez, después de agradecer el apoyo, afirmó que el ex dirigente del PRD, Jesús Ortega, tiene derecho de denunciar, “pero no tiene derecho a violar el aparato de justicia para conseguir de manera sucia una sentencia”.
La periodista declaró hoy, Día Mundial de la Libertad de Expresión, que en los últimos días ha recibido mensajes amenazantes, por lo que hace responsables a Ortega, al PRD y a la Senadora Angélica de la Peña por lo que pueda pasarle a ella y su familia.
El periodista Pedro Canché -encerrado por nueve meses por el gobierno de Borges en Quintana Roo- aseguró que “las balas no duelen a los periodistas asesinados, nos duelen a nosotros”.
Sobre todo, dijo, cuando hay campañas mediáticas que satanizan estos asesinatos impulsados por las líneas afines al gobierno.
“La tortura duele, pero duele más la indiferencia de los colegas ante casos como el de Sanjuana”, añadió.
Canché pidió no darle alas ni voz al sistema porque al final el ataque es a la sociedad.
Ana Ruelas, de Artículo 19, pidió derogar las normas que amenazan a la libertad de expresión. Entre ellas se encuentra el delito contra el honor por el cual Ortega demandó a Sanjuana Martínez.
“La libertad de expresión se va restringiendo”, afirmó Ruelas, quien citó el informe publicado este día “Sin prensa no hay democracia”, el cual revela que en los tres primeros meses de 2016 hubo 69 agresiones contra la prensa.
Jorge Fernández Negrete, de Amedi, añadió que el periodista es esencial para la democracia al aportar diversidad informativa a la sociedad.
FUENTE: SINEMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-05-2016/1655803
A poco más de tres años de que Enrique Peña Nieto asumiera la Presidencia de México, y a dos años de sus reformas ambiciosas en energía, telecomunicaciones, el sector financiero y la educación, diseñados para dar rienda suelta a la inversión, la competencia y el crecimiento del país, la economía no logra grandes avances, mientras que los escándalos de corrupción y la creciente violencia han golpeado su imagen, destacan los diarios Financial Times y The Wall Street Journal.
Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia como la cara nueva de un viejo partido empañado, el Revolucionario Institucional (PRI). En sus dos primeros años empujó a través de reformas ambiciosas el sector financiero y la educación. Sin embargo, tres años y medio después de su elección, la economía es tenazmente tibia, mientras que los escándalos y la creciente violencia golpearon su popularidad y ahora se ve presionado a entregar resultados antes de las próximas elecciones, destacan medios internacionales.
El pasado 13 de abril, el diario Reforma difundió una encuesta donde el 66 por ciento de los ciudadanos reprobaba la labor del Ejecutivo federal, una caída del 9 por ciento en su índice de popularidad, calificación más baja que la del entonces Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en 1995, cuando la crisis económica lo llevó a hundirse 6.9 por ciento ese año.
“El Presidente realmente no se ve que esté haciendo algo productivo; la gente lo ve a él sólo con el cumplimiento del protocolo”, dijo al diario Financial Times Alejandro Schtulmann, titular de la consultora EMPRA. “Algo tiene que suceder para salir de este pozo”.
El diario británico especializado en finanzas refiere que Peña Nieto no tuvo suerte al abrir las ofertas al sector de la energía, donde se esperaba extraer miles de millones de dólares en inversión ya que coincidió con la caída mundial de los precios del petróleo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que los flujos de inversión extranjera directa neta ascenderán a sólo el 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México este año, muy por debajo del 4.6 por ciento de Brasil, a pesar de que este país enfrenta su peor recesión, dice Goldman Sachs.
A pesar de que el crecimiento económico de México en el primer trimestre de 2016 se aceleró a un 2.9 por ciento, señala Financial Times, “los recortes del gasto público y la debilidad del peso han alimentado los temores de que esta aceleración no puede durar mucho”.
El diario destaca que el mes pasado el Presidente dijo a varios medios que había muchas razones para decir que el país está avanzando, sin embargo, dice el texto firmado por la periodista Jude Webber, aunque Peña ha luchado por terminar con esa sensación de que las cosas van mal en México, “con las elecciones intermedias en junio próximo lo ponen bajo presión para entregar resultados”.
Por su parte, The Wall Street Journal, dice que pese a los alentadores datos económicos durante el primer trimestre, las perspectivas para la economía de México este año se ve afectada por la debilidad de la demanda externa exportaciones -principalmente a Estados Unidos- y las preocupaciones sobre la seguridad pública.
Ayer, analistas consultados por Banxico, estimaron que la economía de México crezca un 2.4 por ciento en el año 2016. El dato de crecimiento fue el mismo que en marzo, después de haber caído a principios del año. Los analistas ven el crecimiento económico el próximo año en 2.8 por ciento, por debajo del 3 por ciento en marzo.
“El crecimiento económico ha decepcionado desde que Enrique Peña Nieto asumió el cargo, a finales de 2012. El Presidente se fijó como objetivo un crecimiento del 5 por ciento, pero hasta ahora el crecimiento económico medio ha sido un anémico 2 por ciento en los tres primeros años de su administración”, expuso The Wall Street Journal en una nota firmada por el periodista Juan Montes.
LOS PENDIENTES: INSEGURIDAD Y CORRUPCIÓN
Financial Times refiere que la reforma contra la corrupción se ha estancado a pesar de ser “un hecho urgente en México luego del escándalo de las propiedades de la Primera Dama Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso”.
Menciona que el PRI en el Congreso parece no dar prioridad para avanzar en las leyes reglamentarias del Sistema Nacional anticorrupción (SNA), una prioridad de Peña para reconstruir la credibilidad del gobierno destrozada.
El saldo del segundo periodo de sesiones del Congreso, entre febrero y abril, dejó pendiente las leyes que generaron mayor expectación en la gestión de Enrique Peña Nieto como las reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, la nueva regulación del cannabis y la reforma al modelo policial del país, propuestas, todas, que el Presidente Enrique Peña Nieto respaldó en eventos mediáticos.
Reformas y no violencia, dice el diario, “se suponía que ese era el camino para definir el nuevo México, pero en marzo pasado la tasa de homicidios a nivel nacional aumentó 19 por ciento respecto al año anterior”.
“Tal vez lo más preocupante es que el gobierno no ha logrado reformar las fuerzas policiales locales plagados de corrupción”, señala.
Y retoma el caso de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa:
“El gobierno prometió transparencia sobre la desaparición, sin embargo, la investigación oficial del peor crimen de derechos humanos de México en las últimas décadas, fue expuesta por los expertos internacionales quienes dijeron que había información manipulada. Además, el gobierno bloqueó deliberadamente sus esfuerzos después de que los expertos pusieron en duda la versión oficial de los hechos en un informe condenatorio del año pasado”.
El caso se ha convertido en una metáfora de los fracasos de México, menciona Financial Times.
El diario destaca que los desaciertos del Gobierno federal han servido a Andrés Manuel López Obrador para ubicarse como líder en las encuestas rumbo a 2018.
“Debemos tomar en serio las lecciones de la historia de otros países. Cuando la clase política no estaba preparado para el desafío, los líderes populistas finalmente emergieron”, dijo al medio Marco Fernández, profesor en el Tecnológico de Monterrey e investigador de laboratorio de ideas de México Evalúa.
FUENTE: SINEMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-05-2016/1655840
México se ha convertido en el tercer productor de heroína en el mundo y principal fuente de abastecimiento para Estado Unidos, en donde ahora más personas tienen fácil acceso a la “heroína negra” o “heroína mexicana”.
Cuando “Pepe” va a visitar a su familia sabe que el recorrido puede acabar muy mal. Los imponentes paisajes de la sierra de Guerrero contrastan con el horror que se vive en los pueblos cercanos a la orilla del camino de terracería que lo guía hasta su destino. Una región que está en disputa por los diferentes cárteles debido a la producción y trasiego de la goma de opio, materia prima para “cocinar” la heroína.
“Pepe” — cuyo nombre real no revelamos por protección — vive en Chilpancingo, “Chilpayork” para los locales. Trabaja en una institución educativa y es originario de Jaleaca de Catalán, donde el Estado es un espejismo. Es un chico amable y de risa contagiosa. Él pertenece al grupo de jóvenes que buscan librarse de la condena que cargan por ser originarios de un territorio olvidado y abandonado, cooptado por cárteles o bandas delincuenciales.
Los amigos de “Pepe” en Jaleaca cultivan amapola y algunas verduras. Son campesinos que viven en una de las regiones más olvidadas del país. Siembran la flor porque es lo más rentable.
“Memo” — para quien también usamos un nombre falso — es un agricultor joven y fuerte. Menciona que prefiere cultivar chile que mariguana, pero lo que más deja es la amapola, de la cual se extrae la goma de opio. Es un cultivo amable, no necesita de mucho cuidado y se puede cosechar tres veces al año. Su flor es roja o blanca y su fruto es lo que se raya para sacar un líquido lechoso que se recolecta en latas de jugo Jumex. Este líquido se deja secar y es lo que se convierte en la goma.
Él tiene una pequeña cosecha, comenta que las erradicaciones del ejército se han intensificado en los últimos años y muchos campesinos del pueblo han perdido sus cultivos. La producción le dará unos 15 mil pesos, precio al que se vende el kilo de goma. Se necesitan 15 kilos de goma para sacar un kilo de heroína aproximadamente, que en el mercado de Estados Unidos puede tener un costo entre 25 mil y 70 mil dólares. Esto quiere decir que la cadena lucrativa, puede aumentar hasta cinco veces el valor del producto, desde la cosecha hasta la venta final en el país vecino.
La parcela de “Memo” le deja un promedio de 45 mil pesos al año. Si es su única fuente de ingreso estaría obteniendo unos 3 mil 750 pesos al mes, que en México equivalen a 1,7 salarios mínimos.
Claramente “Memo” no es de los que gana en el proceso productivo de la heroína. Tampoco el resto de las familias que viven en la sierra y, sin embargo, deciden tomar el riesgo.
LA HEROÍNA “CHOCOLATOSA”
La cadena productiva de la heroína que comienza en Guerrero, termina inyectada en las venas de alguna persona, de cualquier género, edad o estrato social en Chicago, Los Ángeles o Nueva York. Se trata de un sucesión de acciones que involucra a muchos actores, y casi todos pierden: campesinos, desplazados, consumidores y gobiernos.
“La pregunta es: ¿qué tipo de ‘narco’ queremos?” comenta en entrevista con VICE News, Guillermo Valdés ex director del servicio de inteligencia mexicano (CISEN), quien dejó su cargo en septiembre 2011. Esta pregunta parece ser una constante para quienes intervienen la producción de esta droga. México es un jugador fundamental para abastecer a Estados Unidos, siendo su principal proveedor y el tercer productor de opio en el mundo. Afganistán domina la producción mundial con el 85 por ciento, seguido por Myanmar con el 8 por ciento y después México con el 2 por ciento aproximadamente, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2015, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC).
La zona montañosa de Guerrero y el Triángulo Dorado (donde colindan Sinaloa, Durango y Chihuahua) son los dos territorios principales para la cosecha de amapola, cultivo que se transformará en la “mexican black tar”, la heroína chocolatosa, de baja calidad, que se distribuye principalmente en la parte oeste del Río Misisipi y que será consumida por los estadounidenses a un bajo costo.
La heroína recorre un camino largo, que deja víctimas regadas en los rincones más inhóspitos de México y la violencia e impunidad ha obligado a comunidades enteras a huir de sus localidades. Hoy, por ejemplo, La Ciénega, Guerrero, es un pueblo fantasma en cuyo territorio sólo quedan cascarones de lo que antes fueron escuelas, iglesias, casas y hospitales. Sus habitantes, quienes vivían del ganado han tenido que migrar a ciudades cercanas donde no logran acoplarse a la vida urbana y difícilmente consiguen un empleo.
Desde la fragmentación del Cártel de Los Beltrán Leyva, del cual surgieron Los Rojos, Guerreros Unidos y más de una decena de bandas delincuenciales que se disputan el territorio, se generó un caldo de cultivo apto para la violencia, corrupción e impunidad en las zonas serranas de Guerrero y la región de Tierra Caliente.
Entre 2011 y 2015 han sido desplazadas 281 mil 418 personas de manera forzada por causa de la violencia en México, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), 21 por ciento de esta población corresponde a Guerrero.
UN CAMPO DE REFUGIADOS
Azucena es una chica con menos de 21 años, vive sobre la carretera federal Acapulco – Zihuatanejo desde 2013 en un sitio que bien podría decirse, es un campo de refugiados donde sobreviven 160 personas. Los remanentes de un pueblo que huyó para no morir a manos del crimen organizado. “Es una parte de la tierra donde pueden trabajar y esconderse, donde no va el gobierno. Fue por eso que (los narcos) nos sacaron” comenta.
Huyó a los 17 años de su ejido en el municipio de San Miguel Totolapan, Tierra Caliente, con sus hermanos y sus padres. Dejó su casa, tierras, ganado, documentos. Su hogar lo quemaron, no quedan más que las cenizas y el recuerdo de una comunidad cuya actividad productiva principal era el mango y el coco. Ahora duermen en el piso y no cuentan con agua potable. Sus padres ocupan un pequeño cuarto hecho con maderas y lámina.
Aquella noche, cuando tuvieron que huir, hombres armados llegaron a rodear el pueblo y a disparar. La gente aterrorizada no salía de sus casas. La amenaza fue clara y contundente: “el que no quiera problemas que se vaya y deje todo… pero no queríamos” comenta Azucena.
El pueblo intentó organizarse para defenderse, pero después de dos días de amenazas y balazos decidieron que escaparían. “Salimos por el cerro, cruzamos el río para que no nos escucharan, no nos llevamos nada, solo lo que llevábamos puesto, solo poco dinero… caminamos toda la noche, dormimos un poco, pero duramos tres días caminando”.
Ese fue el desenlace de un pueblo entero, que ahora está destinado a ver pasar coches y más coches que transitan sobre el asfalto que une dos centros icónicos del turismo nacional, Acapulco con Zihuatanejo, y cuyos pasajeros difícilmente se percatarán de la desolación que se vive a las orillas. Ellos, los desplazados, son otra evidencia de que en la cadena productiva de la heroína casi todos pierden.
Pero Guerrero es sólo un ejemplo de otros estados del país que cultivan amapola y que por lo general ocupan los primero lugares en las estadísticas de pobreza. De los 859 municipios gomeros que hay en México, 774 viven en pobreza, según Humberto Padgett en su libro Guerrero: los hombres de verde y la dama de rojo.
DEL ORIGEN A LA POLÍTICA ESQUIZOFRÉNICA
La actividad gomera en nuestro país no es una novedad. Durante las últimas décadas del siglo XIX los chinos que llegaron a Sinaloa para la construcción del ferrocarril trajeron la también llamada, adormidera. Fue hasta 1926 que se prohibió el enervante en México y finalmente los productores locales se quedaron con el mercado de la amapola expulsando a los chinos.
El boom de esta droga se dio en los años cuarenta para proveer de morfina al ejército de Estados Unidos. Guillermo Valdés, el ex agente de inteligencia mexicano, comenta “la amapola se producía para el ejército de EU cuando fue el primer boom de goma de opio, durante la Segunda Guerra Mundial”.
México lleva produciendo amapola más de 100 años y la región histórica de adormidera es el Triángulo Dorado, cuna de los grandes capos mexicanos como Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, los hermanos Beltrán Leyva y Rafael Caro Quintero. Debido a que es un producto altamente rentable y a la creciente demanda del mercado, las organizaciones criminales se disputan el territorio para la producción y trasiego. “En México no ha habido una estructura política y de seguridad que las limite, que las haga más desarticuladas, más fragmentadas.
Desde el Estado ha habido una política esquizofrénica hacia el narcotráfico. Por un lado se le dice combatir, que es un mal que no debe existir y se le combate con decomisos, erradicaciones… pero durante muchas décadas se le toleró y se le puso alfombra roja… se les entregaron a los narcos las policías… todas estas décadas de permisividad del Estado mexicano hicieron que las organizaciones se hicieran muy poderosas, incluso más que las instituciones locales”, agrega Valdés.
La estrategia contra el narcotráfico comienza en la sierra: el Ejército tiene como misión la erradicación de los plantíos de amapola para destruir la materia prima de la heroína. Los militares pasan largas temporadas en las montañas, en condiciones adversas y precarias, destruyendo plantíos a través del “vareo” [golpean la flor con una vara para cortarla] y la queman. También utilizan helicópteros de fumigación. Sin embargo, mientras se destruye un cultivo aparece otro.
La más evidente consecuencia de esto es que el campesino se queda sin cosecha y por lo tanto sin ingresos. “Los plantíos son cultivados por personas de escasos recursos, son personas que habitan en áreas rurales, que buscan alguna manera de obtener algún beneficio económico, oriundos de la región… es el primer eslabón de la cadena”, comenta el Comandante Pantoja del 34 batallón de Infantería de la 35 zona militar durante una misión de erradicación en la sierra de Guerrero donde afirma, “se produce el 60 por ciento de la producción nacional”.
Su batallón se dedica, principalmente, a misiones de erradicación, también a reducir la violencia por medio de patrullajes, en una de las zonas más violentas del país. “Los delitos se multiplicaron, ya no es nada más la producción de amapola, sino otros delitos como robo, asalto, secuestro y extorsión”.
Las comunidades de la región viven atrapadas en diferentes frentes: una guerra entre cárteles que se disputan el territorio y una batalla contra el ejército para evitar la destrucción de sus plantíos. Pero la erradicación no trae consigo un programa social integral que ayude a modificar su actividad.
VIVIR PARA COMPRAR UNA DOSIS
Una vez que el opio o la heroína llega a la frontera con Estados Unidos, los cárteles mexicanos practican todo tipo de métodos para cruzar la droga: “usan sofisticados vehículos, túneles, personas… realmente no paran”, afirma el Agente Anthony Williams de la Agencia para el Control de Drogas (DEA). Entre 2009 y 2015 los decomisos de heroína crecieron un 400 por ciento en la frontera entre México y EU, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
La cadena de violencia, injusticia e impunidad que se vive en México tiene su fin en el país vecino, en el que 1,5 millones de personas consumen heroína según la (Office Of National Drug Control Policy) y esperan una dosis, ya sea de “mexican black tar” o de “china white”, una heroína más pura y cara, que se consume mayoritariamente en el Noreste de EU y generalmente proviene de Colombia. En los últimos años los cárteles mexicanos han empezado a producir este producto para competir en ese territorio.
La adicción de heroína en Norteamérica es un problema creciente. Entre el 2002 y el 2013 las muertes relacionadas al consumo de opioides se cuadriplicó, según el Center for Disease Control.
Nate vive en las calles de Los Ángeles, duerme sobre los restos de un colchón en medio de dos basureros afuera de una vecindad. Es un joven blanco, de ojos azules; sus jeans lo protegen de las enormes llagas y cicatrices que la heroína le ha dejado. Se enganchó con los opioides desde niño, al consumir las pastillas de prescripción médica de su padre, y poco a poco fue cambiando a la heroína más barata. Ahora lo que necesita para sobrevivir son dos inyecciones al día y su única preocupación es conseguir el dinero para poder comprar su dosis.
Nate, como muchos de los adictos en EU empezó a consumir heroína como alternativa a los llamados “painkillers”, medicamentos que requieren de prescripción médica y pertenecen a la familia de los opioides. “Los cárteles mexicanos han incrementado su producción, tenemos una nueva ola de usuarios de heroína, ya que es más barato que los opioides legales”, comenta el Agente Anthony Williams.
El mercado actual de la heroína se estima en 27 mil millones de dólares, según la Oficina de Política Nacional de Control del Drogas (Office Of National Drug Control Policy).
Con la rentabilidad de ese negocio es difícil pensar que una política prohibicionista pueda acabar con la industria. La guerra contra las drogas ha probado su fracaso e incluso, aquellos que confiaron y apostaron a esa estrategia lo están repensando: “para erradicar el problema del narcotráfico se requiere regulación, no prohibición” afirma Valdés.
Este lucrativo negocio para algunos, representa un alto costo para la vida de otros, por ejemplo para “Memo”, “Pepe”, Azucena, y Nate. Ellos están del lado de los perdedores en esta cadena, en la que casi nadie gana.
FUENTE: SIN EMBARGO, VICE NEWS.
AUTOR: LAURA WOLDENBERG.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-05-2016/1655896
