“Nuestro sistema de justicia comunitaria no puede considerarse como una organización delictiva dedicada a secuestrar personas, no señores, nuestro se basa en brindar seguridad a los pueblos, a nuestra gente, para eso existe la policía comunitaria, siempre ha tenido como propósito proteger y brindar seguridad a los pueblos indígenas haciendo uso de los derechos constitucionales, la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la OIT y basados también en nuestros usos y costumbres”, señaló Ángel García García, uno de los seis integrantes de la Policía Comunitaria de Guerrero liberados la tarde del 12 de mayo. Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo, autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero, pertenecientes a la Casa de Justicia de El Paraíso, en la Costa Chica, fueron detenidos arbitrariamente el 21 de agosto de 2013 y salieron libres luego de que el Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa de Comonfort, Guerrero dictaminó que no existen elementos que acrediten el cuerpo del delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados. Sobre la liberación de los comunitarios, el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que Bernardino, Ángel, Florentino, Eleuterio, Abad y Benito, nunca se doblegaron ante las injusticias del sistema y que gracias a la fuerza de las organizaciones, la exigencia para que se respetara el derecho de los pueblos a tener su propio sistema normativo se hizo realidad: “esto ha sido una lucha a pulso donde ellos resistieron, donde el derecho les dio la razón y todas las argucias jurídicas que se inventaron desde hace más de dos años y 9 meses se desmoronaron. De nueva cuenta demostramos como las autoridades fabrican delitos, como las autoridades construyen una serie de acciones delictivas que no están fundadas en el actuar de la policía comunitaria, ellos han demostrado que son inocentes, así como lo son Samuel, Gonzalo y Arturo”. El policía comunitario Ángel Garcia aseguró que el gobierno de Ángel Aguirre intentó desmantelar todo el sistema de justicia deteniendo a su compañera Nestora Salgado, liberada el pasado 18 de marzo, y a todos los que salieron libres el día de ayer; así como a los policías comunitarios que siguen presos Samuel Ramírez, Arturo Campos y Gonzalo Molina: “ellos enfrentan los mismos procesos que nosotros pero no hay que darse por vencidos, les pedimos a todos que luchemos para exigir la libertad de cada uno de ellos, hemos ganado varias resoluciones a favor, con tres resoluciones federales demostramos nuestra inocencia, demostramos la legalidad de la policía comunitaria por lo que nuestros compañeros que siguen presos no son delincuentes”. Pidió a las organizaciones sociales que se unifiquen: “la unión hace la fuerza, pongamos el mayor esfuerzo para ponerle un alto a la represión del gobierno, que no nos ponga más trabas para que los compañeros que siguen presos puedan salir, exigimos también la justicia para los 43 compañeros estudiantes cuya desaparición fue también por causa del Estado. Luchemos para encontrar la paz, la armonía y principalmente la seguridad para nuestra gente”. La libertad de los seis policías comunitarios se realizó luego de que Juez Mixto de Ayutla de los Libres resolviera favorablemente un incidente de libertad por desvanecimiento de datos el día 22 de abril de 2016 y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa de Comonfort, reclasificara el delito de secuestro a privación de la libertad personal en acatamiento a la resolución del amparo 133/2014, de fecha 10 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC; que el juez local omitió hacer un análisis del derecho que tienen los pueblos indígenas para tener sus propias formas de organización social y política; así como que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia legítimo reconocido por las leyes de nuestro país. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la CRAC-PC Casa de Justicia San Luis Acatlán manifestaron que una vez más se evidencian las falsas acusaciones del gobierno contra la CRAC-PC que buscaba criminalizar al Sistema indígena y que las actuaciones de la CRAC-PC se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales; además de que las autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias y se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos. Por lo anterior, Tlachinollan y la CRAC-PC Casa de Justicia San Luis Acatlán exigen al gobierno Federal y Estatal: El reconocimiento pleno del proceso histórico de la CRAC-PC y su sistema de seguridad y justicia, tal y como lo ha hecho el Poder Judicial Federal; poner en libertad a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que permanecen en prisión bajos las mismas acusaciones y señalamientos infundados, pues el reconocimiento al proceso histórico del Sistema de Justicia de la CRAC-PC, obliga a las autoridades a abstenerse de seguir criminalizando a los pueblos indígenas por ejercer sus derechos; que se abra un proceso de investigación y sanción para aquellos Ministerios Públicos, Policías y Jueces que incurrieron en graves violaciones al derecho de defensa adecuada y el debido proceso de las autoridades de la CRAC-PC y que no se siga criminalizando a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que procuran e imparten justicia de acuerdo a sus sistemas normativos.
“La movilización de hoy es para mostrar al gobierno federal y a la Secretaría de Educación Pública que el movimiento está abierto al diálogo” resonó entre las centenas de estudiantes que se dieron cita en la “Plaza Roja” en el predio del Poli de Zacatenco. Los estudiantes de los 14 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos que forman parte del Instituto Politécnico Nacional, las “vocacionales” de educación media superior empezaron a ocuparse por sus estudiantes a partir del 14 de abril último, en que fue tomada la primera, la número 5, ubicada en la colonia centro de la ciudad de México. Las escuelas no tienen hasta el momento un posicionamiento en conjunto de cómo procederán en relación a la toma de los centros de estudio, ya que esa decisión depende de las asambleas locales de cada escuela, pero según los datos trascendidos en la prensa, 3 de ellas ya fueron desocupadas aunque los jóvenes mantienen el paro de actividades. El Secretario de Educación puso como medida de fuerza que sólo abrirá el diálogo cuando los estudiantes entreguen los edificios. Así la ocupación pasó a estar al centro de una puja que viene de lejos. La comunidad entera, no sólo los estudiantes de las “Voca” están movilizados desde que a comienzos de abril desde que el Poli fue sometido a un cambio administrativo, que lo pone directamente bajo la égida de un cargo político: el del subsecretario de Educación Pública. Desde entonces, tanto los estudiantes como docentes, administrativos, egresados e investigadores del Instituto reclaman ser recibidos por Nuño, que sistemáticamente ha negado el diálogo con la comunidad académica del Poli, o al menos, con la parte que está movilizada. El diario La Jornada publicó hoy que “organizaciones de egresados del Instituto Politécnico Nacional se han reunido con funcionarios federales con el fin de elaborar un proyecto de autonomía para el instituto, que de concretarse, podría ser aplicado al margen de lo que decida el Congreso Nacional Politécnico que está organizando la Asamblea General Politécnica”. El dato fue tomado de un documento firmado por Eduardo Sánchez Amaya, presidente del Consejo Nacional de la Sociedad de Ingenieros, fechado el 20 de abril y referido por el reportero Arturo Sánchez Jiménez, para La Jornada.
Y en esa frasesita está la clave de todo: la autonomía del instituto.
“El Secretario busca desestabilizar al Poli y a los chavos. El traspaso a la égida de la subsecretaría de educación no sólo es inviable sino que trasgrede la ley orgánica del Instituto”, apunta Tania, docente del Poli con sede en Tepepan. El Instituto Politécnico es, en realidad, una compleja red de distintos niveles de educación, desde la media superior, las “voca” de más arriba hasta llegar a institutos dedicados a la investigación. Tiene una estructura más parecida a las grandes casas de estudios, como la Unam o la Uacm, que las escuelas de educación superior, apuntan. Y esa complejidad es una riqueza para la comunidad académica. “La inclusión en la subsecretaría ignora la magnitud y el alcance del Instituto. Tampoco se arregla la situación como han dicho, devolviéndolo a la SEP. El artículo 2 de su ley orgánica lo define como un órgano desconcentrado. Es por eso que tampoco el ‘jefe directo’ del Poli es la SEP. Aurelio Nuño tiene mucho para explicar” Lo que analizan los consultados para este artículo es que, demorando la reunión que exigen los estudiantes y con ellos, la comunidad académica que los respalda, es que cuanto más se extienda el conflicto por el cambio de égida y la ocupación de los centros de estudio ante la falta de una respuesta oficial contundente de qué es lo que pretenden hacer con el Politécnico, más se demoran las tareas de organización del Congreso Nacional Politécnico. “El Congreso es algo inédito, nunca se celebró algo como lo que se planea. Fue producto de la movilización de los estudiantes en 2014” Sólo la comisión organizadora del mismo cuenta con la participación de todos los órdenes: administrativos, docentes, estudiantes, investigadores, alumnos de posgrado, así como autoridades del instituto y de la Asamblea General del Politécnico. “Eso está en el centro del debate. Al estar paradas las vocacionales, no se han elegido los miembros que participarán de la comisión organizadora. Al mantener a las escuelas paradas, se para el avance de la organización del congreso” ¿Por qué es tan importante el Congreso? “Además de ser inédito, y ser logro de la movilización del movimiento estudiantil de 2014, lo que va a discutirse entre toda la comunidad académica es cuál es el proyecto de instituto que se quiere, es decir, si va a reestructurarse el Poli, ¿hacia dónde vamos?” El punto central de esa discusión es la autonomía del Instituto. “Según lo publicado en La Jornada, se ve cómo la pretensión de la Secretaría de Educación es imponer un proyecto sin que pase por la discusión de la comunidad académica en pleno. Esa pretensión ya es razón suficiente para que ellos intenten evitar que el Congreso se realice” Los otros dos puntos centrales de la discusión para el Congreso son el modelo educativo que se adopte y las formas de evaluación, certificación y acreditaciones de las carreras que ofrece. En ambos casos, lo que se pelea es que se profundice la intromisión de organismos internacionales y externos a la comunidad académica, que bregan por un “giro hacia el mercado” del Instituto. “Los organismos internacionales pujan porque se elimine la parte teórico conceptual de la mayoría de los contenidos que se imparten en el Poli, e insisten en que sólo deben enseñarse herramientas útiles para el mercado laboral, inhibiendo la reflexión o las perspectivas teóricas de los asuntos. Eso significa rasurar la mayor parte de los programas que hoy se imparten” Ese mismo proceso se promueve también para los docentes a partir de los programas de capacitación para el trabajo, explican. “Promueven que los docentes tomemos talleres y cursos que apuntan a que la planta docente domine cosas como la ‘competencia’ o ‘estrategias de aprendizaje’ condicionado a los procesos de promoción docente” Así, la posibilidad de acceder a un escalafón más alto en la estructura académica y con eso una mejoría en la remuneración recibida por el docente queda supeditada a su disposición a tomar estos cursos y aplicarlos en el aula. Otro punto importante de los lineamientos internacionales para la educación local que se resisten desde la comunidad académica son los mecanismos de certificación y acreditación de las carreras que imparte el Poli, sometidos a organismos externos al Instituto. Es decir, “instrumentos diseñados desde el exterior de la realidad mexicana y traído por los organismos internacionales a nuestro ámbito, que no se adaptan ni responden a las necesidades a evaluarse sobre el sistema mexicano.” Como se ve, todo está interconectado y vinculado con la cuestión de la autonomía. Este jueves los jóvenes se manifestaron con mucha alegría. “Elegimos hacer un mitin político cultural y el apoyo solidario de otros estudiantes, como los de Azcapotzalco o Culhuacan, sólo por nombrar un par, ha sido importante” explica César, otro docente que sigue de cerca la movilización estudiantil y forma parte de la Comunidad Académica del Instituto.
“Este movimiento estudiantil tiene un potencial anti-autoritario muy importante. Son jóvenes que les han quitado todo, que ven como ya no tienen las seguridades de sus padres. 1,8 jóvenes de cada 10 entran a este nivel de estudio y 1,2 lo hacen en las escuelas privadas. Eso significa que 7 de cada 10 jóvenes se queda sin estudios. Esta escuela es lo único que han logrado obtener y por eso protagonizan este proceso de defensa de la Institución con esa entrega. La sienten suya.” FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: ELIANA GILET. FECHA: 12 MAYO 2016. LINK: http://desinformemonos.org.mx/la-defensa-del-poli-es-una-cuestion-de-autonomia-y-de-una-generacion-que-lo-siente-suyo/
Seis autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) fueron liberadas hoy luego de pasar casi tres años en el Penal de Ayutla de los Libres, Guerrero, por crímenes que no cometieron como secuestro y delincuencia organizada. La liberación de los seis miembros de la CRAC-PC fue ordenada por el Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa, al no existir elementos que acrediten el cuerpo de delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados. Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo fueron detenidos el 21 de agosto del 2013 en un operativo conjunto realizado por el ejército, la policía federal y la Marina, en el poblado de El Paraíso, perteneciente al municipio de la Costa Chica. Posteriormente fueron llevados a la fiscalía de Acapulco, que los sometió a un arraigo ilegal y les negó el derecho a una defensa adecuada y de su elección, explicó la CRAC-PC junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. En el año 2015 las seis autoridades comunitarias fueron trasladadas al Penal de Ayutla, desde donde siguieron enfrentando su proceso con tres resoluciones que reconocen a la CRAC-PC como parte de los sistemas normativos de los pueblos indígenas y como un órgano de seguridad y justicia que los acompañan en la Montaña y Costa Chica de Guerrero. Entre las principales irregularidades que enfrentaron las autoridades comunitarias se encontraba la ilegalidad del arraigo al que fueron sujetos, además de que nunca se les proveyó de un traductor ni abogado que conociera su lengua y cultura.
Por lo anterior, Tlachinollan y la CRAC-PC exigieron al gobierno federal y estatal el reconocimiento pleno del proceso histórico de la CRAC-PC y su sistema de seguridad y justicia, poner en libertad a los dirigentes y autoridades que permanecen en prisión bajos las mismas acusaciones y señalamientos infundados, así como iniciar una investigación y sanción para las autoridades gubernamentales que incurrieron en las violaciones de derechos humanos durante el operativo de agosto del 2013. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. FECHA: 12 MAYO 2016 LINK: http://desinformemonos.org.mx/liberan-a-seis-autoridades-comunitarias-tras-estar-casi-tres-anos-injustamente-en-prision/
CIUDAD DE MÉXICO: La delegación Cuauhtémoc se ha convertido en los últimos días en escenario de muerte. El cadáver de una persona fue localizado la noche de ayer en calles de la colonia Morelos, dentro de un tambo. Policías preventivos hallaron el cuerpo después de que vecinos de la calle Rivero, entre la calle Toltecas y la Primera Cerrada de Rivero, informaron que en ese lugar había un bulto envuelto en cinta canela al que sólo se le apreciaban los pies, ya que se encontraba en el interior de un tinaco de cartón, entre basura. Tras confirmar que se trataba de un cuerpo humano, se notificó a los agentes del Ministerio Público para que iniciaran la averiguación previa correspondiente.
Después de levantar algunos indicios, las autoridades trasladaron el cadáver al anfiteatro, sin que se dieran a conocer mayores detalles. El último fin de semana de abril fueron localizados restos humanos (cabezas) dentro de bolsas en la delegación Cuauhtémoc. Los hallazgos se realizaron mientras el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera reiteraba que en la Ciudad de México no hay grupos dedicados al narcotráfico. El sábado 30 de abril, tras participar en la Jornada de Reforestación del Día del Niño, Mancera destacó que en la capital del país existe el lavado de dinero y trata de personas, pero no presencia de cárteles. Incluso un día antes el jefe de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, señaló que en esa demarcación hay actividades propias del crimen organizado como narcomenudeo, lavado y trata de personas. En cuanto a los hallazgos de cabezas humanas, el primero se realizó la madrugada del 30 de abril en calles de la colonia Atlampa. De acuerdo con la averiguación previa, una mujer salió de su domicilio a fumar un cigarro cuando de repente vio caer una bolsa que habría sido arrojada por desconocidos, en la que había una cabeza, dos antebrazos y la mano derecha que únicamente tenía los dedos medio y pulgar. En el segundo caso, la mañana del 1 de mayo se encontró en el barrio de Tepito una maleta que tenía la cabeza de un hombre de aproximadamente 25 años. El hecho sucedió alrededor de las 7:30 horas en la calle Matamoros número 145 en la colonia Morelos, en el barrio de Tepito. Junto a la maleta había un mensaje que decía: “Sigues tu mi tana y tu mi perro salchicha”. En esa ocasión el procurador de Justicia capitalino, Rodolfo Ríos, dijo que se había abierto una averiguación previa tras el hallazgo de la cabeza en Tepito. Días antes una mujer de entre 30 y 35 años de edad fue hallada sin vida y recostada boca abajo sobre una jardinera entre los puestos fijos de la calle Apartado, casi esquina con Del Carmen, en la colonia Centro, también de la delegación Cuauhtémoc. El hallazgo fue reportado por transeúntes la mañana del 19 de marzo pasado. Los testigos indicaron que el cuerpo presentaba golpes y estaba semidesnudo, también comentaron que su rostro tenía moretones.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México acudieron al lugar para levantar el cuerpo y lo trasladaron a la coordinación territorial Cuauhtémoc Cuatro, donde revisaron el cadáver a detalle y encontraron huellas de violencia en el rostro y cuello, así como marcas de mordidas en el pecho y laceraciones. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/440437/hallan-cadaver-una-persona-en-la-delegacion-cuauhtemoc
CHILAPA, Gro: Desde enero de 2014 Proceso dio a conocer que Chilapa, ubicada en el corazón de Guerrero, se había convertido en el escenario de una brutal guerra entre tres bandas criminales que buscan el control geográfico y político de un corredor esencial para el trasiego de drogas. La escalada de violencia generada por los grupos delictivos que actúan impunemente, exhibió los nexos del narco con autoridades de los tres niveles y el Ejército quienes simplemente se limitaron a observar la brutal confrontación que ha dejado una estela de terror y muerte en esta franja de la entidad. El contubernio de autoridades civiles y castrenses con el crimen tuvo su máxima expresión del 9 al 14 de mayo de 2015, cuando integrantes de la banda de Los Ardillos se apoderó de la ya convulsionada cabecera municipal de Chilapa, considerada hasta entonces la base del grupo delictivo rival, Los Rojos.
En ese momento, los pobladores señalaron a Proceso que aunque las autoridades lograron evitar un enfrentamiento armado a gran escala, dejaron la ciudad a merced de los sicarios, que instalaron retenes, allanaron viviendas y desaparecieron a una treintena de personas. El vocero de las familias afectadas, José Díaz Navarro advirtió desde el año pasado que el caso Chilapa se estaba gestando “otro Ayotzinapa”. En junio pasado Proceso publicó un texto titulado Los Ardillos, el verdadero poder en Chilapa donde se documentaron los casos de los 16 desaparecidos por el grupo armado frente a soldados y policías federales y estatales que no hicieron nada por impedir este crimen. Las víctimas, todos varones, tienen entre 15 y 31 años y diversos oficios. Cinco son familiares de un exjefe policiaco municipal vinculado a la delincuencia, pero también hay un repartidor de tortillas, un estudiante de la Universidad Tecnológica de la Zona Norte, un vendedor de frutas en el mercado y un taxista. Hasta el momento, se desconoce su paradero aunque existen versiones de que algunos de los jóvenes son obligados a trabajar en campos de amapola controlados por Los Ardillos. Buscar por cuenta propia Esta es la historia de los desaparecidos de Chilapa que desde ayer son buscados por sus familiares que decidieron conforman el comité ciudadano “Siempre vivos” ante la indolencia gubernamental. La tarde del martes 12 de mayo del año pasado, Jorge Jaimes Abarca se trasladaba en motoneta al salón de fiestas California, en Chilapa, donde entregaría un pedido de tortillas. Al pasar por la glorieta Ecuaria Apreza fue interceptado por miembros de la banda de Los Ardillos, que tres días antes habían tomado el control de la ciudad con la aparente anuencia de la policía y el Ejército. Del sábado 9 al jueves 14, los delincuentes instalaron retenes, catearon viviendas y se llevaron a varias personas por la fuerza. Jorge Jaimes, de 18 años, trabajaba en la tortillería y tiene un hijo de dos años. Es hermano de Héctor Jaimes, antropólogo de 30 años egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Éste fue privado de su libertad el 18 de marzo, dos meses antes que Los Ardillos tomaran la cabecera de Chilapa, que hasta hace poco se consideraba bastión de Los Rojos, la banda rival. El joven profesionista realizaba un documental, financiado por la Secretaría de la Juventud estatal, sobre la elaboración del pan en las comunidades del municipio. Una semana antes de su desaparición, Héctor les dijo a unos amigos que “lo estaban siguiendo”, pues un grupo armado le exigió que “dejara de hacer la película” cuando realizaba entrevistas en una comunidad. Después, un comando lo “levantó” cuando se dirigía a su casa en las inmediaciones de la colonia Las Palmas. Su cuenta personal de Facebook y su línea de teléfono móvil fueron desactivadas, narra una fuente cercana a la familia. En el proyecto del documental, también participaba Gilberto Abundis Sánchez, también de 30 años, estudiante de artes visuales en Morelia, Michoacán, y originario de Chilapa. Él fue privado de su libertad la tarde del lunes 30 de marzo, dos semanas después que Héctor Jaimes. Sujetos armados que se desplazaban en motonetas irrumpieron en su casa y se lo llevaron. El jueves 21 de mayo se localizaron los restos del artista gráfico en las inmediaciones del panteón de la comunidad de Nejapa, a 10 minutos de la cabecera municipal. Tenía el rostro desollado. En el lugar estaban otros dos cadáveres que aún no han sido identificados. Héctor y Jorge Jaimes Abarca siguen desaparecidos. Su madre, María del Carmen Abarca Nava, que se dedica a vender tacos en el mercado local, está destrozada. 101 ejecuciones en dos años Un recuento realizado por familiares de víctimas de la delincuencia organizada indica que en Chilapa se han documentado 101 ejecuciones entre julio de 2014 y mayo de este año; la cifra de desaparecidos aún no se ha precisado. Durante los seis días que Los Ardillos asumieron el control de la cabecera municipal ante la inacción de militares y policías federales y estatales, al menos 30 personas fueron privadas de su libertad, pero sólo se denunciaron ante la autoridad ministerial 16 casos. Hasta ahora las autoridades ministeriales han registrado la desaparición de: Jorge Jaimes Abarca, de 18 años; Carlos Emanuel Meza Nava, de 21; Daniel Velázquez Romero, de 23; los hermanos Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas de 23, 20 y 15 años; Jorge Luis Salmerón Hernández, de 22; Sergio Derramona Abarca, de 25; Alexandro Nava Reyes, de 21; Jaime Eduardo Villanueva Altamirano, de 31; Arturo Gutiérrez Jaimes, de 19; Juan Carlos García Castro, de 16 años; Victorino Morales Acatitlán, de 28, Sebastián Ulises Alonso Jaimes, de 21, así como el señor Crispino Carreto González y su hijo Samuel Carreto Vázquez. Reportes oficiales indican que de las 16 desapariciones denunciadas, cinco son de familiares del exdirector de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, actualmente preso por sus presuntos nexos con Los Rojos. Algunas familias de víctimas de desaparición forzada no se atrevieron a presentar la denuncia porque fueron amenazadas, dice el profesor José Díaz Navarro, hermano de Hugo y Alejandro, quienes junto a tres empresarios de la construcción fueron interceptados por sujetos armados en la comunidad de El a finales de noviembre de 2014. Los cinco siguen desparecidos. Otro Ayotzinapa Díaz Navarro, quien se ofreció como vocero de las familias afectadas en la cabecera de Chilapa, considera que la situación que se vivió durante la toma de la ciudad se perfila como una reedición del caso Ayotzinapa, pues fue evidente que la delincuencia actuó en contubernio con el Ejército y las autoridades, tanto federales como estatales. Por ello, responsabiliza de esos crímenes al exgobernador provisional Rogelio Ortega Martínez y al expresidente del Congreso, el exdiputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los presuntos jefes de Los Ardillos. “Aquí tenemos otro Ayotzinapa y creo que tenemos otro Abarca en el Congreso y en la Casa Guerrero”, expresó el profesor, quien solicitó la intervención del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, para garantizar la procuración de justicia porque a su juicio las autoridades locales están rebasadas. No obstante, a pesar de la intervención directa de Osorio Chong y el gabinete de Seguridad Nacional, nada se ha hecho por restablecer el orden en esta zona y sobre todo localizar a los desaparecidos. Autoridad omisa Mientras las autoridades de los tres niveles hasta la fecha no han justificado por qué el Ejército y las corporaciones policiacas federal y estatal hayan permitido la barbarie de la banda presuntamente dirigida por los hermanos del diputado local Ortega Jiménez, los familiares de las víctimas siguen presionando, a través de la denuncia pública, para exigir la presentación con vida de los desparecidos y el castigo a los responsables. El miércoles 20 de mayo de 2015, de manera sorpresiva el comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Francisco Galindo Ceballos, arribó a Chilapa y se reunió en privado con familiares de desaparecidos, pero se limitó a ofrecer ayuda en la investigación. Cuatro días después, el exgobernador sustituto Rogelio Ortega también tuvo un encuentro con ellos en las instalaciones del Seminario de Chilapa, donde enfrentó, con el alcalde priista Francisco García González, las críticas y reclamos por las omisiones de la fuerza estatal y su presunta complicidad con Los Ardillos. Indignados, padres y hermanos de los desparecidos dieron a Ortega Martínez un plazo de 48 horas para liberar a las víctimas. También le reprocharon que hubiera “negociado” con representantes de Los Ardillos el retiro de los civiles armados de la cabecera pero no exigió que soltaran a los retenidos: “Usted negoció con el grupo armado, usted declaró públicamente que ya tenía acuerdos con los delincuentes y que ya estaba resuelto el conflicto pero lo que no mencionó es que había un gran número de retenidos y los únicos responsables son los comisarios que venían al frente del grupo armado y con los que usted negoció”, expresó enfático el profesor José Díaz Navarro. Los familiares criticaron que el funcionario fuera a conocer el problema 10 días después de la incursión de Los Ardillos, que actuaron impunemente. “Sólo le importa proteger su imagen. A usted no le secuestraron a sus hijos, su mamá o papá. Ya perdí tres hijos, recibí amenazas y no me importa que me maten. Por eso le damos un plazo de 48 horas para que resuelva la desaparición de nuestros hijos, porque no son perros”, le dijo Bernardo Carreto González, padre de Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas. El 22 de diciembre de 2015, Bernardo Carreto fue ejecutado y su familia tuvo que abandonar el poblado de Ahuihuiyuco donde tenían fincada su vida. Durante el encuentro con autoridades, al presidente municipal García González le reclamaron que la violencia se recrudeció cuando él asumió el cargo. La hermana del artista gráfico Abundis expresó: “Desde que este señor está al frente del ayuntamiento han ocurrido muchas desapariciones, la violencia aumentó año con año. ¿Por qué no se le investiga? ¿Por qué tenemos que pagar los ciudadanos por tanta cochinada de los políticos? “No es justo que a mi hermano lo hayan matado como a un perro. Era estudiante de artes visuales. Maldita la hora que vino a visitarnos, porque él mismo decía que en Chilapa ya no hay lugar para gente decente. Aquí la única gente que tiene lugar son los delincuentes”. Acusado públicamente de proteger a Los Rojos, el alcalde se dijo dispuesto a que lo investiguen las autoridades federales y reiteró que su administración ha sido rebasada por la violencia. Por su parte, el exgobernador Ortega se limitó a justificar su encuentro con los 14 comisarios municipales que encabezaron a Los Ardillos durante la toma de Chilapa, argumentando que en las comunidades también han denunciado que la batalla entre Los Rojos y Los Ardillos ha dejado una treintena de desaparecidos y decenas de ejecuciones. Acababa de insistir en que tiene “las manos limpias”, pues no lo pueden acusar de corrupto ni de tener nexos con la delincuencia, cuando un padre de familia le aclaró: “Tenía las manos limpias hasta ahora, porque después de la desaparición de nuestros hijos, usted es el responsable”. El exmandatario anunció que iba a citar a los comisarios municipales para que declararan ante autoridades ministeriales sobre las desapariciones cometidas durante la acción de Los Ardillos y tolerada por las autoridades. También dijo que crearía una comisión especial, formada por funcionarios estatales, familiares de desaparecidos y representantes de la sociedad, para dar seguimiento a las investigaciones. Nada de esto se cumplió así como la promesa del gobierno federal de investigar a fondo este hecho.
México Evalúa presenta datos sobre las entidades que tendrán elecciones el próximo 5 de junio, en cuanto a cómo dejan los gobernadores salientes los indicadores económicos, educativos y de seguridad pública.
¿Con qué nivel de educación, corrupción y seguridad tiene Javier Duarte al estado de Veracruz? El Centro de Análisis de Políticas Públicas, México Evalúa, presentó un balance sobre la situación de la entidad, a unos días de la elección del 5 de junio, en la que los ciudadanos elegirán al sucesor del priista Duarte (2010-2016). “El objetivo… es presentar un balance de la labor gubernamental realizada hasta ahora en torno a temas prioritarios para la ciudadanía, a la vez de establecer un precedente o marco de referencia para evaluar la gestión de los siguientes mandatarios estatales, que resulten electos en los comicios del próximo cinco de junio”, indicó el Centro de Análisis. A continuación puedes ver los datos clave sobre Veracruz y la gestión de Duarte. En los próximos días, te presentaremos los datos de México Evalúa sobre el resto de las entidades donde habrá comicios. Gasto Público
En 2015 el estado de Veracruz aumentó considerablemente su nivel de deuda en términos de la cantidad de participaciones federales que la entidad recibe anualmente, pasando de representar 43.2% en 2009 a 114.8% en 2015, apunta México Evalúa. Seguridad De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2015 la percepción de seguridad de la ciudadanía en la entidad disminuyó con respecto a lo observado en 2011, ya que el porcentaje de personas que mencionaron sentirse seguras pasó de 31% en 2011 a 17.6% en 2015. “Se aprecia un ligero aumento en el porcentaje de ciudadanos que tienen ‘mucha confianza’ en la policía estatal, pasando de 9.6% en 2011 a 14.5% en 2015”, detalla el Centro de Análisis. “En 2014, el número de víctimas por actividades delictivas en el estado disminuyó a 17 mil 208 (por cada 100 mil habitantes), lo que representa 15% menos a lo observado en 2013 (20 mil 246)”, agrega.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes de la entidad en 2015 disminuyó con respecto a lo observado en 2011, al pasar de 11.42 a 7.02.
Corrupción De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2013), Veracruz ocupa el lugar 22 a nivel nacional con el mayor número de actos de corrupción reportados por los encuestados (14 mil 843 actos por cada 100 mil habitantes). “Además ocupa el lugar número 17 con el mayor número personas que afirmaron haber sido víctimas de la corrupción (9 mil 225 víctimas por cada 100 mil habitantes)”, indica México Evalúa. En cuanto a la percepción, 84.6% de la población en la entidad considera que la corrupción en el gobierno estatal es “muy frecuente” y “frecuente”, lo que posiciona al estado de Veracruz como la 19a entidad donde se perciben mayores prácticas corruptas en el país. Educación De 2009 a 2013, Veracruz logró reducir el porcentaje de alumnos de sexto grado de primaria que obtuvieron una calificación “insuficiente” y “elemental” en la prueba Enlace de matemáticas (pasando de 76.2% a 57.2%) y en la prueba de español (donde pasó de 74.1% a 64.9%). “En la primera edición de la prueba Planea, aplicada en 2015, 79.4% de los alumnos de sexto de primaria alcanzaron los niveles de logro I y II en la prueba matemática (de una escala de cuatro niveles, donde IV es el nivel de más alto grado de comprensión), ubicándose en la 18a mejor posición a nivel nacional”, detalla México Evalúa.
“En la prueba de Lenguaje y Comunicación, 81.7% del mismo grupo de estudiantes apenas alcanzó niveles de logro I y II, ubicándose en la posición 14 a nivel nacional”, agrega.
Los adolescentes Pedro Mata y Bruno Pontones, que desaparecieron el pasado 10 de mayo en la capital ya fueron localizados este jueves.
Los adolescentes Pedro Mata y Bruno Pontones, desaparecidos en la Ciudad de México desde el 10 de mayo, fueron localizados este jueves. Con ello, se descartó que se tratara de un secuestro, informaron autoridades capitalinas. Los primos, de 14 y 13 años de edad, desaparecieron el martes. Mata fue visto cuando bajó del transporte escolar en avenida Insurgentes en la esquina con Barraca del Muerto, colonia San José Insurgentes, en la delegación Álvaro Obregón. Mientras que Pontones fue visto en la calle Morelos en la colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, de acuerdo con sus conocidos. De acuerdo con las autoridades los jóvenes estaban juntos.
La procuraduría capitalina emitió la Alerta Amber para su localización este miércoles.
El titular de la dependencia federal, se refirió en rueda de prensa a las nuevas disposiciones que regirán a los verificentros en la zona metropolitana de la capital del país.
Las nuevas normas para la verificación vehicular implican apoyarse en dispositivos de Diagnóstico a Bordo (OBD, por sus siglas en inglés) para garantizar que los autos que circulen cumplan con un estricto control de emisiones. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, se refirió en rueda de prensa a las nuevas disposiciones que regirán a los verificentros, luego de que termine el actual periodo extraordinario del Hoy no Circula. Explicó que los vehículos que cuenten con esos OBD tendrán que someterse a esas nuevas pruebas para garantizar que sus emisiones están bajo norma y los que no tendrán que subirse a un dinamómetro para confirmar que sus emisiones cumplen con la norma. “La verificación será pareja para todos los vehículos que ingresen a la zona metropolitana; todos deberán someterse a la prueba de verificación y los transportes que no la pasen dejarán de circular. Los detalles del nuevo programa Hoy no circula y cambios actual plan de contingencias se están afinando”, agregó en conferencia de prensa en el marco de la presentación del Foro Alternativas Verdes, Ciudades Sustentables. Aclaró que ello no implica que los verificentros deban hacer grandes inversiones o reconversiones onerosas, pues sólo se trata de contar con el software indicado y un cable que se conecta a una computadora. Por ello confió en que los verificentros estén listos para adaptarse a esa nueva normatividad a partir de julio, de manera que cuentan con el tiempo suficiente para hacerlo. Respecto a los vehículos de transporte público o placas federales, expuso que actualmente cuentan con sus propios verificentros, los que deberán homologarse en breve de manera que todos cumplan con la misma normatividad. Sobre el nuevo plan de contingencia, recordó que el actual es sólo para la presente temporada, que está por terminar en unos días más, luego de lo cual entrará en vigor una nueva normatividad que implica también un nuevo Hoy no Circula. Reconoció que la medida aplicada actualmente no ha sido del agrado de todos y ha generado cierto malestar social, aunque se dijo satisfecho ya que esas acciones han permitido reducir considerablemente los índices de ozono en los momentos más críticos de la temporada.
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal los trabajos y actividades de relleno de humedal y remoción de vegetación de manglar en un predio del municipio Othón P. Blanco. En un comunicado, el organismo precisó que en una visita de inspección se observó el desmonte en ese terreno ubicado en el camino costero Luis Echeverría Álvarez, que afectó una superficie de 80 metros cuadrados de mangle rojo (Rhizophora mangle) y mangle botoncillo (Conocarpus erectus) –especies amenazadas y enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010–, así como el relleno con piedra de una superficie de 18 metros cuadrados de ecosistema de humedal costero. Dentro del mismo predio se constató además la construcción de un edificio de un nivel en una superficie de desplante de 60 metros cuadrados localizado en un ecosistema de vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia colindante con el Área Natural Protegida Estatal “Bahía de Chetumal”.
De acuerdo con la Profepa, al momento de la diligencia realizada por inspectores de la delegación federal en Quintana Roo, el visitado no presentó autorización en Materia de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Dicha autorización contempla las medidas de prevención, mitigación y compensación de los impactos generados o que pueden generarse por las obras o actividades realizadas en el predio inspeccionado. Por lo anterior se determinó imponer como medida de seguridad la clausura parcial temporal de las obras y actividades hasta en tanto el promovente acredite contar con la autorización correspondiente. La Profepa destacó que esta clase de obras y actividades propician la pérdida y degradación del suelo, así como el desplazamiento de las especies de fauna silvestre que habitan en estos ecosistemas, por lo que su eliminación puede causar un daño o deterioro grave a los recursos naturales. Señaló, asimismo, que las violaciones a los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus reglamentos y las disposiciones de las normas oficiales mexicanas son sancionadas con una multa equivalente a 50 o hasta 50 mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, además de la clausura definitiva de las obras y actividades.
OAXACA, Oax: En vísperas de la jornada electoral del próximo 5 de junio, se profundiza la “guerra sucia” entre los equipos de campaña del priista Alejandro Murat Hinojosa y el “perredista” José Antonio Estefan Garfias. Ahora se filtró –a través de las redes sociales– la primera de 20 llamadas de funcionarios, operadores políticos y candidatos que “conspiran para desviar fondos”.
La Legión Anonymous Oaxaca filtró un audio en donde se escucha la conversación entre Jorge Coco Castillo Díaz, operador del gobernador Gabino Cué con la priista Beatriz (Titis) Rodríguez Casanovas, gente de confianza del exmandatario Ulises Ruiz. En el audio acuerdan una reunión para ponerse de acuerdo de por dónde “vamos a caminar” para apoyar al candidato del PAN-PRD, José Antonio Estefan Garfias, lo que confirma que el llamado “pacto de unidad” en el PRI entre los exgobernadores José Murat Casab y Ruiz Ortiz no existe. En la grabación de cinco minutos con 30 segundos se escucha que tanto Coco como la Titis se ponen de acuerdo para repartir regalos y dar apoyos en el Día del Niño y Día de la Madre para la compra de votos. Además, acuerdan realizar una reunión a la que acudirían distintos actores políticos y candidatos de la coalición del PAN-PRD donde expondrán “¿cómo vamos a caminar para no hacer doble trabajo?”. La exsecretaria de Turismo en el sexenio de Ruiz Ortiz, además de los 300 mil pesos que le habían autorizado para operar y comprar votos, dijo que necesitaría otros 50 mil para dar juguetes el Día del Niño y regalos para el 10 de mayo. En la misma conversación, donde supuestamente sacan a relucir que en sus reuniones es habitual la droga y el alcohol, mencionaron una reunión con el dirigente de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS), Mario Félix Pacheco, con quien asegura la Titis que se reunirá para buscar un pacto en el mismo sentido de compra de votos.
El mensaje inicial de Anonymous Oaxaca resalta: “Amigos de Oaxaca, venimos a desenmascarar los abusos de los políticos y presentar pruebas de corrupción de sus gobernantes y candidatos. Tenemos más de 20 audios que se irán liberando, en los cuales servidores públicos, operadores y candidatos operan y conspiran para desviar fondos”.
Primero fue en Ciudad Juárez, con Felipe Calderón, cuando varias madres se organizaron para buscar a sus muchachas desaparecidas. Después fueron los padre de los 43 normalistas los que, ya con Enrique Peña Nieto, salieron a las serranías con la esperanza de encontrar a sus hijos. En Veracruz surgió la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos; en Iguala, el comité Los otros desaparecidos; en Morelos, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y ahora en Chilapa, la organización Siempre Vivos mantiene la esperanza de encontrar a sus familiares arrebatados por criminales hace un año. Se han cansado de esperan a que los gobiernos locales o el federal les haga justicia. Ahora buscan, en el país de las fosas clandestinas, encontrar al menos un huesito para identificar a los que ya no están.
Mario Vergara llegó a Amatlán de los Reyes, Veracruz, hace poco más de un mes. Fue por la Brigada Nacional de Búsqueda de desaparecidos, compuesta por unas diez personas que se volvieron especialistas en buscar cuerpos en fosas en el norte del país. Los especialistas llegaron de Guerrero, de Sinaloa y de Michoacán. Saben peinar cada espacio. Saben hacer lo que los gobiernos, local o federal, no hacen. “Esto de buscar cuerpos en el monte es de mucho tiempo, mucho trabajo”, dijo en una entrevista con Ignacio Carvajal. “Ir, venir, regresar. Sobre todo [es un trabajo de] paciencia. Los que buscamos debemos tener mucho de eso [paciencia] para encontrar aunque sea un huesito. Con un solo huesito del tamaño de una uña que encontremos, podemos darle paz a una familia”. Ahora, familias de los 16 secuestrados hace un año en Chilapa, Guerrero, integrados en la organización Siempre Vivos iniciaron hoy la búsqueda de los desaparecidos en las comunidades cercanas. Las de Chilapa, como en su momento de Veracruz, de Morelos, y en Iguala, han salido a recorrer zonas de “guerra” en sus estados para localizar a sus desaparecidos. Armados con picos y palas, se han dispuesto a recorrer cerros de comunidades del país ante la inacción de las autoridades. LA BÚSQUEDA DIO RESULTADOS Dos fosas con restos humanos de al menos dos personas fueron halladas hoy cerca de la comunidad de Tepehuixco, por los familiares de desaparecidos de Chilapa que integran la organización Siempre Vivos, los buscadores de entierros clandestinos del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala y trabajadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El grupo encabezado por Mario Vergara y Simón Carranza encontró una fosa en la que había una mandíbula y restos de ropa, y en otra halló un cráneo envuelto con una cobija amarilla en una bolsa negra. El hallazgo ocurrió en el primer día de búsqueda en Chilapa, en un predio conocido como Loma Larga ubicado a unos dos kilómetros antes de llegar a Tepehuixco, a una media hora de la cabecera municipal. Es el mismo paraje en el que el 6 de enero del año pasado se exhumaron 10 cadáveres y 11 cabezas en seis fosas clandestinas.
Al lugar acudió el Ministerio Público de Chilapa con un perito en criminalística pero los familiares de desaparecidos no aceptaron que una sola persona se encargue de las investigaciones y demandaron que la Fiscalía General del Estado envíe a un equipo especializado de Chilpancingo, que presuntamente llegaría a las 4 de la tarde.
Desde el inicio de la guerra, con Felipe Calderón Hinojosa, familias de todo México reclaman al gobierno que busque a sus desaparecidos. No parece haber interés. No existe, por ejemplo, un padrón confiable de quiénes están en calidad de desaparecidos. Este mismo escenario se ha repetido con Enrique Peña Nieto. Pero las familias ya se cansaron. Desde Ciudad Juárez hasta Iguala; de estados como Veracruz o Morelos, familiares han decidido cavar con sus propias manos. Ayer, las familias de los desaparecidos en Chilapa se reunieron con dirigentes del Comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, quienes les compartieron sus experiencias en la búsqueda con vida y en fosas clandestinas de personas desaparecidas.
Durante la reunión, estuvieron presentes el director de Atención a Víctimas, Juan Carlos Sánchez Flores, la visitadora adjunta Concepción Hernández y el director de la Primera Visitaduría, Juan López Villanueva, en tanto de los Los Otros Desaparecidos de Iguala, acudieron los buscadores de fosas Mario Vergara y Simón Carranza.
Juan López Villanueva explicó a las decenas de familiares asistentes las manera en cómo la sociedad civil se organizó para iniciar la búsqueda de sus desaparecidos. Destacó las experiencias en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, así como en la ciudad de Iguala a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Dijo que aunque no es la primera búsqueda que han acompañado, la de Chilapa los tiene preocupados porque está latente la disputa de las bandas del crimen organizado, en referencia a Los Rojos y Los Ardillos. Dijo que aunque no es la primera búsqueda que han acompañado, la de Chilapa los tiene preocupados porque está latente la disputa de las bandas del crimen organizado, en referencia a Los Rojos y Los Ardillos. Recomendó a las familias no dar pasos en falso porque la búsqueda que emprenderán, consideró, será como caminar en un campo minado. Dijo que las medidas de seguridad de las familias evitarán que no vuelva a suceder una tragedia como el asesinato de Bernardo Carreto Gonzáles, padre de dos hijos desaparecidos que fue asesinado el 22 de diciembre cuando regresaba a su localidad, Ahuihuiyuco. Por las experiencias en otros estados del país, explicó a los presentes, es posible encontrar a las personas con vida. En el caso de Iguala, dijo, la población y organizaciones como la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) hallaron alrededor de 150 cuerpos porque la estructura del grupo delictivo Guerreros Unidos se había caído. En el caso de Chilapa, comparó, existe más riesgo porque aún opera la delincuencia organizada, incluso existe una “guerra” entre dos grupos del crimen organizado. Pidió a las familias analizar si harán o no la búsqueda y recomendó saber tres cosas: con qué información cuentan, cómo y con quién se van a trasladar a los lugares de búsqueda y qué hacer si encuentran evidencias o fosas clandestinas. “Aquí la delincuencia está vigente”, insistió. Mario Vergara Hernández cuyo hermano desapareció en 2012, dijo que lo único que necesitan es un pico, una pala y caminar por los cerros. Recomendó recabar información con los vecinos preguntando en dónde pudieron haber dejado a sus familiares. Es difícil sacar esa información, dijo, pero los familiares deberán de insistir. Indicó que el gobierno no los va a buscar porque no le interesa y ni siquiera ha podido frenar la violencia que azota diversas regiones del estado. Dijo que en Iguala la organización de familiares halló más de 500 huesos tirados y que han recuperado 147 cuerpos. “En Iguala están regresando puros huesos”. “Nunca dejen de buscar a sus familiares. Hay muchos ojos mirando Chilapa”, recomendó.
“Hay Muchas familias que ya estamos hasta la madre de este gobierno corrupto que no hace nada por buscar a los desparecidos”, se quejó. Agradeció la búsqueda de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, porque con su ejemplo despertaron y quitaron el miedo a las familias de otras víctimas.
LA BRIGADA NACIONAL EN VERACRUZ El pasado 8 de abril se anunció la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en Veracruz. Conformada por familias de víctimas de desaparecidos de varios estados del país que se han vuelto expertos en la búsqueda de fosas y grupos civiles. Integrados en la Brigada Nacional de Búsqueda, los familias que se han participado en otras búsquedas capacitan y apoyan a las familias de Veracruz en la ubicación y manejo de fosas clandestinas. La jornada de búsqueda se inició ante la situación de emergencia por las desapariciones en ese estado. Más de diez especialistas de varios estados del norte del país se sumaron a la búsqueda para encontrar a personas ausentes, ya sea víctimas de la delincuencia organizada, particulares o desaparición forzada. Durante su primer día de búsqueda, el 12 de abril pasado, hallaron kilos de ropa marcados con sangre, en su mayoría tallas juveniles, que yacían sobre terrenos rojizos, junto a una cruz de madera en memoria de un ejecutado, explicaban los guías, voluntarios del pueblo amatleco. Posteriormente, el 22 de abril en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, informaron del hallazgo 15 fosas clandestinas con restos calcinados. En esa ocasión, los buscadores coincidieron en que Veracruz “es un sementerio”. Tan sólo en Córdoba, dijeron, encontraron al menos 300 huesos humanos calcinados. Fracciones de vértebras y costillas cercenadas, paredes de cráneos sucios de lodo, un pedazo de fémur y otro de cadera, ambos rebasan los 18 centímetros de longitud, fueron hallados en terrenos de cañaverales.
El 25 de abril en una especie de balance de los trabajos, se reportó que la estadía de la Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos fue la ubicación de al menos 500 restos humanos, todas despedazadas por maquinaria cortante y manchada de tizne por las temperaturas a las que fueron sometidas; 72 casos de desapariciones; la mayoría no cuenta siquiera con denuncia y se tomaron 60 muestras de ADN a familiares de desaparecidos, perfiles genéticos que serán confrontados con los restos humanos que el grupo resguardó.
COMITÉ LOS OTROS DESAPARECIDOS Tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, la Procuraduría General de la República había encontrado 38 fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, hasta abril del 2015, en las cuales se habían localizado 87 cuerpos. La dependencia no contaba con información sobre a quién pertenecían los cuerpos encontrados. Ante tal ineficacia de las autoridades familiares de “los otros desaparecidos” comenzaron 16 de noviembre respondieron a una invitación parroquial para organizarse y buscar a los suyos. Ese día, los familiares de “los otros desaparecidos” acordaron que subirían a los cerros de Iguala a buscar por sí mismos fosas clandestinas donde posiblemente estuvieran enterrados sus parientes. Tan sólo en esa primera jornada encontraron siete cuerpos completos y los restos de otros, contó uno de los integrantes del comité. Entre el 23 de noviembre del 2014 y el 22 de junio de 2015, los integrantes del comité hallaron 104 cuerpos en fosas clandestinas y lograron que las autoridades las exhumaran. Para el 8 de noviembre del 2015 el comité Los Otros Desaparecidos de Iguala había hallado los restos del cadáver número 105.
LA BRIGADA NACIONAL EN MORELOS Integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas denunció, el 2 de mayo pasado durante una reunión con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que la Fiscalía General de Morelos ha inhumado cuerpos de fosas clandestinas sin permisos, sin documentarlo y sin realizar las investigaciones correspondientes.
Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, hizo un llamado, “ante el frecuente descubrimiento de fosas clandestinas, la desaparición de personas en distintos lugares del país y la urgencia de aclarar cada caso”, a las instituciones responsables de las indagatorias a realizar su trabajo “de manera expedita, ética y profesional”.
Gonzáles Pérez también aseguró que para la dependencia “es prioritario atender a los familiares de las víctimas de estos dolorosos acontecimientos, y reiteró el compromiso institucional de no dejar esto en el olvido, detectar las violaciones a derechos humanos y exigir la verdad y el acceso a la justicia; enfatizó que es deber del Estado mexicano garantizar estos derechos”. En noviembre de 2015, tras se dio a conocer que la Fiscalía General de Morelos en 2013, bajo la administración de Graco Ramírez, creó dos fosas clandestinas donde exhumaron decenas de cuerpos. El caso se dio a conocer, luego de que la familia de Oliver Wenceslao Rodríguez, quien fue secuestrado y asesinado en 2014, y de quien su cuerpo fue encontrado en esos entierros clandestinos, difundiera un video donde se observaba a cómo exhumaban decenas de cuerpos de esas dos fosas. El joven fue inhumado de manera ilegal en una de las fosas clandestinas pese a estar plenamente identificado. Luego de que fuera exhibido la grabación, la Fiscalía de Morelos informó que había abierto un proceso penal y administrativo contra quien o quienes resulten responsables por la inhumación clandestina. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/12-05-2016/1659773
