Maestros viejos, maestros jóvenes… el dilema de la UNAM

El programa de renovación de la planta académica de la casa de estudios plantea problemas laborales y académicos que generan ásperas discusiones ahora mismo. Y en ese debate surgió un tema relativo a la edad: la institución planea otorgar a jóvenes docentes las plazas que vayan dejando los académicos veteranos, de modo que hacia el año 2025 baje el promedio de edad de los profesores de la UNAM a 46 años… aunque las nuevas contrataciones sean de “jóvenes baratos”, como acusan los opositores a ese plan.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La primera protesta a la que tuvo que enfrentarse Enrique Graue Wiechers como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue por el Programa de Renovación de la Planta Académica, herencia de la administración de José Narro Robles.

A 10 días de haber tomado posesión, a finales del pasado noviembre, decenas de académicos llegaron hasta la torre de Rectoría para pedir a Graue la cancelación del proyecto, por considerarlo discriminatorio y excluyente.

El rector no los recibió. Sin embargo, durante su estreno como presidente del Consejo Universitario, el noveno día de diciembre, se le entregó un documento firmado por cientos de universitarios detractores del programa.

Sin embargo, habló del asunto. Enfatizó la necesidad de revertir el “envejecimiento” de la planta académica como un problema central para el futuro de la UNAM y refrendó el proyecto.

La Gaceta UNAM del pasado 18 de abril publicó un aviso para extender la convocatoria al programa, que estará vigente por cuarto año consecutivo, hasta el 10 de junio.

El rejuvenecimiento de las plantas académicas es una de las principales preocupaciones en la agenda de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

En ese sentido, la UNAM ha sido pionera en aplicar su proyecto, comprendido fundamentales en dos subprogramas: el Retiro Voluntario por Jubilación del Personal Académico de Carrera y el de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera (SIJA).

Con el primero, la UNAM ofrece al personal académico de tiempo completo que haya cumplido 70 años y por lo menos 25 de antigüedad –entre otros requisitos– la posibilidad de jubilarse con una renta mensual vitalicia contratada por la institución con una aseguradora privada, que en 2016 será de 22 mil 507 pesos, así como un seguro vitalicio de gastos médicos mayores. Ambos beneficios se suman a los derechos ya estipulados en el contrato colectivo de trabajo y la oferta sería para 200 trabajadores al año.

El SIJA, por su parte, está diseñado para otorgar las plazas liberadas por los académicos jubilados mediante el programa anterior, a académicos con maestría y doctorado menores de 37 años, en el caso de los hombres, y de 39 en el caso de las mujeres.

El programa funciona desde 2013 y hasta el año pasado se habían jubilado mediante este programa 567 universitarios; 389 de esas plazas se asignaron ya a docentes jóvenes.

Con esto, según información oficial, la UNAM consiguió disminuir un año la edad promedio de la planta académica, estabilizándola en un promedio de 53.7, cuando la tendencia desde 2000 era que se incrementara seis meses anualmente. La proyección para 2025 es alcanzar un promedio de 46 años.

Esto, indica la UNAM, es gracias a que los jóvenes académicos incorporados mediante el SIJA promedian una edad de 33.56 años en el caso de los hombres y 34.86 en el de las mujeres.

Ahora las autoridades universitarias ven a 909 académicos como “potencialmente jubilables” con los estándares de su proyecto. La Dirección General Asuntos del Personal Académico (DGAPA), responsable del programa, entregó a este semanario un documento donde compara a dicho sector con las jóvenes adquisiciones:

“En el grupo de académicos potencialmente jubilables en 2016 el máximo grado de escolaridad se distribuye de la siguiente manera: doctorado, 59.79%; maestría, 18.87%; especialidad, 3.05%; licenciatura, 17.7%; técnico, 0.23% y sin grado, 0.35%. Por su parte, dentro del grupo incorporado a través del SIJA: doctorado, 24.32% y maestría, 75.68%”, expuso la DGAPA.

Y al final del documento se expone un punto excepcionalmente mencionado por las autoridades en foros públicos:

“Con el retiro de los académicos de mayor edad y antigüedad (ocupando frecuentemente plazas de alto nivel) se generan economías derivadas del diferencial existente entre los ingresos que percibían los académicos retirados y los ingresos que perciben los jóvenes académicos recién contratados en plazas con un nivel menor.”

Mientras que el documento le atribuye a ese punto la sustentabilidad del programa, sus detractores lo han interpretado exclusivamente como un recambio de académicos experimentados por jóvenes que resulten “más baratos”.

“Discriminación” y “acoso”

A un año de la publicación del Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM, en 2014 un grupo de profesores reunidos en la Asamblea de Académicos Organizados manifestó su rechazo al plan del entonces rector Narro Robles, organizando reuniones de información, marchas de protesta e incluso llegaron a cerrar dos días el plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Desde entonces han insistido en la derogación del programa. Enfocan sus críticas en que es “discriminatorio” y “viola” la legislación laboral al imponer límites de edad sobre los méritos académicos y los años de servicio; lo consideran “ilegal” porque contraviene los requisitos del Estatuto del Personal Académico (EPA) para tener acceso a plazas de carrera; señalan que fomenta la “discrecionalidad” de los directores para asignar las plazas y no resuelve las “precarias” condiciones de trabajo de más de 20 mil profesores de asignatura, que son mayoría entre el personal docente y de investigación.

En entrevista, Dante Bello Martínez, profesor del CCH Sur y uno de los voceros de los académicos inconformes, explica que la insistencia de la nueva administración universitaria en aplicar el programa ha levantado escozor en un sector del profesorado. Sobre el rejuvenecimiento de la planta, aclara:

“No estamos en contra de que haya sangre nueva en la UNAM. Decimos que dejan en un limbo a miles de maestros aún antes de cumplir 40 años. Para la UNAM, yo que tengo 42 y que inicié dando clases a los 32, ya soy un viejo.

“Por otra parte, me queda muy claro que las condiciones económicas de jubilación que ofrece el programa son buenas, lo que no me queda muy claro es por qué restringen la jubilación a profesores a partir de los 70 años. En cualquier lugar, por ley, después de 25 o 28 años de servicio te puedes jubilar. Yo, por ejemplo, cumpliría los 25 años de servicio requeridos a los 57 y en un caso similar hay muchos.

“La UNAM puede generar las condiciones para que todos los profesores nos jubilemos dignamente una vez que hayamos cumplido 25 años de servicio y así podrían bajar el promedio de la planta académica perfectamente. Y quien quiera continuar y esté en condiciones, que lo haga.”

Pero el punto que más alarma a Bello Martínez es que, en las últimas semanas, es posible que maestros “potencialmente jubilables” estén siendo presionados para adherirse al subprograma de retiro voluntario.

Sería el caso del profesor de la Facultad de Economía Rodolfo Miravete Sandoval, quien según el testimonio de Bello Martínez recibió el oficio FECO/DEP/065/2016, firmado por el jefe de la División de Estudios Profesionales, Mario Alberto Morales, que dice: “Por medio de la presente, solicito su presencia en esta división el día 13 de abril del año en curso, a las 19 horas, para tratar el asunto de su jubilación”, a lo que el docente se resistió.

“Hay profesores que sienten presión para jubilarse –reitera Bello Martínez–. Les insisten tanto en la conveniencia que se vuelve insoportable, no los están respetando. Muchos profesores mayores se mantienen en activo por decisión, porque entra en su plan de vida, tienen la calidad para hacerlo, el derecho de elegir si se jubilan o no, y les presentan un paquete de dinero para convencerlos.

“Profesores como Miravete denuncian un acoso laboral; se les dice que no va a haber grupos (suficientes) para el siguiente año, ‘así que venga a esta reunión de jubilación’. Les dicen que ya no va a haber horas para asignarles –un problema creciente en la universidad–, dando a entender que serían los primeros sacrificados, hayan o no tramitado el subprograma de jubilación para profesores mayores de 70 años.”

Para los inconformes, limitar la edad en un programa de contratación es “a todas luces discriminatorio”. “Lo que establece la ley sobre la discriminación no lo puede ignorar la UNAM. Nosotros no creemos que la edad sea una limitante. Basta echarle una mirada a la edad de los rectores, a la edad de los directores, y vemos que ahí no hay ese trato”, señala el académico.

Al recordarle que el SIJA se limita a contratar un máximo de profesores por año y que continúan los programas tradicionales de contratación, en lo que la DGAPA ha sido enfática, Bello Martínez responde:

“Detrás de esto hay una postura absolutamente autoritaria. Cualquier tipo de contratación debe contar con el visto bueno del director de cada dependencia. Es un tema de democratización de la UNAM. Así como denunciamos que al rector lo denomina la Junta de Gobierno, y a esa junta el Consejo Universitario… Los directores eligen a sus maestros. Es un círculo vicioso.

“Hay un paso por comisiones dictaminadoras, pero hay muchas irregularidades en los concursos. Todos los concursos de la UNAM deberían ser transparentes, lo que se pidió mucho en 2014”, lanzó el profesor.

Además cuestiona la sustentabilidad financiera del proyecto: “Basta revisar los salarios de los funcionarios y los de los profesores. Ahí están sus prebendas”. Señala que, según el artículo 59 del EPA, los funcionarios universitarios conservan su salario mensual durante tres años después de dejar el cargo.

“Basta también echar una revisión al contrato colectivo de trabajo de la AAPAUNAM (Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM): todo el dinero que piden para gastos insulsos, un sindicato que habría que cuestionar.

“En cambio, el personal docente de asignatura vive en condiciones muy precarias, sencillas de explicar: un profesor con posgrado, con estímulos, siendo interino de asignatura con 28 horas a la semana, no percibe más allá de 12 mil pesos al mes en la UNAM. Un profesor de carrera titular C, D, puede percibir más de 120 mil pesos al mes. Y eso me gustaría que lo refuten como quieran. Recursos hay; tienen que distribuirse mejor”, concluye.

“Balance de experiencia y juventud”

Carlos Arámburo, responsable del Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM como director de la DGAPA, defiende el proyecto como una oportunidad de brindar a la universidad una planta académica más dinámica, con un balance entre experiencia y juventud que la “fortalezca”. Aparte, reconoce que detrás de esta medida hay un problema de “sustentabilidad financiera”, porque ésta es amenazada por un creciente pasivo laboral.

En entrevista con Proceso, confirma que el envejecimiento de las plantas académicas es “una preocupación” que aqueja a las principales universidades públicas del país, para las que el programa de la UNAM puede ser un “modelo”. Sobre las críticas que han rechazado el plan desde su origen, comenta:

“Como en cualquier institución, no podemos ignorar las presiones financieras que se tienen para salir adelante. Y hay que hacer algo viable. Tratas de ver que se genere un equilibrio. Distribuir. (…) Si no hacemos nada y dejamos que esto se vaya hacia allá (el envejecimiento de la planta), vamos a tener un pasivo laboral muy intenso”.

El funcionario entiende las críticas al programa como parte de una realidad “diversa” en la universidad, y en este caso como producto de la “desinformación” o una “interpretación equivocada de las cosas”.

“En efecto, ha habido un sector que ha cuestionado este programa. Pero ha habido muchísimos sectores a favor de que siga adelante. Quiero mencionar que el SIJA no es la única manera de incorporar personal académico a la universidad, es un programa diferenciado que no se opone ni compite con otros programas que la universidad tiene para seguir contratando a través de concursos abiertos o por artículo 51 al personal académico.

“Esto hace que puedas incorporar personal joven o un poco más maduro. De hecho, en números redondos, nosotros seguimos manteniendo en los últimos cuatro años entre 250 y 300 concursos abiertos convencionales (de contratación) y del orden de 250 contrataciones por artículo 51, que si las comparas con el programa no son minoritarias”, aclaró, por lo que descarta todos las imputaciones de que sea este un programa discriminatorio.

Para el director general de la DGAPA, el objetivo principal es “brindar mejores condiciones de retiro al personal académico de tiempo completo que ya está en una etapa avanzada de su carrera académica y al mismo tiempo ofrecer oportunidades de contratación a jóvenes que se incorporen”.

Y agrega que “otra manera de ver el dinamismo que se está inyectando con este programa es ver cuántos tienen financiamiento para proyectos de investigación por competencia. En la UNAM tenemos un programa de apoyo a proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico conocido como PAPIIT (Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica), para el que uno tiene que concursar por recursos.

“En el caso del grupo potencialmente jubilable este año, únicamente el 5% tienen un proyecto PAPIIT. En el grupo de los jóvenes que se incorporó mediante el programa, 40% tiene un proyecto PAPIIT. Es un indicador de que el programa impacta favorablemente”, indica Arámburo.

Sobre la acusación de que los métodos de contratación favorecen la discrecionalidad de los directores, para él son “leyendas urbanas”:

“Hay que ver cómo son los procedimientos. Participan los cuerpos colegiados. Hay un departamento que selecciona, luego hay un consejo interno que revisa, luego se pasa a una comisión dictaminadora y todavía, al final, un consejo técnico.”

–¿Existe la posibilidad de que en algún momento estos planes, que ahora son voluntarios, se vuelvan obligatorios? –se le plantea.

–Bueno, no está contemplado así en este momento.

FUENTE: PROCESO

AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA

LINK: http://www.proceso.com.mx/440480/maestros-viejos-maestros-jovenes-dilema-la-unam

Ayotzinapa: La tortura, evidente en los expedientes oficiales

Bastó con un análisis riguroso de los expedientes oficiales para que los expertos del GIEI determinaran que la tortura fue el método de investigación empleado por la PGR en el caso Ayotzinapa. Los expertos detectaron que a los detenidos clave –aquellos en los que se cimentó la “verdad histórica”– les fueron “apareciendo” lesiones conforme pasaban de autoridad a autoridad. Pese a que los aprehendidos denunciaron los maltratos, nadie investigó, lo que viola el debido proceso y erosiona, todavía más, la versión gubernamental.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) le bastó sistematizar la documentación sobre “integridad física” y “mecánica de lesiones” de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para inferir que la tortura fue el método de “investigación” utilizado por el personal de la Procuraduría General de la República (PGR) para construir la “verdad histórica”.

Impedidos de interrogar durante su segundo periodo a los procesados por la desaparición de los jóvenes, los miembros del GIEI establecieron una metodología para determinar la prevalencia de los malos tratos en una muestra de 17 de los 123 detenidos, a partir de la revisión minuciosa de cada una de las certificaciones médicas a las que fueron sometidos los acusados desde su detención hasta su ingreso a penales federales, donde aún se encuentra la mayoría.

De la revisión del Informe Ayotzinapa II, presentado el pasado 24 de abril, se desprende que el estudio realizado por el GIEI es producto de un análisis especializado, llevado a cabo por integrantes del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT), con sede en Copenhague, Dinamarca.

El IRCT concluyó que existen “indicios suficientes de que los detenidos podrían haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura, indicios que deberían haber desencadenado una investigación conforme con los estándares de diligencia establecidos por la normatividad internacional de protección de los derechos humanos”.

El 24 de abril, luego de que el GIEI rindiera su último informe –al que no asistieron funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto pese a que estaban invitados–, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Éber Betanzos, leyó un comunicado en el cual sostenía, entre otras cosas, que la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, había iniciado “seis averiguaciones previas relacionadas con 31 presuntas víctimas, quienes hacen señalamientos en contra de servidores públicos de distintas instituciones”.

Aunque Betanzos aseguró que las indagatorias se iniciaron por “iniciativa de la propia institución”, en su informe el GIEI señala que “en los casos en los que el detenido refirió ante el Ministerio Público (MP) haber sido torturado, dicha declaración no fue evaluada siguiendo los estándares internacionales como mecanismo de investigación ni prevención, y no se incluye en el expediente que se hubiera tomado medida alguna al respecto”.

Es más, hasta el momento de rendir su informe, el GIEI no tenía información de que el Estado hubiera aplicado el Protocolo de Estambul “en casos en los que sí denunciaron tortura ante el propio MP cuando los hallazgos eran sugestivos de tortura”.

Los expertos independientes señalaron que el ordenamiento de aplicación del Protocolo ocurrió “tras el paso (de los detenidos) ante el juez muchos meses después. Y, tras la petición del juez, aún esos informes se retrasarán de 14 a 20 meses después de la detención”.

Al resaltar que los 17 casos analizados –seleccionados por la fuerza que tienen en la cimentación de la “verdad histórica”– son ejemplos claros de que la aplicación de certificaciones médicas “no parecen haber tenido ningún efecto en cuanto a las garantías para el periodo de detención, donde la intervención médica y asistencia deberían ser una garantía para la supervisión de las condiciones de la misma”.

Acumulación de lesiones

De la revisión minuciosa de los dictámenes médicos, los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidenciaron cómo de reportes de cero lesiones durante las aprehensiones, de acuerdo a las puestas a disposición ante el MP, los procesados iban acumulando “equimosis”, “contusiones”, “eritemas”, “escoriaciones”, “hematomas”, “costras” y hasta “chupetones”, según los dictámenes hechos al ingresar a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y en aquéllos de “distintos informes en el periodo de entre 48 horas o de hasta 30 días en los casos de ‘arraigo’ al que fueron sometidos algunos detenidos bajo custodia, antes de entrar al Cefereso”.

En el capítulo “Torturas” del último reporte del GIEI, que concluyó su mandato el 30 de abril, se recuerda que en el primer informe, de septiembre de 2015, de un primer balance de los expedientes sobre la integridad física de 80 detenidos se determinó que 77% de ellos tenían lesiones.

Durante su segundo mandato, de octubre de 2015 a abril, los expertos hicieron una selección de 17 casos que “cumplieron con los criterios de mayor documentación en el expediente, y mayor relevancia para los distintos grupos de inculpados”.

El estudio del GIEI demuestra que “los informes médicos realizados de forma secuencial tras la detención muestran que en todos los casos se dan lesiones nuevas durante el periodo de detención bajo custodia, en diferentes momentos. Es decir, no pueden ser debidos a maniobras de detención”.

Identifican que “varios de los informes de integridad física y de Mecánica de Lesiones se realizan de forma conjunta, y no separada o individualizada caso por caso”, como corresponde a los estándares internacionales de investigación, en tanto que las entrevistas psicológicas no están diseñadas para valorar el estado emocional de los detenidos ni mucho menos “investigan ni valoran posibles malos tratos, incluso cuando los detenidos señalan haber sido torturados”.

Al señalar que durante las entrevistas que realizó el GIEI a detenidos, durante el primer mandato, algunos de ellos denunciaron torturas, que se confirman en los dictámenes médicos. Los expertos advierten que pese a que algunos inculpados les informaron que sus lesiones fueron fotografiadas, no están integradas en sus respectivos expedientes.

En cuanto a la Mecánica de Lesiones, estudio realizado por personal de la PGR –en la mayoría de los casos, meses después de las detenciones– de manera generalizada se atribuyen las dolencias a “maniobras forzadas en la detención”, aun cuando las aprehensiones hayan sido pacíficas, y en caso de que los detenidos reporten tortura, los legistas de la PGR descartan el delito “si no dan detalles”.

De los 17 casos analizados, están los dictámenes médicos y psicológicos de Jonathan Osorio Cortez, El Jona; de Agustín García Reyes, El Chereje; Patricio Reyes Landa; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo o El Terco; y de Miguel Ángel Landa Bahena, El Duva, inculpados como integrantes de Guerreros Unidos, “que según sus declaraciones habrían participado en el traslado, ejecución y quema de los normalistas en el basurero de Cocula”.

En estos cinco casos, de forma invariable las lesiones de los detenidos van en aumento entre el momento de su detención al de llegar a la custodia de la SEIDO.

Es el caso de García Reyes, el hombre que fue llevado el 28 de octubre de 2014 a la ribera del río San Juan, acompañado del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, de acuerdo con un video presentado por el GIEI el día de su informe.

Según su expediente, García Reyes fue detenido de forma “pacífica” en Cocula el 27 de octubre a las 18:00 horas por efectivos de la Secretaría de Marina, quienes lo condujeron a la SEIDO, donde un médico naval le registró “una equimosis en hipocondrio izquierdo” en la puesta a disposición.

El acta ministerial indica que ingresó a la SEIDO el mismo 27 de octubre a las 23:00 horas, y casi dos horas después, a las 00:50 del 28 de octubre, se le realizó un examen médico que refiere la existencia de 30 lesiones. En una de ellas “se atribuye la cauda a un ‘chupetón’, lo que podría ser un golpe o un pellizco que no existía en un primer informe”, apunta el GIEI en su último informe.

En una evaluación psicológica del 28 de octubre, García Reyes informó al psicólogo que “fue torturado, que le pusieron una bolsa en la cabeza, que lo golpearon y le dieron toques con la ‘chicharra’. Sin embargo, el psicólogo ignora por completo este hecho y no lo aborda en toda la evaluación”, comenta el GIEI.

Los expertos también revisaron el expediente de Gilberto López Astudillo, El Cabo Gil, a quien se acusa de haber ordenado la desaparición de los normalistas.

Sobre este personaje, los expertos resaltan inconsistencias, pues aunque se sabe que fue arrestado el 16 de septiembre de 2015 en Taxco, Guerrero, “no hay documentos suficientes para saber cuándo fue detenido”, pues en el expediente hay dos cumplimentaciones de órdenes de aprehensión, fechadas el 18 de septiembre del año pasado, que dicen que la detención “se llevó a cabo sobre avenida Paseo de la Reforma, a la altura del número 75, colonia Guerrero, delegación Cuauhtémoc”, es decir, en inmediaciones de las oficinas de la SEIDO.

Refieren seis dictámenes médicos que dan cuenta de costras hemáticas en el muslo izquierdo, “el eritema en el conducto auditivo izquierdo, la hipoacusia derecha secundaria a rotura de tímpano en oído derecho, el sangrado en el conducto y los hematomas que muestra en la zona periauricular”. En su declaración ministerial El Cabo Gil sostuvo que fue torturado y que su detención ocurrió el 17 de septiembre y no el 18, como está asentado en el expediente.

“La presencia de lesiones como hematomas en zona periauricular, hiperemia en conducto auditivo externo y rotura de tímpano con sangrado de un 30% de la superficie timpánica son congruentes con tortura”, se indica en el reporte del GIEI.

Los expertos sostienen que las secuelas de lesiones son compatibles con lo que López Astudillo ratificó “ante el GIEI, junto con otros relatos de amenazas posteriores por el propio detenido en el Cefereso, en octubre de 2015”.

En otro bloque de documentos oficiales revisados están los de los agentes de la Policía de Iguala acusados de llevar a cabo el “ataque a los normalistas la noche del 26-27 de septiembre de 2014”: Verónica Bahena Cruz, Édgar Vieyra Pereyda, Alejandro Mota Román y Alejandro Lara García.

Asimismo están incluidos algunos de los agentes de la Policía Municipal de Cocula que se dirigieron a Iguala a apoyar a la policía de dicha ciudad. Se trata de César Yáñez Castro, Roberto Pedrote Nava, Óscar Veleros Segura, Julio César Mateos Rosales, Alberto Aceves Serrano, Ignacio Aceves Rosales y César Nava González. En el último caso, el GIEI no tuvo constancia de “cuándo fue detenido, dónde, qué autoridad lo detuvo y cómo fue la detención”.

En esos dos bloques, los miembros del GIEI hallaron evidencias de que las aprehensiones fueron pacíficas: los policías de Iguala en instalaciones del Campo Militar 23-B en Tlaxcala, el 14 de octubre de 2014, y los de Cocula en las instalaciones de ese ayuntamiento el 13 de octubre de ese mismo año.

En ambos casos, en la SEIDO el tratamiento de los informes médicos fue colectivo, “contraviniendo estándares internacionales”.

En los reportes médicos de la SEIDO y al ingresar a los diferentes centros de detención federal, los policías de Iguala y Cocula presentan contusiones, equimosis, hematomas y rasguños, que son consideradas por los informes de mecánica de lesiones, aplicada por médicos de la PGR en los lugares de detención, como propias de “actos de sometimiento, inmovilización y traslado de personas con forcejeo y resistencia”.

FUENTE: PROCESO

AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ

LINK: http://www.proceso.com.mx/440478/ayotzinapa-la-tortura-evidente-en-los-expedientes-oficiales

Pobladores piden trato justo por terrenos para el NAICM

Ciudad de México. Habitantes del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, denunciaron ayer que el gobierno federal pretende despojarlos de casi mil hectáreas para construir un proyecto hidráulico que evite la inundación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

En conferencia de prensa anunciaron que en dos semanas protestarán en la Secretaría de Gobernación (SG) para exigir una mesa de diálogo con funcionarios de alto nivel y tratar el conflicto de los terrenos en cuestión: los Tlateles y el Moño.

Juan Loreto González Arrieta, líder del Movimiento de Propietarios de los Tlateles, precisó que no se niegan a vender sus campos, pero esperan un precio justo.

A mediados de 2014 representantes de la SG, encabezados por Irma Lorena Roa López jefa del Departamento de Control y Validación Documental de la dependencia, les ofreció “gratificaciones de 10 a 65 pesos por metro cuadrado”, aseveró.

Rechazaron la oferta y desde entonces pidieron un encuentro con autoridades del gobierno federal, pues además “nos desconocieron a los verdaderos dueños y les pagaron a otros”, reprochó.

De acuerdo con peritajes realizados por ingenieros particulares, señaló, el valor es de 6 mil pesos por metro cuadrado. Sin embargo, un perito de la Procuraduría General de la República (PGR) consideró que el precio es de 840 pesos. “No es lógico, la parte alta del cerro de Chimalhuacán la tasaron en mil 300 pesos por ese mismo espacio, y la parte baja, donde se puede construir con mayor facilidad cuesta menos”.

Hasta el momento han interpuesto 22 amparos, dos de ellos ya se resolvieron en su favor y se ordena a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Presidencia de la República reconocerles la propiedad, afirmó.

“En el tema del aeropuerto hay más irregularidades que las ya conocidas en Atenco”, señaló Marco Antonio Ortiz Salas, dirigente nacional de la Coalición Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), quien también estuvo presente en la conferencia junto con Tomas Cruz Martínez, asesor jurídico de los denunciantes.

“Sí queremos que se construya el aeropuerto, pero que se nos pague lo que vale el lugar”, insistió González Arrieta.

Fuente: La Jornada

Autora: Blanca Juárez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/12/pobladores-denuncian-conflicto-por-terrenos-para-obras-del-naicm

Apoya SRE a madre de menor asesinado por agente de la patrulla fronteriza en 2012

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó un escrito de ‘Amicus Curiae’ ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en San Francisco, California, para apoyar el derecho de la madre del menor José Antonio Elena Rodríguez –muerto en 2012 por disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza– a demandar ante tribunales de Estados Unidos una indemnización.

Actualmente Lonnie Ray Swartz, el agente responsable de haber disparado por la espalda al menor, es procesado por cargos de homicidio en segundo grado.

En un comunicado, la Cancillería informó que en el escrito de Amigo de la Corte que presentó en California reiteró que, derivado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, Estados Unidos ha reconocido que ninguna persona puede ser privada de la vida arbitrariamente, y que en caso de violación a los derechos de una persona, ésta podrá interponer un “recurso efectivo” ante los tribunales.

Destacó que conforme a la interpretación de órganos internacionales especializados de derechos humanos, en casos como el de Elena Rodríguez, estas obligaciones subsisten aun cuando las víctimas se encuentren fuera del territorio del Estado que ejercía control efectivo sobre éstas.

En ocasiones anteriores, apuntó, el gobierno de México ha expresado a Estados Unidos su profunda preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de sus agentes de control migratorio y ha trabajado en foros bilaterales para prevenir incidentes de violencia en la frontera.

En ese sentido, “México espera que la Corte de Apelaciones siente un precedente en favor de los familiares de las víctimas de estos incidentes y evite que éstos se repitan en el futuro”.

De acuerdo con el texto de la SRE, el gobierno de México, a través de su Embajada en Estados Unidos y el Consulado General de México en Nogales, Arizona,  continuará prestando asistencia a la familia del connacional para lograr que en estricto apego al marco jurídico estadunidense y al derecho internacional, se haga efectivo su derecho a una compensación por el daño, resultado del uso indebido de la fuerza en contra del menor José Antonio Elena Rodríguez.

El pasado viernes 6, la organización Human Rights Watch (HRW) también presentó ante un tribunal federal de apelaciones un memorial de amicus en la causa Rodríguez v. Swartz, en apoyo a la demanda interpuesta por la madre del joven de 16 años, en el que participó como asesor el estudio de abogados Constantine Cannon LLP.

“De los hechos expuestos en la demanda se desprende que esta muerte representa inequívocamente una violación a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza por agentes del orden”, destacó Sarah Poppy Alexander, abogada asociada de Constantine Cannon.

“Un menor que estaba parado en la vía pública y no tenía un arma no puede haber supuesto una amenaza inmediata para el agente Swartz, que se encontraba detrás de un vallado fronterizo, a 40 o 50 pies por encima del nivel de la calle”, añadió.

En octubre de 2012, el agente de la Patrulla Fronteriza estadunidense provocó la muerte del adolescente tras dispararle cerca de 10 veces por la espalda, mientras éste se encontraba cerca del vallado fronterizo en Nogales, México.

De acuerdo con HRW, el derecho internacional de los derechos humanos obliga a Estados Unidos a prevenir, investigar y asegurar la rendición de cuentas por los abusos violentos que puedan cometer en el contexto de la frontera los agentes de la Patrulla Fronteriza de ese país.

En julio de 2015 un tribunal de primera instancia decidió dar curso a la causa por violaciones constitucionales contra Swartz. La decisión fue apelada por el agente, quien sostuvo que Elena Rodríguez no podría invocar las garantías de la Constitución de Estados Unidos porque era un ciudadano mexicano que se encontraba en México en el momento en que recibió los disparos.

“Las fronteras no son zonas de excepción ni están exentas de la obligación de respeto de los derechos humanos”, apuntó Clara Long, investigadora del programa sobre Estados Unidos de HRW.


“El derecho estadunidense no debería permitir que queden impunes abusos violentos en sus fronteras”, resaltó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440417/apoya-sre-a-madre-menor-asesinado-agente-la-patrulla-fronteriza-en-2012

Lanza Nuño programa de educación superior para egresados de bachillerato

CIUDAD DE MÉXICO: Mientras continúa el conflicto en las vocacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN), este jueves el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó un plan para garantizar que todos los egresados de bachillerato de Hidalgo, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México tengan un lugar para estudiar la educación superior.

Bajo el nombre de “Un lugar para ti”, pero basado en un plan que previamente echó a andar el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en la capital –quien estuvo presente en el acto oficial–, la estrategia incluye el otorgamiento de una beca de mil pesos al mes a los alumnos que no pudieron ingresar a su primera opción de universidad y hallaron una segunda opción en otra entidad.

Además, las instituciones de educación superior de las cuatro entidades participantes ofrecerán 15 mil lugares con “colegiaturas preferenciales” de mil 250 pesos para entrar a una universidad privada.

La estrategia incluye la apertura –desde el próximo lunes– del sitio de internet www.unlugarparati.com.mx, donde se podrán consultar opciones por estado, municipio, carrera y disponibilidad en las entidades participantes.

El pasado 19 de febrero, Miguel Ángel Mancera convocó a gobernadores de la Zona Metropolitana a sumarse a la tarea “cero rechazados” con el programa llamado “Educación por ti”. Según sus cifras en el primer ejercicio ya benefició a 15 alumnos.

Hoy el mandatario local dijo que con el anuncio de Nuño Mayer “está demostrando que se puede hacer una convocatoria mayor y dar una oferta de educación con calidad”.

En el Salón Hispanoamericano de la SEP, el secretario Aurelio Nuño destacó que la nueva estrategia es “un esfuerzo de coordinación sin precedentes para nuestra gran área metropolitana en materia educativa. Es la conjunción de ideas y proyectos de estas cuatro entidades federativas y del gobierno federal para lograr que todos los jóvenes de estas cuatro entidades al momento que egresen todos, sin excepción alguna, puedan encontrar un lugar de calidad en la educación superior”.

Luego, descargó las cifras que describen la situación de la demanda de educación superior en el país: México pasó de 33% de cobertura en el 2012 a casi 36% actualmente”. Para el caso de la educación superior tecnológica, dijo, el crecimiento es de 42%.

Según sus cifras, en 2016 egresarán de la educación media superior de las cuatro entidades 341 mil 473 estudiantes, mientras que sus gobiernos ofrecerán 463 mil 459 lugares “en instituciones de educación superior de calidad”.


Además de Mancera, en el acto estuvieron presentes los gobernadores Eruviel Ávila, del Estado de México, Graco Ramírez, de Morelos, Francisco Olvera Ruiz, de Hidalgo. También acudieron rectores de universidades e instituciones de educación superior públicas y privadas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440514/lanza-nuno-programa-educacion-superior-460-mil-jovenes

Las Feminicidas

Existe una organización muy buena y altruista comprometida con las mujeres.

Esta organización (o conjunto de asociaciones) ha existido a lo largo del tiempo en nuestro país y busca darle su lugar al género femenino.

Para lograr sus objetivos, ¡Qué mejor manera que darle voz y poder a quienes dice defender!.

Por poner un ejemplo,hace mucho una bella cantante le ofreció a muchas jovencitas la oportunidad de entrar al maravilloso mundo de la farándula, lo que no sabía es que su productor y amante era en realidad un traficante de blancas,un día hubo un reten en la granja donde todas vivían y la pobre fue acusada injustamente.

Afortunadamente se embarazó y sigue su sueño (ahora como madre de familia) junto con otras sobrevivientes.

Hace un par de años hubo el caso de una psicóloga que trabajaba en un partido político, ella quería ayudar a su jefe, un pepenador depresivo, por medio de secretarias que pudieran ayudarle con su pesada carga de trabajo, lo que ella no vio es que una periodista chismosa empezó a decir que era la empleada de un proxeneta.

Gracias a la organización esta mujer pudo defenderse de tales calumnias y al parecer conserva su trabajo sin ningún problema (así como su jefe).

Pues bien, con orgullo se puede decir que el reclutamiento sigue dando frutos y actualmente se ha defendido como nunca a las mujeres.

Pongo siete casos emblemáticos:

1.-Una conductora de televisión se expuso a un montaje donde fue acosada sexualmente en vivo.

Para su fortuna, la organización le dio un nuevo impulso a su carrera y hasta apareció en una revista para caballeros donde se ganó la simpatía de muchas mujeres y hombres.

2.-Una modelo apareció en un video musical que se decía promovía los feminicidios.

La organización aclaró el caso y concluyó que se trataba de un malentendido, debido a esto, también apareció en la revista para caballeros con la misma aceptación.

3.-Una periodista norteamericana fue acosada sexualmente cuando iba caminando por la calle.

Todo apuntaba a que el culpable era un agradable conductor de televisión que hace bromas tiernas en su programa junto con sus amigos.

Lo que la periodista independiente no sabía es que el conductor también era un defensor de Derechos Humanos que ayudó a poner en alto a las valientes fuerzas del orden de la Ciudad de México.

La organización esta negociando con la revista para caballeros su aparición.

4.-Una actriz de cejas prominentes fue a entrevistarse con el hombre más buscado por la DEA.

Gracias a ella este hombre que traficaba con drogas y mujeres pudo ser capturado, bien hecho, ahora a seguir explotando esa imagen de amante de narcotraficante.

5.-Una valiente madre pudiente logró capturar a los asesinos de su hijo con solo un fajo de billetes y jalada por una correa para perros, no solo eso, también ayudó a sostener una investigación seria como la de la PGR en el caso de los normalistas, una conclusión que bien merece un aplauso dentro de algún set de televisión.

6.-Una espía de Estados Unidos que en sus ratos libres da platicas (con cargo al erario) de como sanear al país, encontró el amor en los brazos de un humilde payasito feminista.
La revista para caballeros rechazó su petición pero revistas de gente bien y decente le han cedido espacio continuamente.

7.-El caso que presumimos ante el mundo:¡Nuestra primera dama es una víctima que ha sobrevivido a las circunstancias!.
Es ejemplo de competitividad y  ganas de crecimiento personal dentro de sus relaciones personales,valiente,honesta,comprometida con una de nuestras asociaciones por que la gente dice que las instituciones no sirven,ejemplo de elegancia aún ante la adversidad y ejemplo para sus hijas.

Aún falta mucho por hacer y esperamos que tu puedas ser parte de nuestra misión,ya que a final de cuentas todo se reduce al color de piel,el gusto por las cámaras y no salirse del script.
Lo estamos logrando.

Intensa jornada de protestas en Chiapas; exigen la renuncia de Manuel Velasco

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: La exigencia de renuncia del gobernador Manuel Velasco ha salido a relucir en las últimas horas en el marco de protestas de campesinos, cañeros, maestros, indígenas, transportistas y normalistas, quienes han realizado bloqueos de carreteras, toma de edificios públicos y de presidencias municipales.

En los últimos días, la entidad ha registrado la movilización de diferentes grupos que enarbolan distintos reclamos. Incluso, varios municipios se han visibilizado como zonas de conflicto permanente donde los operadores políticos gubernamentales brillan por su ausencia.

Este día miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), encabezados por su líder nacional Federico Ovalle Vaquera y el dirigente estatal José Antonio Vázquez Hernández, bloquearon carreteras para obligar al gobierno estatal a sentarse en una mesa de diálogo y negociación.


Primero bloquearon ayer las vías en el municipio de Comitán, pero en las primeras horas de este jueves llevaron su protesta hasta la capital del estado, donde bloquearon el tramo que va a Chiapa de Corzo y San Cristóbal de Las Casas y toda la región Altos del estado, así como la vía principal que conduce al aeropuerto Ángel Albino Corzo y los Valles Centrales de la región cañera.

Con la consigna “Que renuncie Manuel Velasco Coello”, los integrantes de la CIOAC bloquearon toda la mañana con cientos de unidades de transporte público estas dos vías principales.

También exhibieron varias lonas de vinil en las que exigieron la renuncia del gobernador, a quien en los últimos días le han estallado conflictos poselectorales en municipios como Chanal, Simojovel, Ixtapa y Chenalhó, entre otros otros.

De hecho, los pobladores de Ixtapa bloquearon la autopista Tuxtla-San Cristóbal por varias horas para exigir la renuncia del alcalde del PVEM, Roberto Jordán Aguilar Pavón, y la liberación de recursos para las comunidades.

En tanto los pobladores de Simojovel marcharon para exigir que los caciques priistas dejen gobernar al alcalde Iván Hidalgo Morales, de las filas del PVEM.

Al sumarse a estas protestas, los concesionarios del autotransporte público de pasaje y de carga dieron hoy una rueda de prensa en la que amenazaron con un paro de sus miles de unidades para el 26 de mayo, como una acción para exigir se ponga fin a las unidades piratas en este sector.

Bersaín Miranda Borrás, líder de la Alianza del Autotransporte, acusó al secretario de Transporte estatal, Fabián Estrada de Coss, de ser uno de los promotores y mayores beneficiados con los vehículos piratas al tolerar y cobrar cuotas a los dueños de las unidades irregulares.

Por si fuera poco, los maestros de las secciones 7 y 40 adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salieron hoy a quemar documentos frente a las oficinas de la supervisoría escolar de Villaflores, Comitán, Reforma, Comalapa y Huixtla. Los documentos son notificaciones para maestros para que acudan a las evaluaciones de diagnóstico.

Con la consigna de “no a la reforma educativa”, los maestros de la CNTE extrajeron cajas de notificaciones magisteriales y las quemaron en las calles.

Pero no es todo, pues la CNTE se prepara para una magna movilización magisterial y paro indefinido de labores este domingo 15. A partir de esa fecha, advirtieron los mentores, no volverán a las aulas hasta lograr que se instale una mesa de diálogo y negociación donde sean escuchadas sus demandas de rechazo a la reforma educativa.

En tanto los miembros de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas (Cenech) exigen al gobierno plazas automáticas.

Anoche, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumátzá se movilizaron en Tuxtla para arrancar propaganda gubernamental e instalar mantas de consignas para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y para manifestar también su rechazo a la reforma educativa.

Productores también tomaron la Torre Chiapas y la plaza central de Tuxtla en reclamo de mejores precios para las toneladas de caña que entregan en los ingenios.

Además de estas protestas, grupos de activistas acudieron hoy a la sede del órgano electoral para cantarles Las Golondrinas a los siete consejeros electorales, quienes fueron removidos de sus cargos.

Primero tres de ellos fueron cesados el pasado 20 de febrero por el Instituto Nacional Electoral (INE), y los cuatro restante el día de ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).


Los activistas llevaron cartulinas y les dijeron “adiós” a los funcionarios electorales que fueron cesados “por conductas graves y negligentes”, antes, durante y después de los comicios del 19 de julio pasado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
FECHA: 112 MAYO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440490/intensa-jornada-protestas-en-chiapas-exigen-la-renuncia-manuel-velasco

Se fortalece el dólar y cotiza en máximo de $18.33

Ciudad de México. En la jornada de este viernes, el dólar libre se vende en un precio máximo de 18.33 pesos, 10 centavos más respecto al cierre de ayer, y se compra en un mínimo de 17.56 pesos en bancos de la Ciudad de México.

El euro por su parte alcanza una cotización máxima a la venta en 20.69 pesos, sin variación comparado con la víspera, y el yen se ofrece hasta en 0.180 pesos.

Las casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) ofrecen el dólar estadunidense en 18.58 pesos en promedio y lo adquieren en 17.18 pesos.

El billete verde se vende en un precio máximo de 18.60 pesos y se compra en un mínimo de 17.20 pesos en los centros cambiarios que se localizan en la terminal aérea de la capital mexicana.


En ese lugar, el euro se coloca en una mayor cotización de 21.55 pesos a la venta y en un menor precio de 19.85 pesos a la compra.

FUENTE: LA JORNADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/13/se-fortalece-el-dolar-y-cotiza-en-18.04

Capitaine, preso en Veracruz; enfrentaría condena de 30 años

Declara durante tres horas; su defensa pedirá que vuelvan a evaluarse pruebas y testimonios. Funcionario de la fiscalía habría pedido al padre de la víctima no continuar con la denuncia. Según abogado, hay video del momento en que los agresores y la joven entran a habitación.

Veracruz, Ver. Durante más de tres horas de la tarde de ayer, Enrique Capitaine Marín rindió declaración preparatoria ante el juez tercero de primera instancia del distrito judicial de Veracruz en torno a la violación sexual de una menor de edad, cometida en enero de 2015, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Capitaine Marín fue detenido la tarde del miércoles en un café Starbucks en Torreón, en un trabajo coordinado entre las fiscalías de Coahuila y Veracruz, informó el titular de esta última, Luis Ángel Bravo Contreras, quien señaló que si el joven es hallado culpable podría pasar hasta 30 años en prisión.

El acusado llegó al aeropuerto internacional del puerto de Veracruz a las 3 horas en una aeronave de gobierno del estado y custodiado por policías ministeriales. Poco después fue ingresado a El Penalito, donde se le realizaron análisis físicos para dejar constancia de su buen estado de salud.

Por la tarde fue llevado a los juzgados. Llevaba las manos esposadas a la espalda y vestía el uniforme del centro de reclusión también conocido como Playa Linda.

En mayo del año pasado Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez, conocidos como Los Porkys, fueron acusados por Javier Fernández, padre de la menor presuntamente violada el 2 de enero de 2015.


En abril de este año la FGE solicitó al juzgado tercero de primera instancia las órdenes de aprehensión contra Capitaine, acusado de pederastia simple, y Cotaita y Cruz, por pederastia agravada, como parte de la causa penal 83/2016. Rodríguez fue exculpado por considerarse que sólo observó el ataque sexual. La defensa de la agraviada busca impugnar esta decisión con el argumento de que los delitos son por acción y omisión.

Felipe Capitaine Rivera, padre de Enrique, llegó al juzgado acompañado de sus abogados. Dijo que no ha tenido oportunidad de platicar con el joven, pero su defensa solicitará que los testigos vuelvan a declarar y que se evalúen de nuevo las pruebas de la parte agraviada.

Héctor Cruz, padre de Diego Cruz, quien sigue prófugo, al igual que Jorge Cotaita, aseguró que hasta el 11 de mayo sabía dónde se encontraba su hijo, pero no lo diría.

Aseguró que la denuncia por extorsión contra el padre de la víctima continúa e insistió en que Fernández pidió un millón de pesos a cada familia para la creación de una asociación contra el abuso a mujeres.

Ellos nos agreden de una forma impresionante. Hay golpes y hay mucha violencia. Se nos pide que se filmen los videos. Si no hubiesen estado armados no se habrían grabado. El papá de Dafne estaba armado. Del otro llegué a ver una pistola debajo de una carpeta, explicó sobre el 28 de abril, día en que se grabaron los videos que incriminan a los acusados.

Indicó que él cuenta con otro video de 50 segundos donde se observa la violencia con la que fueron tratados ese día.

Fuera del juzgado también se encontraban Javier Fernández, padre de Dafne, y su abogado, Jorge Winckler Ortiz, quien reveló la existencia de dos audios más, uno donde un funcionario de la FGE solicita al padre de Daphne abstenerse de continuar con la querella porque solo expondría a su hija y no obtendría avances.


El otro audio (que ya está siendo procesado por peritos avalados por la Procuraduría General de la República) es de Felipe Capitaine, padre del inculpado, donde refiere que en las cámaras de vigilancia de su vivienda quedó registro de que la joven y los cuatro muchachos entran a la habitación de su hijo.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: IRAÍS AGUIRRE, EIRINET GÓMEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/05/13/estados/025n1est

Censura de medio independiente en Argentina Antena Negra TV

Tras haber conseguido que el martes 10 de mayo se diera de baja la orden de allanamiento hacia el canal comunitario Antena Negra TV, el Juez Martínez De Giorgi emitió una resolución intimando al mismo a entregar los equipos de trasmisión en las siguientes 48 hs, culminando éstas el día de hoy, jueves 12 a las 13.30 hs. 

Entendemos esto como un cambio de estrategia de parte del poder Judicial que sigue actuando en favor de la empresa multinacional de seguridad privada Prosegur, evitando usar la Fuerza Policial pero extorsionándonos con elegir entre dejar de estar al aire -entregar los equipos- o tener un preso por comunicar.

Dejar de estar al aire implica apagar nuestra herramienta comunicacional, es decir nuestro medio de lucha, censurando las voces del campo popular y profundizando aún más la desigualdad entre los medios comunitarios y los comerciales, que trabajan en conjunto con empresas telefónicas, afianzando el cerco mediático que favorece el discurso hegemónico.

A partir de esto tomamos, en conjunto con la RNMA, la decisión de no entregar a ninguna persona a la cárcel, y por lo tanto salir momentáneamente del aire. La entrega ser hará en las próximas horas en el edificio de ENACOM Perú 103 y allí constatará que se entregan en forma y funcionando para luego labrar una acta. Los equipos quedarán entonces nuevamente retenidos por el Estado y la empresa Prosegur utilizando la frecuencia desde su ilegalidad.

Responsabilizamos por esta situación: 

- A la empresa multinacional Prosegur, que inició esta causa penal e impulsó una persecución juridica y policial, siendo ellos los que usan ilegítimamente el espectro;

- Al juez Martínez De Giorgi, que llevó adelante el primer secuestro de los equipos en 2015 y hoy continúa respondiendo a las presiones de dicha empresa sacandonos del aire e intentando un segundo allanamiento en el canal.

- Al ENACOM, por no llevar adelante las políticas correspondientes a su función, para que este conflicto se resuelva en favor de la comunicación popular.

A pesar de la extensa reunión, no se pudo conseguir que ENACOM actuara para que se detuviera esta nueva instancia de retención de los equipos ordenada por el juez di Giorgi. El organismo adquirió el compromiso de pedir juntamente con Antena Negra TV y por escrito una audiencia ante el juzgado, para finalizar la causa penal y llevarla al plano administrativo-político, del que nunca debió haber salido.

Exigimos que se retire de inmedato la causa penal y se resuelva el conflicto por vías administrativas, dejando así de tener el peligro inminente de una persona presa por hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular. Queremos la resolución de esta disputa, por lo tanto también exigimos al ENACOM que encuentre una figura legal que nos permita poder seguir transmitiendo y dejar de estar en un estado de vulnerabilidad permanente y en peligro de allanamiento constante. 

Desde Antena Negra TV y la RNMA tomamos esta decisión aunque calificamos de injusta la resolución de Juez. Debería ser PROSEGUR quien apague sus equipos y no nosotros pero ante la eventualidad de que una persona, ya imputada, pueda perder su libertad por desobediencia, hemos resuelto apagar el equipo para esta nueva retención. 

No estamos eligiendo entre dos variantes, nos obligan a hacerlo. Entre la cárcel o el aire, elegimos hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular. Y volveremos a hacerlo, definitivamente.

¡Basta de seguir beneficiando a las empresas privadas por sobre el campo popular!

¡Basta de hacer de la comunicación un negocio y una mercancía!

¡ANTENA NEGRA TV NO SE APAGA!

VIDEO:

FUENTE: ANTENA NEGRA TV.

LINK: https://www.facebook.com/AntenaNegraTv/videos/1024799827597809/

Admite Arely Gómez insuficiencias de la fiscalía especial para desaparecidos

Se trabaja para que en el presupuesto 2017 le asignen más recursos y personal. Familiares de víctimas insisten en que se incluyan sus propuestas en la nueva legislación.

Ante familiares de víctimas de desaparición, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, reconoció la insuficiencia de recursos económicos y capacidades de la dependencia para emprender acciones de búsqueda y de investigación de esos casos.

Anunció que existe el compromiso de trabajar para que en el proyecto de presupuesto del próximo año se asignen más recursos a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

De acuerdo con la cifras presentadas a los familiares de las víctimas y sus representantes, en la actualidad la fiscalía sólo tiene 29 agentes del Ministerio Público y 58 elementos para el trabajo de campo. Y le han asignado, sólo del ámbito federal, más de mil expedientes, por lo que el personal es notoriamente insuficiente. Se estima que hay más de 28 mil personas desaparecidas, según las cifras oficiales del registro nacional en la materia.

María Antonia Melo Cadena –cuyo hermano Matusalem y otras tres personas fueron desaparecidas el 21 de octubre de 2009 por policías municipales de Torreón, Coahuila– calificó de terriblemente preocupante la falta de recursos y personal de la fiscalía, pues se supone que ellos deben realizar el trabajo de campo para la búsqueda. Ahí (está) una de las respuestas de por qué no tenemos avances en las investigaciones, dijo al salir del encuentro.


Integrante de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), dijo que éste fue uno de los temas tratados en la reunión, y que la propia procuradora reconoció la situación.

Ella (Arely Gómez) se comprometió a que empezarán a trabajar en el presupuesto para que el próximo año le asignen más recursos financieros y humanos, señaló Melo Cadena, quien citó que otros funcionarios de la PGR ofrecieron conversar con el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, con la finalidad de que personal de la Policía Federal apoye con elementos a la fiscalía especializada.

Revisarán propuestas civiles

En la reunión efectuada la tarde del miércoles, que se prolongó más de tres horas, los familiares expresaron a Arely Gómez su preocupación no sólo por el contenido de la iniciativa de ley de desaparición forzada pendiente en el Congreso, sino también porque para su elaboración no han escuchado sus propuestas.

Michael Chamberlain, asesor de los familiares y directivo del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, señaló que la PGR se comprometió a discutir y revisar las propuestas de los familiares de las víctimas, porque si bien ya las entregaron al Legislativo, este organismo siempre es más sensible a la opinión de la procuraduría.

Dijo que insistirán en que la ley incorpore la creación de una comisión nacional que agrupe todos los esfuerzos tanto de identificación forense como de operativos de búsqueda en vida.


Aunque reconoció que es una propuesta que se incluyó en el borrador del Senado, su permanencia no es segura, porque no está en la propuesta del Ejecutivo federal. Lamentablemente todavía no es un tema consensuado, dijo.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/05/13/politica/007n1pol

Expulsa PAN Guanajuato a 45 militantes que fueron candidatos con otros partidos

LEÓN, Gto: La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en la entidad determinó expulsar a 45 militantes que fueron candidatos a distintos cargos por otros partidos políticos en las elecciones del 2015.

Entre los expulsados figuran por lo menos dos exdiputados federales: Martín Stefanonni Mazzoco, de San Miguel de Allende, y Martín Rico Jiménez, de Celaya.

Ambos aspiraban a ser candidatos a la presidencia municipal por el PAN en los comicios pasados, pero después de la designación de otros abanderados optaron por contender por partidos como Movimiento Ciudadano y el Partido Encuentro Social, respectivamente.

Martín Stefanonni fue diputado local en la LIX Legislatura, del 2003 al 2006, y posteriormente diputado federal en la LX Legislatura, del 2006 al 2009.

En febrero del 2015, Stefanonni y otros militantes anunciaron su decisión de abandonar las filas del panismo, tras acusar al partido de imponer a Ricardo Villarreal García como candidato a la alcaldía sin tomar en cuenta la opinión de la militancia.

Martín Rico Jiménez, un empresario que se convirtió en operador del exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, fue impulsado por éste para convertirse en diputado federal por el distrito XII con cabecera en Celaya en la LXI Legislatura.

En el 2012 fue coordinador de la campaña de Ismael Pérez Ordaz, quien se convirtió en presidente municipal por el PAN ese año.

Sin embargo, en el proceso electoral pasado, en el que figuró como aspirante del PAN a la alcaldía, el empresario inmobiliario terminó siendo abanderado de MC, para posteriormente ser buscado por la Procuraduría de Justicia debido a una denuncia penal en su contra por abuso de confianza.


Según la resolución de la Comisión Permanente del PAN, tomada en reunión en la sede del comité estatal, se determinó la expulsión de militantes de Abasolo, Acámbaro, Cortazar, Doctor Mora, Guanajuato capital, Jerécuaro, Pénjamo, Santiago Maravatío, Valle de Santiago, Salvatierra, San José Iturbide y Apaseo el Alto (uno de cada municipio) ; cinco militantes de Celaya (entre éstos Martín Rico); dos de Dolores Hidalgo, San Felipe, San Luis de la Paz, Moroleón y Tierra Blanca, respectivamente; 11 de San Miguel de Allende y cuatro militantes en Yuriria.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440519/expulsa-pan-a-45-militantes-fueron-candidatos-otros-partidos

Marchan padres de familia en apoyo a la Sección 22 y contra la reforma educativa

OAXACA, Oax: La Coordinadora Estatal de Padres de Familia en Defensa de la Educación Pública realizaron hoy una marcha y mítines en apoyo a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) y en contra de la reforma educativa.

Al frente de la marcha que salió del Monumento a Juárez, en el crucero de las carreteras que comunican a la región de Tuxtepec y otro al Istmo de Tehuantepec, iba una lona con la consigna: “Padres Unidos en Defensa de la Educación”.

Posteriormente, se plantaron frente a las oficinas centrales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) donde colocaron pancartas en contra de la reforma educativa.


La presidenta de la “Coordinadora Estatal de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Educación Pública, Laica y Gratuita”, Adriana Linares Arroyo, cuestionó el gobernador Gabino Cué y al secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, por no haber sido consultados.

Alrededor de mil representantes de comités de padres de familia respaldaron el acuerdo de la asamblea estatal del magisterio de irse al paro nacional el próximo 15 de mayo e instalar indefinidamente un plantón frente al Palacio de Gobierno.

Linares Arroyo declaró que están en contra de las reformas estructurales y en particular de la reforma educativa porque no significa un avance en la educación, al contrario, buscan privatizarla.


En la marcha se observaron pancartas de apoyo de comunidades de Chalcatongo, Tlaxiaco y Nochixtlán, entre ellas Santa María Nundaco y San Juan Achiutla.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
FECHA: 12 MAYO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440442/marcha-padres-apoyan-a-la-seccion-22-contra-la-reforma-educativa