En el corto video, se puede apreciar cómo el entonces agente de la PGJEM Pedro Velazco Estrada –así quedó identificado por la fuente anónima–, golpea a un hombre de camisa azul desabotonada. En ese momento, se ve que el funcionario que está grabando el interrogatorio apaga su cámara. Luego, Velazco Estrada toma una bolsa de plástico y con ella le cubre la cabeza en un intento de asfixia a Rodríguez Martínez quien se ve cómo se convulsiona en su silla.

VIDEO: http://cdn.proceso.com.mx/media/2016/05/tortura.mp4?_=1

El 9 de abril de 2014, Miguel Ángel Contreras Nieto y Damián Canales Mena, entonces titulares de la PGJEM y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, presentaron a la prensa un video del mismo Silverio Rodríguez Martínez, con la misma camisa azul de manga corta, escoltado por dos policías.

Lo presentaron como presunto secuestrador de 33 años de edad, integrante de un grupo delictivo de 12 personas que delinquía en la región de Jilotepec y Chapa de Mota. Recordaron que el compromiso de los servidores públicos era “acabar con el flagelo” del secuestro, y que los secuestradores detenidos por las autoridades mexiquenses “recibirán la sanción penal que su execrable conducta merece”.

De acuerdo con Aristegui Noticias, el presunto verdugo fungió como director de Operaciones Especiales de la PGJEM entre 2009 y agosto de 2015, cuando pasó a trabajar a la Procuraduría General de la República (PGR). Fue cesado de su puesto el pasado jueves.

En marzo de 2015, después de entregar su informe sobre la situación del país en materia de tortura, Juan Méndez recibió una embestida por parte del gobierno mexicano. Juan Manuel Gómez Robledo, entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, calificó al experto de “muy irresponsable y poco ético”, y tachó el informe de “un poquitín banquetero”.

Quince días después, el actual secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña –entonces canciller– respaldó a Gomez Robledo; declaró: “Suscribo todos y cada uno de sus términos”.

Méndez explicó a Proceso en su edición 2005, que después de presentar su informe al gobierno –pero antes de hacerlo público–, recibió llamadas telefónicas de funcionarios mexicanos “en las que muy insistentemente se me pedía que no dijera que la tortura era generalizada”.

En su informe, Méndez deploró que no existen cifras oficiales en materia de tortura. Señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó 11 mil 608 quejas por tortura y malos tratos entre 2006 y abril de 2014; la del Distrito Federal, 386 entre 2011 y febrero de 2014, y la sociedad civil informó de “más de 500 casos” documentados entre 2006 y 2014.

También citó una encuesta efectuada en 2012 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la cual arrojó que 57.2% de los detenidos en centros federales afirmó haber sido golpeado durante la detención, mientras 34.6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

El 9 de octubre siguiente, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura condenó a México por las torturas cometidas por militares contra cuatro hombres en Baja California, en 2009.

Durante años, Proceso, otros medios y organizaciones de la sociedad civil han documentado centenares de casos de tortura perpetrados por policías de las tres órdenes de gobierno, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y procuradurías estatales, así como de militares. Las autoridades siempre han minimizado las denuncias, o las han negado.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Ayotzinapa, en el que varios de los testigos protegidos y personas detenidos sufrieron tortura antes de emitir sus declaraciones a las autoridades.

En su informe final sobre la investigación de Ayotzinapa, entregado el pasado 26 de abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó que en una muestra de 17 detenidos –cinco presuntos integrantes de Guerreros Unidos, siete policías de Cocula y cuatro de Iguala–, “en todos los casos hay indicios significativos de que fueron víctimas de malos tratos y tortura”.

Estas revelaciones no cambiaron la actitud del gobierno federal, el cual se aferró a su “verdad histórica”, fundamentada en declaraciones obtenidas bajo tortura.

El pasado 14 de abril se viralizó el video de la tortura de Elvira Santibáñez, de 21 años, perpetrada por militares y policías federales en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de Tierra Caliente, Guerrero, después de un operativo conjunto llevado a cabo el 4 de febrero de 2015.

En el video de 4 minutos, difundido a través de Youtube, se puede observar cómo la soldado Dulce Elena Reyes Ramos, en compañía de policías federales y militares, golpea, asfixia y amenaza con su arma de alto calibre a la interrogada. Ella está sentada en un piso de tierra, descalza y con el rostro cubierto al parecer con una camiseta; llora y suplica que no la lastimen.

La amplia difusión del video, en México y a nivel internacional, obligó las autoridades a admitir lo sucedido. Dos días después de su revelación, Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), tuvo que pedir disculpas públicas por “los hechos lamentables que sucedieron hace casi 14 meses”.

Los militares fueron detenidos por el delito de desobediencia. Sin embargo, el pasado 22 de abril, la soldado Reyes Ramos declaró ante el Juzgado Quinto de Distrito que ella era “soldado raso” y que respetaba una cadena de mando, como lo relató Proceso en su edición 2060.

“Me permito mencionarles que la serie de acusaciones que me imputan son totalmente falsas, ya que yo soy soldado de Policía Militar y por tanto nunca estoy sola, siempre hay algún compañero, algún superior que me supervisa, ya que soy el último en el escalafón de jerarquías”, planteó.

Tres integrantes de la Policía Federal y dos militares se encuentran presos por el caso de tortura de Ajuchitlán.

En una entrevista que concedió a la cadena Univisión el pasado 17 de abril, Hillay Clinton, excanciller estadunidense y candidata demócrata a la presidencia reaccionó al video al poner en duda que “violar los derechos sea la mejor manera para que (México) esté en posición de derrotar a los carteles criminales”.

Llamó al gobierno mexicano a “darse cuenta que tienen que imponer altos estándares para los funcionarios gubernamentales que tienen poder judicial o militar”.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/440627/mexicoleaks-video-exhibe-a-agentes-torturadores-del-edomex

A pesar de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) ordenó suspender las labores de construcción y la custodia del folio real que impide cualquier compraventa, una inmobiliaria continúa la edificación irregular de una torre de 15 pisos en Periférico 2001, colonia Los Alpes, en la delegación Álvaro Obregón.

Integrantes de la organización Vecinos del Corredor Las Águilas denunciaron que lo más grave es que de manera paralela la empresa constructora mantiene la preventa de los 215 departamentos que albergará el conjunto habitacional denominado Vistas San Ángel, los cuales no se podrán escriturar, por lo que al final los principales afectados serán los compradores.

El predio se encuentra delimitado por tapiales, en los que se puede observar publicidad de la inmobiliaria, la cual refiere que 82 por ciento del condominio se encuentra vendido, mientras a un costado se ubica y está abierta una oficina de ventas.

Este es uno de por lo menos una docena de desarrollos inmobiliarios –entre ellos la plaza comercial Patio Barranca del Muerto– que se construyen en Los Alpes y que desde 2014 fueron denunciados por la agrupación vecinal ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (Paot).

Alfonso Romero, integrante de Vecinos del Corredor Las Águilas, detalló que todos ellos tienen abiertos los procesos de investigación, pero en el caso del desarrollo ubicado en Periférico 2001, la Paot ya documentó que hicieron mal uso de la norma de ordenación particular de vialidades interdelegacionales, en la fusión de predios con la calle Ajusco 61 y 67, donde sólo se permiten tres niveles, con 50 por ciento de área libre y densidad restringida.

Ante las irregularidades detectadas, la Paot presentó una acción pública ante el TCADF, que el 29 de marzo de 2016 ordenó suspender los permisos otorgados a la obra, detener los trabajos de construcción y la custodia del folio real, para la protección de patrimonios a terceros.

Sin embargo, hasta la fecha la autoridad delegacional no ha acudido al sitio para colocar los sellos de suspensión, lo que motivó que la Paot presentara el pasado 3 de mayo una queja de incumplimiento ante el tribunal.

Arnoldo Martínez, de Vecinos del Corredor Las Águilas, afirmó que la construcción de desarrollos inmobiliarios en la colonia ha sido vertiginoso, pero la infraestructura vial y las redes de agua y drenaje se mantienen sin cambios.

Desconocemos cuál será el impacto de todas estas construcciones en su conjunto, pero en la actualidad ya es imposible circular con autos, afirmó.

En el recorrido se pudo observar que transitar en vehículo por un tramo de un kilómetro de distancia sobre Periférico, de la avenida Las Flores a Barranca del Muerto, se requiere un lapso de media hora.

Fuente: La Jornada

Autora: Rocío González Alvarado

http://www.jornada.unam.mx/2016/05/14/capital/026n1cap

Ciudad de México. La calidad del aire esta mañana es de regular a mala por partículas suspendidas en el valle de México, toda vez que la mayor concentración se ubicó en el municipio de Ecatepec, con 105 puntos Imeca, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat).

En su reporte, el organismo precisó que la zona noroeste reportó 78 unidades de ese mismo contaminante, la sureste 77, la centro 51 y la suroeste 40 puntos en la escala del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca).

Ante esos niveles, se recomienda que los niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, limiten los esfuerzos prolongados al aire libre.

Para este sábado, la condición de la calidad del aire será regular por partículas suspendidas en la mañana y mala por ozono en la tarde.

Asimismo, se prevé que la intensidad de la radiación solar sea de muy alta a extremadamente alta entre 11:00 y 16:00 horas con un Índice UV máximo de 11.

Fuente: La Jornada

Autor: Notimex

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/14/de-regular-a-mala-calidad-del-aire-en-el-valle-de-mexico

Ciudad de México. El dólar estadunidense registra este sábado un precio promedio de 17.82 pesos a la venta y de 16.90 pesos a la compra, en los centros cambiarios localizados en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

La moneda norteamericana se ofrece en un máximo de 18.90 pesos y se adquiere en un mínimo de 16.30 pesos en la terminal aérea de la capital del país.

En las casas de cambio que se ubican en ese sitio, el euro se vende hasta en 21.79 pesos y se compra en una menor cotización de 20 pesos.

Fuente: La Jornada

Autor: Notimex

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/14/promedia-el-dolar-en-17-82-a-la-venta-en-el-aicm

La condena a la periodista Sanjuana Martínez vulnera su derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho a la información de toda la sociedad. Con el criterio judicial que sentenció a la periodista se impide la participación de la colectividad en mejores condiciones en la vida política, enriquecer la democracia y ejercer adecuadamente sus derechos de control.

Los Artículos Sexto y Séptimo de la Constitución Federal (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) consagran el derecho a la libre manifestación de las ideas y la libertad expresión. Imponen límites consistentes en que la manifestación de las ideas no debe ejercerse en forma que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.

En materia de Derechos Humanos, los tratados internacionales establecen, en relación con los límites al derecho de la libertad de expresión, algunos puntos a destacar. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La información que difundió la periodista respondió al criterio de relevancia pública, por ser de interés general, y contribuyó a la formación de la opinión pública”

Cabe advertir, la Declaración contempla la posibilidad de imponer límites a este derecho cuando, según su artículo 29: “2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

“3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”

Como puede observarse, la Declaración advierte que los límites a la libertad de expresión son: el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, la satisfacción de las justas existencias de la moral, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

El mencionado instrumento internacional establece que los límites a la libertad de expresión son: el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, la satisfacción de las justas existencias de la moral, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece, en su artículo 19:

“3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente dadas por la ley y ser necesarias para:

“a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.”

El daño moral se rige por el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal. Es aplicable supletoriamente a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.

El objeto de aplicación del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal y la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal es hacer civilmente responsable a quien, al ejercer su libertad de expresión, no respete los límites Constitucionales en materia de libertad de expresión.

La Corte ha establecido que quien ejerce su derecho de expresión a través de medios de información masivos no se justifica que se ejerzan en perjuicio de los derechos de terceros.

El caso de la periodista Sanjuana Martínez

La periodista Sanjuana Martínez Montemayor fue condenada al pago de una indemnización por daño moral a Jesús Ortega Martínez, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la Asamblea Constituyente.

El criterio jurídico bajo el cual se declaró condenar a la periodista hace una extraña interpretación al no tomar en cuenta lo establecido por la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal en relación de:

En ningún caso se considerara? como ofensas al honor concepto desfavorable expresado en cumplimiento de un deber.

No se considerara que se causa daño al patrimonio moral cuando las imputaciones de hechos o actos se expresen con apego a la veracidad y sean de interés público.

Debido a que Jesús Ortega tiene aspiraciones a ocupar un cargo público, el juez omitió aplicar el criterio de Corte en donde se estableció que una figura pública abarca a los servidores públicos y a las personas que aspiran a ocupar un cargo público. Por lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de esta ley, Ortega tiene limitado su derecho al honor, a la vida privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones sometidas al escrutinio público.

Además, la información que publicó la periodista se considera de interés público porque: son datos sobre acontecimientos políticos que pueden afectar, en sentido positivo o negativo, a la sociedad; es útil para la toma de decisiones para ejercer derechos y cumplir obligaciones en una sociedad democrática.

Conclusiones

El que se condene a la periodista no sólo vulnera el derecho que tiene a la libertad de expresión sino también el derecho a la información, el cual tutela el derecho de una colectividad para que esta se encuentre debidamente informada y así poder participar en mejores condiciones en la vida política, enriquecer la democracia y ejercer adecuadamente sus derechos de control. La información que difundió respondió al criterio de relevancia pública, por ser de interés general, contribuyó a la formación de la opinión pública.

Fuente: Contralínea